Este Programa nace en el año 2013 para contribuir a mejorar la desnutrición en Guatemala, ya que Ecofiltro purifica el agua al eliminar el 100% de las bacterias de forma natural.

Se estima que el 95% de las fuentes hídricas están contaminadas, siendo una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales, lo que provoca que más del 50% de la niñez guatemalteca no crezca y  ni se desarrolle al cien por ciento.

Es importante mencionar que uno de cada 20 niños muere antes de cumplir los 5 años; por lo que Guatemala está posicionada como el país número uno en Latinoamérica con el porcentaje de muertes infantiles, causadas por problemas gastrointestinales derivados por la falta de agua potable, según estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF – y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL -.

Del 2013 a 2018 se han entregado 27,980 filtros, correspondientes a 4,642 escuelas y beneficiando a 839,400 niños de los 22 departamentos de país.

Asimismo se ha impactado a la comunidad, debido a que los padres al constatar el bienestar de sus hijos y tras ser capacitados en la importancia de consumir agua purificada, replican el uso del filtro en sus hogares.

Este programa contribuye a alcanzar la meta de Ecofiltro de 1 millón de familias con agua segura para el año 2020, quienes tendrán como beneficios en ahorro, salud, ambiente y abundancia de un agua purificada con un sabor fresca.

El Ministerio Público (MP) dirigió, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), al menos ocho allanamientos más de empresas mercantiles ligadas a accionistas de Corporación de Noticias.

El pasado 30 de mayo, el colaborador eficaz Salvador González Álvarez, alias Eco, empezó a testificar  en anticipo de prueba en el caso Cooptación del Estado. El  6 de junio explicó en el Juzgado de Mayor Riesgo B que de todos los accionistas de Corporación de Noticias, solo uno —el de Iidemaya— no conocía el vínculo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti con esa entidad.

En desarrollo allanamientos en inmuebles de empresas mercantiles vinculadas a un proceso de extinción de dominio. pic.twitter.com/ISYadWfvrB

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 27, 2017

Ante las preguntas de los abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Eco dijo a quiénes se refería.

Comenzó con Edín Barrientos, ya procesado por este caso, y siguió con Amílcar Alvarado, quien representaba al Consejo de Investigaciones para el Desarrollo de Centroamérica (Cideca); Julio Recinos, del  Fideicomiso de Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala (Fedecoag); Leonardo Delgado,  al frente de la Federación de Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), y José Us, del Instituto de Investigación y Desarrollo Maya (Iidemaya), quien, según Eco, era el único que no sabía que la exvicemandataria tenía acciones con Inversiones Marbella y Arrendamiento, Servicios y Proyectos.

Baldetti tenía el 51 por ciento de las acciones, y se negociaba adquirir las de Cideca, con lo cual llegaría al 70 por ciento.
El MP solo informó que se efectuaron nueve allanamientos en San José Pinula, zonas  7,  10 y 15, y  en Cobán, Alta Verapaz.

Se pudo confirmar que entre los inmuebles allanados figura la sede de Cideca, en la 11 calle 18-03, apartamento  8-A, zona 15; Fedecovera, que se encuentra en  la 6a. calle 5-05, zona 11 de Cobán; Fedecoag, en Avenida  de La Reforma 2-56, zona 9; e Iidemaya, ubicada en la  38 avenida A 0-77, zona 7.

Se llamó al teléfono de Amílcar Alvarado, quien está al frente de Corporación de Noticias, pero una persona que dijo ser su hijo Sergio respondió la llamada y aseguró que no tenían nada que decir, por decisión de sus abogados.

Durante la audiencia, el Ministerio Público (MP) ha presentado documentos hallados en la computadora personal de Eco, por los cuales abogados defensores de los sindicados han presentado protestas.

En uno de los documentos se muestran los porcentajes que la ex vicepresidenta Baldetti recibía de las empresas que había conformado.

El miércoles último, Eco detalló que ocho empresas fueron las que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti utilizó para hacer una fortuna durante su paso por el gobierno del Partido Patriota, con el general Otto Pérez Molina a la cabeza.

Eco explicó cómo hizo operar dos empresas en las que Baldetti era accionista, y de otras siete que controlaba por medio de testaferros.

