Editorial

El peor golpe siempre se lo lleva la ciudadanía

Tue, 28 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

El peor golpe siempre se lo lleva la ciudadanía

Si existen indicios serios de alguna irregularidad, es misión del MP investigar y brindar evidencias.

28 de octubre de 2025 | 00:05h

En diciembre del 2022, la Corte de Constitucionalidad confirmó un fallo a favor de los implicados en el escándalo de corrupción IGSS-Pisa, sentenciados en el 2018, pero que en sucesivas apelaciones lograron la exculpación. Quienes no tuvieron segunda oportunidad fueron los 37 guatemaltecos pacientes renales que murieron a causa de complicaciones atribuidas a la mala calidad de las diálisis provistas a causa de tal negocio, firmado en el 2014 y rescindido en el 2015 por tal mortalidad. A raíz de ese caso, en el 2016, el IGSS firmó un contrato con Unops para la provisión de medicamentos al Seguro Social, el cual funcionó eficientemente. En febrero del 2023 ya no se renovó, pese a que se entregaron cuentas y resultados sin queja alguna. ¿Quién paga más ahora por los fármacos?

Hace una semana, el MP emprendió acciones contra el contrato del Ministerio de Salud con Unops, basados en una supuesta denuncia y una trama peliculesca que aún no ha sido corroborada. El fiscal Rafael Curruchiche acusó directamente al presidente Bernardo Arévalo de beneficiarse con tal contrato. El Gobierno señaló que hay un beneficiario: la población, con cuyos recursos se compran medicinas a mejor precio y suministro constante.

Si existen indicios serios de alguna irregularidad, es misión del MP investigar y brindar evidencias. Pero resulta llamativo cómo atienden oficiosamente la denuncia por un contrato suscrito en el 2024 por el actual gobierno, pero nunca hubo resultados de la pesquisa de la compra oscura de vacunas rusas ni sentencia severa contra los implicados en el fraude del Hospital de Chimaltenango, transacciones ocurridas en el gobierno de Alejandro Giammattei. Y eso por no mencionar las 358 denuncias presentadas por la actual Comisión contra la Corrupción.

El asedio contra la democracia, iniciado después del pase a segunda vuelta de Arévalo y continuado posterior a su elección en segunda vuelta tuvo un punto de inflexión cuando el TSE certificó los resultados del proceso eleccionario y la CC amparó la transición de mando para frenar cualquier ruptura constitucional. Todo mundo sabe esa historia y se daba por cerrado tal capítulo, hasta que, en un arranque alucinante, el juez Fredy Orellana ordenó al TSE dictar “nulidad total” de Semilla y de todas las implicaciones del proceso electoral. Exigió al Congreso declarar “vacantes” cargos electos como presidente, diputados y alcaldes, algo improcedente.

La CC pidió informes al Congreso y al Ejecutivo para asegurar la ejecutoria debida del amparo. El Congreso oneroso dijo que respetaba los resultados dictados por el TSE, y el presidente denunció, el 26 de octubre último, un intento de “golpe”, señalando a la fiscal general y al juez Orellana, a la vez que pidió activar la Carta Democrática de la OEA. Porras negó el señalamiento, el TSE dijo que no procede la “nulidad” y hasta el Colegio de Abogados, usualmente ausente, deploró el abuso del juez. La Corte Suprema no dice nada.

A todo esto, la ciudadanía sigue ganando el sustento en un entorno agitado que, de proseguir, pone en riesgo la percepción de estabilidad y certeza jurídica que impacta en el clima de inversión. El Ejecutivo debe acelerar la obra vial rezagada y replantear su estrategia de seguridad, sobre todo en las cárceles. El MP requirió congelar fondos destinados a la provisión de medicinas con Unops, pero ahí sí debería tener cuidado, pues si tal medida causa desabastecimiento o encarecimiento que afecte vidas de pacientes, ¿a quién se podrá culpar? Porque, a la larga, es la ciudadanía la que siempre termina recibiendo el golpe de las ambiciones, animadversiones y pugnas estériles.

Relevos institucionales alborotan el cotarro

Mon, 27 Oct 2025 06:06:00 +0000

Editorial

Relevos institucionales alborotan el cotarro

Aún está por verse cómo termina su año el Congreso, enzarzado en la disputa por la siguiente directiva y también por la definición del presupuesto del 2026.

Editorial

27 de octubre de 2025 | 00:06h

En el 2026, Guatemala tendrá una inédita confluencia de cuatro relevos institucionales y, por ende, sendos procesos de postulación, establecidos en ley, para definir la dirección de cuatro instituciones claves para la democracia y el Estado de derecho. Se elegirá a nuevos magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, una nueva jefatura del Ministerio Público y fiscal general; también se producirán las designaciones para integrar la próxima magistratura de la Corte de Constitucionalidad y un nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas.

En esencia, son procesos normales que, a causa de distintos períodos legales de gestión, coinciden en un año. Esto despierta alto interés de múltiples sectores, grupos políticos y económicos, operadores, academia y de las propias entidades que tendrán nuevos mandos. La puerta simbólica de esta secuencia de cambios se abrirá en enero próximo, cuando el Congreso efectúe sendas convocatorias de comisiones de postulación para magistrados del TSE 2026-2031 y para jefe del MP. Si bien este mecanismo, integrado por rectores y decanos universitarios, ha sido cuestionado por deficiencias previas, sigue siendo la vía institucional para recibir y calificar los expedientes de aspirantes.

El primer proceso será el del TSE, que debe asumir el 20 de marzo del 2025, para un plazo de cinco años; es decir que estará a cargo de organizar los comicios generales del 2027 y 2031. El actual pleno del TSE está integrado por una titular y cuatro suplentes, debido a la suspensión de cuatro titulares, por una acusación de supuesta sobrevaloración que no avanza y el asedio judicial en contra de los resultados de las elecciones del 2023. El 17 de marzo del 2020, el actual TSE fue designado y juramentado por el Congreso, a pocos días del cierre sanitario por la pandemia.

Después de dos períodos de cuatro años, la fiscal general Consuelo Porras —designada por el presidente Jimmy Morales en el 2018 y reelecta por el mandatario Alejandro Giammattei en el 2022—, el Ministerio Público cambiará de mando. Este puesto será designado por el presidente Bernardo Arévalo, contra quien el MP de Porras ha emprendido diversas acciones, así como contra su partido; primero, para tratar de frenar que asumiera el cargo y, recientemente, acusándolo directamente de supuesta corrupción en el convenio de provisión de medicinas con las Naciones Unidas, caso que el gobernante ha calificado de espurio y desesperado.

Así también, el presidente debe designar, en el 2026, a dos magistrados, titular y suplente, de la Corte de Constitucionalidad, junto con el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios. Dada la configuración de los poderes del Estado, la correlación de fuerzas del máximo tribunal podría variar notoriamente respecto de la actual. Aún está por verse cómo termina su año el Congreso, enzarzado en la disputa por la siguiente directiva y también por la definición del presupuesto del 2026, pero sin duda el botín político más grande está en su papel para definir TSE, CC y CGC.

La Corte Suprema de Justicia repite el sainete de retraso en la elección de su presidente, en medio de la polémica por la designación de nuevos magistrados de sala, que recibió aval de una CC con integrantes ávidos de ser reelectos, aunque en el panorama ya no caben todos. En el 2026 también tocará relevo de rector de la Universidad de San Carlos; el actual, Walter Mazariegos, busca otro período a través de jugadas amañadas: también es elector de la CC, y esto dará lugar a codazos entre aspirantes.

Soñar y lograr

Sun, 26 Oct 2025 06:06:00 +0000

Editorial

Soñar y lograr

Estos Juegos Centroamericanos invitan a celebrar lo que nos integra y no lo que nos separa.

Editorial

26 de octubre de 2025 | 00:06h

Guatemala sueña y realiza en grande a través del brillante desempeño de sus atletas en los XII Juegos Centroamericanos, aún en curso, quienes nos han dejado una estela victoriosa, que sigue creciendo: 271 medallas hasta ahora, de las cuales 121 son de oro, 89 de plata y 61, de bronce. Más allá de los números, verdaderamente alentadores, en esta cita regional, lo más trascendental e inspirador es lo que hay detrás de esas preseas: esfuerzo, constancia y amor al país.

Cabe recordar que esta es la cuarta vez que Guatemala es sede de estas justas regionales, que se comenzaron a celebrar en 1973. La anterior edición de los Juegos Centroamericanos desarrolla en la Tierra del Quetzal fue en el 2001. Con toda seguridad, el desafío logístico ha sido mayor, debido a la participación de más disciplinas: 42, en total. Las competencias se han desarrollado sin contratiempos, aunque ello no excluye la necesidad de mejoras organizacionales para una próxima ocasión. Por ejemplo, la falta del Estadio Nacional Doroteo Guamuch, a causa de lamentables rezagos en su remozamiento.

