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El Ministerio de Finanzas desembolsó más de Q820 millones destinado a un primer pago de aguinaldo para unas 41 entidades de la administración central.

Un aproximado de 246 mil 500 trabajadores del sector público recibieron el primer porcentaje de ese pago. 

Entre estos trabajadores se encuentran los funcionarios públicos como el presidente de la República.

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Según los datos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), el mandatario Alejandro Giammattei tiene un sueldo base de Q33 mil 588, monto que será su aguinaldo total; sin embargo, con el primer desembolso habría recibido alrededor de Q16 mil 794.

En tanto el vicepresidente Guillermo Castillo tiene un sueldo base de Q23 mil 787, que es su aguinaldo total, pero este mes habría percibido Q11 mil 893.

Mientras tanto, para los ministros de Estado que son 14, los datos oficiales revelan que su salario base es de Q17 mil 500 lo cual es su totalidad de aguinaldo a recibir, pero este mes percibieron unos Q8 mil 750.

En el caso de los ministerios, los principales desembolsos de aguinaldo corresponden a los ministerios de Educación con Q511 millones, Salud con Q120 millones y gobernación con Q110 millones.

Por concepto de aguinaldo en su totalidad el Ministerio de Finanzas hará un desembolso de Q1 mil 641 millones 172 mil 72.64.

A principios de este siglo los guatemaltecos gozábamos de esperanza y alegría, ya que se habían firmado los acuerdos de paz e inició una transformación del país. Se realizaron cambios en los sistemas de salud y educación, con el fin de aumentar la cobertura y mejorar su calidad. Se fundó una nueva policía que buscaba la profesionalización y la carrera de sus miembros, con el objetivo de brindar seguridad ciudadana.

Se actualizaron los marcos legales de la electricidad y telecomunicaciones para lograr competencia y eficiencia en ambos sectores. La apertura económica y la inversión lograron la generación de más empleos y crecimiento económico. Se podría afirmar que Guatemala se encaminaba a la senda del desarrollo.

Lamentablemente, durante los siguientes 20 años no se continuó con esta dinámica. El gobierno del FRG se concentró en cooptar la institucionalidad y llevar a su candidato a la presidencia. Luego, cuando ganó la alianza Gana, tuvo dificultad para rescatar la gobernabilidad provocada por el antecesor. Pese a ello mejoraron los índices de salud y educación, bajó la pobreza y se invirtió en infraestructura.

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También se trabajó en la recuperación de la seguridad ciudadana y en ganarse de nuevo la confianza de la población. De hecho, el 2007 es recordado como récord en el crecimiento económico (6.3%) en la era democrática. Luego el gobierno de la UNE buscó perpetuarse en el poder con los programas clientelares como Cohesión Social. El país llegó a tener en el 2009 la tasa de homicidios más alta de nuestra historia (45.4 por cien mil habitantes).

Lejos de seguir modernizando los servicios e ir adaptando la institucionalidad a los requerimientos del mundo, desviaron recursos para asegurar la próxima elección, mantenerse en el poder y hacerse de riqueza.

El Partido Patriota, con un discurso anticorrupción, generación de más empleos y brindar seguridad, durante los primeros años consiguió recuperar la economía, mejorar la seguridad y trató de introducir cambios en los sistemas sociales, pero la ambición de poder y lujos llevaron al país a una de las épocas de mayor corrupción de la historia. Los guatemaltecos, indignados por los incesantes escándalos de corrupción, respaldaron la persecución penal y dimisión del presidente y la vicepresidenta.

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En el 2016 se visualizaba una época de cambio, los guatemaltecos buscaban “la nueva política”. El gobierno de FCN-Nación capitalizó ese anhelo; sin embargo, llegó con muchos inexpertos e incapaces de fortalecer y transformar las instituciones. Los sindicatos públicos, con sus pactos colectivos y privilegios, dominaban al Gobierno y resultaban un obstáculo para mejorar los servicios. Ejecutar recursos se convirtió en una tarea titánica. Un gobierno que se dedicó a defenderse de quienes pretendían usurparle el poder y enfrentar a una Corte de Constitucionalidad convertida en rectora de los asuntos económicos, internacionales, políticos, legislativos, mas no en defensa del orden constitucional.

Llegó el gobierno del partido Vamos y el primer desafío que encontró apenas al tomar posesión fue la pandemia. El 2020 resultó difícil no solo para Guatemala, sino para el mundo. Muchas personas han muerto y a pesar de que se desarrollaron las vacunas persisten distintas cepas que tienen otro alcance. Aquí es donde se devela la disfuncionalidad del modelo de gobierno, una gestión pública obsoleta e inservible, sin sistemas de información, logística y control.

Lo clave en este punto es cambiar la ruta para transformar el destino de Guatemala en beneficio de sus habitantes. El Cien ve una ventana de oportunidad para realizar reformas que permitan la modernización del país. El año pasado, en julio, a raíz de la pandemia, se trabajó una propuesta que incluye recomendaciones de corto, mediano y largo plazo en los temas de Salud y Nutrición, Educación y Tecnología, Economía e Infraestructura, Seguridad Ciudadana y Justicia Criminal, así como reformas necesarias de la Gestión Pública: Servicio Civil, Adquisiciones Públicas, Contraloría de Cuentas y Presupuesto.

La vía

Para implementar con éxito los cambios es necesario trabajar un eje horizontal: la transformación hacia un gobierno digital. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramienta para mejorar los servicios públicos es indispensable. Además de diseñar una hoja de ruta con colaboración de distintos sectores, deben concretarse las acciones prioritarias: identidad digital, datos abiertos, acceso a internet, capacitación para los ciudadanos, mejora de procedimientos y colocación del usuario en el centro de los cambios que se realicen.

Para lograr eficiencia y transparencia se requiere, además de voluntad política, cambiar la gestión pública. Sobre todo, los trámites deben reducirse y los procesos deben rediseñarse para facilitar los servicios públicos a los guatemaltecos. El cambio debe abarcar prioridades como actualizar los sistemas administrativos del Gobierno: abordar el Presupuesto General de forma integral, hacer eficiente el sistema de adquisiciones públicas, modernizar la Contraloría General de Cuentas y fundar el Servicio Civil con base en el mérito y la excelencia. Este último requerirá una revisión profunda de los pactos colectivos en el sector público.

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En el área de salud, utilizar la transformación digital sería como la orientación y reingeniería que requiere el Ministerio de Salud, pues urge definir canastas de atención estratificadas con sus respectivas plataformas de entrega de estos servicios. En educación se debe contar con una estrategia de mejora de la educación con el uso de las nuevas tecnologías, incluyendo la capacitación de los docentes y al mismo tiempo fortalecer a los directores de centro y las organizaciones de padres de familia.

En economía, debe alinearse la política fiscal, monetaria y comercial para crear condiciones que faciliten la atracción de inversión y creación de empleo. Asimismo, asegurar una mayor flexibilidad en el mercado laboral es fundamental para apoyar la conservación de puestos de trabajo. Respecto de seguridad ciudadana, será definir una estrategia para la Policía Nacional Civil que permita prevenir delitos, aprovechar la tecnología para contar con datos y realizar análisis oportunos. Debe contarse con un plan para construir nueva infraestructura en el sistema penitenciario e ir cambiando el modelo de gestión. Es importante mejorar la coordinación interinstitucional del sistema de justicia criminal, superar los cuellos de botella y usar la tecnología. Urgente elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones.

Es momento de trabajar juntos y unidos por una Guatemala mejor. Se debe aprovechar la tecnología de futuro, aprendiendo de la sabiduría del pasado, para co-crear un presente en armonía buscando el bienestar de todos.

