Estados Unidos restringió visas este sábado a cien funcionarios del mandatario nicaragüense Daniel Ortega por “ataques” a las libertades civiles, como la confiscación de bienes de una universidad jesuita y la detención del obispo Rolando Álvarez, anunció el jefe de la diplomacia, Antony Blinken.

Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por Estados Unidos y la Unión Europea.

El Departamento de Estado ha tomado medidas adicionales para que “se rindan cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a las libertades civiles”, afirma Blinken en un comunicado en referencia a la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo.

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Washington impone “restricciones de visa a cien funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez”, añade, sin detallar los nombres de los sancionados.

El gobierno de Ortega mantiene una relación muy conflictiva con la Iglesia Católica.

El caso de Álvarez, detenido hace un año, es uno de los temas de fricción, en uno de los peores momentos de las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano.

Álvarez fue condenado en febrero a más de 26 años de cárcel tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.

En un mensaje en X (antes Twitter) el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó este sábado que Ortega y Murillo lo detuvieron “arbitrariamente” por “predicar justicia y paz para Nicaragua”.

La Universidad Centroamericana, una institución de los jesuitas, también sufrió un duro golpe esta semana, al suspender todas sus actividades después de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.

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Blinken le advierte al gobierno de Ortega de que Estados Unidos seguirá trabajando “con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia” y apoyar “las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos”.

Los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes estadounidenses escribieron este viernes a los presidentes de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras para que sus Gobiernos se aseguren de que el banco BCIE no contribuye a perpetuar la “dictadura” en Nicaragua.

“Dados los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Ortega-Murillo, urgimos a su país a hacer uso de su liderazgo como miembro fundador del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para garantizar que sus préstamos no perpetúan la consolidación de la dictadura en Nicaragua”, dijeron.

La misiva de los presidentes de los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara Baja, el demócrata Robert Menéndez y el republicano Michael McCaul, fue dirigida a los líderes de Honduras (Xiomara Castro), Guatemala (Alejandro Giammattei), Costa Rica (Rodrigo Chaves) y El Salvador (Nayib Bukele).

El texto les insta a “usar su voz” y a votar para que el BCIE aumente su transparencia y el escrutinio sobre los préstamos efectuados al Ejecutivo nicaragüense.

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En los últimos años, según recuerdan, esa entidad ha aprobado unos US$3 mil 500 millones en financiación para iniciativas que iban a ser puestas en marcha bajo los auspicios del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.

Esos fondos llegan en un momento de “creciente condena global a las violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua, criticaron los dos legisladores.

La misiva les solicita ejercer un mayor control sobre los préstamos de ese banco al país hasta que Ortega y Murillo se comprometan a emprender negociaciones en favor de una gobernanza democrática, un respeto de los derechos humanos y una hoja de ruta que conduzca a unas elecciones libres y justas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.

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Ortega fue reelegido en esos comicios para un quinto mandato, su cuarto consecutivo y el segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Los legisladores apuntaron que aunque la liberación a principios de febrero de 222 prisioneros políticos hizo pensar en una eventual apertura política, la decisión de expulsarlos del país con destino a Estados Unidos y de quitarles la nacionalidad acabó con esa esperanza.

El 1 de marzo Nicaragua conmemoró el Día Nacional del Periodista con casi 200 comunicadores en el exilio, otros 23 desnacionalizados y declarados traidores de la patria, así como la confiscación de más de 50 medios por el régimen de Daniel Ortega.

Javier Iván Olivares Bonilla, o como firma, Iván Olivares, es uno de esos periodistas exiliados. El periodista nicaragüense informó el 5 de agosto de 2021 que había dejado el país luego de haber sido interrogado dos veces por el Ministerio Público por la causa que se ha abierto contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

Olivares anunció su exilio en una carta pública dirigida a la Fiscalía. El periodista del diario digital Confidencial, y con 34 años de experiencia, denunció que fue víctima de irregularidades en los interrogatorios y amenazas con que le aplicarían la Ley Especial de Ciberdelitos.

En esta entrevista vía telefónica conversa con Prensa Libre de cómo ha sido el deterioro de su país respecto de la Libertad de Expresión desde que Daniel Ortega gobierna.

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¿Cómo comenzó el deterioro de la libertad de expresión en su país?

Los periodistas comenzamos a ver que había una política de cerrar el acceso por completo a los medios independientes desde el periodo de transición, entre noviembre y diciembre de 2006, hasta la toma de posesión Daniel Ortega en enero de 2007.

¿Qué le hizo pensar que se cerraría el acceso?

Ese año se filtró un escrito de Rosario Murillo en donde señalaba que el gobierno de Ortega tenía que asegurarse de que la información que ellos producían llegara incontaminada a los medios del poder ciudadano, que es como le llaman los medios afines al régimen y son manejados por ellos.

No recuerdo de cuántas páginas era el documento, pero en él dejaba clara las directriz para el trato que debían tener los medios afines al régimen y los opositores.

Desde entonces nos hicieron a un lado. Nos marginaron. Al inicio había algunos ministros de Estado que hablaban, pero luego ya no. Convocaban a conferencias de prensa, pero solo invitaban a los medios afines. No querían tener medios independientes. Les resultaba incómodo.

Atrás quedó aquello de un vocero de convocar a una conferencia y que llegara la mayor cantidad de medios. Con el régimen no fue así. Para ellos fue mejor tener solo a los medios afines, y a ningún independiente. Para ellos era mejor que no nos enteráramos.

¿Y qué hicieron ante eso?

Tuvimos que cambiar la estrategia y comenzar a buscar a los altos funcionarios para entrevistarlos para que nos dieran declaraciones de temas específicos. Pero luego limitaron eso. Les prohibieron hablarnos. Entonces optamos por ver los medios del poder ciudadano, para saber qué noticias publicaban, y luego buscábamos un enfoque diferente para tener información alejada del régimen. La muerte del periodista Ángel Gaona el 21 de abril de 2018 agudizó los ataques físicos a los colegas. Esa muerte fue clave en el rumbo que ya había tomado el país con la dictadura Ortega-Murillo.

¿Gaona era la primera víctima del régimen?

Informes de organizaciones de derechos humanos de Nicaragua revelan que con la muerte de Gaona sumaban 11 desde 2006. Esa rebelión de 2018 contra el régimen de Ortega aceleró el acoso contra la prensa independiente.

¿Qué pasó luego?

Luego de los golpes vino la persecución penal, los citatorios judiciales. Mientras yo cubría una manifestación en noviembre de 2008 orteguistas arremetieron contra medios independientes y quebraron vidrios de los vehículos y a mí me hirieron con una bayoneta. Me hicieron una herida en el abdomen que necesitó seis puntos de sutura. Más adelante, en diciembre de 2018, la policía intervino y confiscó las instalaciones de El Confidencial, el periódico digital independiente que dirige Carlos Fernando – Chamorro -. A partir de esto tuvimos que salir al exilio, junto con otros colegas de otros medios, para evitar que el régimen nos encarcelara.

¿Temían que esto llegara a pasar tal cual?

Recuerdo que con algunos periodistas reunidos en El Salvador en 2019 ya advertíamos sobre lo que podría llegar a pasar con Nayib Bukele en el poder. Los años nos están dando la razón. Lo que comenzó en Nicaragua pronto se trasladó a El Salvador y pareciera que sigue su curso hacia Guatemala. No sé si tengan una correlación o algo en común, pero lo que sí queda claro es que en los tres países han optado por violentar la libertad de expresión para instaurar sus regímenes totalitarios.

¿Cuántos medios considera que han cerrado del 2006 a la fecha?

De 2018 a la fecha el régimen ha decido cerrar radios comunitarias, religiosas y medios independientes. Han logrado acallar las voces críticas dentro del país, aunque quedan algunos que aún se arriesgan. Hoy quedan medios que divulgan noticias de farándula y deportes.

¿Cuántos periodistas han salido al exilio?

Los últimos cálculos que hacen organizaciones que velan por los derechos humanos suman unos 200 periodistas exiliados por el mundo. Recuerda incluso que hasta les han anulado la ciudadanía a algunos.

¿Cuál fue la dinámica de persecución en Nicaragua?

Los primeros perseguidos fueron los periodistas. Acá a fiscales y jueces no, como he visto que pasa en Guatemala, porque en Nicaragua el Poder Judicial está completamente ocupado por el Frente Sandinista. Luego siguieron por opositores políticos, candidatos, organizaciones no gubernamentales y religiosos. Lo último ha sido la cancelación del Consejo Superior de la Empresa Privada.

En sus 34 años de experiencia periodística ¿cómo analiza lo que se vive en 2023?

Comencé en el periodismo el 1 de marzo de 1989. Ese fue el último año del gobierno Ortega y el Frente Sandinista, el cual heredó la censura, riesgos legales y penales para los medios de comunicación al sucesor. Comencé después de que cerraron medios y perseguían a las personas por sus ideas. El gobierno que prosiguió dio giro total en donde pasamos a una libertad absoluta, con doña Violeta Barrios de Chamorro, al punto que en algunos círculos decían que de la censura habíamos pasado a la libertad y algunos medios al libertinaje.

¿Cómo fue la situación luego de la expresidente Barrios de Chamorro?

Con Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, aunque había cierta libertad de prensa, hubo ataques a periodistas independientes. Había limitaciones en el acceso a las fuentes de información y la pauta de la que dependían radios y medios más pequeños. Pero ya con Ortega de nuevo en el poder la persecución no se detuvo. Se golpeó a los medios en sus finanzas. Se acusó de lavado de dinero infundadamente. Los medios habíamos investigado corrupción, y hallamos limitaciones para hacerlo.

¿La Constitución de Nicaragua protege a los periodistas?

El artículo 66 de la Constitución garantiza el ejercicio periodístico y la libertad de prensa en Nicaragua. Y eso lo han vulnerado totalmente desde 2006 así como el hecho de reelegirse, aun cuando la Carta Magna lo prohíbe.

¿Cuándo fue la primera vez que salió de Nicaragua por el acoso estatal?

En 2019 me fui a El Salvador alertado por gente que conozco de hace décadas y están dentro del Frente Sandinista. Me advirtieron que debía salir porque planeaban hacer algo en mi contra. Así que salí y volví unos meses después, pero tuve que salir de nuevo porque la persecución no se detuvo.

¿Desde cuándo labora para El Confidencial?

