SAT usará gobernanza de datos para fiscalización y plan busca agilizar el pago de impuestos

Seis meses después de haber sido nombrado titular, el administrador tributario Werner Ovalle presentó su programa de gobernanza para el periodo 2026-2030, en el que destacan el cumplimiento voluntario, el uso de tecnología y la facilitación del comercio.

Urias Gamarro

28 de octubre de 2025 | 05:00h

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El Plan Estratégico Institucional (PEI) fue presentada a los contribuyentes por las autoridades de la SAT, con énfasis en el salto tecnológico y la simplificación, y abarcará el periodo 2026-2030. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

La versión del Plan Estratégico Institucional (PEI) fue presentada a los contribuyentes por las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con énfasis en el salto tecnológico y la simplificación, y abarcará el periodo 2026-2030.

Tras su nombramiento como jefe de la SAT en abril último, Ovalle —encargado de la recaudación tributaria para financiar el gasto público— dio a conocer a los agentes económicos los cinco ejes que contempla su programa de trabajo.

Con estos ejes buscan alcanzar una carga tributaria del 12.7% del PIB, aumentar el porcentaje de contribuyentes efectivos hasta el 76.3%, reducir la evasión por incumplimiento del IVA en 4.8% y 16.3% en el ISR, reducir el 10% en el despacho efectivo en aduanas y aumentar 32% los procedimientos digitales para la atención al contribuyente.

Además, el objetivo del programa es elevar los distintos indicadores de la política fiscal. En esta ocasión, el documento fue elaborado con base en las necesidades planteadas por los contribuyentes, quienes realizaron aportes que quedaron incorporados en la propuesta.

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Durante el evento se conoció que el escenario de recaudación para este año se espera superior a lo programado, y podría situarse por encima de los Q110 mil millones, en función del comportamiento de las variables macroeconómicas.

En enero de 2026, el Directorio de la SAT —integrado por los directores Adriana Estévez Clavería, quien cumple su tercer periodo consecutivo en el cargo; Julio Otoniel Roca Morales, y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien lo preside— llevará a cabo la primera evaluación anual del superintendente Ovalle, en relación con el cumplimiento de las metas.

Apuesta por modernización y tecnología

El funcionario subrayó que los cinco ejes temáticos transversalizan el accionar institucional del PEI 2026-2030, cuyo objetivo es mejorar los distintos indicadores tributarios. Por ello, en esta ocasión se consultó a los contribuyentes, en su calidad de usuarios, para incorporar sus aportes.

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En términos generales, la política contiene cinco líneas y seis objetivos estratégicos, 22 estrategias específicas, 51 indicadores y 75 acciones estratégicas que estructuran el programa quinquenal.

Una de las principales apuestas, explicó, es lograr la modernización de la administración tributaria, con un modelo ágil que facilite el pago de impuestos y permita un manejo integral de los riesgos.

Usará gobernanza de datos para fiscalizar

Las cinco líneas estratégicas en las que se basa el plan, desde la perspectiva tributaria, son: el cumplimiento voluntario en el pago de impuestos, la gestión de riesgos, la facilitación del comercio, la transformación digital y el fortalecimiento institucional.

Cada uno de los ejes contempla una serie de acciones y ámbitos a desarrollar por las diferentes intendencias y otras unidades responsables.

Entre los objetivos estratégicos se menciona fomentar el cumplimiento voluntario y colaborativo de los contribuyentes.

Para el manejo de la información tributaria y aduanera, se implementará un modelo de gobernanza de datos, así como una gestión de riesgos integral, con el objetivo de reducir la evasión, la elusión, la defraudación y el contrabando aduanero.

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Además, se utilizarán herramientas para resolver los conflictos aduaneros y tributarios mediante mecanismos de control y fiscalización.

En materia de comercio exterior, se perfila la implementación de gestiones eficientes y seguras en las operaciones del servicio aduanero, con base en las mejores prácticas internacionales.

Otro de los pilares del plan es el uso de soluciones digitales para optimizar los procesos internos y la gestión institucional.

Los 5 desafíos para Werner Ovalle como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

La evaluación del impacto de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario debería ser una de las prioridades del nuevo superintendente, según analistas.

Douglas Cuevas

13 de abril de 2025 | 07:00h

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Werner Ovalle tomará la SAT en sustitución de Marco Livio Díaz. Fotografía: Prensa Libre.

El 14 de abril, Werner Ovalle asumirá como nuevo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), un cargo que conlleva una serie de desafíos clave para cumplir con la recaudación de impuestos y dotar a la administración pública de los recursos necesarios para su funcionamiento.

El Directorio de la SAT eligió de forma unánime a Ovalle para que se desempeñe como el jefe de la entidad recaudadora de impuestos durante el período 2025-2030. Ovalle sustituirá a Marco Livio Díaz.

Como Superintendente de Administración Tributaria, Ovalle deberá cumplir con la meta de recaudación fiscal, que para 2025 se ha fijado en Q108 mil millones.

Además de conseguir ese objetivo, analistas expertos en temas fiscales consideran que Ovalle deberá evaluar los efectos de una nueva ley que, a su juicio, podría perjudicar la recaudación.

Se trata del Decreto 31-2024, emitido por el Congreso el año pasado: la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, impulsada por el diputado Luis Aguirre, del bloque Cabal.

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Ley ganadera

Para Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la nueva ley podría afectar negativamente la recaudación, ya que establece un régimen especial para el sector ganadero que podría reducir los ingresos fiscales.

“Tiene que ser muy transparente en publicar y discutir los datos que demuestren un beneficio real para el fisco. Hemos advertido que existe la posibilidad de migraciones masivas a este régimen especial, lo que haría que la ley termine generando pérdidas de impuestos, no ganancias”, indicó Barrientos.

Según el analista, la validación de la ley debería ser una de las primeras tareas que Ovalle asuma desde la jefatura de la SAT, ya que las estrategias que podrían ampararse bajo esta ley afectarían significativamente la recaudación.

“Que se evalúe la ley, y si se evidencia que tiene impactos negativos, el superintendente Ovalle debería tener la valentía de informarlo al Directorio y hacerlo público”, añadió.

También Erick Coyoy, analista independiente y docente universitario, considera necesario medir los impactos reales y las posibles repercusiones de esta ley. “El gran reto es implementar esa ley especial para el sector agropecuario, porque son cambios importantes. En condiciones normales tendrían que pagar bajo el régimen general, pero ahora serán beneficiados con un régimen especial”, señaló.

Funcionamiento y proyección

El funcionamiento de la SAT será crucial para dotar de recursos financieros al gobierno de Bernardo Arévalo, permitiéndole cumplir con sus promesas de campaña.
A criterio de los expertos, es vital que exista un funcionamiento íntegro del Directorio de la SAT, siendo el superintendente una pieza clave y actor operativo.

“Que el Directorio asuma con exactitud su papel. El superintendente deberá proponerles un plan de trabajo, estrategias de fiscalización, y el Directorio deberá evaluarlas”, dijo Barrientos.

También será vital establecer metas de recaudación realistas para evitar distorsiones en las estimaciones. “Durante los últimos cuatro años se subestimaron las metas de recaudación. Inicialmente, se fijaron muy bajas. Este superintendente debería enfrentar metas reales”, indicó.

Coyoy, por su parte, destaca que para cumplir con las proyecciones se deben mantener herramientas que han contribuido a mejorar la recaudación, como la tecnología.
“Ya vimos un incremento influenciado por el uso de la factura electrónica, y eso ayuda a la SAT a mantener mecanismos de control. Esto no será suficiente, y deberán implementarse temas estratégicos que proponga el nuevo superintendente”, añadió.

Rendición de cuentas y contrabando

Otros retos importantes que se identifican para Ovalle son la transparencia en la rendición de cuentas y el combate directo al contrabando.

Barrientos señala que Ovalle debe ser transparente con las evaluaciones internas de la SAT para diseñar las mejores estrategias fiscales, apoyándose en estudios nacionales o internacionales que analicen el contexto regional.

Una tarea fundamental será combatir las estructuras dedicadas a la evasión fiscal. “Ovalle tiene que proteger a los contribuyentes honestos e ir tras aquellas personas que, con trampa y fraude, pagan menos impuestos. La SAT no tiene que salir de cacería al zoológico; tiene que ir a la jungla, donde están los verdaderos evasores”, concluyó.

