El secretario de Hacienda, después de dejar el cargo, fue sustituido por Salvador Herrera, secretario de Agricultura, y seguidamente por Carlos O. Zachrisson. A pesar de los desacuerdos entre el Directorio y el secretario Carlos Zachrisson, la Caja Reguladora logró la estabilidad del tipo de cambio. Por otra parte, con el fin de fundar el Banco Central de Guatemala, independiente y con capital nacional, fue elaborado un folleto en enero de 1926, firmado por Felipe Solares, Salvador Falla, Julio Samayoa, Arturo Nottebohm, J. Irigoyen, Antonio Peyré, Alberto Velásquez, Felipe Weller y D. E. Sapper. Esto dio origen más adelante al Banco Central de Guatemala.

A inicios de 1927, Rafael Felipe Solares de nuevo fue propuesto, ahora por el presidente Lázaro Chacón, como ministro de Hacienda y Crédito Público cuando estaba en París. Después de consultar a amigos franceses y guatemaltecos residentes en Francia aceptó el cargo por segunda vez, comunicando al presidente Lázaro Chacón que pondría condiciones que comunicaría a su regreso a Guatemala.

Solares recibió el cargo el 1 de julio de 1927. La política bancaria del ministro Solares consistió en rehabilitar los antiguos bancos de emisión, liquidar a quien no pudiera sobrevivir, establecer un nuevo Banco Agrícola Hipotecario y dar al Banco Central de Guatemala el apoyo para compensar el daño que pudieron haber recibido por los arreglos del Gobierno con los seis bancos de emisión fundados a finales del siglo XIX y que se encontraban operando en esa época.

También promovió la Reforma a la Ley Monetaria y de Conversión del 2 de mayo de 1925, estableciendo en el decreto gubernativo 949-1928 que, en todo juicio donde fuera parte cualquiera de los antiguos bancos de emisión, se debía citar al Departamento Monetario y Bancario, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Más adelante, Solares promovió una nueva reforma a la Ley Monetaria. Por decreto gubernativo 970-1928, del 24 de febrero de 1928, se refundió el decreto previamente mencionado, así como el decreto gubernativo 959-1928. Este estableció que los antiguos bancos continuarían con personalidad jurídica y sujetos a la inspección bancaria, en tanto el Gobierno no declarara expresamente el fin definitivo de la conversión monetaria.

A los 14 días de estar en el cargo, Solares obtuvo para el Gobierno un crédito por US$250,000, oro americano, como se decía entonces, con el Anglo South American Ltd., banco que había recibido patente para establecer agencia en Guatemala, por acuerdo del gobierno del presidente Chacón, el 14 de septiembre de 1927. Este banco operó en Guatemala hasta finales del siglo XX, cambiando varias veces de nombre, y el último de ellos fue Lloyd’s Bank. Solares renunció del cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público el 12 de diciembre de 1928.

Lo anterior es una muestra del trabajo de Rafael Felipe Solares en su vida personal y como funcionario público. Las memorias de este personaje, tanto personales como públicas, sin duda arrojarán mucha luz sobre la historia económica de nuestro país en la segunda década del siglo XX, tanto en el ámbito hacendario, monetario y bancario, como en el establecimiento, desarrollo e impulso a la empresa familiar que llegó a forjar.

Las atribuciones del Departamento Monetario y Bancario consistieron en la fiscalización de las instituciones de crédito. La Junta Revolucionaria de Gobierno se integraba por los miembros del Triunvirato Francisco J. Arana, J. Árbenz y Jorge Toriello (así escribían su nombre), y el decreto mencionado lo aprobó también el secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h.

El Decreto No. 42-1944 del 18 de diciembre de 1944 eliminó las restricciones para que los miembros de las juntas directivas de los bancos puedan tener negocios o mantener depósitos en las instituciones de crédito en que desempeñen tales cargos, estableciendo limitaciones para ello, en resguardo de la buena práctica bancaria.

Ley de Banca Central

La reforma bancaria de la Revolución de Octubre, de 1945 y principios de 1946, consistió en dos leyes, la Ley Monetaria de la República, Decreto No. 66-1945, y Decreto No. 67-1945, Ley de Banca Central, ambos de fecha 28 de febrero de 1945 y publicados en el Diario de Centro América el 1 de marzo de ese año.

Los considerandos de la Ley de Banca Central dan la explicación del porqué cancelar las operaciones del Banco Central de Guatemala. Indican que no puede llenar las funciones que le corresponden y que las operaciones comerciales e hipotecarias que realizan con el público le impiden transformar su organización. Agrega que el privilegio de emisión es jurídicamente revocable; y que las reservas metálicas deben estar a cargo de un organismo ajeno a toda finalidad de lucro de carácter privado.

El decreto dispone la creación de una Sociedad Anónima Guatemalteca de Economía Mixta, que se denominará Banco Nacional de Reserva. Establecía que solo podrán ser accionistas del banco: el Estado, la Universidad (de San Carlos), los bancos legalmente autorizados para operar en la República y las asociaciones gremiales. Se remitió a una ley los estatutos del nuevo banco, la cual nunca fue emitida. Esta nueva entidad sustituiría al Banco Central de Guatemala, que operó de 1926 a 1946.

“Reserva” equivale a Encaje Bancario

Se utilizó la palabra “Reserva” para llamar al banco en forma semejante al nombre utilizado por el banco central estadounidense: Federal Reserve Bank, traducido al español como Banco de la Reserva Federal. La palabra “Reserva” equivale a los depósitos de los bancos en el banco central, que se custodian en el banco central como un porcentaje de esos depósitos. En Guatemala se le dio el nombre de esa reserva al “Encaje Bancario” —como lo denomina la ley—, que no tiene traducción del idioma inglés. Y este “Encaje” es el que proporciona la liquidez mínima que tienen que tener los bancos. Pero no era apropiado que la ley se denominara Banco Central de Encaje Bancario en español.

El artículo final de cada uno de los decretos mencionados indicaba que se daría a conocer a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones ordinarias. Dicha Asamblea finalmente no conoció ni aprobó las dos leyes, las que prácticamente nacieron muertas. Inmediatamente se preparó una reforma monetaria y bancaria con las mejores técnicas y con asesoría de expertos de esa época, que en diciembre de 1945 dieron lugar a la Ley Monetaria y a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

josemolina@live.com

Debe ser un técnico y tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer una vigilancia constante sobre las operaciones de la contabilidad del banco y sobre los demás servicios que a ella se refieren. b) Examinar los balances mensuales y semestrales y comprobarlos con los libros y documentos. c) Informar a la Junta Directiva de cualquier operación irregular en la contabilidad, proponiendo lo conducente para subsanar las faltas. d) Dar su aprobación provisional y bajo su responsabilidad a las cuentas mensuales o semestrales del establecimiento, mientras son aprobadas por la Junta General. e) Presentar a la Junta General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, un informe acerca de los actos de su inspección y revisión de la contabilidad que haya realizado durante el semestre.

El Primer Auditor

La memoria del banco del 2 de agosto de 1927 explica textualmente lo siguiente: Inspector del Banco: La Junta General de Accionistas del 2 de febrero próximo pasado nombró a don Manuel Aldana A., Inspector del Banco. El señor Aldana, por enfermedad, no pudo recibir el cargo y lo renunció. Inmediatamente, la Junta Directiva convocó a Junta General Extraordinaria para que eligiera al sustituto del señor Aldana.

En las fechas señaladas para Junta General Extraordinaria no concurrió el número de acciones que los Estatutos exigen para su celebración. En vista de ello y siendo indispensable en la organización del banco la inspección y vigilancia de las operaciones que realice, la Junta Directiva dispuso confiar a técnicos especialistas el cargo, y designó a los Sres. Chiene & Tait. Estos señores han desempeñado su cometido en la forma que se ve en los informes que rinde, cuya lectura se hará a continuación.

En consecuencia, el primer auditor del banco fue la firma con dirección en la Gran Bretaña, específicamente en Londres, cuya razón social era Chiene & Tait, Chartered Accountants, y su gerente residente en Guatemala era Norman de Lacy Evans, A. C. A., con dirección en la 5ª. Avenida Sur No. 8, en la capital de Guatemala.

