Por qué el Gobierno propone crear la Secretaría de Integridad Pública y cuáles serían sus funciones

El Organismo Ejecutivo presentó una iniciativa de ley que propone crear la Secretaría de Integridad Pública ante la temporalidad de la actual Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).

Sandy Pineda

29 de agosto de 2025 | 17:18h

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El Ejecutivo presentó al Congreso una iniciativa de ley para crear la Secretaría de Integridad Pública (SIP), que sustituirá a la actual Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), cuya vigencia concluye a inicios del 2028.

La propuesta busca institucionalizar los esfuerzos de integridad y transparencia dentro del Organismo Ejecutivo, superando el modelo de órganos temporales que se han creado desde hace más de 20 años.

Julio Flores, presidente de la CNC, explicó que “durante años la lucha contra la corrupción ha dependido de esfuerzos temporales, con comisiones que muchas veces nacen condenadas a desaparecer antes de su consolidación”, al presentar la iniciativa este viernes 29 de agosto del 2025.

Según la CNC, han existido ocho entidades de este tipo desde el 2001, cada una con distinto nombre y estructura, lo que ha dificultado la continuidad de políticas anticorrupción.

Denuncias sin avances significativos

Uno de los argumentos para impulsar la iniciativa es que su enfoque es institucionalizar a lo largo del tiempo la prevención de la corrupción desde las mismas entidades ejecutoras.

La instancia reporta falta de progreso en los casos trasladados al Ministerio Público (MP). De las 347 denuncias presentadas, el 62.8% (218) permanecen en investigación, mientras que 177 aún no han sido asignadas a una fiscalía.

El resto han sido desestimadas (62), archivadas (17) o siguen en otras fases procesales menores, describe el sitio https://tablero.cnc.gob.gt/datos/.

La mayoría de denuncias corresponden a inconsistencias administrativas (122), seguidas por casos en Salud (59), Infraestructura (45), Seguridad (41), Trabajo (16), Desarrollo Social y Educación (14 cada una), Agricultura (11) y Ambiente (9).

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Objetivos de la SIP

La Secretaría de Integridad Pública tendría carácter permanente y se enfocaría en la prevención de la corrupción, sin facultades de investigación penal ni administrativa. Entre sus principales objetivos destacan:

1. Institucionalización de la integridad: consolidar un órgano especializado y permanente.
2. Sostenibilidad: dar continuidad a los proyectos iniciados por la CNC hasta el 2028.
3. Enfoque preventivo: fortalecer sistemas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
4. Cumplimiento de estándares internacionales: atender recomendaciones de la UNCAC, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la OCDE.

Funciones principales

• Diseñar e implementar políticas y estrategias de integridad.
• Acompañar y dar seguimiento a planes institucionales.
• Coordinar interinstitucionalmente la prevención de conflictos de interés y la gestión de denuncias.
• Promover el acceso a la información pública y la colaboración con distintos sectores sociales.

Proyectos complementarios

Además de la iniciativa de ley, el Ejecutivo anunció que serán habilitados próximamente dos portales que permitirán el seguimiento de la ejecución de las obras a nivel departamental:

• Asesores estratégicos departamentales: delegados en cada gobernación para dar seguimiento a casos de probidad.
• Plataforma digital de fiscalización: herramienta para supervisar la ejecución de fondos del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode), que permitirá a los ciudadanos reportar avances de obras y posibles irregularidades.

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Fopavi otorga 80 subsidios por mes mientras déficit de vivienda supera los 2.2 millones en Guatemala

El país se enfrenta a un déficit de más de 2.2 millones de viviendas, mientras el programa de subsidios de FOPAVI muestra baja ejecución presupuestaria.

Sandy Pineda

9 de agosto de 2025 | 00:04h

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El programa Fondo de Protección de la Vivienda (FOPAVI) ha registrado un rezago de ejecución de fondos desde años previos. Este 2025, registra un índice debajo del 25 por ciento. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Guatemala enfrenta un grave déficit habitacional estimado en 2.2 millones de viviendas, cifra que refleja no solo la falta de hogares sino también la insuficiencia de condiciones básicas para una vida digna, como acceso a agua potable, drenaje y pisos adecuados.

Ante esta realidad, el programa social de subsidios para vivienda del Fondo para la Vivienda (FOPAVI) presenta una ejecución presupuestaria limitada y un lento avance en la entrega de subsidios.

Baja ejecución

Durante 2024 y en la primera mitad de 2025, el programa de subsidios para vivienda del FOPAVI evidenció una ejecución presupuestaria baja en relación con los recursos asignados.

En 2024, el FOPAVI tuvo un presupuesto total de Q660.7 millones, de los cuales solo se ejecutó un 19.9%, es decir Q131.2 millones. De este monto, Q619.5 millones estaban destinados específicamente a subsidios para vivienda, pero únicamente se utilizaron Q104.5 millones para ese fin.

En lo que va del 2025, con un presupuesto asignado de Q799.8 millones, el avance en ejecución fue aún más bajo, alcanzando un 13.9% a mediados de julio, es decir Q111.3 millones. Para subsidios de vivienda, de Q654.3 millones asignados, se ejecutaron Q98.3 millones.

Subsidios aprobados y entregados

En 2024, se aprobaron 412 subsidios, que se distribuyeron en modalidades como construcción en lote propio (114 unidades) y compra de lote con servicios básicos (298 unidades). En 2025, hasta julio, se aprobaron 561 subsidios.

El proceso para completar el ciclo desde la aprobación hasta el desembolso de un subsidio puede tardar en promedio 18 meses, con variaciones dependientes de la rapidez con la que las desarrolladoras y comunidades entreguen la documentación requerida.

Prioridad y obstáculos en la entrega

Los departamentos con mayor entrega de subsidios son Retalhuleu, Suchitepéquez y Sololá, mientras que Totonicapán reporta los menores números. La priorización de subsidios se basa en mapas de pobreza de Segeplán, enfocándose en familias en pobreza y pobreza extrema.

Los principales obstáculos para la ejecución han sido la lentitud en la subsanación de documentos por parte de desarrolladoras y la entrega incompleta de papelería por parte de las comunidades, retrasando la evaluación y aprobación.

Actualmente, el Fopavi cuenta con tres empresas contratadas para realizar estudios socioeconómicos, y trabaja en simplificar y sistematizar procesos para mejorar la ejecución.

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Déficit habitacional

De acuerdo con Delorean Randich, director nacional de Hábitat para la Humanidad Guatemala, el déficit habitacional en el país es resultado de múltiples factores estructurales:

“Más de 2.2 millones de familias en Guatemala no cuentan con viviendas dignas ni acceso a servicios básicos adecuados. Por ejemplo, cerca de 900 mil familias viven sobre pisos de tierra, una situación inaceptable que afecta directamente la salud y desarrollo de los niños.”

Randich enfatiza que el problema es más cualitativo que cuantitativo:

“La mayoría de las familias sí tienen un lugar donde vivir, pero estas viviendas no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad, como seguridad estructural, acceso a agua potable o saneamiento adecuado.”

Sobre las causas del déficit creciente, explica: “La falta de una oferta suficiente de viviendas accesibles, la carencia de financiamiento sostenible con cuotas asequibles, la ausencia de políticas públicas claras y agresivas, y la poca atención al interior del país son las principales razones que mantienen esta brecha.”

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“Vivienda no es solo paredes y techo. Hablamos de agua, saneamiento, educación, financiamiento justo y seguridad frente a riesgos naturales. Además, es fundamental que las familias tengan acceso a un terreno con servicios básicos”, explicó sobre el concepto integral de vivienda.

Si bien el Fopavi es una herramienta fundamental para reducir el déficit habitacional, su baja ejecución y lentitud en la entrega limitan su impacto.

Como afirma Randich: “Para cerrar esta brecha, el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales deben unirse, agilizar procesos y ampliar la oferta de viviendas dignas y accesibles para todas las familias guatemaltecas”.

El déficit habitacional en Guatemala es una urgencia social que requiere soluciones integrales, que no solo contemplen la construcción de casas, sino la mejora de las condiciones de vida y acceso a servicios básicos para millones de personas.

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Presupuesto y ampliaciones, únicas iniciativas aprobadas de las 15 presentadas por el Ejecutivo

Entre 2024 y 2025, el Ejecutivo presentó 15 iniciativas, pero solo el presupuesto y algunas ampliaciones lograron luz verde. La fragmentación y la falta de quórum en el Congreso frenan el paso de la agenda gubernamental.

Sandy Pineda

8 de agosto de 2025 | 00:04h

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Bernardo Arévalo habla sobre los retos y expectativas en el avance legislativo del Gobierno. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha presentado 15 iniciativas de ley entre el 2024 y el 2025 ante el Congreso de la República. De estas, solo se han aprobado el proyecto de Presupuesto para el 2025 y algunas ampliaciones presupuestarias.

Actualmente, cinco iniciativas permanecen en espera de dictamen en diversas comisiones legislativas, mientras que dos ni siquiera han sido leídas en el pleno, lo que indica que no han avanzado a la etapa de análisis formal en comisión.

La baja asistencia y la fragmentación en el Congreso dificultan la aprobación con carácter de urgencia nacional, mecanismo que agilizaría el trámite de las leyes.

Una de esas propuestas fue la Ley Orgánica del Ministerio Público, presentada en el 2024 para modificar su estructura y procesos, que no logró avanzar en el Congreso, ya que no obtuvo el respaldo necesario para su aprobación ni fue incluida de forma definitiva en la agenda legislativa.

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En el 2024, el Congreso aprobó dos ampliaciones presupuestarias, aunque una fue suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad. También se aprobó una ley para que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan usar fondos no ejecutados del 2024 en el 2025, aunque la ejecución presupuestaria ha sido muy baja y hasta julio de este año alcanzaba el 12% del total asignado.

Ante este escenario, el presidente Bernardo Arévalo se refirió al trabajo de sus operadores políticos en el Congreso y a las expectativas de avance legislativo. En conferencia de prensa, este jueves 7 de agosto, reconoció la complejidad y los retos que implica avanzar en un Congreso fragmentado:

“El Congreso de la República es una responsabilidad colectiva. Nosotros, la bancada del gobierno, la bancada Semilla y las bancadas aliadas o afines al gobierno, estamos trabajando para promover una agenda de desarrollo que es urgente y necesaria para el país. En el contexto de un Congreso particularmente fraccionado, fragmentado y pulverizado, confiamos en que en las próximas semanas vamos a ver cómo estos paquetes de legislación… sean objeto de análisis y atención por parte del Congreso.”

Operación política

Al ser consultado sobre la capacidad de sus operadores políticos para avanzar en el segundo periodo legislativo, enfatizó:

“Hay que recordar que… a pesar de que la multiplicación del número de escaños fue notable, sigue siendo una minoría dentro del Congreso de la República… no es solo la bancada Semilla, sino la fragmentación que existe dentro del Congreso… estamos viendo problemas para alcanzar consensos alrededor de asuntos como la junta directiva y otra serie de cuestiones…”

El presidente resaltó que, aunque existen dificultades, hay precedentes que muestran que es posible lograr acuerdos cuando hay voluntad política:

“Hay la ley de competitividad, la ley del cáncer, la ley de infraestructura estratégica… leyes aprobadas que evidencian la posibilidad de que cuando los distintos actores se ponen de acuerdo, se logra trabajar en conjunto para aprobar una agenda de interés nacional”, afirmó, aunque estas iniciativas no fueron presentadas propiamente por el oficialismo, sino en legislaturas pasadas.

Finalmente, hizo un llamado a superar la paralización actual:

“Lo que hemos visto en el primer semestre… es un Congreso que se vio entrampado, pero hacemos un llamado a que logre salir de esa condición… Hemos introducido leyes de un paquete anticorrupción que son de suma importancia… leyes para el desarrollo estratégico del país… Todo esto requiere un Congreso que esté dispuesto a trabajar de manera seria y responda a las necesidades de la población”.

Sin avances

Pese al interés del Ejecutivo por avanzar con propuestas clave, el Congreso ha iniciado este segundo periodo legislativo con tropiezos: la iniciativa 6576, sobre la agilización de la inversión pública, fue apenas leída y enviada a la Comisión de Finanzas y Economía.