En todo caso, el papel estelar lo tienen los deportistas provenientes de todos los países hermanos del Istmo: porque este es un encuentro de sana competitividad a través de la nobleza del deporte de alto desempeño. Naciones como Costa Rica y El Salvador han tenido también notorios logros en el medallero, y eso debe ser un acicate local para la mejora continua. La actividad competitiva prosigue hasta el 30 de octubre, pero, desde ya, el aplauso es para todos los protagonistas: no solo quienes se han alzado con el triunfo o han impuesto nuevas marcas, sino para mujeres y hombres que madrugan para acudir a sus entrenos, que vencen el cansancio para una práctica más, que le ponen el alma en cada especialidad al azul y blanco.

Se puede afirmar que hay una pequeña Guatemala detrás de cada deportista nacional: entrenadores, padres, familias, amigos, vecinos, comunidades que se emocionan para recibir a sus competidores. Ese oro, esa plata, ese bronce conllevan un suspiro de fe, una oración de esperanza y muchísimas horas de dedicación, a menudo por encima de adversidades económicas.

La fiesta deportiva ofrece un espacio de equidad en el cual triunfa quien más se esfuerza, quien más se exige y quien se rige por resultados, no por discursos ni excusas. Esa es la gran lección del deporte por encima de la política o de la burocracia: vive de logros, y no de regodeos retóricos. Precisamente por eso, el deporte es un canal de integración: porque los atletas rivalizan en las pistas, pero al cruzar la meta, al conocerse los punteos y logros, se abrazan y felicitan con respeto, con admiración, con fraternidad.

El espíritu olímpico no es derrotar al otro, sino superar las propias barreras mentales o físicas. Esa es la gran riqueza de promover el deporte de alto desempeño en Guatemala, y por ello se necesita invertir más en instalaciones de calidad en los cuatro puntos cardinales. Todavía existen niños y jóvenes con potencial de alguna disciplina atlética pero sin un lugar donde descubrir su don. Estos Juegos Centroamericanos invitan a celebrar lo que nos integra y no lo que nos separa. También llaman a seguir soñando y realizando en grande, porque no hay meta más lejana que la que no se traza.

¿Diputados le rehúyen a reforma antilavado?

Sat, 25 Oct 2025 06:06:00 +0000

Editorial

¿Diputados le rehúyen a reforma antilavado?

¿Qué diputado con coherencia entre discurso y acción podría obstaculizar, por obra u omisión, el debido fortalecimiento de la guerra al efectivo criminal?

Editorial

25 de octubre de 2025 | 00:06h

Para nadie es un secreto que en el actual Congreso existen diputados provenientes de partidos extintos por financiamiento ilícito, nexos con el narco o con exconvictos por lavado de activos. Se ven incluso expresidenciables y expresidentes confesos de tal delito que a la fecha siguen regodeándose de su demagogia y con claros vínculos de afinidad o parentesco con bancadas bisagra lubricadas con el aceite de las conveniencias populistas del oportunismo. También hay bancadas, grandes y pequeñas, que en lugar de fortalecer los controles financieros partidarios, buscan debilitar la ya de por sí limitada capacidad del Tribunal Supremo Electoral para exigir cuentas sobre el origen del dinero de financistas.

Basta ver tan conocidos antecedentes para suponer el porqué de la resistencia pasiva a aprobar sin dilación la iniciativa 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorismo”, la cual fortalece y actualiza las herramientas y controles para poder atacar a grupos criminales, mafias de corrupción y organizaciones terroristas —ahora incluidas las pandillas—, justo donde más les duele: en su dinero malhabido.

Hace casi un cuarto de siglo que se aprobó la primera ley contra lavado y dos décadas de la norma de combate a grupos terroristas. Es necesario modernizarlas, porque han aumentado las modalidades de uso de capitales ilícitos y Guatemala es uno de los países rezagados en esa materia. Prueba de ello es el riesgo de que, si el Congreso no avala las reformas integrales del 6593 o las trastoca en favor de oscuras parcialidades, el país podría fracasar en la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y ser colocado en una nefasta lista gris, que golpearía a toda la economía y la competitividad nacional.

Cabe cuestionar cómo para perjudicar el erario al autorrecetarse un aumento salarial ilícito, inconsulto y abusivo sí se apresuró el Congreso. Entre la escasa y muy deficiente producción legislativa de este año se han avalado auténticos bodrios que luego precisan de correcciones e incluso de veto. Por un mínimo de decencia y fidelidad a las prioridades nacionales, el Legislativo debería aprobar sin más dilación, este mismo año, las reformas antilavado. De lo contrario, solo empezaría a confirmar las sospechas de conflictos de interés y propósitos de favorecer a oscuros patrocinadores.

La revisión del Gafilat se prevé para el 2027; sin embargo, para entonces las reformas ya deben estar debidamente reglamentadas e implementadas, lo cual toma tiempo. ¿Qué guatemalteco decente podría oponerse a la depuración de dineros sucios provenientes del contrabando, trasiego de drogas, trata de personas, extorsiones, negocios de fachada o amaños corruptos? ¿Qué diputado con coherencia entre discurso y acción podría obstaculizar, por obra u omisión, el debido fortalecimiento de la guerra al efectivo criminal? ¿Qué partido o secretario general tendría interés en darle continuidad a la savia que alimenta la mandrágora del delito?

Aquellos diputados que suelen invocar a Dios en sus redes sociales y en sus discursos, seguramente están de acuerdo en que el dinero proveniente de actos ilícitos está manchado de sangre y pecado: deberían propiciar la discusión de la ley 6593 y aprobarla. Lo mismo cabe decir de todos los congresistas que incluso promocionaron y se felicitaron por haber votado a favor de la norma que declaró terroristas a las pandillas: deben apoyar la reforma que les resta financiamiento a esos grupos de terror.

Reforma debe ser vetada por inconstitucional

Fri, 24 Oct 2025 06:05:00 +0000

Editorial

Reforma debe ser vetada por inconstitucional

Ojalá que la formulación del veto presidencial sea la correcta y no dejen las pifias que condujeron a la vigencia del botín electorero de los Codedes.

Editorial

24 de octubre de 2025 | 00:05h

¿A un Congreso indolente e insolente que sigue cobrando un autoaumento abusivo e ilícito extraído del bolsillo ciudadano le va a importar realmente el medio ambiente, que no tiene precio? Perfectamente lo dijo el Salvador del Mundo al sentenciar: “Quien no es fiel en lo poco no puede ser fiel en lo mucho”. Dicho esto a propósito de un disparate legislativo, avalado por 83 diputados en septiembre: el decreto 9-2025, que trastoca la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (decreto 68-86), para crear una especie de fuero especial en materia de impacto ecológico para cierto tipo de proyectos, en detrimento de otros sectores ciudadanos y, sobre todo, del entorno natural, que es responsabilidad de todos.

La respetuosa invocación sagrada viene al caso porque una de tales concesiones, otorgada a priori de cada obra y sin ninguna base técnica, es para la construcción de cualquier proyecto de carácter religioso: desde una pequeña capilla hasta un megatemplo. Ello en sí entraña una extralimitación legislativa que apela, de alguna manera, a un credo como distintivo para quedar exentos de tramitar licencias de impacto ambiental.

Podrían argüir los votantes de esta reforma que se trata de obras que aportan a la espiritualidad de la gente, pero ¿qué pasa con la evaluación oficial de riesgo sísmico o hidrológico del área? ¿No importa acaso el impacto que tenga en la vida de los prójimos? Y cabe señalar que el apresurado cambio también dispone de exención de permiso ambiental a obras de tipo “comercial”. ¿Cuál es la delimitación legal de tal concepto y a quiénes realmente beneficia y a quiénes segrega? En todo caso, lo toral es que una modificación tan irreflexiva y casuística contraviene el principio constitucional de igualdad ante la ley.

El 14 de octubre, el pleno decidió desechar la discusión seria de objeciones planteadas a las reformas del decreto 9-2025. Cabe aclarar que no se trata de una discusión sobre libertad religiosa, pues esta existe previamente y seguirá existiendo. Toda iglesia reconocida y constituida legalmente en el país posee esa misión de orientar las vidas de sus creyentes hacia la mejora personal, familiar y de convivencia social. Los templos religiosos son recintos de gran respeto y de alta inspiración de los mejores ideales. ¿Acaso integrar el cuidado de la Naturaleza, de la Creación de Dios, no debe formar parte de su credo cotidiano?

En todo caso, acerca del cumplimiento de requisitos lícitos de la vida civil y estatal, el propio Señor Jesús dijo: “Dad al César lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”. Tramitar una licencia ambiental para un proyecto inmueble, sobre todo si es de grandes dimensiones, forma parte de los cumplimientos cívicos de toda organización, ya sea religiosa o laica, comercial o industrial, nacional o extranjera. Eliminar esa obligación también tendría otras implicaciones hipotéticas ulteriores como suprimir los permisos municipales de construcción para el tipo de proyectos segregados por el 9-2025.

Dada la tozudez legislativa, que en algunos casos alcanza niveles irrisorios, será necesario el veto presidencial a dicha reforma, tan parcializada, que altera una ley emitida en 1986, gracias a la cual todavía se conserva parte de la riqueza natural y ecológica del país, creada por Dios, pero encomendada al cuidado de los seres humanos. Ojalá que la formulación del veto presidencial sea la correcta y no dejen las pifias que condujeron a la vigencia del botín electorero de los Codedes, un despropósito en el cual no medió ningún escrúpulo. Finalmente, cabe recordar las palabras de Jesús: “Por sus frutos se conoce el árbol”.

