Este miércoles 20 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) conoció la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), y debe convocar y llevar a cabo el proceso de elección de su magistrado titular en el máximo órgano constitucional.

El mayor enemigo que tendrá la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para la elección de su magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad (CC), según analistas, es el tiempo. La resolución les impone convocar, evaluar y elegir en los próximos 20 días.

La notificación que transmite la decisión de la CC para anular y repetir la elección del magistrado titular de la Usac llegó cuando ya estaban en período de vacaciones de Semana Santa, y por eso fue ayer cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) fue oficialmente notificado.

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El proceso busca enmendar el evento que se realizó el 4 de marzo del 2021, donde luego de 12 rondas de votación la Usac eligió a Gloria Porras como su magistrada titular para el período 2021-2026 de la actual CC.

Sin embargo, diversas acciones legales frenaron su juramentación en el Congreso de la República, lo que le impidió tomar posesión el 14 de abril, como lo estipula la Carta Magna.

Mientras el proceso se resolvía en las instancias judiciales, Porras decidió salir de Guatemala por temor a represalias y a un presunto ataque político-judicial en su contra.

La salida de Porras, incluso, ameritó que Amnistía Internacional (AI) dedicará un espacio en su informe del 2021 a la situación, considerándolo una violación a los derechos humanos que además atenta contra la independencia judicial.

En el proceso del 2021, fueron 19 profesionales los que se presentaron como candidatos. Luego de los filtros, la lista se redujo a siete, y de ellos se eligió a Porras.
La contienda

De los siete profesionales elegibles en el 2021, el pulso se mantuvo entre Porras y Omar Barrios, este segundo candidato era relacionado por presunta amistad con el exrector de la Usac, Murphy Paiz.

Otros profesionales que también tuvieron peso dentro de la contienda en la Usac, aunque con menos fuerza que Porras y Barrios, fueron Delia Dávila, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, participó Juan Carlos Godínez, sobre quien pesaban señalamientos de conflicto de interés porque es miembro del CSU. El portal de la Usac lo señala como integrante del Consejo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Los tres candidatos restantes fueron Mynor González Méndez, William Gilberto Bobadilla y José Aguilar Orellana. Toda vez el CSU lance la convocatoria, los profesionales podrían volver a competir.

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Los errores

El amparo que otorgó la CC a la Fundación contra el Terrorismo señala que el CSU no respetó la votación secreta que marca la ley; asimismo, tampoco premió la docencia universitaria en la elección que tomó.

El proceso de votación para la elección de magistrado tiene que ser secreto, mientras que el requisito de ser docente universitario se convierte en obligatorio, y no en una opción para quienes participen.

Para Mónica Marroquín, directora de proyectos de Guatemala Visible, la decisión que tomó la CC les pareció extraña, aunque destaca que respetan las resoluciones judiciales.

“Ahora nos queda a nosotros la duda de cómo van a hacer la votación, porque el objetivo de la sociedad civil es que sea una votación abierta, que todos podamos observar…, pero si se está dando el amparo, consideran que la votación se tiene que dar de manera secreta”, manifestó.

A su criterio, una opción que podría tomar el CSU es mantener públicas y en trasmisiones las sesiones y discusiones que tenga el Consejo, para únicamente dejar la votación fuera de cámaras y cumplir con el voto secreto.

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), consideró que ese tema ha levantado mucho debate, por lo que se necesita una postura clara del CSU. “Lo ideal es que lo discutan.

Esa discusión sí puede ser pública y transparente, para saber cómo van a realizar la votación”.

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Contra reloj

El tiempo es otro factor importante. Echeverría dijo que se puede hacer un buen trabajo en 20 días, aunque el Consejo tendrá que destacar por mantener orden y una información bastante fluida.

“Con el proceso a 20 días, el CSU tendrá que tomar en consideración los plazos de convocatoria, de revisión de expedientes, entrevistas, y sí pueden hacerlo en 20 días, pero de una forma muy ordenada y con bastante comunicación. Es un tiempo apretado, pero sí es factible”, refirió.

Aunque Marroquín tiene una opinión más crítica por el tiempo que impuso la CC en su resolución, y consideró que es imposible conocer a detalle a todos los candidatos que vayan a presentarse.

“Es muy complicado hacer una elección en 20 días, porque hablamos de la CC; una empresa se lleva hasta un mes para procesos de contrataciones. Yo sí considero que el tiempo es muy poco para hacer una evaluación o entrevistas para conocer a los aspirantes; tendrán que ver la forma, algo corto”, puntualizó.

La nueva CC ya está por cumplir su primer año de funciones y fue presidida por el magistrado Roberto Molina Barreto, designado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante los primeros 12 meses de periodo la CC emitió diversas acciones que validaron reformas legales, modificaron el Código Penal y no otorgaron amparos que buscaban reactivar procesos de antejuicios.

Lo anterior ha hecho que existan opiniones a favor y en contra del trabajo constitucional, que a criterio del presidente saliente ha sido objetivo, sin sesgos ni ningún tipo de presiones políticas.

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Ya está por cumplir su año de presidencia en la CC. ¿Qué tipo de Corte recibió y cuál es la Corte de deja?

Yo he sido magistrado en cuatro Cortes, recuerdo en 2016 la Corte que quedó muy balanceada, muy consciente de la finalidad que tiene la CC, y ahora que regresé prácticamente a ser primer presidente de la octava magistratura, si le digo con toda franqueza, encontré una Corte muy deteriorada, muy politizada.

Muy dada a invadir funciones de los organismos del Estado, muy dada a meterse a contiendas ideológicas, empresariales, económicas y sí, creo que recibí una Corte muy cuestionada en el aspecto puramente constitucional

Este año hemos querido rescatar aquella credibilidad que tenía la Corte durante 35 años. Creo sinceramente que lo hemos logrado en buena parte, obviamente usted sabe que este país se mantiene muy conflictivo y de muchos intereses y no dudo que todavía hay parte de la población que sigue desconfiando de la Corte.  

Fue un primer año, de cambios. ¿Cómo ha sido el trabajo con el resto de los magistrados titulares y suplentes?

En esta magistratura pues la única persona que sí tenía experiencia es la magistrada Dina Josefina Ochoa; los nuevos magistrados merecen todo mi respeto pero la jurisdicción constitucional es muy difícil de comprender. 

Nos llevamos de una manera maravillosa, de mucho respeto, pero por supuesto siempre hay discusiones de orden jurídico porque es muy difícil a veces distinguir en donde realmente la Corte tiene competencia y en donde invade competencias de los otros organismos. 

Precisamente la mala costumbre que dejó la séptima magistratura pues como que hubiera tentación de seguirlo haciendo por parte de las siguientes magistraturas, porque se sienten que pueden gobernar y que pueden decidir cuándo no es esa la función de la CC, sino al contrario, dejar que los organismos del Estado hagan lo propio sin que uno tenga que interferir. 

Hace un año ofreció quitar esa percepción que algunos tenían de la CC como una “corte celestial”. ¿Ya no se ve a la CC así?

Yo pienso que sí, porque por lo menos este año que yo he sido presidente le puedo decir primero que somos una Corte absolutamente independiente, no nos hemos sometido ni a las órdenes del capricho de ninguno de los tres poderes del Estado. 

