Si lo correcto se entendiera como el sistema capaz de proporcionar el mayor bienestar a la mayor cantidad posible de habitantes de una nación, el cuadro parecería alcanzar un nivel cercano a la perfección. Sin embargo, el concepto mismo choca con la naturaleza egocéntrica de conglomerados humanos marcados por la premisa de la búsqueda de la propia satisfacción como un derecho inalienable. La conclusión implícita en esta premisa indica que el bienestar de la comunidad es entonces un derivado del bienestar individual y no al contrario, como debería ser por deducción lógica.

Construidos sobre esta plataforma individualista y orientada hacia la materialización de la mayor cantidad posible de privilegios, las sociedades tienden de manera inevitable hacia la confrontación entre grupos e individuos cuyos objetivos solo coinciden en la necesidad de obtener una mejor posición con respecto de los demás. Fuera de este cuadro van quedando, como un rezago humano desechable, los sectores más pobres; los menos afortunados y quienes poseen la menor cuota de poder, o ninguna. Este sistema, sostenido sobre una base de la supremacía de los más fuertes, impide de manera radical las aperturas de diálogos y consensos precisamente por su naturaleza eminentemente egoísta y depredadora.

En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, regidos por sistemas aparentemente neoliberales pero esencialmente corrompidos por castas empoderadas durante siglos de dominación política y económica, el diálogo entre distintos sectores de la sociedad es prácticamente impensable. La concentración del poder impide casi por antonomasia cualquier acercamiento honesto entre quienes han usurpado el dominio con quienes reclaman su parte del poder. En medio de esos extremos existe un contingente de ciudadanos urgidos de participación y con la capacidad suficiente para ejercer esa tarea, pero aislados en una jaula de prejuicios y estereotipos diseñados para ese fin por medio de la formación educativa, la imposición religiosa y la conveniente división por clases y etnias.

Es esencia, el diálogo constructivo y capaz de generar cambios estructurales sólidos y positivos con el concurso de todos los sectores, es una utopía. Para lograrlo, se requeriría de un cambio profundo del marco valórico cuya supremacía ha impuesto una visión determinada sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, siempre con el filtro de los intereses individuales y contrario a un pensamiento capaz de derribar obstáculos tan sólidos y arraigados como el racismo y el desprecio por los menos afortunados.

De ahí el enorme valor de quienes luchan por erradicar sistemas basados en la opresión y opuestos a la democratización de sus estructuras institucionales. Sin ese paso, las diferencias de opinión no podrán evolucionar hacia los consensos necesarios para hacer, de estos reductos cerrados, auténticas sociedades.

A ese honorable grupo de colegas pertenece Marielos Monzón, cuya trayectoria ha destacado por su valentía y una incansable búsqueda de la verdad. Por eso mismo, ha sido objeto privilegiado de quienes desean –y necesitan- callarla por medio de amenazas directas o veladas, incluyendo su nombre en listados de supuestos enemigos políticos, acusándola de hechos criminales cometidos cuando ella era apenas una niña que comenzaba a vivir, todo ello por esa inveterada incapacidad de jugar limpio, característica fundamental de estos grupos extremistas.

Aun cuando quisiéramos pensar en las amenazas políticas como cosas del pasado, la realidad nos demuestra lo contrario. Los dinosaurios existen. Excepto el de Augusto Monterroso, los demás nunca se fueron. Ahí se quedaron agazapados rumiando su fracaso político y añorando los tiempos aquellos cuando la abominable organización criminal de la “mano blanca” gobernaba desde las alturas del poder. Hoy ni siquiera plantean propuestas racionales sino simplemente destilan odio y resentimiento por los juicios contra algunos de los suyos por crímenes tan espeluznantes como genocidio, desapariciones forzadas y masacres en denuncias bien fundamentadas con pruebas concretas. Eso no lo van a perdonar y lo demuestran amenazando a una mujer dedicada al análisis, la denuncia y a practicar un periodismo basado en la ética y la verdad.

La solidaridad con Marielos no es un gesto de empatía personal -aunque la aprecio y respeto como profesional y como mujer íntegra- sino un acto de supervivencia gremial. En pleno siglo veintiuno, superada la frontera de la pacificación después de 36 años de conflicto bélico entre hermanos y en plena construcción de un estado de Derecho, es inaceptable esa agresión cuya finalidad es acallar a la prensa. Marielos es integrante de un gremio cuya existencia misma constituye un peligro para aquellos sectores cuya intención es volver a reinar con sus métodos represivos y dictatoriales. Pero además de Marielos, hay muchas mujeres y hombres comprometidos con un periodismo limpio y transparente, cuyos nombres podrían, eventualmente, aparecer en esos listados de muerte.