En septiembre de 2022 cumplí 20 años de trabajar en El Confidencial. Ante, y durante 14 años, estuve en el semanario La Crónica, después, por 12 años, en el diario La Prensa e hice un año en el Nuevo Diario. He sido corresponsal del Diario de Hoy de El Salvador.

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¿Qué queda hoy de prensa independiente en Nicaragua? 

Hay gente valiente, que, sinceramente, me alegro de que no les hagan nada, pero no entiendo por qué no los han tocado esos salvajes. Lo que queda es radio, dentro del país no quedan ningún medio impreso. No hay condiciones para la prensa. En el caso de los canales de televisión, lo que hacen, como te digo, es que no informan de política, y se van con la farándula, sucesos y deportes. Evidentemente algunos supuestos colegas se han prestado para presentar demandas contra medios y cobrar millonarias sumas y hacerlos quebrar.

¿Y qué hace ahora?

Seguir informando desde el exilio por medio de las plataformas digitales. Lo ideal es estar en mi país y hablar con la gente, pero por ahora se hace difícil. Aun así, el temor no desaparece. Yo vivo en Costa Rica, en un cuarto que tiene ventana a la calle, pero al caer la noche siempre da pena y temor de que algo pase. Sigo siendo un blanco fácil y ni cuenta me doy.  

¿Todavía se siente perseguido? 

Sin duda. Me han dicho que ellos tienen una red enorme aquí, pero también las hay de apoyo. Algo que ha pasado desde la década de 1970. Lo que me queda es seguir teniendo cuidado y tomar mis precauciones.

¿Sigue teniendo el apoyo de Carlos Chamorro y El Confidencial?

Sí, claro, sigo trabajando para él. Vivo de mi trabajo periodístico con él. Yo solo me moví físicamente de Nicaragua, por lo demás todo sigue igual desde el punto de vista laboral. Sigo escribiendo para El Confidencial, que es mi empleador principal.

El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue condenado este viernes 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados “traición a la patria”, y fue despojado de su nacionalidad.

El magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, leyó la sentencia en contra del obispo Álvarez, que fue condenado un día después de que se negara a subir en un avión privado junto a 222 prisioneros nicaragüenses que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos.

Tras negarse a subir el avión, el presidente Ortega anunció anoche que Álvarez había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como la cárcel modelo de Nicaragua.

Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

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El obispo fue sustraído la madrugada del 19 de agosto pasado por la Policía de un palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

“Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria”, según la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, aunque fue leída por el magistrado Rothschuh Andino.

De qué delitos lo acusan

La judicial declaró culpable al jerarca por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada, desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

Además, el obispo nicaragüense fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular.

“Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”, según el fallo.

Asimismo, la judicial declaró “la pérdida de la nacionalidad nicaragüense al sancionado Rolando José Álvarez Lagos”.

Detalles de la sentencia

Por el delito de menoscabo a la integridad nacional, el religioso fue condenado a 15 años de prisión, a 5 años por el delito de propagación de noticias falsas, otros 5 años y 4 meses por el delito de obstrucción de funciones agravada y 1 año por el delito de desacato a la autoridad en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Además, fue sancionado con 800 días multa (uno 1 mil 555 dólares).

“Las penas de prisión impuestas serán cumplidas de forma sucesiva: 26 años y 4 meses de prisión”, según la sentencia, en la que se establece que el obispo permanecerá en prisión hasta el 13 de abril de 2049.

El obispo tenía previsto enfrentar el juicio el próximo 15 de febrero, sin embargo fue adelantado después que el jerarca se negara a subir a un avión con otros 222 prisioneros.

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Ortega tildó a Álvarez de tener un “comportamiento de soberbia de quien se considera ya el jefe de la Iglesia (católica) de Nicaragua, el líder de la Iglesia latinoamericana y que debe incluso pensar en ocupar el cargo de su santidad, el papa” Francisco, por negarse a irse a EE. UU.

“Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno”, lanzó anoche Ortega. EFE

Ortega asume su cuarto mandato consecutivo junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, en medio de sanciones y presiones de Estados Unidos y la Unión Europea pero con el apoyo de China y Rusia.

Ortega, de 76 años, prestará juramento ante el parlamento, de mayoría oficialista, en una ceremonia en la plaza de la Revolución, en el antiguo centro de Managua. El acto será transmitido en cadena nacional de televisión, pero no se han anunciado detalles.

La investidura del exguerrillero sandinista tendrá como telón de fondo las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la UE a familiares, allegados, funcionarios y algunas entidades como la Policía y la Fiscalía, por corrupción y violación a los derechos humanos.

Washington y Bruselas consideran además que no fueron “democráticas” las elecciones del 7 noviembre, en las que Ortega resultó reelegido con los principales opositores presos o en el exilio.

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Varios países latinoamericanos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) han desconocido también la legitimidad de los comicios y demandado la liberación de los opositores presos.

Las acciones de la comunidad internacional han sido calificadas por el gobernante sandinista como “agresiones” contra su país.

También ha acusado a Estados Unidos y a la UE de “injerencia” e “irrespeto a la soberanía”, y en noviembre pasado pidió iniciar un proceso para retirar al país de la OEA.

Rusia y China

Manuel Orozco, analista y miembro de Diálogo Interamericano, dijo que Ortega y Murillo inauguran su mandato “no sin desafíos” debido a la presión internacional, el descontento ciudadano, una situación socio económica gravemente deteriorada y una fuerte disidencia entre su base gubernamental y la élite sandinista.

Ortega trata de equilibrar esos desafíos acercándose a Rusia y a China, pero sin efectuar cambios políticos en lo interno, conservando el aparato represivo y manteniendo a los presos políticos como tarjeta de transacción, apuntó Orozco.

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En ese contexto, Ortega reanudó relaciones diplomáticas con China el 9 de diciembre, tras deshacer los nexos que el país mantuvo por más de 30 años con Taiwán y reconocer el principio de “una sola China”.

El restablecimiento de relaciones con Pekín vino acompañado por una donación de miles de vacunas y tres semanas después el país asiático abrió su embajada en Managua.

También estrechó sus lazos con Moscú, que le ha proporcionado una amplia cooperación, desde trigo, vacunas anticovid, autobuses para renovar transporte colectivo hasta una estación satelital.

Los invitados a la ceremonia

Murillo adelantó que a la ceremonia de toma de posesión asistirán varios cancilleres, entre ellos los de Bolivia, México, Palestina y República Árabe Saharaui Democrática.

El presidente de China, Xi Jinping, nombró como enviado especial a Cao Jianming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional del gigante asiático.

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Se confirmó la presencia de comitivas de Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba, Venezuela , Honduras, Belice, Vietnam, Laos, Camboya, Angola, Turquía, Bielorrusia, Turquía, Egipto, Malasia y Yemen.

Activistas de derechos humanos, entre ellos Bianca Jagger, criticaron la presencia de México.

“Que Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán y aún China avalen la farsa de #Ortega el tirano de #Nicaragua? No me sorprende, pero que el Pdte de #Mexico @lopezobrador_ avale los crímenes de lesa humanidad de una dinastía criminal, es sorprendente y repulsivo”, tuiteó Jagger.

El nuevo mandato y los presos

La liberación de unos 160 opositores presos pesará en las decisiones que adopte Ortega en el comienzo de su cuarto mandato, según Orozco y la poetisa y disidente sandinista, Gioconda Belli.

Más de 40 opositores, periodistas y críticos del gobierno fueron detenidos entre junio y diciembre de 2021, incluidos siete potenciales rivales de Ortega en las elecciones de noviembre.

A este grupo se suman otras 120 personas que están encarceladas por participar en las protestas del 2018, cuya represión dejó 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La redada contra los opositores intensificó las acciones de la comunidad internacional contra Ortega. El gobierno considera que los detenidos son “criminales” que se organizaron para un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos.

Orozco estima que “será difícil (para el gobierno) no abrirse” a las exigencias de la comunidad internacional de liberar a los opositores, mientras que Belli cree que “sería un gesto importante nacional e internacionalmente”, aunque “dudo que lo haga”.

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El exguerrillero sandinista gobernó el país por primera vez en los años 1980 luego de ayudar al FSLN a derrocar al dictador Anastasio Somoza con una revolución en 1979.

Desde que retornó hace 15 años al poder, sus y la oposición le acusan de “nepotismo” y de instaurar una “dictadura”.

A sus 82 años, Vilma Núñez asegura que la única forma en que podrían silenciar su lucha por los derechos humanos en Nicaragua sería encerrándola o matándola.

Esta fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) cree que la actual ola de arrestos de precandidatos y políticos opositores en su país marca una situación inédita en América Latina al menos desde los regímenes militares de la década de 1970.

Núñez responsabiliza por eso al presidente Daniel Ortega, a quien acusa de traicionar los ideales de la revolución sandinista tras derrocar al régimen de Anastasio Somoza, una revolución en la que ella misma depositó esperanzas en su momento.

“Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país”, dice Núñez en una entrevista con BBC Mundo desde Managua.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con esta abogada reconocida internacionalmente por una tarea que dice llevar adelante en medio de hostigamientos y dificultades como la cancelación de la personería jurídica de la Cenidh en 2018 y la destrucción de instrumentos de trabajo.

¿Cómo es el trabajo día a día de una defensora de los derechos humanos como usted en la Nicaragua actual?

Es difícil explicarlo y sobre todo que se lo imaginen incluso colegas defensores de los derechos humanos en otros países donde existen institucionalidad y políticas para apoyar el trabajo de derechos humanos.

Aquí prácticamente estamos criminalizados, se nos considera prácticamente enemigos del régimen, que trata de ignorar cuál es el rol de fiscalización que debe impulsar un organismo de derechos humanos frente a las acciones y abusos que los gobiernos dictatoriales como el que tenemos aquí en Nicaragua cometen en contra de la población.

Trabajamos como podemos. No podemos hacer nada frente a las instancias jurisdiccionales nacionales, porque allí tampoco funcionan los mecanismos de prevención para derechos humanos.

Aquí, aparte de que el Poder Judicial no tiene independencia, se ha convertido o lo ha convertido Daniel Ortega en un instrumento de represión más. En este momento prácticamente es el que lleva la delantera en la represión que se impulsa en este momento.

Estamos documentando y acompañando a las víctimas con limitaciones, porque muchas veces las víctimas no quieren que se dé a conocer su nombre y se transmita a los organismos internacionales. Y una denuncia sin un nombre limita la credibilidad y la posibilidad de que los organismos internacionales reaccionen.

Es una situación emocionalmente difícil, con un costo muy grande, asumiendo los riesgos que significa estar prácticamente enfrentados a un poder que está dispuesto a cualquier cosa en este país.

