El exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, pidió este miércoles 7 de septiembre al Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva una rebaja en la canción para mantener medidas sustitutivas.

El 29 de junio de 2021, el juzgado dictó arraigo y arresto domiciliario contra el exjefe edil con caución de Q500 mil, pero, además, había aportado otros Q500 mil de depósito al Organismo Judicial y ese monto fue el que solicito que se trasladara como caución, pero el Juzgado rechazó esa posibilidad.

Escobar está ligado a proceso penal por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Según la Investigación del Ministerio Público, el 29 de abril de 2016 se autorizó, de manera arbitraria e ilegal, la compra de dos fincas ubicadas en el km 24.5, sector Zacarías, Finca Bárcenas, Villa Nueva.

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Dichas propiedades fueron adquiridas a la entidad BENSELAR. S.A por un monto de Q14 millones 154 mil 600.

Estos terrenos fueron adquiridos con la finalidad de licitar el diseño, construcción y operación de un proyecto de relleno sanitario en el sector.

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De igual manera, esta planificación incluía el tratamiento de desechos en Villa Nueva, municipio que genera alrededor de mil toneladas de basura al día.

En las distintas sesiones por este caso, Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, reiteró que en todo momento cumplieron con los protocolos establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto.

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“Nos presentamos todos los convocados a este proceso para aclarar los hechos, demostrar que como Concejo Municipal cumplimos con todos los procesos y requerimientos que establece la ley para aprobar la compra de un inmueble, y reiterar que desde hace varios ya existía la necesidad real de construir un proyecto de relleno sanitario único en Villa Nueva”, declaró en su oportunidad el exjefe edil.

Según declaraciones de los acusados, esta compra fue aprobada por el Concejo Municipal de Villa Nueva, luego de seguir los procedimientos establecidos y confirmar que los mismos cumplían con los criterios técnicos para el funcionamiento del proyecto.

Asimismo, la alcaldía municipal reconoció que esta adquisición contaba con los dictámenes técnicos, jurídicos y presupuestarios requeridos, y la resolución de avalúo correspondiente realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, quedó bajo arraigo y en arresto domiciliario por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Turno de dicho municipio, el cual tiene a cargo un caso de corrupción, supuestamente cometido durante la compra de terrenos por parte de dicha comuna. El Exjefe edil también deberá pagar una caución de Q500 mil.

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Junto a Escobar también son procesados 11 exfuncionarios del Concejo por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por lo que en la audiencia de este martes se estableció cauciones económicas de entre Q100 mil y Q 500 mil, la obligación de presentarse al Ministerio Público (MP) a cada 15 días y la prohibición de comunicarse entre los imputados y acudir a la municipalidad de Villa Nueva “mientras dure el proceso de investigación que realizará el Ministerio Público”, informó una fuente judicial.

El exalcalde señaló que “vamos a luchar porque prevalezca el derecho” y reiteró que “ésta sigue siendo la oportunidad para evidenciar la necesidad de esta adquisición en 2016”.

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La Fiscalía Especial Contra la Corrupción informó que “se dictó auto de prisión preventiva en contra de Henrry Cohen Menéndez y fijó las siguientes medidas sustitutivas, arresto domiciliario con vigilancia de agentes de PNC mientras hagan efectiva la prestación de la caución económica, prohibición de salir del país sin autorización judicial, prohibición de acercarse a la Municipalidad de Villa Nueva y acercarse a personal de la misma, firma del libro a cada 15 días y la fijación de una caución económica de Q500 mil a Edwin Felipe Escobar Hill, de Q250 mil a Óscar Amed Juárez Sosa, María Teresa Gómez López, Sharol Ivonn Morales Chitay, Sergio Martín Ramírez Morales, Francisco René Pineda Flores, Edwin Geovanny Marroquín Martínez y Glenda Lili Santos Cabrera”.

Agregó que se impuso “una caución de Q100 mil a Dora Elizabeth Rodas González, Rudy Estuardo Álvarez Recinos y Mariaester Vaidez García, quedando pendiente resolver sobre las medias de coerción de los señores Danilo Raysuri Roca Murga y de la señora Matilde Argelia Rougue Chávez”.

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De acuerdo con información del Ministerio Público, el 29 de abril de 2016 se autorizó, de manera arbitraria e ilegal, la compra de dos fincas ubicadas en el km.24.5, sector Zacarías, Finca Bárcenas, Villa Nueva. Estas propiedades fueron adquiridas a la entidad BENSELAR. S.A por un monto de Q14 millones 154 mil 600.

Estos terrenos fueron adquiridos con la finalidad de licitar el diseño, construcción y operación de un proyecto de relleno sanitario en el sector. De igual manera, esta planificación incluía el tratamiento de desechos en Villa Nueva, municipio que genera alrededor de mil toneladas de basura al día.

Este viernes el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villanueva ligó a proceso a Edwin Escobar, exalcalde de la municipalidad, y ex miembros del Concejo Municipal de Villa Nueva por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por el caso de la compra de terrenos para la construcción de un relleno sanitario.

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De acuerdo a información del Ministerio Público, el 29 de abril de 2016 se autorizó, de manera arbitraria e ilegal, la compra de dos fincas ubicadas en el km.24.5, sector Zacarías, Finca Bárcenas, Villa Nueva. Estas propiedades fueron adquiridas a la entidad BENSELAR. S.A por un monto de Q14 millones 154 mil 600.

Estos terrenos fueron adquiridos con la finalidad de licitar el diseño, construcción y operación de un proyecto de relleno sanitario en el sector. De igual manera, esta planificación incluía el tratamiento de desechos en Villa Nueva, municipio que genera alrededor de mil toneladas de basura al día.

La Fiscalía contra la Corrupción logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Villa Nueva, ligara a proceso penal y en consecuencia dictó auto de procesamiento al ex concejo Municipal de Villa Nueva https://t.co/xMHZJR77QF

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 25, 2021

Durante las distintas sesiones por este caso, Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva, reiteró que en todo momento cumplieron con los protocolos establecidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto.

“Nos presentamos todos los convocados a este proceso para aclarar los hechos, demostrar que como Concejo Municipal cumplimos con todos los procesos y requerimientos que establece la ley para aprobar la compra de un inmueble, y reiterar que desde hace varios ya existía la necesidad real de construir un proyecto de relleno sanitario único en Villa Nueva”, declaró en su defensa el exjefe edil.

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Según declaraciones de los acusados, esta compra fue aprobada por el Concejo Municipal de Villa Nueva, luego de seguir los procedimientos establecidos y confirmar que los mismos cumplían con los criterios técnicos para el funcionamiento del proyecto.

Asimismo, la alcaldía municipal reconoció que esta adquisición contaba con los dictámenes técnicos, jurídicos y presupuestarios requeridos, y la resolución de avalúo correspondiente realizado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

La Jueza concedió un plazo al MP para concluir con la investigación, iniciada en mayo de 2017. De esta manera, la causa contra 14 exfuncionarios de la Municipalidad de Villa Nueva inicia una nueva etapa de indagación por parte de la Fiscalía Contra la Corrupción.

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La audiencia de primera declaración del caso seguirá el próximo martes 29 de junio, en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Villa Nueva.

La acción de los directivos ediles se registró luego de que algunos candidatos a presidir la Anam, y expertos en el tema municipal, afirmaron que Escobar no podía continuar en el cargo después del 15 de enero, porque dejará de ser alcalde y, por lo tanto, de pertenecer a la Asociación. Eso significaría 10 días sin presidente.

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Para zanjar este problema, que algunos consideraban como un vacío legal, la Junta Directiva se reunió este lunes 6 de enero en un restaurante de la zona 10, según explicó Escobar. Ahí también estaba Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, actualmente primer vicepresidente de esa Asociación y quien buscará dirigirla a partir del próximo 25 de enero.

Además de Ovalle, quien es apoyado por el presidente electo Alejandro Giammattei, en la carrera por la presidencia de la Anam también participarán Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, El Progreso, y Hugo Sarceño, de Puerto Barrios, Izabal.

Escobar informó que la “Junta Directiva de manera unánime, incluyendo a Ovalle, -decidieron- respaldar el orden legal y lo resuelto por el máximo órgano colegiado, como lo es la Asamblea Nacional -en enero del 2018- ” de acuerdo con lo que dictan los estatutos de la Anam.

Escobar sostiene sus argumentos en el acta notarial suscrita en enero del 2018 por el abogado Christian Guevara, en la que se hace constar que como presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Anam fue electo Edwin Escobar Hill, para el periodo del  27 de enero del 2018 al 26 de enero del 2020.

