Desfalco en el CHN: demandas civiles fueron rechazadas y el banco no ha podido recuperar algún monto de los Q20 millones

Las demandas civiles presentadas por el CHN en contra de varias personas supuestamente involucradas en el desfalco de Q20 millones al banco fueron rechazadas por los jueces correspondientes y a la fecha no se ha logrado recuperar el dinero, indicaron autoridades de la entidad en una citación en el Congreso.

Rosa María Bolaños

17 de febrero de 2025 | 18:34h

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El caso del posible desfalco al CHN por Q20 millones por medio de extrafinanciamientos con tarjetas de crédito fue dado a conocer públicamente en octubre del 2024. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El caso fue denunciado en octubre del 2024 en la bancada VOS cuando se dio a conocer que el posible desfalco se llevó a cabo por varias personas a quienes se les otorgaron extrafinanciamientos a través de la aprobación de tarjetas de crédito.

Las demandas se efectuaron en contra de 57 personas beneficiarias de quienes se determinó que no eran tarjetahabientes anteriores, sino que tramitaron su tarjeta y enseguida se les otorgó el extrafinanciamiento.

Allan E. Paredes, gerente de Asesoría Jurídica del CHN, explicó en una citación efectuada por esa bancada en el Organismo Legislativo el lunes 17 de febrero, que cuando se finalizaron los 6 meses para poder implementar medidas administrativas, se presentaron demandas civiles para hacer el cobro por la vía judicial.

Según los actuales funcionaros, en el análisis evidenció que los extrafinanciamientos fueron avalados por las antiguas autoridades del banco, sin pasar por todos los procedimientos que deberían, y con base en ello se informó en mayo del 2024 a la Superintendencia de Bancos, la cual emitió un aviso de posible fraude, y también se presentó una querella para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones. En esta se incluyó también a varios extrabajadores y exfuncionarios del CHN.

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“Todas fueron rechazadas, los juzgados no admitieron para su trámite ninguna de las demandas”, por errores o por problemas en los títulos para ejecutar es decir de la información que va contenida en los documentos, dijo Paredes.  

Explicó que las demandas no están mal planteadas, sino que los documentos que se elaboraron en su momento para documentar los extrafinanciamientos carecían de formalidades, lo cual, expuso, refleja que esto fue un fraude en el que se incurrió en su momento, porque por la vía civil no se pudo ejecutar ese derecho del banco.

 Se trata de errores en el título para ejecutar y deficiencias de información en los títulos que la entidad utiliza.

Aseguró que la entidad está comprometida con que se dilucide esta situación, y está proporcionando toda la información que el Ministerio Público está solicitando, y podría darse el involucramiento de más personas.

Investigación continúa

“Han llegado requerimientos de información sobre los temas relacionados con cómo se llevó a cabo los extrafinanciamientos y la investigación continúa, su curso. A este momento sí continúa la investigación”, añadió.

También se hizo una corrección de algunos nombres de personas supuestamente involucradas, y en los cuales había un error en una letra o una tilde o algo así que tuvo que corregirse y se hizo en su momento por medio de la abogada que es la mandataria del banco, se agregó.

Respecto a la querella presentada en el MP indicó que no la han ampliado en contra de otras personas, pero que si derivado de la investigación resultan otras personas involucradas se debe ampliar la querella.

Los parlamentarios del Congreso de la República, Orlando Blanco y José Chic, así como el diputado al Parlacén, Carlos Barrera cuestionaron que a pesar de que el desfalco inició en la administración del gobierno anterior presidido por Alejandro Giammattei, algunos funcionarios de esa gestión continúan en el banco y mantienen en la entidad una estructura dedicada a este tipo de desfalcos.

Los parlamentarios fueron consultando si empresas, personas ajenas al banco y a personal o expersonal de la entidad bancaria, habían sido denunciadas. Y las autoridades del CHN respondieron que fue denunciado el representante legal de la empresa Recicladora La Ceiba S.A., pero no a la otra empresa que salió mencionada en el caso porque no tenían elementos para ello.

Dicha firma tenía desde diciembre del 2023 un convenio con el banco, con el cual los patronos se comprometen a deducir del salario de sus empleados la cuota de los créditos, pero ese convenio nunca entró en vigencia, agregó Paredes. Añadió, ante preguntas de los diputados que la persona que firma los convenios es el gerente de banca de estas zonas, antes llamado Banca de Canales, quien es Luis Peláez, quien sigue trabajando en el banco, y no está dentro de la querella.

