Claudia Sheinbaum se convirtió este domingo en la primera presidenta en la historia de México.

Antes de Sheinbaum, siete mujeres en América Latina fueron elegidas para el principal cargo político.

Todas ellas fueron las primeras -y hasta ahora las únicas- en ser electas para el cargo de presidente en su país.

La elección de estas líderes marcaron un avance, lento y escalonado, en la búsqueda por revertir la subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, no sólo en América Latina sino en el mundo.

En este momento, sólo 28 mujeres en el mundo son Jefas de Estado o de Gobierno, según datos de ONU Mujeres de mayo pasado. Esta organización proyecta que, al ritmo al que vamos, la igualdad de género en las más altas esferas de poder se logrará dentro de 130 años.

Hubo (y hay) otras mujeres en la región que ocuparon la presidencia, pero no fueron elegidas para ello.

En BBC repasemos en orden cronológico la historia de estas siete mujeres que fueron elegidas presidentas en América Latina.

1. Violeta Barrios de Chamorro

• Presidenta de Nicaragua de 1990 a 1997.
• Partido: Unión Nacional de Oposición.
• Directora del diario La Prensa de 1978 a 1990.

La victoria de Violeta Barrios de Chamorro, en abril de 1990, no sólo la convirtió en la primera mujer elegida para el cargo de presidente de Nicaragua (1990-1997) sino de toda América Latina.

La historia política de Chamorro empieza en los años del dictador Anastasio Somoza Debayle. Periodista de profesión, casada con Pedro Joaquín Chamorro, el director del periódico La Prensa, ambos se convirtieron en dos de las figuras más destacadas de la oposición a la dictadura somocista.

Después de la muerte de su marido (asesinado en enero de 1978) Chamorro, todavía con muy poca experiencia política, llega al primer plano de la política nacional.

“Yo me entregué a ella [a la política] para que Pedro y Nicaragua pudieran triunfar a través de mí”, escribió en sus memorias “Sueños del corazón”.

Tras la Revolución Sandinista de 1979, el rechazo a la dictadura la llevó a participar de la primera Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, donde conoció al por ese entonces -y también ahora- presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, líder del proceso revolucionario de aquella época.

Disconforme con el rumbo que tomaban las cosas, Barrios de Chamorro renunció a la Junta que había quedado dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a la que siguió criticando desde La Prensa.

Más tarde, la periodista pasó a integrar una heterogénea coalición de 14 partidos, llamada Unión Nacional Opositora (UNO), que estaba unida solo por el rechazo común al gobierno del FSLN.

En 1991, Chamorro se presentó como candidata a presidenta de Nicaragua por la coalición opositora, y ganó las elecciones con el 54 % de los votos. De esa manera, pasó a ser la primera mujer en ocupar el cargo a presidenta.

“Devolveré al pueblo el derecho a elegir a sus dirigentes mediante elecciones justas y abiertas. Y, sobre todo, ofreceré honradez, no sólo en apariencia sino también en la práctica”, anunció en aquel momento.

Una vez en el gobierno, Chamorro revirtió parte de las medidas adoptadas por el FSLN. Desplegó un plan de austeridad fiscal y privatización de empresas públicas, al mismo tiempo que negoció con el FSLN el mantenimiento de algunos logros de la revolución.

En enero de 1997, al terminar su mandato y no contar con la posibilidad de la reelección, Barrios de Chamorro se retiró de la política.

Dos décadas después, una de sus cuatro hijos, Cristiana Chamorro, presentó su precandidatura a la presidenta del país para las elecciones de 2021, pero su intento fue obstaculizado por el gobierno de Ortega.

En la actualidad, con 94 años, Chamorro vive en Costa Rica, donde está cerca de sus hijos, quienes viven fuera del país por la presión contra ellos del gobierno de Ortega.

2. Mireya Moscoso

• Presidenta de Panamá de 1999 a 2004.
• Partido Arnulfista.
• Primera Dama en 1968.

Mireya Moscoso asumió como presidenta de Panamá (1999-2004) cuatro meses antes de que Estados Unidos le entregara a su país el control del Canal de Panamá.

Moscoso se acercó a la política en 1960, después de casarse, a los 18 años, con el tres veces presidente de Panamá Arnulfo Arias Madrid (1940-1941; 1949-1951 y 1968), que le llevaba 45 años de edad.

Pero fue recién en 1988, tras la muerte de su marido, que Moscoso pudo desplegar un rol activo en la política panameña como heredera del legado político de Arias.

Formada como diseñadora de interiores por el Miami-Dade Community College, en Estados Unidos, Moscoso decidió dejar a un lado los prejuicios e involucrarse de manera directa en la política.

En 1991, Moscoso junto a Guillermo Endara refundarían el Partido Panameñista, que había llevado al marido de Moscoso a la presidencia, bajo el nombre de Partido Arnulfista (PA).

Luego de cuatro años de gobierno del Partido Revolucionario Democrático (1989-1994), el Partido Arnulfista volvió al poder en 1999 con la victoria de Moscoso.

La primera mujer presidenta de Panamá buscó rescatar el legado de corte popular de su marido, en contraste al expresidente Pérez Balladares (1994-1999), asociado a las reformas económicas de libre mercado de mediados de la década del noventa.

Moscoso llegó a la presidencia después de haber prometido mejorar la educación, la atención médica y la vivienda para los más pobres del país, así como revertir la venta de empresas públicas a privados.

Los años en el poder de Moscoso son recordados por haber supervisado la entrega del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos.

3. Michelle Bachelet

• Presidenta de Chile de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018.
• Partido Socialista.
• Fue ministra de Salud y ministra de Defensa.
• Fue directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

Además de ser la primera mujer presidenta de Chile, Bachelet fue la primera de América Latina en haber ocupado el cargo de ministra de Defensa.

La vida política de la dos veces presidenta de Chile (2006-2010; 2014-2018) empezó en la universidad, donde se sumó al Partido Socialista mientras estudiaba Medicina.

El golpe de Estado de 1973 le cambia parte de los planes, después de que su padre, Alberto Bachelet, quien había sido parte del gobierno de Salvador Allende, quedara detenido por la dictadura y muriera en prisión.

En 1975, Bachelet sale exiliada de Chile y regresa al país cuatro años más tarde.

En democracia, quien sería la primera mujer presidenta de Chile retoma la política en el cargo de ministra de Salud del presidente Ricardo Lagos. En 2002 asume el puesto de ministra de Defensa, la primera mujer del país y de América Latina en liderar esa cartera.

En la actualidad, los ministerios más ocupados por ministras mujeres son Mujer e Igualdad de género, Familia e infancia, Inclusión social y Desarrollo, según ONU Mujeres, mientras que espacios como Seguridad y Defensa siguen, en su mayoría, en manos de hombres.

Bachelet estudió Estrategia Militar en la Academia Nacional de Estrategia y Política de Chile, y en el Colegio Interamericano de Defensa de Estados Unidos.

En 2005, presentó su candidatura a la presidencia de Chile por la Concertación y ganó las elecciones con el 53 % de los votos en segunda vuelta.

Entre los logros de su gestión se destacan las reformas educativa y tributaria, así como la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

En materia de género, Bachelet avanzó con la creación del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género y las cuotas de género para incrementar la participación política de las mujeres.

De 2011 a 2013, la expresidenta de Chile fue directora de ONU Mujeres y, entre 2018 y 2023 ocupó el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

4. Cristina Fernández de Kirchner

• Presidenta de Argentina de 2007 a 2012 y de 2012 a 2015.
• Partido Justicialista (PJ).
• Primera Dama 2003 a 2007.
• Diputada, senadora y vicepresidenta de 2020 a 2023.

Cristina Fernández de Kirchner llegó a la presidencia de Argentina después de un largo recorrido político.

Dos veces presidenta de Argentina (2007-2012; 2012-2015), Fernández de Kirchner empezó su militancia política en la agrupación peronista de izquierda Federación Universitaria por la Revolución Nacional (FURN) mientras estudiaba Derecho.

En 1974, conoce a Néstor Kirchner –quien sería poco tiempo después su marido y presidente de Argentina en 2003- en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Mientras su esposo ejercía el cargo de gobernador de Santa Cruz en la década de 1990, Cristina empieza un amplio camino legislativo.

Primero como diputada provincial, después senadora por Santa Cruz, diputada nacional y otra vez senadora. Así fue ganando experiencia.

En 2006, mientras gobernaba su marido, el peronismo anunció su candidatura a la presidencia, a pesar de que Néstor Kirchner tenía la posibilidad de gobernar un mandato más.

Un año después, se consagra en primera vuelta con el 45% de los votos como la primera presidenta electa de Argentina, en una elección donde los dos candidatos más votados fueron mujeres.