¿Han podido establecer cuántos precandidatos, políticos opositores y personas que trabajaban para ellos fueron detenidos este mes?

Sí. En este momento estamos enfocados en dar acompañamiento directo incluso a muchos de los que están encarcelados.

Ya ni siquiera estamos seguros de que estén encarcelados, porque no hay información cierta del lugar donde se encuentran.

En este momento son 20 personas, cinco de ellas que eran precandidatos a la presidencia de la República y participarían en las elecciones que se realizarían el 7 de noviembre. Con esta acción consideramos que cada día se aleja la posibilidad de que éstas se realicen.

Están prácticamente detenidos dirigentes políticos del más alto nivel, incluso antiguos compañeros de lucha en la revolución como son Dora María Téllez, el general retirado Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, quien fue vicecanciller.

Están detenidos dos funcionarios empleados de Cristiana Chamorro, que era la candidata que tenía como la mayor aceptación a nivel de las encuestas [y que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario]. Incluso tienen detenido y prácticamente desaparecido, porque es del que tenemos menos información, a su chofer particular.

Esas son las personas que en este momento, dando un voto de credibilidad, están en el centro de Auxilio Judicial, que es donde la policía investiga centralizadamente, pero que se ha convertido prácticamente en un centro de tortura.

Los dos funcionarios de la fundación Violeta Barrios de Chamorro están presos desde el 28 de mayo y sus familiares no los han podido ver, ni sus abogados se han podido entrevistar con ellos. Entonces no sabemos qué es lo que están haciendo.

Es realmente doloroso. Cada día los familiares peregrinan hacia las cárceles a dejar comida y resulta que no se las reciben. Desde hace dos días sólo están recibiendo agua. Y hay señales, por algunas medicinas que han solicitado algunos parientes, de que hay un deterioro de salud en algunos de ellos, porque casi todos son personas de edad con enfermedades crónicas.

Los tienen encerrados, como metidos en una caja, y no sabemos en qué condiciones están adentro. No se sabe nada.

De esos 20 detenidos, ¿de cuántos ustedes no han podido determinar su paradero y estado de salud?

De los únicos que tenemos seguridad dónde están son Cristiana Chamorro, porque está en su casa por cárcel, incomunicada, y María Fernanda Flores porque también está en su casa.

De los otros 18, sólo lo que nos dicen: que se los llevaron porque están siendo investigados.

Están juzgándolos de manera antojadiza por delitos que no existen y que sobre todo no han cometido. Les están aplicando una ley que crearon específicamente para ellos. Prolongaron hasta por 90 días la detención preventiva.

No sabemos qué está pasando.

Los familiares los declaran como desaparecidos mientras no los muestren y den pruebas claras de que están allí.

Nosotros, como organismo de derechos humanos, los consideramos rehenes de la dictadura.

¿Cómo se vive a nivel de la población todo esto?

No podría valorar en términos absolutos cómo vive la población de Nicaragua. Sin embargo, hay una realidad: un 70% de la población ha rechazado al actual régimen.

Esa gente vive en una situación de incertidumbre e inseguridad porque prácticamente se ha establecido un estado de sitio de hecho. Tienen militarizadas prácticamente las ciudades con patrullajes permanentes de policías, fuerzas especiales y grupos armados con comportamiento paramilitar.

Además han organizado a las fuerzas políticas que ellos tienen y los han convertido en órganos de espionaje. Todos convivimos y ya no sabemos cuál de nuestros vecinos… Todo el mundo camina viendo al lado porque se ha establecido que detrás de una denuncia de uno de estos señores del Consejo del Poder Ciudadano viene la captura y agresión policial.

Cada día la situación económica se agrava, con las limitaciones además que impone una pandemia mal manejada por el gobierno.

La situación aquí en Nicaragua es verdaderamente dramática. Tenemos que decir que los métodos de represión, el odio, la saña, la sed de venganza que demuestra este gobierno con sus acciones superan las acciones represivas de la dictadura somocista.

¿Es posible en este contexto que vuelvan las protestas antigubernamentales que hubo en Nicaragua en 2018?

Sería lo ideal que la gente tuviera la posibilidad de manifestarse. Sin dudas, si encierran a esas fuerzas represivas y se deja que la gente se manifieste, las calles de Nicaragua se volverán a llenar. Pero ahora no se puede.

El gobierno trata de encubrir esta represión, que tiene como objetivo buscar cómo eliminar cualquier posibilidad de competencia electoral, de elecciones libres y transparentes, porque sabe que perdería.

Está aferrado al poder y quiere perpetuarse en el mismo, lo que significa no solamente concentrar el poder político sino que prácticamente seguir usufructuando los millones que se han prácticamente sustraído del erario público y de la cooperación internacional, específicamente de la cooperación venezolana.

Usted comparaba la situación actual de derechos humanos con lo que ocurría durante el régimen de Somoza. Algunos se preguntan cómo se compara este momento que vive Nicaragua con la represión que hubo en el pasado en otros países de América Latina. ¿Puede responder esto?

Son situaciones diferentes y escenarios distintos, pero la repercusión que está teniendo esta acción criminal de la dictadura en contra de una población de apenas seis millones de habitantes, le aseguro que tiene los mismos niveles y las repercusiones de las acciones de Pinochet, de las juntas militares de Argentina, Uruguay y Brasil.

Aquí Daniel Ortega tiene un odio personal contra dirigentes políticos que fueron sus antiguos compañeros de lucha. Por ejemplo, el general retirado Hugo Torres, vicepresidente de un partido disidente del Frente Sandinista, prácticamente expuso su vida en un operativo en 1974 para sacar de la cárcel a Daniel Ortega. A ellos los está tratando con una saña perversa.

¿Usted dice que esta situación que se vive en Nicaragua es algo inédito para América Latina por lo menos desde los regímenes militares de los años ’70?

Efectivamente: según mi conocimiento, y espero no equivocarme, es una situación verdaderamente inédita.

Además, el presidente Daniel Ortega y su esposa se dan el lujo de convocar (el miércoles 23 de junio) a un evento en una plaza y se dedican prácticamente a amenazar, dando como una respuesta a la comunidad internacional que les está pidiendo la liberación inmediata de los presos políticos, que cese la represión, que se haya elecciones libres.

Dijo: a mí no me van a presionar, lo que estamos juzgando no son ni candidatos a la presidencia ni dirigentes políticos, aquí estamos juzgando a criminales y vamos a ir hasta el final.

Entonces imagínese al ambiente de terror que había cuando este señor terminó de hablar frente a una cadena de radio y televisión.

En ese discurso Ortega también dijo que quienes gritan son “los enemigos de la revolución”. ¿Cómo toma esto?

Es el discurso que maneja hacia afuera. El dice que todo esto es una estrategia del gobierno norteamericano y del colonialismo europeo para destruir a su gobierno y a Nicaragua, que todos estos dirigentes políticos, con todas sus calidades y posibilidades, son títeres y agentes del imperialismo, usando el lenguaje trasnochado de la época de la Guerra Fría.

La comunidad internacional ha aumentado la presión sobre el gobierno de Ortega para que detenga esta ola de arrestos y libere a las personas detenidas. ¿Podría hacerse algo más desde el exterior para defender los derechos humanos en Nicaragua?

En el acompañamiento de la comunidad internacional considero que ha habido altos y bajos.

Hubo una primera reacción cuando aparecieron los 328 asesinados en 2018. Y como la represión nunca terminó, pero cambió de modalidad, también cambió y bajó el tono de la comunidad internacional.

La gente de Nicaragua ha decidido lograr el cambio. Un verdadero cambio pasa por la finalización del gobierno dictatorial de Daniel Ortega.

Hemos optado por la vía cívica, buscar cómo hacer uso del derecho a la protesta y concluir de la única forma en los gobiernos democráticos: el proceso electoral. Ese es el instrumento que ahora está siendo bombardeado.

Le han dado prácticamente el tiro de gracia a la solución democrática y pacífica que tenían los nicaragüenses para conseguir paz y libertad en este país.

Ante esta arremetida brutal se volvió a alarmar la comunidad internacional, que estaba apostando incluso a proponer cooperación técnica para intentar un proceso electoral democrático.

Usted fue parte de la lucha contra el régimen de Somoza y estuvo presa por eso, ¿verdad?

Sí, soy una luchadora por los derechos humanos desde 1958. Una de las primeras cosas que hice al llegar a la universidad fue integrarme al movimiento estudiantil y fundamos el primer comité pro-libertad de reos políticos universitarios, entre los cuales estaba Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista.

Contra todo eso luchamos. Después de avanzar esa lucha, me involucré con el Frente Sandinista, convencida de que estábamos impulsando una transformación donde las libertades públicas fueran el sustento para desarrollar las transformaciones sociales y económicas que un país necesita.

Sin embargo, vimos que pronto eso se empezó a desdibujar y se empezó a erigir un gobierno completamente autoritario.

Yo pensaba sinceramente que la lucha había que darla adentro, que la falta de democracia que ya sentíamos dentro del Frente Sandinista había que combatirla adentro. Y aquí nos quedamos hasta que esa situación se vuelve insostenible.

Me separo prácticamente del Frente Sandinista en 1998 cuando Zoilamérica Narváez, la hija adoptiva de Daniel Ortega, denuncia la violación a ella por Daniel Ortega desde que tenía 11 años. Fui yo la abogada, en el Cenidh asumimos su representación legal y llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Daniel Ortega traicionó la lucha y la sangre de todo un pueblo, los ideales en los que muchos creímos. Por haber creído y haber sido parte, cargamos con culpas que no tuvimos directamente.

Todo esto permanece en la impunidad. Nosotros esperamos que haya justicia algún día. Si no se puede lograr justicia en los tribunales de Nicaragua, que sean los tribunales internacionales los que se encarguen de juzgar estos crímenes para que no queden en la impunidad.

No puede haber borrón y cuenta nueva. Si se vuelven a hacer arreglos, si se recurre a amnistías generales y todo eso, el ciclo de violencia vuelve a repetirse. Es lo que dice la historia.

A sus 82 años, ¿teme que a usted también la arresten?

Defender derechos humanos tiene que llevar implícita la decisión de enfrentar al poder y asumir los riesgos que eso implica, sobre todo cuando enfrentas regímenes dictatoriales.

La promesa que le hicimos al pueblo de Nicaragua el día que nos arrebataron la personería jurídica del Cenidh fue que no nos vamos a callar.

