Centros de documentación artística en Guatemala: Algunos espacios y retos que enfrentan

Algunas instituciones preservan archivos y documentos sobre artistas nacionales a pesar de los retos de accesibilidad y conservación.

Alejandro Ortiz

27 de octubre de 2024 | 07:00h

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Archivos como el del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Cirma) ofrecen al público general datos antiguos sobre las artes en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Cirma)

Un archivo perdura en la historia como un conjunto de documentos que narran hechos importantes sobre épocas pasadas y que suelen registrarse en materiales impresos. Entre los acervos documentales que resguardan la historia del país, destacan aquellos elaborados a partir de recursos artísticos.

Uno de estos esfuerzos es el Centro de Documentación de las Artes, ubicado en el séptimo nivel de la Biblioteca Nacional Luis Cardoza y Aragón, donde se conservan libretos de teatro guatemalteco, partituras, libros de investigación sobre artes visuales, danza y música, entre otros materiales.

Bajo el resguardo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), el centro documental cuenta, además, con partituras originales de artistas como Joaquín Orellana, fotografías y revistas del siglo XX e, incluso, un amplio registro de artesanías, las cuales pueden ser consultadas por cualquier persona dentro del recinto.

Al igual que el MCD, el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Cirma) ha construido un extenso acervo documental del país. En esta institución privada se pueden encontrar referencias artísticas y documentales desde el siglo XVI, las cuales pueden conocerse a través del Archivo Histórico de la institución.

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De acuerdo con Thelma Porres, Directora de Archivo Histórico, en este espacio se conservan colecciones de artistas y pensadores locales, como los textos que escribía Miguel Ángel Asturias cuando era corresponsal de El Imparcial en Francia. También se encuentran documentos del artista Jacobo Rodríguez Padilla, quien fue pintor, grabador y miembro del Grupo Saker-Ti, así como archivos de escritores como Mario Payeras, Yolanda Colom, José Batres Montúfar, José Barnoya García y Adrián Recinos. Por otro lado, están disponibles partituras de música colonial, materiales fotográficos de los últimos siglos y piezas hemerográficas de los grupos Vértebra, Saker-Ti y NuevoSigno.

Estos centros evidencian la construcción estética dentro de la historia del país, incluyendo tiempos recientes. Entre ellos, cabe mencionar el Centro de Documentación de la Galería El Attico, fundado en 1991, donde se conservan catálogos de exposiciones —varios de ellos donados por artistas como Roberto González Goyri, Daniel Schafer y Edna Rodas de Núñez—, recortes de prensa, publicaciones críticas, monografías y documentos de artistas del siglo XX.

Aportes a la historia

De acuerdo con el historiador de arte Guillermo Monsanto, quien además es director del archivo de El Attico, los centros de documentación son “fuente de memoria imprescindible para el futuro del país”.

Desde el Ministerio de Cultura y Deportes, Luis Fernando Soto Gramajo, encargado de la Dirección de Fomento de las Artes, señala que espacios como el Centro de Documentación de las Artes permiten darle valor a los artistas.

“Conocemos de nuestros artistas cosas muy pequeñas y escuetas, pero no se ha llegado a profundizar realmente en toda la labor que han hecho. Es importante preservar esto para que las futuras generaciones sepan quiénes son sus artistas”, dice el funcionario.

Además del público que puede llegar a estos centros de documentación, el hecho de que existan estos espacios también es un buen indicador para los mismos realizadores. Monsanto refiere que, si los artistas no dejan documentos o publicaciones en vida, “también van desapareciendo con el tiempo”.

El investigador señala que El Attico está abierto para recibir archivos de artistas. De igual manera, en el Centro de Documentación de las Artes se pueden donar recursos documentales a través de la Dirección de Fomento de las Artes.

Riesgos y desafíos de los archivos

Los entrevistados señalan que los centros de documentación tienen sentido en la medida en que son visitados. Esto supone un gran reto, ya que muchas veces las personas que se acercan a estos espacios son especialistas y no siempre un público general.

En el caso del archivo artístico del MCD, se ha incentivado dar a conocer la institución a centros educativos y escuelas de arte. Para Monsanto, este tipo de visitas es crucial no solo para visibilizar datos a los estudiantes, sino también para formar en perspectiva a los docentes.

Soto Gramajo comenta que, desde el Centro de Documentación de las Artes, el espacio físico es un reto, ya que de momento se encuentra en un recinto provisional. “Se espera tener en un futuro un lugar que sea mucho más accesible para el público y que puedan llegar”, explica.

Monsanto coincide en que, desde su experiencia, el espacio para preservar archivos es algo por mejorar y ofrecer una mejor experiencia de contacto con los materiales. Actualmente, el centro documental de la galería se encuentra en transición puesto que sus primeros años estuvo en la ciudad capital y actualmente se está montando en La Antigua Guatemala.