Faltan denuncias

Blanco cuestionó que no se incluyeron en las denuncias y en la querella a personas que podrían estar involucradas, pero si a otros que eran trabajadores que aseguran haber recibido instrucciones directamente de la gerencia para aprobar esos extrafinanciamientos y que cumplieron con llenar los formularios.  

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“Ellos aseguran que reportaron que había una transacción inusual y de todos modos se les insistió que continuará con los trámites”, agregó. Por ejemplo, personas que nunca había sido sujeta de crédito por parte del banco, otros que no llenabas lo requisitos y características y que supuestamente permitieron el ingreso de un vehículo al parqueo del banco para recoger el dinero que les habían cobrado en la entidad con el extrafinanciamiento.

Entre los denunciados menciona a Sven Resenhoeft Greenberg, exgerente del banco, y mencionan a otros como Gustavo Adolfo Varela, Sergio Fernando Palencia Prado y Sofía del Carmen Lam.

Barreda cuestionó que no se ha hecho lo necesario para buscar se pague el reclamo del seguro, lo que transmite la idea de querer encubrir el caso y que no se investigue.

Se solicitó a las autoridades del CHN que entreguen un informe de lo actuado en este caso, y a la Comisión contra la Corrupción que se involucre en la investigación y se coordine con el banco.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá autorizó una petición para extraditar desde Guatemala a los hermanos Martinelli a la nación panameña por estar supuestamente involucrados en el caso “Blue Apple”, imputados por delitos económicos.

EFE tuvo conocimiento que el jueves el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, presidido por la jueza Mayra de León, celebró una audiencia desde la cárcel de Mariscal Zavala, donde están internos los hermanos Martinelli Linares, para conocer la nueva solicitud de extradición.

Un fiscal del Ministerio Público guatemalteco aseguró a EFE, sin embargo, que tiene mayor peso la primera solicitud procesada en cualquier caso y, además, también tiene mayor incidencia en el caso la acusación por el delito más grande, que, en este caso, es el señalado por el país norteamericano.

Ambos hijos del exgobernante panameño son requeridos por la justicia de su país desde mayo de 2019, cuando se supo que habían salido de Panamá, pues los asocian a las tramas del pago de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y el esquema “Blue Apple”, que involucra en total a 59 personas, entre las que también está su madre, Marta Linares de Martinelli.

La trama “Blue Apple”, según la Fiscalía panameña está relacionada con un desfalco por arriba de los US$78 millones y que implica delitos como blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.

Según la Fiscalía de Panamá, entre 2009 y 2014 operó una red de corrupción en los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, donde ex altos cargos exigían presuntamente millonarias comisiones ilegales a varias contratistas del Estado a cambio de agilizar los trámites administrativos de las obras que desarrollaban o a cambio de nuevos contratos.

La Fiscalía, que comenzó las investigaciones en septiembre de 2017, decomisó más de US$10 millones en dinero y bienes, y firmó cinco acuerdos de colaboración mediante los que recuperó otros 25 millones.

Más de un año presos

Luis Enrique, de 38 años, y su hermano mayor, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40, fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición de EE. UU. debido al supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Los hermanos Martinelli Linares se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en aquel momento cuando fueron capturados a solicitud de EE. UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.

El pasado 1 de julio, los hermanos fueron ubicados en otro sector de la cárcel donde se encuentran, que se ubica dentro de una brigada militar al norte de la capital guatemalteca llamada Mariscal Zavala, porque inteligencia estadounidense y de las fuerzas armadas de Guatemala descubrieron un presunto plan de fuga de ambos, que no se concretó.

Luego de un mes de haber permanecido aislados en un calabozo contiguo al área “VIP”, como se le conoce al sitio donde están recluidos presos de alto perfil, como el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), los Martinelli Linares fueron movidos a otro sitio dentro de la misma prisión, con vigilancia extra de guardias “élite”, según el Sistema Penitenciario de Guatemala.

La BBC ha pasado meses investigando el turbio mundo del comercio de criptomonedas ruso, tratando de averiguar qué sucedió con aquel dinero.

Esta es una historia digna del drama televisivo de la BBC McMafia, que involucra a un elenco de personajes que van desde geeks informáticos y agentes del FBI, a un oligarca multimillonario vinculado a la guerra en Ucrania.