En síntesis, los desafíos son:

• Lograr la meta de recaudación de Q108 mil millones en 2025.
• Valorar los impactos de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario (Decreto 31-2024).
• Priorizar la rendición de cuentas
• Enfocarse en el combate al contrabando.
• Implementar prácticas contra la evasión fiscal.

Piden privilegiar la transparencia y objetividad en la elección del nuevo jefe de la SAT

La ciudadanía tendrá dos días, 17 y 18 de marzo, para presentar objeciones hacia los aspirantes que se consideren no aptos para asumir el cargo de superintendente de Administración Tributaria.

Douglas Cuevas

15 de marzo de 2025 | 13:15h

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El 14 de abril debe tomar posesión el nuevo jefe de la SAT. Fotografía: Prensa Libre.

El proceso de elección del nuevo titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entrará en la fase de recepción de señalamientos u objeciones de la ciudadanía sobre posibles impedimentos para que alguno de los 31 aspirantes asuma la dirección de la entidad recaudadora de impuestos.

Organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento al proceso, como el Icefi, piden que la evaluación de las objeciones o impedimentos se efectúe con transparencia y objetividad.

La SAT informó que las objeciones o señalamientos relacionados con los 31 profesionales que presentaron su expediente para optar al cargo se recibirán el 17 y 18 de marzo en sus oficinas centrales o por correo electrónico.

Los postulantes contra quienes se hayan presentado objeciones podrán presentar sus pruebas de descargo del 18 al 20 de marzo.

Posteriormente, el directorio de la SAT evaluará los señalamientos y los descargos. Ese órgano está conformado por el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, junto con los directores de la SAT Adriana Estévez Clavería y Julio Roca Morales.

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Es importante que, al analizar cualquier objeción y las pruebas de descargo, prevalezca la objetividad, de acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que monitorea el proceso de elección. 

Privilegiar la transparencia

Ricardo Barrientos, economista e investigador del Icefi, comentó que, en esta etapa, es fundamental cuidar la transparencia del proceso, algo que, hasta el momento, las autoridades han logrado mantener.

“Por lo que estamos viendo hasta el momento, hay una diferencia sustancial con procesos anteriores. Es un proceso mucho más público y transparente, como lo demuestra la forma en que compartieron, a través de redes sociales, la información de cada uno de los aspirantes”, dijo Barrientos.

“Lo que nos interesa es que el proceso sea transparente, con evaluaciones objetivas y que se verifique la honestidad de las candidaturas”, dijo.

Conflicto de interés, desventaja o favoritismo

Además de una evaluación rigurosa, es importante que el comité advierta posibles casos de conflicto de interés, a fin de evitar situaciones de desventaja o favoritismo entre los aspirantes. “Esperamos que no existan favoritismos, intereses sectoriales o de cualquier otra índole, sino que cada uno de los perfiles sea evaluado en igualdad de condiciones y con objetividad”, indicó.

Los aspirantes que superen la etapa de objeciones ciudadanas y continúen en el proceso serán sometidos a entrevistas dirigidas por los integrantes del directorio. A criterio de Barrientos, las preguntas de la entrevista deberán ser técnicas, de manera que cada candidato demuestre su preparación académica.

El nuevo superintendente de Administración Tributaria deberá tomar posesión el próximo 14 de abril. Su principal tarea será garantizar la recaudación de impuestos para el funcionamiento estatal.

Aún no hay convocatoria para elegir nuevo jefe de la SAT y Marco Livio Díaz podría afrontar conflicto de interés

Mientras el Directorio de la SAT aún no hace la convocatoria para la elección del nuevo superintendente, relevo que tiene que hacerse en abril, el actual titular analiza su intención de reelegirse.

Urias Gamarro

20 de febrero de 2025 | 17:56h

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El jefe de la SAT Marco Livio Díaz Reyes, participó en un foro junto con Enrique Möller presidente del comité fiscal de AmCham. (Foto Prensa Libre: Cortesía SAT)

A casi 50 días para que concluya su mandato como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, aún analiza si participa o no en el nuevo proceso que llevará a cabo el directorio.

Durante una actividad con socios de Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), Díaz Reyes afirmó que aún evalúa y “no ha tomado una decisión en definitiva, si se presentará o no a un nuevo proceso”.

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“Aún he tomado la decisión en ese sentido”, remarcó el funcionario al recordar que el proceso de selección de su sustituto lo eligen los miembros del directorio que lo preside el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

La convocatoria pública para los profesionales de Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas que muestren interés en participar aún no ha sido publicada.

El funcionario, quien asumió en 2020, durante la crisis sanitaria, explicó que el proceso de selección es público, se debe presentar la hoja de vida, y los requisitos de ley correspondientes como antecedentes penales, policiales, solvencias, entre otros, por lo que no hay nada extraordinario.

Los candidatos participantes deben someterse a una serie de exámenes en el conocimiento sobre la política fiscal.

Conflicto de interés

Díaz Reyes, además funge como secretario del directorio de la SAT, por lo que no puede participar en las reuniones que se lleven a cabo para discutir el proceso de elección del superintendente, por lo que comentó que se buscará el mecanismo para no participar en la reunión sobre esos temas.

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Aclaró que no es necesario renunciar a su puesto actual, para poder postularse en este nuevo proceso y reiteró que no ha tomado la decisión de participar o no. 

El periodo al que fue electo por cinco años concluye a mediados de abril, y asumirá el nuevo superintendente que salga electo. El nuevo funcionario cubrirá el periodo 2025-2029.

Defiende aumento

Sobre el aumento salarial del 10% para los trabajadores del administrador tributario y ajustes al pliego de bonos que reciben anualmente, Díaz Reyes salió a la defensa.

“Este aumento ya lo dejamos presupuestado; es necesario retener el talento humano y a mí me parece muy adecuado el 10% que dimos, porque el objetivo es retener el personal para compensar el buen trabajo que han hecho los colaboradores de la SAT”, aseguró el jefe de la SAT al concluir la actividad en AmCham. 

El pasado lunes 17 de febrero, se suscribió el nuevo pacto colectivo de trabajadores con el Sindicato de la SAT y se acordó un incremento del 10% salarial para todos los trabajadores de la institución, que comenzará a partir del próximo 1 de marzo.

Ante este cuestionamiento,  el funcionario explicó que el pasado 19 de enero entregó su informe de gestión.

A partir de ahí, indicó que el Directorio tiene hasta el 31 de enero para aprobar o no esa evaluación en conjunto con los técnicos de Finanzas Públicas y así confirmar si él continúa o no en el cargo.

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Dio a conocer que la primera reunión de Directorio con las nuevas autoridades de Gobierno será este jueves 25 de enero y entre los puntos está la presentación del informe del superintendente, sin embargo, no significa que ese día se realice la evaluación.

“La productividad está a la vista, según el informe que he presentado se ha superado la meta (de recaudación); esperemos que todo salga bien, pero de mi parte soy respetuoso de la evaluación que haga el Directorio de la Superintendencia y si determina que no debo continuar, de mi parte no habría ningún inconveniente”, expresó Díaz asegurando que se ha esforzado “por servirle al país pero es el Directorio el que tiene que determinar si continúa o no para terminar el período 2025”.

Para el analista fiscal Abelardo Medina, no existe ningún motivo para que el actual superintendente sea removido del cargo, ya que el Directorio tiene establecido en el Acuerdo 42-2018 que el 85% de la calificación tiene que ver con la meta de recaudación, la cual ha sido alcanzada por Díaz Reyes.

Aunque mencionó que “siempre hay riesgo”, porque el presidente o el ministro de Finanzas le puede pedir al superintendente su renuncia, pero en este caso no hay justificación.

“Es decir, elementos de sustento técnico no existen; entonces pudiera ser una decisión política pero a como están las condiciones actuales, no lo veo”, agregó el analista.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el artículo 28 del decreto 1-98, Ley Orgánica de la SAT, al inicio de un nuevo período de Gobierno, el recién instalado presidente de la República podrá nombrar a un nuevo superintendente, cumpliendo con el procedimiento establecido en la Ley.

En caso de suspensión en el ejercicio del cargo, renuncia, remoción o fallecimiento del superintendente, corresponderá al Directorio nombrar interinamente al intendente que lo sustituirá hasta que el jefe de Estado designe al nuevo titular, de conformidad con el artículo 24 de la misma Ley.

