Las dos teníamos 10 años cuando nuestras familias —la de Lorella de Perú, la de Hina de Pakistán— se mudaron con nosotras a Estados Unidos. Nuestros padres llegaron aquí decididos a encontrar la mejor atención médica. Para la hermana de Hina, Aleeza, Estados Unidos significaba el tratamiento de una enfermedad cerebral que amenazaba su vida y que los doctores de Dubái e India habían advertido que no estaba disponible en ninguna otra parte. Para Lorella, cuya pierna derecha fue amputada después de un accidente automovilístico en Perú, Estados Unidos era la promesa de una prótesis avanzada y un país en el que podría prosperar.

La difícil decisión que tomaron nuestras familias de dejar nuestros países natales puso en marcha la trayectoria de nuestras nuevas vidas en Estados Unidos. Hicimos amigos, nos recibimos de la universidad, nos enamoramos y comenzamos nuestras carreras. También éramos indocumentadas.

Ahora, ya tenemos treinta y tantos. Y durante más de una década, hemos luchado para que nos reconozcan como estadounidenses en el país que es nuestro hogar. Sin embargo, han pasado más de 30 años desde que el Congreso aprobó por última vez un proyecto de ley importante para obtener la ciudadanía.

Hemos visto cómo todos los grandes proyectos de ley en materia de inmigración, entre ellos la Ley Dream, se han quedado cortos de votos para ser aprobados tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado: en 2007, 2010 y 2013. Las triviales soluciones alternativas nos han puesto de cabeza.

En 2012, cuando el presidente Barack Obama creó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, en inglés), este les brindó un salvavidas a los jóvenes indocumentados que ahora tendrían permisos de trabajo, acceso a una educación superior más asequible y estarían más a salvo de la deportación. Entonces, no mucho después de que Donald Trump asumió la presidencia, el nuevo gobierno intentó desmantelar el Daca. En 2020, la Corte Suprema rechazó la iniciativa de la administración de Trump. No obstante, apenas el mes pasado, el juez Andrew Hanen del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Houston suspendió el programa, bajo el argumento de que era ilegal y que, por lo tanto, no se debía aprobar ninguna solicitud nueva (el gobierno del presidente Joe Biden apelará el fallo).

Ahora, los demócratas tienen una oportunidad de poner fin a la precariedad que viven a diario tantos inmigrantes, con la aprobación de un paquete de reconciliación presupuestaria que incluye la ciudadanía para los residentes indocumentados que han calificado para el programa Daca, los beneficiarios de un estatus de protección temporal, los agricultores indocumentados y otros trabajadores esenciales.

Creemos que este es nuestro año. Los demócratas tienen la oportunidad de cumplir un compromiso de años con millones de indocumentados y comenzar la transformación de un sistema migratorio cruel y anticuado a uno humano y funcional, que por fin cree un camino real y navegable hacia la ciudadanía. Ya tenemos un gran apoyo de moderados y progresistas.

El 22 de julio —una semana después del fallo del juez Hanen—, nos reunimos con la vicepresidenta Kamala Harris, junto con un puñado de otros beneficiarios del Daca, agricultores y líderes de movimientos sociales. Fue una oportunidad para compartir nuestras historias; le contamos a Harris qué hemos podido hacer y qué sueños siguen lejos de nuestro alcance porque el Congreso no ha aprobado un proyecto de ley para otorgar la ciudadanía.

Le pedimos que apoyara un camino hacia la ciudadanía en el paquete de reconciliación. Nos prometió que lucharía a nuestro lado. Días más tarde, el presidente Biden también ratificó su apoyo en público.

En 2010, no se aprobó la Ley Dream, pero ahora Lorella tiene la ciudadanía tras haberse casado con su pareja de muchos años. Sin embargo, Hina sigue planeando su vida en periodos de dos años debido al proceso de renovación del Daca. Es una montaña rusa de emociones maniobrar por ese sistema engorroso. No obstante, luchamos todos los días para ser consideradas estadounidenses en papel con el fin de poder convertir nuestros sueños en una realidad.

Estamos listas. Tenemos el poder de un movimiento de justicia social amplio y diverso. Además, de acuerdo con una encuesta reciente de Data for Progress, el 70 por ciento de los votantes está con nosotras, incluida una mayoría de republicanos e independientes.

La pandemia del covid-19 ha puesto en gran relieve nuestra dependencia colectiva de los trabajadores esenciales, entre ellos más o menos 5 millones de trabajadores indocumentados que han atendido a los enfermos, enseñado a nuestros hijos, cuidado nuestras casas y empresas, y cultivado y procesado nuestra comida.

Los demócratas deben actuar ya para evitar que se repita nuestra derrota demoledora de diciembre de 2010. Ese diciembre, Lorella se dirigió a Washington después de sus exámenes finales de la universidad para unirse a la demanda por la Ley Dream. Desde Nueva York, donde estaba estudiando para entrar a programas de enfermería, inspirada por la amabilidad y la compasión que le habían demostrado los trabajadores médicos a su hermana, Hina observó la votación que buscaba acabar con las tácticas dilatorias.

El día de la votación, la galería del Senado estuvo llena de jóvenes indocumentados. Lorella tomó con fuerza las manos de otros mientras cada senador alzaba o bajaba el pulgar para emitir su voto sobre el proyecto de ley. Fue devastador. A final de cuentas, se rechazó la Ley Dream —aunque los demócratas controlaban la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, al igual que ahora— cuando todos los republicanos, excepto tres, se sumaron a cinco demócratas para votar en contra. Desolados, los jóvenes indocumentados salieron de la galería al pasillo. Con el corazón roto, se tomaron de las manos, rezaron, lloraron y luego encontraron el valor para clamar: “¡Indocumentados, sin miedo! ¡Indocumentados, sin miedo!”.

En la actualidad, seguimos luchando para que este sea el año en el que Hina pueda planear a futuro; en el que millones puedan exigir salarios justos en sus trabajos y no vivan bajo la amenaza de ser detenidos y deportados cada vez que dejan a sus hijos en la escuela; en el que las familias puedan ir al supermercado o abrir las puertas de su casa sin el temor de ser separadas de sus seres queridos y las vidas que han construido.

“Indocumentados, sin miedo”. Estas palabras han sostenido a una generación de jóvenes indocumentados durante más de una década.

Este es nuestro año. Y estamos ansiosas por tomarnos de las manos en la galería del Senado con familias como las nuestras para observar la votación final sobre el paquete de reconciliación y, esta vez, llorar lágrimas de alivio y alegría.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

En un comunicado de la Casa Blanca, Biden dijo que el Departamento de Justicia apelará el fallo del juez Andrew Hanen de Texas, y agregó que “solo el Congreso puede garantizar una solución permanente al otorgar un camino a la ciudadanía para los Dreamers”.

Instituido por el expresidente Barack Obama en 2012, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cubre a unas 700.000 personas conocidas como “Dreamers”. Para muchos, Estados Unidos es el único país que han conocido.

Los protegidos por el DACA recibieron un alivio temporal en junio de 2020 cuando la Corte Suprema dispuso que la administración Trump no había proporcionado una justificación suficiente para sus intentos de poner fin al programa.

Al dejar en claro que se pronunciaba principalmente sobre cuestiones de procedimiento, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad a nuevas impugnaciones.

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En su fallo, el juez Hanen del Tribunal federal de distrito en Houston dijo que Obama excedió su autoridad cuando instituyó el DACA a través de una orden ejecutiva, a la que calificó de “ilegal”. Dispuso que el gobierno debe dejar de aceptar personas en el programa, aunque aún podría recibir solicitudes.

Hanen indicó que su decisión no requiere que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia “tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier destinatario, solicitante o cualquier otra persona de DACA que de otra manera no tomaría”.

La decisión tampoco afectó de inmediato la situación de las personas que ya habían sido aceptadas en el programa.