No nos hemos sometido ni a las órdenes ni al menú de ninguna organización gubernamental, no gubernamental o grupos sociales, y hemos cumplido estrictamente lo que nos manda la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, que es de rango constitucional. 

Nueva CC empezará su periodo sin designación de magistrada titular de la Usac ni el binomio del Cang. https://t.co/B6mqR75hgI

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 13, 2021

La CC dejó sin efectos amparos que frenaban las reformas a la Ley de Oenegés, recientemente un informe de Amnistía Internacional mencionaba que esa decisión fue desacertada porque es una norma inconstitucional.  ¿Cómo fue el debate para tomar dejar sin efecto los amparos?

Lo que se hizo fue dejar en suspenso temporalmente unas normas en la Ley de Oenegés, pero precisamente porque esta Corte considera que esas normas, como estaban redactadas, atentan contra la Constitución, entonces diferente a pensar de qué nuestra resolución es inconstitucional, la resolución lo que hace es evitar la aplicación de una norma que pueda llegar a ser totalmente inconstitucional. 

Esa es la función de la Corte, si hay una norma de carácter ordinaria como la que usted menciona, que va en contra de los principios constitucionales o de las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos uno la tiene que suspender, entonces es todo lo contrario, la Corte no está para quedar bien con nadie. 

En septiembre del año pasado también declararon con lugar de manera parcial una inconstitucionalidad que presentó el abogado Julio García Merlos que relajó las penas de cárcel para 62 delitos, algo que a juicio de analistas favorece a condenados por corrupción. ¿Puede explicar cómo entendió la CC esta conmuta para darle validez legal?

Primero la Corte no legisla, la Corte lo que hizo en esa resolución es declarar inconstitucional la disposición de una norma ordinaria que prohibía las medidas de poder cumplir esas penas, las penas no fueron modificadas.  

Lo que pasa es que por el derecho de igualdad no puede una legislación, aplicando las normas penales o convencionales, decir al capricho de la norma que unos pueden conmutar sus penas y otros no. 

Porque no hay una proporcionalidad, al contrario, la normativa convencional menciona que debe haber una igualdad de condiciones a aquellos que son condenados por delitos con la misma pena y el Derecho penal moderno no es el carcelero de hace 50 años. 

A la CC se presentan amparos por solicitudes de antejuicio que no pasan en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se tiene la percepción que la CC frena esos antejuicios. ¿Cómo ven esos comentarios ciudadanos?

En los últimos días veo que todos los medios de comunicación dicen que la CC impide la investigación de magistrados que han sido antejuiciados, la CC no resuelve antejuicios, quien resuelve antejuicios con o sin lugar es la CSJ.  

Lo que hace el Ministerio Público es estar inconforme en contra de esas resoluciones y vienen a pedir amparo, lo que ha hecho la Corte es no otorgar el amparo provisional porque no hay ninguna información, ninguna causa para otorgar un amparo provisional, eso no quiere decir que en sentencia pueda otorgársela el amparo al Ministerio Público.

El Congreso no ha podido hacer la elección de magistrados a CSJ y Cortes de Apelación, varios diputados mencionan que se debe a un problema legal que dejó la anterior CC. ¿Han ingresado acciones legales para resolver este tema?

No, porque está dotado, o sea, yo le decía al principio que recibí una Corte absolutamente invasiva de las funciones de otros órganos y en efecto, ese es un buen ejemplo, la séptima magistratura emitió una sentencia que está absolutamente firme, que es la que ha impedido elegir a la CSJ desde el 2019.  

¿Entonces, qué más se puede hacer? esperar y encontrar una creatividad institucional que tenga el país para poder desentrampar esta elección, pero esta Corte no puede anular la resolución, no podría anular una sentencia firme. No hay ninguna acción pendiente que resolver. 

Yo esperaría que en algún momento ideal políticamente las instituciones del Estado encargadas se sienten a encontrar la forma de cumplir esa sentencia, posiblemente la Corte podría contribuir en algo, en orientar a través de una consulta que se le pudiera hacer para buscar una forma.

Esta semana se conoce que la CC ordena repetir la elección de magistrado titular designado por el CSU  de la USAC. ¿La CC no estaba de acuerdo con la designación de Gloria Porras?

No es la CC la que no está de acuerdo con la designación de Gloria Porras es la Ley de Amparo y Exhibición Personal la que prohíbe haberla elegido como la eligieron, obviamente la CC cuando es requerida, porque no es de oficio, lo que hace es revisar el procedimiento que tuvo el Consejo Superior  Universitario (CSU) y el CSU informó a la Corte la forma en que fue electa.  

Y es precisamente en contravención a la ley constitucional de amparo que dice como el CSU debe elegir a sus representantes, lo dice claramente que debe ser en voto secreto y dice claramente que debe ser preferentemente con experiencia de docente. 

Muchos creen que decir preferentemente es si les da la gana, no, es obligación del CSU elegir a alguien que es docente.

Pero si hay docentes están obligados a elegir a un docente, la ex magistrada Gloria Porras no lo era y fue electa en forma pública y eso lo informa el propio CSU, por lo cual está viciado su elección y la Corte lo único que hace es su obligación de decir, bueno, si en efecto fue electa en forma inconstitucional y por eso debe repetir el procedimiento.

Pero algo muy importante, porque yo sé que la inconformidad ahora porque hablan que el suplente fue electo en la misma manera, y no tengo duda de que fue así, sin embargo a él nunca lo impugnaron y aquí aclaro, la Corte no resuelve de oficio. 

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La presidencia constitucional es tan solo de un año. ¿Qué quiso hacer en estos 12 meses y quedará como un proyecto inconcluso?

Yo lo que siempre he querido es que deje de haber abuso del amparo y para eso he bregado mucho porque se suspendan amparos o se nieguen una manera expedita. El 80% de los amparos que presentan aquí son improcedentes, son retardatorios, son espurios. 

Pero no lo hace solo los abogados también lo hace la SAT, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación. El amparo está para proteger al ciudadano de los abusos de poder, ahora son las instituciones del Estado las que vienen a pedir amparo después de perder todo el debido proceso.  

Si alguna frustración tengo yo es porque no ha habido cultura en el gremio de abogados institucionales o de litigio libre, de que no hay que utilizar el amparo para entorpecer la justicia en Guatemala.

¿Cuáles son esos grandes temas pendientes que dejara a la próxima presidencia de la CC y a los que se debe poner atención en el próximo año?

Pues realmente demostrarle a la población de que esta Corte es absolutamente independiente, que no está al servicio ni al menú de ninguno de los tres poderes del Estado, ni a favor de ningún grupo de la sociedad civil. 

Hay percepción de que antes esta Corte estaba al servicio de Hellen Mack y ahora la percepción es que está al servicio de Fundación Contra el Terrorismo, ninguna de estas situaciones es cierta, acá se le da la razón a quien la tenga sea quien sea, pero no por capricho o al menú, ni mucho menos por sesgo.

A la nueva presidenta, Dina Ochoa, le toca presidir una CC en medio de un proceso electoral ¿Qué papel cree que va a jugar la CC para las elecciones generales del 2023 y cómo garantizar a la población la imparcialidad de los magistrados?

Mire el tribunal encargado del proceso electoral no es la CC, es el Tribunal Supremo Electoral, la CC no debe intervenir y mucho menos para interferir en la democracia.