Al mismo tiempo, el inicio de sesiones no pudo superar uno de los requisitos más básicos: alcanzar quorum para funcionar adecuadamente. Como señaló el diputado Orlando Blanco (Vos), “la primera sesión del 2025 la estamos iniciando con mal pie”, y subrayó: “hay gente que gana Q66 mil mensuales y no viene a trabajar”.

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CECAT en el Ejército: qué es, cómo se elegirá a su comandante y cómo avanza su reglamento

Aunque el reglamento aún no está listo, el Ejército ya perfila a quién liderará el Comando Estratégico Contra Amenazas Transnacionales (CECAT), el nuevo comando anunciado poco después del incidente con la policía de Chiapas, frontera con México.

Sandy Pineda

31 de julio de 2025 | 00:01h

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El Ejército evalúa al posible jefe del Comando Estratégico Contra Amenazas Transnacionales (CECAT), mientras el reglamento que definirá su funcionamiento continúa en revisión. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

La implementación del Comando Estratégico Contra Amenazas Transnacionales (CECAT) continúa su marcha. El Ejército de Guatemala ya asignó parte del personal que integrará esta nueva unidad especializada y evalúa perfiles para designar al comandante. A la vez, el reglamento que regirá su funcionamiento operativo sigue en fase de revisión, sin fecha confirmada de publicación, aunque el plazo oficial vencerá en los próximos días.

Creado por acuerdo gubernativo, y vigente desde el 1 de julio del 2025, el CECAT es un Comando Militar Especial con jurisdicción nacional, incluidos los espacios aéreo, terrestre, marítimo y cibernético.

Su misión será conducir operaciones contra amenazas transnacionales que comprometan la soberanía del Estado, en coordinación con otras instituciones estatales y organismos internacionales. El Estado Mayor de la Defensa Nacional, como órgano técnico y consultivo, participa en la elaboración del reglamento.

Aunque aún no se ha nombrado al jefe del comando, fuentes militares confirmaron que ya se evalúan perfiles para puestos clave. El perfil requerido incluye grado de general o coronel, formación estratégica avanzada y el cumplimiento de la Ley Constitutiva del Ejército. Se considera a oficiales del Comando de Fuerza Especial Naval y del Batallón Especial de Interdicción y Rescate.

Además de integrar unidades de las fuerzas de Tierra, Aire y Mar, el CECAT enfrentará amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero y los delitos cibernéticos.

El anuncio del CECAT ocurrió semanas después de un incidente fronterizo en el que agentes de la policía del estado mexicano de Chiapas ingresaron sin autorización al territorio guatemalteco durante un operativo. El hecho dejó cuatro personas muertas y generó una protesta formal del gobierno de Guatemala y una disculpa de México. La creación del comando fue interpretada como una respuesta estatal ante debilidades en el control fronterizo.

Críticas por origen y alcance

No todos respaldan la creación de este nuevo comando. El exministro de Gobernación Napoleón Barrientos advirtió que el CECAT podría ser resultado de una decisión coyuntural, más que de un análisis estructural. Cuestionó además su dependencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, al considerar que podría añadir carga burocrática a la operatividad.

“Cada brigada tiene su jurisdicción y cada fuerza, sus competencias”, recordó. También subrayó que las funciones actuales del CECAT son generales, y será el reglamento el que determine su accionar específico.

Sobre el liderazgo de la unidad, reconoció que los oficiales de alto rango ya poseen formación en operaciones conjuntas, pero alertó sobre el desafío de enfrentar amenazas emergentes como la ciberseguridad, campo que definió como “muy reciente” para el Ejército y que requiere prioridad e inversión.

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Barrientos también señaló que el Ejército no tiene la capacidad técnica ni el personal especializado para enfrentar delitos como el lavado de activos y los ataques cibernéticos. “Estas amenazas demandan un enfoque interinstitucional, técnico y altamente especializado”, indicó.

En el caso del lavado de dinero, se requieren habilidades en inteligencia financiera que el Ejército no posee. En ciberseguridad, los ataques sofisticados demandan conocimientos en análisis forense digital, ciberinteligencia y sistemas de respuesta que aún no existen en la estructura militar.

Para Barrientos, la alternativa más viable habría sido crear una unidad interinstitucional especializada. “Sin reforma legal profunda ni una inversión real en profesionalización, el CECAT corre el riesgo de convertirse en un esquema formal sin impacto real”, concluyó.

“La problemática del crimen transnacional no es tarea exclusiva del Ejército. Requiere un tratamiento integral, técnico y coordinado entre entidades del Estado. El Ejército tiene limitaciones legales para responder por sí solo”, puntualizó.

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¿Quién es el operador político del Ejecutivo en el Congreso? Así se mueven las fichas entre Samuel Pérez y José Carlos Sanabria

En un Congreso fragmentado, la pregunta marca el rumbo de decisiones clave como el Presupuesto 2026, la elección del fiscal general y de magistrados. Aquí le explicamos quién representa hoy al Ejecutivo.

Sandy Pineda

30 de julio de 2025 | 00:08h

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Samuel Pérez y José Carlos Sanabria son figuras clave en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila / Archivo)

A las puertas del segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, con el Presupuesto del 2026 en la mira y decisiones clave — como las elecciones de segundo grado — cobra relevancia identificar la interlocución del Ejecutivo en un Poder Legislativo cada vez más fragmentado.

Aunque el diputado Samuel Pérez ha sido una de las voces visibles del oficialismo, reconoce que el rol de enlace entre el Ejecutivo y el Congreso le corresponde a José Carlos Sanabria desde finales del año pasado.

“Hay un rol que se le asignó a mi colega José Carlos Sanabria, que es tener relación con el Ejecutivo… suele ser él quien tiene comunicación con los ministerios”, explicó Pérez.

La cancelación del Movimiento Semilla no les permite integrar bloque. Sin embargo, Sanabria ha asumido un papel activo en las negociaciones, siendo señalado por diputados de otras bancadas como el articulador más visible del oficialismo en el Legislativo.

Sin embargo, el trabajo político —insiste Pérez— es colectivo. La dirigencia se reparte, asegura, entre él, Sanabria, Laura Marroquín y Victoria Palala. Todos mantienen conversaciones con distintos bloques legislativos.

“No tenemos diferencias ideológicas con la otra facción. A veces platican conmigo, a veces con José Carlos, Román Castellanos, Andrea Villagrán… hay diálogos en paralelo”, dijo Pérez. Aun así, admite que las relaciones personales pesan: “Suelo tener buena relación con diputados que ayudaron con su voto a la presidencia del Congreso”.

Raíces, el grupo que busca convertirse en partido político se conforma por exmiembros de Semilla, impulsará iniciativas como una ley para eliminar seguros privados en el sector público, otra sobre áreas verdes urbanas y la Ley de Aguas. “Queremos evitar que las iniciativas solo se lean y no se apruebe nada”, apuntó Pérez.

A pesar de la suspensión formal de Semilla y que sus diputados figuren como independientes, el compromiso con el Ejecutivo, dice, se mantiene: “Vamos a apoyar el presupuesto que necesite el presidente”.

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Sanabria explicó que su rol actual responde a una labor de articulación desde el oficialismo. “Buscamos acuerdos y diálogos con múltiples actores. Tenemos un Congreso altamente fragmentado, y eso nos obliga a conversar con todos”.

Sobre el presupuesto del 2026, señaló que el proceso sigue en marcha, pero su aprobación es vital.

Aunque reconoce la dificultad de los consensos, Sanabria también ve una posibilidad: “Yo creo que las crisis hay que verlas también como oportunidades. Cada vez hay más bloques que muestran interés por coincidir en una agenda mínima”.

Presidencia habla de su papel

Desde el Ejecutivo se reconoció a José Carlos Sanabria como figura activa, pero se admite que la articulación no depende solo de una persona. El ministro de Finanzas coordina el presupuesto, el de Comunicaciones la agenda de infraestructura Sanabria es una figura cercana al presidente, según fuentes del Congreso.

La Presidencia confirmó que Sanabria cumple un papel relevante, sobre todo por su cercanía con el presidente Arévalo, ya que fue parte de su equipo de asesores durante su periodo como diputado.

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Sin embargo, se señaló que, en el contexto actual —marcado por la suspensión del bloque Semilla y una amplia fragmentación del Congreso— la interlocución ha tenido que diversificarse, donde asesores e incluso ministros se involucran directamente en las negociaciones.

“El Gobierno se asumió en un Congreso fragmentado”, afirmaron, y aseguraron que la estrategia ha consistido en mantener diálogos con distintos sectores en el Congreso.

Castellanos y el primer año

En contraste con el actual protagonismo de Sanabria, Román Castellanos fue clave en la articulación del presupuesto el año pasado, según recordó José Chic, diputado de VOS. “Hoy Raíces tiene representación en la Comisión de Finanzas —ocupada por Castellanos—, que en su mayoría es opositora”.

Chic subrayó que, además del presupuesto, el Congreso enfrentará decisiones cruciales en adelante con las próximas elecciones: Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuenta y la comisión de postulación para el Ministerio Público.

“Lo que habrá que preguntarse es a quién va a respaldar Bernardo. Si va a respaldar a Samuel o a Sanabria. Eso va a marcar con quién se sentarán el resto de las bancadas”, señaló.

Aunque se han discutido reformas a la Ley Orgánica del Congreso para resolver la situación de los bloques independientes, aún no está clara la dirección del oficialismo para el segundo período legislativo, especialmente en la previa a la elección de Junta Directiva y en decisiones que involucren a los Consejos de Desarrollo.

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“Hoy se entiende que Sanabria y los diputados alrededor de él representan al gobierno central. Los otros son aliados, en teoría, pero no sé si se les puede llamar oficialistas”, añadió Chic.

Desde su perspectiva, Sanabria se muestra más abierto a dialogar, un aspecto que podría ser determinante ante las decisiones importantes que se avecinan.

Una figura más visible

Mario Gálvez, segundo secretario del Congreso y parte de una facción disidente de la UNE, dijo que la relación Ejecutivo-Legislativo ha sido poco clara, pero “en las últimas semanas se ha identificado más la labor de Sanabria”.

“Tuve comunicación con ambos… pero ahora se nota más a Sanabria”, dijo. Será en el debate presupuestario cuando se definan formalmente los interlocutores del oficialismo.

Elmer Palencia, de Valor, coincide en que no hay una figura definida: “No se sabe quién es quién. Esta ambigüedad afecta temas como el presupuesto”.

Desde su óptica, la reforma del 2016 a la Ley Orgánica provocó una atomización de bloques. “Semilla es víctima de eso, al igual que UNE, VIVA y VOS”. Aunque reconoce los acercamientos del Ejecutivo —especialmente de Sanabria— cree que hay “ausencia de liderazgo”. “La productividad no solo ha bajado, prácticamente se ha estancado”, afirmó.

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Falta de representatividad

Adim Maldonado, diputado de otra facción de la UNE, cree que el problema va más allá de identificar si Sanabria o Pérez es el interlocutor del Ejecutivo. A su juicio, la raíz de la inactividad del Congreso está en la falta de representatividad real en los bloques y la correlación de fuerzas, en especial por la proliferación de independientes: 23 de Semilla y 13 de otras bancadas.

“Creo que el tema del presupuesto va a ordenar el Congreso, porque he visto mucho desorden… tanto que ni siquiera ha habido sesiones”, señaló.

Con una composición fragmentada de 36 diputados independientes y 16 bloques sin cohesión interna, la capacidad de los jefes de bloque para generar consensos solo es simbólica. Aunque mantienen el título, en la práctica muchos no logran influir en las decisiones de sus bancadas. “De los 21 diputados que aún pertenecen a la UNE, solo 12 responden a Inés Castillo, jefe del bloque. Pero a mí no me representa”, ejemplificó.

Esta realidad genera un vacío en el que ni el oficialismo puede avanzar su agenda, ni los diputados independientes tienen acceso a las mesas donde se deciden los dictámenes de proyectos de ley. “Las consecuencias de ser independiente es no presidir nada, pero el voto pesa igual. Como no se les toma en cuenta, las agendas no avanzan”, advirtió.

Aunque entre grupos como el de Pérez y el suyo pueden sumar hasta 40 votos, insiste en que no tienen poder de decisión en comisiones, y poco en la discusión del pleno. “Estamos supeditados a que otro grupo de diputados imponga su sentir en los dictámenes”.

