Por varios días el portal del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras) del Ministerio de Finanzas estuvo sin funcionar, por problemas que la cartera atribuyó a un ataque cibernético.

Debido a esos inconvenientes, el pasado 4 de diciembre la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como órgano rector del sistema Guatecompras, publicó en el diario oficial la resolución 023-2023, que autoriza a las unidades ejecutoras no computar el período del 28 de noviembre al 05 de diciembre, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron efectuarse en el periodo indicado.

Ahora la Contraloría General de Cuentas por medio de una circular SCGP-02-2023 informa que “las entidades sujetas a fiscalización deben cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”, conforme lo establece cada modalidad de compra, exceptuando los plazos de publicación de Guatecompras.

Se agrega que deben implementar un control, que permita identificar la documentación pendiente de publicación en los procesos de adquisición en la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado.

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Además del monitoreo de transacciones presupuestarias y extrapresupuestarias, detalle de préstamos internos y externos, avance de inversión pública, informe de requisitos de desembolsos de crédito público, de los movimientos de caja consolidada y caja de movimiento diario, publicaciones en Guatecompras (adquisiciones realizadas durante el período afectado), información de la gestión presupuestaria por resultados, detalle de los pagos a proveedores, servicios básicos, nóminas de salarios, horarios y otros.

De lo anterior indica que se debe “procurar” que el Auditor Interno y Director Financiero o encargado de la Dirección Financiera, den cumplimiento a esta disposición, y para ello utilizar el formato más conveniente.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que ya se restablecieron las plataformas del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que incluyen los portales de Guatecompras y otros, por lo que las gestiones de pago correspondientes a este mes ya están en marcha.

También se afirmó que además de que se presentaron 3 denuncias ante el Ministerio Público y se solicitó una auditoria especial a la Contraloría General de Cuentas, luego del ataque cibernético contra dichos sistemas, registrado a finales de noviembre, el cual duró al menos 12 días.

En conferencia de prensa, el ministro Edwin Martínez y el viceministro Héctor González manifestaron que el restablecimiento de los sistemas en mención se realizó el miércoles 6 de diciembre por la noche por lo que las entidades ya están registrando sus operaciones, aunque se podría experimentar alguna lentitud debido a la gran cantidad de transacciones que se están llevando a cabo en el portal de Guatecompras y otros.

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“Guatecompras está funcionando, no de una forma normal, pero es por la saturación que existe; empezó a trabajar el miércoles por la noche y hubo más de 800 operaciones alrededor de las 8 de la noche”, expresó. Debido a la saturación, al retomar el uso de la plataforma por parte de las instituciones se recomendó probar en varias ocasiones, hasta que el sistema responda.

Los funcionarios también explicaron el alcance de las resoluciones 022 y 023 del 2023, asegurando que no se autorizó dejar de registrar las adquisiciones en el sistema Guatecompras, sino que se autorizó a las unidades ejecutoras no computar el período comprendido entre el lunes 27 de noviembre al martes 05 de diciembre de 2023, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron realizarse en el lapso indicado.

“Dicha autorización tenía como objeto no computar los plazos para la realización de los registros y publicaciones que establece la normativa vigente, lo que no exime de responsabilidad a las unidades ejecutoras de registrar todas las adquisiciones realizadas en ese período, cuando el sistema estuviera restablecido, en cumplimiento de lo que mandata la normativa en Adquisiciones Públicas”, enfatizaron

Las resoluciones se aplican y se extienden a todos los procesos de adquisición pública tanto a compras de baja cuantía, como a las compras directas con oferta electrónica, cotizaciones, licitaciones y compras por contrato abierto, entre otras, ampliaron.

“El Sistema Guatecompras ya se encuentra restablecido y por lo tanto, todas las entidades, a partir del día 06 de diciembre, debieron reanudar los registros y publicaciones de los eventos que estaban en proceso antes de la afectación del sistema, así como efectuar todos los registros y publicaciones de las compras que hicieron durante los días en los que el sistema estuvo fuera de funcionamiento”, enfatizó el ministro.

Presentan denuncias y piden auditoría

Martínez también dio a conocer que la semana pasada se presentaron tres denuncias ante el Ministerio Público para que dicho ente investigue el origen del ataque cibernético mencionado, aunque refirió que no se ha perdido información ni ha sido borrada, ya que se posee un backup.

También se solicitó a la Contraloría General de Cuentas que efectúe una auditoría especial de la información en los sistemas para validar la integridad de los datos y registros en los sistemas afectados por el ataque informático y que verifique y garanticen de que no hubo pérdida de información.

Consultado sobre el posible secuestro de información, el ministro respondió que no han recibido exigencias de rescate, como se ha experimentado en otros países como Costa Rica, “pero con la auditoría se completará la verificación.

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Pagos y operaciones

Por último, aseguró que a finales de noviembre se operaron pagos a proveedores por Q1,500 millones, además de pagar la nómina de personal de esa quincena, y se trabaja para pagar el 50% del aguinaldo el 14 de diciembre, por alrededor de Q2 mil 400 millones: unos Q1 mil 600 millones para personal gubernamental y el resto para otros entes, y luego se realizaría el pago de salarios correspondiente a diciembre.