Por otro lado, Soto Gramajo menciona que la participación de académicos que puedan trabajar con los materiales archivados es una gran necesidad que han ubicado. En paralelo, menciona que la digitalización es otra urgencia que de a pocos se va resolviendo en la entidad.

El funcionario agrega que para continuar con ese trabajo es necesario contratar más personal. De momento hay documentos que están digitalizados, pero hacen falta más, de los cuales, muchos tienen materiales más delicados.

Hospital Roosevelt rescinde contrato de cuatro de sus trabajadores

El Hospital Roosevelt presentó una denuncia contra una de sus trabajadoras por un supuesto caso de sustracción de documentos.

Pavel Arellano

15 de abril de 2024 | 16:35h

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Las oficinas de la Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Roosevelt se abrieron este 15 de abril, luego de estar encerradas desde el pasado 12 de abril por un supuesto caso de sustracción de documentos. (Foto Prensa Libre: X/@HRooseveltGT)

Este 15 de abril el Hospital Roosevelt emitió un comunicado en donde se informó sobre la rescisión de contrato de cuatro de sus trabajadores.

En el escrito, se especifica que los cuatro trabajadores son Héctor Alfredo Nájera, del área de Presupuesto, Juan Carlos Solís y Martín Leal Rojas del área de Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento, así como de la arquitecta Rosa Elena Ruíz.

Además, en el escrito se añade que el Hospital presentó una denuncia al Ministerio Público en contra de la arquitecta Ruíz por la posible comisión de un delito derivado de la sustracción de documentos.

Esto se debe a que, el pasado 12 de abril el Ministerio de Salud y el Hospital Roosevelt denunciaran la supuesta sustracción de documentos en el centro asistencial, además de compartir imágenes de cámaras de seguridad del momento en que supuestamente se llevan dichos documentos.

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El pasado 12 de abril, el director del Hospital Roosevelt, Luis Chávez, había asegurado que se identificaron ciertas anomalía en procedimientos y que por ello se procedió a la rescisión de contratos.

Hospital Roosevelt Informa: pic.twitter.com/az7ysSSF7i

— Hospital Roosevelt (@HRooseveltGT) April 15, 2024

Apertura de oficinas

El Hospital Roosevelt también informó este lunes que se llevó a cabo, dentro de las instalaciones la apertura de las oficinas de la Subdirección de Ingeniería y Mantenimientos.

Según las publicaciones del hospital en la red social X, las oficinas permanecieron cerradas desde el pasado 12 de abril por la sustracción de documentos.

El Director del Hospital Roosevelt Dr. Luis Chávez y el Subdirector Técnico Dr. Jaime Matta acompañados de los Jefes del área administrativa, realizaron la apertura de las oficinas de la Subdirección de Ingeniería y Mantenimiento. pic.twitter.com/klXFosZ5ly

— Hospital Roosevelt (@HRooseveltGT) April 15, 2024

Otras de las acciones que se llevarán a cabo dentro del centro asistencial es la solicitud de una auditoría interna.

Según la cartera de salud el pasado 12 de abril, la auditoría servirá para ver si los documentos presuntamente sustraídos realmente pertenecen al centro asistencial.

Salud denuncia posible sustracción de documentos en Hospital Roosevelt

Autoridades señalan que cámaras de seguridad habrían captado el momento de la posible sustracción de documentos.

Pavel Arellano

12 de abril de 2024 | 21:26h

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El Ministerio de Salud denunció este viernes ante el Ministerio Público la posible sustracción de documentos en el Hospital Roosevelt. (Foto Prensa Libre: cortesía del Ministerio de Salud Pública)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este viernes mediante un comunicado que presentó una denuncia al Ministerio Público debido a la supuesta sustracción de documentos en el Hospital Roosevelt.

De acuerdo al escrito, el ministro de Salud, Óscar Cordón Cruz habría recibido comunicación por parte del director del hospital, Luis Chávez, en donde informaba de lo sucedido, ya que por medio de imágenes captadas por una cámara de seguridad se muestra el momento exacto de la supuesta sustracción de documentos.

“No sabemos qué tipo de documentos son, pero sí tenemos imágenes grabadas“, habría mencionado el director del hospital.

Además, en el comunicado hay una imagen en donde se muestra a una mujer con varios cartapacios y al lado de un vehículo, junto a un video.

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También se menciona que, entre las acciones que llevará a cabo el director del hospital está un proceso administrativo que involucra un levantamiento de acta para registrar el hecho, y la solicitud de una auditoría interna con el objetivo de ver si los documentos presuntamente sustraídos pertenecen al centro asistencial.