La Fiscalía mostró a Gálvez la computadora que fue incautada a González Álvarez en el 2015, y este describió algunos documentos en los que constan las transacciones efectuadas por las entidades.

Dos empresas hicieron que la exvicegobernante tuviera el dominio del 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día. Sin embargo, con la ayuda de Eco, quien adquirió otra compañía de origen salvadoreño, Baldetti pudo controlar el 70 por ciento de la referida entidad.

Baldetti dejó su participación en dicho medio de comunicación, derivado de una publicación que se hizo de ella en uno de los diarios de Corporación de Noticias, en la cual se hacía referencia a varias frases que la exfuncionaria había mencionado.

En una audiencia a puerta cerrada, el Ministerio Público (MP), expuso a Miguel Ángel Gálvez, Juez de Mayor Riesgo B, los términos acordados con González.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad imputó a Eco tres delitos y solicitó la condena de seis años, seis meses y 25 días por su implicación en el caso, según reveló el abogado defensor Alexis Calderón.

El juzgador acordó que el 3 de marzo próximo dictará la sentencia acorde a los términos que el MP detalló y los delitos que solicitaron. Esto es a causa de un procedimiento abreviado.

González Álvarez fue acusado por asociación ilícita, por el cual el MP solicitó dos años con ocho meses de prisión. Por cohecho pasivo los investigadores pidieron dos años con nueve meses y 10 días, y casos especiales de defraudación aduanera, por el que se suma un año con un mes y 15 días.

El Código Penal estipula la suspensión condicional de la pena a delitos menores de tres años de cárcel. En el convenio de colaboración entre el acusado y la Fiscalía, elaborado el 6 de noviembre del 2015, se indica que el fiscal a cargo del caso pedirá la suspensión condicional de la pena por cada cargo que se señaló en contra de González Álvarez.

• Conozca los beneficios que obtendrá Eco por colaborar

Lo dice todo

Alias Eco, dijo al Juzgado de Mayor Riesgo B que los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti vieron en la aduana del sur, en Puerto Quetzal, Escuintla, una verdadera mina de oro para incrementar sus ingresos por las acciones de la red de defraudación que supuestamente dirigían.

En una audiencia de La Línea, la Feci solicitó a González Álvarez que explicara el contenido de algunos de los documentos contables que estaban archivados en una computadora de su propiedad, la cual le fue incautada y figura como evidencia en el proceso.

Un archivo identificado como copia de reporte 1-2 (369594), el cual contiene una hoja de cálculos, indica que cada semana los exmandatarios recibían dinero de la recaudación de los sobornos que se exigían a importadores en Puerto Quetzal.

• Eco testifica sobre la “mina de oro” de Otto Pérez y Roxana Baldetti

Las primeras entregas fueron, en su totalidad, para Pérez Molina y Baldetti, quienes se las repartían, lo cual cambió cuando otros integrantes de la estructura reclamaron, según Eco.

El total de lo recaudado en esa aduana, solo en agosto del 2013, fue de Q3 millones 236 mil, de los cuales Pérez Molina y Baldetti recibieron Q1 millón 985 mil, que se repartieron entre ellos. El resto de la red obtuvo Q1 millón 251 mil, señaló el testigo.

La Línea fue el primer caso de corrupción evidenciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el MP, en el que encontraron a más de 15 funcionarios públicos involucrados.

El 14 de junio, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó el traslado de González a otra celda, pero cuatro meses después esta indicación aún no se acata.

El espacio de aproximadamente 3.50 metros por 2.50 es el espacio que comparten desde hace un año en Pavoncito, Fraijanes.

“Ha habido un atraso más de lo normal”, explica González.

“Él —Juan Carlos Monzón— no debe ni tiene por qué conocer cosas mías, y la privacidad es importante”, agrega, mientras su compañero de celda abre el pequeño frigobar.

Se sienten olvidados

González, quien escogió el edificio Dubai Center para instalar las oficinas del grupo Estrella —que aglutinó a las empresas de cartón y sirvió para apiñar el patrimonio de los dos exgobernantes—, recuerda el 8 de diciembre del 2015 como una fecha especial: la primera vez que tuvo una cama dentro de la cárcel.