Consultado sobre si Pérez o Sanabria es el interlocutor del Ejecutivo, Maldonado fue tajante: “La única forma de que esto se solucione es reformando la Ley Orgánica del Congreso. De lo contrario, seguiremos en el desorden institucional, y aun siendo diputados oficialistas, de nada les va a servir”.

La reforma, sugiere, debería permitir a los diputados independientes participar con voz y voto en comisiones y mesas técnicas.

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Gobierno no tomará más medidas: Arévalo no accionará por agresión del diputado Aguirre al ministro Díaz

Luego de que el diputado Luis Aguirre lanzara una llanta a la mesa en una citación con el ministro de Comunicaciones, el gobierno descarta acciones. Un analista advierte que sin defensa política, la tensión y agresiones entre Congreso y Ejecutivo aumentarán.

Sandy Pineda

23 de julio de 2025 | 19:13h

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El diputado Luis Aguirre lanzó una llanta durante una citación en el Congreso al ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

La Presidencia confirmó que no tomará acciones administrativas ni legales tras el incidente que ocurrió durante una citación del ministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz, que convocó el bloque Cabal. A diferencia de sus antecesores, como Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el gobierno de Bernardo Arévalo descartó que por ahora vaya a enfrentar la presión de las jornadas de fiscalización en el Congreso.

El diputado y jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre protagonizó una inusual protesta en el Congreso al lanzar sobre la mesa una llanta que cayó frente al ministro Miguel Díaz, en reclamo por el deterioro de la red vial. El video del momento se viralizó rápidamente, pero principalmente evidenció la interacción entre ambos organismos.

Según el analista político Renzo Rosal, lo que ocurrió no fue un exabrupto aislado, sino un mensaje deliberado, y advirtió que un pronunciamiento limitado, como un tuit del presidente Arévalo, puede resultar insuficiente para contrarrestar la presión que se ejerce desde el Congreso. “A partir de ahora, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo será mucho más dura y confrontativa. Incluso diputados que antes mostraban cierta cercanía o complacencia con el gobierno, como Aguirre, ahora advierten que ‘van con todo’ contra el Ejecutivo”, señaló.

Además, pese a que el congresista ofreció una disculpa tras el incidente, según Rosal, Aguirre como jefe de bancada no solo envió un mensaje a su grupo sino también a otros bloques sobre una nueva etapa de presión política hacia el gobierno.

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Rosal destacó que las citaciones e interpelaciones son mecanismos legítimos y fundamentales para el control político. Sin embargo, advierte que el problema no es el derecho a citar, sino cómo y para qué se hacen esas citaciones. Señala que en el 2012, la Corte de Constitucionalidad (CC), estableció que toda citación debe realizarse con “debido respeto” y “miramiento” hacia la dignidad de los funcionarios públicos.

Uso político las desvirtúa

El analista criticó las actitudes irrespetuosas y prepotentes que se han vuelto comunes en algunas citaciones, incluidos exabruptos verbales y gestos agresivos, que desnaturalizan el proceso de fiscalización. También señala que las citaciones se han vuelto vagas y poco específicas, lo que impide que los funcionarios puedan prepararse adecuadamente y convierte el ejercicio en un espectáculo mediático o político, más que técnico.

“Una citación debe ser concreta y bien fundamentada. No se trata de que los diputados improvisen temas solo para ganar atención mediática o con fines electorales, como ocurrió ayer. Si se pierde el enfoque técnico, se desnaturaliza el proceso”, explicó.

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Además, Rosal enfatizó que la actual administración carece de una bancada fuerte que la defienda en el Congreso. Destacó que los funcionarios llegan a las citaciones desarmados y sin una estrategia política clara, adoptando una actitud pasiva que facilita que las agresiones y faltas de respeto escalen.

Finalmente, Rosal subrayó la necesidad de que los funcionarios defiendan sus cargos con mayor autoridad y tacto político. Criticó que no haya habido reacciones firmes ante actos como lo que ocurrió cuando Aguirre lanzó la llanta al ministro Díaz, pues esa habría sido una oportunidad para marcar límites claros y reafirmar el respeto institucional.

Gobiernos anteriores

En las dos últimas administraciones de Gobierno, dos exmandatarios tomaron la vía legal para poder contrarrestar las presiones desde el Congreso de la República, al estimar que las numeras convocatorias absorbían buena parte de la agenda diaria de los funcionarios.

• Jimmy Morales (2016)
  En 2016, Morales vetó una reforma que sancionaba con prisión a funcionarios que no asistieran a citaciones del Congreso. Sin embargo, el Congreso votó, lo rechazó y ratificó la norma, obligando a los funcionarios a presentarse. Tras esto, Morales y su gabinete optaron por enviar representantes o excusas para evitar comparecer, generando tensión con el Legislativo.

• Alejandro Giammattei (2022)
  Giammattei presentó una consulta ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para aclarar el alcance de las citaciones a ministros. La CC emitió criterios limitados sobre este tema, pero sin reformas legislativas ni cambios prácticos.

Casi mil citaciones

Entre el 2 de enero y el 22 de julio del 2025, diputados de distintas bancadas y comisiones han realizado 997 citaciones a funcionarios del Ejecutivo. Los meses más intensos fueron febrero, con 187, y marzo, con 160.

Las bancadas que más citas han promovido son la UNE (172), VOS (162), Vamos (108) y Cabal (93).

En cuanto a las instituciones que más se llama a fiscalización, se encuentra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con 207 citaciones, seguido del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), con 145, y el Ministerio de Educación (Mineduc), con 141. En total, 26 instituciones del Ejecutivo han sido requeridas en múltiples ocasiones.

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Sandy Pineda

2 de julio de 2025 | 05:01h

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El presidente Bernardo Arévalo anunció la próxima ronda de reuniones con alcaldes para revisar la ejecución de proyectos municipales y analizar obstáculos en distintas regiones del país. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El presidente Bernardo Arévalo confirmó este lunes 1 de julio que a partir de la próxima semana comenzará una ronda de reuniones con alcaldes de distintas partes del país. El propósito será acompañar la gestión municipal para mejorar la ejecución de los fondos asignados a proyectos de desarrollo.

“En los próximos días estaremos iniciando una ronda con los alcaldes de las distintas regiones del país para acercar posiciones, poder identificar proyectos y necesidades vinculadas a la obra pública municipal, y apoyar en la ejecución presupuestaria”, expresó el mandatario durante una conferencia en el Palacio Nacional de la Cultura.

También señaló que estas reuniones se realizarán por regiones y comenzarán en el Palacio Nacional durante la segunda semana de julio.

“Buscamos acompañar a la gestión municipal para asegurarnos de que los fondos son asignados y ejecutados de manera transparente”, añadió.

Al ser consultado, explicó que se revisarán casos con baja ejecución, como Totonicapán, donde ya trabajan la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia para identificar cuellos de botella y resolverlos.

Más de la mitad no supera el 15% de ejecución

Los datos oficiales de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) revelan que, a nivel nacional, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) han ejecutado apenas un 12.19% del presupuesto vigente, equivalente a más de Q1 mil 273 millones de un total de Q10 mil 443 millones destinados a proyectos.

Sin embargo, el análisis por departamento muestra que 14 de los 22 departamentos (63.64%) se encuentran por debajo del 15% de ejecución. De estos, siete están incluso por debajo del 8%, con los peores registros en:

• Izabal: 6.02%
• Chiquimula: 5.80%
• Alta Verapaz: 5.46%

La ejecución de obras también enfrenta un problema estructural, pues conllevan más de 220 pasos burocráticos, que pueden tardar hasta un año desde la planificación comunitaria hasta la firma de convenios necesarios para empezar los proyectos.

Además, la falta de coordinación entre municipalidades, gobernadores y entidades del Ejecutivo impide avanzar, pues sin convenios firmados no pueden adjudicarse contratos.

A esto se suma que, en muchos casos, se da prioridad a caminos vecinales, mientras que proyectos de agua potable, salud o educación siguen siendo limitados.

Se advierte falta de planificación

Para el economista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), los datos actuales reflejan una alarmante falta de planificación técnica, en especial en los aportes extraordinarios incluidos en el presupuesto.

“De lo que han transferido los Codedes, que en realidad se traslada a las municipalidades, solo han ejecutado el 12%”, explicó. Esta baja ejecución se debe, según él, a que esos fondos no tienen respaldo en una planificación comunitaria, como sí ocurre con los aportes ordinarios.

“Nos oponíamos a los aportes extraordinarios en la ampliación presupuestaria porque no tenían proyectos identificados”, recordó.

De hecho, hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 2.1% del aporte extraordinario del 2025, lo que confirma que el sistema requiere alrededor de 10 meses para alcanzar una ejecución del 50%, según Barrientos.

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También indicó que, después de la ampliación aprobada el segundo semestre del 2024, se ha ejecutado apenas el 49.3% de los Q1 mil 541.4 millones asignados en ese entonces.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de acelerar la ejecución en lo que resta del año. “Estamos hablando de la calidad de las obras. No vaya a ser que, por presionar resultados, se terminen cometiendo los mismos actos de corrupción que ya hemos visto en municipalidades”, advirtió.

Según el economista, las decisiones políticas se han impuesto al criterio técnico, debilitando aún más la efectividad de los consejos de desarrollo.

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Postura de Anam

El alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, aseguró que el principal obstáculo para ejecutar proyectos municipales financiados por los consejos departamentales de desarrollo (Codedes) son los ministerios, en especial los de Ambiente y Comunicaciones. “Hoy por hoy una licencia ambiental tarda cuatro veces más de lo que tardaba antes, y los avales del Ministerio de Comunicaciones ni siquiera salen”, afirmó, al señalar que el problema no es nuevo, pero se ha agravado.

Según Siero, los atrasos en los avales no son casuales. “Los ministerios, a propósito, no los otorgan, porque, al no darse y esos fondos no ejecutarse, eso le permite al Ministerio de Finanzas tener un bolsón más grande en saldos de caja, para después ser utilizados en una ampliación presupuestaria y poder, con ese dinero, comprar voluntades en el Congreso”, declaró.

El jefe edil también reclamó que el actual gobierno excluyó a la Anam del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), pese a que históricamente se le había otorgado una silla con voz, aunque sin voto. “Este es el primer gobierno en la historia que deja a la Anam fuera del Conadur”, subrayó, y lamentó que esa decisión les impida tener acceso directo a información clave sobre los proyectos del sistema de consejos de desarrollo.

A pesar de los obstáculos, indicó que desde la Anam se gestionan apoyos puntuales para los alcaldes, en especial cuando enfrentan rechazos de avales. En ese sentido, destacó la buena relación con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). “Conred le rechaza de forma muy frecuente los avales a los alcaldes, pero mantiene con la Anam una vía de comunicación muy buena. Nos dicen por qué se rechazó, y nosotros ayudamos al alcalde para que lo sustente y le den su aval lo antes posible”.

Siero explicó que, debido a los constantes retrasos y a los plazos limitados, muchos alcaldes optan por proyectos más fáciles de ejecutar, como calles y pavimentos, en lugar de obras más complejas. “Empavimentar una calle se tarda dos meses, pero hacer un drenaje puede tardar 18 meses. Entonces, por eso se van por los pavimentos: porque los tiempos que quedan del año son muy cortos”, afirmó.

Además, alertó sobre el riesgo financiero que implica para las municipalidades no ejecutar los fondos a tiempo. “Ese contrato está vigente y la municipalidad tiene la responsabilidad financiera. Le toca reponer ese dinero que no se ejecutó con Codede”, señaló. Por ello, aseguró que los alcaldes reelectos han aprendido a enfocarse en proyectos de rápida ejecución para no arriesgar sus recursos propios.

Finalmente, apuntó que estos problemas no dependen solo de las municipalidades, sino del funcionamiento del Ejecutivo. “Si el presidente quiere levantar la ejecución, en eso se tiene que enfocar. No es necesario hacer un recorrido por el país para saber cuál es la respuesta a los atrasos: está en los avales que no salen”, sentenció.

Ejército celebra 154 años con desfile y nuevo jefe del Estado Mayor es ascendido a general de división

Durante el acto se destacó la continuidad del ministro de la Defensa, Henry Saenz, y Erwin Rolando Gómez Barrera fue ascendido a general de división tras relevo del Estado Mayor.

Sandy Pineda y Andrea Domínguez

30 de junio de 2025 | 12:46h

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Celebración del 154 Día del Ejército de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El Ejército de Guatemala conmemoró este 30 de junio del 2025 su 154.º aniversario con un acto protocolario y un desfile militar en la capital.