***

María del Carmen Aceña es vicepresidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

En los últimos días ha sido más evidente la violencia contra la mujer, un problema arragiado en el país, en parte, por un sistema de justicia que no promete una investigación eficaz o pronta o esta es tan débil que los porcentajes de condena son mínimos.

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El femicidio de Luz María del Rocío López Morales, cometido presuntamente por su esposo, así como la violación y asesinato de Hillari Saraí Arredondo de León, de 3 años, aumentaron la indignación en Guatemala por la violencia que sufren miles de mujeres en el país. Sin embargo, aunque el rechazo y el repudio crecen, el reparto de responsabilidades entre las autoridades va y viene.

El año pasado, el Ministerio Público registró más de 60 mil denuncias de violencia contra la mujer, en promedio 164 por día. Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer, del MP, dijo que en los primeros 23 días de enero han muerto 39 féminas de forma violenta, 20 de los casos tipificados en el delito de femicidio.

Vásquez explicó que en enero han visto varios picos de violencia contra ese sector de la población, uno se registró en los primeros días del mes, cuando fueron reportadas siete muertes, y el segundo pico se dio el viernes último, con cinco, entre ellas el crimen contra López Morales.

El año pasado hubo 785 muertes violentas de mujeres hasta el pasado 11 de diciembre, y según el Observatorio de la Mujer, 388 fueron femicidios.

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Escasos resultados

Karina Méndez, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Iccpg), explicó que en un análisis efectuado por datos compartidos de Información Pública del Ministerio Público, entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de octubre de 2018 se recibieron 509 mil 489 denuncias de violencia contra la mujer, el 60% de las cuales estaba en investigación. En estos casos hubo 18 mil 829 sentencias —absolutorias o condenatorias—.

También se reportó que ocho mil 43 casos se solucionaron bajo sobreseimiento, archivo o clausura.

“Hay varios análisis. El primero es que, en términos del sector justicia, se están solucionando entre el 30% y 35% de los casos que ingresan, mientras que entre el 65% y 70% están en investigación”, señaló Méndez.

Las cifras del Instituto destacan que del 1 de enero de 2009 al 30 de octubre de 2018, Alta Verapaz reportó 25 mil 642 casos de violencia contra la mujer, de los cuales 20 mil 352 estuvieron en investigación, lo que significa que el 70% se quedó en eso, porque solo el 30% se solucionó.

Además, en Escuintla ingresaron 13 mil 285 casos y 8 mil 826 estaban en investigación; es decir que solo se solucionó el 34%.

En Zacapa, en el mismo período, se reportaron siete mil 505 casos, de los cuales el 72% estuvo en investigación y solo el 28% fue resuelto.

“Estamos hablando de que entre el 65 y 70% de los casos quedan en investigación”, resaltó Méndez.

La investigadora también ve deficiencia en el reparto de las órdenes de investigación que existen entre la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP y para la División Especializada en Investigación Criminal, porque la Policía sigue teniendo en sus manos la mayor carga investigativa, comparada con la Fiscalía, ya que mantiene más del 200% de las órdenes de investigación.

El estudio del Instituto es de los pocos trabajos independientes que existen en el país, y resalta que los casos de femicidio o de violencia contra la mujer tardan más de 600 días para ser resueltos, tomando en cuenta desde el momento que se denuncia hasta llegar a una sentencia.

Recursos

Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), señaló que el sistema de justicia guatemalteco tiene grandes desafíos, sobre todo para probar los femicidios, porque casos como el de López Morales fue cruel.

“Los agresores han recibido ese mensaje: el sistema de justicia no cuenta con capacidades suficientes para garantizar con medios científicos la causa de muerte y el móvil utilizados. (…) Es importante que la Corte Suprema de Justicia, en pleno, tome medidas inmediatas para que estos casos con saña y crueldad sean probados y tengan una investigación contundente para que la sociedad reciba el mensaje de que en los casos de violencia contra la mujer la justicia se aplica, y sobre todo en los femicidios”, recalcó.

Barrios afirmó que las instituciones deben fortalecer y se deben hacer más estudios e investigaciones criminales que den cuenta del fenómeno de la violencia contra la mujer en Guatemala, porque ninguna entidad genera estos perfiles para prevenir esos delitos.

Además, advirtió de que los órganos que velan por los derechos de la mujer en el país tienen las manos atadas porque dependen de los recursos que les brinde el Estado, pero hace años que los procedimientos burocráticos obstaculizan su obtención.

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, coincide con Barrios en que los procesos judiciales de violencia contra la mujer son retardados y pareciera que el Gobierno no presta mayor atención a estos delitos, que van en aumento. Agregó que para las víctimas es muy difícil denunciar, o la familia de estas esperan que la justicia sea pronta; sin embargo, pasan dos o tres años y dejan de creer en el sistema.

“Si el Ministerio Público tiene floja la investigación, el juez, aunque esté capacitado y sensibilizado en estos temas, tiene que dictar sentencias con penas mínimas o absolutorias, eso a pesar de que son pocos los casos que llegan al sistema”, añadió.

Toca esperar

Entre los casos del año pasado se puede resaltar el de Chelsiry Hernández, de 12, quien su cuerpo fue encontrado quemado. Hasta ahora el principal sospechoso es su tío Édgar Marroquín Barrera.

Franklin Hernández, padre de la niña, es agente de la Policía Nacional Civil y reconoce que las autoridades no avanzan en la investigación, ni siquiera han establecido la causa de muerte y dónde y cuándo fue asesinada su hija.

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Después de que el cuerpo de Chelsiry apareció quemado, según Hernández detectó varias inconsistencias y retardos de las autoridades, por lo que, con base en su experiencia como policía, llegó al lugar donde fue hallado el cadáver y encontró indicios claves, como restos de un poncho que hacía falta en su casa, monedas que pertenecían a la pequeña y otros objetos, lo que obligó a los fiscales a regresar y recopilar la evidencia para avanzar en el caso.

“No tenemos mayor respuesta, no sabemos mayor cosa. El tiempo va pasando”, comenta el padre, preocupado y a punto de llorar, porque ya no sabe en quién confiar. Dice sentirse en una lucha en contra del sistema de justicia, y aunque sabe que el proceso debe continuar, comienza a creer que para ellos nunca la habrá.

Al analizar la realidad política nacional a partir de 1984, cuando se realizaron las primeras elecciones libres, de resultados no amañados, es fácil notar la debilidad del experimento, cada vez en más endebles condiciones, hasta llegar al momento actual. El país se encuentra en la antesala del establecimiento silencioso de una dictadura, cuyas características claras son la lucha por el regreso a tiempos históricos supuestamente superados, y a derribar los pocos avances logrados en esos 34 años. La democracia, como sistema, es difícil de entender para quienes se desinteresan por conocer sus ideas básicas y cómo funcionan. Ello es una de las razones para desinteresarse en participar, al comprobar los abusos de quienes la pervierten para gobernar.

La democracia fracasa cuando no hay unión entre su concepto y el de la responsabilidad y la ética, porque esta busca el beneficio colectivo, lo cual no significa eliminar el derecho individual, sino todo lo contrario. Por eso quienes viven en democracia verdadera deben comprender la importancia de las acciones individuales, así como el grave riesgo de sobrevalorar el individualismo o el colectivismo. Hacer esto llega a ser una utopía, por tanto irrealizable. En este campo resultan muy serios los efectos del simplismo académico, sobre todo en las universidades y especialmente en aquellas convertidas en activistas panfleteras aprovechadas del poco interés y la superficialidad de unas generaciones en general molestas por la manifestación de la democracia estilo guatemalteco.