“Se ha hecho también un esfuerzo en cuanto a la seguridad externa del hospital previendo cualquier otro tipo de situación anómala”, dijo el ministro Cordón en el escrito.

El director del hospital también indicó que ya se hicieron las denuncias correspondientes para esclarecer los hechos, además de ordenar el cierre de áreas con medidas de sellado.

Siendo la labor de transparencia y cero tolerancia a la corrupción un factor fundamental, se presentó una denuncia por la posible sustracción de documentos en el Hospital Roosevelt.

Conoce más detalles aquí: https://t.co/4nENo091BC

Sin corrupción #GuatemalaSaleAdelante. pic.twitter.com/r4ZPfXrn5g

— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) April 13, 2024

“Se han identificado ciertas anomalías en procedimientos y se procedió a rescisión de contratos“, indicó el director Chávez.

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La fotografía, el invento que cambió el mundo

Un año después abrieron una fototeca y luego con un archivo histórico que cada día crece y está disponible para todos aquellos que quieren conocer más de la historia y de la cultura guatemalteca.

Durante cuatro décadas ha sido un lugar que ha tenido cuidado de libros, documentos, mapas y fotografías que cuentan la historia de Guatemala.

La biblioteca de ciencias sociales tiene más de 70  mil volúmenes, el archivo histórico con más de 8 millones de documentos y de mapas y la fototeca con 200 colecciones que suman 1.5 millones de fotografías.  Por ahora 21 personas son las encargadas de mantener la dinámica de este centro.

“Las personas en ocasiones asocian el proyecto con historia y aburrimiento, pero queremos decir que no, Cirma, por el contrario es memoria, arte, cultura y tecnología, todo está en Internet o se está digitalizando y con frecuencia sacamos cosas fuera de estas paredes para que se conozca más de esta riqueza”, dice Anaís García, directora de la Fototeca Guatemala.

“Si no se puede consultar todo este material no sirve de nada y aquí todo está abierto al público”, agrega García. La única sugerencia es que para ver las fotografías originales se haga una cita con días previos, ya que estas se encuentran en espacios climatizados y necesita de un proceso para salir de él, mientras lo que está digitalizado o físico, como los libros, si es posible revisarlo en el momento.

La experta también comenta que durante estos años se ha creado una red con instituciones nacionales e internacionales con las que se permite difundir más este material, se tienen proyectos de cooperación para prácticas de estudiantes universitarios que están en las ramas involucradas de la historia, conservación e investigación.

La institución permite hacer estancias de investigación y años sabáticos para algunos investigadores.

Durante este tiempo también las exposiciones han resultado herramientas para promover el material que se tiene. Cirma también tiene otros proyectos para centros educativos y formativos como escuelas y colegios.

En contacto con los materiales

El archivo crece con frecuencia, regularmente por donaciones de familias y organizaciones hacen a la institución.

A diario se digitalizan páginas y fotografías.  Los guantes siempre los deben portar quienes trabajan y consultan las hojas y fotografías, algunas de ellas se hacen cada vez más sensibles con el paso del tiempo.

Los guantes de algodón han sido los más utilizados aunque actualmente también se utilizan algunos de plástico, de marcas ecológicas.  El trabajo es minucioso, requiere de una limpieza extrema de los materiales y las máquinas, así como de una codificación para facilitar la ubicación de los archivos.

La temperatura del lugar es también un reto.  Esta climatizado para que el calor y la humedad no afecten, por lo regular algunas áreas están entre 17 y 19 grados centígrados.

En Cirma hay un sistema de cámaras y luces para fotografiar formatos que no son accesibles a un escáner como álbumes fotográficos que no pueden voltearse.

¿Dónde consultar?

Si usted ingresa a la página web cirma.org.gt encuentra un mundo lleno de posibilidades. Podría hacer un previo sobre lo que desea consultar en temas políticos y sociales que marcan la historia del país.

Por ejemplo, está la colección de estudios fotográficos como el Rodi, entre 1930 y 1960, o el de Canche Serra, los cuales ofrecían retratos a los capitalinos de clase media y acomodadas o el trabajo de Tomás Zanotti que entre 1898 y 1950 guardó monumentos de Quetzaltenango, así como fotografías de los pobladores indígenas de aquellos años.

García explica que se tienen algunos formatos antiguos de fotografía, se pueden consultar el archivo personal de Adrián Recinos, o bien formatos de fotografía del siglo XIX, como daguerrotipos, ambriotipos, placas de vidrio, gelatina seca, entre otras.

También existe una colección de fotografías del desaparecido Diario El Imparcial, uno de los primeros periódicos que circularon en la ciudad de Guatemala en la década de 1920 y que dejó de existir en 1985.

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Exposiciones

A continuación encontrará detalles y horarios de las muestras propuestas.