Martínez indicó que también se les está ofreciendo apoyo a entidades con los equipos técnicos de y se está trabajando con el IGSS para apoyar las operaciones de pagos a proveedores y según se tiene conocimiento, esa entidad pudo pagar su planilla de noviembre.

Respecto al presupuesto explicó que la ejecución de los gastos tanto del gobierno, como de las entidades descentralizadas ya se registra una ejecución 87.7% y se prevé que a fin de año alcance alrededor del 96.5%.

“El Ministerio de Finanzas a través de la Tesorería va trasladando el dinero a las entidades por medio de los bancos del sistema en función de los requerimientos de las instituciones y también se ha tenido reuniones con el sistema bancario para informarles sobre la situación de los sistemas informáticos. El ataque cibernético causó que se atrasaran los pagos, pero en ningún momento se va a dejar de pagar a los proveedores”, expuso Martínez.

En conferencia de prensa este viernes 8 de diciembre, el ministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez Cameros, informó que ya están restablecidas las plataformas del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, que incluyen los portales Guatecompras, y Sicoin entre otros.

El ministro aseguró que el restablecimiento de los sistemas se efectuó luego que el equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información, como administrador de los recursos tecnológico del Ministerio de Finanzas (Minfin), validó la consistencia e integridad de la información.

Además, agregó que los sistemas del Minfin podrían experimentar lentitud debido a la gran cantidad de transacciones que se efectuarán en el portal luego de su restablecimiento.

En la conferencia, el ministro Martínez Cameros afirmó que se ha solicitado a la Contraloría General de Cuentas un auditoría especial “para validar la integridad de la información y registros en los sistemas afectados por el ataque cibernético”.

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También la Cartera del Tesoro velará por el acreditamiento oportuno de recursos a las diferentes instituciones para garantizar el pago de nóminas del sector público, así como el traslado de fondos correspondientes.

El 5 de diciembre recién pasado, el Minfin informó que las referidas plataformas aún estaban deshabilitadas y que efectuaban “trabajos exhaustivos” por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información con el objetivo de restablecer su funcionamiento.

También, la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como órgano rector del sistema Guatecompras, publicó el lunes 4 de diciembre en el Diario de Centro América la resolución número 023-2023, mediante la cual autorizaba a las unidades ejecutoras no computar el periodo comprendido entre el martes 28 de noviembre al martes 05 de diciembre, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron efectuarse en el periodo indicado.

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#GestiónMinfin | En conferencia de prensa, el ministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez Cameros, confirma que ya están restablecidas las plataformas del Sistema Integrado de Administración Financiera #SIAF, que incluyen los portales #Guatecompras, #SICOIN, entre otros. pic.twitter.com/4VnLJXTN2Q

— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) December 8, 2023

El Ministerio de Finanzas Públicas informó que derivado a los recientes ataques cibernéticos en su infraestructura informática interna, que conllevó al aislamiento de los sistemas, incluido el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras),  dicha plataforma aún se encuentra en “trabajos exhaustivos” por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información, como administrador de los recursos tecnológicos de este Ministerio con el objetivo de restablecer su funcionamiento.

Además, la Dirección General de Adquisiciones del Estado, como órgano rector del sistema Guatecompras, publicó el lunes 4 de diciembre en el Diario de Centro América la resolución número 023-2023, mediante la cual autoriza a las unidades ejecutoras no computar el periodo comprendido entre el martes 28 de noviembre al martes 05 de diciembre, únicamente para el registro y la publicación de documentos que debieron efectuarse en el periodo indicado.

“Es importante resaltar que, dicha autorización únicamente tiene como objeto no computar los plazos para la realización de los registros que establece la normativa vigente, y no exime de responsabilidad a las unidades ejecutoras de realizar el registro y la publicación de documentos de todas las adquisiciones realizadas en ese periodo cuando el sistema esté reestablecido, lo que permitirá la consulta de información en forma pública, irrestricta y gratuita en cumplimiento de lo que mandata la Ley de Contrataciones del Estado”, afirmó Finanzas.

Finanzas aseguró que está “comprometido con la gestión responsable y transparente de los recursos públicos” y trabaja de “manera diligente para poner en marcha los diferentes sistemas, garantizando la certeza, seguridad jurídica y transparencia en los procesos de adquisición pública”.

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Agregó que “velará por el acreditamiento oportuno de recursos a las diferentes instituciones para garantizar el pago de las nóminas del sector público, así como el traslado de fondos correspondiente”.

“Agradecemos a la ciudadanía su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de informar oportunamente sobre el restablecimiento de los sistemas”, según Finanzas.

Desde hace nueve días, Finanzas informó que los portales web de Guatecompras y Sicoin estaban fuera de la red, en un hecho que el Gobierno atribuyó a un ataque cibernético.

Guatecompras es el sistema utilizado por el Estado para hacer contrataciones y adquisiciones, es decir, es un mercado electrónico operado en la red y que al igual que el Socin, su objetivo es garantizar la transparencia del gasto público.