Marielos Monzón acudirá a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas a depositar su denuncia y esperamos que esa dependencia actúe con celeridad y eficacia para identificar a los responsables de las amenazas contra su integridad. Lo hace no solo por seguir un protocolo institucional definido por las normas legales, sino por hacer visible un hecho repudiable cuyas consecuencias trascienden con mucho su situación personal para afectar a toda la comunidad periodística, cuya labor está consignada entre los derechos humanos fundamentales de una sociedad democrática.
La libertad de expresión figura entre los derechos amenazados por estos grupos clandestinos cuyo poder económico les permite disponer de muy variados mecanismos de intimidación contra quienes piensan diferente. Es deber de la ciudadanía demostrarles que esos tiempos ya pasaron a la historia.

Las sociedades están integradas por seres humanos diversos, nacidos en ambientes diferentes de padres únicos y en condiciones particulares, desde las cuales se van modelando carácter y personalidad. La niñez es, en realidad, una etapa de la mayor vulnerabilidad durante la cual las personas son entrenadas para pensar, comportarse y creer de una manera definida por los adultos de su entorno. En ese proceso inciden madres, padres, familiares cercanos, vecinos, maestros y líderes espirituales.

Nadie escapa a este “modelaje” iniciático en el cual se imprimirán, como hoja en blanco, una serie de códigos, ideas, conceptos y actitudes como espejo de otros códigos, ideas, conceptos y actitudes heredados de generaciones pasadas y así hasta el infinito. Sin embargo, cuando se inicia la etapa escolar comienza un proceso de re evaluación de todo lo aprendido. Una gran oportunidad para corregir y perfeccionar el conocimiento acumulado. Es como cuando a una escultura se le quita la materia sobrante y se le agrega la que hace falta. Es un período de grandes experiencias, cuando las mentes ávidas de información absorben todo lo que se pone a su alcance y también cuando la calidad del educador y del entorno son vitales para fijar el interés del alumnado y optimizar los resultados del ejercicio pedagógico.

Resulta pertinente, entonces, preguntarse qué sucede cuando los docentes carecen de la preparación adecuada para impartir clases en el sistema educativo de un país. Cuando estos profesionales de la educación no llegan siquiera a aprobar las pruebas de aptitud básicas para optar a una plaza en ese sistema. Es de suponer, entonces, la existencia de una falla fundamental cuyo origen –estructural, por cierto- procede de políticas públicas deficientes y opuestas a priorizar la calidad educativa. Esta falta de atención a una de las bases fundamentales de todo proceso de desarrollo priva a la niñez de una formación intelectual mínima y acorde con estándares internacionales. Es decir, se provee de un sistema inservible con el único objetivo de presentar estadísticas más o menos aceptables ante una comunidad mundial crítica.

El producto de semejante sistema no puede ser otro que una serie de generaciones incompletas desde el punto de vista académico, cuyo potencial se desperdicia por razones diversas, ninguna de las cuales considera las devastadoras consecuencias que ello implica. No se propicia el análisis, los procesos de intercambio intelectual, los proyectos de investigación y tampoco se conduce a las nuevas generaciones hacia la búsqueda de respuestas a los grandes temas actuales. Estas deficiencias vienen aparejadas con una formación deficiente desde el ámbito familiar, lo cual deviene en comunidades humanas en donde las variantes del pensamiento se consideran una afrenta y suelen ser reprimidas al separarse de la norma.

La tendencia, entonces, es producir generaciones de humanos aptos para trabajos rutinarios en los cuales permanezcan durante toda su vida sin pretender cambios. Personas cuyas capacidades sean anuladas en función de un sistema productivo diseñado para ciudadanos obedientes y no deliberantes, como disciplinados soldados de una mega industria multinacional. Allí vemos, entonces, a una valiosa juventud desperdiciada sin oportunidades de crecimiento intelectual por falta de recursos, pero sobre todo por la ausencia de un Estado capaz de identificar en ella el enorme potencial de desarrollo y bienestar para la nación. Esta es la realidad en países gobernados por élites incapaces de aflojar las riendas para que el garañón abandone el trote y pueda galopar.

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Sería injusto e irreal esperar mejoras inmediatas en el sistema de salud de Guatemala solo por haberse producido un relevo ministerial. Es de todos conocido el colapso en el cual se encuentra la atención sanitaria a nivel nacional, la manera como se ha administrado esa caja de Pandora de la que muchos han echado mano para llenarse los bolsillos, y los intereses involucrados en el manejo de su presupuesto.