En 2011, un año después de la repentina muerte de Néstor Kirchner, Cristina confirmó que se presentaría para un segundo mandato. Elecciones que ganaría en segunda vuelta con el 54% de los votos.

Luego de la derrota de su espacio político ante Mauricio Macri en 2015 (ella no fue candidata porque no estaba habilitada para hacerlo), Fernández de Kirchner anunció para las presidenciales de 2019 una fórmula electoral en la que ella se presentaría como vicepresidenta y Alberto Fernández sería el presidente.

Para sus seguidores, Cristina es recordada por haber desplegado políticas de inclusión como la Asignación Universal por Hijo, la duplicación del porcentaje del Producto Interno Bruto (PBI) destinado a educación y la promulgación de la Ley de Matrimonio Igualitario.

Para los críticos, la expresidenta no es más que un exponente de la corrupción por la que mantiene varios frentes abiertos en la justicia por enriquecimiento ilícito, por lo que fue condenada en 2022.

Lo que pocos discuten es la centralidad política que ha tenido su figura en el escenario político argentino de las últimas dos décadas.

5. Laura Chinchilla

• Presidenta de Costa Rica de 2010 a 2014.
• Partido Liberación Nacional (PLN).
• Vicepresidenta de Costa Rica de 2006 a 2008, ministra de Justicia, diputada y ministra de Seguridad.

Laura Chinchilla Miranda fue la primera mujer elegida presidenta de Costa Rica el 7 de febrero de 2010, por un período de cuatro años.

Chinchilla es graduada de la carrera de Ciencia Política, en Universidad de Costa Rica, y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown.

Fue ministra de Seguridad Pública en la presidencia de Óscar Arias Sánchez, lo que la convirtió en la primera mujer en ocupar ese puesto. También se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional contra las Drogas.

En 2006, fue elegida vicepresidenta de Costa Rica, asumiendo al mismo tiempo el cargo de ministra de Justicia. Finalmente, en 2010 llegó a la presidencia del país con el 47% de los votos.

En paralelo, se dedicó al sector internacional, trabajando como consultora en América Latina y África con diversos organismos internacionales en el área de reforma institucional, en especial en seguridad pública.

Chinchilla continúa formando parte de los consejos asesores de varias organizaciones, incluido el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral y el Club de Madrid.

En 2020 anunció que iba competir por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero decidió retirarse después de que Donald Trump anunciara una candidatura por parte de Estados Unidos.

6. Dilma Rousseff

• Presidenta de Brasil de 2011 a 2014 y de 2015 a 2016.
• Partido de los Trabajadores (PT)
• Fue ministra de Minas y Energía y ministra de la Casa Civil de Brasil.
• Actual presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.

La primera mujer elegida presidenta de Brasil no pudo terminar su segundo mandato.

Dilma Rousseff, quien llegó a ocupar el Palacio de la Alvorada en dos períodos consecutivos (2011-2014; 2015-2016), resultó destituida de su cargo por el Senado bajo el argumento de haber violado las normas presupuestarias.

La decisión que ella calificó de “golpe institucional” fue el resultado de un juicio político hecho por el Congreso en medio de la mayor crisis política del país de los últimos 60 años, por la explosión del escándalo de Odebrecht.

Si bien los motivos de la destitución de Dilma no estuvieron vinculados a este escándalo, el clima anti-política de la sociedad y los movimientos al interior de los distintos partidos posibilitaron su destitución.

Previo a ese momento era percibida, según datos de las encuestas, como una persona que adoptaba una línea más dura contra la corrupción tras haber destituido a seis de sus ministros por sospechas de malos manejos.

Rousseff se acercó a la política en los primeros años de juventud, mientras estudiaba Economía en la universidad, poco tiempo después del golpe de Estado en 1964.

A pesar de no haber integrado las filas de los grupos armados, según ella misma dice, Rousseff empezó a militar en un partido universitario de izquierda y fue detenida, torturada y encarcelada tres años en la época de la dictadura.

Ya en democracia, Rousseff creció más por su capacidad técnica que por su habilidad política.

En la primera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma dio su gran paso político al ser designada ministra de Minas y Energía. Luego pasó a ocupar el influyente puesto de jefa de gabinete de Lula como ministra de la Casa Civil.

En 2011, con el respaldo del popular expresidente, Rousseff se convierte en la candidata por el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT). Ese mismo año consigue ganar las elecciones en Brasil y se convertirse en la primera mujer presidenta de la economía más grande de América Latina.

Dilma se ganó la admiración de muchos por ser una líder de centro con determinación y habilidad técnica. Mientras que otros la cuestionan por la falta de autonomía de Lula y la corrupción.

Desde hace un año Rousseff dirige el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la institución financiera del bloque de países emergentes.

7. Xiomara Castro

• Presidenta de Honduras desde 2022.
• Partido de Libertad y Refundación (Libre).
• Primera Dama de 2006 a 2009.

Xiomara Castro fue electa presidenta de Honduras en noviembre de 2021 por 1.7 millones de personas, el mayor número de votos en la historia de Honduras.

Formada en Administración de Empresas, la presidenta de Honduras no tiene un largo recorrido político sino que empezó a participar activamente recién en 2006, tras la elección de su marido, Manuel Zelaya, como presidente de Honduras (2006-2009).

Castro emergería como líder política en las manifestaciones en las calles en 2009, lideradas por el entonces Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), tras la destitución y expulsión de su marido del país.

Como candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Castro pierde las elecciones de 2013 ante Juan Orlando Hernández. Era la segunda mujer hondureña en aspirar a la presidencia del país.

Recién en 2021, después de haber exigido control de transparencia electoral, Xiomara Castro ganó las elecciones con el 51 % de los votos.

La presidenta de Honduras hizo campaña en una plataforma que incluía la protección y expansión de los derechos de las mujeres en un país con altas tasas de feminicidio y políticas restrictivas de aborto.

Las mujeres en Honduras representan más de la mitad de la población, pero en 2022 sólo ocupaban el 6.37 % de los cargos de las alcaldesas electas y el 27.3 % de las parlamentarias, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

Las presidentas no electas

En la historia de América Latina, hay otras mujeres que fueron presidentas, aunque no hayan sido elegidas para ocupar ese cargo.

Ellas llegaron a ser la máxima autoridad del poder debido a situaciones excepcionales, como la muerte de un presidente, el vacío de poder tras un golpe de Estado y la destitución o renuncia de un jefe de Estado.

María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel Perón o Isabelita, ​ejerció el cargo de presidenta de Argentina de 1974 a 1976, tras la muerte de Juan Domingo Perón. Isabel no fue electa para el cargo de presidenta sino para el de vicepresidenta, pero fue la primera mujer en ejercer como presidenta en el mundo.

En Bolivia, Lidia Gueiler Tejada llegó a gobernar el país entre 1979 y 1980. Gueiler Tejada era diputada cuando el Congreso la eligió como presidenta constitucional interina tras el vacío de poder que había dejado el golpe de Estado de Alberto Natusch.

Rosalía Arteaga fue la primera mujer presidenta en Ecuador, en 1997, pero por un brevísimo periodo: dos días. Estuvo en el cargo del país tras la destitución de Abdalá Bucaram. Arteaga había sido elegida vicepresidenta, pero se convirtió en la primera mujer del país en ejercer la función de presidente.

En los últimos años, la senadora Jeanine Añez en Bolivia ejerció el puesto de presidenta interina tras la renuncia de Evo Morales.

Y Dina Boluarte dirige actualmente Perú después de la destitución de Pedro Castillo.

Claudia Juana Rodríguez de Guevara se desempeñó como “designada por el presidente de la república de El Salvador, encargada del Despacho” desde diciembre de 2023 y hasta el pasado sábado, cuando Nayib Bukele asumió su segundo mandato tras tomarse una licencia de medio año para poder presentarse a la reelección.

En la academia norteamericana tiene un uso ambiguo. Lawfare surgió en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, en una de sus unidades académicas, el Carr Center para política sobre derechos humanos. Los politólogos utilitarios de derecha lo llaman litigo estratégico, con el mismo justifican la judicialización de la política; mientras los críticos de izquierda usan Lawfare indicando el abuso del sistema jurídico con fines oligárquicos depravados.

La perversión legal como arma política ha sido ampliamente descrita por Emir Sader, el exsecretario de Clacso de 2006 a 2012, cuando refirió la defenestración en Brasil de Dilma Rousseff, y la inhabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato presidencial. Ha sido un arma neoliberal donde esconde su fracaso. Se realiza un ataque preventivo con el objeto de evitar un cambio de dirección social.