Escobar afirmó que los estatutos de la Anam son los que mandan y que con base a ellos hay que regirse. “Yo fui electo y fui nombrado representante. La municipalidad no es la presidencia de la Anam. La municipalidad de Villa Nueva es asociada de la Anam”, dijo.

Escobar aseguró que la Anam es una institución privada no lucrativa apartidista y los estatutos dicen que la asamblea ordinaria se “hace en enero cada dos años y en la misma se elige a la junta directiva, entonces, yo no puedo entregar a otro que no haya sido electo”.

Automática debe dejar la presidencia

Al extremo opuesto de Escobar está el consultor municipal, Mario Estrada, considera que Escobar debe entregar la presidencia de la Anam el próximo 15 de enero a Javier Gramajo -alcalde electo de Villa Nueva-, porque “la Anam es una asociación de municipalidades, no de personas”.

Estrada toma como base en los artículos 6, 8 y 9 de los estatutos de la Anam. “Estos son claros como el agua. Escobar entrega el cargo de alcalde el 15 de enero y automáticamente pierde todas las representaciones”.

Estrada remarcó que junto a Escobar deben dejar los cargo otros siete -de nueve importantes- integrantes de la Junta Directiva que van desde el presidente, vicepresidentes, tesorero, secretario y coordinadores. Los únicos que quedarían serían dos que fueron reelectos: Ovalle y Alfredo Lima Lam, alcalde de San José el Ídolo, Suchitepéquez.

Los esfuerzos por capturar los votos de las 339 municipalidades que integran la Anam -Moyuta, Jutiapa se retiró- mantiene ocupado a los ediles, pues dedican varios días de la semana para viajar a distintos departamentos y reunirse con grupos de alcaldes para explicarles sus planes.

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El ganador sustituirá al actual presidente Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, quien ocupó el cargo durante dos periodos, del 2016 al 2018  y del 2018 al 2020. El nuevo jefe de los ediles será juramentado el 25 de enero del próximo año.

Escobar afirma que la importancia de la Anam radica en que es la organización que representa a los 340 gobiernos locales, “que son una fuerza viva capaz de movilizarse con todas las comunidades del país”.

También, de alguna manera, tienen relación con la inversión en obra física de aproximadamente Q2 mil millones a través de los consejos de desarrollo.

Sin embargo, enfatiza que el mayor peso institucional se da porque la Anam tiene representación en 36 instancias oficiales como el Banco de Guatemala, Instituto Nacional de Electrificación, Registro de Información Catastral, Instituto de Fomento Municipal, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de Bosques, entre otras. “En estas instancias muchas veces somos el voto bisagra”, afirma.

La triada en pugna

Los tres alcaldes que se encuentran en plena pugna electoral son: Miguel Ovalle Barrios, jefe edil de Salcajá, Quetzaltenango; Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, El Progreso, y Hugo Sarceño, de Puerto Barrios, Izabal. Los tres dicen contar, por ahora, con el apoyo de al menos 100 colegas.

Ovalle Barrios es el actual vicepresidente de la Anam y recién ganó su cuarto periodo. Los últimos tres bajo la bandera del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) y el primero con la Gran Alianza Nacional. “Entre mis prioridades destacan la autonomía y la descentralización municipal, en lo cual se ha avanzado poco”, asegura.

Una de sus fortalezas es que cuenta con el apoyo del presidente electo Alejandro Giammattei, lo cual se evidencio el mes pasado cuando el próximo jefe de Estado lo presentó en una reunión donde participaron más de 200 alcaldes. “El doctor vio con buenos ojos mi propuesta porque soy un alcalde de la provincia y mi trabajo es un referente de lo que se puede hacer. Ocupamos el segundo puesto en el ranquin nacional que efectúa Segeplán”, afirma.

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Orellana, conocido popularmente como el Congo, fue reelecto por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y se consideraba ganador antes de que el partido perdiera la segunda vuelta y posteriormente capturaran a su excandidata presidencial y máxima líder, Sandra Torres.

En la actualidad es apoyado por el también uneista Enrique Arredondo, alcalde por tercera ocasión de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, y quien en las elecciones de la Anam del 2018 compitió contra Escobar.

En cuanto a ser el candidato de la UNE, Orellana dice que representa a todos los partidos que están unidos en la lucha contra el continuismo de Edwin Escobar en la Anam, y para devolver la Asociación a los alcaldes que no la quieren utilizar como un trampolín político para llegar a la Presidencia del país.

Orellana dice que su proyecto propone convertir a las municipalidades en el “cuarto poder” por lo cual propondrá iniciativas de ley para que los alcaldes tengan más ingresos y con ello puedan satisfacer las necesidades de sus pueblos. “Queremos incidir en la gobernabilidad del país y ayudar a gestionar a los alcaldes”, subrayó.

Sarceño fue reelecto por el partido Prosperidad Ciudadana, cuyo máximo dirigente es Escobar, quien intentó alcanzar la Presidencia con ese partido. Su periodo actual lo ganó con el partido Todos. Durante la campaña electoral pasada al jefe edil se le mencionó como precandidato presidencial del FCN- Nación, hecho que no se concretó.

Expone que su candidatura nació a raíz de una petición que le hizo un grupo de alcaldes que han valorado la gestión financiera privada que ha efectuado en Puerto Barrios que, incluso ha sido premiada. “No cuento con patrocinio de ninguna persona, como sucede con los otros. Escobar no me apoya porque está con el Congo -Orellana-“, asegura.

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Sarceño dice que luchará para que se modifique un artículo de la Ley de Presupuesto, para que los saldos de los Consejos de Desarrollo -fondos que no se ejecutaron en el año- no los quiten y puedan ser usados multianualmente y que se queden en la cuenta única de los tesoros de los alcaldes porque esa inversión era para que el país creciera en infraestructura. “Este año serán como Q1 mil 200 millones”, comenta.

Agrega que también buscará que regresen a las municipalidades el 1.5 del Presupuesto General que invertía el Fondo Nacional para la Paz en obras como carreteras, escuelas, tinacos y otras obras. “En la actualidad ese dinero se queda en el Gobierno y nosotros deberíamos invertirlo”, explica.

De acuerdo con fuentes ediles los tres tienen sus luces y sombras. Ovalle Barrios tiene como fortaleza la obra gris que ha construido en  Salcajá, mientras que Orellana el trabajo que ha efectuado con el equipo de futbol Guastatoya y su capacidad económica. Sarceño es considerado como un buen gestor.

Entre sus sombras, los tres tienen en común varias solicitudes de antejuicios en su contra, pero al final han sido declarados sin lugar por los tribunales de justicia.

Incidencia política y presupuesto

La Anam, a pesar de que es una asociación privada no lucrativa, es codiciada  por el contacto político que mantiene con los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como por el presupuesto anual que manejan y que asciende a Q12 millones, los cuales son aportados por las 339 corporaciones que la conforman.

El experto en poder local Edy Cifuentes dice que la Anam es un brazo político que puede ser útil al  Gobierno en momentos coyunturales. “Todos los presidentes han tenido una crisis en la cual tuvieron necesidad del apoyo de los gobiernos locales”, afirma.

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Uno de los últimos casos sucedió el 29 de agosto del 2017, durante una Asamblea Nacional de Municipalidades cuando el exalcalde de Guatemala Álvaro Arzú y Edwin Escobar, presidente de la Anam, dieron su respaldo al presidente Jimmy Morales sobre un supuesto Golpe de Estado. En la actividad participaron unos 200 jefes ediles.

Escobar reconoció en aquella oportunidad que respaldaban la decisión del gobernante de declarar persona “non grata” y expulsar del país al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. En su discurso Arzú señaló: “Yo firmé la paz, pero también puedo hacer la guerra”.

A criterio de Cifuentes, la Anam necesita reinventarse. “En este último periodo sus autoridades han impulsado  en esta entidad gremial, un  modelo de gestión inoperante y clientelar, que lejos de atender las demandas y necesidades de sus agremiados, la han convertido en un club social al servicio de intereses particulares.

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La CC resolvió la idoneidad legal de cargos a elección popular previo a las votaciones generales que se realizarán el 16 de junio próximo en un análisis amplio que efectuaron los magistrados.

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La candidatura a diputado por listado nacional del expresidente Alfonso Portillo con el partido de Bienestar Nacional rechazada por la CC, los magistrados no dieron con lugar el recurso de apelación que interpuso.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó la inscripción de Portillo porque no presentó los antecedentes policíacos. Además, el exmandatario no llenaba los requisitos de honorabilidad e idoneidad que establece el artículo 113 de la Constitución por haber sido condenado en Estados Unidos por lavado de dinero en el sistema bancario.

Taiwán le entregó cinco cheques cuyo total ascendió a US$2.5 millones y parte de esos recursos fueron depositados en cuentas de bancos estadounidenses.