Vamos a seguir luchando hasta que podamos, hasta el momento en que a Daniel Ortega y a Rosario Murillo se les ocurra callarme. Callarme significaría capturarme y encerrarme, o matarme.

Este 1 de octubre se cumplen siete décadas desde que Mao Zedong anunciara la creación de la República Popular bajo un régimen de un único partido, el comunista, que se ha logrado mantener en la cúpula hasta hoy.

Son 70 años, uno más que a los que llegó la Unión Soviética, pero que no serán “muchos más”, advierte el prominente abogado de derechos civiles Teng Biao, una de las voces de la disidencia china más destacadas.

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Teng se vio forzado a huir del país tras la creciente presión por parte de las autoridades, pero continúa desde el extranjero promoviendo la democratización de China y denunciando violaciones de derechos humanos.

“El régimen dictatorial va contra la naturaleza humana, contra la humanidad, así que no durará mucho (…) cada vez está topándose con más desafíos”, subraya el letrado, formado en una de las universidades más prestigiosas del país.

De cara al importante aniversario que festeja Pekín , BBC Mundo habló con Teng en Estados Unidos, donde trabajó como profesor visitante de Harvard y actualmente hace lo propio en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

El 1 de octubre, China celebra 70 años de la fundación de la República Popular, o en otras palabras, el triunfo del Partido Comunista. ¿Seguirá el PCCh otros 70 años en el poder?

De ninguna manera. La dictadura que ha durado más tiempo en la historia logró mantenerse unos 74 años y no creo que el PCCh pueda sobrevivir otros 70 años, o incluso otros 30.

Se ha hablado mucho sobre que el PCCh se está enfrentando a una crisis política, económica e ideológica, y cada vez hay un mayor número de países democráticos en el mundo y menos regímenes dictatoriales, autoritarios.

El régimen dictatorial va contra la naturaleza humana, contra la humanidad, así que no durará mucho.

De cara a este aniversario, muchos recuerdan el legado de Mao Zedong, que llevó al PCCh al poder. Cuando Xi Jinping logró eliminar los límites presidenciales hace un año y poder así perpetuarse en el gobierno, múltiples analistas le compararon con el histórico líder. ¿Es Xi un nuevo Mao?

Depende. Si hablamos en términos de un dictador totalitario, de acumular poder en una sola persona y del culto a la personalidad, Xi Jinping es similar a Mao Zedong. Está adoptando cada vez más políticas de la era maoísta, ha realizado numerosos discursos tradicionales y en contra de las ideas occidentales. Pero Xi Jinping no es el nuevo Mao Zedong.

Para empezar, Mao Zedong estableció una economía planificada y lo que Xi Jinping quiere no es una economía planificada socialista, sino de mercado, aunque no como en Occidente, (quiere) una economía de mercado totalmente controlada por el PCCh. Algunos académicos lo llaman una “cleptocracia”. Los miembros del partido en realidad manipulan el sistema político y económico.

En cuestión de ideología política, las ideas de Xi no son las mismas que las de Mao, aunque tienen muchas similitudes, pero Xi tiene algunas nuevas: él quiere jugar un rol más agresivo en el plano internacional.

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Lo que está instaurando en China es lo que yo defino como un totalitarismo de alta tecnología: a través del reconocimiento facial o de voz, la inteligencia artificial, y todo tipo de herramientas usadas por el PCCh para reforzar su control.

¿Es Xi Jinping tan poderoso dentro del Partido como lo fue Mao?

Mao tenía un poder absoluto en el seno del PCCh: nadie en el partido, nadie en la sociedad, podía desafiarle. Xi Jinping está dispuesto a conseguir ese poder absoluto en la formación y casi ha conseguido el poder de Mao, pero de momento no es como él.

Tiene algunos rivales políticos en el partido, existen diferentes intereses políticos, hay luchas internas a pesar de que hay pocos líderes que puedan desafiar a Xi de manera pública, pero sí tienen opiniones diferentes.

Sobre el rol de Xi en la arena política mundial, ¿cómo ve las relaciones entre China y el resto del mundo, especialmente con Estados Unidos y Latinoamérica?

El PCCh no se preocupa de los chinos, lo que más le preocupa es prolongar su monopolio de poder en China y quiere crear un ambiente internacional que le sea favorable.

La frase más famosa de Deng Xiaoping reza “esconder la fuerza y aguardar el momento”, pero cuando China se convirtió en un país más poderoso, se volvió más activo y agresivo internacionalmente. Tenemos multitud de ejemplos: la Nueva Ruta de la Seda, el proyecto “fabricado en China 2025”, las construcciones en el Mar de China Meridional, (la creación del) Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, los institutos Confucio alrededor del mundo…

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Y hemos visto cosas preocupantes en la última década, por ejemplo, el secuestro por parte del gobierno chino de editores o libreros en Tailandia y en Hong Kong y devueltos a China continental, donde les hicieron desaparecer y les forzaron a que hicieran una confesión. Y algunos de ellos incluso tenían pasaporte extranjero, como Liu Minhai, con pasaporte sueco; o el multimillonario hongkonés Xiao Jianhua, de pasaporte canadiense.

China también ha manipulado la ONU, especialmente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El gobierno chino apoyó a casi cualquier régimen dictatorial en el mundo.

Con estos ejemplos, podemos ver que la relación entre China y el resto del mundo es extremadamente preocupante.

Por otro lado, desde China se defiende que el país se ha convertido en un actor responsable a nivel internacional y que está ayudando a que otros se desarrollen y crezcan, con inversiones alrededor del mundo. ¿Qué opina al respecto?

Tenemos cientos de ejemplos de que China no cumplió con sus compromisos internacionales. Por ejemplo, China ha reconocido y firmado al menos 25 tratados sobre derechos humanos, por ejemplo la Convención Contra la Tortura, (…) pero la tortura sigue siendo sistemática en China.

Otro ejemplo es Hong Kong. China firmó la declaración sino-británica y se creó la Ley Básica (mini Constitución), con el respaldo de la ONU, pero China ha destruido el mecanismo de “un país, dos sistemas”. Lo que ocurre en Hong Kong es un perfecto ejemplo de que China no quiere cumplir con sus compromisos internacionales.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta China para mantenerse como potencia mundial?

El gobierno chino está topándose cada vez con más desafíos.

El contexto internacional se está volviendo más hostil para China, porque durante la última década la situación de derechos humanos no ha hecho más que empeorar.

Antes había una percepción ampliamente aceptada: académicos, diplomáticos y la sociedad civil pensaron que al permitir que China se incorporara al orden económico y político mundial, animándole a que ratificara cada vez más tratados internacionales, eso presionaría al país y llevaría al cambio, forzándole hacia la transición democrática. Pero eso no ocurrió.

Así que cada vez un mayor número de expertos retomaron su temor anterior . La incorporación de China a los mecanismos internacionales no consiguió democratizarla. Esto es lo que está detrás del actual cambio de política hacia el país.

Si Estados Unidos continúa con su actual tendencia (en referencia a la guerra comercial, entre otras cosas), eso será uno de los grandes desafíos que enfrentará el PCCh. Otros muchos países, aliados de EE.UU., los europeos o los japoneses, Corea del Sur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, podrán seguir el ejemplo de EE.UU., lo que aumentará el desafío para China.

Otro de los desafíos vendrá de la propia sociedad.

Gracias al desarrollo de internet en China y la divulgación de ideas liberales en la última década, cada vez más ciudadanos chinos asumen las ideas de la democracia occidental y la libertad. No es como antes, que el país estaba bloqueado por el PCCh y tenía muy pocas conexiones con otros países; ahora cada vez es más difícil para el gobierno chino censurar información en la red.

Los ciudadanos chinos quieren un cambio político.

Pero, ¿son las reformas democráticas una de las prioridades de los ciudadanos chinos (dejando a un lado a los hongkoneses)?

El PCCh da lo mejor de sí mismo para prevenir que ocurra un cambio democrático en China. Quieren reforzar su control.

El mecanismo de control y propaganda del PCCh les ha lavado el cerebro a los ciudadanos chinos. Muy pocos chinos se dan cuenta de la importancia de la democracia, el constitucionalismo y un Estado de derecho.

En general, el lavado de cerebro y la propaganda son bastante efectivos en China, así que la mayoría de los chinos no pueden pensar de manera independiente, tienen miedo de hablar de democracia o de derechos humanos.

Pero si los ciudadanos chinos pudieran disfrutar de la libertad de información y de expresión, sin ninguna duda demandarían un cambio democrático.

No obstante, hay ciudadanos chinos que, pese a estar estudiando o trabajando unos años en otro país, vuelven a China con las mismas ideas, considerando que el país no necesita un cambio político y que el sistema actual es el adecuado “por la complejidad de la nación y el tamaño de su población”. ¿A qué lo atribuye?

Eso es interesante.

Hay algunos artículos al respecto sobre cómo ciudadanos chinos, académicos, por ejemplo, que estudiaron en una sociedad abierta, aún apoyan al gobierno chino.

Lo primero es que la mayoría de ellos proceden de familias privilegiadas. Son ricos, o forman parte de familias con miembros del gobierno o de líderes del partido, y tienen la oportunidad de estudiar en el extranjero. La mayoría de los chinos de familias humildes, de la clase trabajadora, no pueden permitírselo. Así que apoyan el sistema porque se benefician de él.

Lo segundo es que la propaganda y el lavado de cerebro es tan efectivo que, incluso viviendo en una sociedad de libertades durante unos años, no pueden cuestionar su manera de pensar, su ideología, las ideas formadas en China, especialmente las nacionalistas, como por ejemplo en relación al Tíbet, Hong Kong, Taiwán, Xinjiang…

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Son nacionalistas, y el sentimiento nacionalista tiene raíces muy profundas y es tan poderoso que no son capaces de cuestionar sus propias ideas.

Otra cosa es que incluso en países como EE.UU. o democracias occidentales, los académicos chinos están vigilados y tienen que autocensurarse. Por ejemplo, si se oponen públicamente al gobierno chino o lo critican, serán denunciados por otros ciudadanos y entonces tendrán problemas si quieren volver a China o los tendrán miembros de su familia en el país asiático.

Así que los chinos, no solo los académicos, otros chinos también que viven en el extranjero, se autocensuran.

Usted lleva viviendo ya unos años en Estados Unidos, ¿tiene alguna prueba de que vigilen a estas personas? ¿Le ha ocurrido a usted?