40 aniversario, Fractálisis

Como parte de la celebración del 40 aniversario de la Fototeca Guatemala se inaugurará la muestra Fractálisis.  En ella podrá observar más de 200  fotografías de 44 artistas de la cámara que muestran un parte o fracción de la historia gráfica del país.

La ubicación es en La Nueva Fábrica, Aldea Santa Ana, La Antigua Guatemala.

Está abierta desde ya hasta el 18 de mayo. El horario es de miércoles a domingo, de 11 a 18 horas.

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Éxodo y retorno

Además, dentro de las instalaciones de Cirma también está la exposición Éxodo y retorno.  En ella verá el trabajo del lente de Simone Dalmasso, Morena Pérez Joachín, Esteban Biba y Oliver de Ros.

Ensayos fotográficos que lleva a las personas a descubrir los rostros de las caravanas de migrantes, las acciones policíacas,  deportaciones y también las condiciones de familias enteras que quedaron atrapadas en esta dinámica de movilidad.

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Al margen de los problemas legales que el señor Bitkov pueda enfrentar en Rusia, para Guatemala constituye un hecho crucial porque su caso es el reflejo de la corrupción en oficinas públicas, porque el uso de documentos oficiales obtenidos de manera fraudulenta puede degenerar en el uso malicioso de nuevas identidades, cuyo objetivo puede ser distinto, de acuerdo con los individuos que los adquieren.

La obtención de documentos falsos no es una novedad en Guatemala, y a ello se debe que la vieja cédula de vecindad debió ser descontinuada, porque era un documento de fáciles manipulaciones y llegó a tener un uso demasiado discrecional entre alcaldes, lo cual en muchos lugares dio lugar a fraudulentos procesos electorales.

La llegada de un nuevo documento de identificación personal corrigió en mucho aquellas viejas prácticas, pero no las eliminó y, por el contrario, encareció el precio de las fraudulentas identidades y convirtió el procedimiento en otra fuente de riqueza ilícita para las mafias, por la autenticidad y el respaldo institucional de los emisores, pero a estos últimos los hizo sensibles a peligros mayores porque dicho acceso se facilitaba a quienes podían pagar, con dinero de recursos oscuros.

Sobre el caso Bitkov se han dado diversas presiones que deben ser rechazadas cuando, por segunda ocasión, otro tribunal encuentra argumentos convincentes para emitir una nueva condena. En consecuencia, se debe apelar a la independencia judicial para rechazar cualquier injerencia, sobre todo si proviene de políticos foráneos desconocedores de nuestra penosa realidad o financiados por intereses incompatibles con un pleno estado de Derecho.

La alteración o el uso de documentos falsos del Estado de Guatemala debe ser combatido de manera frontal, lo cual incluye presionar a las autoridades para eliminar la corrupción en las dependencias involucradas. Estados Unidos debería ser el primer interesado en que eso ocurra, porque resulta ser el principal destino de quienes buscan ingresar de manera ilegal a ese territorio, y eso solo lo pueden hacer quienes disponen de recursos suficientes para pagar por documentos oficiales fraudulentos.

Aunque el Tribunal avaló la solicitud del Ministerio Público de expulsar a Bitkov del país, esa medida queda en suspenso, debido a la petición que este hizo de refugiado. El desenlace será una brasa para el presidente Jimmy Morales, cuyo gobierno deberá decidir si respalda la postura de la justicia y los reclamos de Rusia para extraditar a Bitkov o si le concede quedarse en Guatemala como refugiado.

Queda en manos del alicaído Ministerio Público iniciar una profunda investigación sobre un caso de corrupción añejo pero poco combatido, con el agravante de que sus repercusiones recaen en la seguridad de naciones amigas.

El viernes 13 de abril se publicó en el Diario de Centro América el decreto 8-2018, que reforma el artículo 5 del CC, norma que regula la identificación de la persona y establece que quien use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o bien utilice su nombre incompleto u omita alguno de los apellidos que le corresponden, la persona, si es mayor de edad, puede establecer identificación de nombre mediante declaración jurada que se debe hacer en escritura pública, así mismo también podrá hacerlo cualquiera que tenga interés en la identificación.