Cómo dos amigos arrinconaron un mercado

La historia comienza en la ciudad rusa de Novosibirsk en agosto de 2017, donde Alexei Bilyuchenko, exgerente de Tecnologías de Información de una cadena de tiendas de muebles, había regresado tras librarse de un arresto durante sus vacaciones en Grecia.

Seis años antes, él y su socio comercial Alexander Vinnik, un especialista en transferencias electrónicas de dinero, se conocieron por internet y tomaron la decisión de trabajar en el comercio de criptomonedas.

Descritos por sus amigos como hombres tímidos que preferían las computadoras a las personas, Vinnik y Bilyuchenko crearon una plataforma digital llamadaBTC-e,que con el tiempo se haría conocida.

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Al igual que otros negocios similares en todo el mundo, BTC-e ofrecía a los inversores la oportunidad de usar dinero real para comprar monedas virtuales.

Pero a diferencia de otras plataformas en Europa y EE. UU., BTC-e no solicitaba a los clientes su identificación, lo que significa que además de atraer inversores legítimos, también ofrecía a los delincuentes organizados una potencial plataforma para blanquear dinero.

Los clientes acudieron en masa para invertir en BTC-e y, según Global Witness, para 2016 se había convertido en la tercera plataforma de criptomonedas más grande del mundo.

Los dos socios se comunicaban en línea y solo se conocieron en persona en 2014, cuando sus transacciones diarias de bitcoins alcanzaron los US$2 millones.

Cuando llegaron a los US$10 millones en 2016, celebraron una fiesta familiar en Moscú.

Y en julio de 2017 se fueron de vacaciones a Grecia, sin darse cuenta de que los agentes federales estadounidenses —que investigaban el lavado de dinero internacional— estaban siguiendo su rastro.

El FBI sospechaba que BTC-e estaba involucrada en ocultar fondos robados de otro intercambio de bitcoins llamado Mt Gox.

Los expertos en ciberdelincuencia también pensaron que estaba siendo utilizada por el misterioso grupo ruso de piratería Fancy Bears.

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Se emitió una orden de arresto contra Vinnik y la policía griega lo detuvo en la playa, frente a su esposa e hijos.

Su madre llamó a Bilyuchenko, que estaba en un complejo turístico diferente.

El hombre entró en pánico, rompió su computadora portátil, la arrojó al mar y se subió al siguiente vuelo a Moscú.

Un multimillonario vinculado al Kremlin

De vuelta a casa en Novosibirsk, Bilyuchenko decidió intentar recuperar lo perdido creando otra plataforma de intercambio de criptomonedas llamada Wex (World Exchange Services).

El FBI se había apoderado del sitio web de BTC-e, pero él todavía tenía los servidores de respaldo y, a través de Wex, pudo devolver las inversiones a algunos clientes de BTC-e.

En esta etapa, de acuerdo con la versión de los hechos que luego le contó a la policía, y que fue compartida con la BBC, Bilyuchenko decidió que necesitaba un patrocinador que le ofreciera cierta protección.

Él dice que le presentaron a Konstantin Malofeyev, un multimillonario de Moscú con fuertes lazos con el Kremlin y la Iglesia ortodoxa rusa.

Malofeyev, quien hizo su fortuna en la banca de inversión, está actualmente sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos vínculos con combatientes rebeldes en el este de Ucrania.

En sus declaraciones policiales, Bilyuchenko dice que fue invitado a Moscú varias veces para encontrarse con Malofeyev en sus oficinas, ubicadas en un centro comercial de alto nivel.

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El tema de cuánto dinero estaba generando Wex supuestamente fue importante en sus conversaciones, al igual que el destino de los fondos mantenidos por BTC-e hasta antes de que interviniera el FBI.

“Durante varios meses, Malofeyev exigió que le mostrara los saldos de las criptomonedas Wex”, dijo Bilyuchencko a la policía.

Malofeyev niega rotundamente cualquier conexión con Bilyuchenko o Wex.

¿Quiénes eran los hombres del “servicio de seguridad”?

Para el verano de 2018, las transacciones comerciales en Wex estaban disminuyendo, y al final del año, se detuvieron por completo.

Los US$450 millones que Wex tenía en criptomonedas se desvanecieron sin dejar rastro.

Los clientes furiosos comenzaron a exigir la devolución de su dinero y uno de ellos presentó una queja ante la policía en la región rusa de Chuvashiya.

Bilyuchenko fue citado como testigo y le contó a la policía una historia extraordinaria.