De hecho, es el objetivo de mi más reciente trabajo de investigación. He estado documentado estos casos: activistas chinos y disidentes han sido vigilados, perseguidos e incluso atacados físicamente por funcionarios del gobierno chino u otras personas trabajando para ellos, en el extranjero.

En mi caso, me cancelaron una charla en una universidad y (el Colegio de Abogados de Estados Unidos) se negó a publicar mi libro (sobre el movimiento en defensa de los derechos humanos impulsado por abogados en China) a pesar del acuerdo al que habíamos llegado. A mi mujer la despidieron de su empresa después de 17 años. Todo por presiones del gobierno chino.

Recibí amenazas. No puedo volver a China, pero incluso aquí, tengo miedo de la gran sombra del gobierno chino.

En un artículo reciente, usted señaló que una de las razones principales del milagro chino fue su “ventaja por el deterioro en derechos humanos”. ¿Considera entonces que si fuera una democracia, no habría experimentado esa expansión económica?

Si la ventaja de tener un estándar de derechos humanos muy bajo no existiera, el milagro chino de las pasadas tres décadas no habría sido posible. El bajo coste de los productos chinos es una de las razones más importantes del boom económico, y las enormes inversiones internacionales que llegaron especialmente tras la entrada de China a la OMC…

Así que, como expliqué en mi artículo, sin los salarios bajos de los trabajadores chinos, las pésimas condiciones de trabajo, la ausencia de sindicatos, la falta de libertad de expresión, ese bajo nivel de derechos humanos, el milagro chino no se habría conseguido.

Si la gran mayoría de la población china no busca activamente una reforma política, ¿cómo cree entonces que se podría producir?

Algunos ciudadanos chinos trabajan muy duro y sacrifican mucho por la democracia y el Estado de derecho en China, como el movimiento de Xidan de finales de los 70, el movimiento democrático de Tiananmen de 1989, la campaña iniciada por abogados de derechos humanos en 2013…

Pero el PCCh no tolera nada de esto, no quiere un cambio político, así que mandan a la cárcel a estas personas, les torturan, les hacen desaparecer, pero los chinos no dejan de luchar por su libertad y la democracia.

No sabemos cuánto tiempo llevará… pero creemos que la sociedad china disfrutará de democracia y de un Estado de derecho.

Esperamos que la comunidad internacional preste más atención a los asuntos de derechos humanos en China y dé más apoyo a la sociedad.

¿Podrá China convertirse en la primera potencia mundial con un régimen de Partido único?

Si hablamos de economía, China se convertirá en la primera economía del mundo en un futuro cercano. El PIB sobrepasará al de Estados Unidos en unos 10 o 15 años. En términos de poder militar, la fuerza militar de China está creciendo muy rápido también…

Pero China no puede dominar el mundo. Si China dominara el mundo, una catástrofe caerá sobre todos nosotros.

El mundo no debería continuar con su política de conciliación hacia China: lo único que hará es fortalecer más y más al país y al mismo tiempo alejarle aun más de la democracia y la libertad.

¿Y Hong Kong?

Las protestas de Hong Kong se han convertido en la mayor crisis política para el PCCh desde el movimiento de Tiananmen, que acabó en masacre en 1989.

Teng augura que las manifestaciones continuarán y cree que Pekín probablemente optará por esperar a que el movimiento pierda apoyos con el tiempo y entre episodios de violencia.

El letrado acusa de estos incidentes a las autoridades y justifica los radicalismos de algunos grupos de manifestantes: “Es Pekín quien les enseñó que la vía pacífica es inútil”.

“El 99% de la violencia fue provocada por la policía de Hong Kong y las triadas”, subraya.

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De momento, las protestas ya han tenido una consecuencia política, aunque no en esa región.

“Lo que ocurre en Hong Kong tiene una gran influencia política en Taiwán”, apunta Teng.

La isla celebrará elecciones presidenciales en enero y el partido que es más proclive al acercamiento a Pekín, KMT, ya está bajando en popularidad.

“Ellos (los invasores) encontraron tres cráneos, dos fémures, un húmero y varios restos sueltos. Todo lo hemos guardado, rotulado y sellado. Se va en cadena de custodia a Asunción, a la Unidad Especializada de Derechos Humanos”, dijo a la AFP Rogelio Goiburú, presidente de la Comisión de la Verdad.

Los restos fueron descubiertos debajo del piso de uno de los baños de la casa y serán sometidos a diversas pruebas de identificación por la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, dependiente del Ministerio de Justicia. Aún habría túnel que conduce a fosa común Los ocupantes de la mansión denuncian que habría aún más huesos, pero muchos son de animales, aclaró Goiburú.

“Descubrimos un túnel que está rellenado con escombros. Nos dijeron que tiene como 100 metros de extensión y que termina en una fosa donde hay más huesos”, denunció a la AFP Rafael Esquivel, un exfuncionario municipal, portavoz de los ocupantes de la casa. “Nadie sabe cuántos murieron aquí. En memoria de esos muertos estamos ocupando este lugar”, dijo.

El macabro descubrimiento a inicios de septiembre conmocionó al país, 30 años después del fin de la dictadura en la que desaparecieron más de 400 personas. Hasta la actualidad los principales responsables siguen sin ser juzgados, se han encontrado apenas unos 40 cadáveres y sólo cuatro han sido identificados.

“Esta propiedad pertenece legítimamente a los pobres”, aseguró Esquivel. La “mansión Stroessner” está asentada en un terreno de 30 hectáreas, al pie de un barranco rocoso que da al río Acaray frente al puente Costa Cavalcanti de la carretera que conduce a la hidroeléctrica paraguayo-brasileña Itaipú. Se trata de una casona semiderruida con visibles marcas de pillaje. La dictadura, que se prolongó de 1954 a 1989, cayó por un cruento golpe militar y el sitio fue abandonado.

Las leyendas sobre fantasmas mantuvieron durante años alejados a los intrusos. “De noche se escuchan de repente gritos, gemidos de criaturas, de mujeres, llantos, ruidos extraños”, refirió Esquivel. Goiburú, con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense, identificó hasta ahora cuatro cuerpos de desaparecidos descubiertos en el predio de un cuartel de policía, hace cuatro años. Dos de ellos son argentinos: Rafael Filipazzi y José Agustín Potenza, víctimas del Plan Cóndor de intercambio de prisioneros entre las dictaduras del Cono Sur.

Ambos fueron secuestrados en Montevideo, refirió. “Mucha gente no sabe qué clase de bestia es la que nos gobernó durante 35 años”, observó Goiburú. Stroessner murió en el exilio en Brasilia en 2006, a la edad de 93 años, sin nunca haberse sometido a la justicia. En Ayolas, donde se erige la hidroeléctrica paraguayo-argentina Yacyretá (300 km al sureste), Stroessner tenía otra lujosa mansión de descanso.

“Tenía otras varias casas más. En realidad eran casas de placer donde llevaba a sus amigos para hacer sus fiestas y sus orgías con chiquilinas, mujeres jóvenes”, describió a la AFP monseñor Mario Medina. Conocido humanista, el obispo fue coordinador de las investigaciones oficiales sobre los muertos y desaparecidos en dictadura, condensadas en ocho volúmenes bajo el título “Nunca más al terrorismo de Estado”.

“Que a Stroessner le gustaban las criaturas no es ninguna leyenda. Ya estamos teniendo personas, mujeres, que se están animando a testimoniar en la fiscalía. Están apareciendo de a poco algunas niñas que fueron violadas por Stroessner”, indicó Goiburu. Frente a la “mansión del horror” en Ciudad del Este, con una vista privilegiada, se erige una torre en construcción del World Trade Center y otros edificios pertenecientes a multinacionales.

Ellos reflejan el paisaje del acelerado crecimiento de la cosmopolita ciudad paraguaya localizada en el polo turístico trifronterizo, dividido por el caudaloso río Paraná.

Esta penúltima etapa, sin embargo, recorrió escenarios que a todos nos son familiares. Uno de ellos es el desencanto de la población con la política tradicional, lo que abrió las puertas a líderes mesiánicos, ególatras, que mareados por el poder hicieron añicos a uno de los países más ricos de Latinoamérica hasta llevarlo a una situación insostenible para internos y foráneos, que ahora reclaman el fin de la tiranía.

Lo que sucede en Venezuela no debe pasar inadvertido para los guatemaltecos, porque ninguna tiranía surge de la noche a la mañana, sino luego de largos procesos de deterioro institucional, de aprovechamiento de los puestos de poder, de colusión entre sectores criminales con funcionarios y capitales emergentes, hasta consolidar un sistema reacio al más elemental ejercicio de la democracia.

Basta ver algunos pasos por donde transcurrió esa tiranía y otras, para ver el peligroso y preocupante rumbo por el que se desliza Guatemala. Todo empieza por la colocación de cuadros sumisos en importantes instituciones, hasta ponerlas al servicio de intereses oscuros, pasando por el desmantelamiento de importantes entidades.

A ello se suma un mayor endeudamiento, el cual va acompañado de un deterioro de las mayorías, pasando por inversiones públicas extremadamente politizadas y un uso clientelar del Estado, para mantener una burocracia innecesaria pero útil en momentos de crisis o la concesión de contratos millonarios a personas cercanas a los gobernantes o al partido de gobierno y una creciente incursión en el sistema de narcopolíticos.

Dos hechos marcan la etapa final de esos regímenes: una generalizada corrupción, la cual incluso se documenta por entidades internacionales y más específicamente por agencias calificadoras de riesgo, y el afán por restringir la labor de los medios de comunicación independientes, a los que se busca desaparecer, con la limitación a materias primas, por los manotazos gubernamentales, como han hecho Nicolás Maduro y Daniel Ortega, y en otros casos por la asfixia económica.

Guatemala reúne muchas de las características de los regímenes tiránicos, irrespetuosos del estado de Derecho, lo que hace mucho más vulnerable la gobernabilidad. Amenaza que se ve agravada cuando la lucha contra la corrupción no cede terreno y pone en jaque a los más rancios representantes de la vieja política, quienes se obstinan en impulsar un modelo condenado al fracaso.

Ese tufo a putrefacción, al cual se refirió Mario Vargas Llosa para describir la crisis venezolana, también ronda en nuestro medio, como se constata con el irrespeto al sistema de justicia, el afán por violentar la Constitución, lo que supone un riesgo insoslayable para quienes han respaldado los esfuerzos por combatir la corrupción en Guatemala. Una tarea en la que también debe involucrarse de manera decidida la comunidad internacional, antes de que los aprendices de dictador den pasos más osados y pongan en un riesgo innecesario a sus críticos.

La victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones realizadas ayer en Brasil, con una diferencia de 10 millones de votos —un 10%— sobre su opositor de izquierda, Fernando Haddad, solo indica el incremento de este extremismo político en América Latina, cuyos efectos sociales y económicos aún no se pueden predecir. La mayor democracia continental se convierte así en el país con la segunda fuerza de América similar a la situación de Estados Unidos, donde el término utilizado es el de ultraconservador, pero en la práctica resulta lo mismo, o algo demasiado parecido y por tanto causante de confusión a cualquiera si no se molesta en hacer los análisis necesarios. El caso brasileño, sin embargo, tiene causas distintas y a veces contradictorias al de otros países latinoamericanos.

Es interesante observar en su posible peligrosidad el riesgo o beneficio predecible, según el ángulo de observancia de los hechos. Pero es indudable cómo los votantes han reaccionado con el sufragio de castigo a causa de la corrupción y todos sus derivados, entre los cuales se puede colocar el atraso de los países. Se puede hablar también de un péndulo de la izquierda a la derecha, o viceversa, como consecuencia del hastío ciudadano a causa de tanta mentira, tanta burla, tanta demagogia y sobre todo la falta de una ética mínima, en un mundo donde estas lacras ya no se pueden ocultar, por causa de la tecnología actual de la comunicación, entre cuyos efectos no se puede señalar la divulgación instantánea de verdades, lo cual pone valladares a las acciones necesitadas de ocultamiento.

En casos como Brasil y antes Ecuador, Venezuela entre otros, han sido regímenes de izquierda donde se han desarrollado todas las lacras de la corrupción. El voto ha sido de castigo para los izquierdistas. El caso de Guatemala es distinto: el descontento popular nace en el contexto de gobiernos derechistas, algunas de cuyas características son compartidas por Bolsonaro: admirador y propulsor de dictaduras, exmilitar, ataques viscerales a sus adversarios, diputado, de 63 años, declarado luchador contra la corrupción. Con esto último coinciden los candidatos de izquierda en otros países, pero se trata de una de las primeras promesas rotas a la hora de ejercer el mando, lo cual ha ocurrido en los países gobernados por la izquierda desde hace algunos años.

En Guatemala hay un caso interesante. El arquitecto Fernando Sáenz es uno de los pocos personajes abiertamente declarado perteneciente a la extrema derecha, calificativo otorgado por él mismo. Abiertamente opositor a Todd Robinson, afirma en una reciente publicación haber recibido dinero para ir a Washington a contratar lobistas, en viajes con el aporte económico de otros empresarios y cita a John Negroponte, exembajador de EE. UU. y exintegrante de la CIA. Una sorprendente declaración acusa a “todos los empresarios de cometer delitos, defraudar al Estado”. Defiende al presidente Morales cuando calificó de “normal” la corrupción en una entrevista con el periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos. Los numerosos detalles dan lugar a algún otro artículo.

A mi juicio, admitir la existencia de pertenecer a la extrema derecha obliga a quienes son de derecha moderada a aclarar hasta dónde llega su conservadurismo, sobre todo en la obediencia de los derechos humanos y las leyes. Puede interpretarse también como una facilidad para quienes se autocalifican de izquierda, a fin de explicar qué no son. Es natural considerar esta exacerbación de los criterios políticos, sociales y económicos como la base del efecto negativo de no admitir la existencia de posiciones serenas, y de eliminar la posibilidad de una discusión seria, basada en la idea de la necesidad de ceder en algo cada una de las partes para lograr un avance y un pensamiento facilitador, respetuoso de cómo lograr el progreso de la sociedad en todos los órdenes.

Cualquiera creería que es más fácil que caiga un tonto que un tirano. A los dictadores, se supone, se les enfrenta hasta que la cosa estalla. Vemos fotografías de nuestros antepasados encaramados al carro de la victoria para la Revolución de Octubre y pensamos en lo que hubiéramos hecho en tales circunstancias, de qué lado de la historia estaríamos.

Uno es más analítico desde la distancia geográfica y temporal. Uno construiría salidas antes de lo de Pompeya; estrategias para que no fuera timada Troya; apresaría a Nerón en la plaza. Más cercanamente, estudia uno los atentados contra Estrada Cabrera y puede ver por qué fallaron; piensa también cómo hubieran podido reaccionar nuestros abuelos frente a la humillación de vivir bajo el asedio de la policía de Ubico. Uno escupiría la mano de este último antes que besársela como lo hacen algunos en las fotos. De lejos, uno sabe. Lo difícil es vivir la propia realidad en la que no se sabe si coger al tirano por la cola o por el hocico, o por ambos lados, ni por dónde empezar.

Corren tiempos extraños. Algunos en el extranjero no se explican cómo soportamos tanta ignominia. Se hacen las mismas preguntas y afirmaciones que nos hacemos a nosotros mismos. En realidad, antes que cuestionamientos son reproches. Golpes sobre la herida. Quienes alguna vez escucharon aquello de “si te caes, sobre la herida te doy” saben a lo que me refiero. Son enunciados del tipo “¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto?”; “Es intolerable”. Y lo toleramos. “Es humillante”; “Debemos levantarnos”; “Esto llegó al límite”. Y soportamos otro poquito. Pese a nuestra sincera determinación, le ponen cada día otra roca al peso. Pero no es que seamos tontos, es que trabajaron arduamente nuestra impotencia y eso carcome, divide, desconcierta.

Otros se preguntarán: “¿Por qué no revientan de una vez por todas esas rocas sobre sus miserables funcionarios?” Más allá de la retórica, de la teoría, ¿cómo es reaccionar más allá del análisis —también de ustedes— vigilante?

A mi entender, tras la violación de nuestros derechos se nos echa la culpa por permitirlo. Es como si los espectadores de esta tragedia que interpretamos a la fuerza nos tomaran por incapaces de saltar por la ventana que tienen ante sus ojos.

Llevamos demasiado tiempo aguantando a este gobierno; burlándonos de él, reprochándole, gritándole abiertamente, escribiendo y condenando. De no hacerlo asfixiaríamos nuestra conciencia. Por eso, mi tema aquí no es “de qué sirve”, sino advertir que se acusa a la víctima, se le reprocha su incapacidad reactiva, se le transfiere la responsabilidad de solucionar lo que tampoco pueden arreglar quienes desde su comodidad golpean sobre la llaga.

Recién me topé con una columna, escrita hace semanas, en la que el autor dice que en Guatemala “nos cruzamos de brazos con la ancestral sangre de horchata que nos sirve de refugio (…) mientras los ciudadanos persistamos en la indiferencia, agachando la cabeza (…) parecemos empeñados en hacernos los babosos”.

“Ancestral sangre de horchata”, indiferentes, agachados, cruzados de brazos, babosos, ¿qué más? Son palabras del posible candidato a la presidencia Óscar Clemente Marroquín. Comprendo la idea de soliviantar, solo que con el cincho, como antes.

No reaccionamos como quisiéramos y quisieran los espectadores de nuestra tragedia. Matemáticamente no nos iremos a las armas, no integraremos un movimiento inmediato estructurado, no solucionaremos nada con huelgas de hambre. ¿Qué haremos, entonces, en la práctica? Pregunta incómoda para el público analítico, vigilante desde su butaca.

@juanlemus9

Los pueblos siempre han buscado el derrocamiento de esos regímenes, muchos de ellos prolongados más allá de toda comprensión humana, con millones de víctimas, como ocurrió con los dictadores de Alemania, Rusia, España o Italia, algunos con demasiados años en el poder y otros con una cifra intolerable de víctimas, como sucedió con el nazismo.

Una de las novelas que mejor logró plasmar los estériles esfuerzos por erradicar esos modelos la publicó hacia finales de la Segunda Guerra Mundial el escritor inglés George Orwell, con Rebelión en la granja, en la que un grupo de animales, hartos del tiránico régimen (socialista de José Stalin), se rebela, expulsa a los humanos e implanta su nuevo modelo, que pronto acaba convirtiéndose en una nueva y brutal tiranía.

Centroamérica atraviesa hoy por una situación parecida, donde un puñado de gobernantes de distintos signos ideológicos trata de eludir la autoridad del Gran Hermano, encarnada en la política exterior de Estados Unidos. Desea imponer una distorsionada visión del mundo, con el infortunio de que sus propuestas se imponen a sangre o fuego o ampliando de manera grotesca el manto de la corrupción y la impunidad.

Las escenas más grotescas de esa nueva escalada empezaron en Nicaragua, cuando la desquiciada pareja gobernante masacró sin piedad a quienes protestaban contra el régimen y la más reciente acción de la satrapía es expulsar a la misión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, algo propio de toda dictadura.

La siguiente escena ocurrió en El Salvador, donde la semana antepasada el gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional anunció de manera abrupta que rompía sus vínculos con Taiwán, para establecer relaciones plenas con la China comunista, lo que desencadenó reacciones hepáticas y tardías de la diplomacia y políticos estadounidenses.

Guatemala sigue los pasos de los líderes izquierdistas de Centroamérica, al decidir de manera unilateral la no prolongación del acuerdo para que continúe sus labores la Cicig, no sin antes haber esparcido el rumor de que el país también evaluaba romper con Taiwán y establecer relaciones con la China continental, en un nuevo intento por ablandar a la diplomacia estadounidense.

Esas mal supuestas muestras de soberanía se derrumban cuando afloran las reales intenciones de quienes las promueven, pero ocurren porque también es notorio el descuido de las autoridades estadounidenses, primero en tolerar gobiernos corruptos o represores cuando es conveniente, y luego con la designación de diplomáticos con poca experiencia en el área. Solo en un acto de soberbia irresponsabilidad se puede explicar que vehículos militares donados por ese país para la lucha contra las drogas sean utilizados para intentar amedrentar a diplomáticos y representantes de las Naciones Unidas.

Como lo recrea la fábula de Orwell: todo cambia para que nada cambie, aunque para la continuación del modelo sea creciente el número de víctimas y dar pasos hacia atrás en términos de desarrollo socioeconómico e institucional.

Con el último ladrillo sellando su tumba, Efraín Ríos Montt derrotó el domingo pasado, por última vez, a sus enemigos. Los enemigos de la paz, la guerrilla guatemalteca, que amparándose detrás del marxismo leninismo y tratando de emular a especímenes tan totalitarios y fracasados como Fidel Castro y otros ejemplares de la zoopolítica internacional revolucionaria quisieron imponer una dictadura del proletariado. De aquellas que dejaron “un legado de miseria y degradación física y moral de dimensiones nunca vistas en la historia de la humanidad”.