Lo anterior es lo que regula el Código sin modificación. Con la reforma se adiciona un segundo párrafo al artículo 5, el cual establece que “La presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto; y por lo tanto, no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna”. En este párrafo se hace referencia solo al nombre, pero conforme al CC, el mismo se compone de los nombres y apellidos. Antes del cambio, algunas oficinas o dependencias públicas rechazaban las gestiones administrativas porque el nombre de la persona consignado en el documento no llevaba o carecía de tilde. Tal situación causaba retrasos en trámites y procesos, obstaculizaba el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como también provocaba pérdidas económicas y otros inconvenientes. En el segundo considerando del decreto 8-2018 se establece que “(…) la tilde únicamente indica la acentuación al pronunciarlos y no implica diferenciación en su significado, y que así debe ser entendido por autoridades, empleados y funcionarios públicos; de modo que no se rechacen documentos, solicitudes ni trámites a las personas o usuarios con el argumento que una tilde hace a un nombre o apellido uno distinto, afirmación que es errónea (…)”. El efecto positivo de este cambio en la ley es que desde el sábado 14 de abril de este año, fecha en que la modificación inició su vigencia, ninguna autoridad, empleado o funcionario público puede rechazar documento, gestión, solicitud, inscripción, actualización, traspaso, registro, etc., si al nombre de la persona le falta o lleva tilde.

En el ámbito tributario, esta reforma al CC también tiene repercusiones positivas en las actuaciones de los contribuyentes o sus representantes, entre otros podemos mencionar el reconocimiento de costos y gastos, así como del crédito fiscal del impuesto al valor agregado, de las personas individuales, en virtud de que las leyes tributarias exigen que en la factura debe consignarse el nombre y apellidos completos del comprador, para lo cual ya no será problema si se consigna o no con tilde. En el caso de la factura de venta o prestación de servicios de un contribuyente individual, si por error se imprimió el nombre con tilde o bien no la lleve, tampoco será problema tributario, ya que el documento no pierde su efecto fiscal y legal correspondiente.

Quienes actúan como representantes legales, mandatarios, contadores y otros, si en sus nombramientos o al inscribirse en las oficinas estatales sus nombres se consignan con o sin tilde, ya no sería problema legal.

Enhorabuena con la modificación efectuada, ya que la reforma al Código Civil resolverá los problemas de muchas personas, evitándoles demoras y gastos, haciendo viables las gestiones correspondientes.

Otros temas tributarios visite: www.chilemonroy.com

Según el Registro Nacional de las Personas (Renap), aún está pendiente la entrega del último lote de documentos para llegar a los 12 millones que estableció el  referido documento.  La empresa asegura que solo quedan 82 pendientes, aunque según información reciente se deben más de 400 mil.

El  jefe de Comunicación Social del Renap, Carlos Narez, indicó que a más tardar el viernes pasado  la firma les haría entrega de los DPI pendientes; pero  no fue así, por lo que esperan que esta semana se concrete.

Easy Marketing  dice que el  Renap aún les debe proporcionar las órdenes de impresión pendientes para los 82 DPI con los que se alcanzarán los 12 millones.

“Cuando esto ocurra, se procederá a la notificación y se le solicitará  al Renap el nombramiento de la junta receptora y liquidadora para proceder a la entrega de lo contractualmente convenido”, se agregó.

Liquidación

Ninguna de las dos partes refiere fechas de cuándo terminaría el traspaso.  

Narez indicó  que luego de la fase de finalización del contrato, se procederá  a la liquidación,  que está amparada por un cronograma que incluirá  el traspaso de los manuales, los cuales deben estar actualizados y en español, así como la entrega del equipo y los programas informáticos, “para poder recibir en condiciones necesarias y seguir funcionando y atendiendo la demanda de DPI”.

Easy Marketing solo respondió que las partes tienen que regirse por los  plazos establecidos en la Ley.  

Narez asegura que  el personal del Renap está capacitado para emitir en la nueva impresora,  en cuanto  Easy Marketing  entregue el lote pendiente.

El medio indicó que el lote completo de 11,5 millones de documentos “no se ofrecerá al público o a agencias de seguridad. Eso se debe a que el SZ no es una extensión de la fiscalía o los investigadores fiscales” .       

Las autoridades tienen competencia legal para obtener los documentos de las personas sospechosas de malas prácticas, señaló el periódico, con sede en Múnich, y en muchos casos no hay un interés público en revelar las operaciones financieras en el extranjero de personas o empresas.       

Los documentos están relacionados con el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que ayuda a crear empresas fachada para los ricos y famosos. La empresa dijo haber presentado una demanda alegando que los datos se robaron en un ataque informático.       

El Sueddeutsche Zeitung dijo desconocer cómo había obtenido los datos la fuente anónima, pero que él o ella expresó “un impulso moral muy fuerte” y quería hacer “públicos estos delitos” .       

El gobierno de Panamá acusó el miércoles a otros países adinerados de atacar injustamente al país centroamericano y hacer oídos sordos a sus propios sus fallos.       

El presidente, juan Carlos Valera, anunció la creación de un comité de expertos internacionales que recomiende formas de impulsar la transparencia en el sector financiero que maneja dinero de extranjeros en Panamá.

Los expertos señalan que si bien las empresas en el extranjero se pueden utilizar para evadir impuestos y lavar dinero, también hay motivos legítimos y legales para crearlas.       