El desfile cívico-militar recorrió la Avenida Reforma y concluyó frente al Ministerio de la Defensa.

Durante la ceremonia, el general de brigada Erwin Rolando Gómez Barrera fue ascendido a general de división tras su relevo como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

En su discurso, el presidente Arévalo reiteró la necesidad de mantener un Ejército profesional, subordinado al poder civil y alejado de intereses particulares.

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“Nuestro Ejército vuelve a ser una institución transparente, reconocida a nivel nacional e internacional (…) Este Ejército ya no responde a viejas prácticas corruptas, está al servicio del pueblo digno y de la República de Guatemala”, afirmó.

Ejes estratégicos y cooperación internacional

Por su parte, el ministro Saenz subrayó tres ejes de su gestión: la modernización institucional, la cooperación internacional y la relación estratégica con Estados Unidos.

Uno de los puntos destacados fue la ampliación del puerto Quetzal.

“Este dejará de ser un puerto promedio para convertirse en una infraestructura clave que impulsará el comercio marítimo y atraerá inversión y estabilidad nacional”, aseguró, aunque dicho proyecto aún tiene plazos pendientes por definirse.

Saenz también resaltó la participación del Ejército en misiones de paz y el fortalecimiento de capacidades internas mediante convenios y apoyo internacional, principalmente con EE. UU., señalado como su principal socio estratégico.

Continuidad en la cartera de Defensa

El pasado 27 de junio, el presidente Arévalo confirmó que Saenz continuará al frente del Ministerio de la Defensa.

A la vez, la institución castrense informó que se reestructuró la cúpula militar con nueve nuevos nombramientos, incluido el del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Lea también: Más de 50 proyectos políticos se alistan para poder competir en las elecciones del 2027

Bernardo Arévalo confirma a Henry Saenz como ministro de la Defensa y anuncia cambios en la cúpula militar

El presidente Bernardo Arévalo ratifica en el cargo Henry Saenz como ministro de la Defensa. Anunció, además, una reestructuración total en la cúpula militar, bajo el criterio de antigüedad de los oficiales.

Sandy Pineda

27 de junio de 2025 | 09:51h

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El presidente Bernardo Arévalo ratificó en el cargo al ministro de la Defensa, Henry Saenz, este 27 de junio durante una rueda de prensa en Casa Presidencial. Saenz anunció una reestructuración completa en la cúpula militar. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

En el marco de la conmemoración por el Día del Ejército, el 30 de junio, el presidente Bernardo Arévalo confirmó este viernes 27 de junio de 2025 la ratificación del general de división Henry Saenz como ministro de la Defensa Nacional.

La decisión fue anunciada durante una conferencia en el que el mandatario destacó el papel del Ejército en su gestión.

“Como presidente de la República y comandante del Ejército de Guatemala he decidido ratificar en el cargo al ministro de la Defensa, el general de división Henry David Saenz Ramos. Su liderazgo ha sido clave para consolidar el vínculo entre la conducción política del gobierno y la estructura doctrinaria y disciplinada del Ejército”, expresó Arévalo.

Cambios por tiempo de servicio y decisión propia

Saenz confirmó que, a pesar de su ratificación en el cargo se realizaron varios relevos dentro del Ejército. Aclaró que algunos se debieron al cumplimiento del tiempo de servicio que dicta la Ley Constitutiva del Ejército —33 años de carrera—, mientras que otros fueron decisiones propias como parte de una reestructuración interna.

“Estos cambios se dan como parte de la dinámica natural del Ministerio de la Defensa; sin embargo, aproveché esta fecha simbólica para hacer relevos en la cúpula militar, incluyendo al jefe del Estado Mayor, viceministros, inspector y comandancias de fuerza”, explicó.

El ministro indicó que su decisión de renovar al equipo de trabajo también responde a criterios como méritos, conducción institucional y supervisión.

“Los cambios en comandantes, jefes y directores son decisión mía. El mensaje para los subalternos es que el Ejército es una institución con oportunidades para todos, donde los ascensos y relevos se dan por capacidad, no por política, ni por género ni por cuotas”, añadió.

En cuanto a los planes para el próximo año, Saenz mencionó la continuidad de una estrategia de modernización real.

Detalló que se construye una nueva brigada con más de 50 edificaciones y que se ha iniciado la adquisición de mejor armamento y equipamiento en alianza con potencias extranjeras.

Lea también: CC deniega amparo que cuestionaba continuidad de Saenz en el Mindef

Relevos confirmados

Entre los cambios anunciados por el Ministerio de la Defensa destacan los siguientes:

• Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional: general de brigada Erwin Rolando Gómez Barrera, en reemplazo del general Hermelindo Choz Soc.
• Subjefe del Estado Mayor: general de brigada Marvin Orlando Laj Caal.
• Viceministro de la Defensa Nacional: general de brigada Germán Rodolfo Molina Hernández.
• Viceministro de Marina: vicealmirante Edwin Federico Loarca Cifuentes.
• Viceministro de Política de Defensa y Planificación: general de brigada José Giovani Martínez Milián.
• Inspector General del Ejército: general de brigada Yovany Esaú Ovalle Arriaga.
• Comandante de la Fuerza de Tierra: general de brigada Luis Fernando Mazariegos Calderón.
• Comandante de la Fuerza Aérea: general de brigada Arturo Rafael Sánchez Mejicanos.
• Comandante de la Marina de la Defensa Nacional: vicealmirante Mario Alfonso Rojas Arévalo.

La Corte de Constitucionalidad hace unos días rechazó un amparo que pedía que se removiera a Saenz como ministro, por violentar la Ley Constitutiva del Ejército.

Consultado sobre el tema, pese a los 33 años de servicio, el ministro dijo que todos tienen el derecho de petición, eso lo garantiza la Constitución.

Sin embargo, aseguró que existe fundamento legal para garantizar que su permanencia no infringe la ley y “hay resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad que respaldan legalmente las decisiones del presidente sobre permanencia y ascensos”.

Gobierno confirma continuidad de Henry Saenz y descarta cambios en el alto mando del Ministerio de la Defensa

El presidente Arévalo no hará cambios en el alto mando del Ejército y Henry Saenz seguirá como ministro de la Defensa, confirmó Presidencia. Un amparo presentado el 2 de junio advierte que su permanencia podría violar la ley.

Sandy Pineda

21 de junio de 2025 | 12:05h

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El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de la Defensa, Henry Saenz, durante un acto oficial el lunes 15 de enero de 2024. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El presidente Bernardo Arévalo no tiene previsto hacer cambios en el alto mando del Ejército el próximo 30 de junio y mantendrá en su cargo al general de brigada Henry Saenz como ministro de la Defensa. Así lo confirmó oficialmente el Gobierno al descartar modificaciones en la cúpula militar.

“No se contempla ningún cambio en el alto mando del Ministerio de la Defensa”, informó el Ejecutivo en respuesta a los cuestionamientos sobre posibles relevos.

Además, se indicó que el mandatario “ha explicado en varias ocasiones que todos los miembros de su Gabinete están en constante evaluación, pero no se contempla ningún cambio en el Ministerio de la Defensa. Es decir, no hay cambio en el ministro de la Defensa, general de brigada Henry Saenz”.

De momento, el Gobierno solo añadió que “en los próximos días se harán los anuncios correspondientes”, sin ofrecer más detalles sobre la evaluación de los altos mandos castrenses.

¿Quién es Henry Sáenz Ramos?

El Ejército confirmó que el general Saenz cuenta con 33 años de servicio y que pertenece a la promoción 118 de la Escuela Politécnica.

El actual ministro posee un doctorado en Seguridad y Defensa, así como dos maestrías, una en Administración de Recursos y Tecnología, y otra en Seguridad Pública. Además, es licenciado en Administración de Recursos y Tecnología.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan el de segundo comandante de Creompaz y subdirector de la Escuela Politécnica.

Actualmente, varios altos cargos dentro del Ministerio de la Defensa (Mindef) también pertenecen a la promoción 118 de la Escuela Politécnica, la misma que la del ministro en funciones. Entre ellos se encuentran:

• General Hermelindo Choz Soc, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional
• General Aramis Fuertes Orozco, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional
• General Luis Alberto Juárez Betancourth, viceministro de Política y Defensa
• General William Oswaldo Sierra Sam, inspector general
• General Miguel Ángel Orozco y Orozco, comandante de la Fuerza de Tierra

Cuestionamientos legales

El coronel Miguel Barrios Martínez ha presentado dos amparos relacionados con la permanencia de altos mandos en el Ejército, entre ellos el general Henry Saenz y el general Hermelindo Choz Soc.

El primero de estos recursos legales fue presentado en mayo de 2024 y cuestionaba la legalidad de ciertos ascensos; sin embargo, este amparo no prosperó.

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El segundo amparo, presentado el 2 de junio de 2025 pone en entredicho la permanencia prolongada de Sáenz y Choz Soc en sus cargos tras cumplir el tiempo máximo de servicio activo estipulado en la ley.

En dicho amparo, Barrios Martínez argumenta que la permanencia de ambos oficiales “constituye un acto que causa agravio”, dada la “amenaza inminente y cierta” que representa que continúen en sus cargos después de haber cumplido 33 años de servicio activo.

El documento legal señala además que esta situación vulnera disposiciones específicas de la Ley Constitutiva del Ejército y pone en riesgo derechos y garantías constitucionales de la institución y de los propios oficiales en servicio.

De manera textual, el amparo describe: “Es importante aclarar que ambos artículos citados, tanto el 84 como el 88, tienen el mismo efecto jurídico, y es que el oficial en servicio activo en el Ejército de Guatemala, al llegar a cumplir 33 años de servicio ininterrumpidos, debe ser relegado de las posiciones de mando y pasar a una situación pasiva durante los siguientes tres años hasta que cause baja definitiva. Durante esos tres años en situación pasiva, no podrá ejercer mando alguno y se dedicará únicamente a funciones de asesor, instructor o agregado militar. Sin embargo, a diferencia de otros oficiales, los que integran el Alto Mando no pasarán a desempeñar estas funciones de asesoría o instrucción, sino que simplemente quedarán a disposición del Ministerio de la Defensa”.

El amparo sostiene que esta permanencia no autorizada implica una violación a la normativa interna del Ejército y genera un agravio personal y profesional para Barrios Martínez. Asimismo, en el documento se advierte que estas violaciones podrían materializarse a partir del 28 de junio de 2025.

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Como parte del proceso legal, Barrios Martínez ha solicitado que el Ministerio Público (MP) sea notificado a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal.

Este amparo se ha convertido en un punto de debate sobre la renovación del alto mando militar y la interpretación de la Ley Constitutiva del Ejército, en un contexto donde el Gobierno ha respondido que ha decidido mantener a los actuales oficiales en sus cargos.

El artículo 84 de la Ley Constitutiva del Ejército establece que los oficiales deben pasar a “situación de apresto” al cumplir 33 años de servicio. En ese estado, pueden ejercer funciones como asesores, pero no pueden ocupar cargos de mando.

Según la acción legal, Sáenz y Choz Soc llegarán a los 33 años reglamentarios el 27 de junio de 2025 y deben causar baja definitiva el 27 de junio de 2028.

Lo que dice la Ley del Ejército

La Ley Constitutiva del Ejército establece en su artículo 84 que los oficiales, al cumplir 33 años de servicio, deben pasar a una “situación de apresto”, una etapa administrativa en la que ya no pueden ejercer funciones de mando, dirección o administración.

En esta condición, solo pueden desempeñarse como asesores, consultores, instructores o agregados militares, especifica el numeral 1 del mismo artículo, y deben permanecer así hasta completar 36 años de servicio, momento en el que causan baja definitiva.

El artículo 88 refuerza esta disposición para los integrantes del Alto Mando, quienes al llegar a los 33 años tampoco pueden seguir en funciones de liderazgo.

A diferencia de otros oficiales en apresto, los altos mandos no asumen roles de asesoría o instrucción, sino que simplemente quedan a disposición del Ministerio de la Defensa, sin tareas operativas.

Aunque una reforma aprobada por el Congreso en 2022 (Decreto 14-2022) amplió de 33 a 36 años el tiempo total de servicio militar, no eliminó la obligación de pasar a situación pasiva al alcanzar los 33 años.

Esta modificación buscó aprovechar la experiencia del personal, pero mantuvo las restricciones sobre el ejercicio de mando.