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Los portales digitales del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conocido como Guatecompras y del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) dejaron de funcionar, se informó este lunes 27 de noviembre, generando reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios lo veían como algo anormal; sin embargo, las autoridades competentes se lo atribuyeron a un ataque cibernético.

El Sicoin es una herramienta informática creada para los gobiernos locales que busca tener un mejor control y transparencia en la ejecución del presupuesto de cada entidad que lo utiliza.

En tanto, Guatecompras es el sistema utilizado por el Estado para hacer contrataciones y adquisiciones, es decir, es un mercado electrónico operado en la red y que al igual que el Socin, su objetivo es garantizar la transparencia del gasto público.

De esa cuenta que su salida de la red generó reacciones de internautas que exigen una explicación al Ministerio de Finanzas (Minfin), cartera que tiene a cargo la administración de ambos portales.

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Se consultó al Minfin respecto a las fallas en los portales y sobre las reacciones de los internautas y señalaron que la caída de los sitios se debe a un ataque cibernético, sin profundizar si este fue neutralizado o sigue en curso.

De acuerdo con la cartera de Finanzas, la Dirección de Tecnologías detectó un ataque cibernético y decidieron restringir los accesos a los portales “por seguridad”.

Además, solicitan a los usuarios que, para estar actualizados respecto a la situación de los portales web afectados se debe “estar atento” de las redes sociales oficiales.

“Estimado usuario, te informamos que la Dirección de Tecnologías identificó un ataque cibernético a nuestra infraestructura informática”, señala una publicación del Minfin en su cuenta de X, antes Twitter.

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La publicación añade que “por seguridad se restringió temporalmente el acceso a los mismos (sitios) para mitigar riesgos”.

Añade que trabajan para solventar los inconvenientes “lo antes posible”.

Dos empresas accionistas de la distribuidora de energía Energuate, plantearon demandas contra el Estado de Guatemala por la vía de arbitrajes internacionales, según los registros de la Dirección de Administración del Comercio Exterior (DACE) adscrita al Ministerio de Economía (Mineco).

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Con ello el Estado se enfrenta a dos nuevos litigios internacionales, uno por valor agregado de distribución (VAD) fijado para Deocsa y Deorsa para el plazo del 2019 al 2024 y otro se refiere a un reclamo por ajustes tributario que llegaron a la vía judicial en el 2016.

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Los procesos están planteados por arbitrajes de inversión, según la reciente actualización de los expedientes de defensa comercial de la DACE.

Demandas

El 19 de agosto del 2019 el Estado recibió la notificación de una intención de arbitraje por parte de las entidades Estrella Coöperatief B.A., Deocsa B.V., y Deorsa B.V, cuyo origen son los países bajos.

La unidad de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que este caso se trata de una intención de demanda, según el estatus.

Sin embargo, en el documento del reclamo se refiere a que “debido a la etapa en la que se encuentra el proceso todavía no se cuenta con una estimación del monto reclamado por la entidad demandante”, según el expediente de la DACE.

El otro caso activo que involucra a otros accionistas de las distribuidoras está más avanzado y en este se demanda una compensación económica por US$70 millones (unos Q536 millones), que un panel arbitral debe decidir si procedo o no.

En este caso la empresa IC Power Asia Developtment LLCC, de origen de Israel, planteo el arbitraje y tiene como fecha de ingreso el 18 de febrero del 2018, según la actualización de la DACE.

La PGN confirmó que este caso se encuentra en curso y está activo.

Como presidente de la CNEE, se nombró a Rodrigo Fernández, quien hasta ese día se desempeñaba como viceministro de Energía y Minas.

En la gestión de López Barrientos se aprobaron tanto los estudios y montos del VAD de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), en el 2018, como los de Energuate en el 2019, y en ambos la resolución fijó un monto menos a lo solicitado por las distribuidoras.

La compañía EEGSA no impugnó la decisión de la Comisión, contrario a Energuate, que buscar revertirla.

Fernández, actual presidente de CNEE, respondió que derivado de la participación de esa entidad en la Comisión Interinstitucional de Apoyo a Procesos de Arbitraje, se tiene conocimiento de otra intención de arbitraje de los inversionistas de Deocsa y Deorsa, “pero no tenemos certeza ni el detalle de la intención del nuevo arbitraje”, aseguró.

“Al respecto la CNEE, al igual que en procesos de arbitraje contra el Estado de Guatemala que se han llevado a cabo -Iberdrola, Teco- con anterioridad, brindará el apoyo técnico y toda la información requerida por la Comisión Interinstitucional, quien está a cargo de llevar la estrategia de defensa del Estado en este tipo de procesos”, explicó Fernández.

En cuanto a la posibilidad que se revierta el VAD fijado para el quinquenio 2019-2024, “la CNEE debe ser respetuosa de los procesos y procedimientos legales relacionados con el tema, y por supuesto actuar apegado a la ley” expuso el funcionario.

En el 2017 Energuate volvió a cambiar de propietario. La compañía IC Power decidió vender todos sus activos en Latinoamérica a la estadounidense I Squared Capital (ISQ).