“Tuve una cama hasta el 8 de diciembre. Entré a la cárcel el 16 de abril. Lloré cuando la recibí”, relata.

Con posterioridad se hizo de una cama inflable que le vendieron en la misma cárcel, por Q200.

“La cama desinflable querrás decir”, aclara Monzón, con risas.

“¡Es cierto!”, admite González. Pocas horas después de haberla inflado, durante la madrugada, el aire se salió y quedó tendido sobre el suelo.

A la mañana siguiente consiguió cartones para colocarlos debajo, recuerda.

Monzón, el exsecretario de la Vicepresidencia, quien le presentó a González a los exmandatarios, toma la palabra: “Mucha gente se olvida de uno”.

Desde hace seis meses no ve a su familia y su mecánico es una de esas pocas visitas que acuden los miércoles.

González, quien nombró “Uno” al expresidente y “Dos” a la exvicepresidenta, a quienes entregaba el 50 por ciento de los cobros efectuados y admitió haber recibido el 2 por ciento, según la Fiscalía, también afirma: “Apenas me visitan unas cinco personas”.

Entre esos pocos visitantes está el mensajero que contrató cuando era presidente de una casa de valores.

Son muy pocos los que ahora quieren estar cerca, aun cuando se trata de razones humanitarias.

González cuenta que padece de neuralgia intercostal y hasta su antiguo dentista se negó a recibirlo.

Monzón encargó a una de esas escasas visitas un par de lentes “de emergencia, de esos que venden en cualquier farmacia”.

“Necesitaba una operación y mi antiguo oculista no quiso atenderme porque necesito moverme con mucha seguridad”, expresa Monzón.

De las paredes de la celda pende un calendario del 2013, impreso con fotografías familiares de los Monzón.

González suma una pena más: “Llevo más de un año sin ver a mis hijos pequeños. Tienen 7, 9 y 11; también una de 18, pero ella no tiene mayor relación conmigo. ¿Tiene idea de lo que eso significa? ¿Cree que cambiaría todo el dinero del mundo por estar cerca de los que amo?”

“Hemos proveído de todo el conocimiento que teníamos”, agrega.

“Lo que queremos es que se cumplan los plazos del acuerdo con la Fiscalía”, completa Monzón.

“En mi caso ya se cumplió la suspensión de la persecución penal en el proceso del Bufete de la Impunidad, falta La Línea. Estoy pendiente de una audiencia de beneficios”, explica González.

Durante el trayecto polvoriento de 25 minutos hasta la salida de los penales se escucha el sonido de bocinas de Fraijanes 2. Es una fiesta en medio de eso que muchos llaman “el infierno”.

El ex secretario privado de la Vicepresidencia también detalla otras coimas, resultado de negocios en las portuarias y que se depositaron en la cuenta de la firma Transacciones Monetarias Unidas. Habla también de la habilidad de Jonathan Chévez para ocultarlas.

Monzón cuenta las razones por las cuales el gobierno del partido Patriota decidió “deshacerse” del interventor de Puerto Quetzal, Allan Marroquín, quien fue detenido el miércoles en EE. UU.

Respecto de su relación con Héctor Valdez —actual asesor del alcalde de Mixco, Neto Bran—, dijo que lo considera su “maestro y mentor”, más que Roxana Baldetti, a quien aún llama “la Jefa”.

Esta entrevista se efectuó durante dos jornadas, el viernes 14 de octubre y ayer. Por las extremas medidas de seguridad, solamente se permitió el ingreso de papel y un lápiz.

En la celda, sobre un desayunador hay dos rotativos del día, ambos anuncian en sus portadas la deportación de Marroquín, de quien Monzón, asegura, “sabe mucho”.

El mago Chévez

“Jonathan Chévez era un mago, sin duda. Podía hacer cualquier cosa que le pidiera. ¿Cómo? No lo sé”, refiere Monzón.

Chévez era el director financiero de Transacciones Monetarias Unidas.

La cuenta con ese mismo nombre fue la receptora de los sobornos durante la administración del gobierno del Partido Patriota (PP), según las investigaciones de la Fiscalía, y el testimonio de Monzón lo confirma.