La designación de la doctora Lucrecia Hernández Mack, sin embargo, ha lanzado un soplo de aire fresco en esa nube gris. Muchos esperan que dada su juventud, su integridad, su experiencia profesional y su calidad de médica salubrista -todo lo cual permite suponer una visión holística distinta al enfoque tradicional sobre los retos y posibles soluciones- las decisiones emanadas de esta nueva administración logren resultados en corto tiempo.

Eso es imposible. La restauración de la funcionalidad plena de los puestos y centros de salud, de los hospitales, el abastecimiento básico de instrumental, medicinas y otros suministros indispensables para la atención sanitaria a la población, no dependen de la capacidad de una sola persona al mando ni se verán sus efectos en un abrir y cerrar de ojos. Lo que suceda en los próximos meses dependerá fundamentalmente de la voluntad de los equipos humanos comprometidos con esa misión, siempre y cuando sean capaces de dejar por un lado sus intereses particulares para embarcarse en la aventura de trabajar con el claro propósito de reparar los serios daños ocasionados por la corrupción enquistada en ese importante ministerio.

La fórmula ganadora, de acuerdo con algunas opiniones vertidas en los medios de comunicación y redes sociales, sería un apoyo irrestricto del Ejecutivo, del Congreso, de las organizaciones civiles y de la ciudadanía a este nuevo intento de recuperación del enorme complejo nacional para la atención en salud. El acompañamiento no solo deberá ser constante, sino también consciente e informado sobre el estado real de las instalaciones, las condiciones de trabajo del personal, los detalles del gasto y los planes para poner todo eso en condiciones de supervivencia, dado que actualmente se encuentra en riesgo vital.

La ministra Hernández Mack ha de ser muy valiente para haber aceptado un reto que otros consideran prácticamente imposible de vencer. Hoy será su primer día de trabajo, ya directamente desde el despacho ministerial, y enfrentará los innumerables retos dentro y fuera de la cartera. Desde la distancia resulta difícil imaginar la reestructuración de ese laberinto poblado de amenazas, pero no deja de ser esperanzador pensar en la posibilidad de que, durante esta administración, la población más necesitada encuentre la atención necesaria con sensibilidad humana en el sistema, cuando acuda a él.

La ministra podría echar una mirada a su alrededor y, como sugería algún Presidente anterior, “buscar en las gavetas”, donde quizá encuentre recursos de programas irrealizables por falta de capacidad de ejecución, otra de las grandes deficiencias de un Estado clientelista y poblado de burócratas poco o nada preparados para cumplir sus funciones. La ciudadanía observa con expectación los primeros pasos de esta nueva funcionaria, pero hay que tener la suficiente lucidez para no esperar milagros, sobre todo cuando algunos de los problemas más acuciantes han permanecidos irresueltos por décadas de abandono, malos manejos y presiones malintencionadas de sectores de poder que han usado al sistema de salud como una fuente de enriquecimiento personal.

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“Sobre la injuria, la ofensa”, reza el dicho cuando se desea aludir a los extremos del descaro en actos contra la dignidad humana. Así ha de sentirse la ciudadanía guatemalteca cuando observa el desfile de individuos cuya posición de poder y privilegio les facilitó el acceso a los fondos públicos, de los cuales hicieron feria de la manera más descarada. Bien trajeados y pulcros, las lociones francesas pueden olerse a través del televisor.

El espectáculo que tiene perpleja a la opinión pública nacional e internacional —por lo inesperado y extenso de sus alcances— da material abundante para hacer comparaciones entre los déficit financieros de las dependencias estatales —hospitales, escuelas, programas de alimentación— y el derroche obsceno en costosos regalos para la pareja presidencial defenestrada, cuya ambición rebasa todo lo imaginable.

Los contrastes van mucho más allá. Atendiendo a presiones de las instituciones religiosas —cuya pasividad ante los desmanes de los gobernantes da mucho en qué pensar—, los programas destinados a proveer a mujeres y adolescentes de métodos de planificación de embarazos y otros conocimientos en salud sexual y reproductiva fueron sistemáticamente rezagados en las políticas públicas, cuando no eliminados del todo.

Esto no solo ha significado un incremento en embarazos de niñas y adolescentes, sino también es un factor de discriminación al comprometer el futuro de un amplio sector de la población cuyo destino queda marcado por una maternidad no deseada, producto de violaciones pocas veces investigadas.

Desde esas políticas restrictivas por razones doctrinarias, se obliga a las víctimas a conservar embarazos producto de actos de violencia sexual, aun cuando ello represente un peligro de muerte, sin darles opción alguna de reparación de los daños físico, emocional y social derivados del hecho. Para ello no hay recursos.

Al observar la prepotencia de algunos sindicados concentrados en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, es posible colegir el nivel de influencia de estos personajes siniestros en una estructura diseñada y construida con el único objetivo de servir a sus intereses particulares, sin consideración alguna por el estado del Estado.