Esta forma de gobierno también falla cuando no se entiende la diferencia entre lo correcto políticamente contra lo correcto religiosamente. El objetivo de la política es la obtención del poder para lograr el beneficio general según determinados criterios, muchas veces contradictorios y por ello causantes de diferencias entre los seres humanos. La separación iglesia-estado es fundamental, y tratar de reunirlos sería un atraso imposible de superar, por no tomar en cuenta la historia, al desconocerla y por tanto repetirla. La religión confía en milagros, mientras la política es mundana. Por ello la multiplicación de grupos religiosos activistas afecta la democracia, especialmente cuando se cae en el error de considerar designios divinos las mundanas decisiones, acciones y realidades políticas o, peor, politiqueras.

Entre los enemigos de la democracia están la escasa educación en general, el analfabetismo funcional de las élites de cualquier clase del país, de lo cual se deriva la ignorancia del valor de las críticas de cualquier clase —académicas, periodísticas— incapacidad de comprender el mal causado por los mensajes anónimos de las redes sociales de cualquier tipo, especialistas en la superficialidad y muchas veces en la mentira de sus mensajes. La mayoría de ciudadanos, por aparte, ejercen la vieja práctica guatemalteca de la descalificación a los otros ante sí y por sí, mientras por otra parte existe un miedo, una cobardía de manifestar sus propios criterios de forma abierta y de frente, lo cual hace algunos años reflejaba la secuela de la guerra interna y ahora reina entre las malas costumbres de toda la sociedad.

Estos son los factores internos, por decirlo de algún modo. Pero entre los externos se encuentra el abuso de los politiqueros, la falta de partidos políticos, no de hordas ignaras revoloteando alrededor de un líder con el objeto de enriquecerse, como lo comprueba la condena de Roxana Baldetti y de la larga fila de quienes pagarán sus desmanes. No se pueden dejar de mencionar las diferencias culturales de los grupos étnicos, con sus características propias. Y finalmente, la imposibilidad de aplicar en el marco multicultural guatemalteco las reglas de otras sociedades y culturas. Suena como algo imposible porque lo es, y porque los guatemaltecos en el fondo de su alma desean la llegada de alguien todopoderoso con una varita mágica, y no con un sembrador de árboles de frutos sanos pero de larga espera.

Me da la impresión de que una de las creencias más extendidas en nuestra sociedad es que ciertos bienes y servicios, en manos del Estado, son asequibles para el gran público pero, en manos de empresarios privados, son caros.  Detrás del activismo de Codeca, por ejemplo, está ese mensaje y por eso propone la “nacionalización de la energía eléctrica”.

Esta forma de ver las cosas se basa en la equivocada creencia de que el empresario puede poner los precios que le dé la gana. Por supuesto que eso quisiera todo empresario racional, pero en una situación de competencia abierta, esto es imposible.

Detrás de esas creencias hay un mar de amargas experiencias de varias generaciones de mercados distorsionados por privilegios y proteccionismo estatal. Y eso, aunado a la doctrina de la justicia social a la latinoamericana, que ha impregnado por generaciones casi todos los programas y carreras de la universidad del Estado, forma una ideología que, además de ser fácil de entender (es intuitiva), parece conformarse con la realidad. Quiero decir que, en algunos casos, para quienes en el pasado tenían los servicios estatales, su coste era menor; a cambio de las mayorías no gozaban del servicio y los presupuestos del Estado tenían que cargar con pérdidas insostenibles.

Creo que, no obstante ser una ideología falsa, basada en creencias erróneas “a nivel teórico”, en la práctica se producen una serie de hechos y circunstancias que la refuerzan. No la demuestran ni la prueban porque, si se toma el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, el cambio de paradigma de lo estatal a lo privado ha sido un éxito rotundo, a pesar de la conflictividad.

Pero ocurren dos cosas, a saber: primero, que a estas alturas casi nadie de entre los miles de habitantes de las zonas rurales de San Marcos o de Huehuetenango que hurtan el fluido eléctrico recuerda los racionamientos de energía de los ochentas y noventas ¡porque no tenían el servicio! Y, en segundo lugar, que en muchos otros aspectos de sus vidas son víctimas de “mercados distorsionados”.

En efecto, en la realidad, estos sectores de la población no tienen acceso a mercados laborales abiertos que, en un ambiente de competencia razonablemente libre, garanticen, de un lado, que su capacidad productiva se demande a mejores precios y, por el otro, que los bienes y servicios que consumen bajen de precio.

Si las inversiones se protegieran como está previsto en el ordenamiento jurídico del Estado y, por tanto, los derechos y libertades de los inversores fueran hechos respetar y valer, esas dos situaciones se harían realidad… siempre y cuando las empresas tuvieran que competir sin protección ni privilegios estatales.

Paradójicamente, si el Estado evitara con todo el peso de la Ley que se produzca un hurto sistemático del fluido eléctrico por miles de personas, si impidiera que se ocupen y vandalicen las plantas generadoras de energía, las empresas agropecuarias, los proyectos de minería, los servicios de transporte, etcétera, los niveles de inversión aumentarían y los nuevos emprendimientos demandarían los servicios de más trabajadores. Las nuevas empresas obligarían a las demás a mejorar sus precios para competir con éxito y el nivel de vida de todos mejoraría. Claro está, si todo esto se convirtiera en una realidad estable y duradera.

emayora@mayora-mayora.com

Hay que comenzar por definir los términos, ya que de acuerdo con la Academia de la Lengua Española, soberanía es el “poder político supremo que corresponde a un Estado independiente” y Estado es “el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano”. Uno y otro interconectados en el concepto de independencia política como uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de gobierno. Por lo tanto, para presumir de pertenecer a un Estado soberano existen condiciones específicas que, cuando estas no se cumplen, vacía de contenido cualquier discurso emitido por un político en el poder.

Ningún país latinoamericano posee ese rimbombante título. Condicionados y corrompidos en todos sus estamentos por el poder económico y político de países mucho más poderosos cuyos intereses siempre prevalecerán por sobre los de los pueblos sometidos a sus exigencias, han perdido desde hace mucho el derecho de ser soberanos. Baste retroceder a los archivos históricos para constatar la profunda injerencia extranjera en decisiones de orden estrictamente interno en todos y cada uno de nuestros países. La dependencia diseñada y construida como una herramienta de supuesto desarrollo se ha transformado en un lazo indeseable cuyo único resultado es la pobreza y la incapacidad de los gobiernos del continente para gobernar con independencia y un enfoque social de beneficio para sus pueblos.

América Latina ha sido y continúa siendo el patio trasero de intereses totalmente ajenos a esta región. Las pugnas entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y los países productores de petróleo, entre Estados Unidos y la maquinaria comercial de China, siguen aplastando los intereses propios de cada Estado de nuestro continente en un perverso juego de presiones de todo tipo, sobornando a políticos puestos a conveniencia de las élites con el fin de impedir el empoderamiento de la ciudadanía y así garantizar la sumisión y el entreguismo.

Así es que cuando un presidente latinoamericano empapa su discurso con palabras rimbombantes como soberanía, independencia y dignidad nacional, solo está vendiendo una pomada vieja y deslucida que ha perdido todo su efecto como motivador de masas, pero sobre todo ha perdido toda legitimidad. Ya nadie puede creer en ese cuento desde el momento que, para equilibrar un presupuesto de Estado asaltado por una burocracia ávida de enriquecerse, se recurre a la carísima limosna internacional disfrazada de cooperación. Toda esa farsa discursiva ha de provocar la burla de los poderosos círculos financieros del mundo, toda vez que conocen muy al detalle los mecanismos creados por ellos mismos para apretar redes poderosas alrededor de nuestros países débiles y depredados.