Auditoría del oro amonedado en 1944

El informe de Juan de Dios Leonardo, del Departamento Monetario y Bancario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 31 de julio de 1944, dice textualmente así:

Se hizo auditoría del oro amonedado en el primer semestre de 1944 durante un mes, por turnos de los auditores. Salió de conformidad con las cifras que exhiben los libros.

Agrega además lo siguiente: El Departamento Monetario y Bancario ejerce actualmente la doble vigilancia en el Banco Central: la de inspector del banco con las atribuciones que señala el Capítulo X de los Estatutos y la que mantiene por virtud de las facultades que le da la Ley de Instituciones de Crédito.

Me permito manifestar al Señor Secretario que el ejercicio por parte de este Departamento, de esas dos funciones, es a mi juicio, anómalo, ya que el cuerpo de auditores, por la fusión de ambas órdenes de atribuciones, ha venido siendo, en cierto sentido, juez y parte de sus propios actos.

Rafael Ramos Bosch

Para subsanar esa anomalía, seguidamente se nombró como inspector oficial al Dr. Rafael Ramos Bosch, quien ingresó en el Banco Central de Guatemala el 1° de septiembre de 1944. En su papel membretado dice: “Rafael Ramos Bosch. Doctor en Ciencias Económicas. Contador y Auditor Público. Perito Contador. Callejón Normal Prol. No. 44, Guatemala, C. A.”. Firmó los estados financieros al 31 de diciembre de 1944 por primera vez como “Auditor”, y el 1° de julio de 1946 pasó al Banco de Guatemala, en donde ejerció cargos como funcionario hasta 1968.

Los corresponsales en el exterior del Banco Central de Guatemala fueron los siguientes: Anglo-South American Bank, Ltd.; Anglo & London Paris National Bank; Banco Calamarte; Banco Nacional de México; Banco de Honduras; Banca Comerciale Italiana; Banque de Paris et des Pays Bas; Banco de Costa Rica; Bank of Italy National Trust & Sav. Bank; Conrad Henrich Donner; Dresdner Bank in Hamburgo; Equitable Trust Co.; Guaranty Trust Co.; Hibernia Bank & Trust Co.; Los Angeles First National Bank; L. Behrens & Sohne; National City Bank.

Agregan: es de suma necesidad que el Banco Central desarrolle sus actividades como banco de bancos, principiando por actuar como Cámara de Compensación (Clearing House), cuyo servicio reclama el movimiento bancario en Guatemala y que servirá para evitar las irregularidades que casi a diario se observan en el mecanismo de las instituciones bancarias.

Días Feriados

Obsérvese los cambios de un siglo para acá. Dice así el banco: Estarán cerrados los bancos y casas bancarias de la República: el día 1° de enero; 6 de enero; lunes y martes de carnaval; 19 de marzo; Jueves Santo; Viernes Santo; Sábado de Gloria; Día de la Ascensión; Jueves de Corpus; 29 de junio; 30 de junio; 4 de julio; 14 de julio; tres días de la Feria de Agosto; 15 de septiembre; 12 de octubre; 1° de noviembre; 8 de diciembre; 25 de diciembre y el último día de trabajo del año.

Sucursales y agencias

El Banco Central de Guatemala contó con una sucursal en la ciudad de Quetzaltenango. Además, tenía varias agencias. Las principales funcionaban en La Antigua, Escuintla, Totonicapán, Zacapa, Mazatenango, Livingston, Flores, Cobán, Champerico, Coatepeque, Puerto Barrios, Puerto de San José, San Pedro Sacatepéquez San Marcos, entre otras. Algunas agencias tuvieron una corta duración, como Tzanjuyú, Chicacao, Chiquimulilla, Barberena, Escuintla, Pajapita, Quiché, Patulul, Zacapa y El Tumbador.

Incineración

Los hornos de la Casa Nacional de Moneda llevaron a cabo la incineración de los billetes antiguos y de la Caja Reguladora. Las actas respectivas eran firmadas por los delegados del Departamento Monetario y Bancario y la Dirección General de Cuentas, así como por los representantes de los bancos interesados, las cuales obran en poder del banco central.

Concluye la circulación de Billetes Antiguos

La memoria del banco del 2 de febrero de 1934 indica lo siguiente: “La circulación legal de billetes de los antiguos bancos cesó el día 28 de diciembre de 1933, fecha en que el banco tenía billetes por valor de $6.541,328 (Q109,022) por incinerar. Existía todavía al final del año una pequeña cantidad de billetes antiguos en poder de las agencias departamentales”.

Departamento de Fincas y Café

El banco, además de las operaciones bancarias de banco central, y prestamista a los otros bancos, y de las operaciones con clientes particulares, tuvo bajo su administración el Departamento de Café y Fincas Intervenidas, con ocasión de la II Guerra Mundial. Fueron en total intervenidas 131 fincas, y en el segundo semestre de 1942 se levantó la intervención de 19 fincas, una vez desaparecidas las causas que la motivaron.

Los “Chemas” tienen validez

En 1944, el subgerente del Banco Central, Carlos Olivero, hizo una aclaración respecto a que los billetes “chemas”, que era como popularmente los conocía el público y que llevan la fotografía del general José María Orellana, tienen su completa validez. Equivalen hoy a los billetes de un quetzal.

La autora, en la introducción del libro, expresa que se revisaron y analizaron los principales hitos y actores que, en su opinión, pueden identificarse después de 25 años de haber iniciado los primeros esfuerzos por cambiar la forma de prestar el servicio de energía eléctrica en Guatemala.

Agrega que con la promulgación de la Ley General de Electricidad, el sector eléctrico empezó a mostrar resultados de eficiencia económica, la institucionalidad se consolidó, se redujo la participación del sector público en la generación, se consolidó la transmisión y se privatizó la distribución. El gobierno creó mecanismos de compensación para fortalecer su rol subsidiario, tales como el programa de electrificación rural y el subsidio a través de la tarifa social. En este sentido, se podría decir que tales hitos fueron parte de una primera etapa de la reforma del sector eléctrico y que, a partir del 2007 se da una segunda reforma que en su opinión incorpora una serie de elementos económicos para profundizar aún más la eficiencia lograda.

La autora señala que esta segunda etapa inicia con la modificación de los reglamentos de la Ley General de Electricidad, la adopción de la Política Energética, el compromiso de retomar la planificación indicativa, elaborar los planes de expansión de la generación y la transmisión e implementación de las licitaciones como mecanismo para generar más competencia. Dichas etapas de reforma con sus respectivas acciones han logrado que el desarrollo del mercado eléctrico haya alcanzado un alto grado de madurez.

Desfile en la pasarela eléctrica

En la pasarela de quienes desfilan en el libro, transformadores del sector eléctrico, además de la autora, se encuentran los históricos: Enrique Neutze (cofundador de la Eegsa) y Oswaldo Santizo Méndez (autor del proyecto de ley de creación del Inde). Seguidamente, Martín Prado Vélez, José Félix Reyes Arriola, Jorge Lamport Rodil, Luis Alfonso López, Aníbal de León Maldonado y Carlos Molina Mencos, entre otros. La primer junta directiva de la Eegsa en poder del Estado se integró por Mario Aguirre Godoy, Luis Canella Gutiérrez, Ricardo Castillo Sinibaldi, Federico Köng Vielman, Julio Lowenthal Foncea, Héctor Mayora Dawe, Mario Rey Rosa y Ernesto Rodríguez Briones.

Actores como ministros de Energía y Minas se menciona a Alejandro Contreras, Raúl Archila y Leonel López.

Los primeros pasos para reformar el sector en 1984 incluyen a Víctor Suárez y Manuel Ayau. A partir de 1991, Pablo R. Schneider, Fernando García Molina, Otto Becker, José Lobo Dubón.