Nuevo ministro llega a prueba contrarreloj

Thu, 23 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

Nuevo ministro llega a prueba contrarreloj

La desarticulación de pandillas y el aislamiento de sus jefes es un movimiento imprescindible.

Editorial

23 de octubre de 2025 | 00:05h

Los días entre el anuncio de designación del juez Marco Antonio Villeda como próximo ministro de Gobernación —en sustitución de Francisco Jiménez— y la autorización de la Corte Suprema de Justicia, con todo y notificación, ya deberían haber funcionado como plazo de gracia para la puesta al día inmediata de la situación de esa cartera. No se sabe si ha sido así, pero lo cierto es que Villeda llega al despacho prácticamente a contrarreloj, no solo por la premura de su nombramiento, sino por el plazo político extremadamente corto que tendrá para demostrar resultados.

La crisis causada por la fuga de 20 reos de Fraijanes 2 —cuatro ya fueron capturados— desencadenó la salida de la anterior cúpula de Seguridad y dejó la alta vulnerabilidad del Sistema Penitenciario en evidencia. Ahora bien, es necesario decir que esta situación ha sido cíclica y que las medidas improvisadas, efectistas o puramente represivas no necesariamente funcionan en el largo plazo. No obstante, ante los ojos de la población, las exigencias de sectores productivos e incluso frente a farisaicas posturas de políticos en precampaña, los plazos son prácticamente inevitables.

Por lo tanto, marcar prioridades operativas en tiempo e indicadores será una primera prueba de liderazgo para el nuevo ministro. Las cárceles siguen siendo caóticos núcleos desde los cuales emanan extorsiones, riesgo de nuevas fugas y continuidad inicua de trasiegos ilícitos. Una auditoría forense inmediata —con censo biométrico de internos, revisión y modernización de sistemas de cámaras, registro de visitas y revisiones de acceso—, así como una posible toma del control temporal con apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ejército podrían ser parte de las acciones de los primeros 30 días de gestión.

Sin una fuerte recuperación paulatina del control carcelario, cualquier política de seguridad será un paliativo. Pero hay otros frentes de trabajo que se deben revisar con el relevo de autoridades, en el plazo del fin de año. Para el 14 de enero, que marcará la mitad de este período gubernamental, habría que tener ya un mapa total de certezas y riesgos del control territorial. Municipios fronterizos y costeros continúan bajo asedio de mafias, que incluso podrían tener alcaldes coaligados. Por ello, la Policía Nacional Civil necesita una redistribución operativa con enfoque en inteligencia y refuerzo de unidades élite.

La colaboración interinstitucional con el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Instancia de Verificación Especial y la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad constituye un eje de funcionalidad deseable. Sin embargo, a la par de las operaciones directas contra la criminalidad es necesario recuperar la apuesta por la prevención social y comunitaria. Así también existen mecanismos como TuPista.gt y líneas confidenciales de denuncia, cuyo funcionamiento ha significado duros golpes a la criminalidad organizada y común, aunque esta es también cada vez más organizada.

La desarticulación de pandillas y el aislamiento de sus jefes es un movimiento imprescindible. En esta línea, el Organismo Judicial está implicado, dadas las prácticas dudosas de ciertos jueces que devuelven a peligrosos criminales a reclusorios donde se sienten a sus anchas. Aquí entra la experiencia del juez Villeda, para tratar de atajar estas perversiones. Están pendientes adquisiciones de armas y vehículos, las cuales deben efectuarse con transparencia y a la vez con carácter de urgencia. La nueva cúpula del Mingob llega a contener una crisis, pero debe trazar un rumbo de mediano plazo.

Si el norte fuera el sur

Wed, 22 Oct 2025 18:06:00 +0000

Editorial

Si el norte fuera el sur

Históricamente, hasta los más grandes intentos de ocultación de errores, fracasos y extralimitaciones han desencadenado escándalos que sacuden al poder en turno.

Editorial

22 de octubre de 2025 | 12:06h

En septiembre último, el Departamento de Defensa de EE. UU. pasó a llamarse Departamento de Guerra. Y la gestión del actual secretario, Pete Hegseth, incluye una declaratoria de guerra contra la libertad de prensa, el derecho ciudadano a la información pública y el escrutinio público de acciones estatales. El 15 de octubre ocurrió algo inédito en los anales de la historia de esta gran nación, cuna de la democracia occidental: decenas de experimentados periodistas que cubrían la fuente del Pentágono, incluyendo cadenas de noticias como ABC, CBS, NBC, CNN y hasta la usual aliada de Donald Trump, Fox News, abandonaron dichas instalaciones en rechazo a la exigencia de firmar una declaración mordaza impuesta por Hegseth.

Dicha limitante, que más podría asociarse con la dictadura chavista de Venezuela o la satrapía bicéfala de Nicaragua, pretendía obligar a los periodistas a divulgar solo aquellos comunicados avalados por el secretario, a no cuestionar los enunciados ni buscar versiones ni opiniones de otros funcionarios en dicha instalación, y de hacerlo, debían pasar también por el filtro orwelliano; es decir, hegsethiano. Si no aceptaban la condición, no tendrían acceso al famoso edificio estatal.

Las excusas para tal desvarío son obtusas, pero dejan entrever más temores que fortalezas, sobre todo porque contradice la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos (de 1791), la cual claramente señala que no se podrá hacer “ninguna ley… limitando la libertad de expresión, ni de prensa”. Así también es vergonzoso el silencio de legisladores republicanos, tradicionalmente defensores de las garantías ciudadanas, ante este atropello al derecho de la población a saber lo que ocurre con los asuntos públicos pagados con sus impuestos.

También suspendieron la cobertura del Pentágono entidades como la agencia Associated Press, The New York Times, Washington Post, Reuters, NPR y The Atlantic. Incluso cadenas abiertamente conservadoras y proclives a Trump, como NewsMax, repudiaron la mordaza del señor Hegseth, quien, paradójicamente, fue presentador de noticias. Bien dice el dicho que “no hay peor cuña que la del mismo palo”. Pero ¿es esto un abandono de la labor de los medios mencionados? Todas las organizaciones de noticias que repudiaron la medida declararon que seguirán cubriendo las acciones y decisiones del Ejército de EE. UU., incluso si no se les da acceso al área del Pentágono. La calle es libre y nunca faltará una voz que grite lo que otros intentan acallar.

No es la primera intentona de imponer un embudo servil. Ciertos medios afines al oficialismo admitieron las anteojeras sin darse cuenta de que, a la larga, también atentan contra ellos. En todo caso, este asunto llegará a las más altas instancias de justicia. Históricamente, hasta los más grandes intentos de ocultación de errores, fracasos y extralimitaciones han desencadenado escándalos que sacuden al poder en turno.

Hegseth es solo un funcionario que tendrá un lapso de gestión. La guerra impuesta por él y sus adláteres a la labor periodística solo tiene una lectura posible: opacidad. Los medios periodísticos se deben a sus audiencias, y estas son sus más grandes, severos y únicos jueces, porque deciden a diario renovar su confianza. La pluralidad informativa es el gran tesoro de toda democracia y hasta hace poco lo era del Departamento de Guerra de un país que parece cumplir lo que dijo el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en una de sus composiciones: “Si el norte fuera el sur, seríamos igual o, tal vez, un poco peor”.

Grupúsculo sabotea la puerta de Guatemala

Tue, 21 Oct 2025 06:06:00 +0000

Editorial

Grupúsculo sabotea la puerta de Guatemala

Sectores productivos guatemaltecos reclaman una intervención de la Portuaria para poner fin a la desidia con la cual estos trabajadores públicos, pagados con fondos públicos, tratan los intereses públicos.

Editorial

21 de octubre de 2025 | 00:06h

Empecemos con una analogía muy obvia: el dueño de una empresa contrata a algunos operarios, con un salario acordado y aceptado, para que se encarguen de abrir las puertas de su fábrica, recibir materias primas, maquinaria y combustibles, así como cargar y descargar los pedidos de mercadería finalizada. Sin embargo, de pronto estos empleados empiezan a ponerse lerdos, no trabajan en horario completo y se reparten turnos antojadizos. Esperan a que se haga una larga fila de vehículos en espera de cargar o descargar, sin importar las pérdidas de quien los contrató.

Reclaman más ayudantes, pero el rendimiento sigue deficiente y amenazan a quien sí desea laborar con energía.
Demandan aumentos de sueldo y otros beneficios sin comprometerse a mejorar. Cuando el propietario les reclama por sus obligaciones o les advierte de remociones, lo presionan bloqueando las puertas de la compañía, a la vez que se autoproclaman víctimas de supuestas “injusticias” y negocian nuevas concesiones. En cierto momento deponen su coacción, pero al poco tiempo todo el círculo vicioso se repite, con más daños y pérdidas.