Además, según el artículo 27, el superintendente puede ser removido, en este caso por el presidente de la República, por las siguientes causas:

• Cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentemente opuestos a las funciones o intereses de la SAT en particular y del Estado en general.
• Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el desempeño de sus funciones.
• Haber sido o ser condenado en sentencia firme por la comisión de delito doloso.
• Padecer de incapacidad física calificada médicamente que lo imposibilite por más de un año para ejercer el cargo o haber sido declarado por tribunal competente en estado de interdicción.
• Ser declarado en situación de insolvencia o quiebra.
• Postularse como candidato para un cargo de elección popular.
• No cumplir las metas de recaudación tributaria establecidas.

Ejecución de presupuesto y estimación para 2024

Por otro lado, aunque el titular de la SAT reconoció que no es usual dar a conocer la ejecución del presupuesto de la institución, indicó que decidió hacerlo “para mostrar la transparencia en el uso de los recursos”.

“Regularmente, las conferencias son de temas de impuestos o aduanas”, reconoció Díaz, presentando además los recursos estimados y la proyección de ejecución para este 2024.

En cuanto a ingresos comentó que estos provienen de las siguientes fuentes:

• 2% de lo recaudado
• Ingresos no tributarios
• Venta de bienes y servicios de la Administración Pública
• Rentas de la propiedad
• Disminución de caja y bancos
• Disminución de inversiones temporales
• Otros bienes y servicios

En cuanto a 2023 dio a conocer que se tuvo un presupuesto aprobado de Q2 mil 402 millones 480 mil, de lo cual se percibieron Q1 mil 717 millones 511 mil 691, con una ejecución de 71.49%.

En tanto, el programa de gastos devengado sumó 1,610 millones 470 mil 108, para un 67.03% de ejecución, a través de estos rubros:

• Gastos de funcionamiento – Q1 mil 488 millones 386 mil 501
• Masa salarial – Q1 mil 146 millones 155 mil 344
• Bienes y servicios – Q342 millones 231 mil 157
• Egresos de inversión – Q122 millones 83 mil 607

En egresos por categoría programática, en 2023 la SAT reportó:

• Actividades centrales – 42.40%
• Fiscalización – 9.52%
• Asuntos jurídicos -3.64%
• Recursos tributarios y aduaneros – 1.02%
• Atención al contribuyente – 10.57%
• Recaudación – 3.34%
• Aduanas – 21.87%
• Contribuyentes especiales – 7.22%
• Atención por desastres naturales y calamidades públicas – Q0.01%
• Partidas no asignables a programas – 0.41%

Para el 2024 tienen un presupuesto estimado de Q2 mil 521 millones 600 mil, del cual proyectan la siguiente ejecución:

• Gastos de funcionamiento – Q2 mil 174 millones 504 mil 987
• Masa salarial – Q1 mil 503 millones 410 mil 120
• Bienes y servicios – Q671 millones 94 mil 867
• Egresos de inversión – Q347 millones 95 mil 13

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El agujero fiscal sería entre Q7 mil a Q12 mil millones es el escenario preliminar del impacto del covid-19 para este ejercicio que manejan las autoridades tributarias.

Declaró que por la emergencia reenfocará su plan en las áreas que pueden generar mayor recaudación, el respeto por los derechos del contribuyente, así como manejar una buena relación con el sector productivo.

Antes de ser elegido superintendente, Díaz Reyes fue viceministro de Finanzas hace 10 años cuando impactaron a Guatemala los efectos de la crisis económica mundial y luego se dedicó a la atención de su bufete profesional y a la parte académica.

¿Cuáles son los retos en la cobranza de impuestos en esta coyuntura?

Si no hubiera coyuntura, igual sería mi actitud; pero en estos momentos se vuelve indispensable trabajar de la mano con los sectores productivos.

Debemos abandonar la visión de que el Estado es uno, el privado otro y que hay que ser antagónicos.

El Estado, la SAT y el sector productivo debemos trabajar juntos, lograr acuerdos, en permitir que las actividades productivas sean eficientes en realizar su trabajo, que generen empleo, las utilidades y que esos resultados les permitirá pagar impuestos.

Mi compromiso con el sector productivo es hacerlo por sector, porque cada uno tiene diferentes necesidades, sentarnos a dialogar y (ver) cómo se les puede ayudar, facilitar, eficientizar los procesos; y cómo ellos pueden ayudar a la administración tributaria a recaudar y que se cumpla con los programas de Estado como inversión en salud, educación, gobernabilidad.

Mi propuesta es trabajar de la mano con los sectores; ya hemos sostenido pláticas con algunos, los hemos escuchado y vamos a resolver los problemas y agilizar los procedimientos para que sean más productivos.

¿Cuáles son los escenarios preliminares que manejan de caída de la recaudación para este año por la emergencia?

Tenemos una pérdida de unos Q7 mil millones como escenario bajo y que puede llegar a unos Q12 mil millones y si llegamos a este último escenario, el Estado tendrá problemas para cumplir con sus compromisos.

Por eso debemos trabajar arduamente entre el sector privado y la SAT para que eso no suceda.

Un colapso de las finanzas públicas, a como está la situación, puede tener grandes consecuencias sociales.

¿Es un escenario muy dramático?

Por el momento no tenemos desagregados los indicadores y no hay datos al detalle, pero ahora que tenemos día a día el comportamiento de las ventas de las principales empresas e industrias a través de la factura electrónica en línea y observamos un ingreso de las compañías, podemos hacer las proyecciones con más información que nos llevan a estas cifras.

Estaríamos hablando de entre Q53 mil millones a Q58 mil millones de recaudación para 2020 que es una caída muy fuerte.

Eso es lo que tiene que comprender el sector privado, por eso somos categóricos que no vamos a aplazar –en el pago de impuestos–, y si empezamos con esas medidas el país podría tener serios problemas sociales.

Solo imagínese que no se le puedan trasladar recursos a las municipalidades, combustibles para el Ministerio de Gobernación, que no se pueda pagar las medicinas en Salud y que solo nos alcance una parte de recursos para cubrir el pago de salarios se puede generar una convulsión social de grandes proporciones.

Todos los guatemaltecos debemos trabajar con mucha responsabilidad en estos momentos de crisis.

Es una situación nunca vista en la historia. En la crisis del 2009 la caída en la recaudación fue de Q4 mil 500 millones. En ese año se aprobó una amnistía fiscal y se logró recuperar, en parte, esa caída.

Por el momento ese tema de amnistía no se ha abordado.

Usted fue viceministro de Finanzas hace 10 años y viene de su bufete, ¿qué visión trae?

Cuando uno es asesor le dice al empresario cómo pagar correctamente sus impuestos y no veo una gran diferencia en ser un asesor que me contrata y estar en este nuevo puesto. Mi posición siempre ha sido asesorar bien para pagar bien los tributos y muchos empresarios no quieren tener problemas.

Ahora en esta posición de superintendente, siento que es lo mismo en exponerle al empresario porque tiene que pagar bien sus impuestos, pero con más poder sancionatorio, y esa es la única diferencia que observo.

Con las compañías en las cuales asesoré siempre han pagado correctamente sus impuestos y creo que hemos aprendido juntos que eso ahorra costos y uno se vuelve más productivo en gestionar el negocio.

Lo mejor para el país desde el punto de vista público y privado es contar con una cultura del correcto pago de impuestos, volver más eficientes a las empresas partiendo de una contabilidad ordenada y transparente.

En ese sentido, ¿no habrá conflicto de interés?

Lo que veo es que estoy ejerciendo mí misma función que ejercí antes, como le decía ahora con algún poder más de fiscalización, pero la posición personal es la misma, es que el empresario debe pagar sus impuestos.

En 2008 implementamos un programa académico al personal de la SAT y en la parte privada me he preocupado por el fortalecimiento de las capacidades de la institución.

Ahora que me he tomado el reto de asumir este puesto, uno de los ejes de trabajo será el respeto a los derechos de los contribuyentes. Vamos a cambiar desde adentro la visión de respetar los derechos de los contribuyentes y trabajar con contadores públicos, auditores y abogados que asesoran al sector privado para generar una buena relación.

¿Por qué esa apuesta?

En la medida que el sector productivo tenga confianza en la SAT, es más fácil en llegar acuerdos y paguen sus impuestos.

Cuando se vulneran los derechos y cito por ejemplo que no se reconoce un ISO -impuesto- que, si corresponde, el sector privado se reciente y después no quiere pagarlo.

Entonces, una manera de solucionar los problemas es que hay respetar los derechos de los tributantes y ese será un eje central de esa posición que a largo plazo es algo estratégico para la SAT.