Es decir, sus posiciones de poder no solo les llevaron a las más altas cumbres del enriquecimiento ilícito, sino en proporción directa profundizaron las carencias de una ciudadanía abandonada a una suerte marcada por la violencia en un sistema creado para mantenerla ajena a las decisiones de los centros de poder político y económico.

En este escenario no resulta ajeno el destino de miles de hombres, mujeres, niñas y niños inocentes, asesinados por estructuras criminales cuyo papel es crear inestabilidad y caos. Así, los ataques cotidianos a la seguridad de las personas contribuyen a consolidar propuestas de sectores cuyo papel en la historia del país se ha caracterizado por el secuestro de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

La vigilancia ciudadana es vital para rescatar la gobernabilidad y reestructurar sus instituciones, actualmente en crisis de credibilidad. Esa tarea titánica no puede realizarse sin la participación de esa masa crítica de ciudadanos cuya visión por fin empieza a aclararse a fuerza de denuncias y escandalosas revelaciones.

Este juego de contrastes entre la ostentación de unos y la miseria de otros debe ser el punto de partida para darle un giro rotundo al quehacer político, evitando acciones orientadas hacia un regreso al mismo punto de partida.

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El caso más reciente: Una niña violada por 30 hombres adultos en una favela de Brasil, cuyo impacto provocó manifestaciones en ese país y repudio en todo lugar en donde llegó la noticia, nos enfrenta con una realidad de violencia tan extendida como impune. Ante esto, cabe preguntarse qué hubiera pasado si los violadores no hubieran compartido las imágenes de su perverso acto de crueldad, en su entusiasmo por divulgar su hazaña.

Lo más probable, hubiera pasado inadvertido. Si la niña denunciaba pondría en riesgo su vida y la de su familia, dado el carácter de 33 hombres adultos reunidos con el propósito de pasar un momento de “diversión” a costa de una adolescente indefensa. Es decir, la visión panorámica de una construcción cultural en la cual no existe el concepto de respeto por la vida, el cuerpo y la integridad de las mujeres, no importa cuál sea su condición.

Hemos visto agresiones de todo tipo, en todas partes. No es algo excepcional ni aislado. A un lector que criticó mi exposición del caso de Nabila en Chile, afirmando que estos temas —feminicidio, violaciones, acoso y violencia intrafamiliar— no tienen relevancia internacional, le respondo: Estos temas ya han ingresado en el listado de las políticas urgentes si queremos reparar el tejido de nuestras sociedades enfermas, y la comunidad internacional así lo considera. La violencia en contra de las mujeres es un rasgo cultural de toda sociedad patriarcal y urge combatirlo.

Las violaciones y otra clase de agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes rebasan en mucho las cifras oficiales. Existen familias enteras integradas a fuerza de violaciones en cadena, como el caso de una niña de 12 años embarazada de su padre, quien a su vez violó y embarazó consecutivamente a 3 generaciones que siguen viviendo bajo el mismo techo. Es decir, la niña es también hermana de su madre y de su abuela. Estos casos, poco divulgados pero frecuentes en las áreas rurales, constituyen la muestra indiscutible de la situación de marginación en la cual crecen las niñas, cuyos cuerpos están a la disposición de quien quiera tomarlos, explotarlos y desecharlos.

En países como Guatemala, en donde falta la presencia del Estado en grandes extensiones del territorio y, por tanto, tampoco hay un sistema de justicia y protección, el escenario es aún más devastador. Quienes sufren los abusos sexuales y otras agresiones físicas, psicológicas y económicas, callan por temor o por un arcaico convencimiento —transmitido por generaciones— de que así es la vida para las mujeres.

El reciente informe divulgado por Unicef y Cicig sobre La Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en Guatemala, pone en claro la dimensión dantesca de este fenómeno y cómo existe y prospera gracias a sus poderosos nexos con las autoridades de Gobierno y algunas de sus instituciones. El análisis, sobre una muestra de sentencias judiciales —lo cual solo refleja parte de los casos reales— determina que un 57 por ciento de las víctimas son niños, niñas y adolescentes y, en el caso de las niñas, la mayoría destinadas a explotación sexual, muchas veces dando servicios a más de 30 hombres por día. Un horrendo escenario de esclavitud, de impunidad y una evidencia del subdesarrollo humano de nuestras sociedades.

Los números, sin embargo, son fríos. No reflejan el drama cotidiano de las víctimas, quienes pierden su vida y oportunidades en un sistema que las margina desde su nacimiento. Determinar la responsabilidad por este fracaso colectivo es la tarea pendiente para la ciudadanía.

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