También Eduardo Mayora Alvarado, Fritz Thomas, Roberto Díaz Durán, Carlos Colom Bickford, Julio Campos, Óscar Villagrán. También Juan Carlos Castillo, Jorge Alonso, Julio Obiols, José Toledo, César Fernández y Minor López.

Apoyaron desde organismos internacionales Juan Belt (Usaid), Ileana Pinto (BID, guatemalteca) y José Roberto López Calix (BM).

Ya bajo la nueva ley, aparecen los siguientes actores: Juan Francisco Orozco, Horacio Fernández, Roberto Barrera, Sergio Velásquez, Édgar Navarro, Luis Herrera, Elmer Ruiz, Rafael Argueta, Marinus Boer, Víctor Alegría, Jorge Stalling, todos ellos del sector estatal. Por el sector privado aparecen: Germán Obiols, Roberto Figueroa, Edwin Rodas, Juan Carlos Méndez, Rudolf Jacobs, Carlos Rodas, Dimas Carranza y Juan Carlos Castillo. De nuevo, en el sector estatal: Jorge García Chiú, Víctor Araujo, Alfredo Gálvez, Jorge Silva, Enrique Möller. Patxi Callejas, español, por Iberdrola y Eegsa.

Y entre los sindicalistas: Juan Francisco Alfaro, Víctor Moreira y Jaime Izaguirre.

Algunas de las ideas del libro son: “La matriz eléctrica es de las mejores diversificadas de la región…” ( 80). “Las tarifas al consumidor final constituyen el principal objetivo de la regulación de las actividades en el segmento de la distribución…” (82). “Actualmente, Guatemala es el país con el precio promedio mayorista de generación más bajo y menos volátil en Centroamérica …” (83).

Los hitos

La autora relata los hitos o eventos importantes antes de 1991, y detalladamente los de los siguientes 25 años, en los que ella participó recién graduada de la universidad, como investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, tomando notas y buscando información sobre el sector eléctrico, tratando de buscar una solución al monopolio de esa época y los racionamientos de 1991.

Posteriormente, Urízar fue presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), ministra de Energía y Minas, y vicepresidente del Consejo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), entre otros cargos.

Utilidad del Libro y Contenido

El libro es útil para comprender la política económica del sector eléctrico de Guatemala.

El índice recoge los hitos del sector, por capítulos, y en forma cronológica, como se indica seguidamente:

Introducción. Situación del sector eléctrico antes de 1991: Primeros intentos por reformar el sector; Comisión de Alto Nivel y el rol de los centros de estudio; inicia la cogeneración (1994): Inicia la reforma del sector eléctrico. Desmonopolizar. Comisión Multisectorial; Modelos internacionales estudiados; el rol de la cooperación internacional y consultores cxtranjeros; propuesta de la comisión multisectorial; nueva Ley Orgánica del Inde; separación de funciones y reestructuración del Inde.

Continúa: (1996): apertura y formación de un mercado eléctrico. Programa de Gobierno 1996-2000; instrumentos para abrir el mercado; Ley General de Electricidad y su Reglamento; Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable; Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista; Normas Técnicas CNEE y Normas de Coordinación y Operativas AMM; Ley de Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica; Marco Institucional; Ministerio de Energía y Minas; Comisión Nacional de Energía Eléctrica; Administrador del Mercado Mayorista. (1998): venta de activos y las distribuidoras. Venta de plantas de EEGSA; venta de EEGSA; venta de las empresas distribuidoras del Inde.

Siglo XXI

En el nuevo siglo, hay hitos importantes:

(2007): modificación de los reglamentos: renegociación del precio de los contratos existentes; distribución de los sobrecostos de los contratos existentes; modificación de los reglamentos; beneficios esperados con las reformas a los reglamentos. Visión de largo plazo- política energética, planes y licitaciones. Contexto de la política; política energética; planes de expansión para generación y transmisión; licitaciones de generación y de transmisión.

Últimos capítulos: resultados. Nueva organización industrial; incremento de inversiones privadas, mayor cobertura; diversificación de matriz energética; ampliación de transmisión; tarifas; subsidios –tarifa social; mercado regional. Lecciones aprendidas. El futuro. Bibliografía.

Para comprender los efectos de la ley, le solicité opinión a un experto en el tema, Julio David Castellanos, quien la explica.

Algunas de las más grandes de las micros se mantienen cautelosas en externar algún indicio de transformación y acogerse a la nueva ley. La ley es positiva en cuanto a abrir la opción de crear intermediarios totalmente regulados que puedan servir de manera integral las necesidades de los microempresarios, en cuanto a brindarles no solamente acceso a crédito, sino también en cuanto a ofrecerles productos de ahorro y otros servicios financieros importantes, como lo son el pago de remesas y seguros.

Dos entes con fines de lucro

La ley establece dos figuras con fines de lucro: las denominadas “Entidades de Microfinanzas”, que serían las supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB) en un esquema de regulación muy parecido a los bancos comerciales. Estas dos figuras son las Microfinancieras de Inversión y Crédito (MIC) y las de Ahorro y Crédito (MAC).

Este aspecto da la oportunidad a los grupos financieros actuales y futuros de incursionar de manera más especializada en la actividad microfinanciera bajo una figura particular. También da la oportunidad a entidades internacionales de acogerse a las nuevas figuras y entrar directamente al sector regulado de la actividad.

Podría ser el caso de entidades de capital mexicano (Compartamos), norteamericano (FINCA), ecuatoriano (Banco Antigua) o salvadoreño (Integral), que ya operan desde hace varios años en el país. Para ellos, será muy atractivo iniciar un proceso ante la SIB para establecer una MIC o MAC, ya que sus esquemas son supervisados en sus países de origen.

Un ente sin fines de lucro

La tercer figura de la ley son los Entes de Microfinanzas sin fines de lucro. Son todas las asociaciones, fundaciones, sociedades y otros que realizan actividades de microfinanzas, que no deseen constituir una MIC o MAC y que deseen registrarse en el Ministerio de Economía (Mineco). Aquí existe cierto grado de confusión en la LEM, ya que el Artículo 82 establece que dichas entidades “podrán” registrarse en el Mineco pero, al parecer, el criterio expresado por las autoridades es que será obligatorio. Salvo dictamen legal de órgano competente, el registro quedó voluntario y por lo tanto dependerá de los estímulos que establezca el propio Mineco para lograr que las organizaciones no gubernamentales (ONG) voluntariamente se registren.

El Mineco no tiene las capacidades institucionales en este momento —como sí las tiene la SIB— para producir una normativa adecuada y atractiva en un plazo tan corto, por lo que opino que se limitará a algún tipo de reglamento que norme el registro de las ONG actuales como Entes de Microfinanzas.

La ley en sí no otorgó ningún beneficio tangible a las entidades que durante más de tres décadas han realizado la labor de inclusión financiera, ni tampoco dejó estímulos para su fortalecimiento a través del registro en el Mineco, como pudo haber sido una clara exención del impuesto sobre la renta (ISR), para sus actividades actualmente gravadas al 7%. Eso generó el rechazo y la apatía con respecto a esta ley de la mayoría de operadores actuales de microfinanzas, particularmente de las instituciones más pequeñas y más tradicionales.

En el largo plazo habrá 3 o 4 MAC autorizadas y tal vez un 50% de las instituciones actuales se registre en el Mineco, mientras que las más pequeñas permanecerán de todas maneras al margen del proceso.

Ayer y hoy se está desarrollando el Seminario convocado por la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente y Sociedad (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar, la Facultad de Agronomía de la Usac y la Institución Action AID. Es el medio ambiente y activismo social.

Hay aspectos que pueden acercar las dos posiciones, en un ambiente que sea sereno y no solamente unilateral de ambas partes.

En el evento mencionado hay un espacio para poder explicar este estudio, del cual se extractan el resumen ejecutivo y las conclusiones.

Resumen ejecutivo

La palma de aceite (Elaeis guineensis) se ha establecido en Guatemala a finales de la década de los años 1980; actualmente hay alrededor de 160 mil hectáreas de palma, que ocupan el 4% del área total de cultivos sembrados en el país.