Primer caso tributario

Lilian Elizabeth Nájera Reyes, de la PGN, dijo que en el caso de IC Power Asia Developtment LLCC, es el primer caso que se conoce contra el Estado por una demanda tributaria y que el caso se encuentra en curso.

En la exposición de motivos, IC Power argumenta, como antecedentes del arbitraje, el inicio de una denuncia penal por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), contra varias entidades proveedoras de energía eléctrica, por tener indicios que generaban presunción de la comisión de defraudación tributaria por parte de empresas auditadas, lo cual derivado de un plan de fiscalización en el 2016, por parte del administrador tributario, para verificar la adecuada procedencia de las amortizaciones de activos intangibles que varias empresas estaban realizando de su liquidación del impuestos sobre la renta (ISR).

Dentro de las empresas que fueron fiscalizadas se encuentran Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (Deorsa) y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (Deocsa), las cuales fueron adquiridas por la entidad IC Power Asia Developtment LLCC en enero del 2016.

La denuncia se fundamenta en el Acuerdo de entre Guatemala y el Gobierno del Estado de Israel para la promoción y protección reciproca de inversiones.

Caso judicializado

Manuel Mejicanos Jiménez, intendente de asuntos jurídicos de la SAT, informó que la acusación contra el Estado pasa por una disminución sobre el valor de acciones, derivado de ciertos procedimientos en el orden administrativo-tributario que luego derivaron en denuncias penales contra Deocsa y Deorsa.

“La postura de SAT es que se aborden en las instancias correspondientes, es decir, que los temas que están judicializados que se aborden en los juzgados y se ha brindado la oportunidad de formular solicitudes de reliquidación de impuestos, algunos pagos que hicieron a cuenta de impuestos y SAT tienen otra posición”, explicó el intendente.

En todo caso, explicó, son temas que se tienen que abordar en las instancias correspondientes y el proceso penal lo conoce los juzgados especializados en materia tributarios.

Mejicanos Jiménez explicó que la demanda pueda tratarse de una actitud de generar una presión a el Estado, porque se cree que, si el tema se llega a un arbitraje internacional, habría que entrar en una “negociación” para resolver pronto los procedimientos penales.

El intendente subrayó que, si procede o no procede, lo decidirá un tribunal arbitral internacional y se está prestando el apoyo a la PGN en el tema de la generación de insumos, explicación de los casos para hacer la debida defensa.

El funcionario detalló que este proceso se vincula al ISR, derivado de una fusión inversa -la sociedad hija absorbe a la sociedad madre- que es un procedimiento complejo, pero que es admitido en el Derecho Mercantil.

Recordó que en las auditorias practicadas se evidenció de un posible delito y el proceso se encuentra en fase de investigación en el Ministerio Público.

Explicó que no se puede hacer una intervención, ya que el monto del adeudo esta depositado y esta cubierto.

En el 2016 las distribuidoras de Energuate pagaron a la SAT US$48 millones (unos Q367 millones) por ajustes tributarios, aunque aclararon que lo hacían bajo reserva en espera de la decisión del tribunal. En esa oportunidad la empresa informó que el pago por ese concepto podría llegar a entre US$65 millones y US$72 millones.

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En este caso la CNEE tiene conocimiento que se plateó una demanda de arbitraje por los inversionistas de Deocsa y Deorsa relacionada con un tema fiscal, dijo Fernández.

Mecanismo de defensa

Nájera Reyes, confirmó que se está trabajando en la comisión establecida para atender las demandas internacionales, conformada por los ministerios de Economía, Energía y Minas, Relaciones Exteriores y Finanzas, así como la Secretaria General de la Presidencia, PGN y CNEE.

Indicó que los casos se encuentran en reservar por “estrategia de defensa”, para evitar que la defensa del Estado se vea afectada.

También hay determinados períodos de tiempo para poder alcanzar acuerdos, antes de empezar los procesos, dijo la funcionaria.

Casos activos

Este es el listado de procesos arbitrales contra el Estado de Guatemala:

Caso                                                                                      Estatus

1. Teco Guatemala Holdings                                              Activo (nueva sumisión)
2. Iberdrola Energía, S. A                                                                Activo
3. IC Power Asia Developtment LLCC                                          Activo
4. Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Asociados            Activo
5. Group Martitim TCB S.L                                                              Intención
6. Estrella Coöperatief B.A.,                                                           Intención

Fuente: PGN

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Tras el desplazamiento forzado, policías y soldados quemaron sus casas y destruyeron sus pertenencias. Plaza Pública documentó las columnas de humo provenientes de la comunidad y el uso de motosierras para derribar lo que policías y soldados encontraron a su paso. Algunas personas revivieron el terror de la época de la tierra arrasada, cuando debieron huir de sus comunidades para no ser asesinados.

Después del desalojo y el desplazamiento forzado, las familias de Laguna Larga no volvieron a saber de las autoridades guatemaltecas. Como casi siempre ocurre, las comunidades rurales e indígenas conocen la cara represora del Estado, que les persigue y les criminaliza, pero casi nunca les da respuesta a sus demandas.