“Allí se depositaban los sobornos de TCQ, de las grúas, la energía de los puertos, las obras de construcción y la compra de los granos para la bolsa segura. Los fertilizantes no, para eso facturamos transporte y combustible”.

¿Coimas de la reconstrucción del terremoto de San Marcos? (2012), se le pregunta. “De eso no, estábamos muy nuevos”, confiesa.

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), la cuenta también recibió parte del soborno por la puesta en marcha de un sistema de registro digital para la Dirección General de Migración (DGM) que se le adjudicó a la empresa Security Assitance Group S.A. (SAG), en 2014.

“El del Registro Migratorio fue un negocio del presidente —Otto Pérez Molina—, Mauricio —López Bonilla, exministro de Gobernación— y un exembajador”, señala Monzón.

“En diciembre de 2014, Roxana me llamó y me dijo: Mauricio se quiere babosear al presidente, te va a presentar a alguien. Y me presentaron a Gustavo Brignone”, recuerda.

Así fue, según Monzón, el inicio del negocio del sistema de control capaz de captar y comparar las huellas y fotografías de rostros de quienes ingresaran o salieran del país.

Este cruce de datos en tiempo real que SAG ofrecía ayudaría a detectar la presencia de personas que representaran una amenaza para la seguridad nacional o fueran buscadas por la Interpol.

“Acordamos —con Brignone— que me iba a entregar por el contrato del control migratorio la comisión de US$7 millones: US$1 millón de entrada y US$6 millones divididos entre el tiempo que tardaba el contrato, a razón de US$83 mil 333 mensuales, durante los cinco años restantes”, cuenta Monzón.

“Y utilicé al mago otra vez y él me entregó solo una parte del primer pago del millón, porque después vino mi captura”, recuerda.

El 16 de diciembre del 2014, López Bonilla viajó a Washington para reunirse con el Departamento de Seguridad Nacional, y fue ahí que le informaron de la compra, según refirió Monzón.

La adjudicación se hizo entre denuncias de tráfico de influencias, pero el 20 de mayo del 2015, justo antes de dejar el cargo, López Bonilla, “por causas de fuerza mayor”, rescindió el contrato.

“Por supuesto, cuando se dieron cuenta de que yo manejé la comisión del negocio, Mauricio botó el evento. Gustavo —Brignone— me preguntaba: ¿Qué hago con Mauricio, que pide el millón por adelantado?”, sostiene Monzón.

“Por cierto, aclaro que no soy primo de Gustavo Orellana Boche —sindicado en el caso El Bodegón de tener una cuenta mancomunada que alimentó la de Transacciones Monetarias Unidas—”, asegura Monzón.

Sobre Marroquín

Monzón ve de reojo los titulares de los periódicos que anuncian la captura de Marroquín y su posible deportación.

“Los negocios de TCQ fueron solo algunas de las razones por las que se sacó a Allan”, comenta.

“También estaban las plazas fantasmas —muestra un listado de 13 de estas que guarda en sus archivos—. A eso había que agregar sus problemas familiares, que estaban fuera de control, además que él ordenaba y operaba, pero cuando tenía que firmar siempre había alguna excusa, por eso es que muchos de los contratos aparecen firmados por Julio Rolando Sandoval —ex subinterventor, detenido—.”

Es la hora del baño y el desayuno en Pavoncito. Un ruido intempestivo provoca que Monzón salte de su silla y vea a todas partes. “Todo mundo pone a Roxana como la mala, y no es así. El cerebro es Otto, siempre lo fue”, indica.

“Ella se lo consultaba todo a él, pero él siempre fue la cara angelical del gobierno. Ella le fue leal hasta donde ya no”, sostiene Monzón.

Traicionados

El 19 de abril del 2015, tres días después de que el caso La Línea se hizo público y Monzón desapareció, Baldetti retornó a Guatemala.

Ella insistió en que Monzón la había acompañado a Corea porque tenía interés de aprovechar el viaje para asuntos privados de sus empresas en Asia, lo que ella aceptó.

Monzón permaneció 172 días prófugo. “Roxana me traicionó, y del acuerdo que hicimos en Corea no se cumplió nada. Hace un tiempo me envió un emisario y le mandé a decir: Jefa, ¡diga la verdad, la verdad que usted sabe!”, dice, exaltado, el colaborador eficaz de la Fiscalía, función que lo lleva a compartir la celda con Eco.