La séptima magistratura descalificó en forma arbitraria candidaturas, descalificó procedimientos invadiendo las funciones de otros organismos, lo único que debe hacer la CC, si es requerida, es velar por el debido proceso electoral y no impedir la democracia y que sea el pueblo quien elija.

Por supuesto que no se puede permitir candidaturas que realmente tengan elementos para poder tener prohibición de participar, pero no en una manera caprichosa o violando Derechos Humanos, descalificando candidatos para favorecer a otros. 

Pero lo que tiene que haber es tolerancia de que esta Corte no puede resolver a favor o en contra de intereses sectarios, sino que únicamente cumplir con su función de respaldar el orden constitucional.

En una entrevista difícilmente se puedan abordar todos los temas que tocó la CC en un año. ¿Hay algo que le gustaría agregar?

Yo esperaría que mi colega Dina Josefina Ochoa, a quien respeto y tiene mucha experiencia judicial de muchos años, realmente pueda seguir representando este ente haciendo valer a la población esa independencia. 

No puede haber justicia, no puede haber estado de Derecho si no hay absoluta independencia, no dejarse cooptar por nadie, aquí es válido y doctrinalmente lo que se llama el principio de ingratitud. 

Fuimos electos por algunos organismos, pero eso no significa que esos órganos designantes nos puedan sesgar a resolver a favor o en contra de ellos o de otros organismos, se rompe el cordón umbilical para que nosotros los magistrados en forma independiente e imparcial, resolvamos. 

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos compartió este viernes 20 de agosto, mediante un mensaje, su preocupación por la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de impedir nuevamente la juramentación de Gloria Porras como magistrada a esa corte.

“Compartimos la preocupación de los ciudadanos guatemaltecos con la decisión del 18/08 de la Corte de Constitucionalidad, que impidió nuevamente la juramentación de un magistrado debidamente electo”, dice el mensaje de la entidad gubernamental estadounidense.

Agrega que la elección de Porras se dio “en un proceso que había sido revisado y ratificado en forma cuidadosa por la institución electora de acuerdo con la ley guatemalteca”.

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“Este fallo es perturbador, ya que respalda las mociones presentadas por una organización con un historial documentado de socavar los procesos democráticos”, agrega el mensaje.

“El uso transparente y juicioso del proceso legal es fundamental para el estado de derecho necesario para la prosperidad, la seguridad y el buen gobierno”, enfatiza.

El miércoles último (18/08), la CC otorgó amparo provisional a la Fundación Contra el Terrorismo y a Juan José Sandoval Saucedo con lo que ordena al Congreso abstenerse de juramentar a Porras como magistrada titular por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos.

En la resolución, la CC señala “la amenaza, futura y cierta, que la autoridad cuestionada juramente y de posesión al cargo de magistrado de la CC al representante del Consejo Superior Universitario al infringir el procedimiento constitucional para elegirlo y que se encuentran recurso(s) pendientes de ser resuelto”.

Previo a resolver, el 3 de agosto recién pasado la alta Corte solicitó varios documentos, que van de la mano con los argumentos que presentó la referida Fundación en su amparo.

También pidió presentar copia íntegra de las resoluciones mediante la cuales se decidió respecto de los recursos de reposición interpuestos, como presentar las partes conducentes de las actas en las que conste la forma en que se analizó el requisito consistente en acreditar experiencia docente universitaria, de los participantes en el proceso de designación de magistrados para la CC, período 2021-2026, por parte de ese órgano.

El 12 de agosto, el Congreso dejó en suspenso nuevamente la juramentación de Gloria Porras, debido a una enésima demanda contra la Universidad.

En esa ocasión, Lucrecia Marroquín de Palomo, vicepresidenta del Legislativo, dio lectura a la notificación remitida por la sala quinta de lo Contencioso Administrativo, en la cual acepta para su trámite la denuncia presentada contra la elección de Porras.

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Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo último, para el período 2021-2026.

Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

El Congreso, manejado por el oficialismo, se ha mostrado reacio a juramentar a Porras; no así con otros magistrados afines a la Junta Directiva, como Néster Vásquez y Claudia Paniagua, que fueron juramentados a toda prisa el 3 de junio último, a pesar de que tenían varios recursos pendientes de resolverse. 

We share Guatemalan citizens’ concerns with the Constitutional Court's 08/18 decision, which again prevented the swearing in of a duly elected magistrate in a process that had been carefully reviewed and affirmed by the electing institution in accordance with Guatemalan law.(1/2)

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 20, 2021

This ruling is disturbing as it supports the motions filed by an organization with a documented history of undermining democratic processes. Transparent & judicious use of legal process is fundamental to the rule of law necessary for prosperity, security, & good governance. (2/2)

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 20, 2021

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional a la Fundación Contra el Terrorismo y a Juan José Sandoval Saucedo con lo que ordena al Congreso abstenerse de juramentar a Gloria Porras como magistrada titular por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos.

En la resolución, la CC señala “la amenaza, futura y cierta, que la autoridad cuestionada juramente y de posesión al cargo de magistrado de la CC al representante del CSU al infringir el procedimiento constitucional para elegirlo y que se encuentran recurso(s) pendientes de ser resuelto”.

Previo a resolver, el 3 de agosto recién pasado la alta Corte solicitó varios documentos, que van de la mano con los argumentos que presentó la referida Fundación en su amparo.

También pidió presentar copia íntegra de las resoluciones mediante la cuales se decidió respecto de los recursos de reposición interpuestos, como presentar las partes conducentes de las actas en las que conste la forma en que se analizó el requisito consistente en acreditar experiencia docente universitaria, de los participantes en el proceso de designación de magistrados para la CC, período 2021-2026, por parte de ese órgano.

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Además, acreditar con la documentación pertinente, la forma en que se acreditó que al momento de la votación y calificación de los expedientes se le dio el valor y se tomó en consideración dicho requerimiento.

El 12 de agosto, el Congreso dejó en suspenso nuevamente la juramentación de Gloria Porras, debido a un nueva demanda contra la Universidad.

En esa ocasión, Lucrecia Marroquín de Palomo, vicepresidenta del Legislativo, dio lectura a la notificación remitida por la sala quinta de lo Contencioso Administrativo, en la cual acepta para su trámite la denuncia presentada contra la elección de Porras.

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Con esta notificación, que se informó fue recibida en esa ocasión, quedaba por enésima vez en suspenso la juramentación de la magistrada, sumado ahora este amparo otorgado por la CC.

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo último, para el período 2021-2026.

Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

Desde el 2018, la CC no ha estado integrada al cien por ciento. Todo comenzó con la renuncia de María Consuelo Porras como magistrada suplente para asumir como fiscal general.

Gloria Porras se pronuncia

Gloria Porras por medio de un comunicado informó: “No he sido notificada de la nueva acción legal contra mi juramentación como magistrada electa a la Corte de Constitucionalidad”

Añadió que “Sin embargo, el Consejo Superior Universitario ha confirmado reiteradamente su decisión de elegirme, una decisión cuyo fondo no puede ser examinado por la Corte de Constitucionalidad como parte del acto reclamado en este amparo. Menos aún es una decisión sujeta de ser examinada por un procedimiento contencioso administrativo”.