Esta realidad de contexto, de conflicto este-oeste, siempre ha tratado de encubrirse por parte de los perseguidores. Como lo hicieron también al obviar la beligerancia de los combatientes indígenas para responsabilizar al Ejército de Guatemala por muchas muertes de civiles que eran en realidad combatientes. Sabían que las investigaciones forenses no pueden determinar con exactitud esta diferencia entre “civiles y combatientes”. Es de esta desinformación de la cual surge la tesis del genocidio.

Este encono, felino, perverso, consistente, organizado y financiado contra los 504 días de gobierno de Efraín Ríos Montt no tendría lógica si no fuese porque tiene una alta rentabilidad financiera de intermediación y proceso, más la admiración reverente de la mayoría de los tambores de resonancia a nivel internacional, muchos de ellos oenegeros mercenarios a quienes se les hacía agua la boca por lograr una condena contra el “último genocida de Latinoamérica y quedar como vedettes heroicas en las tablas oenegeras internacionales, gozando de las prebendas, medallas, viajes y altos puestos como aconteció con la jueza Jassmin Barrios, recibiendo medalla de la señora Obama; la exfiscal Claudia Paz y Paz, condecoración de Hillary Clinton —hoy nada menos que jefe de seguridad de la OEA; y Frank Larrue, jefe de CALDH, la ONG convertida en querellante adhesiva del juicio contra Ríos Montt y principal receptora de fondos, con su alto puesto en la Unesco, hoy destituido recientemente por acoso sexual.

El costo del juicio, la preparación, albergue, transporte de los testigos ixiles, en adición a la traída de Perú y Argentina de generales de izquierda para testificar en contra de Ríos Montt. La presión de algunos embajadores sentados en primera fila. La masiva movilización internacional de los donantes para asistir al juicio, son apenas una punta del iceberg ideológico que subyace detrás de este montaje al que bauticé en una de mis columnas como “Genocirco”.

La jueza Jassmin Barrios hizo todo lo humanamente posible para evitar que testigos claves pudiesen brindar sus testimonios. Y los pocos que pudimos hacerlo, fueron descartados. La ilegal condena y el show mediático hizo creíble para la plebe la palabra “genocidio en Guatemala”, un vocablo ni una sola vez mencionado durante los miles de horas en las discusiones de los acuerdo de paz.

No asombra que ese tropel amorfo y manipulado regado en medio mundo se haya tragado con todo y el anzuelo de pez gordo. Un pez de oro, la última gran Moby Dick de las ballenas, para catapultar la hazaña de los perseguidores a los estrados honorarios de la historia y su alta rentabilidad política y financiera resultante.

Y, por supuesto, la sentencia fue anulada por la evidente, sesgada y desobediente manera de conducir el juicio. La segunda intentona fue un fracaso apabullante cuando irrespetaron la interdicción. Hasta un estudiante de Derecho sabe que una vez el acusado está interdicto no hay responsabilidad penal.

Pero la más grande victoria es para el nombre de Guatemala. No habrá mancha de genocidio. Ni jugosos resarcimientos. Solo la serenidad que requiere la paz.

Efraín Ríos Montt se fue LIBRE, como como el viento que mueve la bandera que siempre defendió.

alfredkalt@gmail.com

Sábato habla de “escritores” y “escribidores”, los primeros más verdaderos o verídicos que los segundos.

Cortázar, en cambio, hace otra clasificación: “escritores” y “escribas”, afirmando que “…Las dictaduras latinoamericanas no tienen escritores sino escribas…”

La diferencia entre estos últimos radica en un aspecto eminentemente emotivo. Si bien “los escritores” llegan a ser realmente libres, rehuyendo todo dictado, no solo de índole sectaria, sino sentimentaloide, “los escribas” son gobernados o por determinadas posturas ideológicas inconmovibles, o por sentimientos agobiantes que los hacen caer en dependencias que obstaculizan su quehacer literario.

Frente a las nefastas situaciones que conllevan subdesarrollo y dictaduras, inexorablemente enlazados, es natural que el que se dedica a escribir a la sombra de tales ignominias no se sienta libre, más bien no pueda ser libre; tampoco riguroso consigo mismo y con su quehacer.

Hundido en un ámbito poco favorable, más bien desdichado, desde cualquier punto de vista (económico, cultural, político, social…), su mente no logra desarrollarse de manera plena. Sus limitaciones son limitadas. Y, o bien sale al exilio forzoso o voluntario, o bien permanece en su tierra, siendo partícipe —víctima y verdugo al mismo tiempo— de las miserias materiales y espirituales que lo rodean.

Cortázar nos habla de la tristeza que causa en los escritores latinoamericanos el exilio, y se refiere en especial a la “nostalgia” y “desesperación” que este provoca. Sentimientos que llevan a nuestros escritores a convertirse, en múltiples ocasiones, en “escribas”.

Nosotros nos referimos a los escritores que ni siquiera han logrado el exilio externo (muchas veces, redentor), y permanecen viviendo en su inmisericorde país marginado y explotado.

Sus mentes, por tanto, se ven circunscritas a una atmósfera desfavorable que les atrofia su capacidad de pensar con libertad. En tales casos, también estos escritores (que sufren otra clase de exilio, quizá más infame: el interno), se transforman en simples “escribas”, y generalmente, retomando las palabras de Cortázar, en “escribas” de la amargura, del resentimiento o de la melancolía… y así se colocan a menudo, el “rótulo conmiserativo y lacrimógeno”, logrando, con ello, cierto desahogo a su infinito malestar psíquico, pero alejándose, de manera dramática, de lo que es, en verdad, el oficio del escritor, la literatura en sí misma.

El llamado a lástima, al hacerse de manera pueril en el campo literario, no solo se aleja de lo artístico, sino es poco edificante. Lo único que consigue es repudio y menosprecio.

El escritor latinoamericano ha de salvarse de este calamitoso sentimiento que lo deprime y limita. Que no lo deja ser escritor y lo convierte en simple “escriba”.

Abandonar la lamentación y el gimoteo es, en verdad, difícil; sobre todo cuando se vive en un medio infantil y primitivo, violento e infame. No imposible, sin embargo.

Con el reconocimiento de que la autocompasión es detestable o poco decorosa, y en una lucha suprema por salir del narcisismo pueril propio del subdesarrollo, se puede alcanzar cierta madurez, cierto grado de libertad y, con ello, cierta capacidad para el oficio de escritor. Se puede, en otras palabras, tener la oportunidad de dejar de ser “escribas” y empezar a ser “escritores”. Lo cual implica liberarse de todo aquello que nos ate, que nos limite, que nos gobierne, que nos domine. Y quizás somos más víctimas de nuestras propias pasiones que del medio y las circunstancias en que nos desenvolvemos.

margaritacarrera1@gmail.com

La frase “estabilidad institucional” está de moda y basta medio ver el tuiter para saber que también los catrachos, sobre todo los que apoyan al dictador recién “electo” les gusta el estribillo.

Muchos aplaudimos que nuestro país haya alcanzado el récord histórico de tener una misma constitución sin tacha de ilegitimidad por más de 30 años y elecciones sin fraude, esto prueba estabilidad institucional y es más que positivo. Pero también cuando se habla de “estabilidad institucional” es bueno recordar aquella frase atribuida al temible Manuel Estrada Cabrera “Para mis amigos, la justicia. Para mis enemigos la ley”. La frase viene como anillo al dedo porque Estrada Cabrera y Ubico (para citar a dos dictadores lejanos y no molestar a los que añoran a Lucas o Rios Montt que fueron peores) usaron dos armas para montar un férreo régimen por 22 años el primero y 14 el segundo: la sentencia y la ley.

Las sentencias en tiempos dictatoriales no son más que documentos que abren la puerta a la represión bajo el discurso de la “estabilidad institucional” pero sobre todo, hacen “legítima” la injusticia y la opresión.

En este contexto, la “sentencia” que declaró la “inaplicación” de la constitución hondureña para permitir que Juan Orlando Hernández, presidente en ejercicio pudiera participar para la reelección, muestra el descaro con que ese documento fue redactado para burlar, como fuera, cualquier eventual aplicación del derecho.

Por otra parte Nicaragua, el otro vecino, es el vivo ejemplo de que un gobierno ilegítimo tiene éxito. El Frente Sandinista cambia las reglas electorales como se le da la gana, la autoridad electoral hace en las elecciones lo que le da la gana y ahora el contagio llegó a Honduras. Nicaragua tiene un alto nivel de inversión extranjera, la seguridad es eficiente y la “estabilidad” que brinda el régimen despierta que aniden empresas de toda la región, sin embargo, el precio que la historia nicaragüense pagará será altísimo, porque es cuestión de tiempo que un régimen que descansa en la habilidad de los gobernantes para mantener un discurso de izquierda para asociarse con el capital de derecha y armar un marco corrupto de parasitismo mutuo explotará.

Honduras cuenta con los partidos más longevos de Centro América y quizás de toda América Latina, el próximo mandato que intentará llevar a cabo el Partido Nacional es ilegítimo desde cualquier perspectiva, pero eso sí, de manera formal es “válido” porque tiene el reconocimiento de la autoridad y a eso le llaman “estabilidad institucional”.

Los franceses dejaron claro en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (ya hace más de 220 años) que “la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”, así que lo que le queda al hondureño en estos momentos es ejercer su legítimo derecho de resistencia frente a los efectos “formales” de una sentencia que lejos de articular límites al poder los amplió de manera exponencial. El derecho a la resistencia a la opresión es un concepto liberal clásico, por lo que no podrá ser tachado por aquellos tremendistas que siempre siembran miedo, como medio para “crear caos y zozobra”.

Si la institucionalidad no sirve para conservar y proteger el derecho, quienes encarnan esa institucionalidad deben ser sacados del servicio público y acá sí debemos lamentar el papel de algunos organismos internacionales en la crisis centroamericana.

Las dictaduras son contagiosas, de allí que debemos vacunarnos, sobre todo ahora cuando en nuestro Norte el propio México debate una ley que permitiría la militarización de país sin mayores cortapisas.

@Alex_balsells

Una colorida y ruidosa muchedumbre pocas veces vista en las manifestaciones de cada 24 marzo, volvió a repudiar aquel “descenso a los infiernos” , como lo describió el extinto escritor Ernesto Sábato en su recopilación de testimonios de los sobrevivientes “Nunca más” , comprobó un periodista de la  AFP .