Mencionar la soberanía es, por lo tanto, más que una burla un insulto contra nuestros pueblos privados de mecanismos de defensa, sometidos al hambre y a un injusto e innecesario subdesarrollo. En América Latina no existe esa independencia con la cual se empapan discursos falsamente nacionalistas; no existirá mientras “la Embajada”, el Fondo Monetario Internacional o cualquiera de esos foros del poder supremo mundial decida sobre los procesos políticos, sobre las políticas públicas en términos económicos, sobre las decisiones gubernamentales respecto de la salud, la educación y la explotación de recursos naturales.

Las debilidades institucionales han sido producto de una estrategia de larga data y no será con políticos improvisados y mediocres como se logrará —algún día, quizá— construir Estados sólidos capaces de defender los intereses nacionales.

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Una constitución existe para garantizar el ejercicio racional del poder. Toda la lucha del constitucionalismo, acá en América como en el resto del mundo, radica en conseguir, por medio de un documento, establecer las reglas y límites de las diversas instituciones que gobiernan al Estado, pero al mismo tiempo garantizar los derechos de sus habitantes.

En Guatemala, la Constitución que más años estuvo en vigencia fue la promulgada por virtud de la Revolución Liberal de 1871. Esta Constitución, un texto novedoso para un país megaconservador como el nuestro, garantizó la separación del Estado con la Iglesia, la libertad de culto, la propiedad privada y, sobre todo, diseñó interesantes controles republicanos para el ejercicio del poder; sin embargo, Manuel Estrada Cabrera, con sus 22 años de dictadura, y Jorge Ubico, con sus 14 años de tiranía, lograron, de manera formal, mantener un régimen constitucional a la luz de la comunidad nacional e internacional, pero no existía nada más que fachada hueca y sin cimientos. Este texto promulgado en 1879 terminó en 1944, con la Revolución de Octubre.

La moraleja de la constitución liberal nos debe servir para entender que una constitución puede estar formalmente en vigencia, pero en la práctica ser burlada por quienes en un momento detentan el poder, de ahí que Ferdinand Lasalle nos dijera: “Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera constitución de un país reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”.

Es importante que los ciudadanos podamos tener claro que quien ejerce el poder siempre, acá en Guatemala y en cualquier otra parte del mundo, tiende a abusar de él, y en estos tiempos pretender vestir ropaje de institucionalidad es lo “políticamente correcto”, toda vez que “ya no están de moda” los cuartelazos que fueron noticia común en la América Latina en el siglo 20.

En este contexto, siempre don Ferdinand Lasalle, y esto hace más de 150 años, nos advertía sobre lo que él llamó el “seudoconstitucionalismo” y explicó que un gobierno absolutista —en el siglo 21 debemos decir que tienda al absolutismo— “sabe rodearse de una apariencia innocua de formas constitucionales, aunque este mando siga manteniendo el viejo absolutismo, está en situación ventajosísima, pues la clase dominante en la sociedad se adormece y queda tranquila, arrullada por la aparente adecuación que cree felizmente conseguida entre la forma de gobierno y la voluntad de país… el seudoconstitucionalismo consiste en que el gobierno proclame lo que no es; consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es, en realidad un Estado absoluto, consiste en el engaño y la mentira”.

En 1862, don Ferdinand habla de estado absolutista porque se refería a estados monárquicos. En el 2018 debemos señalar que debemos referirnos a Estados autoritarios. Vienen a la mente estas citas porque ahora que tantos abogados salen para justificar que el poder público puede abstraerse de un mandato del tribunal constitucional es obligado suponer que el seudoconstitucionalismo denunciado por Lasalle sigue tan vigente como antes, solo que la modernidad usa otras herramientas, entre las que sobresale la siembra de confusión y deslegitimar cualquier crítica. Por esto es bueno recordar lo básico, lo que nos enseñan desde primaria, una sentencia judicial se cumple y punto.

El papel aguanta con todo, el propio Jorge Serrano, cuando dio su autogolpe, se basó en el propio texto constitucional. Hoy los abogados de gobierno buscan argumentos rabulescos para quedar bien con el poder. En el siglo 19 o en el 21, detrás de los abusivos en el poder abundan quienes les hacen corte.

@Alex_balsells

La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público.

Es fundamental, entonces, la actividad de los operadores de justicia, sean hombres o mujeres, dirigida a preservar el Estado de Derecho, posibilitando que toda denuncia pueda tomar su correcto cauce a través de los mecanismos jurisdiccionales dispuestos por el Estado y, en caso de violaciones a los derechos humanos, sea posible investigar, castigar efectivamente a los responsables y recibir una reparación, garantizando a su vez un debido proceso a toda persona que pueda ser sometida al ejercicio del poder punitivo del Estado.

Las palabras anteriores figuran en una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se titula Garantías para la Independencia de las y los operadores de Justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas; documento que se ajusta a los principios reconocidos en reuniones internacionales como la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, y la Conferencia Europea de Tribunales Constitucionales, verdaderas escuelas para el estudio de esa materia específica.

Uno de los principios que recoge la Comisión de la OEA es el de que todo gobernante debe acatar las resoluciones de los tribunales de justicia, ya sean de la jurisdicción ordinaria o de jurisdicción privativa, como las de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

El artículo 156 de la Constitución guatemalteca vigente recoge ese principio, cuyo origen se remonta a los procesos de Nüremberg donde, al final de la Segunda Guerra Mundial. jueces de las triunfadoras potencias aliadas juzgaron penalmente a exfuncionarios del gobierno de Hitler imputándoles entre otros crímenes el de haber participado en la perpetración de uno de los mayores genocidios que han afectado a la especie humana.

Uno de los resultados de esos procesos fue sustituir el viejo principio de la obediencia debida que operaba exclusivamente en el ámbito militar y eximía de culpa a militares autores materiales de crímenes, y a partir de aquellos procesos la ley atribuye responsabilidad también a los autores materiales, aunque hubiesen actuado por órdenes de militares de superior jerarquía.

Con el paso del tiempo el nuevo principio fue aplicado también a los agentes de las fuerzas de seguridad civiles. Pero todo se mueve en el ámbito del Organismo Ejecutivo, y de ninguna manera la ley admite que un funcionario o empleado público pueda desobedecer o anunciar que desobedecerá órdenes emanadas de la justicia constitucional, porque esto sería arrogarse facultades que expresamente la Constitución prohíbe.

La perfección ideal del Estado Constitucional de Derecho solamente se alcanza con el sometimiento del Gobierno a la jurisdicción, en nuestro caso, de la Corte de Constitucionalidad y, en términos generales, al imperio de los tribunales constitucionales.

No se trata de movimientos políticos de izquierda, derecha o del centro, ni de crisis nacional, sino de las mejores y más altas formas para el mantenimiento de la función pública dentro de los cauces establecidos por el poder constituyente original. Así es en todos los países donde la vida social se desenvuelve bajo términos de un genuino y eficaz Estado de Derecho.

Una respuesta a la cuestión de ¿qué es la Independencia? es que el Estado se gobierna a sí mismo. No hay otro u otros Estados que ejerzan las funciones de gobierno dentro del Estado, sino que son sus órganos y los de los gobiernos locales quienes ejercen dichas funciones.

Pero en el Estado moderno “la soberanía radica en el pueblo”, de manera que el pueblo debe gobernarse a sí mismo. En el Estado moderno no cabe que un grupo se imponga por la fuerza, por el dinero o por una combinación de factores ajenos a la voluntad ciudadana y ejerza las funciones de gobierno.