Un año y medio ha pasado desde que se decidió el desalojo de la comunidad Laguna Larga, con el argumento de que estas familias habitaban un área protegida. Por supuesto que la protección del área solo alcanzó a las comunidades y no a la petrolera Perenco, que sigue operando con total tranquilidad, al igual que muchos narcoganaderos que tienen grandes extensiones de tierra y a los que nadie toca.

No se necesita ser un experto en la materia para entender que el impacto ambiental de la petrolera es inmensamente superior al que puede generar una comunidad y tampoco hay que ser muy perspicaz para comprender que los intereses que se están protegiendo no tienen nada que ver con la defensa de la naturaleza. Si su propósito fuera genuino, la protección del parque nacional Laguna del Tigre sería integral y se habrían buscado alternativas para las comunidades que habitan en el área.

Pero la violencia y la indiferencia se han puesto delante del diálogo y de la búsqueda de soluciones, y hoy, 111 familias guatemaltecas sufren una crisis humanitaria, que a casi nadie parece importarle. Entre los 450 comunitarios de Laguna Larga hay 240 niñas y niños menores de 12 años. También personas mayores y mujeres embarazadas, que son quienes sufren la peor parte.

El hambre y las enfermedades se han hecho presentes y, en este último tiempo, las intensas lluvias han empeorado la situación. Las champas improvisadas no les protegen y hay plagas de insectos y roedores. Los caminos están intransitables y para entrar y salir del lugar en el que se asentaron hay que hacerlo vía México.

Hasta este momento, y a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares, el estado guatemalteco no ha atendido la calamitosa situación. La ayuda que reciben nuestros connacionales es de las autoridades vecinas, que les han facilitado algunos alimentos, agua y medicamentos.

La situación de las familias de Laguna Larga merece la atención inmediata del gobierno y la sociedad guatemalteca. La indolencia no puede ser la respuesta a esta crisis humanitaria que está teniendo ya consecuencias devastadoras. La protección a la naturaleza no puede implicar violencia y mucho menos desplazamientos forzosos que se traducen en hambre, enfermedad, desprotección y abandono. Urge una respuesta inmediata e integral.

@MarielosMonzon

El gobierno de Morales es en cierta medida feudal, porque su característica principal es el pacto (corrupto) que se ha establecido entre quienes se creen “clase aparte” y sus vasallos; además, la mentalidad y los valores de los señores feudales, amos de tierras y campesinos empobrecidos, se define por la función militar (¿se acuerdan de la foto del 31 de agosto?). Es también un gobierno cleptocrático porque los sectores de poder político, económico y judicial —entre otros— son corruptos, y ese poder se basa en el robo del capital y la institucionalización de la corrupción y la impunidad, por medio de prácticas como el peculado, el financiamiento electoral ilícito, el nepotismo y el clientelismo político. Es narcocrático porque el capital emergente del narco y el crimen organizado se ha unido al capital tradicional, y juntos han secuestrado al Estado, actuando de manera ilegal e ilegítima para la defensa de sus intereses. Y es teocrático porque no hay separación entre Estado e Iglesia y las autoridades gobiernan aquí en el nombre de su Dios, creyendo que, después de ese Dios hecho a la medida, solo están ellas.

Miren qué cristianos somos, porque esto que sucede aquí no es producto de la casualidad, sino de la injusticia, la estupidez y la corrupción: el 65 por ciento de la niñez guatemalteca de entre 0 y 14 años vive en pobreza extrema, y 1 de cada 2 menores de 5 años padecen desnutrición crónica irreversible. En 2017, más de 90 mil niñas y adolescentes entre 10 y 18 años quedaron embarazadas, y de los 5 mil 85 exámenes forenses que se practicaron por delitos sexuales, 137 fueron en menores de 1 año de edad (¡!). En ese mismo periodo fueron repatriados 8 mil 839 niños y niñas, y murieron 840 de forma violenta. Hasta la fecha hay más de 2.5 millones de personas menores de edad fuera del sistema educativo. Hay momentos en que siento que Guatemala apesta a esa escena del libro El perfume, en la cual una mujer miserable da a luz a un hijo que no quiere, en el lugar más putrefacto de un mercado parisino del siglo XVIII. Hasta puedo sentir la pestilencia del lugar donde el recién nacido lanza su primer llanto, entre las vísceras y los desperdicios del puesto de venta de pescado de su madre. Así este país que no ha conectado con sus más profundas fibras humanas.

Y mientras el iluminado presidente del Ejecutivo (por cierto, el títere más caro y más solo del mundo en uno de los países más pobres) desobedece al máximo tribunal constitucional, los brillantes diputados del sacrosanto Congreso feudal, muchos de ellos señalados en innumerables casos de corrupción, abuso sexual y otros, prohíben la entrada al país de la banda de rock sueca Marduk, por considerarla satánica. Sin embargo, una se descuida unos minutos y los santos censores que tanto dicen cuidar la moral guatemalteca ya están tratando de reformar la Ley Electoral a su conveniencia, legislando para excarcelar a dos tercios del Código Penal, para despenalizar el financiamiento electoral ilícito o para criminalizar a la juventud y la protesta social. Si hubiera un diablo, ¿dónde viviría más a gusto?