El cultivo de la palma de aceite se originó en África occidental, pero en la actualidad, Asia suroriental se ha convertido en el mayor productor de aceite de palma del mundo: Indonesia y Malasia representan cerca del 80% de la producción mundial de aceite de palma.

La importancia mundial de este cultivo radica en su capacidad no superada —por ningún otro cultivo oleaginoso, léase: soya, maíz, girasol, canola, etc.— para transformar la energía solar en aceite vegetal, pudiéndose esto considerar como un ‘don’ de la naturaleza…

Por lo que el aceite de palma es, sin dudas, el aceite vegetal más importante para el mundo por su eficiencia por hectárea, versatilidad para mezclarse con otras materias primas y su aporte nutricional. Se estima que alrededor del 50% de los productos empacados —incluyendo alimentos y no alimentos— en un supermercado contienen algún derivado del aceite de palma, por lo que la palma está presente en una gran diversidad de productos de uso diario.

Las exportaciones son, sin duda, el principal destino de la producción. En los últimos años, las exportaciones se han situado en torno a US$400 millones anuales. En crecimiento de volumen, las exportaciones de aceite de palma son las cuartas que más han crecido dentro de la balanza de exportaciones del país, situándose ya como el sexto producto de exportación más importante.

El impacto económico de la actividad de palma aceitera se calculó en este trabajo. El impacto es de 1% del producto interno bruto (PIB) anual, representado por un 0.6% en impacto de primer orden, y de 0.4% para los impactos de segundo orden. Esta es la participación de la actividad dentro de la economía nacional. Además de lo anterior, el empleo anual es de 150 mil personas. Este flujo de valor agregado anual corre dentro de toda la economía del país, pero con mayor fuerza en las zonas palmeras.

Conclusiones

El cultivo de palma aceitera y sus derivados trae beneficios económicos al país, como queda demostrado en los análisis y cálculos antes expuestos…

Estos impactos económicos no son marginales… El crecimiento del cultivo ha sido positivo también a nivel local; de hecho, hay muchas comunidades en que la actividad llega a representar incluso más que el 50% del PIB de su localidad. Esto es muy relevante porque la geografía del cultivo se visualiza que en esas localidades es donde la gente vive en exclusión.

Una exclusión causada por la ausencia de Estado, donde las municipalidades locales tampoco resuelven los problemas cotidianos de la población en materia de servicios públicos como salud y educación, e infraestructura, como agua, drenajes y demás.

En esas poblaciones la adhesión al IGSS ha aumentado, por lo tanto, la actividad ha generado mayor cobertura de salud en una población desprotegida y no atendida por el Estado.

Cuando empecé a analizar el Banco Central de Guatemala, publiqué que el Banco había tenido utilidades durante períodos duros de la Gran Depresión de 1929 a 1933. En una ocasión que fui a visitar a su casa particular a Mario Asturias Arévalo, quien fue gerente del Banco de Guatemala de 1954 a 1957, comentaba muy sorprendido que el banco hubiese tenido utilidades en esa época.

El banco tuvo utilidades durante los 40 semestres en que operó, y aunque tuvo voluminosas pérdidas por las operaciones en las que los clientes no pagaron los créditos, las utilidades siempre fueron superiores a las pérdidas.

Las utilidades, conforme los estatutos del banco, se repartían de forma fija, así: 10% al Fondo de Reserva; 5%, Impuesto Ordinario a favor de la República; 5% para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, y 2% para los directores en proporción a las cuotas devengadas por cada uno en el semestre que correspondiera. Seguidamente, se distribuían dividendos equivalentes al 5% del capital pagado, independientes del monto de las utilidades.

El primer semestre de operación que corresponde a julio-diciembre de 1926, sorprendentemente tuvo utilidades, dado que es difícil al inicio de operaciones generarlas. Sin embargo, no obtuvo el suficiente efectivo para distribuir dividendos por el 5% del capital pagado, y pagó esos dividendos hasta el segundo semestre, correspondiente a enero-junio de 1927.

Monto de las utilidades

Seguidamente se señalan las utilidades semestrales, anotando después de cada año un número romano en el que I equivale al primer semestre y II al segundo semestre. Como se observará, algunos años no se obtuvo información, aunque indirectamente por los informes antes mencionados se conoce que el banco obtuvo utilidades.

1926 II: Q23.551.45; 1927 I: Q72.058.78; 1927 II: Q120.497.38; 1928 I: Q160.104.43; 1928 II: Q226. 642.15; 1929 I: Q264.559.27; 1929 II: Q301.780.34.

Ya en plena Gran Depresión los resultados fueron así:

1932 I: Q120.282.39; luego en 1938 I: Q148. 486.95; 1938 II: Q128.032.79.

Durante la II Guerra Mundial, la información fue así:

1939 I: Q112.672.02; 1940 I: Q72.827.78; 1940 II: Q77. 286.18; 1941 II: Q75.716.92; 1942 I: Q69.180.55. 1942 II: Q78.485.93; 1943 I: Q232.014.57; 1943 II: Q139.534.51; 1944 I: Q156.837.18; 1944 II: Q293.103.05.

Al finalizar la II Guerra Mundial, en la que la economía de Guatemala se había recuperado un poco, las utilidades fueron las siguiente: 1945 I: Q178.501.57; 1945 II: Q163.206.13.

Al examinar los balances al 31 de diciembre de 1945, faltando solo un semestre para cerrar, se observa que a lo largo de los 20 años de operación, aumentó el capital un 54%. Significa que de un capital pagado de Q1,875.000.00 tenía reservas provenientes de las utilidades por Q1,013.248.68, para un total de Q2,888.248.68.

Al 30 de junio de 1946, día de cierre del banco, se elaboraron estados financieros, pero no se elaboró memoria de labores. En su lugar, hubo un dictamen de cierre del banco y de apertura de los dos bancos sucesores: el Banco Agrícola Mercantil y el Banco de Guatemala, con sus respectivos balances de apertura, distribuyéndose entre ambos los activos y pasivos.

Previo a la apertura del banco y a partir de septiembre de 1923 operó la Caja Reguladora, la que tuvo por objeto y lo logró, estabilizar la tasa de cambio del peso a razón de un dólar por sesenta pesos. La moneda quetzal surgió el 26 de noviembre de 1924. El gerente de la Caja Reguladora fue Federico Rubio G., quien pasó a ser subgerente del banco desde el 1 de julio de 1926 hasta finales de 1929.

El Gerente

El primer gerente fue Manuel Álvarez, de 1926 a 1927. Lo sustituyó Manuel Zebadúa, de 1927-1928 a 1928-1929. A partir del 12 de noviembre de 1929 fue nombrado José F. Linares, quien ocupó el cargo hasta el día de su fallecimiento, el 21 de enero de 1945. Después del fallecimiento de Linares no se nombró gerente sustituto y asumió esas funciones el subgerente, quien ya ocupaba ese cargo, Carlos Olivero h.

A Rubio, el primer subgerente lo había sustituido Olivero h., cuyo nombre completo era Carlos Olivero Nelson, de 1929 a 1946. Esta misma persona continuó como subgerente en uno de los bancos que continuó las operaciones del Banco Central de Guatemala, el Banco Agrícola Mercantil, hasta 1964. En total, estuvo en las dos instituciones 35 años. El personal le obsequió una pintura de su persona, que al pie dice lo siguiente: “Don Carlos Olivero Nelson. Sub-Gerente 1929-1964. El personal del Banco Agrícola Mercantil”. Esta pintura se encuentra en el Salón de Sesiones del actual Banco Agromercantil de Guatemala, S. A., en la zona 9 capitalina.

José F. Linares, Gerente

Don José F. Linares (15 de agosto 1870-21 de enero de 1945) era conocido solo por el primer nombre, el segundo nombre era Francisco. Había ido a vivir con su familia a San Francisco, California, en 1914. A su regreso, como mencioné antes, en 1929 ejerció el cargo de gerente por quince años, del 12 de noviembre hasta el día de su fallecimiento, tras tres años de larga enfermedad. Como se ve en la única foto que se conoce de él en la Revista de la Asociación de Genealogía de Guatemala, en el apartado de apellido Linares, se vestía muy elegantemente. Trabajó con varios gobiernos: Lázaro Chacón, Jorge Ubico, Federico Ponce Vaides y la Junta Revolucionaria de Gobierno en el Triunvirato Árbenz-Arana-Toriello.