Para solicitar la protección de DACA, que también permite el derecho a trabajar, los solicitantes deben haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años.

Asimismo, deben asistir a la escuela o haberse graduado de la escuela secundaria o equivalente, o haber sido dados de baja honorablemente del ejército y no tener antecedentes penales.

En 2017, el entonces presidente Donald Trump intentó desmantelar el DACA alegando que era inconstitucional, lo que provocó una larga batalla judicial que terminó en la Corte Suprema. El DACA sobrevivió y fue reinstalado en diciembre pasado.

El turno del Congreso

Desde que asumió el cargo, Biden ha buscado fortalecer el programa, así como iniciar una reforma migratoria más amplia.

En un tuit el sábado, Obama se hizo eco del llamado de Biden al Congreso a encontrar una solución permanente para los “Dreamers”.

“Durante más de nueve años, los DREAMers han visto a los tribunales y a los políticos debatir si se les permitirá permanecer en el único país que muchos de ellos han conocido. Ya es hora de que el Congreso actúe y les dé la protección y la certeza que merecen”, escribió en la red social.

Después del fallo del viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: “Los demócratas piden a los republicanos en el Congreso que se unan a nosotros para respetar la voluntad del pueblo estadounidense y la ley, para garantizar que los Dreamers tengan un camino permanente hacia la ciudadanía”.

Estados Unidos no admitirá nuevas solicitudes de protección migratoria para los jóvenes que llegaron al país de forma irregular junto a sus padres, conocidos como “Dreamers”, pero permitirá que quienes ya tienen un permiso lo renueven por un año, anunció este 28 de julio el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

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La pandemia provocó una caída de las detenciones en la frontera sur de EE. UU.

El presidente Donald Trump canceló en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protegía a los “Dreamers” (Soñadores) de la deportación, pero esta decisión fue impugnada y terminó en la Corte Suprema, que a mediados de junio la bloqueó.

A partir de ahora, el gobierno no aceptará nuevos pedidos, pero renovará la protección para quienes ya cuenten con el estatuto DACA. La extensión será por un año, no por dos, como establece el programa original.

La noticia, revelada a periodistas bajo condición de anonimato por un alto funcionario del gobierno, fue confirmada por el Departamento de Seguridad Interior que explicó en un comunicado las nuevas reglas.

En Estados Unidos, unas 700 mil personas se benefician del programa DACA, la mayoría de ellas de origen latinoamericano.

El secretario interino del DHS, Chad F. Wolf, instó al Congreso a legislar sobre el asunto.

“Mientras el Departamento sigue examinando las políticas y considera futuras acciones, sigue siendo válido el hecho de que el Congreso debería actuar en este tema”, indicó el funcionario.

Wolf defendió que “hay importantes razones reglamentarias que pueden justificar una rescisión total de DACA”.

El alto funcionario que habló bajo condición de anonimato señaló que estas acciones están dirigidas a limitar el alcance de este programa mientras el DHS y el gobierno revisan su “legalidad”.

El 10 de julio -después de que la Corte Suprema bloqueara su intento por terminar la protección para los “Dreamers”- el presidente estadounidense prometió que les iba a dar una vía para la ciudadanía. Este anuncio impactó de lleno en la campaña electoral de cara a las elecciones de noviembre en las que Trump busca la reelección. De momento, el mandatario está rezagado en las encuestas frente a su rival demócrata Joe Biden.

Un tribunal federal de Maryland ordenó este 17 de julio al gobierno de Donald Trump que comience a tramitar nuevos permisos para “dreamers”, un grupo de jóvenes llegados al país de forma irregular junto a sus padres.

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El destino de estos jóvenes estuvo en el limbo después de que Trump canceló en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que los protegía de la deportación y que había sido creado por su predecesor demócrata, Barack Obama.

Pero esta decisión fue impugnada y terminó en la Corte Suprema, que a mediados de junio bloqueó la decisión del Ejecutivo.

El tribunal de Maryland determinó que la rescisión del programa de protección para los “dreamers” quedó revocada y que debe restaurarse la política seguida antes de la cancelación del programa.

Varias organizaciones sociales agrupadas bajo la plataforma Home is Here (Nuestro hogar está aquí) denunciaron que pasadas tres semanas de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno todavía no había emitido una directiva sobre cómo iba a cumplir con la decisión judicial.

En Estados Unidos, unas 700 mil personas, la mayoría de ellas de origen latinoamericano, se benefician del programa DACA.

Las organizaciones se refirieron en específico a la apertura de las solicitudes de protección del programa DACA para jóvenes que nunca hubieran hecho el trámite.

El Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS) afirmó que las peticiones iniciales que fueron rechazadas después de la decisión de la Corte Suprema se debieron a que estaban incompletas.

La semana pasada, Trump anunció en una entrevista con la cadena Telemundo que iba a impulsar un decreto migratorio que contendrá una vía para que los “dreamers” tengan una vía para la ciudadanía.

En Estados Unidos, unas 700 mil personas, la mayoría de ellas de origen latinoamericano, se benefician del programa DACA.

Como “arbitraria y caprichosa” calificó el máximo tribunal la decisión de Donald Trump en 2017 de rescindir el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

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Si bien el dictamen no impide que Trump persista en su intento de terminar con DACA, la decisión supone un fuerte revés para su gobierno.

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A los beneficiarios de este programa se les llama popularmente “dreamers” (soñadores, en español) y la gran mayoría son jóvenes nacidos en países como México, El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque consideran EE.UU. como su hogar.

Estar dentro del programa significa, entre otras cosas, obtener una autorización para trabajar legalmente en el país.

Estas son las historias de cuatro de ellos.

Jennifer Rubio, enfermera – 24 años

Un día antes de que la Corte Suprema de EE.UU. fallara a favor del programa DACA, la joven enfermera Jennifer Rubio se sentía ansiosa y no muy optimista.

Recién graduada hace dos meses, le tocó lidiar con la realidad de la pandemia desde su trabajo en un hospital de la ciudad de Oklahoma y con la posibilidad de que el programa DACA pudiese llegar a su fin este mes, poniéndola en riesgo de deportación a su natal México.

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Este jueves, Rubio, de 24 años, supo de las noticias apenas se despertó. Corrió a la habitación de su hermano, quien también es beneficiario del programa, y luego le avisó a su madre, quien “se alegró mucho”.

“Me siento sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Honestamente, no pensaba que iban a decidir sobre el caso hoy y no pensé que fallarían a nuestro favor”, le dice a BBC Mundo en la mañana del jueves.

“Siento que la pandemia ayudó… Algo bueno salió de esto. Creo que les hizo darse cuenta un poco más de que no podían terminar con el programa porque hay mucha gente que trabaja en medicina”, apunta.

De los casi 700.000 beneficiarios de DACA, casi 30.000 son empleados del sector de la salud.

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Rubio fue traída por sus padres a EE.UU. a los 6 años y escogió ser enfermera porque siempre le interesó la anatomía y la medicina.

“Nos llegan pacientes que solo hablan español y cuando ven que soy bilingüe se ponen muy contentos (…). No solo puedo ayudar a hispanos, pero me gusta mucho esa parte de mi trabajo, que puedo ayudar a mi gente”, dice.

José Guevara, organizador comunitario y politólogo – 26 años

“Esta es una decisión que me salva la vida”, dice José Guevara, un joven que llegó a Estados Unidos desde El Salvador a los 10 años y lleva una década batallando contra el cáncer.

Por el hecho de ser beneficiario de DACA, Guevara tiene acceso a un permiso de trabajo que le permitió obtener un contrato que incluye una cobertura de seguro médico, con la que cubre sus tratamientos.

“Mi vida cambió totalmente cuando recibí el DACA a los 18 años. Poder viajar, tener una licencia para manejar, una tarjeta de crédito…”, describe.

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Aunque Guevara, quien reside en Los Ángeles, se casó recientemente con un ciudadano estadounidense, el proceso de conseguir la ciudadanía es complicado.