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Dijo que había perdido el control de Wex en la primavera de 2018, varios meses antes de que se derrumbara oficialmente.

Agregó que en una reunión en la oficina de Malofeyev en Moscú le presentaron a unos hombres que aparentemente eran agentes del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB).

Lo llevaron a un edificio utilizado por el FSB, no lejos del teatro Bolshoi. Le preguntaron sobre Wex y luego lo llevaron al lujoso hotel Lotte, cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, donde dice que permaneció vigilado toda la noche.

Según Bilyuchenko, a la mañana siguiente lo condujeron de vuelta a la oficina de Malofeyev, donde se le sugirió encarecidamente que trasladara los fondos que tenía en Wex a un “fondo FSB”, ´

Fue así como en su próxima visita a Moscú transfirió todo lo solicitado.

De vuelta a casa en Novosibirsk, Bilyuchenko dice que se dio cuenta de que lo habían estafado y que en vez de transferir los fondos a las arcas fiscales, fue víctima de un engaño para que se los transfiriera a los socios de Malofeyev.

Desde que le contó su historia a la policía, Bilyuchenko permanece escondido. Guardias privados de seguridad protegen su casa y él se ha negado a hablar con la BBC o cualquier otra persona sobre Wex.

Bombas falsas y los millones desaparecidos

Entonces ¿dice Alexei Bilyuchenko la verdad?

Alexander Terentiev, quien encabeza un grupo de campaña para inversionistas estafados, le dijo a la BBC que no estaba convencido. Pero otros parecen menos escépticos.

Desde finales de noviembre, tribunales de justicia, edificios públicos, estaciones de metro y centros comerciales en Moscú y San Petersburgo han tenido que parar su actividad en algún momento casi a diario a causa de las amenazas de bomba.

Según reportajes publicados en la prensa rusa, varias de las advertencias enviadas por correo electrónico han incluido referencias a los millones desaparecidos en Wex y a Malofeyev.

Según una declaración emitida a través del canal de televisión Tsargrad, Malofeyev describió las amenazas de bomba como parte de “una campaña de descrédito“ en su contra.

“Ni Konstantin Malofeyev ni sus compañías tienen nada que ver con el robo de bitcoins, la plataforma Wex o su administración”, dijo.

Malofeyev se negó a hablar con la BBC sobre el caso y el FSB no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.

Mientras tanto, en Grecia, dos años después de su dramático arresto en la playa, el exsocio comercial de Bilyuchenko, Vinnik, todavía está en la cárcel.

Estados Unidos, Rusia y Francia buscan su extradición. No ha visto a su esposa, que ahora sufre de un tumor cerebral.

Su abogado, Timofei Musatov, le dijo a la BBC que el exmultimillonario del bitcoin, tras haber pasado un tiempo en huelga de hambre, es ahora una sombra de lo que algún día fue.

(Ilustraciones de Tatiana Ospennikova).

Siete meses después de su desaparición, informes del Hospital Roosevelt detallaban que a las 0.35 horas del 12 de abril de 2004 el militar buscó auxilio médico en el centro asistencial, donde murió tres horas después. Así mismo, el testimonio de una mujer confirmó que el cadáver sepultado en el cementerio La Verbena correspondía al del militar.

En las vísperas de la Semana Santa, el ex jefe financiero se despidió de sus compañeros de trabajo y partió a su hogar a disfrutar los días de descanso. Era el 7 de abril. El martes 13, cuando debía retornar a sus labores en la dependencia, sorprendió a todos su ausencia. Una comisión militar intentó averiguar las razones de Cerna para faltar a su trabajo, pero no tuvo éxito. Ni siquiera su familia conocía su paradero.

A partir del hecho, el Ejército abrió un expediente en su contra, por deserción, y pidió que se agilizaran las órdenes de captura.

Los hechos

A las 0.35 horas del 12 de abril, el coronel José Raúl Cerna buscó ayuda en el Hospital Roosevelt. Tenía dificultades para respirar y arritmia. Manifestó que, por equivocación, había ingerido ácido muriático en lugar de agua. A las 2.49 horas, su estado clínico se complicó y murió a las 3 horas.

La muerte del militar quedó registrada como intento de suicidio. Las autoridades del hospital consideran poco probable que Cerna confundiera ácido muriático con agua, ya que el químico cambia de color según su concentración, y tanto el sabor como el daño que provoca son perceptibles de inmediato.