Jorge Mario Rubio, quien hizo la auditoría del oro del banco, cuenta la siguiente anécdota: “Por consejo del banquero José F. Linares, gerente del Banco Central, se dio un decreto por el que se autorizaba al banco a comprar oro, pagando una prima del 25%. Como resultado de esta autorización, el banco adquirió todo el oro amonedado que se emitió al crearse el quetzal como moneda en sustitución de los antiguos pesos que se recogieron para eliminarlos de la circulación dando un quetzal por 60 pesos (60 x 1)”. Comentario: se adquirió un millón de onzas troy de oro.

Carlos Claverie

En el primer semestre de 1945, la Memoria del Banco señala que Carlos Claverie fue subgerente un semestre. Nació el 13 de mayo de 1891, trabajó en el Banco Americano de 1913 a 1930 y luego fue jefe de Fincas y subgerente del Banco Central. También había sido representante de accionistas en el Banco Americano. Al concluir su trabajo en el Banco Central, ejerció como presidente del Crédito Hipotecario Nacional durante largos años.

El cajero era Rafael Arcia en los últimos años del banco.

Otro funcionario del Banco Central de larga trayectoria fue Antonio Ferrigno, quien al final del período del presidente Ubico participó en una manifestación pública contra el gobierno, y fue despedido. Retornó al banco después de la renuncia de Ubico, y trabajó muchos años ahí y en el Banco Agrícola Mercantil.

Los estatutos establecieron dos personas titulares que fueran nombradas por el Gobierno de la República; y una persona por cada uno de los grupos de accionistas guatemaltecos, por los bancos y por los accionistas extranjeros. Y se autorizó que la Junta General de Accionistas en pleno nombrara cuatro personas. Igual procedimiento se siguió para los directores suplentes.
 

Un gran número de personas integraron la Junta Directiva, debido a que cada año se debía nombrar directores. Al examinar el listado de los directivos, se observa que además de funcionarios de gobierno que no necesariamente tenían que ser funcionarios públicos, pertenecían a distintos sectores: abogados, comerciantes, agricultores, médicos, entre otros. Cuatro exministros de Hacienda fueron directores en distintas épocas: R. Felipe Solares, Baudilio Palma, Samuel E. Franco y Carlos O. Zachrisson.

Primera y última Junta Directiva

Los miembros de la primera Junta Directiva 1926-1927 fueron los siguientes directores propietarios: por los accionistas guatemaltecos, Antonio Bouscayrol; por los bancos, Enrique Goycolea; por accionistas extranjeros, Federico Hochstetter; por la Junta General de Accionistas en pleno, Rafael Rodezno, Carlos Mirón, Lic. J. A. Medrano e Ing. José María Solórzano; por el Gobierno de la República, Eduardo Estrada Orantes y Manuel María Herrera.

Los directores suplentes fueron los siguientes: por el grupo de accionistas guatemaltecos, Manuel Zebadúa; por los bancos, R. Felipe Solares; por accionistas extranjeros, Mario H. Willemsen; por la Junta General de Accionistas en pleno, Fernando E. Castañeda, Lic. D. Alberto Asturias, Arturo Aguilar V., y Lic. Francisco Villagrán; por el Gobierno de la República: Lic. Antonio Mandujano y Dr. Ricardo Álvarez.

La persona que más tiempo estuvo en el cargo de director fue Antonio Bouscayrol, quien había sido ministro de Agricultura en gobierno anterior.

La última Junta Directiva, hasta el 30 de junio de 1946, se integró por los siguientes directores propietarios: por accionistas extranjeros, Rafael Ayau; por los bancos accionistas, Enrique Arís; por la Junta General en pleno, Lic. Gabriel Biguria, Lic. Julio Gómez Robles, Lic. Manuel Soto M. y Alfonso Sobalvarro V.; por el Gobierno de la República, Arturo Saravia U. y Carlos A. Rodríguez R.

Los directores suplentes fueron los siguientes: por el grupo de accionistas guatemaltecos, Lic. Carlos O. Zachrisson; por el grupo de accionistas extranjeros, Francisco Krafka; por la Junta General en pleno, Dr. Eduardo Cáceres, Roberto Delgado Yzquierdo, Ing. Roberto Bouscayrol y Amadeo Cordón; por el Gobierno de la República, Lic. Óscar Quevedo y Guillermo Braun Valle.

Algunos personajes de Guatemala que también fueron directores son los siguientes: Francisco Cordón Horjales (1932 y 1941), Alejandro Deutschmann (1933), general Pedro Zamora Castellanos (1933-1934 y 1945), Lic. J. A. Martínez Perales (1939-1944), Eduardo Estrada Biguria (1942), Ing. Rafael Pérez de León (1943), Dr. Ernesto Mena (1943), Ing. Miguel Asturias Q. (1943) y en 1945, Lic. José Falla, Antonio Mackenney, Carlos Peyré, Juan Ruiz Aparicio, Jorge Urruela y Ricardo Godoy A.

La Secretaria

La secretaria del gerente del Banco Central desde el inicio era pariente de Federico Rubio, primer gerente de la Caja Reguladora (1923-1926). La llamaban Maruca o Mariíta.

Fue de su sobrino, Jorge Mario Rubio, que conocí la siguiente anécdota: “Cuando vino la depresión económica en 1929… a mi tía Maruca Rubio Muñoz, por disposición legal, le rebajaron el sueldo en el Banco Central de Q300 a Q75 de un mes a otro… Ese fue el año en el que no se vendió ni se cortó el café de las matas, pues era más alto el precio de cortarlo que el precio de venta.

Es fácil imaginar la apretura que pasamos en la casa durante ese tiempo”. Doña María era soltera. Cuando cumplió 100 años se celebró misa en la Catedral Metropolitana, seguida de una fiesta en el Club Guatemala, y falleció a las 48 horas siguientes.

Esta tendencia fiscal es coherente con el segundo lugar latinoamericano ganado por Colombia en el Doing Business 2017 (DB), recientemente publicado por el Banco Mundial. Se trata de un indicador comparativo, en este caso 197 países que muestran el nivel de complejidad que representa la creación de una empresa —formal— o en otras palabras, facilidad para hacer negocios.

Los países latinoamericanos mejor posicionados son: México, 47; Colombia, 53, y Perú, 54. De Centroamérica, Costa Rica, 62; Panamá, 70; Guatemala, 88; El Salvador, 95; Honduras, 105, y Nicaragua, 127. En términos generales, todos los países han mejorado marginalmente, pero en posiciones absolutas han perdido en el ranquin general, esto implica que otros países están mejorando de manera más rápida.

Entonces, ¿cuál es la clave para mejorar sustancialmente en el DB? Parece que Paul Romer, vicepresidente senior del Banco Mundial, da la solución: “Reglas simples y fáciles de seguir son una señal de que un gobierno trata a sus ciudadanos con respeto. Dichas normas producen beneficios económicos directos —mayor emprendimiento, mayores oportunidades de mercado para las mujeres, mayor adhesión al estado de derecho—”.

El DB está compuesto por 10 grandes temas: 1. Apertura de un negocio. 2. Manejo de permisos de construcción. 3. Obtención de electricidad. 4. Registro de propiedades. 5. Obtención de crédito. 6. Protección de inversionistas minoritarios. 7. Pago de impuestos. 8. Comercio transfronterizo. 9. Cumplimiento de contratos. 10. Resolución de insolvencia.

Comparándonos con el resto de países, contamos las peores posiciones en apertura de negocio, protección de inversionistas minoritarios, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia.

El indicador muestra claras ventajas en obtención de electricidad y obtención de crédito; en el resto de “disciplinas” estamos cercanos al 88.