“Tendría que volver a El Salvador y que allá en la Embajada de EE.UU. me perdonen por la vez que entré sin documentos cuando era niño. Pero en El Salvador mi matrimonio es considerado ilegal”, explica.

Tras conocer la decisión, Guevara dice que sintió como si pudiese “volver a respirar”, y dice estar agradecido de que “no utilicen a los beneficiarios de DACA como herramientas para hacer política” en vías a la elección presidencial de noviembre.

“No me hace un mejor inmigrante haber estudiado o haber tenido acceso a otras cosas. Por eso necesitamos seguir luchando para que el año próximo se apruebe una reforma migratoria”, apunta.

Sergio Roel, auditor financiero – 25 años

Cuando Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2017, Sergio Roel tuvo miedo.

“Temíamos que pudiésemos caer de nuevo al estatus de indocumentados. Eso podía significar que perdiésemos los trabajos y que tuviésemos que trabajar por debajo de cuerda y con el riesgo de ser deportados”, cuenta.

El fallo de este jueves, dice, “es un poco abrumador”.

“Ha sido una batalla por años de mucha gente que ha estado bajo el paraguas de DACA, y esto ha permitido que permanezcan en el país y obtengan una educación”, dice.

Roel llegó a Estados Unidos a los 5 años desde Nuevo León, México. Sus padres siguen siendo indocumentados.

En 2012, cuando estaba a punto de graduarse de la secundaria, “las universidades me pedían un número de seguro social e información sobre mi estatus y no sabía si iba a poder estudiar”.

Pero entonces Obama tomó la decisión ejecutiva de brindar protecciones a estos jóvenes y Roel ha podido renovar su permiso de trabajo cada dos años.

Metzli Sánchez, empleada de una firma de abogados – 23 años

Metzli Sánchez llegó junto a su padre y su hermana a Estados Unidos cuando solo tenía 2 años de edad.

“Nos mudamos a la ciudad de San Antonio (Texas) para empezar nuestras vidas allí”, cuenta.

“Durante toda mi infancia, nunca entendí lo que significaba ser inmigrante o indocumentada”.

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Sánchez tenía 16 años cuando pudo postularse a DACA por primera vez, después de comprender que había cosas que no podía hacer debido a su estatus migratorio.

La joven recibió la decisión de la Corte Suprema como una “buena sorpresa”, aunque no lo ve ni de cerca como una solución definitiva para los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

“Nos encanta DACA, pero tenemos que entender que hay gente de mi edad indocumentada que no tiene esa protección. DACA es sencillamente una solución temporal para un problema más grande”, dice.

“No tenemos que tener una historia de víctimas para demostrar que merecemos estar en este país. Aunque estemos muy orgullosos de nuestras raíces, Estados Unidos es nuestro hogar”.

Sánchez se graduó de la Universidad A&M de Texas el año pasado y dice que quiere estudiar leyes, “pero cuando tienes DACA, es muy difícil planificar para los próximos 5 años”, advierte sobre la inestabilidad que afronta constantemente.

La tensión entre Pelosi y Trump ha aumentado en los últimos días por el juicio político que se pretende contra el mandatario.
Pelosi habló contra el presidente en una conferencia de prensa, en la que se le cuestionó si odiaba al presidente Trump.

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Ante esto ella respondió: “Yo no odio a nadie en todo el mundo. No me acuse”.

El periodista le responde a Pelosi de que el miércoles 4 de diciembre ella sugirió que los demócratas estaban haciendo esto, simplemente porque “no les gusta Trump”.

La política se defiende y afirma que ella no tiene nada que ver en esto.

Luego con semblante alterado, Pelosi expresó: “Creo que el presidente es un cobarde, no defiende a los niños, asustados por la violencia de las armas”.

Argumentó: “Es cruel al no ayudar a los dreamers de los que estamos orgullosos”.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, en inglés) es una medida migratoria que aplica a todos aquellos jóvenes que llegaron a EE. UU. antes de cumplir los 31 años y antes del 12 de junio del 2012,  quienes son conocidos como “dreamers” —soñadores, en español—.

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En otro tema, Pelosi señaló que el mandatario es un negacionista de la emergencia climática.

También habló de la Constitución de los Estados Unidos y los hechos que según ella han llevado al presidente a violar su juramento.

“Como personas católica, rechazo su uso de la palabra odio, es un frase que se dirige a mí, no odio a nadie”, afirmó Pelosi.

Agregó que la criaron en los valores del amor, por lo que siempre ha rezado por el presidente Trump.

Véanlo. @SpeakerPelosi pic.twitter.com/CfMVuFVmIy

— Presunto Culpable (@PresuntoC) December 5, 2019

Estas declaraciones de Pelosi se dan en el contexto luego de que se ordenara redactar cargos para el juicio político contra el presidente, a quien acusó de “abuso de poder” para su “beneficio personal”.

El mandatario insistió en que el caso que ha motivado el proceso en su contra en la Cámara Baja -sus presiones a Ucrania para que investigara al exvicepresidente Joe Biden- se basa en contactos “completamente apropiados” con el Gobierno ucraniano, y opinó que la decisión de los demócratas sienta un mal precedente.

Trump también atacó a Pelosi, de la que dijo que había sufrido un “ataque de nervios” por no aceptar el éxito de la Casa Blanca

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Édgar Abel Ramos atiende todas las mañanas su empresa, la cual formalizó hace cuatro años en Los Ángeles, California. Instala ventanas y puertas. Es un “dreamer” —soñador—.

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Tiene varios trabajadores, paga impuestos y contribuye con la economía estadounidense. Lo hace con libertad porque es beneficiario del Daca, el alivio migratorio, cuya continuidad está en discusión desde el martes pasado en la máxima corte de justicia de EE. UU.

Este guatemalteco de 28 años es uno de los 17 mil 260 guatemaltecos que hasta el 30 de junio pasado han sido beneficiados con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, en inglés), orden ejecutiva decretada por el presidente Barack Obama en junio del 2012 y que su sucesor, Donald Trump, quiere eliminar.

El Daca es una medida migratoria que aplica a todos aquellos jóvenes que llegaron a EE. UU. antes de cumplir los 31 años y antes del 12 de junio del 2012,  quienes son conocidos como “dreamers” —soñadores, en español—.

Aunque no es en sí mismo un estatus migratorio legal definitivo, el Daca protege de la deportación a los beneficiarios; además, les da la oportunidad de contar con permisos para conducir y de trabajo, y como en el caso de Édgar, de constituir una empresa o negocio propio.

En total, hasta el 30 de junio pasado, 660 mil 880 jóvenes migrantes, entre ellos, los más de 17 mil guatemaltecos, han recibido los beneficios del Daca, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Su futuro pende ahora de la Corte Suprema, compuesta por nueve magistrados, cinco conservadores, de los cuales dos fueron nombrados por Trump.

El Supremo de EE. UU. tiene hasta junio del 2020 para emitir una resolución, aunque podría adelantarse para principios de año.

Historia de superación

Édgar llegó a EE. UU. cuando tenía 13 años, en el 2004. Migró desde Puerto San José, Escuintla, por sus deseos de superación, y aunque siempre tiene en mente a su familia, e incluso cada Navidad organiza un festejo para los niños de la comunidad donde creció, está consciente de que ya tiene una vida hecha en aquel país.

Estudió dos años arquitectura en la escuela preparatoria de Los Ángeles, California, donde reside, y está en sus planes retomar sus estudios para llegar a la universidad; sin embargo, por la necesidad económica tuvo que trabajar. No conforme con esto decidió formar una empresa, para lo cual el Daca se convirtió en esa llave que le abrió las puertas.

Hoy en día, aplicar a ese programa le permitió no solo tener un negocio propio, sino también comprar una casa, vehículo y cumplir con todas las regulaciones tributarias de EE. UU., algo imposible si no hubiera contado con un estatus migratorio regular.