Postulación de Briere

La postulación a diputado al Parlamento Centroamericano del Jean Paul Briere con el partido Encuentro por Guatemala fue avalada por la CC.

Briere había sido inscrito en el TSE, pero el partido Todos se opuso, a lo cual presentó un recurso de nulidad, que fue rechazado por los magistrados electorales. Posteriormente la agrupación política acudió a la Corte Suprema.

El caso actualmente se trasladó a la CC y resolvió a favor de Briere la apelación de un amparo de la Corte Suprema de Justicia a favor del partido Todos, que se opuso a la postulación.

Revés para Escobar

La candidatura presidencial de Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana recibe otro revés. La CC rechazó la “aclaración y ampliación” que interpuso la agrupación política para ratificar la postulación, los magistrados argumentaron que los recursos fueron “extemporáneos”.

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El 4 de junio pasado, el TSE revocó la candidatura de Escobar por invalidez de su finiquito, y ordenó a la Unidad de Medios de ese organismo suspender la pauta política del binomio.

Horas antes, el Juzgado Noveno Civil de la capital resolvió sin lugar el amparo de Escobar para obtener por esa vía el finiquito.

El caso llegó a ese juzgado porque la CC anuló el amparo de un juzgado civil de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, favorable a Escobar, con el que la Contraloría quedó obligada a entregar el documento, requisito para la inscripción.

No obstante, la Contraloría accionó ante el tribunal constitucional mediante un ocurso en queja, cuya resolución fue desfavorable al actual alcalde de Villa Nueva.

El origen de los problemas legales del político son hallazgos de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmueble (IUSI) de ese municipio.

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Ahora a Escobar, abanderado del partido Prosperidad Ciudadana, le quedan como instancias el amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, si no le fuera favorable, tendría la apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque el tiempo lo tiene en contra.

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Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya está en el proceso de impresión de papeletas para binomio presidencial a usar el 16 de junio.

El político insistía en que el tribunal no debió revocar la inscripción porque a la fecha todavía hay acciones legales pendientes por resolverse.

Aun este 7 de junio, Escobar presentó una ampliación de ese recurso de nulidad para que los magistrados lo consideraran, pero la respuesta fue no.

El fallo fue firmado por los magistrados Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, María Eugenia Mijangos y Mario Aguilar Elizardi.

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No obstante, la Contraloría accionó ante el tribunal constitucional mediante un ocurso en queja, cuya resolución fue desfavorable al actual alcalde de Villa Nueva.

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“El día de ayer (jueves) interpusimos un recurso de nulidad ante la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), hoy venimos a ampliarlo, el plazo se vence hoy”, dijo el aspirante a la Presidencia que llegó acompañado por seguidores y miembros del partido político.

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Según Escobar, el TSE “no debió revocar la inscripción de binomio presidencial por haberse tratado de una decisión no firme, porque a la fecha hay acciones legales pendientes por resolverse”.

Con el recurso presentado, Escobar espera que los magistrados dejen en firme su inscripción, así como la de Blanca Alfaro, candidata a la vicepresidencia.

Asegura que ha cumplido con todos los requisitos que exige la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Esta actuación no solo perjudica al partido de Prosperidad Ciudanana, sino también erosiona el sistema democrático del país sentando un antecedente peligroso para los procesos electorales por venir a futuras generaciones”, expresó.

El 4 de junio pasado, el TSE revocó la candidatura de Escobar por invalidez de su finiquito, y ordenó a la Unidad de Medios de ese organismo suspender la pauta política del binomio, además estableció que Escobar y Alfaro no aparecerán en la papeleta presidencial.

Dicha resolución la firmaron los magistrados Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Mario Aguilar Elizardi y María Eugenia Mijangos.

A su salida del TSE, Escobar anunció que viajaría a Quiché para continuar con el cierre de campaña, y seguir con las actividades que tiene programadas antes de la contienda electoral.

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Así lo resolvió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que revocó la candidatura de Escobar y Blanca Alfaro, binomio del partido Prosperidad Ciudadana.

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El tribunal ordenó a la Unidad de Medios de ese organismo que suspenda la pauta política de ese binomio, y establece que Escobar y Alfaro no aparezcan en la papeleta presidencial.

La resolución la firmaron Julio Solórzano, Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Mario Aguilar Elizardi y María Eugenia Mijangos.

Este caso es similar a lo ocurrido con Thelma Aldana, aspirante proclamada por el Movimiento Semilla, pues acciones de la Contraloría en el ámbito judicial dejaron sin validez el finiquito de Escobar.

Apenas horas antes, se hizo público que el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil resolvió no otorgar el amparo provisional para que la Contraloría otorgara el finiquito a Escobar, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulara la resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, que favoreció al jefe edil.

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El fallo del Juzgado Noveno fue confirmado por Mario Siekavizza, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ).

El juzgado argumentó que “las circunstancias no lo hacen aconsejable” y por no incurrir ninguno de los supuestos legales del artículo 28 de la Ley de Amparo.

En detalle, el 27 de mayo, el juez Gerardo Maza resolvió contra Escobar, quien un día después accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El 31 de mayo, el TSE requirió información al juzgado, que le dio una copia certificada del expediente.

El expediente sigue en manos del juzgado para una resolución definitiva.

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El 1 de mayo último, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el amparo provisional que recibió Escobar de un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, que le permitió obtener su finiquito e inscribirse para las elecciones del 16 de junio.

De esa cuenta el trámite del amparo continuó su camino, siempre de forma provisional, pero la Corte ordenó que este fuera resuelto por un juzgado capitalino y no uno escuintleco, por razones de territorio, tras lo cual al Juzgado Noveno de Instancia Civil le correspondió el expediente.

La CC resolvió con base en un ocurso de queja que presentó la Contraloría, la cual recibió la orden del juzgado escuintleco de otorgar el finiquito. En esa resolución también ordena que Audy Yanelli Arana González, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, sea investigada por la Supervisión General de Tribunales del Organismo Judicial, que sea denunciada ante la Junta de Disciplina Judicial para que sea sancionada y exponga este caso al Ministerio Público (MP) para que haga lo propio contra la juzgadora.

Esa jueza otorgó 33 amparos a 30 candidatos durante este proceso electoral, quienes en primera instancia no lo obtuvieron en la Contraloría.

En el ámbito judicial, y en su calidad de jefe edil, Escobar no tiene inmunidad porque la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió con lugar el retiro del antejuicio solicitado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por denuncias de 2017 de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).

“Voy a dar lucha”

Escobar comentó que aún no está fuera de las elecciones porque interpondrá un recurso de nulidad y, de ser necesario, acudirá a la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad.

“No ha sido fácil luchar contra la vieja política, constantemente presentan recursos, trampas, marrullerías, para cercar el paso de candidatos decentes, no soy el primero que han tratado, este proceso aún no está en definitividad, todavía quedan tres días para que yo presente un recurso de nulidad y esto puede continuar, y me sorprende porque quedan dos días para poder imprimir la boleta o sea que en ley debería estar en la boleta y no pueden revocar ese proceso”, dijo Escobar.

Añadió: “Para hacer lo que hicieron hoy -los magistrados- lo debieron haber hecho hace tres meses, están jugando con el electorado guatemalteco para que pueda elegir a las mejores opciones. Pero cuando empiezan a ver que alguien capaz, con experiencia y con liderazgo a nivel nacional y que pueda hacer la diferencia, la vieja política se activa, empieza a operar y a tener agenda mediática empieza a entorpecer los procesos”.

“Voy a continuar a dar la lucha. Tengo derechos constitucionales que hay que respetar, por eso la CC me dio un amparo provisional para defender esos derechos”, concluyó Escobar.

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En detalle, el 27 de mayo, el juez Gerardo Maza resolvió contra Escobar, quien un día después accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El 31 de mayo, el TSE requirió información al juzgado, que le dio una copia certificada del expediente.

El expediente sigue en manos del juzgado para una resolución definitiva.

El 1 de mayo último, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el amparo provisional que recibió Escobar de un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, que le permitió obtener su finiquito e inscribirse para las elecciones del 16 de junio.

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De esa cuenta el trámite del amparo continuó su camino, siempre de forma provisional, pero la Corte ordenó que este fuera resuelto por un juzgado capitalino y no uno escuintleco, por razones de territorio, tras lo cual al Juzgado Noveno de Instancia Civil le correspondió el expediente.

La CC resolvió con base en un ocurso de queja que presentó la Contraloría, la cual recibió la orden del juzgado escuintleco de otorgar el finiquito. En esa resolución también ordena que Audy Yanelli Arana González, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, sea invetigada por  la Supervisión de General de Tribunales del Organismo Judicial, que sea denunciada ante la Junta de Disciplina Judicial para que sea sancionada y exponga este caso al Ministerio Público (MP) para que haga lo propio contra la juzgadora.