Cerna llegó solo al centro asistencial en un taxi. Ningún familiar fue avisado de la muerte del militar. Fue enterrado en el cementerio La Verbena, ya que nadie reclamó el cuerpo. En el hospital quedaron dos licencias de conducir, una billetera con Q540, un dije con una cruz y una cadena de metal amarillo. En el acta de defunción quedó registrado que Cerna murió como consecuencia de una hemorragia gastrointestinal.

Mal presagio

Hacía unos meses, el militar se había distanciado de su familia. Fue por ello que cuando comenzaron las pesquisas por su desaparición consideraron que Cerna había salido del país. Tenían la esperanza de que se encontrara en México junto a Portillo.

La falta de noticias sobre su destino los hizo temer una desgracia. “Hace una semana comenzamos a soñar con él”, contó Nancy, hija menor del militar. “Soñé que me besaba la cara y me abrazaba”, narró con voz entrecortada. Cada uno de los miembros de la familia tuvo un sueño distinto con él, lo que consideraron un mal presagio.

Raúl, el hijo mayor del militar, acudió a los cuerpos de socorro, al MP y a los hospitales en busca de información sobre su padre. En el Roosevelt les indicaron que el cadáver de Cerna había sido trasladado a La Verbena. “Nosotros lo encontramos”, señaló Nancy.

Mientras tanto, el 23 de noviembre, en Villa Nueva, Aura Marina Figueroa identificó al militar al observar fotografías del cadáver. De acuerdo con la denuncia presentada por Figueroa, el coronel había recibido llamadas sospechosas en Semana Santa. El 19 de abril, ella llegó a su casa y encontró el auto del militar y dentro del mismo estaba su arma. “Él nunca la dejaba. Cuando la vi supe que algo malo pasaba”, indicó.

Ejército debe responder

En la aldea Cayuga, ubicada en Morales, Izabal, a 250 kilómetros de la capital, los hermanos Juan Antonio, María Esmirna y Carlos Ovidio Cerna, no creían que su hermano el coronel José Raúl Cerna,  ex jefe financiero del EMP, estuviera muerto.

La ex esposa de Cerna, Wilma Meléndez, les confirmó que su hermano había fallecido el 12 de abril. Meléndez les habría dicho que el Hospital Roosevelt le había extendido un documento donde confirmaba su fallecimiento. “La verdad es que no sabemos qué pasó, nos parece muy extraño”, agregó con tristeza.

Los hermanos del coronel esperaban que el Ministerio de la Defensa respondiera por su muerte. “Tanto trabajar en el Ejército y con el ex presidente (Alfonso Portillo), para que lo acusaran de cosas que nunca hizo; ahora que nos diga el Ejército qué pasó con mi hermano”, dijo María Esmirna. 
Por su parte el Departamento de Información y Divulgación del Ejército en ese momento no tenía conocimiento oficial de la muerte de Cerna.

Dudas

La falta de acciones de la Fiscalía de Villa Nueva para esclarecer la muerte del coronel Cerna, originó una serie de interrogantes. ¿Encubrimiento? ¿Negligencia? ¿Sobrecarga de trabajo? ¿Descuido? ¿Qué fue lo que realmente pasó con el caso? fueron algunas de las dudas que surgieron tras confirmar la muerte del ex funcionario. Por parte de la oficina de Supervisión del MP se abrió un expediente interno para esclarecer las razones que tuvo el personal de la fiscalía de Villa Nueva para engavetar el caso. Sin embargo a la fecha se desconoce lo que sucedió con el expediente y en consecuencia, los motivos reales de la muerte del militar.

Protección

La muerte de Cerna hizo temer a la diputada Nineth Montenegro por su vida y la de testigos clave en el caso por el saqueo. Montenegro recordó que comenzó a fiscalizar los recursos del EMP cuando, con su equipo de trabajo, descubrieron que el dinero destinado a alimentos escolares había sido trasladado de forma irregular a esa dependencia. “Tememos por nosotros y nuestras familias por lo que exigimos públicamente la garantía de nuestras vidas”, expresó la diputada.

Saqueo millonario

El Estado Mayor Presidencial fue uno de los principales focos de corrupción durante el gobierno de Alfonso Portillo. Investigaciones del Ministerio Público y auditorías de la Contraloría General de Cuentas determinaron que durante los cuatro años de gestión de Portillo fueron saqueados más de Q250 millones. Además, la Contraloría encontró irregularidades en la ejecución de más de Q2 mil millardos en el gasto de esa dependencia.