Édgar dice que le “encantaría” volver a Guatemala, pero entra en duda cuando reflexiona lo dificultoso que es, por ejemplo, formalizar una empresa en este país. Recuerda que su familia ha hecho intentos por obtener préstamos bancarios y comenzar un negocio, pero las puertas se cierran. “Nosotros mismos nos ponemos las trabas”, se lamenta.

Es por esa razón que desea que el gobierno no derogue el Daca. Quiere lo mejor para su hijo, que tiene la nacionalidad estadounidense, y sabe que regresar a Guatemala “no es la mejor opción”.

“Volver otra vez a lo mismo de antes —a tener un estatus migratorio irregular—, a sentir esa inferioridad con los demás, esa inseguridad… Ahora puedo andar tranquilo, hacer negocios tranquilo, pero eso puede cambiar”, señala Édgar.

Incertidumbre

El problema para miles de jóvenes soñadores no es solo el que, al derogarse el Daca, sean deportados, sino que muchos ni siquiera conoce su país de origen.

Elí Chávez, por ejemplo, migró de Guatemala cuando apenas tenía ocho meses y no tiene ni siquiera un vago recuerdo del país donde nació. Actualmente estudia medicina y quiere seguir cosechando éxitos en EE. UU. país que considera suyo.

En una entrevista concedida hace unos meses señaló que deportar a los soñadores sería un “terrible error” porque muchos son profesionales muy capaces que aportan mucho a la nación estadounidense.

Trabajadores y estudiosos

El pensar en la posibilidad de ser deportados a un país que no conocen y sin siquiera —en la mayoría de casos— hablar español mantiene estresados a los jóvenes soñadores, confirma Anamaría Tejada, guatemalteca que labora en una oficina de asuntos legales en Los Ángeles.

“Hay muchos dreamers que no conocen sus países de origen ni tampoco hablan español, y muchos han salido adelante, se han superado, han seguido estudiando o han abierto sus negocios. No conozco ninguno que haya cometido delitos, al menos no en esta área”, añadió.

Para Tejada, es probable que más de algún beneficiario del Daca en todo EE. UU. haya cometido algún error o delito, pero considera es una minoría ya que los que ella conoce “son muy trabajadores y estudiosos”, por lo cual “no se puede juzgar a todos por igual”.

Por tal motivo ve injusto que puedan ser enviados de vuelta a un país en donde no tienen ni la menor idea de cómo desarrollarse ni desenvolverse.

En tal sentido, Hugo Mérida, presidente de la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos (Conguate), precisó que al haber sido llevados a EE. UU. siendo muy pequeños los soñadores desconocen las tradiciones y costumbres de sus países de origen, con lo cual la posibilidad de una deportación impacta emocionalmente a sus familias.

Añadió que, por su juventud, los soñadores se han adaptado más fácilmente al sistema y modelo de vida estadounidense de tal forma que hoy en día aportan mucho al PIB (Producto Interno Bruto) de EE. UU. Además, hay muchos profesionales destacados que se han beneficiado gracias a este programa.

Ambos líderes migrantes califican de “falsedad” cuando Trump afirma que los soñadores se han convertido en criminales y consideran que lo hace (y seguirá haciendo) por sus interesas políticos ya que pretende quedar bien con un grupo social estadounidense que ve mal a los migrantes.

¿Quiénes pueden acceder a Daca?

• Haber llegado a EE. UU. antes de cumplir 16 años.
• Haber sido menor de 31 años al 15 de junio del 2012, fecha en que entró en vigencia el programa; además, haber estado presente en EE. UU. este día.
• Haber vivido continuamente en EE. UU. desde el 15 de junio del 2007 hasta la fecha en que se presente la solicitud.
• No haber tenido estatus legal el 15 de junio.
• Estar estudiando al momento de la solicitud o haber obtenido un diploma de secundaria
• No haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, o tres o más delitos menores.
• El costo de la solicitud es de US$495

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El programa migratorio DACA ha ganado notoriedad gracias a sus beneficiarios: jóvenes indocumentados bautizados como “soñadores”, que desde hace más de dos años libran un duro pulso con la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, para evitar que acabe con este amparo.

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Herencia de Barack Obama

El 15 de junio de 2012, el presidente Barack Obama (2009-2017) creó el programa DACA para evitar la deportación de miles de jóvenes que habían permanecido indocumentados.

Para ser beneficiado, los jóvenes debían probar que habían llegado a EE.UU. antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban educación secundaria o universitaria.

Temporal y limitado

El DACA ofrece:
. Garantía de no ser deportado.
. Permiso de trabajo y un número del Seguro Social.
. Permiso -previa solicitud- para viajar fuera de Estados Unidos.

No es una residencia

Los beneficiarios de este programa no reciben:
. Residencia permanente, también conocida como “green card” (tarjeta verde).
Tienen, en cambio, una “situación de presencia legal” en Estados Unidos.

Beneficiados

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), hasta el 30 de junio pasado un total de 660 mil 880 “soñadores” estaban amparados por este beneficio, cuya fecha de vencimiento -que depende de la fecha en que haya sido solicitado por cada “soñador”- varía entre enero de 2019 y junio de 2021.

De ese total, 529 mil 760 son de origen mexicano, seguidos por 25 mil 350 salvadoreños y 17 mil 260 guatemaltecos, entre los primeros lugares.

Trump lo liquidó

El 5 de septiembre de 2017, la Administración de Trump decidió acabar con este programa, orden que entraría en vigor el 5 de marzo de 2018.

Lucha judicial

. El 9 de enero de 2018, una corte federal de California ordena restablecer este plan migratorio.
. El 16 de enero de 2018, el Departamento de Justicia anunció que recurriría directamente ante el Tribunal Supremo el fallo anunciado por juez de California.
. El 13 de febrero de 2018, una corte federal en Nueva York frena la decisión de acabar con el DACA, en respuesta a una demanda presentada por cinco jóvenes “soñadores” en esa ciudad.
. El 26 de febrero de 2018, el Supremo decide no admitir a trámite el caso y rechaza así una petición del Gobierno de Trump, que quería que el alto tribunal sentara un precedente a nivel nacional y le permitiera acabar con DACA.
. El 24 de abril de 2018, el juez federal John D. Bates ordena a la Administración de Trump continuar con este programa y que acepte a los nuevos solicitantes.
. El 3 de agosto de 2018, Bates, cuyo tribunal tiene sede en Washington, reafirma su orden al Gobierno de Trump de reactivar por completo el DACA con la admisión de nuevos “soñadores”. Bates rechazó así el recurso del Ejecutivo a su decisión de abril.
. El 8 de noviembre de 2018, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), mantuvo en vigor el DACA.

Fuentes: Center for American Progress; Tom K. Wong, de la Universidad de California; United We Dream; Centro Legal Nacional de Inmigración.

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Carolina Fung Feng es una de los más de 600 mil “dreamers” que esperan con incertidumbre un proceso en la Corte Suprema de Estados Unidos, que a partir de este martes analizará la decisión del presidente Donald Trump de terminar con un programa que los protege de la deportación.

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Al igual que otros “dreamers” (soñadores), Carolina llegó a Estados Unidos siendo niña y está en un limbo jurídico desde que Trump eliminara en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que les permite trabajar, estudiar y conducir, y evita su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan.

Llegada a Estados Unidos cuando tenía 12 años desde Costa Rica, Carolina es parte en la demanda que llegó a la Corte Suprema y que permite que el programa siga vigente provisoriamente.

Este martes la joven entrará al tribunal, donde nueve jueces decidirán su destino. De ellos cinco son conservadores, dos de ellos nombrados por Trump.

“Yo espero que los jueces escuchen nuestro caso y entiendan que somos humanos, que tenemos casas, familias”, explicó a la AFP.