Esa jueza otorgó 33 amparos a 30 candidatos durante este proceso electoral, quienes en primera instancia no lo obtuvieron en la Contraloría.

Hasta ahora Escobar está inscrito como candidato presidencial, a 12 días de las elecciones.

Escobar, actual alcalde de Villa Nueva, es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último.

En el ámbito judicial, y en su calidad de jefe edil, Escobar no tiene inmunidad porque la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió con lugar el retiro del antejuicio solicitado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por denuncias de 2017 de la Contraloría sobre posibles irregularidades en la tercerización del servicio técnico catastral para el cobro del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI).

“Estoy inscrito”

En conferencia de prensa, Escobar dijo que su inscripción está vigente porque no hay resolución que instruya al TSE para que la revoque, y señaló que esos obstáculos a su candidatura son porque tiene posibilidades de ganarle en segunda vuelta a Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

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Un convite donde participaron 20 mujeres y cuatro hombres inauguró el mitin que Edwin Escobar ofreció en el parque de Chicacao, Suchitepéquez.

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Pese a la época lluviosa y a una temperatura que alcanzó los 28 grados, las mujeres bailaron más de 30 minutos. Luego, con bombas cohetes se anunció la llegada de Escobar, dos veces alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Escobar participó en una breve caminata acompañado de la candidata a la Vicepresidencia, la exjueza Blanca Alfaro. También participaron los candidatos a la alcaldía de la localidad, José Ijchajchal, y a diputado, Julio Morán, actual vicepresidente del equipo de futbol Deportivo Suchitepéquez.

Frente al escenario estaban decenas de niños que disfrutaron de las bromas del payaso “Dulcito”, quien les obsequió globos y playeras con el logo del partido, un personaje blanco que sostiene un lápiz en la mano.

El parque estaba adornado para la ocasión. “Empezamos desde muy temprano a colocar las mantas y los lazos”, dijo uno de los organizadores. Pese al entusiasmo solo algunos vecinos escucharon el mensaje y los ofrecimientos de Escobar.

“Acérquense”, decía un hombre con el micrófono en mano. “Ustedes tienen los mismos problemas de hace años”. Ni la insistencia ni los lápices y playeras fueron suficientes para convencer a más vecinos de Chicacao para que se acercaran a la tarima.

Mensaje

“Le apostamos más a esa vieja política que se lo gasta todo en el centro. A ese gobierno que privilegia a empleados a amigos de diputados, a ministros y diputados de turno y se lo gasta todo ¿Le apostamos a eso? No, verdad”, mencionó Escobar al iniciar su discurso.

Después insistió con lo de la “vieja política”. “¿Cambiamos a ese gobierno? Sí, verdad. ¿Sacamos a esa vieja política y hacemos la diferencia? Sí, verdad. Les digo acá le vamos a ganar a esa vieja política en segunda vuelta. A ese partido que nos ha engañado ofreciendo miseria y regalando pobreza”.

Escobar dijo que participa en los foros y debates. “A ese foro presidencial no va a llegar la vieja política. Nunca llega, nos tiene miedo a los foros. Tampoco va a poder sobresalir el hijo de papi, el que nunca ha hecho nada, el que ha quebrado todo lo que ha hecho, por donde pasa quema dicen”, mencionó el candidato.

Ofrecimientos a los vecinos

Escobar ofreció la creación de centros de salud comunitarios en todas las aldeas de Chicacao así como farmacias municipales. “En Villa Nueva puse 13 centros y cada año se atienden 128 mil vecinos. Considero que hay que abrir cinco mil centros en todo el país para atender la salud”, dijo el también presidente de la Anam.

El presidenciable ofreció mejorar la educación y recordó que “uno de cada tres niños aprueba matemática; tres de cada 10, lenguaje y uno de cada cuatro, ciencias naturales. Y con los profesores las cifras son similares”.

En cuanto a la seguridad, Escobar prometió crear una policía comunitaria. “Que sean vecinos los que cuiden a los vecinos”. Cuando habló del empleo recordó su plan de gobierno para apoyar a 100 mil jóvenes en sus estudios, así como trabajo compartido. También un bono de Q500 mensuales a las mujeres con la condición de aprobar los cursos de cocina, confección y manualidades que prevé instalar.

Por último, el candidato de Prosperidad Ciudadana ejemplificó que al cambiar las bombillas de alumbrado eléctrico con lámparas ahorradoras reducirá la factura de tasa municipal que pagan los vecinos que, afirma, es de Q40 mensuales por casa.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió el 1 de mayo pasado anular el amparo provisional que recibió por parte de un juzgado en Escuintla, que le permitió obtener su finiquito con el que se inscribió en el actual proceso.

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Pero actualmente no se tiene certeza si el documento tiene validez, aunque el candidato presidencial ha argumentado que este sigue vigente y que no tiene ningún problema para seguir con su candidatura.

La Corte ordenó, además, que el trámite se redireccionara por razones de territorio y por esto el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil fue asignado por sorteo por el Centro de Servicios Auxiliares para la Administración de Justicia del Ramo Civil, para que conozca el amparo.

Sin embargo, la mañana de este viernes el personal de ese juzgado informó a Prensa Libre que el expediente aún no ha llegado, por lo que no contaban información al respecto.

Se desconoce la razón por la cual el expediente de Escobar, actual alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), se ha retardado en llegar al juzgado que decidirá si otorga nuevamente el amparo.

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Contraloría no aclara duda

Prensa Libre buscó la postura oficial de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la pregunta concreta fue si la decisión de la CC hacía que el finiquito de Escobar quedara sin validez.

Pero, la oficina de Comunicación Social de la Contraloría informó que consultaría con las autoridades de la institución para saber si darían una respuesta o si la misma debía pedirse a través de una solicitud de libre acceso a la información pública.

Al final de la tarde la Contraloría no respondió al requerimiento de información.

Continúa campaña

En múltiples ocasiones y por distintos medios, Escobar sostiene sigue compitiendo por la Presidencia y ha asegurado que es falso el que la CC haya revocado el finiquito.

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“Es falso decir que se ha revocado el finiquito. La resolución de este ocurso de la Contraloría con el amparo de Escuintla es reconducir la vía de amparo con lo cual se mantiene los derechos constitucionales protegidos en esa medida interina, por lo cual se mantiene vigente el finiquito, así como mi inscripción”, afirmó horas después de conocerse la resolución de la CC.

“Desafortunadamente filtran esta información hoy para generar opinión y criterio equivocado porque en ningún momento  —la CC— resuelve derogar el finiquito, simplemente reconduce la vía del amparo a la vía adecuada”, argumentó el jefe edil.

De hecho, desde que la CC emitió el fallo Escobar continuó con su campaña electoral e incluso este continuó con su actividad proselitista en Petén donde discutió sobre los desafíos que tiene el departamento y sus propuestas para solucionarlos.

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Esto después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulara el amparo provisional que el 16 de marzo del 2019 le otorgó la jueza Audy Arana González, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, constituida en tribunal de Amparo, para que la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) le entregara su Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, más conocida como finiquito.

De acuerdo con esta resolución, según fuentes consultadas, lo que tiene que hacer el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, es ejecutar por mandato lo que ya dictó la CC, en cuanto a si le otorga o no el Amparo Provisional, sobre el fondo del asunto como lo es el finiquito, “aunque la CC ya anticipó el camino”.

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De acuerdo con el analista político Rezo Rosal, lo que hizo la CC fue retrotraer el caso hasta antes de la resolución que emitió la jueza de Escuintla y que será a partir de lo que decida el juez Noveno, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en su momento, determine retirarle la resolución por la cual quedó como candidato, pero bajo el entendido de tener un finiquito que no corresponde.

Finiquito está vigente

Sin embargo, en conferencia de prensa Escobar aseguró que su finiquito se encuentra vigente y que por lo tanto sería ilegal que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anulara su inscripción. “Esta es una resolución de un ocurso que no tiene nada que ver con el amparo provisional que la CC me otorgó, para garantizar mis derechos constitucionales para participar”, afirmó.

En su defensa el presidenciable de PC resaltó que en ningún lugar la resolución cita que se revoca su finiquito. “Lo que dice la resolución en el primer numeral es que se enmienda el procedimiento para mejor un proceder en el amparo provisional que se me otorgó y en el tercer punto, que es lo más importante, dice que se desestima el recurso de apelación interpuesto por el secretario general de CGCN”.