El coronel José Raúl Cerna Ramírez, quien fungía como jefe financiero del EMP, era considerado el principal sospechoso, junto a otros 13 implicados. Cerna se encontraba colaborando con las investigaciones y su testimonio era clave para determinar la participación de los sospechosos en el desfalco. Luego de su muerte fallecieron por causas misteriosas, Juan José de León Pineda, Surama Payeras, Jorge Rivera, David Elías y William Rivera, ex trabajadores de la dependencia.

Por el caso fueron absueltos el ex presidente Portillo y otros funcionarios a excepción de Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez quienes fueron condenados a cinco años de cárcel por el delito de peculado, al comprobarse su participación en el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa, parte del botín desfalcado durante la administración de Portillo.

Desfalco

El jefe de gabinete de Rousseff, Aloizio Mercadante, es apuntado como receptor de 250 mil reales  (unos US$67 mil 500) irregulares para su campaña por la gobernación de Sao Paulo en 2010  (que perdió frente a Geraldo Alckmin). Mientras que el montante coincide con lo declarado oficialmente ante la justicia electoral por Mercadante, el empresario Pessoa afirma que entregó el dinero como forma de soborno para obtener contratos con Petrobras, señala O Estado de Sao Paulo.
 
En el llamado “Petrolao”, las principales constructoras de Brasil formaron un cartel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados con partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabulados. 
 

Por su participación en el esquema fueron denunciados y resultaron detenidos el extesorero del PT, Joao Vaccari, y Jose Dirceu, mano derecha del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva  (2003-2010) durante su primer gobierno.
 
Recientemente, fueron denunciados el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un opositor acusado de haber recibido US$5 millones en forma ilegal, y el expresidente Fernando Collor  (1990-1992), en una causa que permanece bajo secreto de sumario.
 
La investigación contra sus ministros se conoce en un momento en que la presidenta Rousseff enfrenta mínimos históricos de popularidad, en medio de un estancamiento de la economía que ha complicado el comienzo de su segundo mandato. 
 

El juez Julio Ramírez Perdomo, del Tribunal Segundo de Sentencia del Ramo Penal, condenó a cinco años y tres meses de prisión a los dos ex jefes de seguridad del expresidente Portillo, por el delito de peculado.

Nuevo juicio

El 24 de marzo último, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal declaró con lugar una impugnación de la defensa de los acusados y anuló la sentencia, al tiempo que ordenó que se repitiera el debate, el cual se programó para el próximo 20 de julio.

La Sala argumentó que había incongruencias entre la acusación que hizo el Ministerio Público y la sentencia emitida por Ramírez Perdomo.

Después, la Cicig presentó un amparo con el cual pretendía revocar la resolución de la Sala, por considerar que no estaba bien fundamentada y por la existencia de pruebas sobre la participación de los acusados en el desvío millonario del Ministerio.

Con la resolución de la Cámara de Amparo y Antejuicio se revoca de manera temporal el fallo de la Sala y se mantiene firme la sentencia provisionalmente, hasta que se concluya con el trámite del amparo y se emita el dictamen definitivo.

“Secreto militar”

Rosa Dolores Giza Ruiz, quien trabajó como jefa de Negocios y Cajas del Departamento Financiero del Ministerio de la Defensa, declaró durante el juicio que los Q120 millones que fueron sustraídos de la cartera castrense salieron bajo la figura de secreto militar.

La testigo tenía firma registrada para autorizar el desembolso del Ministerio de la Defensa y fue a través de certificaciones autorizadas por Enrique Ríos Sosa, entonces jefe del Departamento de Finanzas, que se explicaba que esos montos debían pagarse por la modalidad de secreto militar.

Giza Ruiz indicó que desconocía el destino de los Q120 millones pero esa cantidad no volvió a las arcas del Ejército.

Con base en esos documentos de soporte se emitieron dos cheques. El primero, el 28 de febrero del 2001, por Q72 millones, y el segundo, del 2 de marzo del mismo año, por Q48 millones, lo que hace un total de Q120 millones.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los Q52 millones habrían sido desviados a cuentas personas de los detenidos y familiares, pero también a una sociedad anónima recién creada en el país canalero.

Los operativos se efectúan en Chiquimula, la capital y otros departamentos de país.

Fueron 12 órdenes de captura ejecutadas entre trabajadores de la PNC y del ministerio de Gobernación; pendiente de captura Miguel Ángel Arana Paz.