Los políticos corporativistas de derecha, los fachos, se suman a la justa lucha contra la corrupción para asegurar sus privilegios. Simulan ser partidarios del gobierno honesto buscando destruir la imagen pública de sus adversarios políticos. Para el efecto, combinan acciones legales sin base, con una cobertura mediática debida al horror a la izquierda en muchos medios de comunicación masiva, o por ser directamente herederos de la potencia triunfadora en la Guerra Fría. El resultado consiste en debilitar a la oposición, magnificando una vulnerabilidad construida.

Sostienen que la corrupción estatal debe extirparse. Ponen de ejemplo a las buenas prácticas de los empresarios, caracterizándolos como transparentes y eficientes. Sin mencionar las mañas monopólicas y el capitalismo de amiguetes. Se ataca a la gestión pública de estar ligada al derroche. Los políticos son echados en un mismo saco, sin reconocer diferencias de ideología. Todos buscan su enriquecimiento. Cuando se entrevista a un diputado, no se recuerda su partido pero se proscribe el transfuguismo; tampoco se refiere a actuaciones políticas anteriores. De esa cuenta, un patrocinador de sistemas permeables a la influencia de grupos de presión para nombrar funcionarios se convierte una y otra vez en proponente de reformas que facilitan la intromisión de oenegeros representantes de los intereses más oscuros del país y de inconfesables patrocinios internacionales.

En todo esto ayudan los santones izquierdosos y sacerdotes del stalinismo trasnochado. Las condenas son doctrinarias y abstractas; jamás se ofrecen pruebas. Nunca indican los nombres y apellidos de los propietarios o al menos las sociedades anónimas que consideran nefastas. Denuncian actividades agrícolas, mineras y comerciales en el país, pero no las atacan en los países donde reciben patrocinios. Mucho menos señalan personajes aliados a esos negocios. En consecuencia, nada impide a semejantes hidalgos pasearse con la espada desenvainada en los foros televisivos y promover palabritas precedidas de numerales, donde aparentan luchar contra la corrupción y apoyar a los semidioses infalibles constructores de la culpa judicial, a través del lawfare.

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Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La oposición fracasó en sus intentos de frenar la votación tanto en el Senado como mediante una demanda de inconstitucionalidad que presentó ante la Corte Suprema y que ni siquiera fue aceptada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del tribunal.

La enmienda constitucional aprobada dice que el aumento del gasto público anual estará limitado durante los próximos veinte años a la tasa de inflación del ejercicio anterior y que ese techo solo podrá ser revisado una vez transcurrida la primera década.

Según el Gobierno, ese límite detendrá el proceso de aumento de la deuda pública en relación al producto interno bruto  (PIB) , lo que considera “indispensable”  para recuperar el equilibrio fiscal.

Los datos oficiales dicen que, entre 1997 y el 2015, el gasto público en Brasil creció a una media del 6 % por encima de la inflación del año anterior, lo que el Ministerio de Hacienda ha calificado de “insostenible” .

El Gobierno argumenta que, entre el 2008 y el 2015, ese proceso se acentuó, el gasto aumentó hasta un 50 % respecto a la inflación y esa diferencia fue financiada con emisión de deuda, lo cual impactó en las arcas públicas y en toda la actividad económica del país, que está hace dos años en una profunda recesión.

 La senadora Fátima Bezerra, del Partido de los Trabajadores  (PT), que hoy pidió cancelar los debates, dijo que el Gobierno “solo quiere revocar por 20 años las inversiones para los más pobres, pero sin proponer un techo para pagarle la deuda a los banqueros” .

Según Bezerra, se trata de un “delito de lesa patria”  que ya “ha sido condenado por la mayoría de la población” .

En ese marco, la senadora del PT citó una encuesta publicada hoy por el instituto Datafolha, según la cual al menos el 60 % de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto, que solo cuenta con el apoyo del 24 % de la sociedad.

Frente a la votación realizada en el Senado, sindicatos y movimientos sociales han convocado una jornada de protestas, que llevó a las autoridades de Brasilia a reforzar la presencia policial en los alrededores del palacio legislativo.

Para garantizar la seguridad, también fue cortado el tránsito de vehículos en la Explanada de los Ministerios, una céntrica avenida de la capital en la que se sitúan todos los edificios del poder, incluidos el Parlamento y el Palacio presidencial de Planalto.

Severos recortes del gasto público

Según los críticos de esa medida, ese límite impondrá severos recortes del gasto público durante las próximas dos décadas en áreas en las que el país requiere de una ingente presencia del Estado, como la salud, la educación y la atención de los más pobres.

La reforma del “techo de gastos”  implica que el presupuesto solo podrá aumentar para compensar la inflación del año anterior.

Temer y su ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, esperan neutralizar de ese modo el gigantesco déficit fiscal, previsto en 163 mil millones de reales  (48 mil millones de dólares) en el 2016 y empezar a recuperar la confianza de los mercados para sacar al país de su peor recesión en más de un siglo.

Sus críticos denuncian una medida que afectará las ya maltrechas áreas de salud y educación. Alegan además que el conservador Temer, que accedió a la Presidencia tras el impeachment de Dilma Rousseff  (PT, izquierda) , no tiene la legitimidad de las urnas para llevar adelante sus reformas.

El relator de la ONU sobre cuestiones de pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alson, afirmó la semana pasada que se trata de una reforma “desprovista de cualquier matiz y compasión” , que “afectará con mucha más fuerza a los brasileños más pobres y vulnerables” .

Esta votación es la última que falta para la aprobación definitiva de esta enmienda constitucional, que requiere dos aprobaciones por mayoría cualificada en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. En la primera votación en la cámara alta, el 29 de noviembre, contó con el respaldo de 61 de los 81 senadores.

Su aprobación entrará en vigencia esta misma semana.

La oposición presentó varios recursos para tratar de aplazar la votación, que fueron rechazados por la corte suprema.

La sesión está dirigida por el presidente del Senado, Renan Calheiros, que la semana pasada consiguió ser confirmado en el cargo por la corte suprema pese a ser inculpado de malversación de fondos públicos, y contra quien el lunes el fiscal general presentó por primera vez cargos en el marco del megaescándalo de Petrobras.

La enmienda del “techo de gastos”  es apenas la primera del plan de ajustes de Temer. La siguiente -la reforma del sistema de jubilaciones- pretende establecer una edad uniforme de 65 años para el retiro de hombres y mujeres y un periodo de contribuciones de 49 años para gozar del 100% del beneficio.

Temer bajo presión en todos los frentes

La votación de las reformas en el Congreso transcurre en el marco de nuevas revelaciones de la Operación Lava Lato sobre el caso Petrobras. En los últimos días, varios ministros y legisladores oficialistas, y el propio Temer, han sido mencionados por exejecutivos de la constructora Odebrecht como presuntos beneficiarios de sobornos.

El presidente negó tajantemente haber pedido en el 2014 10 millones de reales  (4.2 millones de dólares al cambio promedio de ese año) para financiar campañas electorales de miembros de su partido, como alega uno de los delatores.

Las revelaciones debilitan aún más a Temer, que cuenta con apenas un 10% de opiniones favorables, y complican su objetivo declarado de entregar en país “saneado”  a quien resulte electo para sucederlo en el 2018.

Un 63% de los brasileños, de acuerdo con Datafolha, desea que el mandatario renuncie antes de fin de año y que haya una elección presidencial directa.

Los malos datos se acumulan para el mandatario en todos los frentes, con un agravamiento de la recesión, que este año será de 3,5%, después de haber llegado a 3,8% en el 2015, y proyecciones negativas sobre el desempleo, que afecta a casi 12 millones de brasileños  (11,8% de la población activa) .

Para tratar de recuperar la iniciativa, Temer y Meirelles prometen una “agenda positiva”  de medidas microeconómicas, con vistas a incentivar la actividad.

Algunos manifestantes, identificados con la izquierda y los movimientos estudiantiles, ingresaron al espejo de agua frente a la entrada principal del Congreso y volcaron un vehículo, antes de ser dispersados por una lluvia de gases lacrimógenos, indicaron periodistas de la AFP.

Pero los participantes en la marcha resistieron las cargas policiales erigiendo barricadas a lo largo de la explanada de los ministerios, donde quemaron varios vehículos estacionados. En los enfrentamientos, destrozaron los vidrios de varios ministerios y realizaron pintadas en sus muros.

El gobierno conservador de Michel Temer considera que la limitación del gasto público es una medida esencial para impedir la “quiebra” del país, que cerrará 2016 con su segundo año consecutivo en recesión.

La oposición ve en cambio en esa iniciativa una amenaza de degradación aún mayor de los ya empobrecidos sectores de salud y educación.