Los legisladores alemanes dijeron el jueves que tenían previsto celebrar un debate urgente la semana que viene sobre las filtraciones.       

“Las revelaciones en “Panama Papers” han desatado un amplio debate entre los políticos y el público sobre las necesarias consecuencias”, dijo Christine Lambrecht, legisladora del Partido Socialdemócrata, que forma parte de la coalición de gobierno de la canciller, Ángela Merkel.       

En respuesta a preguntas de los lectores sobre la ausencia de políticos alemanes o estadounidenses en los documentos, el Sueddeutsche Zeitung dijo que por el momento no se habían encontrado estos nombres en los documentos.       

En los archivos hay copias de pasaportes de 200 estadounidenses y unos tres mil 500 accionistas de empresas extranjeras indicaron direcciones en Estados Unidos.       

“Un posible motivo por el que en comparación aparecen pocos estadounidenses en los documentos podría ser que los ciudadanos estadounidenses no tienen motivos para contactar con una firma legal en Panamá” , señaló el periódico.

“Eso se debe a que resulta fácil crear empresas extranjeras en estados como Wyoming, Delaware o Nevada” .  

El sacerdote riojano admitió ante el fiscal y, después, ante su abogada haber facilitado al periodista Gianluigi Nuzzi, también imputado por publicar los documentos en un libro, las 85 contraseñas relativas a archivos que conservaba en su correo electrónico.

No obstante, aseguró que nunca le entregó documentos en papel.

Aunque confesó haber facilitado las contraseñas a Nuzzi, también expresó su sospecha de que anteriormente alguien había entrado ya en su correo electrónico.

Durante su comparecencia, de tres horas, hizo hincapié en las presiones y chantajes que supuestamente recibió por parte de Chaouqui tras terminar sus labores en mayo de 2014 la comisión investigadora de las finanzas vaticanas que integraban, la COSEA, instituida por el papa Francisco para poner orden en las cuentas de la Santa Sede.

Estas presiones, afirmó Vallejo, se debían al deseo de la italiana de continuar trabajando en el Vaticano e incluso le llevaron a solicitar un informe psicológico.

En concreto, aseguró haber sido amenazado y chantajeado por Chaouqui y su marido, Corrado Lanino, que además era el encargado de todo el entramado informático de la COSEA.

Para presionarle, según el sacerdote, ella le dijo que pertenecía a los servicios secretos y Vallejo afirmó que en algunos momentos sintió que le vigilaban.

Por otro lado, el fiscal citó los testimonios de varias personas que habían trabajado en la Prefectura económica y que acusaban a Vallejo de haber creado una asociación secreta para ocuparse de las economías de la Santa Sede, lo que el imputado negó tajantemente.

En este proceso penal se investiga la filtración y publicación de documentos sobre las finanzas vaticanas y en él permanecen imputadas cinco personas: Vallejo, Chaouqui, el administrativo Nicola Maio y los dos periodistas que los divulgaron en sus libros, Nuzzi y Emiliano Fittipaldi.

En la vista de el lunes estuvieron presentes todos los acusados a excepción de Nuzzi, que se encontraba en Milán preparando la vista de otro proceso y que ha sido declarado en contumacia.

La sesión continuará mañana a las 10.30 locales  (09.30 GMT) , cuando Vallejo deberá responder a las preguntas de los abogados del resto de imputados.

Habrá una vista durante la tarde de mañana y las siguientes audiencias, en las que deberán declarar los imputados, se celebrarán el próximo viernes y el lunes y el martes de la próxima semana, con sesiones matutinas y vespertinas.

En la última de las audiencias celebradas, el 30 de noviembre del 2015, se admitieron 12 testigos, entre ellos el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Santos Abril y Castelló, presidente de la comisión cardenalicia de vigilancia del banco vaticano y arcipreste de la Basílica de Santa María Mayor.

Pero aún se desconoce cómo y sí acudirán a declarar en el proceso, conocido como “Vatileaks 2” , en alusión al escándalo sobre la divulgación de la correspondencia privada del papa Ratzinger en el 2010.

Por su parte, los dos periodistas enjuiciados han siempre rechazado las acusaciones de haber realizado presiones para obtener los documentos y se han amparado en la libertad de prensa para publicar el material que se les entregó.

Durante estos tres meses de interrupción han emergido numerosas teorías e incertidumbres sobre el ritmo en el que se procederá o sobre el modo en el que podría concluir el juicio, barajándose entre las opciones un posible perdón del papa Francisco.

El Sumo Pontífice no ha ocultado su malestar por este caso y durante el ngelus dominical del 8 de noviembre lo calificó abiertamente de “acto deplorable” , para expresar después su determinación a continuar con sus reformas.