Así, un Estado moderno independiente es aquel en el que, por medio de una serie de instituciones y de procedimientos, “el pueblo se gobierna a sí mismo”. Entre esas instituciones las hay de dos tipos, a saber: las que se ocupan de aplicar las reglas para que el pueblo elija a sus delegados están los partidos políticos, los órganos electorales y los tribunales electorales. Entre aquellas que se ocupan de la acción cotidiana del Estado están el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Nótese que, en el Estado moderno, todas las funciones del Estado giran en torno a las leyes. El Poder Legislativo ha de promulgarlas —sin rebasar los límites de la Constitución—, el Ejecutivo debe aplicarlas y reglamentar las del Derecho público y el Poder Judicial debe hacer valer todas las normas para resolver los inevitables conflictos, pleitos y controversias que se suscitan en el curso de la vida de la sociedad y del Estado.

De ahí que el significado de “la Independencia” no se constriña al hecho de que el “grupo” que gobierne lo haga con independencia de potencias extranjeras o de cualquier otro poder, porque en el Estado moderno el gobierno es —recordando a Lincoln— “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Así, las instituciones y los procedimientos previstos para que se materialice este tipo de gobierno, y no el de un grupo que, como llegó al poder hace más o menos lo que le parece, deben funcionar razonablemente bien.

La independencia del Estado moderno, entonces, tiene como núcleo al verdadero “soberano”, al pueblo. Y el pueblo se da instituciones y procedimientos para que, bajo la Ley, los funcionarios que reciben la delegación de poderes los descarguen con razonabilidad y responsabilidad. Se forma una triple dimensión para el ejercicio de las funciones públicas: la legalidad, la razonabilidad y la responsabilidad. Un Estado en que todos y cada uno de los integrantes del Gobierno tienen eso claro es, verdaderamente, independiente.

Opino que, de cara a su verdadera independencia, el pueblo de Guatemala debe reformar su sistema de justicia, su sistema electoral y su régimen de servicio civil. La responsabilidad de lograr unas reformas técnicamente acertadas, políticamente legítimas y con buena voluntad, es de las élites. De las élites políticas, las económicas, las intelectuales y las morales. Deben aceptar el desafío de conducir al país a su verdadera independencia, que es función de un Estado en el que impere el derecho hecho valer por jueces verdaderamente independientes, ellos mismos también.

eduardomayora.com

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Un camerunés vivía, desde julio, en el Aeropuerto Internacional La Aurora

La segunda etapa de entrevistas finalizará en septiembre, para dar paso a la etapa de análisis de información y finalmente presentar los resultados en noviembre de este año.

El censo de empleados públicos fue uno de los compromisos del presidente Jimmy Morales, y se efectúa en el penúltimo año de su gestión.

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Necesario

El censo de trabajadores del Estado es comparado en su importancia con el censo de población, según Karin Slowing, exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, quien considera que es fundamental tener la certeza de la cantidad y calidad de empleados que tiene el Ejecutivo.

Para la exfuncionaria, es necesario que esta medición se haga de forma periódica pues se trata de información básica; sin embargo, esto no ocurría desde la década de los años 90, cuando se hizo retiros voluntarios.

Slowing explicó que este censo ofrecerá un dato real de la cantidad de trabajadores, lo que se puede cotejar con la nómina de empleados, lo que dará “sorpresas”, sobre plazas fantasmas y personas ocupando puestos técnicos sin tener capacidades.

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Aumento de trabajadores

Durante los tres años de gestión del presidente Jimmy Morales, en las instituciones del Estado se han generado 21 mil 733 nuevas plazas de trabajo, con lo que se incrementó en 6.7 por ciento la burocracia.

De las dependencias del Gobierno, es el Ministerio de Salud el que refleja mayor aumento de puestos de trabajo en tres años, con 15 mil 322, la mayoría de ellos generados en el 2017. Le siguen los ministerios de Gobernación, con cuatro mil 852; Defensa, con dos mil 142, y de Cultura y Deportes, con 179.

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Ese marco constitucional tan peculiar de Guatemala, en lo que a la universidad del Estado se refiere, se debe, creo yo, a que las derechas y las izquierdas terminaron firmando el “pacto” cuando estimaron que se habían repartido los poderes públicos, ciertas porciones del Presupuesto y ciertas declaraciones de principios logrando un cierto equilibrio.  Es decir que la noción de cómo y para qué está la universidad del Estado y con cuánto debe contar para realizar su objeto  es una de las concesiones hechas por las derechas a las izquierdas.

Pero no bastaba con el objeto y el presupuesto de la Universidad, sino que había que terminar de adornar la concesión con poder. Y así, la universidad del Estado nombra a un magistrado titular y a uno suplente de la Corte de Constitucionalidad, postula candidatos a magistrados del Poder Judicial, candidatos a fiscal general, candidatos a contralor general e integra juntas de importancia como la Monetaria y la del IGSS. Pero todo eso no era suficiente en el diseño o plan de las izquierdas, y entonces se prolongó el poder de la universidad del Estado por medio de los colegios profesionales —que para 1985 eran, prácticamente, “carolingios”—. La simbiosis es perfecta porque los que alguna vez fueran estudiantes pasan como profesionales a elegir delegados directa o indirectamente que, junto con las autoridades de la universidad del Estado, postulan a magistrados, fiscales, contralores, etcétera.

Así, la consecución gratuita del grado universitario y del título profesional crea una suerte de dependencia en los graduados que, hasta cierto punto, se consideran pertenecientes a la “hermandad”. Esta, además, les proporciona la red para pasar a ser funcionario público, funcionario judicial o, por qué no, para trabajar para la Universidad en algún puesto.

Paso a paso, aunque no lentamente, en las últimas cuatro décadas la universidad del Estado se ha ido transformando, más y más, en una red de redes de contactos porque, además, la universidad del Estado es un fenómeno político en sí misma. Para gestionar el 5% del Presupuesto Ordinario del Estado que le corresponde es necesario que haya respaldo de los propios estudiantes —con lo cual estos tienen una palanca importante ante sus docentes—, de los profesionales —que procuran ubicarse en las redes que más les convenga, según sus empleos o actividades— y de los profesores. Estos últimos no necesitan tanto publicar ensayos, artículos o libros para permanecer en sus puestos, cuanto pertenecer a las redes de contactos y políticas adecuadas. No digo que no haya quienes escriban todas esas cosas, sino que no son determinantes de su posición en la Universidad.

Pero todo esto necesita de alguna justificación ante la ciudadanía, que viene dada, principalmente, por dos aspectos: el uno, práctico, que consiste en abrir las puertas de la Universidad a todo el que se presente; el otro, ideológico, que consiste en propugnar doctrinas que favorezcan la redistribución de la riqueza por diversos medios. Creo, en definitiva, que esto no se parece mucho a una universidad, sino más bien a una especie de “corporación” o “partido” oficial que, como tal, es financiado por los demás ciudadanos, a mi juicio, sin razón que lo justifique ni beneficio colectivo, fuera del círculo de esa “corporación”.

emayora@mayora-mayora.com

“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona…” texto de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Guatemala, decretada el 31 de mayo de 1985. Sin duda hermosos postulados desde entonces incumplidos, en uno y mil aspectos de nuestra vida nacional.

El señalamiento no obedece al empeño por encontrar defectos en la administración pública y sus funcionarios; sencillamente esos y otros más de los 280 artículos, regularmente son incumplidos tanto por las autoridades, como por los ciudadanos, haciéndonos vivir con la ley del monte, en vez de esforzarnos por forjar un país civilizado. Entre las grandes deficiencias, está la pobre y escasa educación que se imparte, falta de medicinas, déficit de vivienda, pésimo estado de la red vial del país y la corrupción por detrás de esos malos servicios.