“Espero que los senadores, antes de apretar el botón, consigan pensar un poco en lo que está sucediendo aquí”, dijo a la AFP un manifestante, Gabriel Siqueira, de 21 años.

“Soy estudiante de economía, soy becario, pero las becas ya están siendo cortadas. Quiero formarme, hacer una maestría, pero es cada vez más difícil estudiar porque ellos están aprobando ese tipo de cosas”, agregó, señalando hacia el Congreso.

Antes de que se iniciaran los disturbios, los participantes coreaban “Fuera Temer”, quien llegó al poder tras la destitución este año de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas.

La reforma constitucional debería ser aprobada est martes con una confortable mayoría en primera lectura en el Senado.

Un diputado del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), Zé Geraldo, entró al plenario donde se debatía un paquete de medidas contra la corrupción para avisar a sus colegas que en los alrededores del palacio legislativo se había desencadenado “una verdadera guerra”.

Temer repudia vandalismo

En tanto el presidente brasileño expresó su “repudio” frente al “vandalismo, la destrucción y la violencia” de grupos de manifestantes que protestaron el martes contra su Gobierno en Brasilia y, en especial, frente a la sede del Congreso.

“La intolerancia no es una forma de expresión democrática y no puede ser un instrumento para presionar al Congreso”, señaló Temer en un comunicado, en el que aseguró que el Gobierno “está siempre abierto al diálogo y defiende el derecho a las reivindicaciones”.

Temer aludió a algunos ataques contra periodistas y coches de medios de comunicación ocurridas durante la protesta, condenó las agresiones y aseguró que “así como la Constitución defiende la libertad de manifestación, también protege la libertad de prensa”.

Aprobado

El Senado de Brasil aprobó el martes en la primera de las dos votaciones necesarias una propuesta que restringe el gasto público durante los próximos 20 años y supone la base del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Michel Temer.

El proyecto, que plantea una enmienda constitucional, recibió el apoyo de 61 senadores y fue rechazado por otros 14, por lo que será sometido en los próximos días a una segunda votación y, en caso de ser aprobado, será remitido al presidente Temer para sanción.

La propuesta plantea limitar el aumento del gasto público anual a a la tasa de inflación del ejercicio anterior durante las próximas dos décadas, con la posibilidad de que eso sea revisado solamente una vez que hayan transcurrido los primeros 10 años.

Los críticos de esa iniciativa sostienen que, en la práctica, se congelará la inversión estatal, ya que se impediría que tenga algún crecimiento real durante los próximos 20 años.

La propuesta fue duramente combatida por la oposición, por los sindicatos y por movimientos sociales, que consideran que sobre todo se congelarían los gastos en áreas críticas como educación y salud.

Las protestas obligaron al Gobierno a ceder y modificar la propuesta original para que la limitación de los gastos en salud y educación tan sólo se aplique a partir del 2018.

El proyecto es la columna vertebral del ajuste fiscal con el que Temer pretende sanear las cuentas públicas y recuperar la confianza de los inversores, a fin de que Brasil supere la grave recesión que afronta desde el año pasado.

El exdiputado es dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el presidente del país, Michel Temer, quien está en el poder desde el pasado 31 de agosto, tras la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff.

Según las fuentes consultadas por Efe, Cunha fue detenido en el barrio Asa Sul, uno de los más acomodados de la capital brasileña, en la que aún mantenía una residencia tras haber sido despojado de su escaño.

Como presidente de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite las acusaciones de irregularidades fiscales que dieron inicio al proceso que llevó a la destitución de Rousseff por presuntos malos manejos en los presupuestos.

En julio pasado, al renunciar a la presidencia de la Cámara baja en medio del proceso que finalmente le costó el escaño, Cunha se ufanó de haber iniciado el trámite que llevó a la caída de Rousseff.

“Estoy orgulloso por haber ayudado a que Brasil se librara de uno de los Gobiernos más corruptos que ha tenido”, declaró entonces.

Sin embargo, el propio Cunha, cuando inició el proceso contra la exmandataria, ya era investigado por su presunta participación en la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras, de la que habría recibido unos US$5 millones en sobornos.

Según la acusación, Cunha mantenía oculto ese dinero en cuentas cifradas abiertas en bancos suizos, lo que el exdiputado siempre negó, aunque sus argumentos fueron desbaratados por la justicia helvética, que comprobó la existencia de esos depósitos.

Tras esa comprobación y otros indicios, el Supremo abrió tres causas distintas contra Cunha, una de las cuales fue remitida al juez Sergio Moro, responsable de la investigación en Petrobras, una vez que perdió su escaño.

Según las autoridades policiales, tras su detención en Brasilia, Cunha será trasladado a la ciudad de Curitiba, en el sur del país, donde están centradas todas las operaciones sobre la red de corrupción que operó en Petrobras.

“Declaro la pérdida del mandato del diputado Eduardo Cunha por conducta incompatible con el mandato parlamentario”, señaló el fallo leído en el recinto.

Ultraconservador, evangélico y fino conocedor de los laberintos reglamentarios del Congreso, Cunha fue acusado ante el Consejo de Ética de la cámara de mentir a sus pares al afirmar ante la Comisión de Ética que poseía cuentas bancarias en Suiza.

Enfrenta además causas ante el Supremo tribunal federal (STF) por corrupción pasiva, lavado de dinero, ocultamiento de cuentas en el extranjero abastecidas con dinero ilegal de Petrobras, abuso de poder y realización de maniobras para obstaculizar investigaciones, entre otras.

Durante su alegato, Cunha criticó a Rousseff y al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y durante largos pasajes encarnó al político calculador y dominante de los días en que presidía la Cámara. No obstante, por momentos se le quebró la voz. “No mentí, no hay cuenta, ¿dónde está la prueba? No hay prueba (…) No me juzguen por lo que dice la opinión pública”, pidió.

“Es el precio que estoy pagando para que Brasil quede libre del PT. Me están cobrando el precio del impeachment que acepté y que nadie más estaba en condiciones de hacer en ese momento”, dijo después de recordar a sus colegas que al menos 160 de ellos también enfrentaban investigaciones judiciales.

Rousseff acusó a Cunha y a su vicepresidente Michel Temer, que la reemplazó tras ser destituida, de haber llevado a cabo un “golpe de Estado” parlamentario.

Tanto Cunha como Temer pertenecen al partido de centro derecha PMDB, que fue durante largos años el principal aliado del PT.

Función final

Tras ser electo presidente de la Cámara en 2015 y devenir segundo en la línea de sucesión de Rousseff, le declaró la guerra al gobierno, irritado por acusaciones de que había cobrado al menos cinco millones de dólares en sobornos para facilitar negocios en Petrobras, convencido de que eran motorizados por el PT.

Para la exmandataria, Cunha acogió el pedido de impeachment para vengarse por el hecho de que el gobierno no le hubiera apoyado para evitar el proceso que le abrió la Comisión de Ética.

La estrella de Cunha empezó a apagarse cuando el STF lo suspendió en mayo por una larga lista de cargos tras una denuncia de la Procuraduría General que afirmaba que no poseía “las condiciones personales mínimas” para ejercer el cargo.

En la noche del lunes, de traje azul oscuro y corbata amarilla, este político conocido como “el Frank Underwood brasileño” -en referencia al maquiavélico protagonista de la serie “House of Cards”- se alejó de su estilo meticuloso y aferrado a los vericuetos reglamentarios para dar un discurso salpicado de referencias religiosas, en el que solicitó a sus pares que voten en favor de su inocencia.

Cunha sobrevivió políticamente apenas dos semanas a Rousseff, su acérrima enemiga.

En su discurso, afirmó que, cualquiera fuese la decisión sobre su futuro, nadie le quitará “el placer de que ese gobierno criminal se fuera”.

Como en cada mención que hizo contra Rousseff, sus palabras fueron acompañadas por algunos aplausos. Lo cual no obstó que al final hubiese sido abandonado incluso por muchos de sus compañeros del PMDB, que optaron por su destitución.

Poca duda cabe de que habrá bastante discusión al respecto durante mucho tiempo, y que conforme se vayan diluyendo las pasiones será posible analizar con serenidad la forma de actuar de la única mujer que ha ocupado el cargo de presidenta en ese país.

La hoy exgobernante siempre sostuvo su inocencia y se enfrentó con serenidad elegante y convicción a los senadores, a quienes acusó de estar a punto de cometer un golpe de Estado institucional. Eso es digno de señalarse porque constituye un insoslayable ejemplo para los mandatarios que en otros países deban enfrentar los efectos de la pérdida de popularidad, los graves problemas políticos y, sobre todo, las consecuencias de la corrupción de miembros importantes de un partido de gobierno.