Señaló que el uso combinado y coordinado de estas estrategias “busca impedir que se cumpla la ley. Sin embargo, sigo creyendo en la Constitución y en el sistema de justicia, por lo que continuaré realizando todas las acciones a mi alcance para revertir estas decisiones ilegales e ilegítimas”.

En el comunicado afirmó que para ello, “contaré con el acompañamiento del bufete estadounidense Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, que ha aceptado representarme y apoyarme en el proceso para hacer valer mi derecho a asumir el cargo como magistrada”.

Amparo

El Congreso de la República dejó en suspenso nuevamente la juramentación de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) designada por la Universidad de San Carlos, debido a un nueva demanda contra la Universidad.

Con un Congreso reducido y antes de la aprobación del orden del día, Lucrecia Marroquín de Palomo, vicepresidenta del Legislativo, dio lectura a la notificación remitida por la sala quinta de lo Contencioso Administrativo, en la cual acepta para su trámite la denuncia presentada contra la elección de Porras.

Con esta notificación, que se informó fue recibida este miércoles, queda por enésima vez en suspenso la juramentación de la magistrada.

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La demanda fue presentada por el abogado Roberto Estuardo Morales Gómez y fue avalada por los magistrados de la Sala Quinta, con lo que se fija un plazo de 15 días a la Usac para evacuar la audiencia.

Cumplida la lectura, el jefe del Congreso, Allan Rodríguez, levantó de nuevo la sesión por falta de cuórum. 

Tras una serie de recursos interpuestos contra la designación de Porras, el Consejo Suprior Universitario los rechazó y confirmó a Porras como magistrada titular el 2 de julio último, a fin de que sea juramentada por el Congreso.

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Sin embargo, el legislativo se ha mostrado reacio a hacerlo, como no lo fue el caso de Néster Vásquez y Claudia Paniagua, afines a la Junta Directiva, que fueron juramentados a toda prisa, a pesar de que tenían recursos pendientes en su contra por resolverse.

Durante la Instancia de Jefes de Bloque de este lunes 9 de agosto, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dio a conocer que se recibió en el palacio legislativo un expediente con “pesquisas en contra del Magistrado de la Corte de Constitucionalidad Francisco de Mata Vela”, según La Red Noticias. 

Agregó que por esa razón la junta permanente decidió conformar una comisión permanente integrada por tres diputados, siendo el presidente de la misma el tercer vicepresidente, Armando Castillo.

Completan la comisión Sofía Hernández, secretaria, y Santiago Nájera, como vocal.

Rodríguez refirió que ese expediente fue remitido por el Organismo Judicial para poderlo conocer en el Congreso y es lo que hará la comisión.

Castillo refirió que el próximo lunes ya se tendrá el cronograma de las actividades de la Comisión Pesquisidora. Además, explicó la forma en que se conformó la comisión.

“Recordemos que este es un expediente que vino cuando todavía estaba conformada la Comisión Permanente, entonces el sorteo no se hace en el pleno sino dentro de la comisión”, agregó. 

Explicó que se trata de un segundo antejuicio que se promovió contra el magistrado De Mata Vela, por lo que como comisión les corresponde evaluar, estudiar a profundidad el caso y emitir un criterio.

“Lo que va a hacer la comisión pesquisidora no tiene efectos vinculantes, es más que todo para darle luces al pleno para que cuando conozca el caso pueda tener más información y algún tipo de orientación respecto de cómo va el antejuicio”, agregó.

Específicamente, el caso es por unas sentencias que emitió el magistrado fuera de tiempo, por lo que Castillo ofreció dar más detalles el próximo lunes.

La solicitud de antejuicio referida fue presentada por integrantes de la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) en contra de tres magistrados de la CC: José Francisco de Mata Vela, Gloria Porras y el ya fallecido Bonerge Mejía por un amparo que la CC otorgó contra la decisión del expresidente Jimmy Morales de expulsar al embajador del Reino de Suecia, Anders Kompass, en 2019.

La Corte de Constitucionalidad (CC) fijó un plazo al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos previo a resolver el amparo de Fundación Contra el Terrorismo que busca impedir la juramentación de Gloria Porras como magistrada.

La alta Corte solicita varios documentos, que van de la mano con los argumentos que presentó la referida Fundación en su amparo.

La CC fija el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la presente resolución, para que el CSU cumpla con presentar copia certificada de los escritos mediante los cuales evacuaron audiencia quienes intervinieron en el trámite de los recursos de reposición.

Pide presentar copia íntegra de las resoluciones mediante la cuales se decidió respecto de los recursos de reposición interpuestos, como presentar las partes conducentes de las actas en las que conste la forma en que se analizó el requisito consistente en acreditar experiencia docente universitaria, de los participantes en el proceso de designación de magistrados para la CC, período 2021-2026, por parte de ese órgano.

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También acreditar con la documentación pertinente, la forma en que se acreditó que al momento de la votación y calificación de los expedientes se le dio el valor y se tomó en consideración dicho requerimiento.

Ordena que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, remita copia certificada completa del proceso.

Desde el 2018, la CC no ha estado integrada al cien por ciento. Todo comenzó con la renuncia de María Consuelo Porras como magistrada suplente para asumir como fiscal general.

El abogado Juan José Sandoval Saucedo presentó este jueves 29 de julio un nuevo amparo contra la elección de Gloria Porras y Rony López Contreras como magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La acción legal fue planteada contra el Congreso de la República por haber juramentado a López a pesar de haberse señalado supuestas ilegalidades del Consejo Superior Universitario (CSU) en la elección de sus representantes ante el máximo tribunal.

Esa acción también frenaría la juramentación de la abogada Gloria Porras, quien no tomó posesión por varios recursos legales en su contra.

Tanto Porras como López fueron designados magistrados titular y suplente de la CC, respectivamente, el 4 de marzo recién pasado, pero Porras no pudo asumir el cargo el 14 de abril debido a varios recursos legales en contra de su elección.

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Pese a que el CSU ya notificó al Congreso para que procediera con la juramentación de Porras, ese organismo solicitó más información al respecto, por lo que la situación de la profesional no ha variado.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac) confirmó  el 2 de julio a Gloria Porras como magistrada titular de la CC.

El Consejo declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la designación de Porras por esa casa de estudios, informó Guatemala Visible en su cuenta de Twitter.

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Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada por causa de dos amparos provisionales hasta ese momento contra los procesos de su designación.

El primero, el 9 de abril de 2021, fue otorgado por una sala a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación.

El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazado por el consejo sancarlista.

La @CC_Guatemala recibió un nuevo amparo contra la designación de los magistrados electos por la @usacenlinea. La medida busca que Gloria Porras no sea juramentada y que el suplente, Rony López, sea separado del cargo. El amparo fue presentado por Juan José Sandoval Saucedo.

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) July 30, 2021

El presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, se refirió este miércoles 28 de julio a la juramentación de Gloria Porras como magistrada de la CC, así como a las manifestaciones convocadas para este jueves 29 de julio.

Explicó a La Red Noticias que el expediente de la magistrada Gloria Porras, designada a la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Universidad de San Carlos y quien debe ser juramentada por el Congreso, contiene varios documentos ilegibles.