Eso mismo es lo que le ocurre a Guatemala bajo la férula absurda de corros de sindicalistas venales de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, que periódicamente atentan contra la economía nacional. El jefe que los ha contratado y el que sufraga sus sueldos es usted, ciudadano, tributante, consumidor, que termina sufriendo todos los costos adicionales de sus paros injustificados, protestas arbitrarias; también sus canastas navideñas y pachangas de fin de año. Lo peor de todo es que hacen uso de garantías laborales legítimas para perpetrar un sabotaje contra la productividad de todos los guatemaltecos.

Hoy día es la Empornac la que se encuentra operando muy por debajo de su capacidad, a causa de los intereses ocultos de grupos sindicales que imponen un chantaje siniestro para la entrada o salida de mercancías del país. En sus discursos trillados suelen invocar a una “clase trabajadora”, pero sus acciones contradicen tal concepto, porque terminan golpeando, paradójicamente, a la gente trabajadora de múltiples sectores productivos guatemaltecos.

Durante demasiado tiempo, ciertos sindicatos estatales se han creído dueños de entidades públicas y se rehúsan a toda exigencia vinculante de desempeño, auditoría organizacional o reglas de competitividad. El oscuro pacto colectivo del magisterio jovielista solo fue una muestra de los despropósitos, pero hay más pretensiones igual de cuestionables. En entes descentralizados como las portuarias la situación alcanza niveles aún más abyectos, pues tales grupos feudales creen que esa autonomía es sinónimo de arbitrariedad impune.

Pero el daño de tantas necedades portuarias reincidentes es real, creciente e irrecuperable. Creen que, por estar en el Estado, los recursos son infinitos y que, por generar ganancias, estas les pertenecen por derecho. Para intentar aplicar destajos de beneficios sí son buenos y así deberían serlo para estar a la altura de las exigencias del puesto público que alguna vez aceptaron desempeñar. Sectores productivos guatemaltecos reclaman una intervención de la Portuaria para poner fin a la desidia con la cual estos trabajadores públicos, pagados con fondos públicos, tratan los intereses públicos. Cualquier aumento en el boicot del servicio en Santo Tomás de Castilla debe tomarse como un abandono del puesto, porque no basta estar en un área laboral: hay que desempeñar el trabajo con honradez y capacidad.

Una vieja y putrefacta negligencia carcelaria

Mon, 20 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

Una vieja y putrefacta negligencia carcelaria

Se sigue viendo al Sistema Penitenciario como un botadero.

Editorial

20 de octubre de 2025 | 00:05h

Uno de los mejores expertos en seguridad y rehabilitación carcelaria a nivel mundial es guatemalteco y desde el año 2007 ha intentado aportar sus conocimientos a sucesivos gobiernos —y a titulares de Gobernación—, sin que nadie lo haya escuchado hasta la fecha. Es el ingeniero y sociólogo Byron Titus y ha brindado su asesoría penitenciaria en países como España, Argentina y Colombia. A través de su metodología, logró reducir a la mitad la población carcelaria de un condado de Massachusetts, modelo que fue replicado en otros lugares de Estados Unidos. No faltan los reincidentes y los reos irredentos, pero para estos sí están las cárceles de máxima seguridad, a un costo mucho menor que tener a miles encerrados. Nadie lo ha tomado en cuenta, según refirió en entrevistas con Prensa Libre en 2016 y 2020.

¿Por qué? El sistema carcelario guatemalteco permanece varado en el siglo XIX, con conteos de individuos a dedo, sin verificaciones de identidad, sin sistemas biométricos —hoy bastaría la colocación de una mano, dos veces al día, para tener un conteo en segundos—, con cadenas de privilegios discrecionales y estructuras de poder paralelo e ilícito de reos, con descontrol de visitas, prevalencia de trasiegos de todo tipo y, por supuesto, cohechos con guardias y directores penales. La fuga de 20 pandilleros —tres ya recapturados— solo es el más reciente síntoma de un mal crónico.

Las dictaduras y las medidas contrainsurgentes del conflicto armado anquilosaron el Sistema Penitenciario. Los expedientes perdidizos, los archivos confusos y la prolongación de encierros confluían de manera utilitaria para obvios fines. Con la llegada la era democrática —hace 40 años— no tuvo ni ha tenido prioridad. Si otros servicios estatales siguen rezagados, ¡cómo no iba a estar en abandono este!

Pero esta no es una declaración de conformismo ni de derrota. Porque la repetitiva negligencia, engrasada con soberbias, ambiciones, agendas ocultas y hasta convenencierismos ha tocado fondo y esto representa un peligro nacional intolerable. Pero no solo basta que un ministro apruebe un plan carcelario publicitable: es necesario el concurso de todo el Estado en conjunto. El Ejecutivo está a cargo de los centros penitenciarios, pero es el Organismo Judicial el que remite presos y el que ordena el regreso de peligrosos asesinos a prisiones de mediana seguridad. Es el Organismo Legislativo el que crea leyes oportunistas y miopes, para dar el efecto politiquero. Es el Ministerio Público el que pide cárcel preventiva incluso para procesados que han respetado las condiciones de libertad bajo caución.

Se necesita un consenso serio, institucional y de nación para transformar el modelo penitenciario, por grados de peligrosidad y potencial de rehabilitación. Las reformas a la Ley Penitenciaria se aprobaron hace una década y muy poco de ellas se ha implementado. Han faltado recursos para la infraestructura física, pero, sobre todo, humana. Se sigue viendo al Sistema Penitenciario como un botadero y no como un espacio para distinguir a quien quiere salir del delito y castigar sin miramientos a quien reincide.

Existe una opción inicua: la de seguir repitiendo el mismo fracaso que acarrea fugas, motines y también continuidad de extorsiones desde los centros carcelarios. Abundan en este momento politiqueros que, con enjundia preelectorera, quieren revivir la fracasada mano dura como vía unívoca. Son merolicos de la necedad, heraldos de una caduca y putrefacta negligencia que ofrece resultados distintos haciendo las mismas cosas. Y el costo histórico de tan perversas pretensiones está a la vista.

Rescate ético

Sun, 19 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

Rescate ético

El legalismo hipócrita sirve para apañar abusos.

Editorial

19 de octubre de 2025 | 00:05h

Romantizar épocas o caudillos es un recurso que puede resaltar ciertos aspectos estructurales, papeles protagónicos y cambios favorables en la historia de una comunidad o de una nación, los cuales pueden resultar inspiradores, sobre todo si tienen una trascendencia concreta y prolongada en el tiempo. Sin embargo, tal abordaje idealizador corre riesgo de dejar de lado la esencia crítica, el contexto, los contrapuntos, los entretelones, los apoyos colectivos que no figuran en la historia, hasta y los efectos secundarios de acciones coyunturales que cambiaron rumbos de país.

A las puertas de la efeméride del 20 de octubre de 1944, fecha que significó el final de una dictadura, cabe destacar cómo ciudadanos, estudiantes, obreros, militares y maestros se unieron para exigir y construir garantías democráticas y una institucionalidad que respondiera a las necesidades de desarrollo nacional. En el proceso hubo aciertos, sí. Pero también tuvo estridentes bemoles, errores de concepto e infiltración de grupos con pretensiones despóticas, un riesgo que sigue sucediendo en la democracia actual.

En fin, ello no resta importancia al capítulo de hace 81 años. Pero al igual que otros episodios nacionales, constituye la mejor evidencia de otro tipo de renovación constante: la construcción de una conciencia axiológica coherente, la vivencia de valores en acción. Bien podría decirse una revolución ética, en forma y fondo. La expresión puede sonar contradictoria, porque los valores como tales —libertad, honradez, equidad, justicia, respeto, dignidad, integridad, empatía, compasión y un largo etcétera que el lector podrá completar— no existen desde hace un siglo ni dos. Es una noción surgida y meditada desde los albores de la civilización.

Cada tercer miércoles de octubre se estableció el Día Mundial de la Ética, para exaltar el sustrato de valores, sobre el cual se erigen las leyes y la institucionalidad pública, privada y religiosa. Puede haber ética sin leyes, pero no leyes sin ética. Naciones enteras, como Venezuela, Cuba o Nicaragua, sufren aberraciones yuxtapuestas sobre inmoralidades y conveniencias abyectas. Y, en esa línea, también hay “legalismos” sin altura ética, que solo buscan un aval de apariencia sin fondo.

Un ejemplo: la Constitución exige “reconocida honorabilidad” para múltiples cargos públicos, candidaturas y puestos de poder, pero a la hora de las postulaciones aparecen perfiles con nexos sospechosos, títulos falsificados o comprados, tesis con plagios, fortunas inexplicables e incluso antecedentes criminales. Al ser cuestionados, se parapetan en legalismos y no en razones éticas. Y la honorabilidad es un concepto ético que la misma ley demanda.

El legalismo hipócrita sirve para apañar abusos. Han ocurrido desfalcos y fraudes millonarios a través de fragmentar —“legalmente”— las compras por montos abajo de Q90 mil. Hay amaños de contratos, compras secretas y sobreprecios avalados en licitaciones “legales”, pero no éticas. Pero también el ciudadano está llamado a rescatar la ética en la vida cotidiana: evitar tirar basura sin clasificar, conducirse con urbanidad vial, ceder el paso, frenar la violencia a través de la serenidad, exigir probidad a los funcionarios. La ética puede salvar países y futuros. Por eso necesitamos un rescate ético, pero no está en manos de ningún ente externo, sino de nosotros mismos.