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Con esta resolución, según Escobar, su Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, sigue firme y como consecuencia su inscripción. “El único que puede revocar mi finiquito es la Contraloría y el único que puede revocar mi inscripción es el TSE, pero para eso hay un amparo provisional que me otorgó la CC en forma unánime”.

“La vieja política”

Durante la conferencia de prensa el presidenciable acusó reiteradamente a la “vieja política” de pretender dejarlo afuera de la contienda electoral y señaló puntualmente el hecho de que el viernes por la mañana en algunos medios de comunicación electrónicos falsos se difundió la resolución de la CC afirmando que había quedado fuera del proceso electoral con el objetivo de generar opinión negativa hacia él.

Señaló como un hecho ilegal la difusión de la resolución, porque fue hasta las tres de la tarde cuando se dio a conocer el fallo a los medios de comunicación. “La nota de los medios falsos fue hecha a las 9. 21 horas y la CC publicó esa resolución, que fue emitida el 1 de mayo, hasta las tres de la tarde en un chat de periodistas”, afirmó.

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El fallo de la Corte anula el amparo provisional que el 16 de marzo de 2019 otorgó Audy Yanelli Arana González, jueza de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, constituida en tribunal de amparo, para que la Contraloría entregara el finiquito a Escobar, actual alcalde de Villa Nueva.

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De esa cuenta, Escobar queda ahora sin ese requisito para estar inscrito en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El trámite del amparo solicitado por Escobar debe seguir su trámite en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, el cual fue asignado por sorteo por el Centro de Servicios Auxiliares para la Administración de Justicia del Ramo Civil, luego de que la jueza escuintleca remitió el expediente a la capital, por razón de territorio.

Al Juzgado Noveno la CC le ordena “reconducir las actuaciones por la vía adecuada” y le dio 48 horas después de ser notificado para que pidiera los antecedentes del caso a fin de resolver.

Escobar reclamó en el amparo que la Contraloría hizo una “negativa verbal” cuando él fue a solicitar el documento, como legalmente como constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos.

La Corte también ordena a la Supervisión de General de Tribunales del Organismo Judicial investigar a la jueza, la denuncie ante la Junta de Disciplina Judicial para que sea sancionada y exponga este caso al Ministerio Público (MP) para que haga lo propio contra la juzgadora.

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“No pasa desapercibido a esta Corte que en reiterados casos -Arana González- ha actuado en contravención directa a las disposiciones de carácter procesal sobre temas de jurisdicción y competencia regulan la Ley de Amparo y el auto acordado 1-2013 de la CC”, amonestaron los magistrados.

El fallo fue firmado por los magistrados titulares Bonerge Mejía, Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, Neftaly Aldana y Dina Ochoa.

Así, Escobar se suma a Zury Ríos, Mauricio Radford y Thelma Aldana, cuyas candidaturas aún tienen pendientes de resolución en este mismo tribunal para contender en los comicios del 16 de junio.

“Aún tengo finiquito”

Escobar manifestó que es falso que la Corte haya revocado su finiquito, por lo tanto su inscripción sigue vigente.

“Es falso decir que se ha revocado el finiquito. La resolución de este ocurso de la Contraloría con el amparo de Escuintla es reconducir la vía de amparo con lo cual se mantiene los derechos constitucionales protegidos en esa medida interina, por lo cual se mantiene vigente el finiquito, así como mi inscripción”, señaló.

Añadió: “Desafortunadamente filtran esta información hoy para generar opinión y criterio equivocado porque en ningún momento -la CC- resuelve derogar el finiquito, simplemente reconduce la vía del amparo a la vía adecuada”.

El candidato considera que existe mala fe porque la resolución fue notificada el 2 de mayo y resulta que medios digitales empezaron a replicar la información falsa.

“La mala fe se da porque no hemos sido notificados, y creemos que la resolución salió del TSE, porque la magistrada María Eugenia Mijangos es la que andaba promoviendo que se revocara mi inscripción, porque ellos fueron notificados el 2 de mayo”, señaló Escobar.

Por el momento la magistrada Mijangos ya fue consultada, pero dará declaraciones más tarde.

Según Escobar, se está utilizando su caso para desviar la atención mediática que estaba acaparada por las actuaciones de Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), contra elPeriódico.

La resolución

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Edwin Escobar, candidato presidencial por el partido Prosperidad Ciudadana, asegura que la única manera de cambiar el destino del país es apostarle a un Estado municipalista descentralizado, con lo cual los recursos llegarían a las personas que realmente lo necesitan, además de que eso promoverá la fiscalización por parte de la población.

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Escobar reconoce que ese es un trabajo que tardará varias décadas, por lo que es importante comenzar con el cambio.

El presidenciable participó ayer en el programa Sin Filtro Electoral, de Prensa Libre y Guatevisión.

¿Por qué quiere ser presidente de Guatemala?

Un hombre que quiere hacer gobierno público tiene que tener amor en su corazón, porque si no, no sirve. Vengo de ser académico y empresario. Me formé para tener éxito como empresario. La vida se trata de tener, hacer y pretender ser alguien.

A mis 27 años descubro que lo importante en la vida es ser apasionado por algo, amar algo profundamente y obtener cualquier cosa que nos propongamos.

Eso me tiene aquí parado hoy con ustedes hablando de política. He pedido sabiduría y humildad, porque yo no me había preparado para ser político, yo venía de ser empresario y de dedicarme a mi familia y a mis cosas, y no en el servicio para los demás.

Usted propone la descentralización como eje de trabajo. ¿Cuál sería el papel del presidente?

En el rol de descentralizar el Estado, el Gobierno Central tiene un rol muy importante, es el facilitador, el rector de las políticas, es el supervisor y fiscalizador de las mismas.

Un Estado municipalista no se construye en un gobierno, llevará seis u ocho gobiernos. EE. UU. tuvo un cambio trascendental hace 103 años, cuando profesionalizaron los municipios. En el caso de México, hace 75; Colombia, hace 50, y Chile, hace 30 años.

Descentralizar implicará darle a los gobiernos locales los recursos, los programas y los proyectos para que ellos ejecuten a nivel local, teniendo la capacidad de brindar servicios públicos dignos en salud, educación y seguridad.

El alcalde es el responsable con su corporación a nivel local de administrar los recursos en salud, educación y seguridad, y por eso serían más efectivos.

El Gobierno Central sigue siendo el rector de la políticas. Hay cosas que no se pueden descentralizar, como la seguridad nacional, las relaciones exteriores, el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. La descentralización es el reto central.

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¿Cuáles son las acciones que su gobierno emprendería?

Las acciones son atracción de la inversión para generar empleo, que nosotros le llamamos prosperidad económica.

La segunda es gobernanza y certeza jurídica, que es generar las condiciones para que sea confiable invertir en Guatemala e invertir con reglas claras para poder gobernar.

La tercera es seguridad y justicia, para poder generar esa confianza y certeza jurídica. Tenemos que entrarle de frente a la seguridad y justicia.

El cuarto es participación ciudadana, porque si no participa el vecino en este proceso desde el Comude y el Cocode no hay una corresponsabilidad en la descentralización.

Quien mejor fiscaliza y ayuda al Gobierno central en la ejecución de programas es la comunidad organizada y el propio vecino.

Por último está la inclusión social. Esto lo que busca es garantizar que nadie esté en extrema pobreza, desnutrición crónica infantil.

No solo la Presidencia es importante, el Congreso también. ¿Cuál es su propuesta para trabajar con el Poder Legislativo?

Cuando digo Estado municipalista descentralizado me refiero a todas las instituciones dentro del Estado de Guatemala, incluyendo la institución de la persona, la familia, como también de la comunidad, municipio y departamento, los tres poderes del Estado y demás instituciones.

Entonces, un Estado municipalista requiere de un sinnúmero de alcaldes que tengan la visión de que son ellos los responsables de ejecutar a nivel local.

El ejemplo chileno: ellos ejecutan el 25 por ciento a nivel central y son rectores de las políticas de salud, seguridad y desarrollo económico social, pero el ejecutor de esas políticas es el gobierno local y regional.

Entonces, la capacidad de gestión de los municipios hay que elevarla, y eso nos va a llevar 30 años, pero ya hay alcaldes que están listos para esto.

También requiere de un Congreso fuerte con diputados y bancadas que entienden la importancia de descentralizar el Estado.

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¿Cómo garantizará que el gasto sea bien utilizado?

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene un presupuesto de Q1 mil cien millones, pero muy pocos sabrán cuánto compró de frijol, aceite y harina y a quién le entregaron los beneficios, porque el Gobierno Central tiene la mentalidad de que ellos saben a quién dárselo y a quién comprárselo.