“Hemos solicitado al Consejo Superior Universitario (CSU) que nos pueda ampliar el informe y tener más claridad en lo que ellos manifiestan”, informó.

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Dijo que el CSU se refiere a cinco amparos en trámite “pero no nos dan la certeza o la definitividad del estatus de esos cinco amparos, por lo que hemos también requerido esa información”.

Tras su confirmación como magistrada titular a la CC por el CSU el 2 de julio de 2021, Porras no ha podido ser juramentada en el Congreso.

Respecto de las manifestaciones de este jueves, Rodríguez dijo a La Red Noticias que los ciudadanos tienen derecho a hacerlo “toda vez, en el ejercicio de sus derechos no perjudiquen a los derechos de los demás guatemaltecos.

“Hay que tomar en cuenta que, posterior a la pandemia, los efectos económicos negativos que afectaron a nivel mundial nos siguen golpeando como país, y lejos de impedir el crecimiento económico con estas actividades, deberíamos de buscar las maneras de reactivar la economía”, dijo el diputado.

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Enfatizó a los manifestantes que “lo hagan de una manera pacífica, pero sobre todo resguardando la vida, la salud y utilizando la mascarilla, que es lo mas importante” para evitar un mayor contagio del coronavirus.

Rodríguez criticó que, entre quienes “lideran la indignación hay muchos políticos y compañeros diputados y mucho político frustrado también que encabeza este movimiento”.

La Universidad de San Carlos (Usac) informó este jueves que el Consejo Superior Universitario (CSU) envió la respectiva notificación al Congreso para que sea juramentada Gloria Porras, magistrada titular designada por esa casa de estudios para la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo, informó que no pudo notificarse la ratificación, ya que el Congreso se encontraba cerrado.

“Nos apersonamos al Congreso de la República siendo las 13 horas con 30 minutos (…), no se logró informar porque el Congreso tiene una circular donde indica que no se recibe documentación hasta la fecha establecida en la circular que está prendida en el portón”, explicó José Luis Quintanilla, asesor jurídico de la USAC.

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La Usac informó que, al no lograrse la notificación, se levantará un acta de los sucedido.

La casa de estudios también denunció que los guardias impidieron el ingreso del asesor Quintanilla. 

“Los guardias de seguridad del Congreso de la República no quisieron permitir el ingreso; se les preguntó si había algún correo electrónico para enviar la información y explicaron que no hay dirección electrónica para enviar notificaciones”, explicó.

Tras una serie de recursos interpuestos contra la designación de Porras, el CSU los rechazó y confirmó a Porras como magistrada titular el 2 de julio último, a fin de que sea juramentada por el Congreso, que se ha mostrado reacio a hacerlo, como no fue el caso de Néster Vásquez y Claudia Paniagua, afines a la Junta Directiva, que fueron juramentados a toda prisa, a pesar de que tenían recursos pendientes en su contra por resolverse.

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CC admite amparo contra juramentación

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió este jueves una acción de amparo presentado contra la juramentación de Porras por la Fundación contra el Terrorismo.

Esa fundación argumenta que CSU “no cumplió con la ley, al no efectuar una votación secreta y no privilegiar la docencia universitaria”.

Pablo Oliva Soto, actual rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) indicó que la decisión del CSU en la sesión del 23 de junio del 2021 confirma de forma unánime la designación de Porras como magistrada titular en la Corte de Constitucionalidad (CC). La decisión responde a la resolución de uno de los recursos interpuestos en contra de su elección.

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Sin embargo, mencionó que quedan pendientes cinco recursos más. Precisó que son amparos pendientes de resolver en órganos judiciales.

Al ser consultado si estando estos pendientes se puede juramentar a Porras en el Congreso, respondió que “según Jurídico hay que resolver primero” y agregó que “eso, quizá, lo deberían responder en el Congreso”.

Ahora, agregó, dependen de las resoluciones de las acciones pendientes, por lo que no hay un cronograma y por el momento el CSU está a la espera.

Luis Fernández, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y especializado en Derecho Constitucional, es del criterio de que la Usac ya agotó el proceso de impugnaciones y la única acción legal que cabría es un nuevo recurso de amparo por la nueva resolución emitida por el CSU.

Respecto a los cinco amparos que menciona el rector en funciones, Fernández refirió que habría que ver si suspendieron el acto de elección de Porras para el cargo. Agregó que todo indica que no la suspendieron, porque si no el CSU se hubiera quedado en espera de la resolución final de estos, pero por el contrario ya se pronunció confirmando la elección. “No hubo tal suspensión y esto me indica que ya es procedente la juramentación”, resaltó el exmagistrado.

No obstante, advirtió que “lo más seguro es que grupos inconformes van a plantear amparo contra el CSU”, y si se da el caso considera que se incorporarían todos los demás que ya existan para que el pronunciamiento en uno valga por todos.

Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, opinó que según el estatus de los aspectos legales hasta este sábado 3 de julio, Porras ya puede ser juramentada y asumir el cargo en la CC porque ya se resolvieron todas las impugnaciones planteadas.

Referente a cinco acciones pendientes mencionados por Oliva, Ortiz explicó que la Ley de Amparo dice que alguien no puede asumir cuando estén pendiente de resolverse las impugnaciones, y que son conceptos que usan abogados, por lo que a su criterio lo resuelto por el CSU responde a impugnaciones. Pero los amparos son procesos legales distintos que no son un medio de impugnación, por lo que no cuentan como tales.

En este caso cita precedentes, como el reciente para la juramentación y toma de posesión de Nester Vásquez Pimentel, las cuales se llevaron a cabo aunque todavía había amparos pendientes de resolver.

“En el caso de Nester Vasquéz, el Congreso no esperó a que la gente apelara. Si nos guiamos por lo que se hizo con en el Congreso, la deberían de juramentar y tomar en cuenta ese precedente”, agregó.

José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN) refirió que no ha leído la resolución del CSU, pero expone dos elementos en esta elección que se deben tomar en cuenta en futuras elecciones.

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El primero, es la preferencia académica, ya que en la Ley de Amparo, donde se señalan los requisitos especiales para los magistrados de la CC, se establece que habrá preferencia del órgano que lo designe -por experiencia o desarrollo profesional- y eso anteriormente se había entendido y usado por parte del CSU como que se iba a votar por alguien con experiencia académica o catedrático universitario para tener diversidad tanto académica como judicial en la CC.

Refiere que según tiene conocimiento esa fue la razón de la impugnación que provocó revisar la elección de Porras.

El segundo punto que menciona es que si bien se señala que la elección debe ser secreta, si eso aplica también para el CSU o si eso se podría aplicar también para el Colegio de Abogados. “Son dos puntos importantes que espero, porque no he visto la resolución, que se hayan fundamentado correctamente”, dijo Echeverría.

Expuso que en la situación actual sí pudiera ser juramentada por el Congreso, sin embargo, dijo que es probable que exista alguna impugnación de materia judicial a través de un amparo por quienes se pudieran haber visto afectados con tal resolución, por ejemplo, algunos de los otros postulantes que consideraban que ellos si tuvieran ese criterio de academia que señala la ley.

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“Si no hay amparo o acción que retrase o someta a una revisión en materia constitucional o judicial la resolución del Consejo, sí pudiera ser juramentada, pero si lo hay probablemente vaya a demorar más tiempo su nombramiento”, añadió.