Los políticos deben pagar con sanciones políticas los delitos de esta clase. Se debe señalar que hasta ahora no ha habido acusaciones directas de corrupción de la presidenta, como sí las hubo y las sigue habiendo en casos como los juicios a los exmandatarios guatemaltecos, provocados por el abierto quebrantamiento al orden legal.

Hasta ahora, el rechazo contra la decisión política del senado brasileño ha sido presentada por Raúl Castro, Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro, cuarteta de políticos caracterizados por su autoritarismo, irrespeto o rechazo a las instituciones democráticas. Por eso le hacen en la vida práctica un flaco favor a Rousseff en los sectores políticamente serenos del continente.

Es un hecho que se aplicaron las leyes brasileñas al respecto, interpretadas de una manera que divide a los ciudadanos. Es un hecho también que la constante comisión de abusos y de malas prácticas de las leyes y de la relación entre instituciones estatales no puede ser considerada justificación. Y es un hecho adicional que las consecuencias de acciones irregulares en estas entidades alcanzan a las más altas autoridades, que aunque no siempre tienen culpabilidad directa, tampoco pueden soslayar su responsabilidad.

Es muy poco probable que la destitución no constituya la muerte política de Rousseff, y ello depende de que, como ella misma expresó en su propia defensa, con lo decidido ayer no necesariamente cambiarán las cosas. Sin embargo, su salida forzada se convirtió en una condición indispensable para la mayoría de brasileños, ya sea opuestos ideológicamente o ahora descontentos por los efectos de ese cambio. Falta ver si la predicción se cumple.

La carrera política de Rousseff transcurrió en un solo partido, lo que en el caso de Guatemala simplemente no ocurre, ante el vergonzante transfuguismo. Es muy temprano para saber qué ocurrirá en el corto plazo, pero es seguro que marca de manera positiva la historia latinoamericana y abre un proceso que tampoco será corto.

“Volveremos, volveremos”, prometió Rousseff en su primer mensaje de despedida como mandataria.

“Hoy el Senado Federal tomó una decisión que ingresa a la historia como una de las grandes injusticias”, afirmó visiblemente emocionada, pero sin derramar ni una lágrima.

“Oigan bien: ellos piensan que nos vencerán, pero están equivocados. Sé que todos vamos a luchar”, añadió.

En tanto, dos partidos políticos anunciaron que recurrirán ante la Justicia la decisión del Senado de mantener los derechos políticos de la recién destituida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

Países protestan

A pocas horas de la destitución de Rousseff, varios países condenaron lo que tamibén denominaron “golpe de Estado”.

El Gobierno de Cuba rechazó “enérgicamente” el “golpe de estado parlamentario-judicial” contra la recién destituida presidenta brasileña Dilma Rousseff, y lo calificó como otra expresión de la ofensiva imperialista contra América Latina y el Caribe.

“El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba rechaza enérgicamente el golpe de estado parlamentario-judicial que se ha consumado contra la presidenta Dilma Rousseff”, señala una nota publicada en la página oficial de la Cancillería cubana.

En el texto se indica que la separación de Rousseff de la Presidencia “sin que se presentara ninguna evidencia de delitos de corrupción ni crímenes de responsabilidad”, constituye “un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió”.

Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió retirar a su máximo representante diplomático en Brasil, tras la destitución.

“Destituyeron a Dilma. Una apología al abuso y la traición. Retiraremos nuestro encargado (de negocios) de la embajada” en Brasilia, escribió el mandatario en Twitter.

En mayo, Quito llamó a consultas a su embajador en Brasil, Horacio Sevilla, que desde entonces no volvió al puesto y en junio fue nombrado representante permanente de Ecuador ante Naciones Unidas.

“Aunque aún este Consejo no se haya dado por enterado, se ha dado un golpe de Estado parlamentario en el país más grande de Suramérica”, llamó la atención el embajador de Bolivia, Diego Pary, en un Consejo ordinario semanal que discurría sin alusiones a la noticia que ocupaba todas las portadas de diarios.

“Creíamos que la democracia estaba consolidada pero esto nos muestra que la democracia siempre estará frente a los desafíos siniestros de la oscura historia antidemocrática”, afirmó Pary, para subrayar después que “la legitimidad solo la entrega el voto del pueblo”.

La representante alterna de Venezuela, Marlene Da Vargem ,mostró su apoyo al embajador boliviano, condenó “el golpe de Estado parlamentario” e insistió en que “solo los ciudadanos pueden decidir”.

El representante alterno de Nicaragua, Luis Exequiel Alvarado, condenó también “el golpe de Estado parlamentario en contra de Dilma” y dijo que “las fuerzas regresivas del hemisferio siguen trabajando para provocar golpes de Estado en contra de los gobiernos progresistas de la región”.

El embajador de Ecuador en la OEA, Marco Vinicio Albuja, leyó un comunicado de su Gobierno en el que se asegura que “políticos adversarios se confabularon para remover de su cargo a Rousseff”.

Albuja habló también de “espurio procedimiento de destitución”, remarcó que “no se probó que la mandataria haya cometido delitos” y consideró que se trata de “sucesos inaceptables en el siglo XXI que constituyen un grave retroceso en la consolidación de la democracia en la región”.

El Senado inició el martes la votación final del juicio, que se podría alargar hasta mañana.

Y los aliados del presidente interino, Michel Temer, dicen contar con los votos suficientes para apartar definitivamente a Rousseff e imponer a Temer hasta finales del mandato, en el 2018.

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La del lunes fue la última oportunidad de Rousseff para defenderse ante laclase política brasileña y hacer cambiar de opinión a los senadores.

Y en un discurso para los brasileños y para la historia, Rousseff trató “de salvar su biografía, mencionó cuando fue torturada, sobrevivir el cáncer y para explicar que no va a dejar de dar batalla hasta el final, como está haciendo”, explicó Pablo Uchoa, de BBC Brasil.

Si es condenada políticamente, Rousseff todavía puede recurrir al Tribunal Supremo Federal.

Estas fueron las principales ideas de su discurso.

1. “El pueblo, solo el pueblo”

Rousseff incidió en la idea principal de su defensa desde que, el 18 de abril recién pasado, una mayoría de diputados votara a favor del “impeachment” y el Senado lo refrendara en mayo.

“No es legítimo, como quieren los que me acusan, apartar al jefe de Estado y de gobierno por no estar de acuerdo con el conjunto de su obra”, dijo Rousseff.

2Quien puede apartar al presidente por el conjunto de su obra es el pueblo, solo el pueblo, en las elecciones”, argumentó.

La acusación central contra Rousseff se basa en que presuntamente violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestario.

El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal.

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Rousseff y sus seguidores mantienen que el juicio político es en realidad una forma de sacar a la presidenta del poder bajo el amparo de una supuesta legalidad.

“Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad”, dijo la política del Partido de los Trabajadores (PT).

Desde su suspensión en mayo, Rousseff no ha participado en la vida pública de su país y ni siquiera acudió a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río.

2. “Un rotundo golpe, un golpe integral”

La presidenta suspendida de Brasil calificó el juicio político de golpe de Estado.

“Si me juzgan sin haber cometido un crimen de responsabilidad, se trata de un golpe, es un rotundo golpe, un golpe integral”, afirmó.

Y lo dijo al tiempo que aseguró respetar la institución del Senado y a los senadores que la quieren apartar.

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Para Rousseff y sus seguidores, la razón última del juicio político es sacar a su gobierno para satisfacer los intereses de la élite del país.

“Hoy, una vez más, al ser perjudicados y no satisfechos en las urnas los intereses de sectores de la élite económica y política, nos vemos ante el riesgo de una ruptura democrática”, afirmó la política del PT.

Pero en lugar de hacerlo mediante la fuerza, aseguró, sus detractores la quieren apartar “por medio de la violencia moral y de los pretextos constitucionales para que se dé apariencia de legitimidad al gobierno que asume sin el amparo de la urnas”.

3. “Juzgados por la historia”

Rousseff recordó que su compromiso político se remonta a los años de lucha contra la dictadura militar, cuando fue torturada y encarcelada, un periodo en el que “tenía miedo de la muerte y de las secuelas de la tortura”.

“Pero no cedí, resistí”, afirmó.

“Ahora no hay torturas, pero también miro a los ojos de las personas que me juzgan. Y todos nosotros seremos juzgados por la historia”, dijo Rousseff.

“Esta es la segunda vez en mi vida en que, junto a mí, se juzga a la democracia”, añadió.

Aunque luego quiso decir que su caso no es un caso personal, sino en defensa de los derechos de los brasileños.