“Y su decisión no sólo me impacta a mí como individuo, sino también a mi familia y a mi comunidad”, contó Carolina que junto a decenas de “dreamers”, familiares y activistas, caminó durante 16 días 370 kilómetros entre Nueva York y Washington para asistir al proceso.

Cuando en 2012 el gobierno de Barack Obama anunció un programa para proteger de la deportación a cerca de más 600 mil jóvenes llegados a este país sin papeles cuando eran niños, la mayoría sintió gran alivio, que ahora se convirtió en incertidumbre.

El plan estaba pensado como un arreglo temporal para darle tiempo al Congreso a legislar. Pero los representantes nunca llegaron a un acuerdo y en 2017 Trump canceló el programa.

Para Carolina, formar parte de la demanda que analizará la Corte Suprema, cuyo resultado no se espera antes de 2020, en plena campaña electoral en Estados Unidos, significa ser la voz de otros jóvenes como ella y también de los cerca de 10,5 millones de indocumentados que viven en el país.

Según los datos del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay registrados 660.000 beneficiarios del DACA, de los cuales 529.760 (un poco más del un 80%) llegaron desde México, pero también hay jóvenes arribados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil, entre otros.

“Viviendo en las sombras”

Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los “dreamers” señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma “arbitraria” y “caprichosa”, pero el representante del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó en septiembre que el procedimiento para terminar con DACA fue “legal” y “racional”.

Antonio Alarcón, de 25 años, es otro de los demandantes del caso. Llegó a Estados Unidos desde México cuando era niño.

Cuando recibió su estatuto DACA sintió que por fin era “reconocido” por Estados Unidos, después de pasar años “viviendo en las sombras”.

Si la Corte le da la razón a Trump, los “dreamers” no van a ser expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con todo lo que esto implica.
Para Antonio, esto implicaría un cambio en su “estilo de vida” pero dijo estar confiado, ya que sus padres le enseñaron a “ser un guerrero”.

“Muchos de nuestros padres todavía son indocumentados y nuestros familiares son indocumentados y ellos sobreviven de alguna manera”, afirmó.

“Moneda de cambio”

El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre el mandatario republicano y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento.

Trump ofreció dar protección temporal a los “dreamers” a cambio de que le aprobaran 5 mil 700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, su propuesta insigne para frenar la inmigración irregular. El planteo fue rechazado.

“Trump decidió ir a la Corte Suprema para que ellos hagan el trabajo sucio de terminar con el programa, para que él pueda usar a los beneficiarios de DACA como una moneda de cambio”, dijo a la AFP Daniel Briones, un “dreamer” de 30 años que vive en Texas.

“Él quiere usarnos para construir el muro”, agregó.

El caso también podría redefinir los límites de la autoridad del ejecutivo, indicó Steven Schwinn, un académico de derecho de la Universidad de Chicago.

“El caso plantea importantes preguntas sobre la capacidad del presidente de llevar a cabo políticas mediante la no aplicación de la ley y la discreción ejecutiva”, dijo el académico.

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Al igual que miles de jóvenes indocumentados, Montoya se amparó en el programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la Infancia) y lucha por sus sueños y los de todos los “dreamers”.

La activista nació en Tijuana y cuando tenía 13 años, junto a su familia, huyó hacia EE. UU. debido a la ola de secuestros de aquel entonces.

La familia se instaló en Phoenix, donde, a pesar de su difícil situación de indocumentada, consiguió licenciarse en Ciencias Políticas y Estudios Transfronterizos, además de hacer una carrera técnica en Danza.

En 2016 fundó la organización Aliento para ayudar a niños y jóvenes indocumentados o que han sufrido la deportación de un familiar cercano.

La organización recurre a la expresión artística para paliar los traumas y ofrece apoyo psicológico para enfrentarse al temor que muchos sufren ante posibles deportaciones y separaciones de familias.

#CrisisMigratoria | Conozca a la mexicana Reyna Montoya, una indocumentada que lucha por los derechos de los “soñadores” en EE. UU. Esta es su historia contada por @dw_espanol. pic.twitter.com/F1XXuI1LHu

— Prensa Libre (@prensa_libre) October 9, 2019

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La máxima instancia judicial estadounidense, de mayoría conservadora, dijo que aceptó abordar tres fallos de cortes inferiores que bloquearon la iniciativa de Trump de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado en 2012 por su antecesor Barack Obama para amparar a los jóvenes conocidos popularmente como “soñadores”.

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Se estima que 39 mil 257 jóvenes guatemaltecos que fueron aceptados para este programa por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El programa fue creado por el expresidente Barack Obama y daba oportunidad de estudiar y trabajar a unos 800 mil jóvenes, en situación irregular, conocidos popularmente como soñadores.

Detienen decisión

En septiembre de 2017 el anuncio de la cancelación del Daca fue oficializado por el fiscal general, Jeff Sessions, quien indicó que el Congreso debía dar una solución antes de seis meses, que fue cuando finalizaba la prórroga que dio la administración del presidente Donald Trump para que empezaran a expirar los permisos temporales de estancia y de trabajo que concedía el programa, los cuales se renovaban cada dos años.

Se suponía que el plan de Trump era que en agosto próximo caducaran todos los permisos a los soñadores, pero fallos judiciales detuvieron las intenciones del presidente estadounidense.

En abril de 2018 el juez John Bates, de Washington DC, calificó de “ilegal” la decisión de poner fin al DACA, el programa que protege de la deportación a casi 800 mil jóvenes llegados cuando niños a Estados Unidos con sus padres, conocidos como “Dreamers” (soñadores) y en su inmensa mayoría latinos.

En el fallo Bates aseguró que la decisión de la administración de Trump fue “arbitraria” y “caprichosa”, y ordenó al Gobierno continuar con el DACA y, por primera vez, reabrirlo a nuevos aplicantes.
Bates fue el tercer juez que falló contra la decisión de Trump de poner fin a este programa implementado por su antecesor en 2012.

Trump ha tomado la suspensión de sus acciones como “buena noticia para traficantes” de migrantes, el mandatario de EE. UU. argumenta que, “La decisión judicial es extraordinariamente errónea. Lo peor es que crea un incentivo para que venga más inmigración joven ilegalmente”.

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La medida, que fue aprobada con 237 votos a favor -todos los demócratas y siete republicanos- y 187 en contra, necesita ahora el visto bueno del Senado, controlado por los conservadores.

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Cuando se superó la barrera de los 218 votos necesarios para que el proyecto fuese aprobado, el público presente en el pleno del Congreso exclamó gritos de “¡Sí se puede!” en español y “Yes, we can!” en inglés hasta que se pidió “orden en la sala” por parte del legislador demócrata Adriano Espaillat, que presidía la cámara en ese momento.

Durante el debate, el legislador republicano Ben Cline, representante por Virginia, se mostró en contra de la ley “Dream Act” (“Ley del Sueño”) al considerar que este “amplio acceso” a la ciudadanía “podría provocar que miembros de bandas criminales, terroristas y otros delincuentes” reciban ese beneficio.

Esa postura fue la generalizada entre los miembros del Partido Republicano, que lamentaron que los demócratas hayan promovido una ley que, a su entender, puede poner en peligro la seguridad nacional de EE. UU.

Según fuentes demócratas consultadas por EFE, la ley pretende regularizar la situación migratoria de más de 2.5 millones de personas, incluyendo “soñadores” y beneficiarios del TPS y del DED.

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En una conferencia anterior a la votación, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió de que proteger de la deportación a jóvenes indocumentados amparados por DACA “no debería ser partidista”.

“No debería haber nada partidista o político sobre esta ley. (…) Estamos dando una oportunidad a gente que ha contribuido mucho a Estados Unidos. Tenemos muchas ganas de aprobar la ley”, señaló Pelosi en una conferencia en el Capitolio.