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Análisis

El coronel retirado Mario Mérida, analista en temas de seguridad y defensa, afirmó que la permanencia del general Henry Saenz en el cargo de ministro de la Defensa después de haber cumplido los 33 años de servicio no sería legal bajo el marco normativo vigente.

“Si yo me tengo que retirar el 30 de junio de este año, ese es un ultimátum claro e inamovible. No existe ninguna manera de que se pueda eludir ni la Ley Constitutiva del Ejército ni el Reglamento de Ascenso Militar en Guatemala”, explicó con contundencia.

Mérida recordó que tradicionalmente, los oficiales que llegan al límite máximo de años de servicio son retirados incluso con anticipación, para facilitar su transición a la vida civil y evitar cualquier incumplimiento legal.

Por tanto, mantener en funciones a un oficial activo que ha cumplido ese tiempo, señala un claro incumplimiento de las disposiciones legales.

Respecto a la posibilidad de que el presidente Arévalo mantenga a Saenz en una función cercana, el experto aclaró que el mandatario podría contratarlo únicamente como asesor civil, una figura distinta a la de militar activo.

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“El presidente lo puede contratar como comisionado de Seguridad y Defensa posteriormente, para que siga colaborando en temas de interés nacional, pero ya en su calidad de oficial jubilado”, puntualizó.

Finalmente, Mérida advirtió que la continuidad de Saenz en el cargo más allá del plazo legal implicaría una clara violación a la ley: “El presidente estaría incurriendo en una transgresión normativa al mantenerlo en el cargo, a pesar de que el general ya cumplió el tiempo de servicio previsto para oficiales activos. Esto podría derivar en cuestionamientos legales y problemas institucionales graves.”

Antecedente con Giammattei

Una situación similar ocurrió durante la administración de Alejandro Giammattei, en julio de 2023, cuando se cuestionó la continuidad del general William Arnulfo López Chay como jefe del Estado Mayor, pese a haber superado el tiempo de servicio establecido por ley.

Incluso sectores tradicionalmente afines al gobierno, como la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), criticaron la decisión. Su presidente, Ricardo Méndez-Ruiz, acusó a Giammattei de abuso de autoridad y prolongación indebida de funciones.

En aquel entonces, el Ejecutivo defendió su decisión basándose en el artículo 88 de la Ley del Ejército, que permite la continuidad del jefe del Estado Mayor si es nombrado ministro de la Defensa, lo cual no se aplicaba en ese caso.

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Maestros denuncian presiones del STEG para cerrar escuelas, según el Mineduc

Más de 50 maestros denunciaron en un solo día presiones para asistir a asambleas del STEG. Las quejas incluyen amenazas y cierres de escuelas; el Mineduc aseguró que investigan los casos.

Sandy Pineda

23 de mayo de 2025 | 06:00h

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El viceministro Técnico de Educación, Francisco Cabrera, informó que han recibido más de 50 quejas de maestros que denuncian presiones y amenazas para asistir a asambleas convocadas por el sindicato STEG. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

El viceministro Técnico de Educación, Francisco Cabrera, informó que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha recibido un número creciente de quejas de parte de maestros que aseguran haber sido víctimas de amenazas, presiones y acoso para participar en asambleas permanentes promovidas por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

“Solo el martes último recibimos más de 50 quejas a través de esa línea”, reveló. Las quejas incluyen casos en los que supuestamente miembros del sindicato obligaron a los docentes a asistir a reuniones o cerraron centros educativos para forzar su participación.

“Nos dicen: ‘En mi escuela vino una persona del sindicato y nos está amenazando’, o ‘el director cerró con llave la escuela para que fuéramos a la asamblea’”, relató Cabrera.

Durante una conferencia de prensa, Cabrera señaló que el Mineduc habilitó el número telefónico 1503 para recibir denuncias de ese tipo. Añadió que estas denuncias también se reciben por otras vías, como mensajes en redes sociales y WhatsApp.

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El viceministro destacó que, si bien estas situaciones no son nuevas, el aumento reciente de los reportes llevó al ministerio a documentar cuidadosamente cada caso para aplicar las medidas correspondientes.

Según explicó, si las ausencias no son justificadas, se aplicarán sanciones administrativas. En los casos de amenazas o acoso, serán trasladados a las instituciones competentes para una posible investigación penal.

Cabrera reiteró que la participación en asambleas sindicales no es obligatoria y que ningún maestro debe ser forzado a asistir. “Lo que corresponde es el respeto al derecho a la educación de los estudiantes”, subrayó.

Lea también: Pacto colectivo: Los tres temas en los que STEG toma decisiones dentro del Mineduc

Monitorean cierres de escuelas

A pesar de las quejas, el funcionario destacó que “más del 80% de los centros educativos están funcionando con normalidad” y agradeció a los docentes que continúan cumpliendo con sus responsabilidades.

“Eso es corresponderle a los estudiantes, a las comunidades y al país”, afirmó.

El Mineduc está elaborando un registro de los centros que no están operando, con el fin de tomar acciones correctivas. “Empezamos por documentar esos cierres y luego se avanza a medidas individuales”, detalló.

Negociación sigue activa

Cabrera aclaró, además, que las negociaciones con el STEG no se han interrumpido. “Ayer se celebró la sesión número 45 del proceso de negociación del pacto colectivo”, dijo, contradiciendo versiones que afirman que no hay diálogo.

Finalmente, reiteró que cualquier manifestación debe respetar el derecho de los estudiantes a recibir clases.

“Las últimas manifestaciones que vimos fueron bastante pobres. Si quieren manifestar, está bien. Pero no pueden dejar de cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la educación”, concluyó.

Sindicato mantiene postura

En un comunicado publicado el 19 de mayo, el STEG criticó a la ministra Anabella Giracca, acusó al Mineduc de minimizar sus acciones y negó que las protestas hayan sido mínimas.

También desestimó los videos oficiales y aseguró que “la mayoría del magisterio se declaró en asambleas permanentes”.

Lea también: Sindicato liderado por Joviel Acevedo exige reajuste salarial del 15% y rechaza aumento del Gobierno

Controversia por supuesto exilio: las posturas tras declaraciones del presidente de Costa Rica sobre la esposa del presidente Arévalo

Gobierno de Guatemala aclara que Lucrecia Peinado cumple agenda oficial y no está exiliada como afirmó el presidente de Costa Rica. El MP señala desinformación.

Sandy Pineda

22 de mayo de 2025 | 15:20h

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El Ejecutivo y el Ministerio Público rechazan versión del presidente Rodrigo Chaves sobre supuesto exilio de la Primera Dama en México. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Una inesperada afirmación del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, encendió la controversia diplomática este jueves 22 de mayo de 2025, luego de que asegurara públicamente que Lucrecia Peinado, esposa del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo se encuentra exiliada en México por temor a la Fiscalía guatemalteca.

La reacción del Gobierno de Guatemala no se hizo esperar: desmintió la declaración y estableció contactos por la vía diplomática, mientras que el Ministerio Público también salió al paso para defender su independencia y rechazar cualquier señalamiento.

Las declaraciones de Chaves fueron emitidas durante su tradicional conferencia de prensa semanal el pasado 21 de mayo.

“La señora del presidente Arévalo está refugiada, siendo primera dama, en México desde hace meses, por el temor a una fiscalía corrupta”, sostuvo, y añadió que “el presidente tuvo que enviar a su señora esposa a asilo político para que no lo traten de golpear por ahí”, afirmó Chaves.

El comentario se dio en respuesta a una pregunta sobre la independencia judicial en Costa Rica, pero derivó rápidamente en un señalamiento directo a la institucionalidad guatemalteca.

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Reacción del Gobierno de Guatemala

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Guatemala reaccionó el jueves 22 de mayo a través del secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo, quien calificó como falsa la afirmación del mandatario costarricense.

“Desconocemos de dónde proviene esta información. No es cierta”, enfatizó Palomo.

“La primera dama ha estado atendiendo cuestiones familiares y también ha participado en giras oficiales, todo de forma pública y documentada. Recientemente ha tenido actividades en México y Panamá, y en los próximos días se unirá a la gira del presidente Arévalo a Taiwán y Japón. Posteriormente tiene compromisos en Europa junto con otras primeras damas y caballeros”, añadió.

Palomo también subrayó que la afirmación de Chaves, aunque errónea, refleja una percepción internacional preocupante respecto al actuar del Ministerio Público.

“Lo cierto es que el presidente Chaves puntualiza sobre un tema importante: la imagen que tiene la fiscalía en el foro internacional. Es un reflejo de cómo el mundo percibe la criminalización excesiva en Guatemala”, puntualizó el vocero presidencial.

Consultado sobre la existencia de alguna investigación penal contra la primera dama, Palomo fue claro: “Desde el Ejecutivo desconocemos que exista alguna. Esa consulta debe dirigirse al Ministerio Público y a las instancias correspondientes del sistema de justicia”.

Respuesta del Ministerio Público

Y la respuesta del MP no tardó. A través de un comunicado oficial, la institución rechazó categóricamente los señalamientos del mandatario costarricense, calificándolos de infundados y basados en conjeturas.

“Dichas afirmaciones parecen basarse en conjeturas y desinformación, posiblemente difundidas por actores interesados en desacreditar la labor del Ministerio Público”, afirmó la entidad, y aclaró: “Según nuestros registros oficiales, la ciudadana Lucrecia Peinado no figura como objeto de investigación, ni se encuentra vinculada a ningún expediente penal”.

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El MP también denunció que este tipo de comentarios promueven la desinformación y buscan “afectar investigaciones en curso y minar la confianza ciudadana”.

Por ahora, el Ejecutivo guatemalteco informó que se han establecido canales de comunicación entre las cancillerías de ambos países luego de las declaraciones de Chaves. Sin embargo, no se ha confirmado si el presidente Arévalo entablará un diálogo directo con su homólogo costarricense.

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Postura de diputados

Varios diputados se pronunciaron con relación al caso de Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arévalo, luego que el presidente de Costa Rica afirmara que está exiliada en México y aseguran que declaraciones del mandatario de ese país pudieron deberse a una mala comunicación

La diputada Andrea Reyes, del bloque oficial, afirmó que tienen conocimiento de que Peinado realizando visitas de carácter diplomático con diferentes autoridades a nivel global, como parte de las funciones que ha asumido en el cargo.

Respecto a las declaraciones del presidente de Costa Rica sobre una posible persecución penal por parte del MP contra Peinado, la diputada expresó: “Me parece que pudo haber sido alguna mala comunicación que él haya tenido sobre esto y por eso él lo expresó. Por otro lado, más que eso, creo que tiene que ver con la mala reputación que tiene la fiscal general -Consuelo Porras- a nivel global y que ya ha emprendido esta clase de acciones con otros miembros del gobierno”.

El diputado Inés Castillo, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que el presidente de Costa Rica tomó con mucha ligereza al hacer una afirmación que, según él. “no le consta”, y aseguró que fue acertado que la Presidencia de la República aclarara la situación en torno a la esposa del presidente.

La diputada Sandra Jovel, del bloque Valor, comentó que no tenía conocimiento de la situación hasta que lo vio en los medios de comunicación, y aseguró que era lamentable que Peinado tenga que asilarse si no debe nada. También expresó que no es correcto que otro país divulgue una noticia tan importante que compete únicamente a Guatemala.

¿Quién es la nueva ministra del Maga, María Fernanda Rivera?

María Fernanda Rivera tiene trayectoria en el sector público, privado y académico. Ahora asume como ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Sandy Pineda

9 de mayo de 2025 | 15:59h

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María Fernanda Rivera Dávila fue juramentada como ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación el 9 de mayo de 2025. (Foto Prensa Libre: Presidencia)

María Fernanda Rivera Dávila fue juramentada este 9 de mayo como nueva ministra del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Su perfil combina experiencia técnica, académica, empresarial y comunitaria en temas agrícolas y de desarrollo rural.

Es ingeniera agrónoma con licenciatura en Ciencias Agrícolas de la Universidad EARTH (Costa Rica) y cuenta con el pensum cerrado de una maestría en Economía Aplicada y Administración de Empresas por Texas A&M University y la Universidad del Valle.

Rivera no es nueva en el MAGA:

• En 2013, fue experta en Comercio Internacional.
• Entre 2014 y 2015, se desempeñó como directora de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos.
• En 2021, fue asesora técnica del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER).