Tal vez a corto plazo se vea que no es un indicador conveniente, pero estoy convencido de que a largo plazo es un eje estratégico.

Uno de profesional tiene un sentido social, que hay que velar y cuidar a Guatemala y esa es mi función ahora, y no implica que vaya a dañar al sector privado, sino que todo lo contrario de apoyarlo para ser más productivo y mejorar la recaudación.

¿Qué deficiencias encuentra?

Vamos a cambiar el plan del combate al contrabando aduanero y descentralizarlo, se cambiará la metodología de fiscalización a los contribuyentes y utilizar otros instrumentos legales que están en ley para ejercer más controles en precios de transferencias, el secreto bancario y cambiar los criterios institucionales para acercarnos a la protección de los derechos al contribuyente.

Estoy revisando los planes de trabajo con las 35 posiciones importantes de la SAT contando a los intendentes y gerentes de áreas y se han revisado los programas, hemos llegado a los acuerdos de mejoras y se están recibiendo las directrices. Hay un equipo profesional para hacer un plan de emergencia para atender el covid-19.

Por la emergencia del covid-19, ¿cuáles son las directrices?

En primer lugar, un esfuerzo administrativo, medidas urgentes para que las personas puedan trabajar desde su casa y ya se programaron los turnos de como vendrá el personal para seguir trabando.

Se le pidió a la unidad de Fiscalización que ahora se elimine de los controles a unos sectores que están más golpeados y enfocarnos en las actividades pueden producir más ingresos.

Por ejemplo, se pidió el informe de todos los contribuyentes que no presentaron su declaración del IVA o del ISR y empezar las medidas para que los contribuyentes paguen esos impuestos.

Hay un comité que día con día estará reaccionando ante esta emergencia y a largo plazo que medidas se pueden adoptar.

#CoronavirusGT | La @SATGT informó sobre los horarios de atención a los contribuyentes para esta semana en las agencias tributarias de la Ciudad Capital así como las medidas de seguridad a seguir. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/dZ8GyS7e1k

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) April 19, 2020

En el tema del contrabando, ¿qué contempla?

Hay un departamento del combate al contrabando que solo existe en la ciudad capital y se crearán estas unidades en las regiones, para mapear los actores del contrabando, establecer una metodología y se solicitará al Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Ejército para realizar los operativos.

¿Cómo se puede recuperar la confianza del contribuyente en estas condiciones?

Ese punto se convertirá en un eje transversal de los objetivos estratégicos de la SAT, así como la transparencia y el respeto a los derechos del contribuyente.

Vamos a revisar en dónde se puede mejorar la atención al contribuyente y cómo se puede atender mejor.

Por ejemplo, si un tributante paga más de ISR en este ejercicio y posiblemente lo recupere dentro de cuatro años, pero si agilizamos ese proceso y lo puede recuperar al año siguiente con más gusto realizará los pagos a cuenta -anticipado-.

El cambio no es inmediato, pero hay que salir hacia afuera y hay que premiar la cultura dentro de la institución.

En términos generales, ¿qué planes trae para las intendencias?

Por ejemplo, en Fiscalización el cambio de la metodología para seleccionar a los contribuyentes que van a ser auditados e implementar la solución de conflictos para hacer los ajustes administrativos que tardan muchos años y alcanzar acuerdos si proceden o no proceden en una reunión de una mañana y que es una herramienta poca utilizada.

En Asuntos Jurídicos hemos pedido un estudio para solucionar la controversia que hay con los exportadores por el tema de la devolución del crédito fiscal y hay una propuesta con los contribuyentes que hicieron los procedimientos correctos para solucionar.

También perseguir y presentar las demandas penales contra aquellos contribuyentes evasores y creo que existen en el país algunos grupos que se dedican al contrabando y la evasión a gran escala, y contra ellos se presentaran las denuncias.

En Aduanas tenemos tres grandes planes que es el programa de modernización aduanera que se llama Miad y se continuará con ese eje estratégico, que ahora es un programa, pero se convertirá en un departamento para fortalecerlo.

Hay un estudio de tiempos de despacho entre la SAT y el sector privado, hay una ruta que seguir porque están identificadas las áreas de deficiencias tanto del área pública como privada y es un gran avance y vamos a seguir con ese plan para volvernos más competitivos, si logramos reducir el número de días para poder exportar o importar.

En recaudación ya se realizaron algunos cambios para analizar la base de datos de la SAT porque no se está utilizando como se debe y se puede ser más eficientes para lograr mejores resultados para aumentar la recaudación.

Hay mucha información que se puede utilizar con mejores resultados.

¿Cómo va a trabajar la devolución del crédito fiscal que es una de las principales quejas de los contribuyentes?

La primera acción es lograr un acuerdo con la Contraloría General de Cuentas de la Nación porque se presentaron demandas penales contra los auditores y eso detuvo la devolución y hay que establecer una metodología para ponernos de acuerdo en cuál debe ser la forma para fiscalizar esa devolución.

Por otro lado, estamos revisando los planes de la normativa interna, para agilizar esa devolución y ya se requirió un plan con los encargados, ya hay una evaluación de los indicadores y creo que se puede mejorar muchísimo ese proceso.

El objetivo es agilizar la devolución y que eso sea flujo de efectivo para las compañías y tener el cuidado que no se devuelva ni un centavo que no sea procedente de las solicitudes.

La tercera acción es invitar al sector privado a que utilice el régimen electrónico.

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Con la publicación de los nombres de los aspirantes -por medio de una resolución- automáticamente pasarán a la última etapa del proceso y, todo apunta a que la próxima semana se cuente con un titular de la SAT.

De manera preliminar se informó que el lunes 6 de abril podría darse el nombramiento.

Entre los que pasaron a la siguiente fase hay profesionales de las Ciencias Económicas y Jurídicas, que se han desempeñado en cargos públicos en varias instituciones estatales y otros que provienen del sector privado.

Para este jueves 2 y viernes 3 de abril los integrantes del Directorio programaron continuar con la selección y los candidatos tienen que exponer un plan de trabajo en una sesión de 15 minutos, así como la realización de una entrevista.

En la entrevista estructurada se evaluarán las competencias y capacidades; conocimiento institucional de lo público, liderazgo, resolución de conflictos, planificación estratégica, gestión de transformación, según lo definido en la convocatoria.

Además, los directores conocerán los resultados de las pruebas psicométricas y de voz -polígrafo- a los que fueron sometidos, pero no se pueden hacer públicos.

Se informó que el proceso está dentro de los plazos establecidos, aunque hubo suspensión de algunas actividades por la emergencia del covid-19 en Guatemala.

Los integrantes del Directorio que tienen que hacer la selección del superintendente, luego de las reformas a la Ley Orgánica de la SAT en 2016.

El Directorio lo preside el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci y las directoras Adriana Estévez Clavería y Liliana Castillo.

Como superintendente interino se nombró a Werner Florencio Ovalle y una vez seleccionado el nuevo titular, regresará a su cargo como intendente de Aduanas.

El Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria @SATGT a la población informa: pic.twitter.com/080rTWnMvR

— SATGT (@SATGT) April 1, 2020

Listado

De este listado saldrá el nuevo superintendente de la SAT para cubrir un período de cinco años.

(listado con base a la publicación del Directorio)

Nombre                                                              Nota

1. Henry Almengor, 88
2. Rodrigo Hunabkú Montúfar, 87
3. Jorge Roberto Vielman Deyet ,79
4. Marco Livio Díaz, 79
5. Luis Fernando Cordón, 79
6. Carlos Alberto Echeverría, 75
7. Mario Enrique Pérez Granell, 74
8. Walter Brenes Vásquez, 74
9. Jorge Enrique Dávila, 71
10. José Édgar Sánchez, 69
11. Ramón Fión, 68
12. Nora Segura Monzón, 63
13. Patricia del Rosario Nájera, 63
14. Sergio Roberto Santizo, 61

(Fuente: Resolución Directorio SAT)

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El objetivo es que la población manifieste si alguna de las personas incluidas en el listado tiene tachas para ocupar el cargo, según la publicación oficial.

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El Directorio puso a disposición del público el correo tachassuper2020@sat.gob.gt o se pueden presentar al primer nivel del edificio torre SAT en la séptima avenida 3-73 zona 9 de la capital.

Los señalamientos contra los candidatos deben tener los datos de identificación de las personas y advierten de que no se recibirán denuncias anónimas, así como que deben incluir la exposición del motivo y el fundamento de las aseveraciones contra los profesionales.