La legislación se evaluará próximamente en la Cámara Alta, que cuenta con una mayoría republicana que probablemente rechazará varios de los puntos de la medida aprobada.

El DACA, promulgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a un permiso de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que DACA debía terminar el 5 de marzo del año pasado si el Congreso no llegaba a un amplio acuerdo sobre inmigración, aunque no llegó a expirar porque varios tribunales obligaron al Gobierno a mantenerlo vivo.

Por su parte, el TPS fue creado en 1990 y a través de él, el país concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales.

El programa DED es similar al TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro de ser enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.

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En su propuesta, revelada por altos funcionarios de la Casa Blanca, el presidente considera que hay una “crisis humanitaria sin precedentes” en los puntos fronterizos, por lo que le apuesta a reforzar la seguridad nacional y a “un sistema de migración por méritos”, según Univisión.

Sin embargo, el plan no ofrece solución para los 11 millones de indocumentados que se encuentran en ese país, ni para los beneficiarios del DACA, el programa que en principio otorga beneficios a desplazados que llegaron al país de niños y que tienen niveles educativos altos.

Estos son los temas que contempla el plan del mandatario, según la cadena de noticias.

• La protección de la frontera:

“El plan de Trump busca acelerar la construcción del muro en la frontera con México, al aumentar las tasas recolectadas por el comercio en la frontera para crear un fondo destinado a la infraestructura fronteriza, explicó el funcionario”, publicó la agencia EFE en este sentido.

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• Aprovechamiento de los mejores trabajadores (por medio de visados por méritos o puntos)

“La propuesta pretende aumentar del 12% actual al 57% la proporción de inmigrantes que obtienen la residencia permanente en EE. UU. por razones relacionadas con su talento o empleo, al tiempo que se rebaja del 66% al 33% el porcentaje de los que consiguen ese estatus por lazos familiares”, consigna EFE.

• Reunificación inmediata de las familias separadas 

En ese sentido, el funcionario no especificó la forma en que este punto se trabajará. 

• Los valores humanitarios deben prevalecer en casos de asilo legítimo 

“Se busca reducir del 22% actual al 10% el volumen de personas que obtienen la residencia permanente, conocida como la tarjeta verde, debido a razones humanitarias o mediante mecanismos que buscan fomentar la diversidad de los países de origen de los inmigrantes”, dice EFE.

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Otras propuestas del programa, según EFE:

• “Fin de la lotería de visados para la diversidad, un programa creado en 1990 que asigna aleatoriamente hasta 50 mil visados al año para los ciudadanos de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración a Estados Unidos”.
• “La propuesta busca mantener intacto el número de tarjetas de residencia permanente que concede EE. UU. -1,1 millón cada año- pero adjudicarlas cada vez más por razones relacionadas con la especialización profesional o el nivel educativo de los inmigrantes”.
• “Los aspirantes a la legalización deberán superar una prueba de civismo y se juzgará su mérito en función de varios criterios, entre ellos su nivel de inglés, su edad o si tienen una oferta de empleo”.
• “El programa busca reunir más apoyos republicanos para la propuesta antes de presentarla de forma íntegra y enfrentar la consiguiente batalla legislativa en el Congreso, donde no está claro que pueda conseguir votos de la oposición demócrata”.
• Respecto de los dreames y los beneficiarios de los programas de protección temporal (TPS), los funcionarios admitieron que no están contemplados en el plan, pero lo justificaron con que “sí reforma la capacidad de los inmigrantes que llegan a la frontera de solicitar asilo”.

El plan será presentado este jueves en la Casa Blanca, a las 16.30 horas de Guatemala, promovido especialmente por el yerno de Trump, Jared Kushner. 

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El magistrado, John D. Bates, con tribunal en Washington, rechazó así el recurso del Ejecutivo a su decisión inicial del 24 de abril.

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Bates, nombrado en el cargo por el expresidente George W. Bush (2001-2009), dijo que la suspensión fue “arbitraria y caprichosa” al no dar el Gobierno una “explicación racional” para ella, algo que reiteró este viernes.

El magistrado, no obstante, congeló nuevamente la aplicación de su fallo hasta el 23 de agosto, para dar margen al Ejecutivo a decidir si recurrirá a una instancia superior y si solicitará una suspensión temporal.

“El tribunal no sostuvo en su opinión previa, y no lo mantiene hoy, que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) carezca de autoridad legal o constitucional para rescindir el programa DACA”, argumentó el juez.

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“Por el contrario, el tribunal simplemente sostiene que, si el DHS desea rescindir el programa o tomar cualquier otra medida, debe dar una explicación racional de su decisión”, añadió.

La suspensión del DACA ordenada en septiembre por Trump tenía que entrar en vigor el pasado 5 de marzo, aunque nunca llegó a materializarse por los desafíos legales que enfrentó la decisión del presidente.

De hecho, en enero, otro juez federal ya ordenó la reactivación parcial del DACA con la admisión de las solicitudes de renovación a aquellos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.

Ese fallo, a diferencia del de Bates, ya se ha puesto en práctica.

El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690 mil jóvenes, que llegaron al país sin papeles cuando eran menores y a los que se conoce como “soñadores”.

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En sus planes para combatir la inmigración, el Gobierno de Trump optó por derogar el programa al considerarlo ilegal, una decisión que hubiese dejado a esos jóvenes sin sus permisos y en riesgo de deportación.

La decisión de Trump ha sido desafiada en diferentes cortes del país, por lo que es posible que el caso termine sobre la mesa del Tribunal Supremo en los próximos meses.

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El juez John Bates, de Washington DC, calificó el martes de “ilegal” la decisión de poner fin al DACA, el programa que protege de la deportación a casi 700 mil jóvenes llegados cuando niños a Estados Unidos con sus padres, conocidos como “Dreamers” (soñadores) y en su inmensa mayoría latinos.

Bates asegura que la decisión de la administración de Donald Trump fue “arbitraria” y “caprichosa”, y ordena al Gobierno continuar con el DACA y, por primera vez, reabrirlo a nuevos aplicantes.

“Una gran victoria” 

Eliana Fernández, una dreamer de 30 años, se emocionó muchísimo cuando escuchó la noticia.

“Me dieron ganas de llorar; estoy muy, muy contenta”, cuenta a la AFP esta ecuatoriana madre de dos pequeños niños que es una de las demandantes contra el Gobierno en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

Bates es el tercer juez que falla contra la decisión de Trump de poner fin a este programa implementado por su antecesor Barack Obama en 2012, que sacó de las sombras a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Otros dos fallos similares fueron adoptados por jueces federales de California y Nueva York.

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Es una gran victoria para nosotros ver que el tercer juez federal ha dicho que la terminación del DACA ha sido ilegal”, afirmó Fernández. “Victorias como estas alientan a seguir y nos dan esperanzas, y espero que el Congreso lo vea y decida actuar y darnos una solución permanente”.

Si no fuese por los fallos de San Francisco y Nueva York, un promedio de 122 jóvenes con DACA quedarían cada día sin papeles, amenazados de deportación, según oenegés de defensa de los inmigrantes.

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“¡Esta es otra victoria legal más para los dreamers en el camino a la Suprema Corte!”, se felicitó CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, sugiriendo que los casos terminarán en el máximo tribunal.

Gracias al DACA, los jóvenes inmigrantes sin papeles obtuvieron un permiso temporario de residencia en Estados Unidos y el chance de aplicar a universidades y préstamos, un número de seguridad social para trabajar y la posibilidad de tramitar una licencia de conducir.

90 días para explicar

La decisión del juez Bates otorga al Gobierno un plazo de 90 días para explicar mejor por qué estima que el DACA es ilegal, y si no lo hace, anulará el memo que puso fin al programa el 5 de septiembre de 2017 y ordenará aceptar a miles de nuevos aplicantes elegibles para el DACA.

Su fallo responde así a la demanda presentada por un estudiante, la Universidad de Princeton, Microsoft y la NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.