Si hacemos más pequeño el Mides, porque este delegará su función a los municipios en el alcalde, con el Comude y con participación ciudadana tendrá que decidir a qué vecinos se priorizará.

A un alcalde no le perdonan un bache, la falta de agua en una escuela, medicina o doctor en el centro de Salud.

¿Qué hará para resolver la problemática del alumbrado público?

La solución está en el Congreso, como una iniciativa que preparamos en la Asociación Nacional de Municipalidades, y algunos diputados nos apoyaron.

Lo que propone la iniciativa es una tasa de alumbrado público porcentual al consumo, en los territorios de la Empresa Eléctrica, que es un VAD (valor agregado de distribución) menor, por eso la propuesta de la tasa va de entre el 10 y el 15 por ciento.

Entonces, si paga Q60, pagará Q6 de alumbrado público. Eso es razonable, o por mucho se pagarán Q9, pero dependerá del municipio; eso se debe a la infraestructura de lámparas, la distribución y el mantenimiento de las mismas.

En esa misma ley estamos pidiendo que para los grandes usuarios haya una tabla por valor potencia. Eso no limita a que los pequeños y medianos empresarios puedan poner una fábrica en el interior y pagar una gran tasa.

Tercero es aplicar la ley. Creo que a este Estado le ha faltado el valor para perseguir a los delincuentes que se roban la luz.

Me parece inaudito que hayan hecho del robo de la luz un movimiento como Codeca y con ello un partido político que hoy está postulando candidatos, que si tuvo retraso en la inscripción es porque no presentaban papelería de la sede de Codeca, porque no tenían recibo de luz, porque se la estaban robando.

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¿Es injusto el cobro en ciertos municipios?

Claro. Las tasas de alumbrado público en algunas partes es muy alta, y en parte es porque el Estado no ha facilitado condiciones; por ejemplo, hay algunas municipalidades que todavía tienen lámparas de gas de mercurio, que son muy caras para el consumo; hay que pasarlas a vapor de sodio eficiente.

En un experimento con un alcalde cambiamos todas las lámparas. Se ahorró dinero, con el cual se logró pagar la deuda a la empresa eléctrica y con eso restablecer el servicio de electricidad para sus pozos y la propia municipalidad. Soluciones hay, lo que falta es voluntad política.

Mencione tres cosas que hará durante su gobierno.

En salud, los hospitales hacinados no funcionan. Qué hicimos en la Municipalidad de Villa Nueva: centros comunitarios de salud municipal cerca de la gente. Esa atención primaria en salud ha reducido la incidencia de vecinos que van a los hospitales nacionales.

Hoy se atiende a más de 128 mil pacientes.

En el tema de seguridad, también en la comuna de Villa Nueva, implementamos desde el 2012 lámparas, cámaras, parques abiertos seguros, monitoreo inteligente donde puede denunciar anónimamente.

Pusimos fuerzas de tarea de operación donde hay un policía armado municipal, un soldado y un PNC. Ese patrullaje combinado ha reducido los homicidios un 34% en Villa Nueva.

Educación. En este tema hoy los alcaldes hacemos más y mejores escuelas que el Gobierno Central.

Algunos municipios están listos para que se descentralice el presupuesto, que se les asigne para construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de escuelas, pero también para que se asigne el presupuesto para pagar la planilla educativa.

Hemos implementado 12 centros de capacitación para la mujer con 60 cursos municipales para emprender. Tenemos 57 mil personas educándose en Villa Nueva.

Cuando se descentraliza cambia la forma de gobernar, porque el problema es que la gente no encuentra en su comunidad estos servicios dignos.

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Habla del ejemplo de Villa Nueva. ¿Cómo ejecutará esos programas en municipios alejados, donde es difícil implementarlos?

Esa mentalidad es la que nos tiene como estamos, quieren resolverlo de arriba para abajo, y que solo el centro sabe cómo.

Hay que darle la capacidad a todo el país de generar sus soluciones.

Este modelo es darle a cada uno (municipio), acompañar este proceso de descentralización.

Nos va a llevar 30 años, pero hay municipios que van a sorprender, pequeños, pero tienen una capacidad mayor que otros urbanos.

¿Cree que es posible hacerlo en cuatro años, teniendo en cuenta que muchos alcaldes no serán de su partido?

No tienen que ser de mi partido. Voy a gobernar con todos los alcaldes que este proceso electoral me dé… Hay buenos alcaldes, hay buenos municipios con capacidad de gestión elevada.

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¿Cómo limpiaría las instituciones de corrupción, estaría de acuerdo en una Cicig nueva o reformada?

Entre más visible es un programa, más transparente, menos discrecionalidad y menos corrupción, esa es la filosofía.

Estamos implementando lo que son las Casas Municipales de la Justicia. La ausencia de Estado también va de la mano con la falta de acceso a justicia, la gente no solo está migrando por la falta de trabajo y educación, no tienen justicia en su territorio.

No es modelo nuevo, ha funcionado en el resto de Latinoamérica y estoy implementando a penas la primera en Villa Nueva.

Crearemos ocho fiscalías regionales contra la corrupción, queremos que estén cerca de los territorios de las ciudades intermedias.

Por último, una fiscalía internacional contra la corrupción, contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Es importante aceptar que la capacidad no la tenemos localmente para tener efectividad en las investigaciones como en el caso del narcotráfico y crimen organizado.

Llámele como quiera. La Cicig cierra en septiembre, y en enero estoy abriendo una nueva fiscalía contra la corrupción con apoyo de los países cooperantes, con las agencias internacionales que nos pueden ayudar a ser efectivos y eficientes como se ha demostrado en los últimos casos.

¿Qué opina de los narcoalcaldes?

Tienen que ir presos. Pero ese problema de los narcoalcaldes, ¿son los alcaldes el problema? Fue el pueblo el que los eligió, o es la falta capacidad o de voluntad institucional del Ministerio Público y de los entes de investigación.

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¿Cree que el gobierno no sabe qué alcaldes están metidos?

Hace cuanto denunciaron al alcalde de Ayutlá, Tecún Umán, Erik Suñiga cuando fue candidato de Creo hace tres elecciones y lo sacaron, ahora están pidiendo extradición, han pasado tres gobiernos, y ese hombre solo se fortaleció allí en la frontera.

¿Cuál será el papel del Ejército durante su gestión?

Tienen que cumplir con su gestión de garantizar la seguridad de las fronteras, apoyar en la lucha contra el narcotráfico, apoyar con el resguardo de instalaciones estratégicas del país, hoy no está pasando eso.

Nos deben seguir apoyando en seguridad ciudadana. La gente confía en el Ejército para que salga a las calles, aún así no están capacitados y entrenados, por eso combinarlos con una policía comunitaria es la forma inteligente de sacarlos a las calles.

Tenemos que comenzar a aplicar tecnología, empezar un gobierno electrónico que garantice más transparencia en todo lo que pasa por nuestras fronteras y evitar esa corrupción que se genera en esas instancias de poder.

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¿Quiénes son sus financistas y cómo puede garantizar que no ha recibido o ser señalado de recibir dinero ilícito?

Soy respetuoso del estado de derecho y de las leyes, igual todo mi equipo. El partido es nuevo, eso nos quita cualquier duda de si hay financiamiento ilícito, eso puede venir de la corrupción, narcotráfico, crimen organizado o del mismo Estado de Guatemala, estamos libres de eso.

Nuestro financiamiento no llega ni a Q2 millones. Son pequeños aportes de empresarios, es un partido municipalista.

¿Cuál es su mensaje final?

Junto con Blanca Alfaro queremos construir un estado municipalista descentralizado, queremos garantizar que la comuna, ese pueblo, esa aldea donde usted vive tenga la capacidad de brindarle servicios públicos dignos, educación, salud, seguridad, porque el gobierno central no lo hizo.

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Alianzas público privadas

Escobar asegura que apostar por ese tema libera al Gobierno Central de atraer inversión para concesionar algunas rutas paralelas, porque “no podemos dejar de darle libre movilidad al guatemalteco en rutas nacionales, que nos permita agilizar el transporte y la productividad”.

Atraer inversión y empleo implica apostarle a la infraestructura; además, es un reactivador económico. También implica facilitar el acceso a esa educación que tenemos que llevar para transformar la fuerza laboral para la cuarta revolución.

El candidato indicó que es necesario adquirir deuda pública para poder hacer la inversión que sea necesaria y empezar obras que se van a tardar de dos a cinco años en ser construidas y que lo que urge es un corredor logístico.

“Será el siguiente gobierno el que termine de inaugurarlas, pero importante rescatarla”.

“No se vale que con los impuestos de combustible que pagamos hayamos destruido una infraestructura que nos dejaron alcaldes presidentes en el pasado. Se perdió y se perdió con gobiernos que eran incapaces de ejecutarlo”, criticó el presidenciable.