El exsecretario de la vicepresidencia no es, sin embargo, el único que se siente traicionado en todo el proceso.

Baldetti declaró en una ocasión refiriéndose a él: “No sabía que tenía un alacrán en la camisa y que yo misma me colgué”.

Nueva declaración

Monzón  rindió su última declaración el martes último, en la Fiscalía Especial contra la Impunidad.  Ahora trabaja en los detalles de otra estructura de lavado que, asegura, involucra a unas 180 personas.

“Son millones”, afirma Monzón, el monto lavado por este grupo.

“Hay empresarios. Hasta ahora solo se ha mencionado a los gatitos, pero faltan los verdaderos”, asegura.

“Se ha mencionado a los de siempre, las constructoras, pero hay más y la Fiscalía lo sabe”, añade.

Los nuevos implicados habrían actuado, otra vez, junto a  la Superintendencia de Adminstración Tributaria.

Monzón ya relató a la Fiscalía en la causa Cooptación del Estado cómo integrantes del PP contactaron a  empresarios.

Cuando se le pregunta cuál es el punto más débil en un gobierno, después de una pausa Monzón afirma: “El Ministerio de Comunicaciones; es donde más negocios se pueden hacer”.

González ha vuelto de desayunar y con  masking tape recoge las cortinas de las pequeñas ventanas.

“¡Es feriado! ¿Esperás a alguien, que estás arreglando?”, le inquiere Monzón. “Siempre espero a alguien”, le responde. “Yo no, yo nunca espero”, dice como para sí Monzón.

La resolución fue dictada por el juez Mynor Moto, luego de que el ente investigador se abstuviera de la persecución penal por las declaraciones de Eco que facilitaron las investigaciones.

El fallo fue amparado en el artículo 25 del Código Procesal Penal que permite al Ministerio Público abstenerse de la persecución Penal.

González fue admitido para colaborar con la fiscalía en mayo de este año, proceso en el que figura la jueza Martha Sierra de Stalling, por facilitar procesos en forma paralela a la justicia.

“El Ministerio Publico y mis abogados apelaron por esta medida. Tengo un período de un año en el que no debo tener ningún contacto, relación, acercamiento con los otros sujetos procesales”, afirmó González.

• Artículo 25 del Código Procesao Penal: Criterio de Oportunidad El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro.

Negocios bajo la mesa

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling. Según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, reveló el jefe de Cicig al comienzo del proceso.

El dinero  fue  encontrado durante un allanamiento en una oficina de Salvador Estuardo González, alias Eco,  el 16  abril de 2015.

Según el MP, ese es el primer monto que se lograría recuperar de lo defraudado por la supuesta estructura dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

“La cifra que ahora se busca recuperar fue localizada en una oficina ubicada en un edificio de la zona 9. La información que tengo es que estaba a nombre de Salvador González”, informó Sara Sandoval, fiscal contra el Lavado de  Dinero.

Sandoval explicó que la acción fue presentada al Juzgado de Extinción de Dominio. “La unidad del MP empezó con solicitar las medidas cautelares del dinero, luego  se  puso a disposición de la Senabed (Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio) y ahora lo que se pretende es que se declare con lugar la sentencia y el dinero pase a favor del Estado”, aseveró.

https://twitter.com/gsanchez_pl/status/741346569878835201

Nueva fecha

El Juzgado de Mayor Riesgo B programó para el próximo 7 de julio la audiencia en la que decidirá si envía  a juicio a los acusados por este caso.

La diligencia fue notificada a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que figura en el proceso como agraviada, en representación del Estado.

Se informó que en la audiencia  programada para julio se dará a conocer la resolución de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, en la que se indica que la PGN no puede participar del caso como querellante, pero sí como agraviada.
 El MP ya entregó al juzgado la acusación formal en contra de 20 importadores señalados
de haberse beneficiado de las operaciones de La Línea.

Queda pendiente que  se programe la audiencia de apertura a juicio en el proceso.

Cuando se retiraba de la Torre de Tribunales, este lunes, Eco manifestó a los periodistas que el exmandatario lo amenazó a él y su familia.