Sin ningún escrúpulo, los políticos convirtieron al Estado en un botín y en la más grande agencia de empleo del país para acoger correligionarios, familiares y amigos; y, de acuerdo a las noticias de la semana que ahora termina, repartir salarios a discreción a excandidatos que no alcanzaron los puestos deseados durante la última campaña electoral. También se conoció de los problemas en uno de los puertos en el Caribe guatemalteco, cuya inoperante conducción lo llevó a dejar de ser operativo, obligando a los usuarios a recurrir a los puertos de los países vecinos. No se necesita ser el sabio Salomón para deducir que ante el conflicto se integrará una mesa técnica, que sugiera la conveniencia de trasladar esa empresa estatal al sector privado para que, como por arte de magia, funcione y sea rentable.

Tenemos así, el manual de cómo hacer fracasar la administración pública para convencer a una población, usualmente poco informada, de la inoperancia permanente del Estado, que permita justificar la necesidad de estimular la privatización de la función pública.

Pero no son solo educación, salud, vivienda, carreteras, puertos, aeropuertos y aduanas por donde se filtran hasta los malos pensamientos. Hay otras tareas que por simples y cotidianas solo incomodan, pero que esconden negocios que solo la corrupción generalizada, permite su existencia. Se trata de asuntos legales, de identidad ciudadana, cuya información está en manos de empresas contratadas bajo criterios y condiciones que nos hace vulnerables: Registro Nacional de las Personas y el Documento Personal de Identificación, Migración y la emisión de pasaportes, por mencionar dos de ellas.

La ligereza con que se manejan, más allá de la discrecionalidad de la información que puede estar o caer en manos equivocadas, son fáciles de visualizar en casos que han estado en los medios de comunicación pública durante años.

DPI con datos equivocados, pese al trámite de revisión con que se supone opera. Pasaportes cuyo trámite debería de tomar unos 20 minutos, como el de la licencia para conducir vehículos. Pero más allá de eso, la inseguridad legal que la simple carencia de cartillas causa a los connacionales que viven en el extranjero, que por la ineficiencia de la administración o lo corrompido del sistema, el trámite de 20 minutos, toma meses.

De esa debacle no debe culparse al actual gobierno, pues tal estado de cosas viene de tiempo y gobiernos atrás. La actual administración solo ha favorecido su deterioro.

Mi artículo de la semana pasada generó bastantes comentarios que me llevan a considerar que si bien es cierto ya hay mejor entendimiento del “mecanismo”, todavía falta mucho por recorrer para entender las causas de la corrupción y, por consiguiente, para combatirla. Entender esas causas es de trascendental importancia —especialmente en el actual contexto guatemalteco— si queremos romper el mecanismo y encaminarnos en la senda correcta.

Lo que estamos presenciando actualmente en Guatemala es una persecución en contra de algunos corruptos, lo cual es necesario hacer, y si se hace correctamente y no simplemente como pantalla para una lucha de poder contribuirá a elevar el nivel de “riesgo” para todos aquellos que quieran aprovecharse del poder para enriquecerse ilegítimamente. Pero esto, por definición, solo es una medida paliativa que combate los efectos, pero que no va orientada a la eliminación de las causas que la originan.

Hay que entender que la corrupción y muchas otras injusticias se originan en el abuso del poder. Esto se ha entendido desde hace milenios y la historia humana gira alrededor del intento de algunos —pocos, lamentablemente— por limitar los abusos de quienes detentan el poder. Debo aclarar que aunque la mayoría resienten el abuso de poder, en muchos casos lo que realmente resienten es que sean “otros” los que detentan el poder y gustosamente abusarían del mismo en caso de ser ellos quienes lo detentaran. Como bien lo planteara Frederic Bastiat hace casi dos siglos, “el Estado es esa ficción por medio de la cual todos quieren vivir a expensas de los demás”.

Pero la lucha de esos pocos a lo largo de los siglos ha permitido que se vayan encontrando formas para limitar el poder. Ninguna es perfecta y siempre habrá gente interesada en aprovecharse, por ello es importante, para verdaderamente luchar contra la corrupción, reducir el poder arbitrario de los funcionarios, cambiar el sistema, cambiar los procedimientos; en general, reducir la injerencia del gobierno en la vida de los ciudadanos. No hay otra salida.

Se deben reducir las atribuciones del gobierno a solo aquellas esenciales para garantizar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Todo lo demás que se le pida al gobierno que haga no solo no lo hará bien, sino que además se convertirá en nuevas oportunidades para que los pícaros se aprovechen de los ciudadanos. Es irónico que muchos dicen estar en contra de la corrupción, pero al mismo tiempo buscan que “el gobierno” les resuelva todos sus problemas. Si no se entiende la contradicción inherente que hay en esta forma de pensar, nunca se podrá combatir “el mecanismo”.

Este creo que es uno de los principales obstáculos para combatir la corrupción: que mucha gente no entiende que mientras más funciones le den al gobierno, más posibilidades habrá de que se incremente la corrupción. Por tanto, considero que esta es la batalla más importante a pelear si queremos realmente combatir la corrupción. Lograr que la gente entienda la relación de causalidad que existe entre la cantidad de cosas que el gobierno hace y la cantidad de corrupción que hay.

Y digo que es uno de los principales obstáculos porque mientras la gente no entienda esto, será imposible hacer los cambios necesarios para empezar a resolver el problema. Como lo puse en el artículo de la semana pasada, esos cambios deben ir encaminados a limitar el poder discrecional de los funcionarios, pero no se va a poder hacer mientras la gente lo que pide es que se les dé más poder. ¿Por qué será tan difícil entender esto?

Fb/jjliber

Para que todos podamos ir por el camino del bien y hacia la prosperidad considero oportuno revisar los roles de cada uno en la sociedad y en el Estado.

Repasemos las definiciones de país y de Estado, y así vamos entendiendo las bondades de nuestro sistema político y jurídico.

¿Qué es país? Es una unidad delimitada y autónoma de una parte del planeta Tierra que responde a un poder central. Es un territorio con identidad política, social y cultural organizado en subdivisiones de su propio territorio, ya sea en pueblos, ciudades, departamentos o Estados. ¿Qué es Estado? Es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberano e independiente. La República de Guatemala es un Estado soberano e independiente donde las reglas fundacionales están escritas en la Constitución Política de la República, la cual es la ley suprema del Estado.

Existen tres Organismos de Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Importante anotar que son solo tres, no hay ni cuatro ni cinco. Aparte son los órganos de control político, como el Tribunal Supremo Electoral y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, así como los órganos de control jurídico administrativo, como la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, el Registro General de la Propiedad, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Defensa Público Penal.

El Organismo Ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Gobierno —función administrativa— que dentro del marco de la ley ejecuta un plan de gobierno que debe buscar el bien común. También representa al Estado en sus relaciones diplomáticas. Lo dirige el presidente constitucional de la República, que es libremente electo cada 4 años, quien a la vez comanda las fuerzas armadas del país. En Guatemala tenemos esa gran oportunidad, la de elegir libremente cada cuatro años a quienes nos gobiernen. El Ejecutivo lo integran los ministerios de Estado y las secretarías de la Presidencia —que son muchas y que podrían fusionarse algunas—. El vicepresidente de la República tiene responsabilidades constitucionales muy importantes.

El Organismo Legislativo está integrado por 158 diputados, que son electos cada 4 años. Tienen la potestad legislativa para hacer las leyes que favorezcan al desarrollo integral del país y como representantes del pueblo deben procurar el bien común entre los habitantes. Sobre la integración de los miembros del Congreso y sobre los partidos políticos —Ley Electoral y de Partidos Políticos— debe haber discusión y cambios este semestre para beneficio del soberano.