Al ser consultado si Porras podría tomar posesión con los 5 amparos pendientes de resolución en otros órganos, Echeverría comentó que es complejo porque bajo los parámetros que ha tenido la misma Corte, creería que no podría.  Pero, agregó, que se ha visto criterios diferente tanto entre el Congreso y la Corte en cada situación, lo cual afecta la certeza jurídica entonces no me atrevería decirle de momento si pueda suceder o no”.

Respondió que de momento MCN no está preparando, ni tienen prevista alguna acción legal.

Decisiones recientes

• Luego de 12 horas de votación, el 4 de marzo del 2021 el CSU reeligió a Gloria Porras como magistrada titular de la CC.
• El Congreso no juramentó a Gloria Porras el 13 de abril junto a los otros electos para magistrados titulares y suplentes, porque ese organismo había sido notificado de un amparo a favor de otros postulantes, que no permitía la juramentación de ella. El amparo era para que el CSU conozca las impugnaciones presentadas durante en proceso de elección, también que aceptado para su trámite un amparo presentado por Guatemala Inmortal, representada por la abogada Amanda Santizo y que buscaba frenar la juramentación de Porras.
• La CC, conformada por los nuevos magistrados, confirmó el 26 de abril que, por unanimidad, resolvieron sin lugar dos apelaciones del CSU contra los amparos de las salas Sexta y Primera de lo Contencioso Administrativo de fechas 9 y 12 de abril últimos contra el proceso de designación de magistrado titular.
• El 6 de mayo la CC opinó que Porras no gozaba de antejuicio.
• A diferencia de Porras, el Congreso sí juramento a Mynor Moto en enero del 2021 aunque tenían procesos legales pendientes. La gestión de Moto era para completar el período 2016-2021 elegido por el Colegio de Abogados.
• También, el 3 de junio el Organismo Legislativo juramentó a Nester Vásquez como titular, y a Claudia Paniagua como suplente, para el período 2021-2026 en la CC, aunque se cuestionó que había pendientes de resolverse recursos de apelación presentados ante la Asamblea de Colegios Profesionales y encontrándose acciones de amparo en trámite.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac) confirmó este viernes 2 de julio a Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

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El Consejo declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la designación de Porras por esa casa de estudios, informó Guatemala Visible en su cuenta de Twitter.

Ahora notificarán sobre la decisión al Congreso de la República para su juramentación, que se encontraba detenida. 

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo último, para el período 2021-2026.

Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada por causa de dos amparos provisionales hasta ese momento contra los procesos de su designación.

El primero, el 9 de abril de 2021, fue otorgado por una sala a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación.

El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazado por el consejo sancarlista.

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Tampoco asumieron en ese momento los magistrados Nester Vásquez y Claudia Paniagua, electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Sin embargo, el 3 de junio último, el Congreso de la República juramentó a Vásquez y a Paniagua, pese a varios fallos pendientes de resolverse, según denunciaron abogados y partidos de oposición.

La única silla vacante en la CC pertenece a la Usac, pero parece que la casa de estudios no tiene prisa en ocuparla. A casi dos meses que asumió la nueva magistratura constitucional poco, o nada, se sabe de la forma en que el CSU está trabajando para resolver las impugnaciones que impidieron a su electa asumir como magistrada titular el pasado 14 de abril.

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Ese hermetismo puede ser confundido con indiferencia o desintereses, según explicaron representantes de las organizaciones sociales que fiscalizaron el proceso de renovación de la CC para el periodo 2021 -2026, tribunal constitucional que cuenta ya con cuatro de cinco magistrados titulares.

Par José Echeverría, integrante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), la Usac está fallando debido a que ya tendría que haber fijado una postura por cualquiera de las que parecen ser las únicas dos alternativas: Defender la elección de Gloria Porras o repetir el proceso de votación para subsanar los posibles errores.

“Yo creo que el actuar en general del CSU ha sido deficiente teniendo en cuenta el contexto por el cual ha transcurrido está elección. Hay tres factores que pudieran estar afectando la falta de actuación; la ausencia de un rector y por consecuencia la falta de un liderazgo dentro del CSU; si puede existir también cierto temor o desconocimiento sobre qué procede y cómo actuar (por sanciones administrativas y hasta penales); el tercer factor es un elemento de preferencia sobre una designación, puede que tengan preferencia y por lo mismo no quieren entrar a conocer los temas pendientes”, explicó.

Rectores sin agenda clara

El 26 de febrero pasado una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) reveló que existía una orden de captura contra el rector de la Usac, Murphy Paiz, por su posible participación en el Caso Comisiones Paralelas 2020. El académico se encontraba liderando la sesión del CSU para la designación de su representante ante la CC, reunión que se vio obligado a abandonar para solventar su situación legal.

Horas más tarde los máximos representantes de la Universidad desarrollaron una reñida ronda de votaciones donde tan solo perfilaban los nombres de Gloria Porras y Omar Barrios como los favoritos, finalmente Porras fue electa como magistrada titular de parte de la Usac; esa decisión fue impugnada y el CSU, hasta donde se tiene conocimiento, no ha resuelto las inconformidades legales.

Por la ausencia del rector la ley orgánica de la Usac estipula que ocupará el cargo de manera interina el decano de mayor edad, pero desde ese momento ya han desfilado cuatro profesionales de diferentes unidades académicas sin que se conozcan las soluciones o alternativas al problema.

“Están en una posición muy arriesgada de tomar una decisión que sienten que no les corresponde originalmente, creo que eso complica la toma de decisiones porque al no saber bien cuál puede ser el impacto de la decisión probablemente los rectores en funciones optan por abstenerse y tratar de postergar el tema para que sea alguien más quien tome el futuro de la designación y hasta de fijar la comunicación institucional”, comento Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible.

Morales añadió que otro de los problemas que ven en la Usac es la falta de una comunicación institucional que permita conocer los pasos que está tomando el CSU ante un tema de peso e intereses nacional; por su parte el equipo de comunicación social de la Usac informó que la postura del CSU es no brindar declaraciones ante el tema y que la evolución de cada impugnación debe ser requerida por medio de la unidad de información pública.

¿Se vulneró la autonomía de la Usac?

Para Andrés García, secretario general adjunto de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la investigación que comenzó el Ministerio Público (MP) contra algunos consejeros por una denuncia, que califican de espuria, está sirviendo para intimidar a la Universidad y restarle autonomía.

“El CSU está siendo indiferente de la situación que está pasando. Hubo mucha división durante ese proceso de elección de magistrado titular, lo que genera también indiferencia de los consejeros en estos momentos que no llegan a las sesiones del CSU, no les está importando resolver este proceso a pesar que ya pedimos una solución pronta, tanto para tener certeza como para que se defina la autonomía de las decisiones de la Usac”, resaltó.

Quien coincidió en ese punto fue Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas. “El CSU está sufriendo presiones muy directas, una de ellas fue la citación que el MP hizo a varios de sus integrantes tras una denuncia espuria, además reciben ataques los estudiantes en miras a no rechazar las impugnaciones presentadas en contra del proceso, es decir están presionando fuertemente al CSU para que repita la elección y así favorecer al candidato oficialista que era Omar Barrios”.