Guatemala ya alcanzó el nivel de un Estado fallido para la mayoría, pero exitoso para unos pocos. Queremos un país para todos, donde las frases renacentistas como la de Eppur si muove, de Galileo Galilei, cobren sentido y sean entendidas en su significado profundo. Porque justo eso queremos, movernos en la dirección correcta de la nueva Guatemala que anhelamos.

cescobarsarti@gmail.com

Algo que Marta Elena Casaús Arzú desmitifica muy pulcramente en su clásica obra Guatemala: linaje y racismo, tan vigente hoy como hace 25 años, cuando la escribió. O que Paul Dosal trabaja en Las élites industriales en Guatemala, que tanto contribuye a entender las dinámicas políticas contemporáneas. Algo que en Guatemala se ha desmitificado en la conciencia, en el silencio pactado, y en las vidas de millones de hombres y mujeres que no forman parte de la burbuja en la cual habitan las elites.

Las buenas costumbres son, definitivamente, algo valioso en el marco de una sociedad donde el bienestar común y la vida digna son la norma. Pero en Guatemala, por razones profundamente enquistadas en nuestro imaginario y nuestra memoria celular, parece que eso de las buenas costumbres se practica y se entiende mal. Recuerdo en mi niñez a más de un adorable abuelo o abuela de aquellos que crecieron a la sombra de las buenas costumbres decir cosas como: “más vale un hijo muerto que piedra de escaño”, “hay que mejorar la raza”, “la gente bien no habla recio”, y más cosas como esas.

Marta Casáus Arzú señala, en una entrevista (PzP, 20-02-17): “Todos los países de América Latina sufrieron el proceso de Conquista y colonización, que estuvo justificado por una ideología racial, de segregación. Pero en Guatemala, por una razón que no logro entender, en seguida la población se dividió en indígena y ladina; el mestizo nunca entró a formar parte del proyecto nacional ni de la Colonia. (…). En el siglo XIX, en Brasil y México, por ejemplo, los teóricos del liberalismo asumieron la corriente de (Auguste) Comte, eran un liberalismo menos racial. En cambio, Guatemala se ancló en un darwinismo racial muy brutal, en la creencia de razas superiores”. Ella asegura que el racismo surge en Guatemala desde la fundación propia del Estado liberal.

“Por eso es que yo sostengo que Guatemala es un Estado racista y una nación eugenésica. Desde el principio se creyó en la necesidad de blanquear la nación para mejorar la raza. Cuando yo me encuentro a mis entrevistados en 1979 (miembros de familias de origen hispano, estudiados en el libro Guatemala: Linaje y Racismo) que hablan de mejorar la raza, busco el origen de esas ideas, y me encuentro a los intelectuales del siglo XIX, con un discurso eugenésico. (…) Después de 25 años, me he dicho: ¡Caray! Cómo es posible que todo siga tan actual y tan vigente. Cuando yo escribí este libro (Guatemala: Linaje y Racismo), creí que se trataba solo de la ideología de la clase dominante. No logré vislumbrar que no solo la clase dominante es la racista, sino el propio Estado. Tardé diez años en entender que es el propio Estado y sus instituciones, sus aparatos ideológicos los que producen y reproducen el racismo: la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación; y también sus aparatos represivos”.

También los partidos políticos y la clase política. Una clase política que acude, maquiavélicamente, al enunciado de las buenas costumbres, que solo se aplican a esos iguales que han podido comer, educarse, vestirse bien y bañarse cada día, y que jamás aceptarán para sí el apelativo de ladrones, porque solo son gente de “buenas costumbres” que han seguido la tradición de un pacto de corrupción.

cescobarsarti@gmail.com

“Se le critica al presidente por no adoptar los intereses internacionales”, lo que Arzú llamó un “chantaje moral”.

“Vivimos en una realidad  producto  manufacturado por los medios de comunicación, grandes corporaciones y grupos de interés y presión. El poder se usa para bombardear  a la gente con seudorrealidades, verdades a medias, mentiras. Se usan los medios de comunicación para alimentar el resentimiento”, señaló.

La práctica política, finalizó diciendo el exmandatario, “debe basarse en la consolidación de los Acuerdos de Paz”, que en las últimas 24 horas han sido declarados “inconclusos” y “olvidados” por varios sectores de la sociedad civil.

El mandatario Morales, envió un saludo “cordial” y “un deseo de paz” a los guatemaltecos, en medio de la polémica decisión que tomó de trasladar la embajada de Israel a Jerusalén.

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Morales indicó que los Acuerdos, que aún mantienen un sinfín de rezagos pendientes, “son el pilar fundamental para consolidar la cultura de paz en el país”.

Su declaración la hizo frente a su gabinete, cuerpo diplomático e invitados especiales que presenciaron el acto en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.