“En su momento sufrí amenazas para que no fuera a decir nada. Las amenazas provinieron del señor Otto Pérez Molina”, confesó.

Cuando le preguntaron detalles acerca de dichas amenazas Eco expresó: “Solo quería decir quien amenazó a mi familia. Son amenazas de muerte”, insistió.

El sindicado agregó que no quería entrar en detalles respecto a cómo fueron las amenazas. “Entrar en detalles no, simplemente eso fue lo que dio lugar a que yo estuviera aquí”, añadió.

Agregó que su familia salió del país por temor. “Mi familia se fue justo antes de declarar la primera vez. Yo sabía lo que iba a decir. Pedí que se fueran porque yo iba a decir lo que dije”, recordó.

Lo responsabiliza

González aprovechó para decir que responsabiliza a Pérez Molina de lo que pueda ocurrirle a él o su familia.

Debido a los alegatos de abogados defensores de varios implicados en el caso La Línea, este lunes el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, aplazó la declaración de Eco para este martes 8 de marzo.

Ensaya y se enoja

Mientras aguardaba para saber si podría declarar ante el Juzgado, Eco ensayó su discurso.

Salvador González increpa a fotoperiodistas al notar que es fotografiado. @prensa_libre (Foto: Paulo Raquec) pic.twitter.com/RByiQTtIJE

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) March 7, 2016

Con ademanes y gesticulaciones, uno de los implicados en el caso La Línea, se alistaba este lunes para declarar ante el juez Gálvez.

Cuando un reportero gráfico de Prensa Libre lo fotografió ensayando, Eco se mostró enojado e increpó al comunicador.

Los alegatos del sindicado no se alcanzaron a entender, ya que se encontraba en la sala de espera del juzgado y un vidrio impidió que se escuchara lo que decía.

Después de una larga espera Eco se quedó con las ganas de declarar, ya que la audiencia fue aplazada para este martes 8 de marzo a las 8 horas.

Se tiene previsto que hoy en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, comience la audiencia en la que Estuardo Salvador González Álvarez, alias Eco, declare como colaborador eficaz del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso de defraudación aduanera denominada La Línea.

La audiencia de Eco es un testimonio de anticipo de prueba como parte de la negociación que hizo como colaborador eficaz.

La declaración de Eco se da previo a que comience la audiencia de etapa intermedia del proceso, en la cual se conocerá la acusación que la Fiscalía hace en contra de más de 30 personas, incluyendo a Pérez Molina y Baldetti, con lo cual se discutirá si el caso es conocido por un tribunal de sentencia en un debate oral y público.

Se prevé que la declaración de Eco sea diligenciada entre dos y tres días. Por lo que se estima que la audiencia de etapa intermedia comience entre miércoles y jueves además no es necesario que estén presentes Pérez Molina y Baldetti.

La audiencia puede ser suspendida por tres apelaciones que fueron presentadas la semana pasada por varios abogados defensores entre ellos Mario Cano y César Calderón.

Caso La Línea

González Álvarez fue detenido el 16 de abril del 2015 como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La red dedicada a la defraudación aduanera era integrada también por Álvaro Omar Franco Chacón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el extitular de esa institución Carlos Enrique Muñoz Roldán, capturados durante allanamientos.

El secretario privado de Roxana Baldetti era el responsable de dirigir la estructura según una investigación de un año de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

La declaración de ECO

Salvador González, alías Eco, vinculado a la “estructura externa”  del millonario fraude aduanero, dijo ante el juez que lleva el proceso, que tanto Pérez Molina como Baldetti recibían el 50 por ciento de los sobornos recaudados por la estructura denominada La Línea, que ayudaba a empresarios a evadir impuestos.

Según González Álvarez, inició su relación con los mandatarios a través de Juan Carlos Monzón a quien conocía desde años atrás.

“El 50% de los sobornos eran para el 1 y la 2 (…). Fui yo quien identificó como 1 y 2 al presidente y a la vicepresidenta para efectos de distribución del dinero”, refirió González en la etapa intermedia del caso a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

González Álvarez reconoció que los recursos eran parte del cobro que se hacía para “agilizar los trámites aduaneros”.

Eco explicó que  los cobros ilegales que se hacían para agilizar los trámites en las aduanas se le denominaba, “la cola”.