Dijo que por eso “las rutas municipales e intermunicipales se les van a entregar a los municipios, porque a un alcalde no le perdonan”.

“Darle 50 centavos más a los municipios de los Q0.20 que ya recibe entre todos los municipios nos va a permitir Q1 mil 300 millones, que van a garantizar el bacheo y recapeo de las rutas municipales e intermunicipales”, declaró Escobar.

Leyes

Edwin Escobar considera que la Ley de Descentralización y otras no han cumplido su cometido.

“Aún no han funcionado, porque esas leyes tienen hoy 18 años, la Ley de Descentralización, de Consejos de Desarrollo, el Código Municipal, pero los gobiernos que han partido de esas tres leyes no han tenido la voluntad política de descentralizar”, dijo.

Escobar critico que la agenda de descentralización se aprobó en diciembre del 2017, la cual permite a los jefes ediles solicitar desde un municipio al Gobierno Central que le delegue proyectos de salud, seguridad y educación, entre otras funciones del Gobierno Central.

PING-PONG

Qué es lo que piensa cuando se le mencionan nombres, situaciones o enunciados.

1. Pacto de Corruptos:       Algo que se hizo alrededor de Jimmy Morales después de que los alcaldes lo salvamos de una crisis política y del cual no somos parte. Lo hicieron los diputados, y es el término que he usado a la alianza legislativa que ha manipulado entes de control llevándonos a un proceso que parece más de selección que de elecciones.
2. Anam:  Oportunidad para fortalecer la capacidad de gestión a nivel local en todos los municipios del país, profesionalizar y tecnificar la administración pública.
3. Transfuguismo: Lo que ocurre en un Congreso cuando no hay leyes. Ahora, reformado, permite dejar las bancadas unificadas con un criterio de ideología.
4. Municipalidad de Villa Nueva: El lugar donde aprendí a trabajar cerca de la gente como alcalde y como presidente del Comude.
5. Libertad de prensa: Un derecho necesario en el mundo.
6.  Pena de muerte: No puedo estar en contra, estoy a favor, aunque no se puede ejecutar. La solución es la prisión permanente revisable, que es garantizar que estos monstruos no vuelvan a salir de la cárcel.
7. Migrantes: Un tema que tenemos que resolver por falta de oportunidades de trabajo, educación y mejores servicios. Los migrantes son producto de la incapacidad del Estado de brindar oportunidades.
8. Ministerio Público: Necesario y hay que fortalecerlo para seguir aplicando la justicia.
9. Jimmy Morales: No fue el Gobierno de transición que esperábamos; espero que el próximo sí sea.
10. Oposición política: Yucas, tienen cooptados todos los entes de control desde la Contraloría, el OJ, magistrados en la CC y el TSE, además de otras instancias.
11. Líder y Manuel Baldizón: Una mala pasada.
12. Corrupción: Hay que eliminarla y seguir luchando contra eso.
13. Conflictividad: Hay que buscar espacios de diálogo y soluciones.
14. Taiwán: Hay que mantener buenas relaciones con Taiwán, pero también hay que mantenerlas con China, que es el futuro del comercio mundial.
15. Donald Trump: No hubiera votado por él, pero hoy me quito el sombrero, ya que es impresionante cómo ha cumplido con sus promesas de campaña, aunque no estemos de acuerdo con su forma de hacerlo, al pueblo de EE. UU., lo está cumpliendo.
16. Ley de Reconciliación: Hay que revisarla y ser justos con los héroes de la patria, pero también perseguir cualquier crimen que exista.
17. Finiquito: Corrupción en la Contraloría es una de las instancias que debemos ir a depurar. Se volvió un negocio, no digamos en estas elecciones. Es un derecho constitucional.
18. Antejuicio: Necesario para garantizar que el funcionario cumpla con su rol público, pero eso no debe de limitar la investigación.
19. Transurbano: Fracaso
20. Contraloría General de Cuentas: Hay que depurarla

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Las acciones las presentaron las organizaciones políticas por considerar que Escobar, proclamado por Prosperidad Ciudadana, no tiene la idoneidad para ser candidato presidencial por tener varias denuncias que presentó la Contraloría General de Cuentas en su contra por irregularidades en los recursos municipales de Villa Nueva.

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Los votos favorables fueron de los magistrados Julio Solórzano, Mario Aguilar Elizardi, Rudy Pineda y Jorge Mario Valenzuela, el voto razonado es de María Eugenia Mijangos.

El 31 de marzo, el TSE admitió para su trámite los recursos de nulidad presentados por Javier Hernández, secretario general de FCN-Nación, y Byron Rodríguez, secretario general del partido Todos, contra la candidatura de Escobar.

Ambos partidos argumentaron que Escobar tiene denuncias penales presentadas por la Contraloría y por lo tanto no debería contar con finiquito, el cual el aspirante obtuvo a través de un amparo.

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Para conocer el caso, los jueces electorales solicitaron información al Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, para que informe sobre el estado del amparo otorgado; a la Contraloría General de Cuentas, para que informe si ha presentado denuncias en contra de Escobar, y a la Corte de Constitucionalidad para saber si existía recurso o remedio procesal en contra del amparo otorgado a Escobar.

La magistrada Mijangos argumentó en su voto razonado que él no debía participar por tener un finiquito razonado.

Escobar es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último.

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Pierde inmunidad

El 11 de marzo pasado, Escobar perdió la inmunidad y puede ser investigado por supuestas irregularidades en la tercerización del servicio catastral para el cobro del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI).

El caso contra Escobar tuvo de origen una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en mayo de 2017.

Una auditoría de la CGC acerca del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva de 2016 determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.

Según la denuncia, a la empresa Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.

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Los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Todos impugnaron la inscripción de Escobar, candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana, mientras que Rafael Briz Méndez, quien actúa a título personal, impugnó la inscripción de Cabrera, aspirante del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

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CSJ niega amparo provisional a Thelma Aldana para que sea inscrita

El 31 de marzo, el TSE admitió para su trámite los recursos de nulidad presentados por Javier Hernández, secretario general de FCN-Nación, y Byron Rodríguez, secretario general del partido Todos. Ambos impugnaron la candidatura presidencial de Edwin Escobar.

Ambos recursos señalan que Escobar tiene denuncias penales presentadas por la Contraloría y por lo tanto no debería contar con finiquito, el cual el aspirante obtuvo a través de un amparo.

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Para conocer el caso, los magistrados solicitaron información al Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, para que informe sobre el estado del amparo otorgado; a la Contraloría General de Cuentas a efecto que informe si ha presentado denuncias en contra de Escobar; a la Corte de Constitucionalidad a efecto de que informe si existe recurso o remedio procesal en contra del amparo otorgado a Escobar.

No se ha podido conocer los argumentos presentados por Briz Méndez contra la inscripción de Cabrera.

Debido a las impugnaciones presentadas a los binomios de esos partidos no se han entregado las credenciales que los acredite como candidatos a la Presidencia.

Aún se desconoce cuándo los magistrados resolverán los recursos de nulidad y si ya todas las instituciones a las que se les pidió información ya lo entregaron.

Extraoficialmente se conoció que el recurso de Briz contra Cabrera será rechazado debido a que las personas particulares no tienen legitimidad para accionar en estos casos.

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Acciones parecidas

Una acción parecida fue la que presentaron en contra de la inscripción de Thelma Aldana, la candidata presidencial del partido Movimiento Semilla, y que al resolverlo los magistrados revocaron la inscripción.

En ese momento los que presentaron las acciones adujeron que el finiquito de Aldana ya no tenía vigencia y para tener certeza de lo denunciado los magistrados también pidieron información a la Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público, Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y la Contraloría General de Cuentas.

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Entre estos, según estudios de opinión, los participantes sobresalen de sus competidores y  aseguran que sus problemas son el resultado de un plan orquestado por sus adversarios políticos para evitar su participación.

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Los candidatos en cuestión son Zury Ríos Sosa, presidenciable del partido Valor; Thelma Aldana, proclamada por el Movimiento Semilla, y Edwin Escobar, candidato por Prosperidad Ciudadana.

Señala a la UNE

En el caso del partido Valor, a su candidata presidencial le fue negada la inscripción por ser hija de un presidente de facto.

Ríos Sosa obtuvo  amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero el lunes pasado este fue revocado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

El binomio presidencial de Valor es directo en señalar al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como el responsable de los problemas que afrontan para competir.

Roberto Molina Barreto, candidato a vicepresidente por ese partido, comentó por vía telefónica: “Se ve que hay con mucha antelación, una absoluta planificación para favorecer a  la señora Sandra Torres, no solo en la forma en que se elaboraron las reformas electorales, sino en la forma en que se integró el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC)”.