Ha trabajado en el sector privado liderando proyectos de producción, análisis sensorial y transformación de cacao y chocolate. Es consultora certificada por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y ha estado al frente de iniciativas de integración económica.

También ha ocupado cargos en cámaras empresariales, como la de Alimentos y Bebidas y la de Productores de Cacao de la Costa Sur. En lo académico, ha impartido clases en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y en la Escuela de Gobierno.

Además, ha participado en actividades comunitarias como técnica en emergencias médicas e incendios en el Cuerpo Voluntario de Bomberos, así como en iniciativas de mejora de la calidad del cacao guatemalteco.

Su nuevo reto: liderar la política agropecuaria del país en medio de desafíos climáticos, económicos y sociales.

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Antes de asumir el cargo, Rivera Dávila debió pagar Q245 mil por 44 sanciones impuestas por la Contraloría General de Cuentas, monto que canceló para poder obtener su finiquito y ser juramentada como ministra este 9 de mayo.

Hoy fue juramentada María Fernanda Rivera como titular del @MagaGuatemala , quién antes de asumir debió pagar Q245 mil por 44 sanciones en la @Contraloria_gt .
El pago fue para obtener su finiquito. @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/r0KhEPTDRU

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) May 9, 2025

Lea también: Relevos constantes en el Ejecutivo suponen inestabilidad institucional y tensiones políticas, advierten analistas

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Relevos constantes en el Ejecutivo suponen inestabilidad institucional y tensiones políticas, advierten analistas

A 15 meses de haber asumido el gobierno de Bernardo Arévalo, los constantes relevos en el gabinete de ministros han provocado cuestionamientos sobre la estabilidad y solidez del equipo de gobierno.

Sandy Pineda

9 de mayo de 2025 | 00:01h

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El gobierno de Bernardo Arévalo suma al menos 42 cambios en altos cargos entre 2024 y lo que va de 2025, incluyendo renuncias, destituciones y relevos por reorganización. (Foto Prensa Libre: EFE)

A menos de un año y medio de haber iniciado su gestión, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha registrado al menos 42 cambios en distintos ministerios y dependencias, relevos constantes que han provocado cuestionamientos sobre la estabilidad y solidez del equipo de trabajo.

Analistas políticos advierten que estos cambios —producto de renuncias voluntarias, decisiones técnicas y reacomodos— responden a una combinación de improvisación, fragilidad estructural y presiones externas, particularmente desde el Congreso de la República y el Ministerio Público.

Entre las renuncias más recientes está la de Maynor Estrada, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), una de las carteras clave por su presencia y programas en el país.

Riesgos por falta de continuidad

Para el analista Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la falta de continuidad en los cargos representa un riesgo en términos de gobernabilidad y ejecución.

“Muchos de los perfiles fueron nombrados sobre la marcha, sin planificación, y eso se traduce en una gestión débil, con dificultades para implementar políticas públicas de forma sostenida”, explicó.

El resultado, según Dabroy, será un gabinete en constante reajuste y con dificultad para consolidar proyectos.

El analista agregó que esta rotación constante también tiene efectos en el ámbito internacional.

“Un Gabinete inestable genera desconfianza en los cooperantes y actores internacionales, quienes requieren señales de firmeza para mantener su respaldo a los procesos de desarrollo del país”, dijo.

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Falta de experiencia y origen estructural

Por su parte, el politólogo Renzo Rosal enfatizó que los movimientos en el Gabinete son reflejo de una debilidad estructural que se arrastra desde el inicio del actual gobierno.

“Se improvisó en el armado del equipo. Muchas personas no tenían experiencia previa en el Ejecutivo y enfrentaron una realidad política muy hostil. Ahora estamos viendo las consecuencias de eso”, manifestó.

A criterio del analista, esta falta de experiencia no solo ha dificultado la conducción política de los ministerios, sino que también ha afectado directamente la ejecución presupuestaria.

“Muchos funcionarios han tenido que aprender sobre la marcha, lo que implica un desfase entre las metas institucionales y la capacidad real de respuesta. Eso, en un país con urgencias estructurales, se traduce en ineficiencia”, explicó Rosal.

Presión política y temor a la criminalización

Además, los analistas subrayan que el contexto político actual ha complicado la gobernabilidad.

Rosal advierte sobre el fuerte desgaste que implica enfrentar un Congreso hostil, sin bancada oficialista que respalde las acciones del Ejecutivo.

Las interpelaciones, citaciones y amenazas son constantes y afectan la moral y permanencia de los funcionarios.

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“Las interpelaciones, citaciones y amenazas constantes desde el Legislativo han provocado un entorno de presión que no todos están dispuestos a resistir. La ausencia de una bancada oficialista hace aún más difícil enfrentar ese escenario”, explicó.

A esto se suma un nuevo factor: el miedo a la persecución penal.

Dabroy lo advierte: “Hoy —jueves 8 de mayo del 2025— incluso el presidente Arévalo fue señalado por la Fiscalía en un nuevo caso de presunta corrupción, y con Consuelo Porras como fiscal general, hay temor de que integrarse al gobierno implique riesgos de criminalización”.

Este temor, agrega, “puede alejar perfiles técnicos o con experiencia que podrían aportar a la administración. Nadie quiere exponerse si considera que su función pública puede ser utilizada en su contra más adelante”.

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Impacto en el plan de gobierno

En conjunto, ambos expertos coinciden en que esta rotación frecuente podría afectar de forma directa la capacidad del gobierno para ejecutar su plan de trabajo antes de que inicie el calendario electoral del 2027.

“El margen efectivo de acción se está reduciendo, y sin estabilidad no hay posibilidad de obtener resultados concretos”, concluyó Dabroy.

Balance

• Por lo menos 42 cambios oficiales documentados.
• Relevos en ministerios clave como Salud, Ambiente, Comunicaciones, y Agricultura.
• Modificaciones en direcciones como SAAS, COPADEH, DGT y Covial.
• Un ritmo de rotación alto que ha caracterizado el arranque de esta administración.

Cambios más recientes durante 2025

Fecha	Cargo	Saliente	Motivo	Actual designado
8 mayo 2025	Ministro de Agricultura (MAGA)	Mynor Estrada	Renuncia	Pendiente de designación
8 mayo 2025	Directora de COPADEH	Yolanda Pérez	Renuncia	Pendiente de designación
5 mayo 2025	Director de DGT	Elizabeth Velásquez	Reemplazo	Mynor Estuardo González Henríquez
15 abril 2025	Secretario de la SAAS	Iván Carpio	Renuncia	Francisco Lou (interino)
8 abril 2025	Directora interina de Covial	Mónica Gabriela Cueto	Destitución	—
22 abril 2025	Director de Covial	—	Nombramiento	José Luis Istupe Ibáñez

Cambios en 2024 (Primer año de gobierno)

Fecha	Cargo	Saliente	Motivo	Actual designado
8 enero 2024	Ministro de Energía y Minas	Anayté Guardado	Declinó asumir	Víctor Hugo Ventura Ruiz
7 abril 2024	Ministra de Ambiente	María José Iturbide	Remoción por uso indebido de recursos	Ana Patricia Orantes
17 mayo 2024	Ministra de Comunicaciones	Jazmín de la Vega	Destitución por irregularidades	Félix Alvarado (renunció en noviembre)
15 nov 2024	Ministro de Comunicaciones	Félix Alvarado	Renuncia	Paola Constantino (interina)
13 enero 2025	Ministro de Comunicaciones	—	Nombramiento oficial	Miguel Ángel Díaz Bobadilla
12 junio 2024	Ministro de Salud	Oscar Cordón	Renuncia por presión legislativa	Joaquín Barnoya Pérez

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Ejecutivo paga Q1.1 millones cada mes en asesores para la Presidencia y la Vicepresidencia

La plantilla de 112 consejeros de la Presidencia y la Vicepresidencia, contratados bajo el renglón 0-29, asciende a Q1. 1 millones mensuales.

Sandy Pineda

14 de abril de 2025 | 00:06h

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Bernardo Arévalo ha ordenó la reducción salarial de la vicepresidenta Karin Herrera inmediatamente después de darse a conocer la noticia. (Foto Prensa Libre: AFP)

El gobierno de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera está por cerrar el cuatrimestre en medio de una escalada de conflictos.

La última de las crisis provino de la cúpula, por el incumplimiento de un compromiso de campaña, ya que la vicepresidenta no se rebajó el salario, como había ofrecido. La situación desató cuestionamientos en torno al grupo de técnicos y profesionales que asesora al binomio y las estrategias que proponen.

El costo de los contratos 0-29 para gestionar los asuntos más cercanos a la Presidencia y la Vicepresidencia y la efectividad de su trabajo es un punto de análisis para los expertos. Los listados de los asesores deben ser divulgados por las instituciones para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública. El viernes se solicitó una postura a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

Las secretarías de apoyo más cercano para la Presidencia —General, Privada y de Comunicación Social— cuentan con un cuerpo de 87 asesores técnicos y profesionales contratados en el renglón 029, por Q1.1 millones mensuales, en total, de acuerdo con los reportes de información pública.

La Vicepresidencia tiene un equipo de 25 asesores, con funciones en las secretarías General, Privada, de Comunicación Social, Particular y en el Despacho, por un total mensual de Q395 mil 392.28.

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Las crisis por la implementación del reglamento para la clasificación de desechos, el seguro vehicular obligatorio, así como las demandas de aumento salarial de los salubristas y el magisterio llegaron al punto máximo cuando se reveló que la vicepresidenta, Karin Herrera, no cumplió con rebajarse el salario en un 25%, como hizo el presidente Arévalo.

Herrera reaccionó con un comunicado, publicaciones en la red social X y la justificación de que el Ministerio de Finanzas no había atendido su solicitud para efectuar la rebaja.

Una de las conclusiones de los analistas es que lo ocurrido refleja falta de coordinación interna y debilidad institucional.

La imagen de la vicepresidenta se ha debilitado

José Carlos Ortega, director del Instituto de Servicios a la Nación, afirmó que el tema de los sueldos deja una imagen debilitada del binomio presidencial y, más aún, al conocerse las erogaciones por asesores. Además, cuestionó la forma como Herrera abordó la polémica: “El comunicado que emitió es pésimo. Las declaraciones que dio sobre su relación con el presidente son pésimas […]. Tiene mucho desconocimiento, una muy mala asesoría”.

Según Ortega, la imagen institucional se ve más afectada cuando la vicepresidenta traslada la responsabilidad a sus asesores.

Desglose del gasto en asesores de la Vicepresidencia:

• Secretaría General: 6 asesores — Q103,000.00
• Secretaría Privada: 6 asesores — Q100,964.28
• Despacho: 5 asesores — Q88,000.00
• Comunicación Social: 6 asesores — Q80,000.00
• Secretaría Particular: 2 asesores — Q23,428.00

Gasto e idoneidad cuestionable de los asesores

Respecto del gasto en esas asesorías, el analista en comunicación política Alejandro Quinteros opina que la situación expone un problema estructural en el uso de fondos públicos. “En cualquier institución, lo más importante es que las personas que estén contratadas sean las necesarias; ni más ni menos, y que sean las idóneas”, afirmó.

A su juicio, sería necesario “hacer una revisión más profunda de los perfiles y descripciones de puesto de las plazas que ella tiene a su cargo”, y evaluar si están ahí por mérito o por vínculos de nepotismo, políticos, porque apoyaron en la campaña o son del partido.

“Ha sido recurrente en varios gobiernos que se designe a personas allegadas, más que a las personas adecuadas”, añadió. Según explicó, este contexto hace necesario entender si los perfiles y quienes los ocupan son los idóneos, y ver los resultados alcanzados.

Uno de los aspectos que deben ocupar a los asesores es la aparente distancia entre Arévalo y Herrera.

El analista político Cristhians Castillo señaló que este tipo de controversias no son nuevas en la política guatemalteca y que el distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta responde, en este caso, en parte, a que ella no es un actor orgánico del partido oficial.

“Esto se ha vuelto la tendencia, precisamente porque los vicepresidenciables no necesariamente son actores orgánicos de los partidos que los postulan, comentó.

Vicepresidencia: la asesoría ha sido oportuna

En respuesta a las preguntas por este medio, la vicepresidenta Karin Herrera envió respuestas a las preguntas sobre las contrataciones de los asesores y aseguró que “responden a perfiles basados en capacidades, experiencia y funciones”. Y agregan que “las remuneraciones son acordes a esos perfiles”.

