La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este miércoles una solicitud de antejuicio que el exjuez Mynor Moto había presentado contra la jueza Erika Aifán.

Moto buscaba que la jueza de mayor riesgo “D” fuera investigada por autorizar una orden de captura en su contra en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El exjuez argumentaba que Aifán había cometido una ilegalidad al autorizar su orden de captura pues gozaba de inmunidad por haber sido juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Moto tiene orden de captura desde el 26 de enero último, firmada por Aifán. Ese mismo día el exjuez había acudido a la CC para asumir el cargo de magistrado titular designado mediante elección por el Colegio de Abogados y posteriormente juramentado por el Congreso mediante un amparo provisional porque el proceso estaba detenido ante varias impugnaciones en el tribunal electoral del colegio.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

Este martes, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia denegaron las tres recusaciones interpuestas por Aifán contra de los togados Vitalina Orellana y Orellana, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Nery Osvaldo Medina Méndez, que conocerían la solicitud de antejuicio que interpuso Moto. 

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

La presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, anuló la sanción que había impuesto el Régimen Disciplinario a la exoficial del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Tatiana Elizabeth Guzmán Figueroa, quien fue denunciada por la jueza Erika Aifán, por filtración de información.

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El Régimen Disciplinario sancionó a Guzmán por “rebelde” y por cometer una falta grave y había sido suspendida por 20 días sin goce de salario, pero con la resolución de la CSJ ahora deberá realizarse una nueva audiencia para determinar si procede o no.

El caso

El 5 de octubre del 2019 Tatiana Ellzabeth Guzmán Figueroa, oficial del Juzgado de Mayor riesgo D, fue capturada pues era señalada de supuesto robo de información de esa judicatura que está a cargo de la jueza Aifán.

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La mujer había sido reportada como desaparecida y tenía activada una alerta Isabel Claudina, pero en realidad estaba en la Torre de Tribunales ya procesada por ese caso.

En esa fecha la jueza Aifán reveló que a pesar de que la capturada tiene pocos meses de trabajar en el juzgado, se han registrado varios incidentes, la mayoría por llegadas tarde de hasta tres horas.

Explicó que desde hace varias semanas notó que Tatiana Guzmán ingresaba a su despacho con su celular, por lo que empezó a sospechar que la oficial la estuviera grabando, para salir de dudas y evitar un problema mayor se comunicó el 4 de octubre con el jefe de seguridad del Organismo Judicial y decidieron pedirle a Guzmán que mostrara su celular.

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Luego de una larga jornada en la que la joven se negó a que revisaran su móvil, la jueza procedió a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, para que con una orden se pudiera revisar el aparato móvil. Tatiana accedió a la revisión en donde se encontraron siete archivos, en algunos de ellos se escuchaba la voz de la jueza.

También detectaron un fólder con varios documentos del juzgado, no solo copias sino también en original. Ante estos hechos la jueza sospecha que Guzmán en otras ocasiones había sustraído información oficial del juzgado. Además denunció que en en el caso Fénix que conoce la oficial, uno de los documentos se extravió.

El juez que conoció el caso de Guzmán decretó falta de mérito y la jueza Aifán apeló esa decisión y pidió ser parte de la investigación, como querellante.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por magistrados suplentes, favorecieron al exdiputado electo por el partido Líder Óscar Armando Escribá con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.

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En la apelación otorgada a favor de Escribá, los magistrados también separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Ericka Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal.

Este es un revés para la jueza Aifán que lleva varios procesos contra exfuncionarios que son señalados por actos de corrupción y que, a consecuencia de ello, ha sido asediada con recursos legales por parte de los acusados.

Tras la anulación del proceso penal, según resolución de la Sala, el exdiputado saldrá de la prisión preventiva en la que estaba recluido desde el 13 de enero de este 2020.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga Escribá por los delitos de concusión y fraude por el caso Construcción y Corrupción, Fase 2.

El señalamiento de la Feci refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales

Fue hasta el pasado 13 de enero que Escribá se presentó voluntariamente ante la justicia luego que el Ministerio Público ejecutara varios allanamientos donde no fue localizado.

La mujer pasó más de 24 horas en la carceleta de Torre de Tribunales, pero esta mañana se supo que fue libertada durante la madrugada.

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Guzmán laboraba como oficial en la judicatura a cargo de la jueza Erika Aifán, de donde presuntamente sustrajo información de varios casos, motivo por el que fue capturada.

El viernes la oficial había sido reportada desaparecida a través de la Alerta Isabel-Claudina, pero horas después se supo que se encontraba en la carceleta a la espera de que un juez de tuno conociera su caso.

Aifán reveló que Guzmán tenía pocos meses de trabajar en el juzgado, y que durante ese tiempo se dieron varios incidentes, la mayoría por llegar hasta tres horas tarde al trabajo.