El Organismo Judicial es quien ejerce el poder judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, cortes de Apelaciones, tribunales de Primera Instancia, juzgados de Paz o juzgados Menores. Hay un mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema —cada 5 años— que en opinión de muchos debe reformarse, como también debe reformarse la elección del presidente del mismo que hoy día es cada año. Sin duda alguna debemos fortalecer este organismo de Estado modificando algunas leyes, pero sin que la política rebase lo jurídico.

Escribir sobre las instituciones de Estado que funcionan como órganos de control jurídico administrativo y órganos de control político lo haré en el futuro, pero quizá para el momento político del país es importante invitar al lector a analizar el rol de cada uno. Aquí cabe la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.

Guatemala tiene el marco constitucional adecuado para que podamos interactuar y desarrollar el país.

josesmolinam@gmail.com

El aspecto que, en mi opinión, hay menos conocimiento del ideal del “Estado de Derecho” entre las élites de Guatemala, es el relativo a que es imposible que este ideal se haga realidad sin la independencia judicial.

Para empezar, conviene señalar que una constitución, como la de Guatemala, puede afirmar el Estado de Derecho como principio de la vida institucional del Estado; una constitución, como la de Guatemala, puede estatuir un Poder Judicial (“organismo” se le llama en la Constitución de Guatemala); y una constitución, como la de Guatemala, puede afirmar que existe una carrera judicial y que los jueces son independientes, pero nada de eso garantiza, en realidad, la independencia judicial.

Sin independencia judicial las sentencias y decisiones de los jueces y magistrados responden a intereses de terceros, así de sencillo. Quizás no todas, pero sí suficientes como para que las reglas del Derecho se “devalúen”.

En efecto, cuando un juez expresa que el significado de la “regla XX” es tal y no cual, solamente para favorecer el interés de un tercero, la “regla XX” ya no vale nada.

Sin independencia judicial, los grupos de presión, los otros poderes del Estado, o el crimen organizado, se convierten en los autores de las decisiones judiciales y, entonces, las reglas del Derecho no valen ni existe, evidentemente, el Estado de Derecho.

Pero, ¿de qué depende la independencia judicial?

Sobre este tema, literalmente, hay un mar de libros. Empero, me atrevo a afirmar que la independencia judicial depende de tres cosas, principalmente. La primera es estabilidad en el cargo.

Un juez, un magistrado, debe tener la tranquilidad de que, a menos que así fuera su voluntad, nadie puede removerlo del cargo hasta el día de su retiro o de su muerte. La segunda, es la dignificación de su cargo.

Esto implica una remuneración y condiciones acordes con la importancia y los riesgos profesionales que todo juez, todo magistrado, asume —unos más, otros menos—.

Y la tercera es la imposibilidad de que, a menos que deliberadamente torcieran la Ley o la violaran para beneficiar a una de las partes, sean molestados o perseguidos por sus resoluciones.

Por consiguiente, la realización del ideal del Estado de Derecho requiere de articular todos los medios necesarios para que, salvo la falibilidad del ser humano, los jueces y magistrados, como funcionarios encargados de aplicar consistente y coherentemente las reglas del Derecho, puedan entregar a la sociedad una jurisprudencia, es decir, el conjunto sistematizado de sus sentencias y decisiones, que sea la fuente principal de la certeza jurídica sin la cual hablar de Estado de Derecho es una farsa.

La Constitución de Guatemala no confiere estabilidad a los cargos judiciales, no articula los medios para dignificar adecuadamente sus funciones, ni protege a los jueces y magistrados de cualquier acción en su contra, mientras resuelvan de acuerdo con la Ley (esto se logra con un cuerpo disciplinario especializado e igualmente independiente, como un Consejo General del Poder Judicial).

Termino diciendo que, o las élites de Guatemala no entienden esto, o lo entienden pero no es su voluntad que se haga realidad.

Eduardomayora.com

No quisiera parecer irrespetuoso con mis lectores, pero he de confesar que he llegado a una grave conclusión, a saber: que son relativamente pocos, entre las élites de Guatemala, quienes comprenden qué es un Estado de Derecho y qué implica ser “un ciudadano” en un Estado de Derecho.  No es que yo pretenda ser “el experto” en el tema, pero, modestia aparte, creo que algo puedo aportar.  Sobre todo, en relación con la realidad nacional según yo la comprendo.

Un primer aspecto del “ideal” del Estado de Derecho es eso, su carácter axiológico. Dicho de otra forma, el Estado de Derecho es un modelo de organización del Estado al que se “aspira”, que se lucha por alcanzar, porque es un “valor” en sí mismo.

La sustancia del ideal del Estado de Derecho es que, en lugar de la voluntad arbitraria de una persona —como un monarca o un dictador—, o de varias personas —como una aristocracia o una oligarquía—, o de muchas personas —como en una democracia absoluta o en una demagogia—, “impera el Derecho”. En lugar de la voluntad arbitraria de no importa quién, toda manifestación del Estado ha de regirse por las reglas del Derecho que, de otro modo, sirve de cauce para las relaciones privadas.

Y aquí alguien pudiera señalarme que, en la Constitución de Guatemala (Arto. 153), se establece que “el imperio de la Ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República”. Que, además, se señala que “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella” (Arto. 154). Esto, sin duda alguna, es importante porque alude a esa “aspiración” de situar a las reglas del Derecho en el pináculo de la vida del Estado.

Empero, todos sabemos que el “papel lo aguanta todo” y que cualquier cuerpo legislativo puede promulgar reglas que, aunque parezca mentira, en la realidad operen contra el ideal del Estado de Derecho. La leyes que confieren poderes discrecionales sin control a ciertos funcionarios públicos, las que imponen cargas a unos ciudadanos exonerando a otros, las que confieren ventajas o privilegios a determinados grupos que deben ser sufragados por la generalidad de los ciudadanos, las leyes que, en fin, operan en contra de los principios de generalidad, de la igual aplicación de las leyes y de “abstracción” (que no lleven ”nombre y apellido”), terminan contradiciendo el ideal del Estado de Derecho.

La Constitución de Guatemala, ella misma, concede privilegios exorbitantes para la Universidad de San Carlos, por ejemplo, asignándole el cinco por cien de los ingresos del Presupuesto Ordinario del Estado. Si bien se sostiene que es para beneficio del Estado, está claro que los profesionales que de allí se gradúan derivan beneficios personales importantes por la formación profesional que les ha sido sufragada con los impuestos de otros ciudadanos, que no se benefician en casi nada de esta asignación presupuestaria, que además tiene carácter monopolístico. Algo parecido ocurre con el deporte federado. Por el lado de la discrecionalidad sin control ni límites, la Constitución confiere, literalmente, “n” atribuciones a los poderes públicos del Estado para, por ejemplo, “estimular” la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas “y de otra naturaleza” (o sea, en todo y cualquier cosa –Arto. 119).

Hace algunos días terminé de leer Precariado. Una carta de derechos, de Guy Standing, profesor de la Universidad de Londres. Standing desarrolla una definición sobre lo que considera una nueva clase social, el precariado, caracterizada por la inseguridad crónica y con derechos cada vez más limitados. He aquí doce preguntas para que usted evalúe si es parte de esta clase social.

1) ¿Tiene usted un empleo inseguro; es decir, con un contrato de trabajo por tiempo definido? 2) ¿Ha pasado o está pasando por un período largo de desempleo (más de seis meses) buscando trabajo, pero sin encontrarlo? 3) ¿Ha necesitado la ayuda económica (préstamos o donaciones) de familiares y amigos para subsistir mientras encuentra empleo? 4) ¿Experimenta la sensación de que todo en su vida laboral es temporal? 5) ¿Por necesidad, ha tenido que tomar empleos impredecibles, “de lo que sea”, alejados de su profesión? 6) ¿Su patrón le exige trabajar tiempo extra sin remuneración? 7) ¿Trabaja sin derecho a seguridad social, vacaciones pagadas, aguinaldo y bono 14? 8) ¿Trabaja por un sueldo menor al salario mínimo? 9) ¿Factura por su trabajo, ocultando la relación de dependencia que tiene con su patrono? 10) ¿Piensa que su situación económica no mejorará en los próximos dos o tres años? 11) ¿Está sobrecalificado para el trabajo que ha tenido o tiene? Y, finalmente, 12) ¿Carece de ahorros o algún seguro para enfrentar más de dos meses de desempleo?