Los documentos han servido para nutrir los dos libros de los periodistas en los que se da cuenta de irregularidades financieras en el Vaticano antes de las reformas de Francisco o de los excesos de gasto cometidos en algunos casos por cardenales.

Sus libros, publicados la semana pasada, se basan en documentos filtrados pertenecientes a una comisión especial que Francisco designó para poner en orden las finanzas del Vaticano y proponer cambios.

El vocero vaticano, Federico Lombardi, confirmó este miércoles que Nuzzi y Fittipaldi son investigados por magistrados de la Santa Sede por su posible participación en relación a los documentos filtrados.

Desde Berlín, Nuzzi dijo que no sabía nada relacionado con la investigación. Fittipaldi fue citado por su revista Espresso diciendo que es el precio que tiene que pagar por hacer su trabajo.

En los sistemas judiciales de Italia y del Vaticano, es usual que alguna persona sea investigada sin que haya cargos formulados contra ella. No quedó claro de inmediato si el Vaticano tendrá jurisdicción sobre los periodistas en caso de que obtuvieran los documentos fuera de las fronteras de la Santa Sede.

Tras la publicación en el 2012 del libro de Nuzzi basado en documentos entregados por el mayordomo del papa Benedicto XVI, el Vaticano declaró ilegal la filtración de documentos.

Los libros estuvieron basados en reportes internos que revelaron pérdidas millonarias en los negocios inmobiliarios del Vaticano, más pérdidas en las tiendas libres de impuestos que mantiene la Santa Sede, los gastos exorbitantes requeridos para cada canonización, además de la avaricia de monseñores y cardenales que ansiaban residencias lujosas.

En particular ha sido mencionado el nombre del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de estado del papa Benedicto XVI y quien es ampliamente criticado por los problemas que atribularon a ese papado.

Bertone es la persona más nombrada en los documentos publicados por el libro de Nuzzi en el 2012, y según algunos fue ello el motivo de la renuncia de Benedicto XVI.

El libro de Fittipaldi, Avaricia, va más allá del libro de Nuzzi, revelando que la fundación que mantiene al principal hospital pediátrico de Italia, el Bambino Gesu, pagó unos US$215 mil para renovar el apartamento de Bertone en el Vaticano después de su retiro.

Bertone ha insistido en que fue él quien pagó 300 mil euros de su propio bolsillo.

Este miércoles, Bertone confirmó que recientemente se percató de que la fundación también pagó esa factura, pero aseguró que él nunca le dijo a la fundación que lo hiciera.

En una carta al semanario de su antigua diócesis en Génova, Bertone dijo que le pidió a su abogado investigar el tema y prometió que tomará medidas “si es que se cometió alguna acción fraudulenta en mi nombre”.

Investigan otra filtración

El Vaticano informó este martes de que investiga la filtración de un documento reservado de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) y precisó que este organismo no está sometido a investigación.

La Santa Sede indicó en un comunicado que en los últimos días han aparecido en agencias de noticias y en prensa artículos que se refieren a un documento del  APSA que apuntaría a que “fue instrumentalizada para una actividad financiera ilegal”  y añade que esta información es “parcial e imprecisa”.

Asegura la nota que “el APSA ha colaborado con los órganos competentes y que no está bajo investigación y continúa desarrollando su propia actividad con el respeto de la normativa vigente”.

Y ante la filtración, explica que la “autoridad judicial vaticana ha abierto una investigación sobre la difusión del documento”.

El Vaticano ya había comunicado el pasado 4 de noviembre la apertura de una investigación sobre operaciones financieras realizadas por el banquero italiano y presidente de Banca Finnat, Giampietro Nattino, y que había pedido por ello la ayuda de las autoridades suizas e italianas.

“La oficina del promotor de Justicia, a raíz de un informe de la Autoridad de Información Financiera, en el mes de febrero del 2015 comenzó una investigación relativa a las operaciones de compraventa de títulos y transacciones realizadas por el señor Giampietro Nattino”, comunicó la Santa Sede.

La confirmación de la investigación se produjo después de la difusión de una información de una agencia internacional de noticias que aseguraba que Nattino transfirió a Suiza más de 2 millones de euros antes de que el Vaticano incorporara normas para perseguir el reciclado de dinero procedente de actividades ilegales.

La información se basaba en un documento confidencial en el que se señalaba que el presidente de Banca Finnat podría haber utilizado la institución vaticana APSA entre el 2000 y el 2011 para trasladar dinero a Suiza.

Dicha agencia y después otros medios que retomaron la investigación explicaban que la información había sido obtenida de un informe confidencial que cubre el período del 2000 al 2011 del  APSA.

Esta nueva investigación se une a la que sigue aún abierta por la filtración de documentos reservados de carácter financiero y publicados posteriormente en dos libros y por los que fueron detenidos el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda y la italiana Francesca Chaouqui.