“Mi equipo está conformado por personas comprometidas con el país y con atender el amplio mandato de la vicepresidencia”, respondió a la pregunta sobre supuesta deficiencia en las asesorías en temas clave.

Presidencia: la mayoría son técnicos por falta de plazas permanentes

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia  expone que la mayoría del personal contratado bajo el renglón 0-29 “son técnicos, distribuidos en áreas como Recursos Humanos, Informática, Producción, Logística, Digital, Diagramación, Adquisiciones, Auditoría, entre otros y que “cada uno cumple funciones de acuerdo con su experiencia”.

La secretaría señala que se ha contratado al personal “bajo este renglón tomando en cuenta que no hay disponibilidad de las plazas 021 o 011, que sí tienen prestaciones”. “Cada dependencia estatal tiene asignado un presupuesto de funcionamiento y dentro de éste se contempla la contratación de personal bajo renglón 029. El Estado funciona así, no es algo nuevo, es parte de la dinámica de las instituciones”, señalan.

Sobre los resultados concretos y el aporte de las personas contratadas, la secretaría expone que “cada encargado de unidad que tiene a su cargo personal 029 debe firmar mes a mes el informe de resultados que le presentan. De no cumplir las expectativas deseadas, ya no se renueva el contrato”.

La secretaría actualiza que hay personal, que se incluyó en el top de los asesores mejor pagados, que ya no labora para la Secretaría General, como David Alfredo Martínez Mejía y Berlín de Los Ángeles Menéndez. Los listados de asesores contratados bajo el renglón 0-29 que se tomaron como base para esta nota son los más recientes que las instituciones han publicado para cumplir con el inciso 4 de la información pública de oficio.

Percepción negativa y falta de coordinación

Sobre el tema salarial de Herrera, la percepción que se genera puede resultar totalmente negativa, según Quinteros: “La figura del vicepresidente en nuestra república es una figura secundaria y así está diseñada en la ley. […] La impresión de la ciudadanía es que el trabajo del vicepresidente es bastante menor, así como sus responsabilidades y, por ende, no puede ganar más”.

El analista añadió que la fractura entre presidente y vicepresidenta es visible y afecta la gobernabilidad:

“Eso es fatal para cualquier país […]. Lo que están haciendo es jugar con la población y hacerle perder el tiempo a la ciudadanía. Son cuatro años los que tienen en sus manos, y es tiempo perdido si no lo resuelven”, indicó.

Ambos analistas coinciden en que lo ocurrido refleja falta de coordinación interna y debilidad institucional.

Ortega agregó que “el tema deja muy mal parada a la vicepresidente. No pudo ejecutar algo tan básico como coordinar el tema salarial con el presidente. Eso debilita al binomio”.

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Arévalo también se pronunció y aseguró que no tenía conocimiento sobre la situación salarial de la vicepresidenta.

“Yo no tenía conocimiento de la situación salarial porque no veo las planillas de los distintos ministerios ni de ninguna instancia de gobierno”, señaló Arévalo en declaraciones públicas el 7 de abril.

En cuanto a un posible “divorcio” en el binomio presidencial, Arévalo lo descartó, explicando que cada unidad de gobierno tiene su propia administración. “No hay divorcio, solo es el orden administrativo natural”, justificó el mandatario.

Caso no aislado

Con ello, Castillo sugiere que muchas veces los vicepresidentes no tienen un papel relevante dentro de los partidos, lo que contribuye a que queden relegados o desarticulados.

Este tipo de fracturas entre presidente y vicepresidente no es único, y puso como ejemplo la administración de Alejandro Giammattei con Guillermo Castillo. Esto se relaciona con esa visión de que “están de adorno” o tienen una función decorativa, como suele describirse, se vuelven “figura como maceta”.

Lea también: Panorama político 2025: debe ser un año de mejores resultados para Guatemala y para el gobierno de Arévalo

Nota del editor: Esta nota se actualizó el 15 de abril con la postura de la Vicepresidencia, la cual fue solicitada días antes de la publicación. En la misma fecha, por la tarde se agregó la respuesta de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Gastos de representación: qué son y cómo pueden utilizarlos el presidente y vicepresidente de Guatemala

Los gastos de representación se regulan en la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto. Conozca cómo funcionan y quién fiscaliza.

Sandy Pineda

3 de abril de 2025 | 19:21h

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La vicepresidenta Karin Herrera junto al presidente Bernardo Arévalo al ser juramentados el 15 de enero del 2024. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Los gastos de representación son fondos asignados a altos funcionarios del Estado para cubrir actividades oficiales.

En Guatemala, tanto el presidente como vicepresidente reciben una cantidad específica aprobada anualmente en el Presupuesto General de la Nación. Pero ¿cómo pueden utilizar estos recursos y bajo qué regulaciones?

Un punto importante es que estos fondos son esenciales para las funciones oficiales de los altos funcionarios del Ejecutivo; sin embargo, su uso debe estar estrictamente apegado a la ley.

Según la normativa que los regula, los gastos de representación deben ser razonables, transparentes y justificados, y están sujetos a controles y auditorías que garanticen su uso adecuado.

¿Qué son los gastos de representación?

Los gastos de representación son sumas de dinero otorgadas a ciertos funcionarios públicos para cubrir costos relacionados con su labor oficial, como reuniones, viajes y eventos en los que representan al Estado.

Estos fondos no forman parte del salario y deben usarse exclusivamente para actividades vinculadas con las funciones del cargo.

Respecto a su regulación, el artículo 238 de la Constitución establece que los gastos de representación solo pueden ser otorgados cuando sean necesarios para el servicio público.

Lea también: Cuánto ganan los presidentes de entidades del Estado comparado con el salario de Bernardo Arévalo

¿Cómo se determinan los montos?

El Congreso de la República es el encargado de aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en el cual se establece cuánto recibirán el presidente y la vicepresidente en concepto de gastos de representación. La propuesta inicial es elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas y su ejecución debe cumplir con la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 101-97).

Según el artículo 77 de dicha normativa, los gastos de representación pueden asignarse a funcionarios de distintos rangos, entre ellos el presidente, la vicepresidente y los integrantes del Congreso de la República, como los diputados y sus directivos.

También pueden otorgarse a ministros, viceministros, el fiscal general y otros cargos de alto nivel.

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¿En qué pueden gastar estos fondos los funcionarios?

De acuerdo con la normativa vigente, estos recursos deben destinarse exclusivamente a funciones oficiales, como:

• Participación en reuniones diplomáticas o de Estado
• Atención de delegaciones extranjeras
• Organización de eventos protocolarios
• Gastos en alimentación y transporte relacionados con su labor

Como parte de las restricciones, estos fondos no pueden utilizarse para gastos personales, adquisición de bienes privados ni para ningún otro uso no vinculado a la función pública.

La fiscalización de estos gastos corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC) al ser la entidad responsable de auditar y verificar que el uso de estos fondos cumpla con la ley. Cualquier mal manejo puede derivar en sanciones administrativas o legales.

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Vicepresidenta Karin Herrera no se redujo su salario, pero el Gobierno ordenó reajuste en los gastos de representación

La vicepresidenta Karin Herrera respondió a la publicación de Prensa Libre que señala que no redujo su salario, como había prometido, y explicó el motivo.

Sandy Pineda

3 de abril de 2025 | 17:36h

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Vicepresidenta Karin Herrera explica por qué no ha reducido su salario. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Gobierno de Guatemala se pronunció este 3 de abril respecto al salario de la vicepresidenta Karin Herrera y anunció que el presidente Bernardo Arévalo ha ordenado la reducción de los gastos de representación de la Vicepresidencia.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo explicó que la reducción total de los salarios del binomio presidencial no se implementó en su totalidad, por lo que Arévalo instruyó al ministro de Finanzas Públicas aplicar la reducción acordada a los gastos de representación de la Vicepresidencia, asegurando que esta medida es “acorde a los compromisos asumidos con el pueblo de Guatemala”.

Este anuncio surge después de que Herrera publicara, media hora antes, un comunicado en el que aseguraba que constitucionalmente no era posible reducir su salario.

La nota publicada por Prensa Libre reveló que, pese a su promesa de reducir su sueldo tras la primera vuelta electoral de junio de 2023, la vicepresidenta no solo mantiene el mismo salario, sino que percibe un monto mayor que el del presidente Arévalo, convirtiéndose en la funcionaria mejor pagada del país.

En su respuesta, Herrera explicó que sí realizó las gestiones internas para evaluar la viabilidad de la reducción salarial, pero los análisis técnicos y jurídicos concluyeron que no era posible debido a restricciones constitucionales.

“Como vicepresidenta, ante la solicitud realizada en su momento por el presidente de la República, instruí que se realizaran las gestiones internas para la reducción del salario. Ante ello, se analizó la viabilidad jurídica y las consecuencias que conllevaría esa acción. De tal cuenta, los dictámenes técnico y jurídico concluyeron que no era viable constitucionalmente reducir el salario, ya que corresponde a un derecho adquirido y el salario ha sido asignado al cargo y no a mi persona”, se lee en el comunicado.

Herrera subrayó que el monto que recibe fue fijado desde 2004 y que una reducción podría tener repercusiones legales futuras.

Aseguró que los documentos correspondientes fueron enviados a las instancias necesarias, sin que se requiriera un seguimiento posterior.

Además, defendió su gestión: He cumplido con todas las obligaciones que me impone la Constitución y con el mandato que me otorgó el pueblo de Guatemala, generando resultados en beneficio de la población, especialmente impactando en la niñez y adolescencia, el empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento de la ciencia como medio para la transformación social y las acciones para la protección de la población migrante.

Por último, la vicepresidenta argumentó que su salario es un derecho irrenunciable, respaldado por la Constitución: Según el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el salario es un derecho irrenunciable y corresponde al trabajo que se realiza. He trabajado incansablemente en beneficio de la población y lo seguiré haciendo con el mismo compromiso que asumí desde el primer día de mi gestión.

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La respuesta de Herrera llega en medio del debate sobre los ingresos de los altos funcionarios del Gobierno y otros organismos del Estado, como el Legislativo, y la expectativa ciudadana respecto al ofrecimiento de la reducción de sueldos en la administración pública.

#Comunicado | pic.twitter.com/4VaXoGS04K

— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) April 3, 2025

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Casos de desnutrición aguda podrían continuar en alza en los próximos meses

Autoridades del Ejecutivo afirman que en los próximos meses podrían aumentar el registro de casos de desnutrición aguda.

Leslie Sánchez

23 de enero de 2025 | 21:08h

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Este 23 de enero se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria del El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2025. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Según las autoridades del Ejecutivo, en los próximos meses podrían incrementarse los registros de casos de desnutrición aguda.

La razón es porque podría existir un subregistro debido a que hasta hoy aún hay unos 5 millones de personas que no tienen acceso al sistema de salud.

El viceministro de salud, Donato Camey, aseguró que mientras más puestos de salud se construyan, más casos se detectarán de personas que viven en inseguridad alimentaria. El año pasado se hizo una territorialización de todos los puntos en los que existe asistencia y el resultado fue que existe una brecha de más de 100 años.

“Esa territorialización que se hizo el año pasado, nos dice que debiéramos tener alrededor de 8 mil 25 y en este momento tenemos 4 mil 260 servicios de salud a nivel de todo el país, incluyendo los 48 hospitales”, indicó el funcionario ante los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

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Por su parte Mireya Palmieri, jefa de la Sesan, justificó que en 2024 hubo más atención hacia la población y esa es una de las razones por las que se incrementaron los casos de desnutrición aguda. No obstante, las autoridades aún no dimensionan de cuánto podría ser el subregistro de personas en la misma condición.

“Si hay una brecha de 50% en los puestos de salud, imaginémonos cuánto se va a incrementar el contacto de la población con los servicios de salud, de hecho en el 2024 en comparación con años anteriores sabemos que hubo un incremento de atención y que ese es uno de los motivos por los cuales los datos de desnutrición aguda aumentaron”, refirió Palmieri.

En 2024, 83 niños murieron de desnutrición aguda pero aún 87 muertes más continúan en investigación. Las autoridades indicaron que aproximadamente en marzo se tendrá certeza sobre la causa del fallecimiento de los menores y si se suma a las muertes por desnutrición.