1. Héctor Rodriguez Heredia,   ex subdirector general de apoyo logístico
2. Juan Carlos Oliveros Bethancourt
3. Elden Leonel Cabrera Chan
4. Audrey Fabiola Gutiérrez Letona
5. Mario de Jesús Ovando López
6. Cleotilde Elvia Cabrera Chan
7. Byron Regalado España
8. Gaby Francineth Regalado España
9. Otto Aníbal Escalante Miranda
10. Fredy Arnoldo García Sical
11. Dirk William Alfredo Zea Muñoz
12. Aura Chic

Las aprehensiones se dan por las acusaciones de asociación ilícita, fraude, concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Versiones preliminares indican que esa red mandaba a reparar las autopatrullas a talleres fantasmas y con sobrevaloración de los servicios y repuestos.

La conferencia de prensa para ampliar los detalles de la investigación y cómo operaban los funcionarios será a las 16 horas en el MP, donde también participará la Cicig.

Empresas no existen

Primero, la Revista ContraPoder reveló el 21 de noviembre de 2014 que la subdirección que dirigía Rodríguez Heredia adjudicó Q33 millones a cinco empresas que no existen y vinculadas a Cabrera Chan.

Asimismo, esa investigación comprobó que por lo menos Q10 millones se pagaron por servicios de los que no hay evidencia de que fueron prestados, es decir, vehículos que nunca fueron reparados o que se les arregló lo mismo dos veces.

ContraPoder también determinó que se pagaron montos millonarios por el remozamiento de estaciones policiales por parte de una constructora, pero que en realidad ese trabajo lo hicieron trabajadores de la misma Policía.

Después, en enero de este año, el diario elPeriódico publicó un reportaje en el que cita las conexiones entre varios de los implicados en la red de corrupción con una empresa registrada en Panamá.

En esa nota, Rodríguez Heredia negó vinculación con esa compañía, pese a que su nombre y el de sus exasesores aparecen como socios en el  Registro Público de Panamá.

Cómo operaban

La fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la Cicig, Iván Velásquez, informaron por la tarde que la red de corrupción constituyó una sociedad anónima en Panamá, a la cual desviaban los recursos y a cuentas bancarias.

Las formas para sacar el dinero de la PNC eran tres: adquirir bienes y servicios para autopatrullas –reparaciones mecánicas-, contratación de obras y servicios para subestaciones –reparaciones y remozamientos- que fueron realizadas por el mismo personal de la Policía, y la adjudicación de un evento de cotización de repuestos para patrullas por más de Q12 millones.

En ninguno de los tres casos se concretó el servicio de la contratación, o éste era realizado por trabajadores de la PNC, pero se pagaba a una empresa fantasma.

“¿Cuántos de esos Q52 millones fueron apropiados por los integrantes de esta red?”, indicó Velásquez. Ese dato se obtendrá, añadió, con lo que se averigua en Panamá más lo que se consiga en el curso de la investigación que, estimó, podría llevarse “máximo tres meses”.

El primero consiste en hacer un inventario de las existencias de medicinas.

“Si no existe inventario de medicamentos en el país ellos (el ejército) se han comprometido a traerlo del lugar más cercano en el que se pueda encontrar”, tras el inventario, el ejército “identificará cuales son los centros privados que puedan garantizar calidad precio y logística para la entrega de medicamentos y el país acabará por tener un sistema de almacenaje y distribución de medicamentos”, explicó el presidente.
Se intervendrá en total 10 hospitales en todo el país.

El sistema sanitario de Honduras se encuentra bajo un fuerte cuestionamiento después de que se hicieran públicas una serie de graves irregularidades que descapitalizaron por un valor aproximado de 120 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) y a los almacenes de medicamentos del país a través de una trama de corrupción liderada por el ex director del IHSS, Mario Zelaya.

El esquema de desfalco implicaba, además de otras irregularidades, la compra de medicamentos sobrevalorados e incluso defectuosos hasta niveles que una comisión multipartidaria del congreso nacional que lo investigó calificó de criminales. La comisión llegó a registrar el caso de 11 mujeres que presuntamente fallecieron tras consumir medicamentos defectuosos.

Según el diagnóstico presentado por Batres, se ha detectado una situación de desabastecimiento de medicamentos a hospitales y centros de salud, entre los que se señaló lo que tratan hipertensión o diabetes, asma y deficiencia renal y se han encontrado medicamentos que eran retenidos sin motivo y no seguían su cadena de distribución a los pacientes. Señaló el ejemplo de 10 millones de pastillas de acetaminofén retenidas en un almacén.