Junto a Morales, el alcalde capitalino y expresdiente Álvaro Arzú, quien a su ingreso al palacio increpó a manifestantes que le gritaban “corrupto” y “fascista”, recordó que las bases del fin al conflicto armado que duró 36 años (1960-1996) se consolidaron cuando “el comandante (Rolando) Morán -dirigente de la guerrilla- y yo nos estrechamos la mano”, lo que demuestra que “los actos anteceden a las palabras”.

El Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) reconoció ayer en un documento, que los efectos negativos de la confrontación “aún están presentes en la sociedad”.

El CNAP explicó que aún existen poblaciones desarraigadas que no han logrado retornar al país, luego de un lustro de negociaciones y 21 años desde que concluyó la confrontación armada.

Por su parte, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), advirtieron que tras dos décadas “la justicia continúa siendo uno de los grandes pendientes de los compromisos del Estado hacia la sociedad guatemalteca y en especial a las miles de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno”.

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Uno de estos procesos es el emblemático caso por genocidio, por el que se encuentran acusados el exjefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt y su exjefe de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez Sánchez, quienes continúan dentro de un juicio que debió repetirse cuando el Constitucional anuló la sentencia de 2013 por “errores en el proceso”.

Mientras que el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que formalizó su sendero institucional al concluir la guerra tras haber aglutinado a los cuatro principales grupos guerrilleros, indicó en un comunicado que “la pobreza y la desigualdad, el racismo y la marginación contra los pueblos indígenas, la falta de espacios reales de participación política ciudadana y el subdesarrollo general de nuestro país, siguen prevaleciendo”.

Aún es palpable la desigualdad que se vive en el país centroamericano, cuya diferencia de clases se hizo evidente con la Encuesta Nacional de Vivienda (Encovi) 2014, del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que situaba al 59,3 % de la población en condiciones de pobreza y el 23,4 % en la pobreza extrema.

La respuesta de qué es el Estado la debemos recoger en lo cotidiano, en lo que vemos a diario, y no dejar el tema para que solo los intelectuales armen grandes discusiones diletantes sobre el tema; por el contrario, pocos saben cómo funciona nuestro cuerpo, pero sentimos cuando algo no está bien; muchos no tenemos idea de cómo funciona el televisor o el internet, pero igual somos usuarios diarios y sabemos cuándo algo no camina; en fin, poco importa que no se pueda establecer un concepto de Estado, pero deberíamos saber cuándo no funciona, o por el contrario, si alguien se aprovecha de él.

Veamos tres ejemplos bien fáciles para evidenciar que quizás el problema radica en nuestra formación ciudadana y por eso dejamos que “las cosas pasen y no pase nada”.

El primer ejemplo es el correo. Un gobierno vino y concesionó el correo. La concesión terminó en su plazo y aún así la empresa responsable siguió haciéndose cargo del servicio hasta que el desinterés de los gobiernos obligó a entregar los bártulos y hacer valer su contrato. A la fecha el correo es uno de los monumentos más ilustres de la incapacidad de este gobierno y cuando se escuchan razones de los funcionarios para explicar el patético caso, si fuéramos realmente ciudadanos interesados, mejor iríamos a la farmacia a comprar un antidepresivo ante semejantes argumentos. La ley acá no tiene ni rango de consejo.

El segundo ejemplo es la carretera de Palín a Escuintla. Nadie duda que es la mejor carretera que existe en estos momentos, pero el Congreso anterior rechazó un aumento de peaje que se había solicitado para hacer mejoras, por un lado, y por el otro, como funciona bien, poco importa si el negocio es bueno o malo para el Estado, porque basta y sobra ante el pésimo momento de la red vial que la ruta siga “sin clavo”. Si algo puede hacerse para mejorar, desde el punto de vista de la empresa, a nadie le importa; y si algo puede hacerse por mejorar, desde el punto de vista del Estado, menos importa, porque solo la inquietud asusta y desanima.

El tercer ejemplo es fácil de ver para los capitalinos. En el mal llamado bulevar Liberación se concesionó por la Municipalidad a la empresa que maneja Funerales Señoriales un área importante contigua al Reloj de Flores para edificar un sótano y construir un estacionamiento a cambio, a la vez también, de construir un “parque” —en su momento algún publicista recomendó llamarlo “ecológico”—, así como una gran pasarela que comunicaría las dos grandes banquetas de la ruta. A la fecha existe un parqueo que funciona como lote propio de las capillas funerarias y cobra lo que se le da la gana. El parque —si a eso se le puede llamar así— está olvidado y horroroso, pero la genialidad es que todo el tráfico peatonal de la pasarela no tiene la opción de bajar, sino que es obligado y así se sube, se baja, se sube y se baja —ni hablar de quien está en silla de ruedas—. De esta forma se lucra con un bien municipal a manos llenas y poco nos importa.

Un servicio público como el correo, una concesión como la carretera y el uso de un bien público como el parqueo nos dibujan de cuerpo entero: el Estado no importa y el tema es sacar raja mientras el ciudadano no le atine.

@Alex_balsells

Por primera vez se percibe que la consolidación de muchas instituciones puede ser posible y puede llegar a feliz término si se le brindan las facilidades necesarias y los recursos suficientes a quienes hoy encabezan la batalla contra diversas estructuras mafiosas que desfiguraron la institucionalidad nacional.