“No lucho por mi mandato por vanidad o por apego al poder, como es característico de los que no tienen carácter, principios o utopías por conquistar”, dijo.

“Lucho por la democracia, por la verdad y por la justicia. Lucho por el pueblo de mi país, por su bienestar”.

Ahora, “a los casi 70 años, después de ser madre y abuela, nunca renunciaría a los principios que siempre me guiaron: tengo un compromiso con mi país, con la democracia y el Estado de Derecho”.

4. “Sin mujeres ni negros”

Además, Rousseff criticó con dureza al gobierno interino de Michel Temer, que ha pasado de ser su vicepresidente y aliado a ser su mayor contrincante.

Su gobierno “no tiene mujeres en los ministerios, cuando el pueblo en las urnas escogió a una mujer para poner al mando de ese país”, criticó Rousseff.

“Un gobierno que carece de negros en su composición ministerial y que ha revelado un profundo desprecio por el programa escogido y aprobado por el pueblo en el 2014”, prosiguió.

La destitución presidencial prevista en la Constitución de Brasil implica que se pruebe que un mandatario cometió un crimen de responsabilidad, es decir un delito, para ser destituido. Y todos los argumentos esgrimidos durante la votación para separarla del cargo fueron políticos. Así lo evidenció la propia presidenta ayer, cuando se presentó ante el senado para realizar su defensa.

En todo caso, lo actuado por Dilma ameritaría una sanción administrativa, pero en ningún caso su destitución, porque la mandataria no ha cometido delito alguno, ni está señalada por un caso de corrupción.

Esta es una maniobra política de la oposición brasileña —en connivencia con el poder económico y los monopolios mediáticos— para defenestrarla y llegar al Gobierno retorciendo la ley. Recordemos que Rousseff obtuvo 54 millones de votos y fue reelecta para un nuevo periodo que termina en 2018, y que la derecha brasileña no ha podido recuperar el poder desde la primera elección que ganó el Partido de los Trabajadores.

Lo que está en marcha en Brasil es un proceso antidemocrático que busca burlar la voluntad popular con artimañas judiciales y políticas. Eso sentaría un nefasto precedente para las democracias latinoamericanas porque implica la violación constitucional y abona el camino para concretar golpes de Estado maquillados de legalidad. Si se logran 54 votos de los 81 en el senado, Rousseff sería separada definitivamente de la presidencia y quedaría inhabilitada para ejercer cualquier cargo público en los siguientes ocho años. Así se conseguiría lo que por la vía legal y democrática la oposición brasileña no ha podido obtener.

Pero lo de Brasil no es solo un tema interno, es parte de una contraofensiva de la derecha continental y tiene un doble objetivo: alinear al gigante sudamericano con el ajuste global y poner sus recursos naturales, financieros e industriales al servicio de ese ajuste; y golpear duramente el proceso de construcción de alternativas progresistas en el Continente. Y eso, tratándose de Brasil, tiene una enorme repercusión para los pueblos, movimientos sociales y países con gobiernos progresistas y de izquierda.

Durante la última década, Brasil tuvo un papel central en el fortalecimiento del Mercosur, en la creación de la Unasur y la Celac, y en los Brics, que plantearon un sistema financiero propio, fuera del Banco Mundial y el FMI, y también una coordinación económica y militar alternativa a la de Estados Unidos y sus satélites. Y esta es una razón muy poderosa para tratar por todos los medios de que Brasil cambie de rumbo.

Seguramente antes de que termine la semana conoceremos el desenlace de este vergonzoso capítulo que lastima la democracia brasileña y la de nuestra región. Acostumbrados como estamos a que los sectores de poder quiten del medio a quienes les estorban, resulta una enorme lección de dignidad y valentía el grito del pueblo brasilero, que ha dejado claro que no claudicará y que nada terminó, que la lucha continúa.

@MarielosMonzon

El Senado, que tendrá la última palabra sobre el destino de Rousseff, remitió este lunes el informe con las explicaciones sobre el proceso de destitución contra la presidenta, quien está suspendida de su cargo desde el pasado 12 de mayo.

El documento, firmado por el abogado del Senado, Alberto Cascais, señala que el proceso cumplió todos los “preceptos constitucionales, legales y reglamentarios”.

El Senado subrayó además que no se puede “hablar de cualquier ilegalidad o inconstitucionalidad en los actos practicados”  por los legisladores “elegidos por el pueblo”  y “en el uso de su competencia asegurada por la Constitución”.

La Cámara Alta comenzará el jueves el capítulo final del proceso que podría apartar a Rousseff definitivamente de su cargo si así lo decide una mayoría calificada  (54) de los 81 senadores.

El pleno del Senado escuchará a partir del jueves por última vez a los testigos de las partes y el lunes 29 está previsto que la presidenta suspendida ejerza personalmente su defensa por primera vez desde que comenzó el juicio.

En caso de ser destituida, Rousseff será sustituida definitivamente por el que fuera su vicepresidente, Michel Temer, quien concluiría el mandato que finaliza el 1 de enero del 2019, pero si fuera absuelta recuperará el poder.

Lula, presidente de Brasil del 2003 al 2010 e ícono de la izquierda latinoamericana, y al menos dos exministros de Rousseff también serán investigados por obstrucción de la justicia, informó la misma fuente.

La decisión de la Corte Suprema, que responde a un pedido de la fiscalía, convierte a Rousseff en formalmente investigada en relación a la llamada “Operación Lava Jato”, que desde el 2014 busca desentramar una red de corrupción que desvió más de US$2 mil millones de la petrolera.

Las principales constructores del país obtenían contratos en Petrobras a cambio de sobornos destinados a directivos de la estatal y a políticos y sus partidos.

El escándalo ha llevado a la cárcel o tiene bajo investigación a gran parte de la élite política y empresarial de Brasil.

Aclarar

“La apertura de la investigación es importante para dilucidar los hechos y aclarar que en ningún momento hubo obstrucción de la justicia”, dijo un portavoz de Rousseff, comentando el fallo de la Corte Suprema.

En marzo, Rousseff nombró a Lula como ministro de la Casa Civil, una jugada que fue interpretada por la fiscalía como un intento de dotar a su antecesor en la presidencia y padrino político de fuero privilegiado y obstaculizar así las investigaciones abiertas contra el expresidente en la justicia ordinaria, que habían comenzado a cercarle.

Los abogados de Lula afirmaron que el exmandatario “jamás practicó ningún acto que pueda configurar el delito de obstrucción a la justicia”  y que no se opone a ser investigado, siempre y cuando se respete el debido proceso legal, según el periódico brasileño O Globo.

La fiscalía también ve indicios de que Rousseff nominó a dos jueces del máximo tribunal de apelaciones a cambio de que estos votaran, llegado el momento, a favor de liberar a poderosos empresarios que están presos por participar del esquema corrupto en Petrobras.

Dramático pedido

En una carta abierta al pueblo y al Senado brasileño, la presidenta Dilma Rousseff hizo el martes un llamado agónico para frenar el proceso de impeachment que amenaza con destituirla a fin de mes, y pidió que “no condenen a un inocente”.

El mensaje leído ante la prensa en el Palacio de Alvorada repasó su carrera política, su tiempo de prisión y tortura durante la dictadura (1964-1985), y exhortó a los senadores a defender la democracia, a nueve días de que comience la etapa final del juicio, que según indican los sondeos, terminará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder.

“Pido a los senadores que no realicen la injusticia de condenarme por un crimen que no cometí. No existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente (…) Será necesario que el Senado cierre el proceso de impeachment, reconociendo ante las pruebas irrefutables que no hubo crimen”, señaló.

“Momento dramático”

Elegida en 2010 y reelegida en 2014, la primera mujer en presidir Brasil está acusada de violar la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso y fue reemplazada interinamente por su vicepresidente Michel Temer, a quien señala como la mano que está detrás de lo que llama un golpe parlamentario.

“Brasil vive uno de los más dramáticos momentos de su historia (…) Daré mi apoyo irrestricto a la convocatoria de un plebiscito con el objetivo de consultar a la población sobre la realización anticipada de elecciones”, anunció Rousseff en su misiva titulada “Mensaje al Senado y al pueblo brasileño”.

“Si se consuma el impeachment sin crimen de responsabilidad, tendríamos un golpe de Estado. El colegio electoral de 110 millones de electores sería sustituido por 81 senadores”, dijo.

Rousseff acusa a Temer, un abogado de 75 años, de haberla traicionado para llegar al poder apoyado por el Congreso y aplicar un programa liberal, alejado del sesgo más estatista que caracterizó a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) desde el 2003.

Acorralada políticamente, fue suspendida por el Senado el 12 de mayo y debió dejar el Palacio presidencial hundida en una gran impopularidad, responsabilizada por la crisis económica que golpea al país y con su partido ametrallado por acusaciones de corrupción.