Si respondió afirmativamente a seis de las doce preguntas planteadas, entonces usted es parte del precariado guatemalteco, el cual es resultado, en buena medida, de las políticas neoliberales que han puesto en marcha un Estado ambivalente: débil cuando deja a la mano invisible —al “libre” mercado— todo lo relacionado con el bienestar de las personas (salud, nutrición, educación, vivienda, seguridad, empleo, prestaciones laborales), y fuerte para regular la vida de las empresas más grandes o de aquellas cercanas al poder político: otorgándoles privilegios fiscales, disminuyéndoles los salarios de los trabajadores, buscándoles nuevos mercados en el exterior o garantizándoles su poder de monopolio.

Romper con la nociva tendencia a precarizar a los trabajadores y, por ende, a sus familias, requiere redefinir el mercado laboral, garantizar el derecho a trabajar y el rol del Estado en su cumplimiento. Standing propone una carta de derechos, con 29 artículos, para poner fin al precariado. Entre los que mejor se adecuan a nuestra realidad están el reconocimiento a todas las formas de trabajo, incluidos aquellos no remunerados relacionados con la reproducción y el cuidado familiar. Asimismo, fortalecer la negociación colectiva y colaborativa; rechazar la pérdida de derechos laborales; promover una protección social moderna y universalista; desmercantilizar la educación y la política, para enseñar empatía y no oportunismo; poner fin a los subsidios que fomentan la caridad en menoscabo de la acción pública para el bienestar social, y avanzar hacia una renta básica universal. Estos cambios requieren de un Estado con políticas públicas bien definidas y financiadas, con objetivos y resultados claros, y con una tributación justa y equitativa.

Si puede envíeme su respuesta a las doce preguntas planteadas para seguir tratando este tema y haga que su enojo e indignación por esta realidad se transforme en valentía. Las personas en el precariado no son una masa sin esperanza: son una fuerza social para el cambio, con potencia para empujar una agenda de nación que elimine la incertidumbre laboral y defienda la igualdad.

jmenkos@gmail.com

Este es un espacio para que la cultura de la legalidad y la probidad se conviertan en la base de un proyecto de nación compartido y defendido por las mayorías. Para que no se olvide que los corruptos, casi siempre, toman valor cuando los ciudadanos callan, están desunidos y desinteresados.

Pase por acá. En esta sala encontrará la larga historia de los atropellos que, por el bien de los corruptos, el Estado consumó contra los guatemaltecos: vea las fotos de los campesinos recogiendo los alimentos que nunca probaron; mire los rostros de los estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos que fueron secuestrados y asesinados con el fin de ocultar la verdad o matar la ternura; y esas imágenes crueles de niños famélicos y de niñas quemadas bajo la tutela del Estado; no deje de pasar por esa sala de hospital, en escala real, con enfermos sin medicamentos como resultado de las compras anómalas. Acá observará el vídeo de los jóvenes migrantes que perdieron la vida, no buscando el sueño americano, sino escapando de la pesadilla de la violencia y la indefensión que privaba en este país.

Aquí está nuestro anti-parnaso. Observe los retratos de aquellos que fueron presidentes y vicepresidentes, líderes religiosos, ministros, diputados, grandes empresarios y sindicalistas. Ingratos ¿verdad? Habiendo podido hacer tanto por su país… Ahora son un recuerdo de la mayor miseria e inmundicia humana. Con esta aplicación de celular puede acceder a los veredictos del juez que los condenó. También encontrará elementos emblemáticos de estos corruptos: vea los icónicos lentes Carolina Herrera y una foto familiar en el Mariscal Zavala de cuando se hizo huésped; vea esta boina de kaibil y un corbatín, de aquellos congresistas. La señora acá es la que decía «rebonito». Este era el que incitaba a la «guesha». Aquel era millonario y cobraba por trámites exprés en la administración tributaria, junto a un diputado que llamaba a usar corbata azul, allá por 2018. Ahora que se ha hecho justicia se ven más cómicos de lo que parecieron en aquel tiempo en que los honrados sentían que perdían la batalla.

Este salón nos infla el pecho. Vea qué diferencia. Esta foto es de maestros enseñando democracia. Estas son de familias que manifestaron contra el pacto de corruptos. Vea esa foto aérea tan hermosa: miles de ciudadanos frente al palacio exigiendo justicia. Ese día lo celebramos como el de independencia. Aquí están las leyes que el pueblo exigió a los diputados que se aprobarán: electoral y de partidos políticos, entre ellas. Venga, acá, este es quizá el juez con la mayor estatura que hemos tenido —¡y ha habido muchos!—, adormitaba un poco con sus extendidos argumentos, pero nunca se rajó luchando por la justica. Su rostro está en los libros de historia, como los de estos fiscales y el del comisionado Velásquez. Allá, al fondo, están las fotos de nuestros verdaderos dignatarios. A la par encuentra su estado patrimonial.

No deje de ver este vídeo, de 2018. Recuerda a las personas que se juntaron y dijeron públicamente «basta ya de tanta corrupción». Si ellos hubieran perdido la esperanza, el pacto de corruptos sería hoy una tiranía.

Bueno, le dejo en esta sala que trata sobre lo que hemos construido juntos desde entonces. Se parece un poco a la patria que, como tantos, ansiaba Julio Fausto Aguilera, la que es casa, justicia y pan; la que no conoce méndigos ni privilegiados: «democracia opulenta: eres racimo, gajo de azúcar, fruto sazonado. Beso de miel tu comunión de hermanos, tu popular, tu colectivo abrazo».

¡No desfallezcamos!

jmenkos@gmail.com

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Estado Islámico usa una imagen de Messi para amenazar el Mundial de Rusia 2018

El ejército ruso “cumplió” con su misión en Siria y el territorio fue “liberado completamente” del grupo Estado Islámico (EI), dijo el ministro de Defensa de Rusia.

“La misión del ejército ruso de derrotar al grupo terrorista armado Estado Islámico se cumplió” y “el territorio sirio está liberado completamente” del EI, informó el ministerio a la prensa.

Con el respaldo de Rusia, las fuerzas del régimen sirio luchaban contra los yihadistas en el margen occidental del río que corta en diagonal la provincia de Deir Ezzor, mientras que las apoyadas por Estados Unidos combatían al EI en el lado oriental.

“Las fuerzas prorrégimen controlan la mitad oeste de la provincia que va desde Maadan (noroeste) hasta la frontera iraquí”, indicó la oenegé, y explicó que el EI “no tiene presencia en el margen occidental del río”.

La agencia de prensa oficial Saná aseguró el miércoles citando una fuente militar que las tropas gubernamentales y sus aliados se apoderaron de una veintena de localidades y pueblos en la zona.

“Las tropas del ejército sirio, en coordinación con las fuerzas aliadas, tomaron el control de la cuenca del Éufrates en Deir Ezzor tras eliminar a los últimos terroristas de Dáesh en el sector”, dijo Saná, usando el acrónimo en árabe del Estado Islámico.

Tres años después de haber conquistado amplias zonas en Siria e Irak, el “califato” del EI se ha reducido enormemente por la presión de múltiples ofensivas.