González Álvarez fue detenido el pasado 16 de abril como presunto jefe de una estructura externa a las aduanas que participó en el fraude, junto a una veintena de otras personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Originalmente el Juzgado de Mayor Riesgo B había programado la audiencia para conocer entre el 21 de marzo y 1 de abril las declaraciones de González Álvarez, quien contribuyó con la Fiscalía para conocer la forma de operar de la referida estructura.

La diligencia se efectuaría después de conocer las acusaciones que el MP hace contra quienes son supuestos integrantes de la banda, la cual funcionaba en las principales aduanas y otorgaba beneficios a importadores con la reducción del pago de aranceles.

En un memorial que el órgano investigador presentó al Juzgado el 18 de febrero pasado se señala que existe un riesgo en el caso si no se recibe la declaración de González Álvarez antes de la audiencia de apertura a juicio.

El documento fue firmado por el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, y se explica que el 6 de noviembre del año pasado se suscribió el convenio de colaboración eficaz con González Álvarez, el cual fue aprobado el 24 de ese mes.

Todos juntos

En el memorial también se pide al juez Miguel Ángel Gálvez que efectúe una audiencia contra los 31 acusados por el caso, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicegobernante Roxana Baldetti y su exsecretario Juan Carlos Monzón, y no por grupos, como se había programado al principio.

El caso se hizo público el 16 de abril del 2015, cuando el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, junto a la Policía Nacional Civil, capturaron a los primeros 24 vinculados con los hechos.

Durante el quinto día de la audiencia de primera declaración de los 20 importadores presuntamente implicados en el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, el juez Miguel Ángel Gálvez afirmó que Salvador González, alias Eco, declarará como testigo eficaz en el caso.

Gálvez, encargado del Juzgado de Mayor Riesgo B, ligó a proceso penal por dos delitos a los empresarios que según el Ministerio Público (MP) utilizaron dicha red para defraudar al Estado.

Este viernes por la tarde el juzgador analizó los indicios presentados por los fiscales del MP. “Por las conversaciones, se presume que las bolsas que trasladan los implicados llevaban dinero”, expresó.

Más adelante Gálvez afirmó que alias Eco, quien el 29 de septiembre aseguró que él recibía el dinero en efectivo producto de los sobornos, declarará en el caso como colaborador eficaz.

#CasoLaLínea| MP logra que 20 importadores sean ligados a proceso penal. 1/2 pic.twitter.com/09gSodGmA2

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 4, 2015

En el primer día de la audiencia el MP presentó escuchas telefónicas en las cuales se escucha a los implicados hablando claramente de los cobros y pagos en relación a los contenedores que debían pasar por la aduana.

Piden copia

Durante la segunda jornada, el proceso se hizo más lento pues la defensa de algunos importadores solicitó tener acceso a una copia de las imputaciones de sus defendidos de manera física y no digital.

El miércoles durante el tercer día de audiencia, el MP imputó los delitos de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera a los empresarios.

Mientras se alternaban audios de llamadas telefónicas realizadas durante la investigación se escuchó a algunos de los importadores extranjeros, ahora con asistencia de traductores, hablando claramente español.

Después de la audiencia, Monzón Rojas brindó declaraciones a los medios de comunicación y lo primero que dijo fue que desde que salió de Corea del Sur, su intención fue entregarse.

“Por las condiciones en que se empezaron a dar las declaraciones e imputándome todo, que yo era el cabecilla y que yo era el responsable de todo, entonces esa situación fue la que hizo cambiar mi decisión”, afirmó el exfuncionario.

Al ser cuestionado si esas declaraciones eran de  Baldetti, respondió:  “Claro, por supuesto, no me gustaron las declaraciones”.

También se le preguntó con relación a quién ordenaba las operaciones de la estructura, respondió que “es un proceso complicado  donde los exgobernantes están implicados y su servidor también —estructura de defraudación aduanera denominada La Línea—… nunca hacía nada inconsulto… yo voy a declarar presentando las pruebas correspondientes”.

Además mencionó que la cantidad de lo defraudado por los supuestos cobros ilegales no supera los Q15 millones.