“Hemos sido muy claros que pensamos que este es un programa ilegal, es algo que el Departamento de Justicia tendrá que manejar”, se limitó a indicar la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, consultada sobre el tema.

El gobierno de Trump apela los fallos de California y Nueva York ante tribunales superiores, luego de que la Corte Suprema rechazara su pedido de pronunciarse sobre el asunto directamente, sin que éste pasara por cortes de apelaciones.

“La corte federal recordó una vez más al presidente que no puede poner fin al DACA de manera arbitraria. Ningún presidente está por encima de la Constitución”, aseguró en Twitter César Vargas, otro dreamer y primer abogado abiertamente indocumentado de Nueva York.

La suerte definitiva de los dreamers está finalmente en el Congreso, que hace más de 15 años debate proyectos de leyes migratorios pero nunca ha logrado ponerse de acuerdo sobre qué hacer con estos jóvenes ni con el resto de los 10 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

“Buena noticia para traficantes”

La administración de Donald Trump criticó este miércoles el nuevo revés judicial que ha sufrido en el tema de DACA.

“Es una buena noticia para las organizaciones traficantes de personas y las redes criminales”, manifestó en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. “La decisión judicial es extraordinariamente errónea. Lo peor es que crea un incentivo para que venga más inmigración joven ilegalmente”, añadió. 

El Gobierno de Trump ha mantenido el programa en vigor como ordenaron los magistrados. De confirmarse la nueva decisión judicial tras los 90 días que ha dado el juez Bates para presentar una argumentación sólida, tendrá además que aceptar las solicitudes de nuevos aspirantes a quedar protegidos por el programa.

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El guatemalteco Félix García migró a Estados Unidos junto a su familia en 1995, para buscar mejores oportunidades de vida.

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García aprendió a hablar inglés, obtuvo un título de bachillerato y un diploma de contabilidad, con el objetivo de brindarle a sus tres hijas un mejor futuro.

Durante varios años, Felix construyó ese sueño de superación que anhelaba, hasta que en el 2009 el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) requirió información de los empleados de la empresa donde laboraba.

Las autoridades no consideraron deportar a García en esa ocasión, con la condición de que debía registrarse constantemente ante la ICE, como parte de las políticas migratorias del Gobierno de Barack Obama.

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Sin embargo, las condiciones bajo las que García permanecía en ese país cambiaron con el Gobierno actual y la situación que el guatemalteco enfrenta son críticas, pues podría ser deportado en cualquier momento; mientras, permanece en el Centro de Detención Stewart, Georgia.

Aunque la permanencia de las hijas de García no está amenazada actualmente, pues fueron beneficiadas por el prgrama DACA,, la deportación del guatemalteco sí les causaría serias dificultades, pues las tres dependen de sus cuidados y manutención.

Belsy y sus hermanas buscan reunir firmas para solicitarle al director de la Oficina de Campo de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos en Atlanta, Georgia, que tome en cuenta el historial de su padre y no sea deportado, pues nunca ha sido involucrado en alguna actividad criminal.

Política migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca penalizar a inmigrantes que se acojan a cualquier tipo de beneficio público, incluidas deducciones fiscales, con la denegación del permiso de residencia, según informó hoy “The Washington Post”.

De esta forma, el mandatario republicano, que ha hecho de sus políticas contrarias a la inmigración uno de los pilares de su Gobierno, pretende reducir el número de extranjeros que viven en Estados Unidos.

El “Post” accedió a un borrador del Departamento de Seguridad Nacional en el que se extienden las penalizaciones que ya tienen los inmigrantes que reciben algún tipo de beneficio público o ayuda social.

En el texto se amplía la definición de las mismas, hasta llegar a incluir beneficios fiscales y subsidios para el seguro médico, entre otras cosas.

De llegar a salir adelante, la medida no afectaría a los inmigrantes indocumentados, sino a quienes se encuentran legalmente en el país y pretenden obtener un visado migratorio o un permiso de residencia permanente cuando, por ejemplo, va a expirar su visado de trabajo.

El rotativo apunta que entre los afectados estarían los jóvenes inmigrantes beneficiarios de DACA, el programa con el que Barack Obama protegió de la deportación con permisos de residencia y trabajo temporales a decenas de miles de indocumentados que llegaron de niños al país acompañando a sus padres.

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Los senadores, que tenían como límite la medianoche del viernes antes de que se venciera el financiamiento federal temporal, adoptaron el texto por una votación de 65-32. Más temprano el proyecto había recibido el visto bueno en la Cámara de Representantes, 256 votos contra 167.

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Ahora la ley, que aumenta el gasto militar e interno, pero no se refiere a medidas de protección para los inmigrantes indocumentados, debe ir a la Casa Blanca para que sea firmada por el presidente Donald Trump.

Presentado el miércoles después de semanas de regateo, los legisladores tuvieron apenas unas horas para examinar detenidamente y votar un megaproyecto de ley que afectará todos los aspectos de la vida estadounidense. Aunque Trump le había dado su bendición al acuerdo bipartidista, el destino del texto en el Senado estuvo en duda hasta el último momento, con el republicano Rand Paul amenazando con estancar el proceso de votación.

“Creo que debes leer los proyectos de ley antes de votarlos”, había dicho Paul a Fox News. “He estado trabajando todo el día diligentemente en el proyecto, voy por la página 600”. También otros senadores también pusieron resistencia.

El proyecto de ley establece niveles de gastos de defensa en 700.000 millones de dólares para este año fiscal que finaliza el 30 de septiembre, un aumento de 61.000 millones respecto a 2017. El gasto nacional no relacionado con la defensa alcanzará los 591.000 millones, alrededor de 10% más.

“¿Es perfecto? No”

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, lo llamó un voto “para reconstruir nuestro ejército, asegurar nuestras fronteras y otorgarles a nuestros servidores el aumento salarial más grande en ocho años”. También los demócratas parecían complacidos por el resultado de las negociaciones.

“En general, los demócratas estamos muy contentos con lo que pudimos lograr en una serie de prioridades para la clase media y Estados Unidos, incluyendo infraestructura, educación, opiáceos, salud mental y cuidado infantil”, dijo el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer.

La Casa Blanca reconoció que no cumplió todos sus deseos, pero dijo que Trump estaba listo para firmar.

“¿Es perfecto? No”, reconoció Mick Mulvaney, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto. “¿Es exactamente lo que pedimos? No”.

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Con la votación se evitó el tercer cierre del gobierno en 2018 y una profunda vergüenza para el Congreso dirigido por los republicanos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

La ley de gastos proporciona 1.600 millones de dólares -mucho menos de lo que Trump quería- para la seguridad fronteriza y la construcción o reparación de casi 160 kilómetros de cercas y barreras fronterizas, aumenta el gasto de infraestructura e incrementa los fondos para becas estudiantiles. Deja fondos intactos para el proveedor de salud de mujeres Planned Parenthood, objetivo de críticas implacables de los republicanos pro-vida.

Pero en un golpe importante para los demócratas, no incluye protecciones para los inmigrantes indocumentados que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños.

Entre los temas delicados está la seguridad de las armas de fuego, que ha estado en el foco nacional. Una disposición refuerza el cumplimiento de las verificaciones de antecedentes para la venta de armas de fuego, y otra revierte lo que esencialmente ha servido como una prohibición de investigaciones federales sobre la violencia con armas de fuego.

El presupuesto aprobado hoy en el Congreso con el respaldo de los líderes demócratas incluye una partida de 1.600 millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera sur con México, una de las obsesiones de Trump.

Esa cifra, no obstante, queda lejos de los 25.000 millones que el presidente había pedido al Legislativo.

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Además, el proyecto establece restricciones para su gasto como la cantidad de kilómetros de muro que pueden construirse o dónde puede ubicarse, determinando, por ejemplo, que de los 1.600 millones de dólares, 251 millones deben emplearse en renovar la doble verja que ya existe entre San Diego (California) y Tijuana (México).