    Argentina rindió homenaje a millares de muertos y desaparecidos, con los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de la Plaza a la cabeza de la manifestación.

    Una kilométrica tela con las fotos de las víctimas fue portado por activistas de organismos de derechos humanos, al compás de centenares de bombos y tamboriles, con la música de comparsas, agrupaciones de bailarines y grandes muñecos alusivos.

    Las marchas se realizaban en simultáneo en plazas y avenidas de más de un centenar de ciudades del país sudamericano de unos 40 millones de habitantes.

Tono opositor

El tono dominante en los mitines fue opositor al presidente de centroderecha Mauricio Macri, a cuya familia atribuyen haberse enriquecido con la dictadura y a él le adjudican implantar ahora una política económica similar a la de los generales del régimen.

Obama rindió homenaje el jueves a las víctimas en un parque memorial y pronunció el histórico “nunca más”  a una dictadura, con la que se cerró el alegato fiscal en el juicio a los comandantes militares en 1985.

El presidente visitante admitió una “autocrítica”  que analiza Estados Unidos por la instigación y preparacion de las dictaduras latinoamericanas de los años 70, pero no expresó el arrepentimiento que los organismos humanitarios esperaban.

 “La autocrítica fue totalmente light” , opinó la dirigente de Madres Línea Fundadora Taty Almeida. “Lo malo es que Macri haya insistido junto a Obama en que hay que mirar al futuro. No hay caso, no aceptan el genocidio y al terrorismo de Estado apoyado por EEUU” , dijo Almeida.
    

Cine testimonial

Con motivo del 40 aniversario, se reestrenó la película “La Historia Oficial” , Oscar a la mejor producción en lengua no inglesa hace 30 años.

    Cuenta la historia íntima de un matrimonio cuya hija adoptiva es un bebé robado a prisioneros políticos desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo han recuperado a 119 de aquellos nietos, pero les falta hallar a otros 400.

    “La clave que aún falta entender es la autoría civil del golpe. Es un ciclo aún vigente en el mundo, gobernado por corporaciones que hoy jaquean a Grecia, a España, a toda Europa e incluso a Argentina” , dijo a la  AFP  Luis Puenzo, director de la multipremiada “La Historia Oficial” .

    Obama aceptó también un reclamo humanitario al anunciar la desclasificación de archivos de inteligencia en Estados Unidos. En 2002 se había desclasificado una primera partida de miles de documentos.

    Los juicios a responsables de torturas y desapariciones se reanudaron en 2006, luego de que en 2003 el presidente peronista de centroizquierda Néstor Kirchner  (2003-2007) derogó las leyes de amnistía.

    El exdictador Jorge Videla murió en una cárcel común en 2013, a los 87 años. Hay más de 660 sentenciados por crímenes de lesa humanidad.

    “Si el Presidente me escuchase, le pediría que los juicios sigan, que los que están presos en cárceles comunes sigan así, y que no cambie las cosas buenas que se lograron en el gobierno anterior (Cristina Kirchner), más allá de las políticas partidarias” , dijo Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.

    Villaflor estaba desaparecida hasta que su cadáver fue encontrado en una playa de la costa atlántica. Fue arrojada narcotizada pero con vida al mar desde aviones militares en los llamados vuelos de la muerte. En tributo a aquellas víctimas, Obama arrojó este jueves al río flores blancas.

Rock prohibido

El músico Lito Nebbia relató su experiencia tras el golpe. “De pronto iba a un programa de TV y me comunicaban que no se podía hacer porque había una orden de que estaba prohibido” , relató.

    “Muchas canciones mías hablan de ese tiempo. Terminado el Mundial de fútbol Argentina-78, no aguanté más. Me amenazaban mucho y me seguían por las calles. Con los últimos pesos que me quedaban, me marché a México” , contó Nebbia.

    Nora Cortiñas, líder de Madres Línea Fundadora, dijo que en aquel tiempo se vivió “el mayor horror de la historia argentina y pasaron 40 años sin perder la memoria” .

La Policía respondió con cañones de agua y gas lacrimógeno. Al menos un policía fue herido por una bala que le rozó un tobillo.       

El aniversario del golpe del 11 de septiembre a menudo es marcado por actos de violencia. Funcionarios dijeron que este año los incidentes han sido aislados hasta ahora y menos violentos que en años previos.       

El golpe de 1973 derrocó el gobierno democráticamente electo del presidente Salvador Allende y dio comienzo a una dictadura militar de 17 años.       

El gobierno estima que 3.095 personas murieron bajo la dictadura de Pinochet, quien falleció en 2006 cuando estaba bajo arresto domiciliario por cargos de enriquecimiento ilícito y violaciones de derechos humanos.   

Aprobación de Bachelet en 22%

Un nuevo sondeo muestra que la popularidad de la presidenta chilena Michelle Bachelet ha caído a su nivel más bajo desde que asumió el cargo el año pasado.       

La compañía de encuestas CEP informó el viernes que el índice de aprobación de Bachelet cayó 7 puntos porcentuales en agosto, a 22%. El sondeo previo fue realizado en abril.       

Bachelet asumió la presidencia en marzo de 2014. Su gobierno ha estado batallando para implementar reformas ambiciosas, en medio de una desaceleración del crecimiento económico.       

Un escándalo de tráfico de influencias que ha involucrado a la familia de Bachelet es uno de los mayores lastres en la popularidad de la presidenta.       

Los fiscales investigan si el hijo de Bachelet y la esposa de éste recibieron acceso privilegiado a un préstamo para comprar tierras que más adelante vendieron con ganancias.       

CEP entrevistó a mil 420 personas entre el 1 y el 31 de agosto. El margen de error fue de más/menos tres puntos porcentuales.   

Un posterior parte médico del recinto informó que el exgeneral ingresó al centro médico a las 01.30  (04.30 GMT) , con “una herida de bala craneal” .

    “Dada la gravedad de la herida y pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico que lo atendió, el general (R) falleció a las 03.20 (06.20 GMT)” , dijo el comunicado oficial.

    La Corte Suprema de Chile confirmó el martes recién pasado la sentencia a 20 años de Ramírez y a otros 10 exmilitares chilenos. Tres exmilitares uruguayos fueron también condenados en este caso, por secuestro y asociación ilícita, a entre cinco y 15 años de prisión.
 

Caso Berrios

    Berríos, exquímico de la temida policía secreta de la dictadura de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional  (DINA) , huyó de Chile a Uruguay en octubre de 1991, cuando el régimen ya había terminado y se iniciaban las primeras investigaciones por algunas de las más de 3.200 víctimas que se le atribuyen.

    En 1995, Berríos fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en la playa El Pinar de Uruguay.

    Berríos desarrolló en Chile, entre otros, el gas sarín y el bután, para el exterminio de opositores al régimen de Pinochet  (1990-1973) .

Después de detener y procesar por homicidio la semana pasada a siete exmilitares, Carroza ordenó este lunes la detención de otros cinco exoficiales y exsuboiciales del Ejército, miembros de las patrullas militares que detuvieron, golpearon, rociaron con gasolina y luego quemaron vivos a Rojas y Quintana, el 2 de julio de 1986.

Gravemente heridos, ambos jóvenes fueron luego abandonados en las afueras de Santiago.

Rodrigo Rojas, que había regresado hacía poco a Chile tras vivir en Estados Unidos con su madre exiliada por la dictadura, murió después de cuatro días de agonía. Carmen Gloria, quien actualmente vive en Canadá, se recuperó tras resultar con más del 60% del cuerpo quemado.

“Todos (los militares detenidos) han prestado sus declaraciones. Algunos han ratificado y otros han rectificado sus declaraciones anteriores. Todos quedan detenidos y mañana (martes) van a ser las diligencias de careos con las otras personas detenidas“, dijo el juez Carroza a periodistas.

– “Basta de silencio” –

Transcurridas casi tres décadas, el caso sólo logró avanzar judicialmente después de la confesión de uno de los conscriptos que participó del hecho, y quien denunció ante el juez amenazas para mantenerse en silencio.

Si bien Carmen Gloria vivió para relatar el episodio, la justicia nunca había podido acreditar la participación concertada de los militares por un supuesto “pacto de silencio.” La versión oficial indicaba que los jóvenes se habían quemado por el estallido de una bomba incendiaria que portaban.

“El Ejército tiene mucha información que no ha entregado y tiene una deuda con el Estado. Es el momento de asumir su responsabilidad como institución“, dijo Carmen Gloria Quintana, entrevistada por la televisora Chilevisión la noche del domingo.

“Yo quiero justicia, nada más y nada menos que justicia. Condenar a las personas que fueron los autores materiales y a los intelectuales“, agregó.

A su llamado, se sumó este lunes el de la presidenta Michelle Bachelet, torturada por la dictadura y cuyo padre murió en 1974 víctima de las golpizas propinadas por agentes del régimen de Pinochet.

“Hay personas que saben la verdad de muchos casos que permanecen sin resolver y Chile les pide que sigan el ejemplo del conscripto Fernando Guzmán y que ayuden a reparar tanto dolor“, dijo Bachelet en un acto público. “Basta de silencio“, agregó la mandataria.

En una rueda de prensa este lunes, Carmen Gloria Quintana, desafió al Ejército a entregar toda la información sobre el caso: “este es el momento de terminar con la impunidad, de abrir los caminos a la verdad y a la justicia“, dijo Quintana, afirmando que en el seno del Ejército “existe aún una política institucionalizada del encubrimiento de la mentira y del horror.”

“Yo llamo a que esto se termine y que las Fuerzas Armadas respondan, que haya fin a esta política sistemática de mentira institucionaliza respecto a los crímenes de lesa humanidad“, agregó.

Por su parte, el presidente del Senado de Chile, Patricio Walker, le pidió perdón públicamente a Quintana: “a nombre del Estado de Chile, a nombre de miles de chilenos, más allá de que estuvimos en contra de la dictadura, tenemos que pedirle perdón.”

Los nuevos militares aprehendidos corresponden a otra de las patrullas militares que participaron de la detención de los jóvenes, comandada por el capitán retirado del Ejército Pedro Fernández Dittus, quien en la década de los noventa había sido condenado por este caso pero por negligencia.

Junto con él, fueron detenidos Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco.

En tanto, el viernes fueron procesados como autores los exoficiales en retiro Julio Castañer, sindicado como quien prendió fuego a los jóvenes, e Iván Figueroa, y los exsuboficiales en retiro Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Nelson Medina y Jorge Astengo, mientras que Sergio Hernández fue acusado como cómplice.