En este tema el equipo de Comunicación Social de la Usac se limitó a responder que “solo citaron a dos”. Alianza por las Reformas considera que si la elección se repite difícilmente Gloria Porras vuelva a conseguir apoyo debido a las presiones que han sufrido integrantes del CSU.

A penas la semana pasada asumió como magistrado titular Nester Vásquez, juramentación y toma de posesión que despierta dudas de los sectores fiscalizadores del proceso ya que consideran que en este caso también existen impugnaciones pendientes.

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Nester Vásquez y Claudia Paniagua tomaron posesión en ceremonia formal como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC)este martes 8 de junio.

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La ceremonia se llevó a cabo a pesar de las impugnaciones pendientes y una solicitud de retiro de antejuicio contra Vásquez.

Vásquez y Paniagua fueron designados como magistrados titular y suplente, respectivamente, por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

A la ceremonia, celebrada en la Sala de Vistas de la CC, estuvieron presentes el presidente de la junta directiva del Congreso, Allan Rodríguez, y Silvia Valdés, presidenta del Organismo Judicial.

“A mis compañeros de la octava magistratura de la Corte, espero que vayamos siempre en la misma dirección, que es la de Guatemala”, dijo el magistrado Nester Vásquez durante su discurso.

El Congreso de la República juramentó este jueves 3 de junio a los magistrados, asegurando que se les había notificado que estos “no tenían ninguna impugnación pendiente”.

Partidos de oposición y abogados habían adversado la juramentación, ya que, aseguraron, había recursos legales pendientes sobre la designación, caso similar por el cual el Congreso no permitió la juramentación de Gloria Porras, designada por la Universidad de San Carlos.

Solicitud de retiro de antejuicio

Como parte de las investigaciones por el caso Comisiones Paralelas 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentó este martes 8 de junio solicitudes de retiro de antejuicio contra 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, incluido Nester Vásquez. 

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Según la investigación del Ministerio Público, los magistrados habrían cometido actividades posiblemente ilícitas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.

Los señalados son, además de Vásquez, Silvia Patricia Valdés Quezada, José Felipe Baquiax Baquiax, Manuel Reginaldo Duarte Barrera, Vitalina Orellana y Orellana, Nery Oswaldo Medina Méndez, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García Molina, magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Además, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

El Congreso de la República levantó este lunes por falta de cuórum la sesión en la que juramentaría a Nester Vásquez y Claudia Paniagua como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Sin embargo, momentos antes de finalizada la sesión aprobó con 102 votos a favor y 17 en contra el decreto 7-2021, que completa la nómina de la CC con Vásquez como magistrado titular y Paniagua como suplente, para el período 2021-2016.

Ambos fueron electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) el 5 de marzo último. 

La Comisión Permanente del Legislativo había programado para este lunes después de la sesión solemne por el aniversario de la Constitución una sesión extraordinaria donde buscarían la juramentación. 

Sin embargo, partidos de oposición y abogados adversan la juramentación, ya que hay recursos legales pendientes sobre la designación, caso similar por el cual el Congreso no permitió la juramentación de Gloria Porras, designada por la Universidad de San Carlos.

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“La juramentación de Néster Vásquez como magistrado titular y de Claudia Paniagua como magistrada suplente sería ilegal, ya que mientras haya procesos pendientes de resolver deben mantenerse en el cargo los representantes anteriores; es decir, la magistrada María Cristina Fernández, ya que el magistrado Bonerge Mejía falleció”, explicó recientemente el abogado Alfonso Carrillo.

Después de la sesión, la Alianza por las Reformas también criticó las intenciones del Pleno y dijo que, de ser juramentados los magistrados, habría una “clara violación a lo regulado por la Ley de Amparo”.

“No habiéndose resuelto la totalidad de los recursos de apelación presentados ante la Asamblea de Colegios Profesionales y encontrándose acciones de amparo en trámite, el Congreso no puede proceder a juramentar a Néster Vásquez y Claudia Paniagua”, dijo la entidad en un comunicado.

Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso ha asegurado que no existe ninguna impugnación pendiente. 

“Hemos aprobado el decreto para integrar al magistrado titular y a la magistrada suplente designados por el Colegio de Abogados”, dijo después de la sesión Allan Rodríguez, presidente de la junta directiva del Congreso.

“Esto posterior a que hemos sido ratificados oficialmente de que ya no hay ningún impedimento alguno para poder hacerlo, porque han ellos evacuados todos los procedimientos establecidos en todos los recursos interpuestos”, agregó.

“Estamos en cumplimiento de lo que establece la Constitución y cumpliendo sobre todo con los tiempos que nos establece la ley”, enfatizó.

La nueva Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó en definitiva este miércoles 12 de mayo los amparos planteados en contra del Congreso de la República y del presidente Alejandro Giammattei por la aprobación de reformas a la Ley de Oenegés, pero que cuya entrada en vigor estaba en suspenso por esos recursos legales.

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Los magistrados también revocaron un amparo provisional otorgado el 2 de marzo último a favor de varias organizaciones sociales que se oponen a las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

La resolución dice: “Deniega en definitiva los amparos interpuestos por todos los postulantes contra el Congreso de la República y el Presidente de la República de Guatemala. Como consecuencia de la decisión asumida y por las razones externadas en este fallo, revoca el amparo provisional otorgado en auto de dos de marzo de dos mil veinte, ampliado en pronunciamiento de cinco de marzo de dos mil veinte”.

Agrega: “Esta Corte considera que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que corresponde al Presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el poder legislativo le envíe. En consecuencia, resulta impropio y desacertado pretender evitar, por medio del amparo, que tal autoridad cumpla una de sus funciones constitucionalmente asignadas”.

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En tanto, un comunicado de la CC señala que, “por unanimidad, declaró sin lugar los amparos en suspenso en contra del Congreso y el Presidente de la República de Guatemala, por la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo 4-2020” y que en consecuencia “se revoca el amparo provisional otorgado en auto emitido el dos de marzo de 2020”.

Con esa resolución, el presidente Giammattei podrá sancionar y enviar a publicar el decreto aprobado por el Congreso para que las reformas entren en vigor.

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) lamentó la resolución de la CC porque la considera una amenaza para quienes defienden la libertada de asociación.

“Repudiamos la resolución de la CC que niega de forma definitiva los amparos contra la Ley de ONGs, esto representa un grave retroceso en DDHH, es clara amenaza a quienes defienden la libertad de asociación y evidencia el actuar malicioso de la actual corte #CCdeLaImpunidad”, escribió Caldh en Twitter.

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La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala también criticó en esa misma red social el actuar de la CC, pues con las reformas “buscan silenciar a las organizaciones sociales que han liderado la lucha anticorrupción y antimpunidad en Guatemala”.

“Desde Guatemala la sociedad civil hace un llamado a toda la comunidad internacional y a defensores de derechos humanos a ayudar a las organizaciones de la sociedad civil que están siendo perseguidas en su derecho a la libertad de asociación”, añadieron en su cuenta de dicha red social.

Agrega que los Magistrado José Francisco de Mata Vela y María Cristina Fernández García, quienes no forman parte de la nueva CC y que cubres a los designados que no han tomado posesión, emitieron votos concurrentes.

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Los amparos contra la Ley de Oenegés era un pendiente que tenía a su llegada la nueva CC y desde un principio se pensó que los magistrados llegarían a anular los proceso que frenaron la entrada en vigor de las reformas.