Si el Senado la declara culpable, se convertirá en el segundo presidente en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor, que apoya su destitución.

Impeachment y Juegos Olímpicos

El proceso para derrocar a la ahijada política del exmandatario y leyenda de la izquierda latinoamericana Luiz Inácio Lula da Silva, hoy blanco de investigaciones por corrupción ligadas al megafraude en Petrobras, coincide con la realización en Rio de Janeiro de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica.

En una pincelada del extraño momento que vive Brasil, la propia mandataria inició su presentación hablando de la derrota del equipo nacional de fútbol femenino frente a Suecia: “Infelizmente, perdimos por penales”, dijo antes de pasar a la lectura.

Rousseff escuchará su sentencia en torno al 31 de agosto, pocos días después de la clausura de la fiesta deportiva. La semana pasada, en plenos Juegos, el bloque pro impeachment logró una holgada victoria en el Senado que envió el proceso a la fase de juicio y prácticamente selló su caída.

Desde el gobierno interino, también salpicado por acusaciones de corrupción, sostienen que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 31 de agosto y anticipan que tendrán el apoyo de unos 60 senadores.

La defensa de Rousseff estudia recurrir a la Corte Suprema por considerar que hubo fallos en el proceso, una medida de último minuto para intentar cambiar una dinámica muy negativa para el PT.

Desde que el pedido de juicio de destitución fue aceptado en la Cámara de Diputados en diciembre del 2015, los aliados de Rousseff no consiguieron ganar una sola votación para debilitar el proceso que busca destronar a la presidenta de la mayor potencia latinoamericana, quien afirmó estar “del lado correcto de la historia”.

Otra investigación

En tanto, los cuatro principales medios brasileños confirmaron el martes que la Corte Suprema de Brasil autorizó la investigación de la suspendida presidenta por supuesta obstrucción de la justicia, esto a pocos días de que comience su juicio de destitución en el Senado.

La Fiscalía intenta averiguar si Rousseff buscó obstruir las investigaciones sobre el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el marco del megafraude a la estatal Petrobras al designarlo como ministro jefe de su gabinete en marzo, informaron los periódicos O Globo, Folha de Sao Paulo, O Estado de Sao Paulo y Valor.

Contactadas por la AFP, ni la Fiscalía ni la Corte Suprema confirman la información.

– Juegos e impeachment –

Una vez aprobado en la comisión, el pleno del Senado deberá ser notificado de esa decisión y convocado para una primera votación, prevista para el próximo martes, en la que bastará una mayoría simple de 41 votos entre 81 posibles para que el proceso continúe.

Si así fuera, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, convocará nuevamente al pleno del Senado para decidir la suerte definitiva de la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.

En esa última sesión, que se celebrará a fines de este mes y se calcula que puede durar hasta cinco días, la destitución de Rousseff dependerá de que sea aprobada por una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) del pleno.

En caso de que sea declarada culpable, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, si fuera absuelta, Rousseff recuperará el cargo y Temer, a quien los partidarios de la mandataria tildan abiertamente de “golpista”, debería volver a ocupar la vicepresidencia, a la cual se conjetura que renunciaría de inmediato si así fuera.

Anastasia sostiene en su informe, de 441 páginas, que los delitos fiscales por las que ha sido acusada Rousseff suponen un “atentado a la Constitución”  y son irregularidades “de tal gravedad”  que, según las leyes, tienen como pena la pérdida del mandato.

Rousseff fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo, cuando el Senado instauró el juicio político, y desde esa fecha la sustituye su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, quien deberá completar el mandato que vence el 1 de enero del 2019 en caso de su destitución.

La mandataria responde por graves irregularidades en el manejo de los presupuestos, por contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.

El informe de Anastasia afirma que “el descontrol fiscal”  provocado por esas maniobras que alteraron los presupuestos de la Nación “comprometió la sustentabilidad de políticas públicas y servicios fundamentales para la sociedad” , al generar un “enorme”  desequilibrio en las cuentas del Gobierno.

Agrega que ese desequilibrio “amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB), y representó un perjuicio para la calidad de vida de la población” .

Asimismo, añade que la emisión de decretos que alteraron el gasto público sin la debida autorización parlamentaria, constituyó una “usurpación”  de las funciones del Congreso y “violó”  los “mecanismos de control”  mediante los cuales la sociedad vigila “la gestión del dinero público” , que son una “condición en una democracia plena” .

El informe que Anastasia presentó ante la comisión, formada por 21 senadores, será debatido mañana y votado el próximo jueves, según el plan de trabajo acordado con la Corte Suprema, corresponsable del juicio contra Rousseff.

El viernes, cuando ese país y buena parte del mundo volcarán sus ojos sobre la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ese informe deberá ser leído en el pleno del Senado, que luego será convocado para una primera votación el próximo día 9.

Si ese día el informe es aprobado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores, la Corte Suprema convocará para una última sesión, en la que el pleno del Senado decidirá si Rousseff será destituida o recobrará el poder, lo cual ocurriría si fuera absuelta.

Esa última sesión, que se prevé que pudiera durar hasta cinco días, comenzaría el 29 de agosto y para que Rousseff sea despojada de su mandato sería necesario el respaldo de una mayoría calificada de 54 votos.

La policía carioca no entrega cifras sobre participación en protestas.

Varios camiones de sonido tocaban samba y el himno nacional mientras manifestantes desplegaban a pleno sol un enorme cartel con el mensaje “Fuera Dilma y prisión para Lula” , el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor de Rousseff, acosado por casos judiciales.

“Queremos nuestro país de vuelta y que esta gente se vaya”, declaró Vilma Moniz Portella, una abogada de 68 años que llevaba un pequeño muñeco inflable del juez anticorrupción Sergio Moro, que lidera la investigación sobre el fraude en Petrobras que ha alcanzado a la élite política y empresarial brasileña.

El ambiente era festivo y familiar en medio de la tradicional muchedumbre que cada domingo invade la costanera carioca. Sobresalía un enorme muñeco inflable que representa a Lula como presidiario.

El ama de casa Daysa Barela, de 52 años, afirmó que la manifestación es mucho más pequeña que otras anteriores que llevaron cientos de miles de personas a la calle porque “la gente está asustada por el terrorismo o porque el Partido de los Trabajadores (PT) pueda atacarlos”.

Desenlace del juicio

Pero uno de los muchos vendedores de banderas y muñecos inflables tenía una explicación bastante más probable: Lula y Rousseff ya están casi fuera de combate.

“Lula va a ser enjuiciado, está acabado. Y el tiempo de Dilma ya pasó”, dijo Carlos Wellington, de 39 años, aludiendo a que el expresidente  (2003-2010) y líder histórico de la izquierda irá a juicio por intentar obstruir las investigaciones del megaesquema de corrupción en Petrobras.

Es la primera vez que el fundador del izquierdista PT será sometido a juicio por este caso que develó un fraude que costó más de US$2 mil millones a la petrolera para beneficiar a decenas de políticos, empresarios y funcionarios de la compañía.

Si bien el escándalo alcanzó a un amplio espectro político, el PT es uno de los más golpeados.

En la capital, Brasilia, unas tres mil personas protestaron contra Rousseff, informó la policía.

Reunidas frente a la sede del Congreso Nacional, vestían los colores verde y amarillo de la bandera brasileña y gritaban consignas contra la presidenta, apartada del poder el 12 de mayo pasado para ser enjuiciada en el Senado por supuesta manipulación de las cuentas públicas.

Quien fue su vicepresidente, Michel Temer, asumió la presidencia de manera interina y puede llegar a completar el mandato, que culmina a fines del 2018, si Rousseff es destituida definitivamente al término del proceso.

Rousseff tendrá que dejar su cargo si al menos 54 de los 81 senadores votan a favor del impeachment en la última etapa del juicio que comenzará el 29 de agosto y debe extenderse durante una semana, según un cronograma del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, encargado de conducir las sesiones durante esa fase en el Congreso.

“¡Fuera Temer!”

En Sao Paulo, miles de personas acudieron a la Avenida Paulista, en el centro de la ciudad, pidiendo el impeachment definitivo de Rousseff y la prisión de Lula.

Las manifestaciones contra Rousseff fueron convocadas por el grupo “Vem pra rua”   (Ven a la calle) y se replicaron en otras ciudades brasileñas como Recife y Salvador en el noreste o Belo Horizonte, en el sureste.

También se registraron en varias ciudades otras concentraciones contra Michel Temer convocadas por el llamado “Frente Pueblo sin Miedo” , que reúne a una treintena de organizaciones de izquierda como los Trabajadores sin Techo, centrales sindicales, el PT y el Partido Comunista.