Los directores conocerán el reporte el jueves 5 de marzo y brindarán tres días hábiles para que los aspirantes que sean señalados presenten pruebas de descargo o sus aclaraciones por escrito para continuar con la siguiente fase.

La @satgt en seguimiento al proceso de Convocatoria para ocupar el cargo de Superintendente de Administración Tributaria, informa que del 2 al 4 de marzo se puede ingresar al siguiente enlace y colocar tachas a los candidatos que continúan en el proceso. https://t.co/vJEV8kSVd6 pic.twitter.com/3oSUt0X94K

— SATGT (@SATGT) March 2, 2020

Listado

El Directorio público ayer la nómina de los profesionales que continuaran en el proceso de selección de superintendente, luego de haber verificado la documentación en los requisitos de ley y la convocatoria.

Durante el fin de semana se depuró los expedientes que incumplieron con lo establecido.

Los profesionales que siguen en el proceso son: Luis Fernando Cordón, Efraín Ángel Matías, Jorge Enrique Dávila, Jorge Roberto Ibarra, Henry Osmin Almengor, Mario Pérez Granell, José Ramon Lam y Carlos Humberto Echeverria.

También, Lilian Nájera, César Augusto Castellanos, Lester Ramiro Reina, Éricka Gálvez, María Guadalupe Laparra, Rodrigo José Bonilla, Rodrigo Hunabkú Montufar, José Sánchez Romero, Walter Vásquez Gómez, Sergio Roberto Santizo, Nora Liliana Segura y Marco Livio Díaz.

Además, Ramon Fión, David Cristiani, Nery Alfonso Florián, Jorge Vielman Deyet, Miguel Elías Oxlaj y Julio Roberto Díaz.

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La Gerencia de Asuntos Internos de la SAT procederá a verificar la información que presentaron los aspirantes, luego continuarán las pruebas psicométricas, la presentación de un plan de trabajo y por último entrevistas a cada uno de los participantes.

La selección del superintendente podría ser antes del 31 de marzo, según el cronograma establecido.

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Los miembros del Directorio que lo integra el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, y las directoras Adriana Estévez Clavería y Liliana Castillo, llevarán a cabo el primer filtro, para determinar cuáles expedientes cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, depurar cuales incumplieron y continuar con la siguiente fase.

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Se espera que el proceso de selección esté concluido antes del 31 de marzo, según los tiempos dados a conocer.

La comisión de recepción para elegir superintendente de @SATGT admite los expedientes de Éricka Gálvez Anleu, María Guadalupe Laparra y Rodrigo José Bonilla. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/SyBFwZ4oP3

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) February 28, 2020

Candidatos

Como era de esperarse, en la convocatoria participaron profesionales de las Ciencias Económicas y Jurídicas, que han tenido experiencia en procesos anteriores, exfuncionarios de la SAT y ex miembros del Directorio, así como profesionales independientes a la comisión de recepción en el primer nivel del edificio central de la zona 9 en la ciudad de Guatemala.

Los exdirectores Henry Almengor, Rodrigo Hunabkú Montúfar y Carlos Enrique Dávila, se perfilaron a la convocatoria y presentaron sus expedientes.

También la ex contralora general de Cuentas de la Nación, Nora Segura -que lo realizó por medio de un mandatario- y el ex subcontralor César Armando Elías.

Elías contó que laboró en la SAT antes de pasar a la contraloría y tiene experiencia en los temas de fiscalización.

“Hay que mejorar la recaudación y el Estado necesita los recursos para poder atender las necesidades de gasto, reducir la brecha fiscal y la facilitación para el pago de impuestos porque existe una burocratización para cumplir con esas obligaciones. Hay mucha burocracia que hace daño a la institucionalidad y las personas se van a las actividades que no están registradas”, explicó Elías, al preguntarle sobre los principales retos en la institución, que, según él, son las formas de poder incrementar la cobranza.

Sobre las metas anuales de recaudación, Elías enfatizó que son muy complejas y hay muchos factores que la pueden afectar y es cuando se necesitan la innovación, la tecnología y las personas con talentos que puedan aportar y reducir ese déficit de recaudación.

En la lista también figura José Ramón Lam, exviceministro de Economía, durante la gestión de Jimmy Morales y Mario Enrique Pérez Granell, exintendente de Fiscalización.

También Marco Livio Diaz, quien fue exviceministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colom.

Díaz aseguró que las metas de recaudación se pueden alcanzar y es uno de los grandes retos que se tienen, que se basan en las variables macroeconómicas.

“La SAT tiene una complejidad grande, hay que saber de tributos internos, aduanas, base de datos, consensos, para poder elevar la tributación y se necesitan los grandes consensos”, puntualizó Díaz.

Mejor calificación

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes, comentó que en este proceso de selección se debe elegir a los mejores candidatos que logren las más altas notas en los diferentes aspectos de evaluación.

Recordó que en el listado de aspirantes hay candidatos que se han desempeñado en otros puestos en entidades del Estado y se debe tomar en consideración los antecedentes y afines a qué grupos políticos pertenecen o pertenecieron, ya que de elegir a estos exfuncionarios existe un riesgo de que se pierda la independencia de las características técnicas en la SAT.

“La amenaza es que se convierta en una institución más política que técnica y esto terminaría con la solidez de una entidad que es clave para las finanzas del Estado”, precisó.

El ministro González Ricci indicó que se seleccionará a un profesional que busque fortalecer la entidad recaudadora, porque hay necesidad de más recursos.

Fases

Con la recepción de los expedientes ayer, los miembros el Directorio empezarán este sábado con la revisión de los expedientes y luego vendrá un período de tachas o denuncias contra los candidatos.

Posteriormente la fase de entrevistas, que incluye una evaluación a aspirantes con la tabla de gradación y las pruebas psicométricas.

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Además de la presentación de un plan de trabajo a los miembros del Directorio y finalmente la elección.

En el criterio académico el punteo es de 25 puntos, el criterio profesional de 60 puntos y el último criterio de evaluación de ética y proyección humana y social con 15 puntos, según la convocatoria que publicó el Directorio de SAT.

El profesional que sea electo correrá para un período de cinco años.

Listado de aspirantes:

1. Luis Fernando Cordón
2. Efraín Matías
3. Luis Alberto Valladares
4. Moisés Santiago Batz
5. Jorge Enrique Dávila
6. Jorge Roberto Ibarra
7. Nora Torres
8. Henry Almengor
9. Mario Enrique Pérez Granell
10. José Ramón Lam
11. Carlos Alberto Echeverría
12. Patricia del Rosario Nájera
13. César Augusto Castellanos
14. José Alfredo Mérida
15. Eckatherine Anayansi Morales
16. Lester Reyna
17. Ericka Gabriela Gálvez
18. Maria Guadalupe Laparra
19. Rodrigo José Bonilla
20. Rodrigo Hunabkú Montúfar
21. José Édgar Sánchez
22. Walter Brenes
23. Sergio Roberto Santizo
24. José Luis Gramajo
25. Nora Segura (presentó expediente por mandatario)
26. César Armando Elías
27. Werner Raúl González
28. Bresner Lemus Godínez
29. Marco Livio Díaz
30. Ramón Fión
31. Xiomara Morales
32. David Cristiani
33. Ángel Estrada
34. Jorge Roberto Vielman Deyet
35. Miguel Elías Oxlaj
36. Julio Roberto Díaz Sontay
37. Álvaro Hugo Martínez
38. Nery Alfonso Florián

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La meta era de Q64 mil 027 millones, pero la recaudación alcanzó los Q62 mil 591 millones al 31 de diciembre del 2019 y fue una de las razones de la separación.

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Además, el Directorio nombró superintendente interino a Werner Florencio Ovalle Ramírez, quien se ha desempeñado como el intendente de Aduanas, mientras se designe, por medio de un proceso de postulación, al nuevo titular del administrador tributario.

Período de análisis

El miércoles 29 de enero, los directores emitieron una resolución en la cual señalaron que Cruz Calderón incumplió la recaudación en 2019 y luego corrió un plazo de cinco días para que presentara sus argumentos. Ese período venció el jueves, pero con la decisión de removerlo por unanimidad.

Cruz Calderón fue nombrado por el Directorio el 23 de marzo del 2018 y sustituyó a Juan Francisco Solorzano Foppa, que también fue destituido por no haber alcanzado la programación en el 2017.

