El impacto de lo que ese flagelo provocó en el anterior Gobierno ha hecho que para el país mucha de la ayuda, el financiamiento o ciertos programas de apoyo se vean condicionados a que autoridades y empresarios den muestras claras de que van a combatir de manera significativa la corrupción, hasta reducirla a su mínima expresión.

Guatemala, junto a El Salvador y Honduras están a las puertas de recibir el primer desembolso económico del Plan de Alianza para la Prosperidad, pero cabe recordar que uno de los requisitos para que fluyan esos recursos es que estos países deben dar claras muestras de que están combatiendo esa lacra, con el procesamiento de cualquier funcionario o particular que se aproveche de los recursos públicos.

Lejos de darle una lectura adecuada a esa realidad hay acciones preocupantes en contra del avance de la investigación y procesamiento de figuras públicas, con acciones intimidatorias y otras que buscan aislar a jueces que puedan actuar de manera independiente, pero también para copar altas posiciones dentro del sector justicia.

Paralelamente se dan otras todavía más inquietantes, como son las amenazas que se han denunciado en contra de figuras relevantes del sector justicia y de la prensa nacional, como es el caso de la Fiscal General, Thelma Aldana, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez y el periodista José Rubén Zamora, del diario El Periódico.

Una situación intolerable que este país ya debería haber superado, porque esas acciones corresponden a un pasado oprobioso y en todo caso lo que procede es denunciar y actuar con todo rigor contra quienes sean los responsables de revivir una cultura de terror que dejó una dolorosa huella en la historia nacional.

Debe actuarse con celeridad y firmeza porque el país está en medio de una batalla crucial para el fortalecimiento del Estado de Derecho y no se puede permitir que estructuras criminales busquen detener la historia con tácticas desestabilizadoras.

El mayor reto es desbaratar esas amenazas para garantizar la integridad de quienes hoy son las figuras más emblemáticas en contra de la corrupción y aprovechar para desarticular esas células que siguen intactas y al servicio de redes mafiosas que le están produciendo demasiado daño al país, con el único objetivo de que todo siga igual.

Los guatemaltecos debemos repudiar cualquier tipo de amenaza en contra de quienes han dado claras muestras de que es posible el pleno funcionamiento de de las instituciones en contra del crimen, pero también en contra de grupúsculos criminales que aspiran a frenar el impulso por el rescate de la dignidad nacional con tácticas vergonzosas que ya no tienen cabida en la actualidad.

Este último caso debe ser señalado con especial énfasis, porque Lindaura, de 36 años, murió en el hospital del IGSS luego de haber sido atacada a balazos por dos sicarios en motocicleta. Su padre era el director de Radio Ilusión y del noticiero Acontecer Coatepecano, en el que comentaba sobre sucesos del municipio de manera crítica y por ello provocaba la ira de muchos intolerantes.

La muerte de este periodista tiene enormes posibilidades de quedar en la impunidad, como la de los corresponsales Federico Salazar y Danilo López, este último de Prensa Libre, quienes fueron baleados en el parque central de Mazatenango, el año pasado. Lo ocurrido viene a demostrar de nuevo el riesgo que en los departamentos del país significa el ejercicio del periodismo, lo que hace que Guatemala sea, junto con México y Honduras, un país donde ese tipo de violencia es una realidad innegable.

Pero el crimen contra la señora Aceituno le agrega una especial maldad: no se puede descartar que haya relación entre el asesinato de un periodista y luego el de su hija, con grave riesgo para su nieta.

Lo ocurrido también demuestra las graves consecuencias que pueden tener las declaraciones estultas de alguien como el alcalde capitalino Álvaro Arzú, quien al señalar que optó por pegarle a la prensa cuando ejerció la presidencia del país no solo arriesga al gremio periodístico, sino a cualquier persona que ejerza el derecho de disentir, el cual está constitucionalmente garantizado.

Para los intolerantes, entre quienes se cuenta este jefe edil y lo hace a gritos y en público cada vez que puede, tales expresiones constituyen una tácita manera de justificar la violencia. Su comentario es producto de la irreflexión, del autoritarismo extremo y de la imposibilidad de comprender los alcances de repetir desplantes que solo afianzan actitudes de rechazo hacia la crítica, de la cual se ufana y enorgullece, en un exceso increíble de arrogancia y torpeza. Por ello sus adláteres deben intentar la casi imposible tarea de convencerlo de callar de una vez por todas.

La Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha señalado que en los primeros cuatro meses de este año han sido registrados 256 casos de agresiones, amenazas y coacciones contra los comunicadores; la mayoría, en la provincia y provenientes de criminales. Esa situación implica que el ejercicio periodístico se ha convertido en un ejemplo de valentía, la cual es muy poco reconocida por la sociedad. No caben entonces los absurdos e irracionales desplantes de manotazos contra la prensa.

Junto a su esposa fue el primer traductor al francés de Cien Años de Soledad en 1967.

En los años 1980 pasó a dirigir la editorial Fayard, al frente de la cual permaneció casi tres décadas, editando la obra de escritores como Houllebecq, Ismal Kadaré o Guy Debord, pero también libros políticos.