Las principales críticas de políticos contra estas organizaciones se fundamentan en una aparente evasión a la fiscalización y aparentes compañas de desprestigio contra autoridades de gobierno.

“Lo que estas mentes diabólicas quieren provocar en Guatemala es una crisis de Estado y la satanización de las instituciones para tener argumentos que les permitan engañar y vociferar en el extranjero que son necesarios más y más recursos para las oenegés, que dicho sea de paso, no se permiten ser fiscalizadas, que no permiten fiscalizar las fortunas acumuladas por sus dirigentes”, señaló en un discurso reciente el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.

Pero esta serie de mensajes no son nuevos ni novedosos, según explicó recientemente Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), quien logró frenar la entrada en vigor de la ley en cuestión a través del amparo provisional de la CC.

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“Yo creo que hay una estrategia específica detrás de los discursos para generar cuestionamientos a la sociedad civil, viniendo del presidente del Congreso… bueno, son ellos los que no quieren ser fiscalizados, no quieren rendirle cuentas a la población. Lo que ellos quisieran es tener todo el camino libre para poder plantear reformas políticas que faciliten la corrupción. Yo creo que estamos ante una situación crítica en cuestión de derechos fundamentales que podría ahondar mucho más la crisis social”, refirió.

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió en definitiva ese miércoles 5 de mayo el trámite de nueve amparos en contra del proceso de designación de los magistrados por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso de la República y el Organismo Ejecutivo, que fueron planeados por varias personas en diferentes fechas.

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En total, la CC tenía en su poder 10 solicitudes de amparo, pero este miércoles los nuevos magistrados de ese tribunal constitucional decidieron la suspensión en definitiva de nueve de esos trámites, la mayoría promovidos por varias personas por la supuesta falta de claridad en el proceso de designación, que concluyó de forma oficial el 13 de abril con la juramentación por parte del Congreso de los nuevos togados.

La única solicitud de amparo que sigue vigente es la presentada por el abogado Edie Cux en contra de la CSJ y el Congreso. “La CC resuelve continuar trámite únicamente contra el congreso y respecto de la petición ejercida contra la Corte Suprema de Justicia, con certificación de lo ya actuado ábrase el expediente”, señala la resolución.

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En la resolución de la solicitud de amparo presentada por los diputados Carlos Barreda y Orlando Blanco, se lee: “Por la impugnabilidad del proceso de designación de los Magistrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por el Pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, conforme el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, procede la suspensión en definitiva del trámite del amparo promovido, en observancia de lo que establece el artículo 26 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad”.

Además, se deja en claro que, una vez los magistrados son juramentados y toman posesión “solo podrían cesar en el cargo que ostentan por las causales previstas legalmente” como expiración del plazo de su designación, por motivación de auto de prisión o por incapacidades propias de los funcionarios judiciales.

La Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue juramentada 13 de abril sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de amparos provisionales e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.

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Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac); Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados titular y suplente elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

En el caso de Porras, dos amparos provisionales bloquearon su juramentación. El primero, el 9 de abril de 2021, por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación. El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazada por el consejo sancarlista. De ambos recursos el CSU comunicó al Congreso que tuvo conocimiento hoy.

Mientras tanto, Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó dos amparos provisionales que detuvieron la juramentación de Gloria Porras, magistrada titular de ese tribunal designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac).

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La Corte confirmó este 26 de abril que, por unanimidad, los magistrados resolvieron sin lugar dos apelaciones del CSU contra los amparos de las salas Sexta y Primera de lo Contencioso Administrativo de fechas 9 y 12 de abril últimos contra el proceso de designación de magistrado titular en el CSU que dio la reelección a Porras para el periodo 2021-2026.

Porras dijo que se pronunciará sobre estas actuaciones cuando el CSU le dé intervención.

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La Usac, por su parte, informó este 26 de abril que dio trámite al recurso de reposición que propició el amparo provisional de la Sala Primera a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, exaspirante a magistrado de la CC designado por el CSU.

En ese sentido la universidad dijo que ha sesionado de forma extraordinaria el 13, 14, 15 y 19 de abril para dar seguimiento al proceso, mas no detalla qué resoluciones ha tomado.

De aquellos dos amparos provisionales, solo el de la Sala Primera está vigente pues la Sala Sexta, en un fallo definitivo, revirtió el amparo provisional otorgado el 9 de abril a Erwin Rolando Rueda Masaya, otro exaspirante a la CC en el proceso de designación de la Usac.

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Porras continúa entonces sin ser juramentada por el Congreso y en consecuencia sin poder asumir el cargo de magistrada titular ante ese tribunal.

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo suspendió en definitiva un amparo contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) que detiene la juramentación de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Argumentando falta de materia, el fallo de la Sala fue contra lo solicitado por Erwin Rolando Rueda Masaya, un exaspirante a togado por el CSU.

En consecuencia, esta resolución revoca el amparo provisional del 9 de abril de 2021. La votación fue unánime, de los magistrados titulares Juana Solís, presidenta, y Mario Efraín Rojas y Nadya Morales de León, vocales.

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Ese amparo, cuando era provisional, junto con el de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, también provisional a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, exaspirante a magistrado, detuvieron la juramentación de Porras en el acto del 13 de abril.

La Universidad de San Carlos (Usac), autoridad impugnada en los amparos, no ha informado sobre el estado de las dos acciones legales contra el proceso de designación de magistrados.

Porras fue elegida por el CSU para su tercer periodo en la CC, pues anteriormente ya había sido designada por el Ejecutivo (administración de Álvaro Colom para el periodo 2011-2016), el Congreso para 2016-2021 y ahora por la Usac para 2021-2026.

Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se enfrentó este martes 13 de abril a manifestantes que llegaron frente al Congreso de la República para mostrar su rechazo contra los diputados y la juramentación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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El incidente se registró en la 9ª. avenida y 9ª. calle de la zona 1, donde los inconformes intentaron cruzar el cerco policial instalado desde horas de la mañana cuando los inconformes empezaron a llegar.

Videos compartidos por La Red muestran el momento en que los manifestantes intentan avanzar entre la barrera de agentes de la PNC; sin embargo, estos lo impiden y empieza el enfrentamiento.

Delegados del @PDHgt del Departamento de Mediación verifican respeto de #DDHH en los alrededores del @CongresoGuate. Asimismo, verifican las acciones de la @PNCdeGuatemala a quienes se les recomendó garantizar el derecho a manifestación y el libre acceso e ingreso de periodistas. pic.twitter.com/My05lujMym

— PDH Guatemala (@PDHgt) April 13, 2021

Los manifestantes exigían el respeto de sus derechos y señalaban abuso policial, mientras los agentes les indican que no se podía avanzar.

Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos verifican que se respete el derecho de las personas que manifiestan y recomiendan a la PNC “garantizar el derecho a manifestación y el libre acceso e ingreso de periodistas”.

Agentes de la @PNCdeGuatemala se enfrentan a un grupo de manifestantes que llegó frente al @CongresoGuate para protestar contra los diputados, que tienen previsto juramentar a los nuevos magistrados de la @CC_Guatemala. Vía @Lared1061 pic.twitter.com/g7TjGa3nYl

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 13, 2021