Claramente, el Ministerio Público ha llevado el liderazgo de combatir la corrupción en el país y todo lo que ello implica: recuperar el respeto por las instituciones, por los electores y por un sistema sometido a los peores y más vergonzosos e ilegales abusos de quienes han llegado al poder a través de las urnas.

Hoy en día ese liderazgo recae sobre el MP, lo cual ha sido posible gracias al respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que a los guatemaltecos no les cuesta un solo centavo y solo requiere que no haya interferencia en sus actividades.

En cambio, cuando se busca a otras figuras que puedan acompañar ese esfuerzo, la tarea se hace más ardua, pues resulta difícil percibir esfuerzos creíbles de quienes hoy encabezan los poderes del Estado, porque claramente actúan de manera timorata o interesada cuando se trata de unir esfuerzos en una cruzada por la dignidad nacional.

Varios analistas consultados por Prensa Libre coinciden en que en ninguno de esos tres poderes estatales se puede percibir un claro liderazgo, y por ello ha sido mucho más evidente que la comunidad internacional y la misma Cicig han tomado la delantera en esa búsqueda de cambio de las viejas estructuras que sostienen la actual forma de gobierno, una democracia electoral y de fachada.

A casi seis meses del inicio de un nuevo gobierno, la figura del presidente se percibe como una de las más débiles, y eso es mucho decir, porque en un sistema tan marcadamente presidencialista como el guatemalteco, ese ha sido uno de los epicentros del poder nacional, y ahora luce disminuido. Lo mismo ocurre con el Congreso, porque demasiados de sus integrantes cargan con el estigma de la corruptela, principalmente de los tránsfugas que inundaron todas las bancadas, en particular la oficialista. El Organismo Judicial no escapa: demasiados de sus más emblemáticos integrantes todavía siguen dando de qué hablar con muchas de sus resoluciones, sobre todo cuando se observa quiénes son los beneficiados.

El mandatario Jimmy Morales afirmó ayer en su muro de Facebook que sí hay presidente, y resaltó sus incansables jornadas para restablecer las derruidas estructuras del Estado. Puede ser, pero por ahora son esfuerzos insuficientes como para pensar que existe un claro liderazgo en el Ejecutivo. Ni siquiera es posible enumerar acciones fundamentales de Gobierno para pensar de manera contraria y para demostrar que tiene poder de influencia y convocatoria en su propia bancada, caracterizada por ser díscola e irrespetuosa.

Al gobierno de O?scar Berger le habría costado caro que sus antecesores no hayan investigado y castigado a los responsables de la masacre del Plan de Sa?nchez, Rabinal, Baja Verapaz; la desaparicio?n del menor Marco Antonio Molina Theissen, los cri?menes del periodista Jorge Carpio Nicolle y sus tres acompan?antes, y de la antropo?loga Myrna Mack.

Los familiares de estas vi?ctimas se vieron obligados a acudir a la instancia internacional, por la indiferencia de las autoridades de guatemaltecas para in- vestigar los hechos.

“Si no hubie?ramos acudido a la CIDH, la muerte de mi hermana au?n estari?a en la lista de los cri?menes que permanecen en la impunidad”, expreso? la activista Helen Mack.

La mitad de aquella suma ya se ha pagado a los familiares, refirio? Frank La Rue, director de la Comisio?n Presidencial para los Derechos Humanos.

A esa cifra se suma el monto de otras sentencias menores y US$1 millo?n 400 (unos Q10 millones) que el Gobierno ha pagado en conciliaciones amistosas, para evitar que el Estado sea condenado en otros casos de violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la guerra interna.

La Rue aseguro? que con estas conciliaciones han salido beneficiados, principalmente, habitantes de Solola?, Quiche? y Chimaltenango.

La Comisión Nacional de Bienes en Extinción de Dominio deberá decidir en una reunión a que entidad del Estado será entregada la vivienda y el uso que se le dará, mientras la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio la administrará.

Andrino Valle, fue detenido en agosto del 2013 en su vivienda, en el condominio La Cúpula, Jocotenango, Sacatepéquez.

El supuesto pandillero es acusado de cometer acciones de extorsión y de matar, el 18 de julio del 2010 al piloto de autobús Miguel Antonio Montenegro Chunchón, de 20 años, quien fue atacado en el Cementerio General de la capital, cuando asistía al sepelio de otro de sus compañeros, también asesinado.

Cuando fue detenido, a Andrino del Valle se le incautaron tres pistolas, una escopeta, tres cuatrimotos, una motocicleta y 13 teléfonos celulares.

El 19 de noviembre del 2013 el Juzgado de Extinción de Dominio declaró el embargo de la vivienda que se ubica en el lote 18, manzana B del mencionado condominio y se encuentra registrada a nombre de Leslin Marcela Chávez Díaz, esposa del supuesto líder pandillero.

El juzgado considera que la vivienda fue obtenida por medio de los supuestos hechos ilícitos de Andrino Valle.

Con información de Jerson Ramos.