Relevo en Gobernación en plena tormenta

Sat, 18 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

Relevo en Gobernación en plena tormenta

El desafío para el nuevo ministro es profundo, atávico, pantanoso.

Editorial

18 de octubre de 2025 | 00:05h

Se anunció ayer la designación como ministro de Gobernación del abogado Marco Antonio Villeda, exjuez de Extinción de Dominio que durante una década confiscó fortunas malhabidas de varios exfuncionarios, exmandatarios y narcotraficantes. Extrañamente, en abril último, Villeda fue rebajado a otro juzgado por designio de la actual Corte Suprema de Justicia, una decisión que desató suspicacias. Ahora toma la dirección de una cartera clave para la estabilidad del país, en un momento crítico que terminó de mostrar su anomia, con la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18. Aún no se sabe cuándo ni cómo exactamente ocurrió la evasión que precipitó la destitución de su antecesor Francisco Jiménez, quien, pese a la gravedad del asunto, insistía en permanecer.

El desafío para el nuevo ministro es profundo, atávico, pantanoso. La seguridad pública de Guatemala vive una paradoja abyecta: con una gran inversión en recursos públicos se captura, se procesa y, a veces, se logran sentencias severas contra criminales de amplio prontuario o aprendices de evidente perversidad. Pero ya sea con o sin sentencia, continúan delinquiendo desde el interior de las cárceles, que con ello pierden su sentido institucional y, por ende, su efecto disuasivo. Esto no es nuevo, pero se ha ido agravando con el hacinamiento, la inercia burocrática y la compra de voluntades de guardias e incluso directivos penitenciarios.

El poder intimidatorio de estas gavillas es alimentado por flujos de dinero ilícito proveniente de exacciones, distribución de drogas, negocios de fachada y hasta “tiendas” dentro de los penales. Se ha llegado incluso a extremos escandalosos como la pernoctación de familiares y cortesanas, pero también de menores de edad víctimas de abusos sexuales.

En ese remolino inmundo, la fuga de marras constituye el epítome de una debacle, un hito alarmante, no solo por el peligro que representan esos evadidos, sino toda la caterva en penales. Las continuas requisas con hallazgos son el indicio claro de que se mantienen los trasiegos y cohechos. Se desató la indignación ciudadana legítima, aunque también la farisaica, protagonizada por politiqueros, presidenciables ávidos, populistas de oficio, pero pesó, por supuesto, el llamado sereno, aunque firme, de sectores productivos y centros de análisis de remover a Jiménez.

Ni la audiencia papal rescató a Arévalo de las llamas de la crítica y en pleno incendio anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad, quizá para apaciguar la emergencia. Erró el discurso, porque no sirve de nada cualquier instalación nueva o remozada si se erige en las mismas marismas institucionales. En ese contexto llega Marco Antonio Villeda y dos viceministros. Cada uno trae su contexto de formación profesional y experiencia, que se deberá probar en el plano de los resultados.

El nuevo ministro puede aportar la perspectiva judicial de los vicios que aquejan a la seguridad pública y también tiene conocimiento sobre algo clave: las rutas del dinero sucio. Debe priorizar la recaptura de los fugados, pero más impactante será ordenar el Sistema Penitenciario, lo cual requiere revisar cadenas de mando, depurar procesos y trazar una estrategia para reducir el trasiego de ilícitos. Y ya que el Gobierno ha solicitado el apoyo del FBI, también podría, por fin, abrirse paso a la asesoría de EE. UU. en materia penitenciaria. No hacen falta más discursos de mano dura, sino coherencia de acciones y consecuencias. La crisis despierta altas expectativas inmediatas, pero los resultados reales serán los de mediano y largo plazos.

Salario mínimo se debe consensuar, no imponer

Fri, 17 Oct 2025 06:05:00 +0000

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Salario mínimo se debe consensuar, no imponer

El debate es recurrente en cada último tramo del año: ¿Cuánto debe aumentar el salario mínimo? Nadie pregunta ¿cuántos empleos reales se necesitan?

Editorial

17 de octubre de 2025 | 00:05h

Prácticamente, en cada año, sobre todo en el último cuarto de siglo, el salario mínimo en Guatemala es un concepto que regularmente termina en exabrupto, sobre todo cuando el sector gubernamental dispone elevarlo por decreto, en un porcentaje arbitrario, sin analizar los factores internos o externos que impactan a las empresas, pequeñas, medianas o grandes. Aunque lo pregonen como un “beneficio”, para intentar ganar réditos populistas, este tipo de incremento se convierte literalmente en un impuesto adicional. A la larga, es contraproducente porque termina costando empleos, limitando inversiones y, por ende, el crecimiento.

Partamos de un axioma: es la iniciativa privada, ya sea un ciudadano emprendedor, una empresa que invierte en el país o compañías locales, la que genera riqueza. El Estado solo la consume a través de los impuestos. Y estos son sufragados para que cumpla su misión de brindar estabilidad, certeza jurídica, seguridad pública y mejora de infraestructura para la competitividad. De hecho, los aumentos por decreto atentan, casi anualmente, contra las primeras dos.

El debate es recurrente en cada último tramo del año: ¿Cuánto debe aumentar el salario mínimo? Nadie pregunta ¿cuántos empleos reales se necesitan? No plazas burocráticas en los tres organismos del Estado, sino puestos reales y productivos. En el reciente Encuentro Nacional de Empresarios se resaltó la necesidad de respetar el diálogo en la llamada Comisión Nacional del Salario Mínimo, en la cual se debe dictaminar de manera técnica, con análisis integral y no politiquero, mucho menos con afanes demagógicos. Con lamentable reincidencia, tales conversaciones son echadas a la basura cuando sucesivos gobernantes optan por elevar el ingreso de un plumazo.

Ciertamente, existe la presión real y concreta del costo de vida: el precio de la canasta básica para los hogares suele superar de todas formas el monto del salario mínimo. Pero este problema no solo se puede atajar con un decreto de aumento salarial. De hecho, esta medida no responde en realidad a la publicitada pretensión, pero se sigue cometiendo el mismo error, bajo la falsa hipótesis de que a la siguiente dará resultados distintos. Por el contrario, con el súbito incremento se pone en riesgo la estabilidad de empresas, sobre todo aquellas que tienen de dos a 10 trabajadores.

Los estamentos productivos del país, sean industriales, agrícolas, comerciales o de servicios, han insistido en que la política de salario mínimo debe manejarse a través de negociación, con visión de mediano y largo plazo, así como respeto al consenso mínimo, pues en una materia tan polémica no todos van a estar de acuerdo en todo. Lo que está en juego es la competitividad misma del país y también la estabilidad de los propios trabajadores. Al no poder cubrir los totales arbitrarios, se tiene que prescindir de plazas, lo cual deja a familias sin ingreso. ¿Qué parte de eso no entienden los gobiernos?

Existe otro aspecto de fondo que hace aún más grave el daño de tal imposición: solo un 30% de los trabajadores guatemaltecos cuenta con un empleo formal. El resto se encuentra en el sector informal, en donde también hay empleadores —pero no registrados— que fijan sueldos a su conveniencia —no supervisados— y que, a menudo, son una competencia desleal de micro y pequeñas empresas legalmente inscritas. Se anunció la búsqueda de una vía técnica para trazar y acordar el monto del salario mínimo, pero a veces el problema no es la fórmula, sino las posturas dogmáticas o con ideologías caducas que a menudo muestran ciertos representantes laborales.

Secretismo es una de las raíces de los abusos

Thu, 16 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

Secretismo es una de las raíces de los abusos

En materia de seguridad civil ciudadana y democrática no existe espacio legal para cualquier “sesión secreta”.

Editorial

16 de octubre de 2025 | 00:05h

Son notoriamente volubles los talantes éticos, inexistente la coherencia ideológica y desconocidas las verdaderas fidelidades de la mayoría de diputados de varias legislaturas. Pero la actual anda marcando nuevos récords de politiquería, convenencierismo, ineptitud y escasa productividad. A la sombra de acciones, omisiones y entuertos congresiles podría afirmarse que ya no extraña cada dislate. Pero aún así sorprenden negativamente los nuevos sótanos oscuros en los cuales caen discrecionalidades, contradicciones y abusos.

Durante la atropellada sesión plenaria del martes último, en la cual se aprobó en tercera lectura la denominada Ley Antipandillas, surgió una extraña moción del diputado Samuel Pérez, exoficialista y ahora miembro del grupo Raíces: sugirió que la sesión fuera secreta para la discusión y aprobación de tal norma. A través de un quorum reducido se avaló la pretensión. Para justificar tan irrisorio método, Pérez invocó el artículo 79 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece un procedimiento secreto, sí, pero claramente estipula cuándo procede. “Siempre —indica— que se trate de asuntos militares de seguridad nacional”.