El Directorio de la SAT lo preside Álvaro González Ricci, quien además es el ministro de Finanzas y las directoras, Adriana Estévez Clavería y Silvia Liliana Castillo, que fueron nombradas por el expresidente Jimmy Morales.

Un día después de que Alejandro Giammattei Falla resultara ganador de la segunda vuelta presidencial en agosto del 2019, el entonces ministro de Finanzas designado, González Ricci, había advertido que el superintendente sería retirado por no alcanzar la programación tributaria.

Este es el segundo relevo de superintendente, luego de las reformas a la Ley Orgánica de la SAT en el 2016, que establece el cumplimiento de las metas como evaluación y medición.

Mantener programas

Representantes del sector privado organizado, destacaron que se deben continuar los planes que se venían desarrollando en la gestión de Cruz Calderón y darles el seguimiento.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), indicó que se debe trabajar en eficientizar los procesos de internación de las mercancías en el comercio exterior, evitar la burocracia y la revisión a discreción por parte del personal de aduanas, para agilizar los despachos.

Además, de promover los programas de fiscalización, con base en la ley e incluir aquellos sectores que en la actualidad no tributan o que evaden impuestos. Así también como ponerle frente al contrabando que le hace daño a la industria nacional.

“Lo más importante en este momento es que se logre mantener los programas que se venían desarrollando, que continúe la institucionalidad y los procesos normativos”, señaló Carrasco, quien reconoció avances significativos sobre todo en la implementación de la Factura Electrónica en Línea (FEL), el Registro Tributario Unificado y otros instrumentos electrónicos.

Las actividades en oficinas centrales de @SATGT se llevan a cabo con normalidad, luego de conocerse la decisión del Directorio de destituir al superintendente Abel Cruz Calderón. Los directores no brindarán declaraciones, se dijo. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/gfOXCx2Upj

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) February 6, 2020

Crédito fiscal

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), manifestó que deben continuar los programas que se desarrollaron para agilizar la devolución del crédito fiscal a los contribuyentes.

“No debe haber ninguna paralización o retraso con la salida del superintendente Cruz y muchos de los avances que se implementaron fueron con autoridades superiores y mandos medios para agilizar las entregas”, subrayó el ejecutivo de Agexport.

Reiteró que hay un compromiso de las autoridades de Gobierno de fomentar las exportaciones y agilizar la devolución del crédito fiscal es parte de ese proceso de apoyar al sector.

Otra de las áreas que hay que trabajar, comentó, es ampliar la base tributaria y sumar a más contribuyentes –tanto jurídicos como individuales– para mejorar la recaudación tributaria.

Se conoce que el equipo de intendentes y gerentes que trabajó con Cruz Calderón se mantendrá en sus cargos.

Cambio político

Para el consultor fiscal Juan Carlos Paredes, el cambio de Cruz Calderón también tiene un componente político y estaría asociado a que llegue al cargo una persona de confianza.

“Pueda ser que ellos (el gobierno) quieren sentirse más cómodos con una persona que esté más identificada con la actual gestión”, declaró.

En todo caso, el proceso de la elección del nuevo superintendente debe ser transparente y que se elija un profesional en las ciencias económicas y jurídicas que tenga las competencias, formación y experiencia para dirigir la SAT y ordenar la institución con una nueva dinámica y enfocar su propia agenda, que puede ser combatir al contrabando, incrementar la recaudación con nuevos sistemas.

Próximos pasos

El Directorio en los siguientes días, deberá hacer pública la convocatoria para empezar con el proceso de postulación del nuevo superintendente.

Este es el órgano competente que elegirá al futuro superintendente por medio de un proceso interno, según el artículo 7 literal “B” de la ley orgánica de la SAT.

El procedimiento de elección podría durar entre 30 a 50 días y se corresponde establecer los parámetros de calificación a los aspirantes e interesados a ocupar el cargo, luego de la convocatoria pública.

El Directorio además es el que hace el nombramiento del superintendente que sea electo, así como la selección de los intendentes.

“Es un castigo”

Édgar Pape Yalibat, exmiembro del Directorio de la SAT, dijo hay múltiples razones del porque no se alcanzan las metas de recaudación y que no solo es un trabajo del administrador tributario.

¿Cómo analiza la destitución del superintendente? 

Antes de las reformas lo decidía el presidente de turno y el Directorio envían una terna. Ahora hay una variante que lo decide el ministro de Finanzas, que es el presidente del Directorio que es una de las partes.

En todo caso es una decisión y un indicador de eficiencia en la gestión realizada por el superintendente y en este caso el objetivo principal es la recaudación tributaria.

¿Qué pasó a su entender?

En una economía programada que participen efectivamente todos los aspectos macroeconómicos, sean monetarios, fiscales y sociales, de igual manera los ingresos deben de ser programados y cumplida.

Eso significa que la autoridad tributaria y sus funcionarios tienen que comprometerse en función de ese objetivo a cumplir la meta a trabajar.

¿Cómo se puede llegar a la meta?

Para ello existen diferentes instrumentos de planificación, con lo cual se puede lograr esa meta.

Desde el punto de vista de la productividad es buena la eficiencia de la programación, sin embargo, es un tema que implica y reclama mucha coordinación de varias instituciones.

¿La meta depende solo de la SAT?

La variable fiscal y tributaria es una variable que además depende del comportamiento de otras instituciones, de la conducta del empresariado, los tributarios.

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Por ejemplo, si la Junta Monetaria, tiene que concebir cual será la tasa de crecimiento económico, lo relacionado al comercio, el consumo proyectado y todas estas variables influyen. Si falla alguna de ellas como el consumo, impacta en el IVA por la compra de menos bienes y servicios; si no se programa el PIB, va a influir en los empresarios o en los trabajadores si se presentan crisis.

Lamentablemente, las autoridades siempre son optimistas y esa es la variante de años, que ponen tasa de crecimiento alto, pero no se alcanza eso y ello implica al superintendente mucho trabajo.

¿Por qué es importante la coordinación?

Hay muchos tributos que requieren mayor coordinación macroeconómica para garantizar un buen recaudo. Pero eso no debe ser excusa o pretexto para no cumplir la meta y mi juicio ese castigo (destitución) me parece bien.

Es más, otras muchas entidades deben estar sujetas a su remoción o confirmación en sus tareas en determinados indicadores programables.

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El Directorio pidió a la Junta: “que se revise el acta de evaluación, calificación, adjudicación 14/2020 y acta de ampliación, modificación y ratificación 20/2020 a efecto que se amplíe la información en ambos documentos, relativa a los documentos que no fueron presentados por el oferente GSI Guatemala, S.A”, indica la resolución.

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Con esta posición, corre un plazo de cinco días para que la SAT presente lo requerido y un período de dos días para el traslado al Directorio de la información del expediente.

Eso significa que se evaluará el proceso de la Junta Calificadora. En el sistema Guatecompras se han presentado cinco inconformidades para el evento.

Antecedentes

El pasado 14 de enero la firma Tönnjes Card Internacional, S.A., se le adjudicó la licitación como proveedor de placas a la SAT.

La oferta que presentó la compañía fue de Q75 millones 788 mil 250 y fue la empresa que abasteció matriculas en el 2004 cuando se realizó el cambio generalizado de placas.

En el concurso, la firma GSI Guatemala, S.A., presentó una oferta por Q74 millones 985 mil 550.

La Junta de Licitación consignó en el acta, que rechazó la oferta de GSI Guatemala, porque incumplió el requisito de entregar cartas de referencia de cliente satisfechos, a quienes les haya fabricado y distribuido placas metálicas.

Resalta que se solicitaron tres referencias, pero GSI Guatemala, solo se presentó dos, según la nota de la Junta Calificadora.

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En 2018 se agotó el lote de placas metálicas y el ente administrador empezó a entregar a los contribuyentes matriculas de cartón y plástico.

Además, en 2017 y 2019 se realizaron licitaciones, pero no hubo adjudicaciones, en las cuales compitieron las mismas compañías.

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La evaluación comprendió un informe que Cruz Calderón presentó sobre el desempeño de la recaudación tributaria en 2019 y el proceso empezó el pasado 21 de enero y culminó la noche de este 29 de enero con la resolución.

La medición incluye el desempeño de indicadores fiscales y macroeconómicos.

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Esta es la segunda evaluación en la cual participan las directoras Estévez Clavería y Castillo, ya que en el 2018 destituyeron al exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa.