En el caso de comercio transfronterizo, pasamos del 78 al 77 —algo bueno—. El DB mide tiempo y costo —excluidos los aranceles— de tres conjuntos de procedimientos: cumplimiento documental, cumplimiento fronterizo y transporte interno, es decir, las horas invertida en el cumplimiento documental —llenado físico o electrónico de documentos, facturas, manifiestos, declaraciones, certificados, etc.—, tiempo y costo de tramitología en frontera o puerto y el transporte interno.

Por ejemplo, para Guatemala, el tiempo invertido en cumplimiento fronterizo para exportar es de 36 horas, mucho menor que el promedio para América Latina (63 horas), pero por debajo de la OCDE (12 horas). El cumplimiento documental para exportación lo tenemos en 48 horas, mucho más que las 3 horas de los países de la OCDE.

Tenemos espacio para mejorar, automatizar los sistemas informáticos para completar la documentación necesaria para la exportación. Aquí los actores de la Ventanilla Única de Comercio Exterior pueden aportar para la mejora del DB y la competitividad nacional.

Al examinar con detalle el Balance General auditado del 30 de junio de 1927, se observa lo siguiente: el capital suscrito es de dos y medio millones de quetzales; el capital pagado es en números exactamente de Q.1.290.847.50; el Fondo de Reserva proveniente de las utilidades de los dos primeros semestres de operaciones es de Q.4,710.29.

El Balance General también auditado al 31 de diciembre de 1945, seis meses antes de cerrar, señala que el capital pagado era de Q.1.875,000.00, y las reservas totales de Q. 1.013,248.68. Esas reservas se formaron con las ganancias de operación con cierres contables y fiscales semestrales, y no anuales como se acostumbra actualmente.

El Libro titulado Nómina de Accionistas del Banco Central de Guatemala, de octubre de 1926, Tip. Amos & Anderson, Suc., Guatemala, C. A., de 39 páginas, da la lista en orden alfabético de cada uno de los accionistas que contados a dedo suman 1,278 personas individuales y jurídicas.

Los mayores tenedores de acciones son los bancos extranjeros y nacionales a quienes los Estatutos consideraron invitarlos para que fueran accionistas. Y un número elevado de personas individuales con pocas acciones. Cada acción tenía un valor de diez quetzales (Q.10.00), y muchas personas apenas tenían una acción.

Varios bancos accionistas

Entre los bancos e instituciones financieras tenían los siguientes números de acciones, en orden alfabético: Ahorro Mutuo, 500; Anglo-South American Bank Ltd., 4,337; Banco Agrícola Hipotecario, 5,000; Banco Americano, 2,500; Banco Colombiano, 5,000; Banco de Occidente, 20,000; Banco Internacional, 2,500; Cooperativa de Ahorro “La Occidental”, 519; Dalgliesh Hnos., 600; Schlubach, Sapper & Co., 1,734.

“El gobierno” así dice el Libro, poseía 100,000 acciones; equivalían a Q.1.000,000.00.

Entre las personas individuales y jurídicas que he seleccionado se encuentran las siguientes, también en orden alfabético: Alvarado Tello, Bernardo, 100; cuatro miembros de la familia Aycinena, 1,274; Bouscayrol, Antonio 1,301; Cabrera H. Abraham, 500; Calderón, Florencio, de Huehuetenango y mi tío, 87; Castillo Hermanos, 2,500; Coloma Beltranena Hnos., 420; Cía. Holandesa de Comercio de Centro América, 1,000; Díaz Durán, José, 600; Engel, Arturo, 500; Engel, Enrique, 500; Falla, José, 100; Federación de Centro América, 172; Franco, Samuel E., 20; Goycolea & Co., 2,000; Herrera, Salvador, 1,000; Herrera & Co., 2,168; Hospicio Nacional, 867.

Siguiendo con el abecedario, a partir de la “i”: Ibargüen Hnos., 2,500; Irigoyen, Juan, 5,000; Larrave, Miguel, 200; López, Claudio, 2,042; Lowental, Francisco, 867; más otras personas del mismo apellido con acciones adicionales. Mackenney Hnos., 867; Medrano, J.A., 500; Mena, Ernesto, 270; Molina, Santiago, de Huehuetenango, mi abuelo, 500; Orellana, José María, 2,000 y Presidente de la República; Palma, Baudilio, quien fue Secretario de Hacienda y por breve tiempo Presidente de la República, 1,000; Rodríguez R. & Co., 1,000.

Para terminar con el abecedario y siguiendo con la letra “s”: Schacher Hnos., 261;

Tinoco, Rafael, 250; Willemsem, Mario H., 300; Zachrisson, Carlos O., 1,000, quien fungía como Ministro de Hacienda cuando se fundó el Banco; Zebadúa, Manuel, 100.

• Accionistas con pocas acciones

Los más de mil pequeños accionistas tenían de una a diez acciones; y otro grupo de once a más acciones. Haría falta hacer un cuadro estadístico para agrupar por número a los accionistas.

Conclusión: fue muy bien aceptada la emisión de acciones del Banco Central de Guatemala, y se colocaron en tres días. Seguidamente, se amplió la emisión para que personas de provincias pudieran adquirirlas.

El banco que por razón de cierre ya no tuvo billetes en circulación fue el Banco de Colombia.

Primera Emisión de Billetes

El Banco Central de Guatemala contrató para la primera emisión de billetes, en 1927, a la Casa Thomas de la Rue & Co., Ltd., de Londres. Su obligación era principiar la entrega de las piezas de un quetzal el 28 de febrero de 1927, pero no fue sino hasta en la segunda quincena del mes de abril que dio principio a sus remesas. El banco recibió de la denominación de billetes de un quetzal un millón de unidades, y de cinco quetzales, cuatrocientos mil unidades.

El banco informó: “El retardo de un mes quince días en principiar a recibir los billetes no ha ocasionado la más pequeña pérdida ni tropiezo en las operaciones del mismo banco”… “El costo de cada pieza puesta en las cajas del banco es de un centavo y diez centésimas de quetzal, costo que dada la buena calidad de los billetes y sus seguridades, está muy por debajo del costo de cualquiera otra emisión hecha en el país hasta la fecha”.

“El gobierno, de entera conformidad con la ley bancaria, ha autorizado la emisión de 1.000,000 de billetes del valor de Q1.00 y 150,000 billetes de Q5.00, que en conjunto representan Q1.750,000.00”.

Durante 1927, la circulación de billetes en el país aumentó considerablemente por la emisión de papel moneda. Añade el Banco: “El 31 de diciembre de 1927 el banco recibió autorización para emitir billetes, para un total de Q3.750,000.00. Se pusieron en circulación Q2.350,000.00”. De esta última, “la distribución fue la siguiente: billetes de a Q1, Q550,000.00; billetes de a 5, 1.000,000.00; y billetes de a 20, Q800,000.00”.

• Los antiguos billetes se convierten en cenizas

El banco también informó lo siguiente: “Los antiguos billetes se convierten en cenizas”.

A partir de entonces, el banco empezó la emisión de billetes en forma creciente. Al 30 de junio de 1928 la cifra llegaba a 5.2 millones. Al 30 de junio de 1931 ascendía a 6.7 millones. Mientras tanto, continuaba el retiro de la circulación de billetes de las emisiones antiguas, mientras que los billetes nuevos en quetzales seguían creciendo.

A inicios de 1934, el diario El lmparcial informó que se hizo una reforma al reglamento interior del banco, estableciéndose que las emisiones se hagan en porciones de diez mil piezas cada una; que el número de registro de los billetes sea arbitrario, pero, desde luego, correlativa; la numeración de cada porción de diez mil piezas, así como que cada porción lleve la firma de distinto director del banco y la fecha del acuerdo que autoriza su emisión, agregando que en Libro Especial de Emisiones se destine una página a cada porción de diez mil piezas que se emita.

La misma reforma al mencionado reglamento indica que los billetes deteriorados del propio banco central se incinerarán cada vez que así lo acuerde la Junta Directiva, perforándose previamente y observándose las formalidades para su incineración que se establecen en el artículo 28 del mismo reglamento.