El adjetivo clave es “militares”, y el espíritu de la ley se confirma al incluirse también “operaciones militares pendientes” y “asuntos diplomáticos pendientes”. También se incluye en el secretismo cuando hubiere un antejuicio por abusos contra menores. Nada más. Fue un yerro del diputado Pérez, quien otrora cuestionaba toda confidencialidad estatal y exigía transparencia en todos los asuntos públicos. Pero más abyecto fue que se aprobara, incluso temporalmente, tal extremo, improcedente e innecesario. En materia de seguridad civil ciudadana y democrática no existe espacio legal para cualquier “sesión secreta”.

Pero, como dijo Arjona, “el problema no es el daño, el problema son las huellas”. Y ojalá este dislate no se convierta en el futuro en un potencial pretexto mañoso para una intentona similar. Quizá podría decirse que no hubo mala fe, pero, entonces, bien haría el diputado Pérez en declarar públicamente su error. Una yuxtapuesta alianza de oposición se las arregló para revertir el entuerto y cambiar la agenda de urgencia. Cabe señalar que no fue tanto en abierta defensa del precepto constitucional de publicidad de todos los actos públicos, sino porque les interesaba la publicidad en sí misma: querían que se difundieran sus encendidos discursos a favor de la citada ley, en el afán de que la pose bukelista se convierta en posicionamiento de cara a los siguientes comicios, aún distantes.

Son hechos los que permiten constatar que no les interesa refrendar el artículo 30 constitucional, que ordena: “Todos los actos de la administración son públicos”. Por el contrario, varios integrantes de esa alianza han sido célebres por el uso clientelar de fondos legislativos, por haber avalado el bolsón clientelar a favor de los Consejos de Desarrollo Departamental o hasta por aguantarse el sueño para hacer componendas noctámbulas, como la de la madrugada del 27 de septiembre del 2024, en la cual se aprobó un ilícito aumento salarial a través de una enmienda de curul firmada por varios que hoy son adalides de la transparencia.

No contentos con ello, negaron durante varias semanas el incremento salarial inconsulto y abusivo, que sigue sin ser discutido en el hemiciclo, tal como en su momento lo indicó la Corte de Constitucionalidad. Una comisión permanente le dio un aval que sigue siendo dudoso y repudiable. Por eso el secretismo es una de las raíces de la corrupción.

No hay cómo escaparse del escándalo de la fuga

Wed, 15 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

No hay cómo escaparse del escándalo de la fuga

Aumentan las voces que piden la dimisión o la destitución del ministro de Gobernación. Su continuidad acarreará un desgaste aún más difícil de evadir.

Editorial

15 de octubre de 2025 | 00:05h

Poner su cargo a disposición del presidente de la República, Bernardo Arévalo, fue lo primero que debió hacer el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, tras haberse confirmado la rocambolesca, absurda e intolerable fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2. Los agravantes siguen en el aire: el escape ocurrió durante un lapso todavía indeterminado, con un modus operandi que todavía no se tiene claro y con temidas —pero largamente sospechadas— complicidades penitenciarias aún sin identificar. El titular tuvo el valor civil de salir a dar la cara por el mayor escándalo de su cartera. Intentó atenuar la indignación al anunciar un obvio plan de recaptura. Pero no basta.

No basta, sobre todo a 21 meses de publicitados operativos para recuperar el control carcelario, de reiterados anuncios de requisas y controles carcelarios, de reincidencias en el ingreso de artículos prohibidos, incluidos celulares y terminales de internet. Ese círculo vicioso ya era motivo de preocupación y debía romperse a tiempo. Pero no se hizo. Además, la búsqueda de prófugos es un reproceso que consume recursos materiales y humanos del Estado que bien podrían utilizarse para el combate de otros pandilleros que aún están libres, que siguen extorsionando, sembrando terror en barrios y municipios, que ahora ocultarán a sus jefes criminales, prácticamente liberados por una porosidad corrupta que debió atajarse enérgicamente desde los primeros meses de este período de gobierno.

Hace una semana, cuando ya muchos de los prófugos estaban lejos de la cárcel, Gobernación presentaba una iniciativa de ley antipandillas, como reacción a la declaratoria del Barrio 18 como grupo terrorista por parte de EE. UU., un sello que ahora comparte con sus rivales, los salvatruchas. Ya era tarde.

Sí, ya era tarde. Pero también el Congreso, donde ayer se vociferaban oficiosos argumentos en favor de la “seguridad ciudadana” para avalar una iniciativa similar, entregada en el 2020 y dejada al olvido por el anterior oficialismo —los mismos que tenían mayoría y que hoy se dicen adalides de la mano dura—. Pero el oficialismo y sus presuntos disidentes también ya venían muy atrasados en el impulso de tipificaciones delictivas funcionales, condiciones carcelarias más estrictas a todo nivel, así como el combate de los negocios carcelarios de pandilleros, quienes afirman tener “permisos” gubernamentales. Lo mismo vale decir de los negocios de fachada en barrios y taxis pirata propiedad de pandilleros, que lavan así sus inmundos réditos de sangre. Para eso serviría también la reforma a la Ley de Lavado que los diputados tan justicieros evaden discutir y aprobar.

Este conflicto de intereses y dobles caras está aderezado con criterios timoratos y agendas de otras pandillas, electoreras, que pretenden comenzar la maratón del 2027. Arrastran sus propias prácticas extorsivas, tácticas gregarias, sus cobros indebidos —como el ilícito aumento aprobado a escondidas hace casi un año— y sus jergas demagogas para disimular sus fidelidades inconfesables. Que no crean que no nos damos cuenta. Sus acciones y omisiones previas son como tatuajes grotescos.

De regreso al Ejecutivo, el silencio presidencial es otro error garrafal. Quizá de un equipo de comunicación negligente o de una vana apuesta a que el tema se diluya. Pero no se diluirá. Son demasiado escabrosas las implicaciones y agobiantes los riesgos de tener a 19 sicópatas ocultos y tramando ofensivas violentas. Aumentan las voces que piden la dimisión o la destitución del ministro de Gobernación. Su continuidad acarreará un desgaste aún más difícil de evadir.

Paz llega con 20 países y muchas preguntas

Tue, 14 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

Paz llega con 20 países y muchas preguntas

¿Cómo se asegurará que la gobernanza de Gaza no vuelva a verse copada por la intolerancia antisionista de Hamás, que fue a la larga el gran detonante de la devastación?

Editorial

14 de octubre de 2025 | 00:05h

Tensa esperanza, alivio entre incertidumbres y muchas preguntas deja en el aire el acuerdo que pone fin a las hostilidades entre Israel y el grupo extremista Hamás. Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, las víctimas del lado israelí ascienden a cerca de dos mil fallecidos, según diversos reportes de octubre del 2025. La cifra incluye a las mil 200 personas, en su mayoría civiles, que murieron en la incursión inicial de Hamás. Este conflicto, además, ha dejado más de 67 mil palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños, pero cabe señalar que la ofensiva israelí ocurrió tras el mortífero y artero ataque de extremistas palestinos.

La ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh fue la sede del emblemático encuentro internacional, en el cual no estuvieron ni Israel ni la Autoridad Nacional Palestina. Previo a la cumbre, se produjo la liberación de rehenes israelíes sobrevivientes, así como de presos palestinos, como gestos de voluntad de cese de las hostilidades. La poderosa ofensiva israelí llegó a tener blancos en Irán, Qatar, Siria y Líbano, pero ello, sumado a la crisis humanitaria en Gaza, hacía ya inmanejable el desgaste político, diplomático y también económico.

Las acusaciones de supuesto genocidio y la intransigencia hamasista llegaron a poner el diálogo en punto muerto, literalmente. Hace un mes, un ataque de Israel contra líderes de Hamás en Qatar —un aliado clave estadounidense— parecía poner en peligro las conversaciones, pero fue la piedra de toque utilizada por la Casa Blanca para proponer, el 25 de septiembre último, un plan que ahora parece convertirse en la primera victoria diplomática efectiva de Donald Trump. Si dura el alto al fuego, quizá afiance su pretensión de un hipotético Nobel de Paz.

De hecho, el acuerdo se llama Declaración Trump para la Paz y Prosperidad Duradera, y contiene varias condiciones para las partes. La fuerza de los países testigos de honor hace esperar que se consolide la expectativa. Pero en honor a la verdad, quedan demasiadas cuestiones pendientes de resolver y que suscitan polémicas locales y geopolíticas.

¿Cómo se asegurará que la gobernanza de Gaza no vuelva a verse copada por la intolerancia antisionista de Hamás, que fue a la larga el gran detonante de la devastación? ¿Quién supervisará y reforzará que no se reconstruyan los búnkeres y túneles utilizados por ese grupo? ¿Qué sanciones habrá para personas o grupos que insistan en agredir a Israel o a Palestina? ¿Cómo se perfila la discusión acerca de la pretensión de un Estado palestino? ¿Cejará Irán y otros grupos como Hezbolá en su pretensión de destruir a Israel? Pensando en proactivo: ¿quiénes apoyarán y en qué proporción la reconstrucción de la infraestructura civil en Gaza? ¿Cuándo se concretará la entrega de israelíes secuestrados que murieron bajo inhumanas condiciones? Podemos ser optimistas respecto de esta firma que ojalá permita la recuperación de la tranquilidad en esta área tan sensible. El turismo, principal motor de ingresos para Israel, ha caído a niveles inusitados debido a los riesgos y advertencias de viaje de múltiples países.