Bajo el lema “Fuera Temer”, miles de personas vestidas de rojo se reunieron en la zona oeste de Sao Paulo defendiendo la vuelta de Rousseff y muchos de ellos pidiendo nuevas elecciones.

“Es cierto que el PT no está en su mejor momento, en todos los partidos hay corrupción, pero el gobierno de Temer es incluso peor”, afirmó Eunice Mariano, una jubilada de 61 años que ve al gobierno interino como ilegítimo y lo acusa de querer implantar retrocesos.

“Ya estamos viendo cómo perdemos nuestros derechos”, aseguró.

Pero, ¿por qué se volvió tan impopular Dilma? ¿Qué le permitió a la mayoría de parlamentarios sujetarla a juicio y obligarla a renunciar transitoriamente? Varias son las razones.

Primero, los propios políticos que denunciaron a Dilma querían detener la investigación y juicio de un conjunto de actos de corrupción en los cuales varios estaban involucrados, y que se conoce como “Lava Jato” (car wash). Acusar a Dilma conducía a desviar la atención de estos actos corruptos.

Segundo, el Partido de los Trabajadores, cuyo candidato fue Dilma, estuvo involucrado en hechos de corrupción. Dilma está pagando por ello aun cuando no se ha demostrado que estuviera involucrada en esa corrupción. La corrupción del PT provocó un rechazo absoluto entre muchos ciudadanos que no simpatizaban con el partido y un sentido de traición por parte de los que sí lo apoyaban.

Tercero, después de su elección el gobierno de Dilma asumió políticas que la oposición había recomendado y que eran impopulares. Las políticas no tuvieron éxito y la recesión económica empeoró, con lo cual el descontento social aumentó aún más, estimulado por medios de comunicación contrarios a su gobierno.

¿Cuáles son las consecuencias de lo anterior? Actualmente se cuenta con un gobierno de transición, encabezado por el antiguo vicepresidente, integrante de otro partido con el cual el PT de Dilma Rousseff se había aliado. Lo malo es que el actual gobierno está revirtiendo los logros alcanzados por el Brasil en el pasado. Los gobiernos de Lula y Dilma, ambos del PT, contribuyeron a que la bonanza generada por precios favorables de las materias primas exportadas por Brasil se reflejara en una amplia expansión del empleo formal, con mejoras laborales y salarios mínimos crecientes, complementado con programas sociales ambiciosos. En 2003, cuando Lula fue elegido presidente, el 24% de la población estaba en una situación de pobreza; en 2014 se había reducido al 7%.

Pero el actual gobierno de transición está reduciendo drásticamente la cobertura de programas exitosos como Bolsa Familia, busca impedir el aumento del gasto social, y en vez de garantizar el acceso universal a la educación pretende limitar la cobertura mediante acciones focalizadas. Está poniendo en riesgo grandes avances sociales, lo cual dañaría a los sectores más vulnerables. Sumémosle una menor presencia de Brasil en el escenario internacional y perspectivas económicas inciertas.

El rechazo a la corrupción del PT y de los políticos tradicionales que quieren librarse de Dilma se ha reflejado en un rechazo social a la clase política tradicional. Requerirá, como en Guatemala, la búsqueda de nuevas organizaciones y formas de hacer política.

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En diciembre pasado, aún ejerciendo como presidente de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite las acusaciones que llevaron a un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo y desde entonces es sustituida por su entonces vicepresidente, Michel Temer.

“Tengo la conciencia tranquila”, pues “contribuí a que el país esté mejor y a librarlo de un Gobierno criminal”, que “hundió en el caos a la sociedad brasileña”, declaró en alusión a la gestión de Rousseff.

“Libramos a Brasil de un Gobierno que cometió crímenes de responsabilidad y que era inoperante. Todo eso me enorgullece”, apuntó.

Cunha subrayó su “confianza”  en la justicia brasileña, reiteró que demostrará su inocencia y que no tuvo participación alguna en las corruptelas detectadas en la estatal Petrobras, que configura la base de las acusaciones en su contra.

La renuncia de Cunha a la presidencia de la Cámara baja obligará a convocar nuevas elecciones para ese cargo, que desde su suspensión está en manos del diputado Maranhao, quien es rechazado por la gran mayoría de los parlamentarios.

Esa falta de sintonía entre Maranhao y los miembros de la Cámara baja mantiene casi paralizados los trabajos legislativos, lo cual, según Cunha, podrá ser remediado con su renuncia y una nueva elección interna en ese órgano.

Cunha, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB), que lidera Temer, agradeció a esa formación el “apoyo”  y deseó “el mayor éxito”  al Gobierno del presidente interino, que será confirmado en el cargo si Rousseff fuera finalmente destituida en el proceso que concluirá a fines del próximo agosto.

Pero los que apoyan al presidente interino Michel Temer, ahora enemigo y antes aliado de Rousseff, dicen que el documento solicitado por la comisión de juicio político del Senado, no cambia las mínimas posibilidades que tiene ella de regresar a ocupar su cargo.       

En mayo, dos tercios de los senadores votaron a favor de suspender a Rousseff por presunta violación de las leyes fiscales. El informe de los auditores no es vinculante para los legisladores, quienes deben votar nuevamente a finales de agosto.       

La defensa de Rousseff sostuvo que de acuerdo con el informe, la mandataria no cometió crimen alguno que merezca su destitución.      

En entrevista con Radio Guaiba, Rousseff dijo que la auditoría muestra que no existe base legal para llevarla a juicio e insistió en que podría convocar a un plebiscito sobre el futuro político de Brasil en caso de regresar a la presidencia.       

“Los auditores ni siquiera dijeron que yo firmé esos decretos engañosamente”, agregó. “Este impeachment no es más que una elección indirecta (del presidente interino Temer) en el Congreso”.       

Rousseff, quien ha gobernado durante la peor recesión de Brasil en décadas en medio de un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, fue retirada del cargo el 12 de mayo.

A Rousseff se le abrió un juicio político y fue suspendida en mayo por presunta violación a leyes fiscales. Un juicio en el Senado decidirá su destino.

En una entrevista realizada el martes por la noche en el canal GloboNews, Temer dijo que sería mejor si el juicio a Rousseff terminara antes de los Juegos Olímpicos, a realizarse del 5 al 21 de agosto.

Eso, sin embargo, es improbable. El pronóstico más optimista de los senadores es que tendrían una votación final a mediados de agosto, por lo que bien podría realizarse después de los juegos.

A mitad de los juegos

De acuerdo con el nuevo plan de trabajo definido por los senadores —que aún puede sufrir alteraciones— la votación final para decidir si Rousseff debe perder el cargo podría ocurrir en torno al 22 de agosto, un día después del cierre de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro  (5 al 21 de agosto).

Rousseff fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo y está siendo juzgada por el Senado por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, año de su reelección, y a inicios de 2015.

• VIDEO | Historia de los juegos olímpicos

El proceso fue abierto el pasado diciembre y, tras recorrer un largo camino por ambas cámaras del Congreso, se encuentra en la fase de instrucción: recolección de pruebas, presentación de testimonios y otras diligencias por parte de una comisión especial del Senado, que es asesorada por el presidente de la Corte Suprema.

Esta comisión pretende concluir sus trabajos el 4 de agosto, cuando elaborará una recomendación que someterá luego al plenario de la Cámara alta.  

Una vez allí, esa recomendación deberá cosechar en el plenario de 81 senadores al menos 41 votos  (mayoría simple) para avanzar, en una votación prevista para el 9 de agosto.  

De aprobarse un parecer en favor de la continuidad del proceso, en un plazo de por lo menos diez días deberá agendarse la fecha del “juicio final”, una votación que determinará si la mandataria es destituida definitivamente de su cargo, para lo que necesita una mayoría especial de 54 votos  (dos tercios), o el caso es archivado.

Esa votación final —cuya fecha exacta será definida en su momento por el presidente de la Corte Suprema— podría ocurrir en torno al 22 de agosto, teniendo en cuenta los plazos previstos por la ley.

En la etapa actual del proceso está previsto que Rousseff sea interrogada por la comisión especial la semana próxima, pero la mandataria puede no comparecer y ser representada por su abogado, algo que todavía no ha sido definido.

Mientras sus detractores la acusan de violar la Constitución mediante el manejo irregular de las cuentas públicas, Rousseff sostiene que el proceso de impeachment es un “golpe”  orquestado por sus opositores y exaliados de centro-derecha para hacerse del poder sin ir a las urnas.

Si los senadores deciden la destitución de Rousseff, su vicepresidente -y exaliado- Michel Temer completará el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.