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Aseguró que puede existir un “fraude electoral”, porque “no es democrático ni transparente que se esté metiendo zancadilla a muchos aspirantes”.

Molina Barreto agregó que el hecho de que la UNE no haya firmado el pacto electoral de no agresión   evidencia “que quieren desviar la atención de su gran plan”.

Ayer, el binomio del partido Valor ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó su argumento de que hay un plan para beneficiar a la UNE.

El señalamiento fue hecho por Molina Barreto,  Ríos Sosa lo respaldó y dijo que eso “va en contra de los intereses de la población”.

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Tienen temor

Aldana ya fue proclamada por Movimiento Semilla, pero luego de varias citaciones en el Congreso la Contraloría dijo ayer  que su finiquito no tiene validez.

Rottman Pérez, integrante del equipo de  Aldana, indicó que tienen “muy claro que existe toda una articulación de poderes paralelos que buscan mantener las condiciones actuales del país”.

Consideró que existen redes económicas y políticas que “incluso están manipulando a las instituciones públicas para intentar bloquear su participación”.

Pérez agregó que esas redes tienen temor de que Aldana participe, porque saben que cuenta con un alto caudal electoral y les causa desasosiego el trabajo que hizo al frente de la Fiscalía.

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Se le consultó sobre si Semilla interpreta como ataque  por parte  de la UNE el  que hayan pedido que la Contraloría enviara información al TSE  respecto del finiquito de Aldana, a lo que respondió:  “Es evidente que a nivel del Congreso existe toda una intención y articulación desesperada por querer acelerar los obstáculos para evitar la participación política de Thelma Aldana”.

Sin finiquito

Edwin Escobar también fue proclamado para buscar la primera magistratura del país por Prosperidad Ciudadana; sin embargo, desde el Congreso  se ha mencionado que no puede participar, por no tener finiquito.

De hecho, la Contraloría indicó que Escobar ni siquiera ha hecho el trámite para obtener su constancia.

“Creen que nos van a detener o que tenemos miedo. Los incapaces de siempre han cooptado algunas instituciones para su beneficio, para abrirse camino político de forma fácil, pero les decimos que creemos en la justicia, y creemos que siempre prevalece la verdad”, escribió Escobar en una red social.

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“La UNE está empeñada en sacar candidatos. ¿Cuál es el miedo a una participación democrática? ¿Desde cuándo un par de bancadas hacen uso de instituciones como el Congreso para intimidar a otros candidatos? La vieja política está asustada”, escribió el alcalde de Villa Nueva.

Señalamientos son absurdos

Óscar Argueta, secretario general en funciones de la UNE, fue consultado sobre los señalamientos de  otros candidatos, y expresó que le parecen desesperados y absurdos.

Sobre lo que mencionó el binomio presidencial del partido Valor, respondió: “Nosotros no redactamos la Constitución, fue la Asamblea Nacional Constituyente. Tampoco la interpretamos nosotros, esa es la CC”.

“En tal caso, hacia donde deben apuntar es hacia ellos, no aquí.  Nosotros no tenemos ninguna incidencia en la Corte y han demostrado en muchas ocasiones que actúa de forma independiente”, aseveró Argueta.

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El legislador acotó que eso es una prohibición constitucional que puede o no ser justa, pero que existe.

“No somos quiénes para decir si es o no justo. En lo personal, yo creo que es injusta, pero no somos nosotros”,  apuntó Argueta.

En lo que respecta a las declaraciones de Pérez sobre la situación de la candidata Thelma Aldana, indicó: “Ellos no son el centro del universo”.

“La realidad es que nosotros ni siquiera los  vemos a ellos como rivales, para que nos preocupe lo que hagan o dejen de hacer”, afirmó el secretario de la UNE.

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Sobre la falta de finiquito de Edwin Escobar, el congresista resaltó: “La verdad es que lo que están buscando es nada más endilgarle los problemas que tienen”.

Por último, explicó que las razones por las cuales la UNE no firmó el pacto de no agresión que el TSE impulsó  esta semana: “Que no lo hayamos firmado tiene que ver con una protesta que nosotros estamos haciendo en contra de ciertas acciones que el Tribunal ha realizado”.

Argueta manifestó que no están de acuerdo con que hayan contratado más de 390 fiscales para perseguir a los partidos como  si fueran delincuentes y, más recientemente, con la aprobación de un acuerdo que limita la libertad de expresión.

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Melvin Medina, jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), informó que la Sala Cuarta de Apelaciones resolvió con lugar el retiro del antejuicio que fue solicitado el 26 de diciembre de 2018.

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El caso contra Escobar tuvo de origen una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en mayo de 2017.

Una auditoría de la CGC acerca del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva de 2016 determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.

Según la denuncia, a la empresa Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.

La CGC sustenta la denuncia en que la comuna no puede tercerizar el servicio catastral. Se fundamenta en el artículo 154 de la Constitución Política de la República: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.

Escobar es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último, pero aún no solicitado su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Por medio de un comunicado, Escobar expuso que el juez pesquisisdor que analizó su caso resolvió: “Considero que no tiene sustento la plataforma fáctica contenida en la denuncia presentada por los señores auditores de la Contraloría General de Cuentas, CGC, y en la solicitud de antejuicio presentada por el agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, en contra del Alcalde del Municipio de Villa Nueva de Edwin Felipe Escobar, declarando que no a lugar a la formación de la causa…”

Escobar argumentó que se sometió a investigaciones que hizo el juez: “el juez pesquisidor, quien no encontró elementos para retirarme la inmunidad, como lo planteo en el primer inciso. Sin embargo, como lo he manifestado soy respetuoso de la ley y confío en que se haga justicia. Estoy consciente que todo ciudadano puede ser investigado, aún sin fundamentos, como es mi caso, pero demostré que el proceso es espurio y sin fundamento ante el juez pesquisidor, y no tengo ningún problema en volver a demostrarlo. Me presentaré ante las autoridades cuando se me cite y aportaré las pruebas que demuestren mi inocencia”.

El alcalde argumentó que la CGC no pone en duda la celebración de la empresa contratada para servicios catastrales: “Los auditores no objetan la contratación de la empresa ni cuestionan la ilegalidad del contrato, todos estos extremos fueron revisados y el juez pesquisidor, quien los tomó como base para concluir que mi persona no fue quien autorizó. La Municipalidad de Villa Nueva contrató el servicio en el 2004, ocho años antes de que yo asumiera como alcalde del municipio, mis períodos corresponden de 2012-2016 y 2016-2020”

El caso según Escobar:

• Los auditores no objetan la contratación de la empresa ni cuestionan la ilegalidad del contrato, todos estos extremos fueron revisados y el juez pesquisidor, quien los tomó como base para concluir que mi persona no fue quien autorizó. La Municipalidad de Villa Nueva contrató el servicio en el 2004, ocho años antes de que yo asumiera como alcalde del municipio, mis períodos corresponden de 2012-2016 y 2016-2020.
• Desde que se realizó el contrato en el 2004, los auditores de la CGC nunca presentaron denuncias ni hallazgos, por lo cual se estableció que la relación contractual no tenía ningún impedimento legal. Tampoco se interpusieron denuncias contra los alcaldes que me antecedieron, es más uno de ellos ya goza de su finiquito y participará como candidato a alcalde de Villa Nueva en el próximo proceso electoral. El único señalado curiosamente soy yo.
• La aseveración en la denuncia interpuesta por los auditores de la CGC, radica en que la empresa contratada cobra el IUSI, lo cual es totalmente falso y sin fundamento, como lo evidenció el juez pesquisidor. Es la Municipalidad de Villa Nueva la que efectúa el cobro directamente, como lo pueden corroborar todos los vecinos que hacen sus pagos en la Comuna. Los servicios de la empresa
  contratada son para fortalecer las capacidades, de igual manera que lo hacen otras comunas del país.
• Llama la atención que un caso espurio que data de 2016, es desengavetado y de una manera veloz camine en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente, de Guatemala a una semana de mi proclamación como candidato a la presidencia por el partido Prosperidad Ciudadana.
• Es evidente que se está tratando de evitar que participe en los comicios de junio de 2019, y así beneficiar a otros candidatos a la presidencia.
• He denunciado en reiteradas ocasiones que se está atentando contra la democracia del país, el derecho a participar en los comicios electorales y, al pueblo a elegir libremente. Espero que la justicia prevalezca en este caso político, falso y sin sustento legal e invito a la prensa nacional y extranjera, y a los observadores electorales, a investigar lo que está sucediendo en Guatemala de
  cara a las elecciones generales de 2019.
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