Pero la historia no miente, y en Sharm el-Sheikh ya se han firmado previos acuerdos, que al cabo de los años se han roto por múltiples variables que se enraízan en una animadversión atávica y una disputa territorial complicada. Por ahora, lo urgente es permitir que fluya la ayuda humanitaria, en alimentos, atención médica, escolaridad y reconstrucción del tejido social. Cabe señalar que Irán no aceptó ir a la cumbre, pese a ser un actor clave de las pendencias.

Corrupción carcelaria también es terrorismo

Mon, 13 Oct 2025 06:06:00 +0000

Editorial

Corrupción carcelaria también es terrorismo

Este es el punto en el cual se comienza la transformación del Sistema Penitenciario y de ejecutoria de sentencias judiciales.

Editorial

13 de octubre de 2025 | 00:06h

Hay que adelantarse a las posibles excusas irrisorias siguientes: “que esta no es la primera fuga masiva de reos en Guatemala” o que se han producido otras “más numerosas”. Cada circunloquio utilizado ayer por el director del Sistema Penitenciario para divulgar la evasión de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, a lo largo de un plazo indeterminado, aumenta los cuestionamientos a la gestión de la seguridad ciudadana durante el actual gobierno, sobre los controles que supuestamente se han impuesto en los reclusorios y también acerca de las posibles acciones delictivas perpetradas por esos convictos, ahora peligrosos prófugos.

Varias fugas están escritas en el libro de la vergüenza del Sistema Penitenciario guatemalteco, pero ello no es un atenuante, sino un agravante, pues se conocen modos de operar. Nada excusa la labilidad, el descuido o la componenda que permitió la huida de extorsionistas, asesinos y psicópatas cuya captura y procesamiento llevó años. La brutalidad de los crímenes perpetrados por esta gavilla es un motivo más de indignación y repudio ante la obvia negligencia del manejo carcelario.

La reincidencia delictiva contrasta con la blandengue postura de jueces que han dejado ir varias veces a pandilleros, o como el caso de la juzgadora Mireya Batún, que hace casi un mes ordenó el traslado del peligroso cabecilla Aldo Dupié Ochoa a la cárcel Fraijanes 2, justo donde se produjo el escape. No está lejos cuestionar si tan oficiosa concesión podría haber llegado a coincidir con la secuencia de fugas. Tal pájaro de cuentas sigue en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, pero, a la luz de los hechos, las autoridades deberían efectuar una corroboración biométrica para comprobar si no les dejaron un “doble”.

Es previsible que en este día arrecien los pronunciamientos políticos y expresiones de indignación por esta garrafal falla penitenciaria, que podría agudizar represalias en contra de víctimas de exacción, denunciantes y testigos de procesos judiciales. Pero es necesario que tales diatribas se dirijan a la propuesta de soluciones, y no solo a los discursos farisaicos o demagógicos. Este es el punto en el cual se comienza la transformación del Sistema Penitenciario y de ejecutoria de sentencias judiciales.

Hace un par de semanas hubo partidos que clamaron por una declaratoria de los pandilleros como terroristas, similar a la de Estados Unidos. Pero lo que en realidad se necesita es una ley integral que permita enfrentar a estos grupos criminales, y el Ejecutivo presentó una iniciativa que el Congreso debería discutir y aprobar para hacer efectivo tal combate. Dicha propuesta incluye estamentos específicos sobre más prisiones de máxima seguridad, para que luego no aparezcan oficinas como la de la Tortura pidiendo consideraciones para convictos comprobadamente antisociales.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación que debe llegar a deducir responsabilidades civiles y penales en contra de quienes resulten involucrados en esta fuga. No se trata de una oportunidad para socavar al Ejecutivo, con el cual se han suscitado tantas animadversiones, sino de evidenciar y corregir taras, desatinos y discrecionalidades que permitieron este insulto a la justicia de tantas víctimas de las pandillas. Al regreso de su periplo, el presidente Bernardo Arévalo debe evaluar la pertinencia del equipo a cargo de esta área, que es literalmente un asunto de vida o muerte para la ciudadanía. Sobre todo porque es evidente que también la corrupción es una suerte de terrorismo.

Día de hermandad

Sun, 12 Oct 2025 06:04:00 +0000

EDitorial

Día de hermandad

Este es un día para descubrir nuestra riqueza multicultural presente.

Editorial

12 de octubre de 2025 | 00:04h

Durante mucho tiempo, el 12 de octubre fue llamado “día de la raza”: una denominación que entrañaba prejuicio y exclusión, sobre todo porque dicho término implicaría diferencias biológicas. Todos los seres humanos compartimos más del 99.9% de ADN: por lo tanto, las diferencias físicas o culturales no constituyen “razas” biológicas. Y esto es válido, sobre todo, ante agresiones claramente dirigidas contra un perfil determinado, como la ofensiva migratoria desatada en Estados Unidos hacia pobladores hispanos, incluyendo a residentes legales.

La hoy distante conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América desató un justificado cuestionamiento social, histórico y político, especialmente a partir de determinadas dinámicas de opresión, exclusiones y estereotipos prolongados —jamás justificados— por la inercia de la costumbre. Tal discusión llevó a una mirada más diversa, crítica y multicultural. El nombre ha variado: Día de la Hispanidad, del Encuentro de Dos Mundos, de los Pueblos Originarios, del Respeto a la Diversidad Cultural y más.

Nunca sale nada bueno de exacerbar la división o de subrayar las diferencias por encima de los valores comunes: la vida, el trabajo, la sabiduría, el respeto, la empatía, el cuidado de la naturaleza y la noción de una fuerza superior que ordena la existencia. No vamos a ahondar en abusos y arbitrariedades cometidos durante la época colonial, que los hubo. Pero, en esencia, hoy vivimos un Estado de derecho, de garantías ciudadanas equitativas y de derecho común a la libertad de expresión, independiente de las ideas de cada uno.

En efecto, la colonización española nos legó el castellano como lengua franca, pero, a la vez, es notorio en Latinoamérica cómo la Iglesia y las autoridades permitieron la coexistencia de culturas originarias, a diferencia de otras latitudes al norte, que no fueron tan tolerantes. En países como Guatemala no solo existen 22 pueblos mayas, en diversas proporciones poblacionales, sino también una mayoría de mestizos: una fusión de identidades que constituye, junto a las comunidades indígenas, la característica más poderosa de la región: su diversidad multicultural.

Es imposible, inviable e iluso querer deshacer la historia, que corre en un flujo unívoco. Es útil y constructivo revisar críticamente los criterios caducos y valorar la riqueza identitaria sobreviviente. El desarrollo humano integral es una aspiración de todos los pueblos y regiones de Guatemala, incluyendo a los pueblos maya, garífuna, xinca y ladino. Es una necesidad que no se ampara en definiciones de origen o raigambre cultural, sino en la dignidad inherente a cada guatemalteco.

¿Fue el 12 de octubre de 1492 un encuentro o una colisión de culturas? Cada persona y cada comunidad puede deducir su respuesta. Pero aún más acuciante es asumir la tarea de atajar los desafíos presentes en educación, salud, productividad y seguridad ciudadana. No estamos negando la historia, pero tampoco culpando al pasado de lo que debemos resolver en este preciso presente. Sí, es necesario respetar la identidad de los pueblos originarios y también la de aquellos que fueron surgiendo a lo largo de cinco siglos, un cambio que prosigue por efecto de la migración. Este es un día para descubrir nuestra riqueza multicultural presente.

Una luz que causa pavor al oscurantismo chavista

Sat, 11 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

Una luz que causa pavor al oscurantismo chavista

El Nobel a Machado es luz de esperanza para el pueblo venezolano.

Editorial

11 de octubre de 2025 | 00:05h

Como “la adversaria más detestada del gobierno chavista” fue descrita en 2005 por el New York Times la ingeniera, comunicadora y líder política opositora venezolana María Corina Machado (1967). Entre más de 300 perfiles, incluyendo el de un anhelante Donald Trump, Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha en favor de la recuperación del Estado de derecho, de las garantías universales y de un auténtico sistema institucional democrático en la atribulada Venezuela, nación sojuzgada por la dictadura chavista, encabezada por Nicolás Maduro, declarado ganador en unos comicios adulterados por la exclusión de candidatos y unos datos que ningún observador avaló.

Maduro era un perfecto donnadie, pero su servilismo le valió para ser designado sucesor en la satrapía, el 5 de diciembre del 2012, por el propio déspota Hugo Chávez Frías, quien murió tres meses después, a causa de cáncer. Machado había sido electa congresista en el 2011. Enarboló el reclamo contra los estropicios sociales, económicos, productivos, políticos e institucionales del despotismo chavista. En el 2014 fue despojada de su cargo, bajo una acusación burda de la dictadura.