Monzón Rojas señaló que la estructura dedicada a defraudar al Estado viene desde hace más de dos décadas, pero evitó mencionar quienes han participado en ello.

“Para poder desbaratar todo esto hay que meterse en la situación, sino no se logra y eso fue lo que pasó”, manifestó el exfuncionario.

Aislado

Como algo inusual el abogado Francisco García Gudiel, dijo estar de acuerdo con la petición del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que el exsecretario privado de la Vicepresidencia vaya a prisión preventiva a Pavoncito.

En lo que no estuvo de acuerdo el litigante, es en el lugar donde fue recluido, debido a que señaló que la noche del pasado lunes estuvo en una celda a la cual todos los reos  tienen acceso, por lo que se puso en riesgo su vida. García Gudiel solicitó que fuera aislado porque su vida está en riesgo.

“Cuando pasé todos gritaron ese tiene pisto” dijo Monzón Rojas, en declaraciones a la prensa.

En tal sentido, Gálvez señaló que ordenaría al Sistema Penitenciario recluirlo en un área cercana al ingreso, la cual está bajo el resguardo directo de los guardias.

El ex secretario de Roxana Baldetti fue esquivo cuando se le cuestionó sobre el viaje al país asiático, adujo que la información ya se conocía: “De Honduras me metí por tierra a Guatemala donde he estado todo el tiempo, para que dejen de estar especulando que me tenía protegido el Gobierno, nadie me tenía protegido”, puntualizó.

Fue intimidado

Durante los meses que estuvo prófugo, Monzón detalló que su familia fue intimidada, aunque no ofreció detalles de quien ejercía esa presión.

“Hace más de dos meses, cuando me iba a presentar, mi esposa y mi hermana llegaron a la CICIG para coordinar mi entrega, les interceptaron el vehículo para que me transmitieran el mensaje de que no me entregara”, puntualizó.

Niega datos

Juan Carlos Monzón dijo que objetivo de toda la estructura de La Línea era incrementar la recaudación fiscal y detalló que esta estructura lleva más de 20 años trabajando, agregó que el no denunció las irregularidades pues no era su competencia hacerlo.

Monzón habló que todas las pruebas que tiene el Ministerio Público, entre ellas las cifras económicas, “están por debajo de la verdad. Es falso, todos los documentos que sacan son falsos, es falso lo que dicen, pues el dinero no llega ni a Q15 millones”, dijo.

Monzón señaló que La Línea no es una red o estructura sino un esfuerzo para desbaratar la ilegalidad en el tema de corrupción en aduanas.

“Luego de hacer el análisis correspondiente, este órgano jurisdiccional considera procesar al sindicado Juan Carlos Monzón Rojas”, anunció el titular del capitalino Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Angel Gálvez.
Monzón, quien se entregó el lunes a la justicia tras permanecer casi seis meses en fuga, dijo de sí mismo, en su primera declaración ante el juzgado, que es “el eslabón que necesita el Ministerio Público, para cerrar esta investigación”.
 El ex funcionario validó además la acusación que hizo la semana pasada Salvador González, alias Eco, que incriminando a Pérez y a la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, como directores de la millonaria defraudación, revelada el pasado 16 de abril.
Gálvez explicó que Monzón será procesado por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
Además, el juez dictó tres meses de prisión preventiva contra Monzón, mientras la fiscalía profundiza las investigaciones y presenta las pruebas ante otro juzgado, que será el encargado de decidir si el acusado enfrenta un juicio oral y público.
Monzón fungía como secretario privado de la ex vicepresidenta Baldetti cuando se destapó la existencia de la organización, denominada “La Línea”, que cobraba sobornos a empresarios para eludir el pago de impuestos aduaneros.
Monzón, quien se entregó de forma voluntaria a la justicia, señaló al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, de dirigir La Línea.
Según la investigación preliminar, entre mayo de 2014 y abril pasado, sus miembros defraudaron al Estado por más de 28,5 millones de quetzales  (unos 3,7 millones de dólares).
La desarticulación de la estructura le costó inicialmente el puesto a Baldetti, quien renunció el 8 de mayo pasado a la Vicepresidencia, y luego a Pérez Molina, quien lo abandonó el 3 de septiembre último.
Ambos se encuentran en prisión preventiva y ligados a proceso también por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.