Desde hace semanas, decenas de miles de hondureños protestan por diferentes ciudades del país en un movimiento que se conoce como “Marchas de las antorchas” convocado a través de redes sociales por jóvenes que se autodenominan “Indignados” y comenzaron a protestar a raíz de que se conoció que morían pacientes en los hospitales por falta de medicamentos en un contexto de corrupción generalizada en el sistema de salud.

También reclaman el fin de la impunidad en el país, que asciende según datos oficiales a más del 90% de los crímenes cometidos, y piden que se instale una Comisión Internacional contra la Impunidad a través de las Naciones Unidas.

Orden de captura internacional

Un juzgado emitió este miércoles una orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia de Honduras (2006-2009), Enrique Flores Lanza, acusado de corrupción durante el gobierno del derrocado expresidente Manuel Zelaya, informó un tribunal local.

La portavoz del juzgado penal de Tegucigalpa, Kelyn Ortega, indicó que Flores Lanza “está acusado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por 40 millones” de lempiras, cerca de US$2 millones.

Precisó que se emitió una orden de captura a la Interpol (policía internacional) y una alerta migratoria.

El abogado defensor del exministro, Raúl Suazo, dijo tener entendido que Flores Lanza salió del país.

Los fondos fueron retirados por el gobierno de Zelaya para gastos aprobados por el Poder Ejecutivo para realizar una consulta popular en la cual se preguntaría si la población estaba de acuerdo en instalar una “cuarta urna” en las elecciones de noviembre de ese año para consultar si se convocaba a una asamblea constituyente.

El día en que se iba a celebrar la consulta, Zelaya fue derrocado por una alianza político militar que lo acusó de usar el mecanismo para intentar perpetuarse en el poder.

El mandatario se había enfrentado a sectores influyentes de Honduras por aliarse al “socialismo del Siglo XXI” promovido por el entonces presidente de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez.

En San Marcos por no haber ingresado a las cajas fiscales la cantidad de 13 mil quetzales de impuestos de aguardiente correspondientes al periodo comprendido entre los meses de agosto de 1950 a junio de 1952. El administrador de rentas de San Marcos fue consignado al juzgado de paz, por fraude de dos mil quetzales correspondientes a intereses hasta febrero de 1954.

La nota agregaba también que las personas que tuvieran alguna queja que formular contra el jefe de la oficina de la comisión de indemnizaciones de la liberación por pagos incompletos o retrasos indebidos, se sirvieran presentar sus denuncias y concretar cargos ante dicha institución.

Tanto el exjefe edil como el empresario deben pagar una multa de Q235 mil. El exalcalde tiene arresto domiciliar.

Asimismo, los exintegrantes de la corporación municipal Raúl Alfaro, Audelino Vásquez, Javier Pérez, Jorge Cano, Juan Villatoro y Óscar De León, fueron condenados a dos años y seis meses de presión por el delito de encubrimiento propio.

El Tribunal absolvió a Walter Herrera, quien era tesorero de la comuna, Gerardo De Paz Leiva, auditor de la Contraloría General de Cuentas y Olinto Laparra, quien vendió un carro a excalde, por considerar que no había pruebas que los vincularan en el desfalco.

En 2005 el exalcalde desvió Q470 mil de fondos municipales. En este caso también se vieron implicadas Gloria Torres, María Marta Castañeda Torres, quienes son hermana y sobrina de Sandra Torres, exesposa del expresidente Álvaro Colom.

“Necesitamos que se haga justicia, porque no queremos perder nuestros ahorros”, dijo Ixcoy, quien indicó que la sede de la cooperativa está en Cuilco, pero tiene afiliados en varios departamentos.

Carmela Pérez, afectada, dijo que reclama sus ahorros, que redondean Q80 mil, y aunque en el Ministerio Público le indican que le devolverán el dinero, eso no sucede.

El 28 de febrero último fueron capturados el concejal tercero de Cuilco, Bersaín Oligario Matías, y Álvaro Pérez, quienes eran presidente y tesorero de la cooperativa, respectivamente, y son sindicados de haber participado en el desfalco. Se les acusa de estafa propia, caso especial de estafa, apropiación indebida y lavado de dinero.

El cuentahabiente Prutacio Bravo señaló que los capturados, después de entregar el cargo como directivos, vendieron terrenos propiedad de la cooperativa.