En el 2023 fue electa candidata presidencial de la oposición venezolana por abrumadora mayoría. Los sondeos de opinión la colocaban con una preferencia arriba del 70%, debido a su ofrecimiento de devolver a los ciudadanos la libertad de actuar, producir y expresarse. El fanatismo madurista, temeroso del veredicto ciudadano, le impuso una turbia inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos y vetó su candidatura. Otros aspirantes también fueron excluidos, y Machado decidió apoyar al presidenciable Edmundo González, quien, según los datos, fue el ganador.

El autócrata y ególatra Maduro fue declarado vencedor de la única forma que podía ganar: con un fraude cometido a fuerza de complicidades, oscuras concesiones y, por supuesto, violencia represiva. Machado pasó prácticamente a la clandestinidad para proteger su vida. Pero aun así, sigue denunciando los abusos, las injusticias, el hambre y la represión política de la horda madurista, que cada vez es más brutal. Hace rápidas y valientes apariciones en barrios y comunidades para animar a los ciudadanos a resistir a la opresión y vencerla con la fuerza de la verdad, la dignidad y la paz.

El Comité del Premio Nobel enumeró, entre las razones para el galardón, su tenacidad en la búsqueda de una salida institucional al infernal laberinto en que Chávez, Maduro y voraces adláteres sumieron a una nación otrora próspera. En solo una década, más de ocho millones de venezolanos han huido de la miseria impuesta por una manga de insolentes que solo sirve a sus intereses y a los de grupos criminales. De hecho, este año, Estados Unidos nombró a este clan, el Cartel de los Soles, como organización narcoterrorista.

Cabe recordar que antes de la llegada del venenoso populismo chavista había problemas en la democracia venezolana. La clase politiquera, proclive a la corrupción y las transas, tuvo mucho que ver en preparar el pestilente caldo de cultivo para la dictadura imperante. Para aquellos que ilusamente supongan que el autoritarismo es una salida a las dificultades, vean a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Para esos corros tiránicos, el mayor veneno es el clamor de libertad que traspasa toda censura. El Nobel a Machado es luz de esperanza para el pueblo venezolano, y es a eso a lo que más teme el oscurantismo. Como dice el refrán: cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer.

El país de las oportunidades

Fri, 10 Oct 2025 06:05:00 +0000

EDITORIAL

El país de las oportunidades

La mejora de nota país de las calificadoras de riesgo coloca a Guatemala en el mapa de grandes compañías.

Editorial

10 de octubre de 2025 | 00:05h

Con frecuencia y durante muchísimo tiempo, el calificativo de “país de las oportunidades” suele asociarse con Estados Unidos, nación en la que actualmente y a pesar de los avatares de políticas migratorias radican al menos tres millones de guatemaltecos, con el correspondiente aporte de amor y responsabilidad a sus familias en forma de remesas, que apuntan a un nuevo récord. Pero este éxodo es inviable a largo plazo, debido a las crecientes restricciones a la migración, así como a los riesgos implícitos, el incalculable costo de familias escindidas por la distancia y la pérdida de potenciales productivos. En otras palabras, la ruta al desarrollo social, económico y productivo sostenible e integral pasa por la generación de inversiones locales y globales.

Se trata de una ruta de ascenso, y como tal tiene desafíos, sobre todo respecto de otras economías emergentes; se trata de un camino sinuoso, que —como dice la Biblia— debe ser enderezado; pero constituye una senda en la cual, a pesar de las dificultades, Guatemala ha podido avanzar en su capacidad competitiva y clima de negocios, gracias al trabajo tesonero de todos los gremios productivos, tal como lo señaló Charles Bland, presidente del sector empresarial organizado, durante uno de los discursos inaugurales del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2025.

En efecto, es impostergable un plan sostenido de transformación de la infraestructura vial, es urgente una estrategia de Estado para la ampliación de las instalaciones portuarias, es imprescindible una depuración y digitalización de los trámites para la inversión y toda actividad ciudadana. Es literalmente vital la modernización de la seguridad ciudadana y el Sistema Penitenciario.

Por supuesto, se necesita erradicar cualquier resquicio de corrupción, despilfarro, clientelismo o discrecionalidad en toda la administración pública; cesar la nefasta práctica de decretar presupuestos estatales desfinanciados, así como actualizar normas referentes al combate del lavado de activos, la emisión de nuevas leyes de contrataciones y de servicio civil.

Son grandes y graves los asuntos pendientes que la politiquería intenta relegar. Sin embargo, ya existen avances y proyectos, ya se tiene el consenso intersectorial en cuanto a que todos estos procesos son de interés nacional e histórico. Pero son precisamente esas necesidades no resueltas las que convierten a Guatemala en un país de oportunidades para el cambio y la transformación estratégica. Cada ciudadano, cada trabajador, cada empresario, cada funcionario tienen en sus manos la oportunidad de cumplir con su obligación e ir más allá, en favor del futuro de la Nación.

La credibilidad democrática del país, a pesar de los asedios necios de viejas guardias retrógradas, ha acrecentado la certeza jurídica de la inversión. La mejora de nota país de las calificadoras de riesgo coloca a Guatemala en el mapa de grandes compañías que buscan establecer plantas de producción en el territorio nacional, con la correspondiente provisión de empleos.

“Yo creo en Guatemala”, dijo una analista internacional de inversiones en el Enade. Y esa es precisamente la exclamación que se debe buscar, a largo plazo: no solo entre los capitales extranjeros, sino también y sobre todo en el niño, en el joven, en el universitario, en el emprendedor, para que el país sea aún de más oportunidades.

País necesita más energía para invertir y crecer

Thu, 09 Oct 2025 06:07:00 +0000

Editorial

País necesita más energía para invertir y crecer

Lo que está en juego no solo son unas bombillas encendidas, es la competitividad del país.

Editorial

9 de octubre de 2025 | 00:07h

La palabra energía tiene aquí un triple significado: empecemos por la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española: “Eficacia, poder, virtud para obrar”. Guatemala necesita ese impulso diario y constante de los ciudadanos, los sectores productivos, las instituciones e incluso del Estado. La segunda acepción señala: “Capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo”, ya sea energía proveniente de vapor, combustión o la electricidad que mueve electrodomésticos del hogar, maquinaria industrial, telecomunicaciones e imprescindibles sistemas digitales.

Una tercera acepción tiene un complemento: energía renovable. El tiempo límite y la contaminación de los derivados del petróleo o el carbón obliga a trazar nuevas formas de generación. Primero fueron las hidroeléctricas, pero dados los desbalances de lluvias y los avances tecnológicos, se ha fortalecido la opción fotovoltaica —paneles solares— o eólica, mediante turbinas de viento. Para la más reciente licitación de Potencia y Energía PEG-4, del 2023, se aprobaron y trazaron 11 nuevas plantas de generación de inversionistas privados, de las cuales nueve son solares, una hidroeléctrica y una eólica.

La mayoría de estos proyectos tienen previsto entrar a funcionar entre 2026 y 2027, pero debe haber nuevas licitaciones, con claridad de términos, para asegurar la solidez energética de Guatemala. Es notorio y desafiante el constante incremento de la demanda de electricidad domiciliar e industrial. En los discursos electoreros suena bien y suena fácil responder en foros y debates que se pretende “atraer inversión” para “generar oportunidades”. Pero ¿quién va a generar la energía eléctrica que moverá las inversiones, las oportunidades y las mejoras en los hogares de los trabajadores?

Y es allí donde incide la miopía de ciertas autoridades locales, que quizá por ignorancia, desinterés o incluso intereses subrepticios se oponen a la instalación de plantas generadoras de electricidad, las cuales podrían no solo transformar la vida de sus vecinos, sino convertir a sus municipios en polos de inversión descentralizada. Lo peor es que lo que sí generan es desinformación entre los pobladores. Un caso sintomático es una planta fotovoltaica trazada en una finca de Jalpatagua, Jutiapa, que aún no tiene permiso edil de construcción. La cerrazón del alcalde y los circunloquios para tratar de justificarse son preocupantes, a la vez que lesivos para el progreso de su misma comunidad a la que en campaña seguro ofreció ayudar a mejorar.

Sin embargo, también desde el Gobierno central se da una especie de “apagones burocráticos”; es decir, procesos de aprobación de licencias o estudios ambientales que rezagan el inicio de obras y de entrada en operación, lo cual aumenta los costos a las empresas y termina encareciendo el precio de la energía. Es ahí donde el Ejecutivo debe ponerle energía —bajo la primera acepción del diccionario— a la agilización de requisitos, permisos o análisis técnicos. Porque lo que está en juego no solo son unas bombillas encendidas, es la competitividad del país.

Finalmente, si no hay una red de transmisión suficiente, la electricidad no llegará a todas partes donde se necesite. Y vaya si Guatemala necesita de una mayor interconexión, tanto del área metropolitana como de otras regiones de gran potencial productivo. No solo es que la energía llegue —segunda acepción—, sino de que sea constante y segura: que el suministro no falle y cada vez alcance a más guatemaltecos, con eficiencia, para que tengan acceso a la electricidad y a la vez sientan la satisfacción de que es energía limpia y renovable.