Este jueves, durante la primera reunión extraordinaria del CONASAN, se esperaba conocer el resultado de intervenciones que se priorizaron desde octubre del año pasado en 28 municipios ante el incremento de casos de desnutrición aguda en áreas urbanas, sin embargo se informó que aún era prematuro indicar el impacto que tuvieron las acciones de cada dependencia, aún así se buscará ampliar la estrategia a 50 municipios.

Según la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria entre marzo y mayo de 2025 se proyecta que 341 mil personas se registren en el grado de “emergencia” en cuanto a inseguridad alimentaria y 2. 5 millones de personas en el grado de “crisis”.

Legislativo se prepara para recibir el informe del primer año del Gobierno

El Ejecutivo confirmó que se presentará el informe, aunque aún no se conocen los detalles de la actividad.

Fátima Najarro

11 de enero de 2025 | 19:04h

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Los tres presidentes de los poderes del Estado acudieron a las actividades en el hemiciclo por las actividades del 15 de septiembre. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Congreso confirmó la sesión solemne a realizar el martes 14 de enero a las 10 de la mañana. Por el momento, la Presidencia no ha confirmado las actividades para ese día, pero por mandato constitucional, Bernardo Arévalo, debe presentar un informe de su gestión al Legislativo.

Por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) se informó que el Ejecutivo no realizará actividades puntuales el próximo martes.

Se limitó a informar que Arévalo presentará el informe en el Congreso, sin ahondar en los detalles.

En los últimos años, se ha optado por enviar dichos informes sin presentarse a la sesión, como lo realizó el expresidente Alejandro Giammattei en 2023, y al finalizar su gobierno un año después.

Al cumplirse un año más en la administración de un presidente se debe de presentar el informe de Gobierno en el Legislativo, según lo establece la Constitución en el artículo 183.

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“Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su período de sesiones, informe escrito sobre la situación general de la República y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior”, se lee en dicho artículo.

También la SCSP indicó que habrán cambios en el gabinete, los cuales se darán a conocer el lunes 13 de enero en rueda de prensa. Ese mismo día se espera que se anuncien los nuevos gobernadores de los cinco departamentos donde se aceptó la renuncia de quienes estuvieron en el cargo en 2024.

Acercamientos

Arévalo ya se ha presentado en otras ocasiones en el Palacio Legislativo durante su primer año de gobierno. Acudió junto a los presidentes del Congreso y Organismo Judicial (OJ), Nery Ramos y Óscar Cruz -presidente del OJ en ese momento- en septiembre por las actividades de independencia.

Además, en dos ocasiones sostuvo acercamientos cordiales con Ramos, Cruz y Teodulio Cifuente, actual presidente del OJ. La última ocasión sucedió en el Palacio Nacional el 17 de diciembre pasado.

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Panorama político 2025: debe ser un año de mejores resultados para Guatemala y para el gobierno de Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo y su equipo afrontan un segundo año que vendrá cargado de retos a los que tendrá que enfrentarse luego de un año de gobierno.

Por Andrés García/Especial para Prensa Libre

8 de enero de 2025 | 05:00h

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La falta de una bancada en el Congreso hace que el partido de gobierno pierda capacidad de gestión política. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Casi todos los retos estarán relacionados con la influencia de la política internacional, principalmente tras la victoria del partido Republicano. Con Donald Trump llegando al poder, el impacto económico, social y político abrirá un abanico de retos para Arévalo.

Pese a las dificultades que se avecinan, el analista político Renzo Rosal explicó que el Ejecutivo todavía tiene un pequeño margen para modificar el rumbo y la intensidad de la gestión del gobierno porque, en los últimos meses,  los embates del Ministerio Público y los propios errores del gobierno han provocado un desgaste.

“Ahora no hay pretextos ni excusas. Obviamente hay una institucionalidad desmantelada y hay una persecución que va a continuar, y seguramente a partir de enero se va a intensificar por parte del Ministerio Público (MP)  y sus aliados, pero no son factores sorpresivos. Se necesita una gestión de gobierno más basada en resultados, no en activismo, y mucho más de una gestión más sobria y liderazgo”, enfatizó Rosal.

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En la misma línea, la politóloga Marielos Chang  indicó que, “con la aprobación del Presupuesto General de la Nación, se acabaron las excusas. Se esperaría que el próximo año la mejora en los servicios públicos, en la infraestructura y la economía sean más evidentes”.

Chang reconoce que en el primer año de gestión hubo  logros como las 10 mil escuelas remozadas, los 14 nuevos puestos de salud y seis por inaugurar —tres veces más de lo que hizo el gobierno anterior—; el primer municipio libre de piso de tierra, entre otros, pero la percepción de la población es que las cosas no han cambiado. “Este año podremos saber con certeza si solo se trataba de un problema de comunicación o que los resultados en realidad son insuficientes”, comentó.

Recibir a migrantes

El 20 de enero, Donald Trump asume la presidencia de Estados Unidos,  luego de haber ganado las elecciones con la promesa de impulsar una deportación masiva de migrantes, lo cual, para la directora del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), Úrsula Roldán, se va a llevar a la práctica, aunque  desconoce en qué magnitud las deportaciones afecten a guatemaltecos.

Sin embargo, señala, el retorno masivo   podría agravar las condiciones de empleo y la búsqueda de reubicaciones de personas porque aún se desconoce qué departamentos serían los más afectados. “Es una presión más para que el Estado tenga políticas públicas”, dijo Roldán, quien recordó que el Gobierno ya cuenta con un presupuesto sustantivo y, por lo tanto, se debería ejecutar para atender esta situación.

Roldán opina que es difícil evitar la deportación masiva de migrantes, pero que el Gobierno debe velar por mantener el programa de visas de trabajo, aunque el panorama es complicado.

“El Gobierno puede prometer un retorno que genere condiciones de vida, para que no se vuelva a pretender la expulsión de los mismos migrantes”, dijo Roldán.

Sin bancada

 El oficialismo también enfrentará su propia batalla en el Congreso de la República, porque, luego de un año  sin bancada, el 2025 tampoco se vislumbra  fácil para legislar.

Chang considera que el obstáculo más grande es el bloqueo que tiene Semilla para que se le devuelvan sus derechos como bancada, pues  recuperarlos ayudaría a permitir que a sus ministros los dejen trabajar y evitar que las citaciones al Congreso se conviertan en espacios de chantajes o espectáculos mediáticos.

“Los partidos políticos tradicionales siguen teniendo intereses transaccionales. Desafortunadamente no se ha cambiado esa cultura política. Es posible que la tendencia de citar y bloquear continúe, y quien siga saliendo perjudicada sea la ciudadanía”, recalcó la politóloga.

 Rosal, por su parte, comentó que “será una convivencia muy difícil para el oficialismo porque la bancada no juega en la cancha titular, ni está en la banca, está prácticamente presenciando el juego y prestando sus votos; los grupos emergentes, las estructuras de corrupción, son los grandes beneficiados”.

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Rosal explicó que los partidos tradicionales que no son oposición a veces juegan de independientes, continuarán ese juego y en 2025 arrancará más formal la etapa electoral de 2027, así que este año quizá el oficialismo la va a ver más complicada porque ya tiene alto nivel de desgaste, tiene poco margen de maniobra y ya se probó que sus votos son útiles y que no tienen agenda propia”.

Además, el analista político indicó que este año le sirvió a los partidos opositores para medir al oficialismo, por lo que ahora aumentará la auditoría. “Ya estamos notando que están tratando de poner contra las cuerdas a los ministros y aumentar las citaciones, los mensajes de llamados de atención, de presión e incluso extorsivos al presidente de la República”, señaló.

Asimismo, Rosal dijo que el partido Vamos  y algunos diputados de oposición van a jugar a desgastar al gobierno central, dependiendo de lo que haga el MP a partir del 20 de enero por la llegada de Trump al poder en EE. UU.

Remesas y empleo

Para Carlos González, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los conflictos geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación entre Israel y sus vecinos generaría un pequeño impacto en la economía nacional, pero la llegada de Trump al poder sí podría tener repercusiones importantes para Guatemala.

 Los últimos cálculos revelan que el 19.5 % del producto interno bruto (PIB) del país corresponde a las remesas familiares que envían guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos.

Por esa razón, González cree que si Trump cumple sus promesas de campaña, este rubro podría verse ligeramente afectado, pero, a su criterio, la mayoría de  remesas provienen de migrantes ya establecidos en ese país  y que ya poseen documentos legales, por lo que el grupo más susceptible sería el de migrantes recién llegados, que todavía no significarían un impacto grande en cuanto al envío de esos recursos.

Sin embargo, el experto en asuntos económicos indicó que el retorno de guatemaltecos sí podría afectar las oportunidades laborales, ya que muchos de ellos se fueron del país debido a los pocos espacios de trabajo y por la pobreza. A eso habría que sumar  los 200 mil jóvenes que se gradúan anualmente del nivel medio, por lo que uno de los principales retos será la implementación de empleo.

González también comentó que  se podrían crear empleos con políticas que motiven la inversión nacional e internacional, por lo que el presupuesto aprobado en noviembre, de Q148 mil 500 millones, debe administrarse de forma correcta para fortalecer aspectos sociales y la mejora de la comunicación hacia la ciudad y los puertos del país. “Si hay un buen ambiente que transmita confianza al inversionista extranjero, eso generaría mayor empleo”, explicó.

 Embates del MP

Uno de los retos fundamentales para el gobierno de Arévalo será cómo se maneja la  justicia, pues durante los últimos meses  la ruptura entre el MP y el gobierno central solo parece acrecentarse.

El MP, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), mantiene activos los casos en contra del partido Semilla, sus integrantes y funcionarios. Previo a la toma de posesión de Arévalo se cuestionó la legitimidad de los votos, el proceso de compra del sistema de conteo así como la constitución del partido, además de que se emprendieron acciones   contra   funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.

Cuando  Arévalo había tomado  posesión en el Gobierno, la Feci coordinó la aprehensión de la exdiputada de Semilla y exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, ordenó allanamientos en inmuebles vinculados con el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado y en contra de familiares del superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz. Además,  promovió la cancelación del partido oficial, con lo que evitó así que sus diputados asumiera como bancada en el Congreso.

El constitucionalista Edgar Ortiz considera que estas acciones del MP se podrían intensificar en el 2025 porque sería el último año completo de la fiscal general, Consuelo Porras, ya que en mayo de 2026 debería  entregar el cargo.

Ortiz indicó que este año el MP incrementó la presión en la comunicación y confrontación contra el oficialismo, por lo que el 2025 se prevé un aumento en las acciones.

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Además, el abogado recordó que en el 2025 se debe  elegir junta directiva y tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), por lo que los grupos gremiales comenzarán la lucha por esos espacios. “Desde febrero o marzo veremos a los grupos peleando por estos espacios, y este será el primer evento relevante del año”, indicó Ortiz.

Explicó que la importancia de estas elecciones puede estar  vinculada con que los presidentes de estas dos entidades del Cang integrarán la Comisión de Postulación que elegirá la nómina de aspirantes a fiscal general.

Desafíos en seguridad

María del Carmen Aceña, directora del área de seguridad ciudadana del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales,  señaló que el Gobierno afronta grandes retos para el 2025. El primero está relacionado con la percepción de violencia homicida, porque, aunque la tasa de homicidios bajó, la percepción es que hay más violencia, lo cual podría estar relacionado con la velocidad de la información de noticias negativas en las redes sociales.

El 2023 cerró con una tasa de 16.7 homicidios por cada cien mil habitantes, y el 2024 puede cerrar en 16 cuando se oficialicen los datos,  por lo que Aceña considera que se debe continuar con el trabajo. Cerca del 80 % de los homicidios se concentran en 50 municipios, por lo que focalizar a la Policía Nacional Civil es de suma importancia, aseguró la analista.

También afirmó  que las denuncias de extorsiones han aumentado, por lo que el Ministerio de Gobernación (MIngob) debe controlar  estos delitos, y para ello enfocar sus esfuerzos en el Sistema Penitenciario, porque el 80 % de las llamadas extorsivas salen de las cárceles del país. La experta en asuntos de seguridad indicó que se debe motivar más a la población para que denuncie.

Otro de los retos será la implementación de las reformas a la Ley de la PNC, porque se modificó la estructura de la institución sin contar con el aval del Mingob, y para que el escalafón que establece la norma sirva para premiar a los policías por méritos, y no por antigüedad.