Al 31 de diciembre de 1937 el monto de billetes emitidos fue por 11.5 millones. Al 31 de diciembre de 1942 la emisión alcanzaba 15.5 millones, y al 30 de junio de 1944, coincidiendo con la renuncia del presidente Jorge Ubico, 20.3 millones. Los billetes que se emitieron fueron de 0.50, 1, 2, 5, 10 y 20 quetzales, aun cuando hubo autorizaciones para otras denominaciones: 100, 500 y 1,000 quetzales.

Cuatro entidades bancarias de depósito se vieron en el caso de solicitar su liquidación durante el año 1931: el Banco Schlubach, Sapper & Cía., el 13 de junio; el Banco Internacional de Guatemala, el 13 de agosto; la casa bancaria Rosenthal e Hijos, el 3 de octubre, y The Pacific Bank & Trust Company, el 28 de octubre”.

• Se interviene Banco de Occidente

De febrero de 1931 a junio de 1944, el presidente Jorge Ubico dirigió la política bancaria a través del Banco Central de Guatemala y del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Este último, creado en 1929, empezó a operar el lunes 6 de octubre de 1930, en plena crisis económica mundial.

Durante el gobierno del presidente Ubico, el Banco de Occidente estuvo intervenido administrativamente seis años, dos meses y nueve días; el banco británico The Anglo South American Bank operó a mediana escala créditos comerciales; no llegaron y sucumbieron en 1946 otros bancos pequeños y casas bancarias, tales como el Banco Nottebohm y el Banco Lippmann.

• La Segunda Reforma Bancaria, 1945- 1946

Después de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, y ya en el ejercicio del poder, en 1945 el gobierno presidido por Juan José Arévalo solicitó asesoría técnica a Estados Unidos de América. Mediante la Comisión Interamericana de Fomento logró la llegada al país de los señores Robert Triffin y David L. Grove, funcionarios ambos de la Junta de Gobernadores del Sistema Federal de Reserva de Estados Unidos, tal como se le llama al banco central estadounidense, abreviado “Fed”, en inglés.

El Congreso de la República aprobó los Convenios Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por Decreto 212-1945 del 7 de diciembre de 1945, originados en la Conferencia Financiera de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos de América. Dicha conferencia estableció un nuevo orden monetario después de la II Guerra Mundial.

En la conferencia financiera participó Manuel Noriega Morales en representación de Guatemala, quien en ese entonces se encontraba estudiando en la Universidad de Harvard. Su nombramiento se hizo siendo Presidente de la República el general Jorge Ubico.

El 1 de julio de 1944, mientras se encontraba en esa reunión y al no existir adecuados sistemas de comunicación, Noriega Morales tuvo conocimiento confuso sobre la renuncia, efectiva ese día, de Jorge Ubico al cargo de Presidente de la República. No podía imaginar que justamente dos años después ocuparía el puesto de presidente del Banco de Guatemala.

El gobierno del presidente Arévalo, con diligencia y colaboración de otros expertos extranjeros y nacionales, promovió la reforma bancaria integral. Consistió en la aprobación, por el Congreso de la República, de la Ley Monetaria y de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, decretos del Congreso 203-1945, del 29 de noviembre, y 215-1945, del 11 de diciembre, ambos de 1945. Las leyes fueron emitidas en concordancia con la ley mencionada, que aprobó los Convenios de Bretton Woods. Con esta legislación desapareció el Banco Central de Guatemala, Sociedad Anónima.

Salvador Herrera, secretario de Agricultura, fue nombrado inmediatamente encargado temporal de los negocios de Hacienda. Herrera mantuvo en el cargo al consejero financiero del gobierno, Enrique Martínez Sobral, pero con la idea de que la reforma bancaria fracasaría, al igual que había ocurrido con las propuestas de Kemmerer en 1919, bajo la presidencia de Manuel Estrada Cabrera.

Las incomprensiones no tardaron en llegar entre el ministro temporal, Salvador Herrera, y el consejero, Enrique Martínez Sobral. El presidente decidió nombrar para el puesto de secretario de Hacienda al Lic. Carlos O. Zachrisson, quien fue miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en el período 1922 y 1923, y quien, como diputado, era, además, adversario político del presidente. Después de varias reuniones conciliatorias y proactivas, Zachrisson asumió el cargo ministerial el 4 de agosto de 1924.

Martínez Sobral se dio a la tarea de redactar la Ley Monetaria, la cual fue aprobada a los tres meses y 22 días por Decreto del Ejecutivo del 26 de noviembre de 1924.

Para adaptarse a la Ley Monetaria, el presidente Orellana emitió de nuevo la Ley de Instituciones de Crédito, Decreto del Ejecutivo 890-1925, promulgada el 28 de febrero de 1925. Era aquella redactada por el ministro Solares en 1923, modificada por la Asamblea en 1924 y que ahora el Ejecutivo emitió bajo la autoridad técnica y moral del consejero Martínez Sobral, el flamante “Kemmerer guatemalteco”.

La Asamblea ratificó y aprobó la Ley Monetaria y de Conversión el 2 de mayo de 1925, y la Ley de Instituciones de Crédito el 21 de mayo del mismo año.

La Caja Reguladora se incorporó al Capítulo VI de la nueva Ley Monetaria. El presidente Orellana nombró a Felipe Solares miembro del Directorio de la misma.

El canje de billetes antiguos se había hecho a razón de un quetzal por 60 pesos, equivalentes a un dólar, o bien, por 0.0297777100 millonésimas de gramo de oro puro, bajo el esquema operativo de la Caja Reguladora, previo a que hubiese banco central.

Se inició el proceso de formar el banco central. Hubo tres propuestas. Ante las discusiones de los tres grupos, el presidente Orellana dejó en suspenso el Acuerdo Gubernativo del 20 de diciembre de 1925 que invitaba a capitalizar el nuevo banco.

Se crea el Banco como Sociedad Anónima

Por decisión del Organismo Ejecutivo se creó una nueva institución, el Banco Central de Guatemala, Sociedad Anónima. Fue muy bien recibido, al igual que lo había sido la Ley Monetaria del 26 de diciembre de 1924. Nació como banco emisor y agrícola hipotecario, con capital mixto: del Estado y de particulares.

El presidente Orellana designó al agente fiscal, Licenciado J. Martínez Perales, para que en nombre del Gobierno de la República, autorizara la escritura constitutiva de la Sociedad Anónima, cuya razón social fue Banco Central de Guatemala. Fue el último acuerdo de la reforma bancaria que el presidente Orellana firmó, debido a su fallecimiento, el 25 de septiembre de 1926.

El adeudo del Estado a los bancos originado en 1898, y la deuda de los seis bancos a la Nación por emisión de billetes, que constituían una especie de deudas recíprocas, quedó documentado por las partes en 1926.

Conferencia

El martes 11 de octubre del 2016 impartiré la conferencia “El Banco Central de Guatemala, S. A., 1926-1946”, en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, a las 18.15 horas. Se analizarán por primera vez los veinte años de su funcionamiento, operaciones bancarias y reguladoras, bancos intervenidos y liquidados, compra de oro metálico, emisión de monedas y billetes nuevos, así como se tratará sobre los directivos y ejecutivos, corresponsales extranjeros, sucursales y agencias, y las utilidades obtenidas.

En el gobierno del presidente José María Orellana se efectuó la reforma bancaria total en un período de tres años, de 1923 a 1926.

Las primeras gestiones fueron hechas por R. Felipe Solares, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien asumió el cargo el 12 de diciembre de 1921.

Para poder cubrir las deudas del Estado a los seis bancos privados de emisión originadas en 1897 y pagar a los mismos bancos los derechos de emisión conforme las concesiones que se les habían otorgado, el Organismo Ejecutivo consideró que se requería un crédito externo, tal como lo había aconsejado el profesor Kemmerer al presidente Estrada Cabrera.