Sin embargo, Cruz Calderón tendrá un plazo de 5 días para hacer una réplica y presentar sus argumentos a los miembros del Directorio, quienes decidirán el futuro del administrador tributario.

Contexto

Dentro de los elementos que se presentaron de fundamento en la recaudación estuvo el nuevo cálculo de la economía por medio del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) año de referencia 2013.

Con esa base, el PIB el año pasado fue de un crecimiento del 3.5%.

El desempeño de la recaudación tributaria, así como de cada uno de los impuestos, se fundamentó en esos factores.

Balance de cierre

La programación de recaudación en 2019 fue de Q64 mil 27 millones, pero hubo una brecha de Q1 mil 400 millones. Se le conoce como brecha fiscal a los impuestos programados pero no recaudados.

Sin embargo, en términos porcentuales, la recaudación tributaria creció 6.4% respecto al 2018.

Por impuestos sobre la renta (ISR) hubo un recaudo de Q17 mil 98 millones, con crecimiento del 5.3% con relación al 2018; al valor agregado doméstico (IVA), Q14 mil 611 millones y 10% de incremento, y el IVA importaciones, la cobranza fue de Q15 mil 308 millones con 5.7% de incremento.

Retos y desafíos

Para el analista David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el superintendente debe mantener la continuidad y seguimiento a los proyectos de la administración tributaria.

“Debe aprovechar que, en este año, no se aprobó una meta de recaudación tributaria y queda la misma del 2019, por lo que se tiene todo para evaluar la continuidad de los planes e implementar las nuevas estrategias para poder lograr la programación en la cobranza”, destacó Casasola.

Para el consultor fiscal, Juan Carlos Paredes, el superintendente debe continuar con los proyectos de todas las herramientas de la gestión y los sistemas electrónicos.

También de poner atención al tema del contrabando, ya que la estructura tributaria del país está sostenida en el impuesto al valor agregado (IVA) y que aporta el 50% de la recaudación anual.

“Si en las aduanas no se fortalece la parte significativa en la recaudación podría continuar siendo la misma o en deterioro”, aseguró Paredes.

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El analista, dijo que se deben implementar nuevos mecanismos de recaudación, desde el punto de vista de fiscalización, sectores de riesgo; es decir, en la economía informal o aquellos expedientes donde los tributantes jurídicos reportan pérdidas o inconsistencia.

Además, la promoción para el pago de impuesto o una reforma tributaria que modifique algunas tasas, sobre todo en las rentas de los empleados para fomentar la planilla y que sea un incentivo para que los contribuyentes pidan su factura por la adquisición de bienes o servicios.

Decisión se conocerá próxima semana

El proceso de evaluación al jefe de la Superintendente de Administración Tributaria (SAT), Abel Cruz Calderón, entró en una fase de stand by y el próximo miércoles 5 de febrero se definirá su situación, si permanece en el cargo o es destituido.

Ahora corresponde un período de cinco días para que Cruz Calderón presente sus argumentos y presente sus réplicas.

Saul Figueroa, viceministro de Finanzas y presidente suplente en el Directorio, confirmó que el proceso de evaluación continua y se solicitó un informe de la meta cuantitativa a la Dirección de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, que se estaría conociendo la próxima semana y sería tomado como una base.

El funcionario detalló que se determinará el alcance de la meta cuantitativa de acuerdo con la Ley Orgánica de la SAT.

Reiteró que la meta está compuesta por una evaluación cualitativa y una cuantitativa y con esos términos se procederá.

“Es parte de la evaluación y él tiene cinco días para presentar sus argumentos. En la sesión del miércoles se tendrá un fallo en definitiva”, declaró Figueroa.

El funcionario, mencionó que el Directorio rechazó una solicitud de Cruz Calderón de hacer la evaluación con el nuevo cálculo de la producción nacional por medio del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) año 2013, que se presentó en diciembre del 2019.

Figueroa, no quiso brindar detalles sobre el informe de evaluación, ya que el proceso está en curso y otros aspectos que se tomaron en cuenta sobre el incumplimiento de las metas.

La brecha fiscal, que son los impuestos programados, pero no recaudados, fue de Q1 mil 393 millones.

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dijo esperan conocer cuál será la resolución del Directorio la próxima semana.

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En octubre la meta de recaudación era de Q54 mil 191.9 millones (acumulado), pero la SAT reportó que se alcanzó Q52 mil 536.6 millones.

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La diferencia es de Q1 mil 655.3 millones que se le conoce como brecha fiscal.

Sin embargo, las cifras detallan que existe una mejora en la cobranza del 5.9% o sea Q2 mil 932 millones más que el año pasado.

La recaudación en 2018 (enero a octubre) fue de Q49 mil 604 millones.

Los principales impuestos son sobre la renta (ISR) y valor agregado (IVA) que es el doméstico y el de importaciones.

Las autoridades tributarias informaron que la brecha cerraría para este ejercicio en unos Q1 mil 700 millones.

Comportamiento mensual

La SAT informó que solo en octubre la recaudación fue de Q7 mil 100 millones y superior en Q106 millones a la meta mensual que era de Q6 mil 994 millones, según las cifras.

Con relación a la recaudación realizada en octubre del 2018, hay un aumento de Q683 millones o sea incremento del 10.6%.

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En octubre del 2018, la recaudación fue de Q6 mil 417 millones.

La SAT mantiene un programa de fiscalización de 14 mil auditorías a los contribuyentes.

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Durante una citación en el Congreso, Abel Cruz Calderón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, (SAT), el ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez y representantes de la gremial, se acordó varios puntos que dan por superado el conflicto para la aplicación de la tabla de valores 2019 del impuesto específico a la primera matrícula de vehículos terrestres (Iprima).

“Me complace informarles que hemos llegado a un acuerdo entre la gremial, con los gestores, luego de una visita con los intendentes de la SAT, en Tecun Umán I y El Carmen, San Marcos y se observó la aplicación de la tabla”, afirmó Cruz Calderón.

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Entre los acuerdos, se confirmó que la tabla es aplicable y no se cambiará la normativa vigente, precisó. Además, que se brindará capacitación al personal de las aduanas para aplicar determinados criterios, y se ofreció capacitación a los gestores aduaneros, que auxilian a los importadores en la tabla de valores del Iprima, agregó el superintendente.

Añadió que con estos acuerdos el conflicto se encuentra superado, así como seguir con la mesa técnica de trabajo, para facilitar el comercio “enmarcado en ley”.

Cruz Calderón, agregó que en el caso de los vehículos modelo 1980 al 1989, sobre todo picops, se estaría aplicando el valor más bajo en en la tabla del Iprima.

Autoridades de la SAT y de Finanzas Públicas, junto a las diputadas Eva Monte Nicolle y Edna Soto, también acordaron que la Gremial de importadores participará en la conformación de la tabla de valoración impositiva que se aplicará el año próximo. pic.twitter.com/7xpo7iox03

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) January 31, 2019

Uno de los representantes de la gremial, dijo que se acordó aplicar para esos modelos, rangos de Q19 a Q23 mil (en promedio) del valor base para el cálculo del Iprima.

“Lo que sucedía era que se estaba aplicando el valor más alto para la internación de esos vehículos y de una manera arbitraria”, precisó.

Con estos acuerdos, dijo el representante, se realizaron compromisos con la SAT para evitar en el futuro problemas similares.

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Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas, expuso que en la visita en campo que se realizó esta semana se lograron comprender entre las partes, así como las limitaciones que tiene la SAT para trabajar en una manera conjunta.

“Se realizará la aplicación correcta para modelos de 1980”, afirmó el funcionario en el Legislativo.

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El jefe de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solorzano Foppa dio más detalles y advirtió: “Sepan que los vamos a investigar”.

¿Tiene sospechas de dónde provienen?

De momento, no tenemos ninguna. El compromiso es garantizar a la población que los sistemas van a seguir funcionando.

¿Es un ataque dirigido a usted y a su gestión?

Creemos que sí, es un ataque, un sabotaje dirigido a la gestión que se está haciendo.

¿Por cuál razón?

Buscan disminuir el trabajo de recaudación e impactar los servicios que se brinda a los contribuyentes.

En realidad, es algo que no afecta mi gestión, sino a la población en general, que no puede hacer uso de los servicios y que al final puede ser sancionada con multas y recargos. Son acciones ilegales y actos criminales de personas que se dedican a sabotear el sistema.

¿Impactará en el cobro?