Más allá del muro, el acuerdo aprobado hoy no hace mención alguna a los jóvenes sin papeles conocidos como “dreamers” o “soñadores”, amenazados de deportación por las políticas migratorias de Trump, pese a que los demócratas habían condicionado su apoyo a las cuentas a una regularización.

Los legisladores demócratas de origen latino, agrupados en el Caucus Hispano, rechazaron los presupuestos aprobados porque “no reflejan los valores y principios” de Estados Unidos porque abandonan a los “soñadores” y, además, otorgan fondos a las policías migratorias encargadas de las deportaciones de inmigrantes.

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El acto fue organizado por diversas organizaciones sociales, como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y United We Dream, cuya estrategia fue emplear las propias palabras de Trump, que en algunas ocasiones ha mostrado cierta simpatía por los inmigrantes, con el propósito de hacerle cumplir su palabra.

En septiembre pasado, Trump anunció que acabaría con el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), impulsado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama, y dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para aprobar una alternativa que ofreciera una solución migratoria permanente a esos jóvenes, los llamados ‘soñadores’.

Sin embargo, en enero, Trump anunció que solo aceptaría un reemplazo del DACA si iba condicionado a otros tres temas: fondos para la construcción del muro con México, la eliminación de una lotería que sortea visados a países con baja tasa de emigrantes a EE.UU., y la imposición de trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales en la nación.

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Por este motivo, no fue extraño ver hoy a manifestantes portando pancartas pidiendo al presidente que “no deporte a la juventud inmigrante” o incluso exigiendo al mandatario que encuentre una solución al problema que él mismo ha creado: “Tú mataste el DACA… arréglalo antes de que sea demasiado tarde”.

Asimismo, el grupo desplegó un cartel en el que se podía ver una cuenta atrás con las horas que restan para que se cumpla el plazo dado al Congreso para sacar adelante una legislación que regularice la situación de los soñadores de manera permanente.

El acto sirvió además para que la ACLU presentara una campaña publicitaria, cuyo coste alcanzará los “seis dígitos”, según la organización, con la que buscarán concienciar al presidente mediante spots y anuncios en la prensa.

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En consonancia con la estrategia empleada hoy durante la protesta, en el anuncio televisivo se puede ver a Trump diciendo “amo a estos jóvenes” a lo que la ACLU responde: “Trump, es hora de demostrar tu amor”.

En una incendiaria diatriba, el mandatario fustigó a la oposición demócrata por no respaldar su política de endurecimiento de las leyes migratorias y urgió al Congreso a aprobar la construcción del muro fronterizo con México, una de sus principales promesas.

Ante la conferencia CPAC, uno de los foros más importantes de los conservadores estadounidenses, Trump leyó la letra de la canción de 1968 de Al Wilson, “The Snake” (La serpiente), sobre un reptil enfermo que recompensa con un mordisco venenoso a la “mujer tierna” que lo ayudó a recuperarse.
“Ustedes tienen que pensar esto en términos de inmigración”, señaló el mandatario, antes de compartir esa balada basada en una fábula de Esopo.

“'Te salvé', gritó la mujer/ 'Y me has mordido, pero ¿por qué?'/'Sabes que tu mordida es venenosa y ahora voy a morir'/'Oh cállate, mujer tonta', dijo el reptil con una sonrisa/'Sabías muy bien que era una serpiente antes de que me llevaras'”, recitó Trump, en medio de los aplausos de la audiencia.

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“Eso es lo que estamos haciendo con nuestro país”, concluyó. “Estamos dejando entrar a la gente, y va a haber mucha gente. Solo va a ser peor. Le damos protección como nunca antes”.
Trump, que también apeló a esta metáfora al cumplir 100 días de gobierno en un mitin en Pensilvania, subrayó que “una nación fuerte debe tener fronteras fuertes”.

“Hacemos un llamado al Congreso para que construya un gran muro fronterizo para evitar que drogas y criminales peligrosos ingresen a nuestro país”, dijo.
Trump aprovechó además para repasar los logros de los agentes de control migratorio, diciendo que el año pasado arrestaron a más de cien mil extranjeros que habían cometido “miles de crímenes” y para reforzar su rechazo a las jurisdicciones del país donde las autoridades se niegan a identificar a los indocumentados para su deportación.

Ciudades santuario y “dreamers” 

“Estamos tomando medidas enérgicas contra las ciudades santuario”, dijo, luego de amenazar la víspera con retirar las tropas federales del estado de California, el más poblado y rico del país, por su negativa en cooperar con el arresto de inmigrantes ilegales.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), autodenominada cuna del “conservadurismo moderno”, Trump también criticó a la oposición demócrata por no apoyar su propuesta para regularizar a los “dreamers“, jóvenes llegados ilegalmente al país cuando eran niños.

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Su plan, que el Senado rechazó la semana pasada junto con otros proyectos, abría la vía hacia la ciudadanía a 1.8 millones de esos “soñadores“, pero acababa con la lotería de visas de residencia y acotaba las autorizaciones de reunificación familiar, además de exigir fondos millonarios para el controvertido muro.
“Los demócratas están siendo totalmente insensibles”, señaló, al cuestionar lo que consideró una falta de respuesta para reemplazar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca), que su administración busca terminar.
Barack Obama creó el Daca en 2012 para atender la situación de los “dreamers”, luego de que la reforma migratoria que promovía fracasara en 2010 en un Congreso dominado por los republicanos.

Trump se declaró escéptico sobre la posibilidad de lograr una alternativa para estos jóvenes inmigrantes, la mayoría latinoamericanos. “Y no es por los republicanos, es por los demócratas”, recalcó.
El mandatario, muy cuestionado por presuntamente tildar a las naciones africanas, El Salvador y Haití de “países de mierda”, reiteró su idea de la inmigración basada en “méritos”.
“Queremos personas que tienen habilidades, que pueden mantenerse económicamente, que pueden contribuir a nuestra economía, que amarán a nuestra gente y que compartirán nuestros valores”, dijo.

A falta de dos semanas de que se alcance la “amenazante” fecha límite establecida por el presidente Donald Trump en septiembre de 2017 de que cerraría el 5 de marzo el programa que los ampara de la deportación, la Acción Diferida (DACA), la USCCB instó al Congreso a que dé muestras de “liderazgo”.

De esta forma se lograría una “solución humana y justa” para estos jóvenes que “diariamente enfrentan una creciente ansiedad e incertidumbre”, según apuntan en un comunicado el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la USCCB; su vicepresidente, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, y el presidente de su comité de Inmigración, Joe Vásquez.

Para intentar convencerlos convocaron a un “Día Nacional de Llamadas para Proteger a los Soñadores”, iniciativa que recalcarán durante las homilías durante el próximo fin de semana.

Con esta iniciativa quieren contribuir a proteger a los “‘soñadores’ de la deportación, proporcionarles un camino a la ciudadanía y para evitar cualquier daño a las protecciones existentes para las familias y los menores no acompañados”.

Los tres líderes religiosos consideran que, aunque siempre han estado del lado de los “vulnerables”, incluidos los inmigrantes, ha llegado el momento de la “acción” para mostrar el apoyo y solidaridad de una “manera especial”.

Trump decidió acabar con DACA mediante una orden ejecutiva, el mismo mecanismo que su predecesor, Barack Obama, usó para promulgar el plan en 2012 con carácter temporal, pues el Congreso es el único que tiene capacidad para aprobar leyes y cambiar el sistema migratorio de Estados Unidos.

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El presidente instó entonces al Congreso a encontrar una solución, pero él mismo ha establecido recientemente pilares básicos para no vetar el proyecto de ley que llegue a su mesa y que incluye una solución para 1.8 millones de “soñadores”, fondos para construir su deseado muro en la frontera con México y reducir los niveles de inmigración legal.