La jueza indicó que la mujer ingresó varias veces a su despacho con un celular, por lo que empezó a sospechar que la oficial la estuviera grabando. Para salir de dudas y evitar un problema mayor se comunicó el 4 de octubre con el jefe de seguridad del Organismo Judicial y pidieron a Guzmán que mostrara su teléfono móvil.

La joven se negó a que revisaran su teléfono, por lo que la juzgadora presentó la denuncia ante el Ministerio Público, para que con una orden se pudiera revisar el celular, donde se hallaron siete archivos, en algunos se escuchaba la voz de Aifán.

En la bolsa de Guzmán también se encontró un fólder con varios documentos del juzgado.

Además de este incidente, Aifán también denunció que del caso Fénix que conoce la oficial, uno de los documentos se extravió.

Mientras estuvo en la carceleta, Guzmán dio su versión de los hechos. Aseguró que todo se trataba de un conflicto laboral con la jueza Aifán y que prueba de ello es que denunció a la juzgadora en agosto de este año. Narró que intentó defender a otro compañero del juzgado quien también habría tenido un problema laboral, lo que provocó que la juzgadora se enojara.

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La resolución de beneficiarlo con arresto domiciliario fue oficializada por Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien dictaminó que por motivos de salud, también se ordenaba su inmediata libertad.

La medida sustitutiva incluye una prohibición para salir del país.

“Debe notificarse a la Dirección General de Migración y la obligación de comparecer a efectuar el control biométrico al Ministerio Publico cada ocho días”, aseveró Aifán.

Por su lado, la defensa de los Bitkov pidió a la juzgadora que también dictaminara medidas sustitutivas para Anastasia e Irina Bitkova, argumentando que también padecen de problemas de salud.

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La jueza Éricka Aifán otorgó arresto domiciliario y prohibición de salir del país al ruso Igor Bitkov. También ordenó su libertad inmediata por cuestiones de salud. pic.twitter.com/lig4ArQwiL

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) 28 de mayo de 2018

El caso

El pasado 18 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a 39 implicados en el caso Migración, los cuales estaban procesados por la existencia de una red dentro del registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración.

Igor, Irinia y Anastasia fueron sentenciados por uso de documentos falsos y supresión al estado civil, las penas fueron entre 14 y 19 años de prisión (a Igor también se le condenó por usurpación al estado civil).

El pasado 26 de abril, una resolución de la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó que el proceso regresara a la etapa intermedia.

El juicio siguió su curso pese a la apelación de Igor Bitkov en la Sala Tercera, debido que la Cicig y la Fiscalía buscaron ampararse ante la CC, algo que el máximo tribunal declaró “sin lugar”, por lo que mandó a retrotraer el proceso hasta la audiencia del 20 de febrero.

Los magistrados ordenaron a la jueza fundamentar su decisión en la repetición de la audiencia para determinar o no la apertura a juicio, con base en lo explicado por las Sala Tercera de Apelaciones.

El fallo califica de migrantes a los Bitkov, por lo que no podrían ser perseguidos por falsificación de documentos de acuerdo con la Convención de Palermo y la Ley de Migración.

Acciona por fallo

La jueza de Mayor Riesgo D presentó ayer un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, contra los tres magistrados.

La juzgadora expuso en la acción legal que la Sala le causa agravio y vulnera sus garantías constitucionales de independencia judicial y debido proceso, ya que pretende inducirla a dictar resoluciones contrarias a derecho.

La acción pretende que se anule la orden y sanción emitida por dicha sala en contra de Aifán.

La medida de la jueza, ayer, se suma a otras dos acciones, una de Aifán y otra del Registro Nacional de las Personas, presentadas en la Corte de Constitucionalidad.

También la jueza Aifán y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron una solicitud de aclaración y ampliación a la Sala Tercera de Apelaciones, que la rechazó sin entrar a conocerla.

Mientras se agotan los recursos legales, la resolución de la Sala Tercera de cerrar el proceso de la familia Bitkov no cobrará vigencia y la jueza no ejecutará la orden.

La Alianza por las Reformas, que aglutina a 40 organizaciones civiles, calificó como inaceptable la resolución de la Sala Tercera, en la cual anulan el fallo de Aifán, que a su consideración “ha demostrado ser una jueza capaz, imparcial, íntegra e independiente”.

Nuevo juicio

Después de conocida la resolución de la CC, Aifán, resolvió el 9 de mayo que Igor Bitkov debía volver a ser juzgado.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, explicaba la resolución escrita.

Los jueces de la Sala consideraron que Aifán no dio fiel cumplimiento a la sentencia que esa misma instancia dictó en octubre de 2017 en favor del ruso y que a su vez avaló la CC en la resolución del 26 de abril.

Además, los magistrados señalaron que ellos no son quienes deben determinar si se debe cerrar el caso contra Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia, sino que corresponde a la misma jueza Éricka Aifán.

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