El presidente Orellana solicitó a Solares que fuera a la búsqueda de ese crédito en las plazas financieras de Estados Unidos de América, por la cantidad de US$8 millones, abandonando temporalmente el cargo de secretario de Hacienda. Solares viajó a dicho país, en donde estuvo poco más de cinco meses, del 1 de septiembre de 1922 al 8 de febrero de 1923.

Solares y Kemmerer

Hizo gestiones con casas bancarias, sin éxito. Al acudir por ayuda al Departamento de Estado se entrevistó con un joven y experto financista, John Parke Young, quien le manifestó que él no podría darle la asesoría que solicitaba. Sin embargo, lo refirió con el profesor Edwin Walter Kemmerer, quien dirigió su tesis doctoral en la Universidad de Princeton y además era un especialista en el tema, por haber asesorado a varios países en reformas monetarias y bancarias.

Solares se entrevistó con Kemmerer, y como fruto de esa conversación y comunicaciones posteriores, el profesor de Princeton le sugirió que contratara a Enrique Martínez Sobral, guatemalteco, que había trabajado previamente con él en la reforma monetaria y bancaria de Chile en 1895 y en México en 1902.

Al regresar Solares a Guatemala y reasumir el cargo de secretario de Hacienda, se dio a la tarea de promover la reforma monetaria y bancaria, la cual no era fácil no solo por el desorden que había ocurrido por la devaluación de la moneda —agravado en el período presidencial de Carlos Herrera, 1920-1921—, sino también porque había personas interesadas en aprovechar el desorden.

Resultado del trabajo de Solares, se formó la Caja Reguladora en septiembre de 1923 a través de decreto del Ejecutivo, con el objeto de estabilizar el tipo de cambio del peso de plata guatemalteco en relación al dólar norteamericano. De 1851 a finales del siglo XIX, la conversión era de un peso por un dólar. En agosto de 1924 había llegado a más de 60 pesos por dólar, provocando un escándalo público y poniendo en aprietos al Presidente de la República.

Solares acertó el camino proponiendo la Caja Reguladora, y a pesar de que el presidente Orellana la aprobó inicialmente de mal grado, entró a operar de inmediato con éxito. Propuso al presidente dos decretos del Ejecutivo el 16 de julio de 1923, los cuales fueron emitidos: Ley de Inspección Bancaria y Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, ambos decretos fueron solo paliativos. Solares presentó su renuncia y abandonó el despacho el 31 de diciembre de 1923.

Conferencia

El martes 11 de octubre del 2016 impartiré la conferencia “El Banco Central de Guatemala, S. A., 1926-1946”, en la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, a las 18:15 horas.

Se analizará por primera vez los veinte años de su funcionamiento, operaciones bancarias y reguladoras, bancos intervenidos y liquidados, compra de oro metálico, emisión de monedas y billetes nuevos, así como se tratará sobre los directivos y ejecutivos, corresponsales extranjeros, sucursales y agencias, y las utilidades obtenidas.

Por un lado, el supuesto de que la ética es una cualidad que ya se tiene o es implícita entre profesionales universitarios, lo cual podría estar generando cierto desinterés de dar formación ética a nivel de Junta Directiva y de alta gerencia y más bien focalizarla entre colaboradores, que suelen ser de niveles académicos más bajos.

Otro supuesto más riesgoso que benéfico podría ser que la Junta Directiva y la alta gerencia tienen tan poco espacio en su agenda cotidiana que conviene volcarlo más en la gestión económica de la empresa que en la formación de tipo ético.

Por otra parte, no se descarta cierto desconocimiento de qué es y para qué sirve un comité de ética o un código de buen gobierno corporativo. Dada la probada eficacia de las alianzas universidad-empresa, sería recomendable que las empresas acudan a las universidades y escuelas de negocios y que estas instituciones hagan más abierta la formación específica en esta temática.

Se observó también un aumento significativo de la sensibilidad hacia los temas éticos en el último año, tanto a nivel personal de los encuestados como en sus empresas en general. Una de las causas de este significativo aumento de sensibilidad podría ser el impacto que ha causado en la opinión pública guatemalteca el develamiento de grandes escándalos de corrupción, que se vive como una macabra serie de televisión desde comienzos del 2015.

Se considera que esta es una situación desafortunada en sí misma, pero que podría ser capitalizada por las empresas para replantearse la prioridad que asignan a los programas de formación ética al más alto nivel y a las otras prácticas formales coadyuvantes.

No se puede dejar de subrayar la importancia de la formación ética de la alta dirección, sobre todo cuando se describe por medio de la encuesta realizada que, en contraste con el gran incremento de la sensibilidad ética y con el elevado reconocimiento del papel que juega la ética en la mejora de la reputación, solo un 46.25% de los encuestados afirma que frecuentemente ha tomado decisiones en las cuales la ética jugaba un papel importante.

Metodología para la decisión ética

La experiencia en la enseñanza de criterios éticos para la toma de decisiones por medio del método de caso permite afirmar que los ejecutivos reaccionan positivamente cuando son expuestos a una metodología que les revela el valor real de sus decisiones éticas o no éticas, es decir, el alcance de las mismas.

No se puede esperar que la calidad ética de los ejecutivos en las áreas señaladas mejore si no se les han aportado las herramientas de análisis y los criterios éticos que necesitan. Esto, desde luego, acompañado de conducta coherente de la alta dirección y de incentivos evaluados éticamente para que no se conviertan en incentivos perversos.

En general, interesa subrayar que la ética es una materia susceptible de estudio y de gestión en las empresas. Esa gestión pasa por la implementación de prácticas éticas formales que faciliten la realización de las convicciones personales en el día a día de la organización. Y, por supuesto, subrayar que el ingrediente esencial en todo ello es la coherencia de vida de los miembros de las juntas directivas, del gerente general y del equipo de dirección.

La historia reciente está llena de ejemplos contundentes de que si falla esa coherencia, la sostenibilidad de las empresas está en riesgo.

Un comité de ética es el órgano institucional que las empresas constituyen para impulsar de modo sistemático una cultura organizacional favorable con la ética. Las funciones de un comité de ética pueden clasificarse en proactivas y reactivas.

Funciones proactivas del Comité de Ética

Las funciones proactivas de un comité de ética son: hacer explícito a toda la organización, de modo acorde a la cultura de la empresa, el compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de altos estándares éticos; diseñar las estrategias y campañas de comunicación o divulgación sobre el contenido del código de ética de la empresa; diseñar las estrategias y campañas de formación y capacitación ética para los colaboradores; y dar reconocimiento, del modo oportuno, a las buenas prácticas de colaboradores.

Funciones reactivas

Las funciones reactivas de un comité de ética son: diseñar el sistema de recepción de reportes de malas prácticas; gestionar los reportes de malas prácticas de tal manera que se sancione lo sancionable con el objetivo de que los colaboradores perciban apoyo institucional ante sus quejas; y dirigir las investigaciones que sean necesarias en casos de alto impacto mediático y/o legal.

De la enumeración anterior se pueden intuir dos cosas: que el código de ética por sí mismo no hace nada en la empresa si no existe un órgano como el comité de ética; y que el comité de ética tiene un papel crucial en el fortalecimiento del clima y de la cultura organizacional.

Preguntas frecuentes sobre los comités de ética:

¿A quién le reporta un comité de ética? Para que su labor sea eficaz, debe reportarle a la Junta Directiva. Esto supone que, en materia de ética, tiene jurisdicción también sobre el CEO.

¿Quiénes deben integrar el comité de ética? Lo esencial es que sean personas honorables, íntegras, de larga trayectoria en la empresa. Desde el punto de vista funcional, es recomendable que en el comité estén representadas diferentes áreas, tales como Recursos Humanos, Operaciones, Comercialización y Finanzas. Para efectos prácticos, es conveniente que el número de miembros sea impar.

¿Qué formación específica necesitan los miembros de un comité de ética?

Necesitan recibir capacitación sobre la lógica de análisis de casos desde el punto de vista de la ética, así como nociones básicas de ética. Si no tienen esta formación, el comité tenderá a decidir por sentimentalismo o por legalismo, extremos igualmente nocivos al analizar conductas de colaboradores.