No nos ha impactado en la recaudación, pero sí en la prestación de servicios fundamentales, y que han presentado atrasos en varias unidades.

La mayoría de molestias las sufren los tributantes.

Los integrantes de la Comisión procedieron ayer mismo a verificar si los candidatos cumplieron con la presentación de los requisitos, así como la veracidad de los documentos.

“Los profesionales que pasaron a la siguiente ronda es porque cumplieron con la documentación requerida”, aseguró Velásquez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Istmo y expresidente del Banco de Guatemala.

Luego se abrirá el espacio de impugnaciones —tachas— para que la sociedad civil se pronuncie sobre algún candidato y, a su vez, que los aspirantes al puesto puedan presentar las pruebas de descargo.

Velásquez afirmó que la Comisión de Postulación está en los tiempos adecuados para la culminación del evento electivo el próximo 10 de noviembre y se presente el listado de las personas que llenan el perfil a integrar el Directorio.

El proceso continúa en medio de un recurso de amparo que presentaron los actuales miembros del Directorio de la SAT en la Corte de Constitucionalidad, pues aseguran que fueron elegidos para un período de cuatro años.

El Directorio que sea elegido en esta ocasión asumirá en febrero del año entrante.

El Congreso aprobó en julio pasado un pliego de reformas a la Ley Orgánica de la SAT, en el cual modifica la estructura del Directorio, así como sus funciones, atribuciones y responsabilidades, y lo reduce a dos personas, presidido por el ministro de Finanzas.

Además, la iniciativa contemplaba la devolución del crédito fiscal a las empresas calificadas.

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El proyecto consiste en otorgar exenciones fiscales a aquellas empresas que financiaran por medio de fundaciones a atletas de alto rendimiento.

La normativa de ley incluiría, en una primera lista, a 10 empresas, pero el temor de los directores de la SAT era que se ampliara a otras firmas que gozarían de esos beneficios tributarios.

Los cálculos indicaban que, por cada ejercicio, la exoneración era de unos Q3.8 millones, pero podría incrementarse de manera sustancial, según el dictamen. El proyecto logró avanzar en la discusión en el pleno del Congreso este año, pero se solicitó opinión a la SAT.

La declaración fue otorgada por unanimidad de los integrantes del Directorio de la SAT.

Improcedente

Óscar Erasmo Velásquez, economista independiente, afirmó que no era procedente abrir un espacio general en el cual se exonere a las empresas que apoyen el deporte de alto rendimiento, ante las necesidades de recursos del país, sobre todo en el área social.

“La brecha social se hace más grande cuando se emiten este tipo de exenciones”, subrayó.

El experto recordó que existen otros espacios legales de exenciones fiscales a varias actividades económicas.

La opinión desfavorable surge a tres semanas de que el Ejecutivo retiró una propuesta de reforma fiscal que pretendía subir impuestos a los derivados del petróleo, distribución de cemento y regalías a la minería, así como modificar el ISR.

Si bien el paquete fue retirado, generó un ambiente de rechazo al presidente Jimmy Morales.

El pasado lunes, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, informó que en octubre próximo se convocará a empezar la discusión para un Pacto de Desarrollo Fiscal.

La decisión de los directores, a la que Prensa Libre tuvo acceso, considera que, tal como se plantean ambas iniciativas, en términos fiscales, facultaría la exoneración del IVA, que deduciría el gasto a terceros en las operaciones de arrendamiento financiero y a aquellos que practiquen una cesación de derecho de crédito.

Eso significa que una empresa de arrendamiento —operativo o financiero—, a un arrendatario podría trasladar una exención del IVA, como por ejemplo, las cuentas por cobrar a terceros, que están exentas de ese impuesto, así como el título del crédito a negociar. 

“Al realizar el análisis jurídico de fondo, se determinó que existe una exoneración del IVA como está planteada”, indica el planteamiento de la SAT.

El informe señala que al aplicar el leasing y el factoraje se cumple con su función de activar la economía, pero se diverge al otorgar la exoneración. 

En el caso del factoraje, es una cesión de los derechos de crédito y, además, una alternativa que permite disponer anticipadamente de las cuentas por cobrar.

Regulación

Los proyectos tienen como objetivo regular las prácticas sobre arrendamiento financiero y la cesión de crédito, ya que en la actualidad existe un vacío legal para normalizar su funcionamiento en el sistema de las dos herramientas.

Ambos proyectos fueron promovidos por el Ministerio de Economía. 

La discusión en el Congreso, en caso del leasing, llegó a tercer debate, lista para hacer aprobada en julio pasado en el pleno, pero algunos diputados solicitaron a la SAT pronunciarse sobre el contenido y se suspendió el debate.

Mientras que en la de factoraje solo se agendó en el pleno, pero nunca entró a discusión, por las mismas circunstancias.

La Comisión de Economía del Congreso emitió opinión favorable a ambas iniciativas durante el primer semestre del año.

Las iniciativas fueron presentadas por el exministro de Economía durante la administración del Partido Patriota, Sergio de la Torre.

Las propuestas integraban un paquete de leyes para fomentar las actividades productivas del país mediante estos instrumentos, que no están regulados.

Criterios

El consultor fiscal Juan Carlos Paredes consideró que en la iniciativa de ley en el caso del leasing existe una figura que realiza ese proceso de traslado que el Directorio lo asume como exoneración, y la intención es homologar esa figura del IVA como lo tiene el sistema financiero, que ya goza de ese beneficio.

Paredes explicó que cuando una persona o empresa compra equipo, se traslada como un activo con opción a compra, por lo que quedaría una cuenta por cobrar —que sería un cobro mensual— y en las cuotas, la empresa recobra capital y el interés.

Ese cobro mensual se podría negociar con los bancos —cuentas por cobrar—. 

Añadió que si se da un leasing por Q1 millón, ese dinero se va al banco, se descuenta o se traslada a las institución para recuperar el dinero de inmediato, y en ese traslado existe una exoneración de impuestos.

“Es seguro que ahora la Comisión de Economía deberá convocar a una mesa técnica para discutir esta oposición del Directorio”, refirió.

Utilidad

Carlos González Areválo, analista de Asíes, explicó que ambos instrumentos financieros ya se emplean en el sistema financiero con base en la regulación del Código de Comercio, y ahora lo que hace falta es normarlo.

“Entiendo que la Comisión de Economía dio opinión favorable a dichas iniciativas, por lo que ahora deberá de regresar la discusión”, afirmó.

Para Sigfrido Lee, analista del Cien, hay que buscar un balance sobre la importancia de estos instrumentos, “ya que por el cobro de dos o tres impuestos se complica el desarrollo empresarial”.

Afirmó que el uso de de estos instrumentos tiene un carácter fiscal predecible —manejo—, por lo que son utilizados en varios países.

Explicó que el leasing busca que las empresas tengan capital fijo, y el factoraje, capital de trabajo.

La elección se llevó a cabo al considerar la situación jurídica de Franco, quien enfrenta un proceso por defraudación aduanera.

La Ley Orgánica de la SAT refiere que en ese tipo de situaciones el Directorio tiene la facultad de nombrar a otro superintendente.

Franco mantendrá el título de superintendente hasta que un juzgado determine su situación.

De eso dependerá, si el presidente, Otto Pérez Molina, lo mantiene en el cargo, o lo destituye.

Franco fue detenido el miércoles pasado luego de ser acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), de formar parte de una rede de defraudación aduanera.

Fuentes García es contador público y se ha desempeñado como gerente de grandes contribuyentes e intendente de fiscalización.

Las preguntas fueron dirigidas por el presidente de la comisión y rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado Cerezo y el secretario Álex Franco. Otras preguntas fueron formuladas por el resto de comisionados.

Los aspirantes tuvieron 14 minutos para poder responder las inquietudes planteadas por los miembros.

Esta actividad tuvo un valor de cinco puntos para completar los cien puntos establecidos en la tabla de gradación.

Alvarado Cerezo, informó que la votación se programó para el próximo lunes en la sede del Ministerio de Finanzas y ese mismo día se enviará el listado al presidente Otto Pérez Molina.

El mandatario deberá de elegir en los próximos días a cuatro miembros del directorio entre titulares y suplentes.

Interés

A la convocatoria de la SAT participaron 48 profesionales interesados en integrar el Directorio.

Luego de un proceso de depuración, solo quedaron 21 candidatos profesionales de las carreras de economía, contaduría pública y auditoría y ciencias jurídicas.