Vallejo Balda, por el momento, se encuentra en detención preventiva en el edificio de la Gendarmería vaticana, mientras que la exrelacionista pública italiana fue puesta en libertad y a disposición de la magistratura.

Ambos están a la espera de que concluyan las investigaciones preliminares y se formulen los cargos.

No se pudo de inmediato verificar la autenticidad de los documentos, aunque WikiLeaks tiene una larga trayectoria de revelación de documentos oficiales. Muchos documentos llevan el membrete verde “Reino de Arabia Saudí” o “Ministerio de Asuntos Exteriores.” Algunos están marcados “urgente” o “secreto.” Al menos uno parece ser de la embajada saudí en Washington.

Si son genuinos, los documentos ofrecerían un raro vistazo al funcionamiento interno del reino. Pudieran arrojar luz además sobre la vieja rivalidad regional de Riad con Irán, su respaldo a los rebeldes sirios y el gobierno militar en Egipto, y su oposición a un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Teherán.

Uno de los documentos, fechado en el 2012, parece resaltar al escepticismo de Arabia Saudí sobre las negociaciones. Un mensaje de la embajada saudí en Teherán a la cancillería en Riad describe “mensajes cortejadores estadounidenses” siendo llevados a Irán vía un mediador turco que no identifica.

Otra misiva del 2012, esta vez enviada desde la embajada Saudí en Abu Dabi, dice que los Emiratos Árabes Unidos estaban ejerciendo “fuerte presión” sobre el gobierno egipcio para que no enjuiciase al depuesto presidente Hosni Mubarak.

Otro documento llamativo estaba dirigido a los ministros de justicia y el interior de Arabia Saudí y les informaba que el hijo de Osama bin Laden había obtenido un certificado de la embajada estadounidense en Riad que “mostraba que su padre había muerto.”

La Associated Press no pudo comunicarse inmediatamente con las personas cuyos números telefónicos o direcciones de correo electrónico aparecían en los documentos, pero el vocero de WikiLeaks Kristinn Hrafnsson dijo que confiaba que eran auténticos. Se negó a responder sobre las fuentes de los documentos.

No estaba claro cómo WikiLeaks obtuvo los documentos, aunque en su declaración en el portal se refirió a un ataque cibernético reciente a la cancillería saudí por un grupo llamado Ciberejército de Yemen. Hrafnsson declinó dar más detalles o decir si los hackers habían subsiguientemente entregado los documentos a WikiLeaks.

La embajada saudí en Washington no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.

WikiLeaks dijo que la publicación de los documentos coincide con el tercer aniversario del refugio de su fundador, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres, para evitar extradición a Suecia por cargos de agresión sexual.

Rafecas difundió los documentos luego de que Pollicita, quien tomó la denuncia contra la presidenta presentada por Nisman antes de morir, apelara hoy la decisión de Rafecas de desestimar la demanda por falta de pruebas.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) , Rafecas resolvió dar a difusión los documentos “en atención al interés público generado” y “a los efectos de brindar la mayor transparencia” .

Parte del contenido de estos documentos fue citado tanto por Rafecas en su resolución como por Pollicita en su recurso de apelación.

Los extensos documentos son dos pedidos de Nisman dirigidos al Ejecutivo, para que el Gobierno solicite al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas colaboración para lograr la detención y extradición de los ocho iraníes imputados por la voladura de la AMIA.

Los pedidos nunca fueron presentados por el fallecido fiscal.

Nisman murió de un tiro en la cabeza en su domicilio, el 18 de enero, en circunstancias aún sin aclarar, cuatro días después de denunciar a Fernández, al canciller, Héctor Timerman, y a varios de sus colaboradores, por presunto encubrimiento que, según el procurador, se derivó de un memorándum de entendimiento entre firmado en 2013 entre Argentina e Irán.

El atentado a la AMIA tuvo como antecedente otro, en 1992, contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en el que murieron 29 personas y también permanece impune.

El domingo pasado, la presidenta Cristina Fernández criticó al Poder Judicial por la falta de avances para el esclarecimiento de ambos ataques.

La Secretaría Judicial 3 de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Esteban Canevari, difundió hoy a través del CIJ un informe sobre el estado de la causa relativa al atentado a la embajada de Israel.

El informe afirma que “está probada la materialidad de los hechos -cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores” .

En este sentido, el informe recuerda que la Justicia ha solicitado la captura internacional del sirio Imad Mughniyah y José Salman El Redam un colombiano de origen libanés.

De acuerdo al informe, según notas periodísticas, Mughniyah habría fallecido el 12 de febrero de 2008 en un atentado en Damasco, por el estallido de un coche bomba.