Las aplicaciones de Whatsapp, Facebook e Instagram han sufrido interrupciones de servicio durante la tarde de este jueves en Estados Unidos y otras regiones, según informó el sitio Downdetector y usuarios en otras redes sociales.

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Usuarios en Norteamérica y otras parte del mundo informaron de problemas con las aplicaciones de mensajería propiedad de Facebook, así como Instagram, también parte del gigante tecnológico.

Según Downdetector, que informa de cortes en servicios digitales con base en informes de usuarios, el apagón afectó sobre todo a grandes ciudades de EE.UU. como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, además de las metrópolis canadienses de Toronto, Montreal y Vancouver. También se reportaron caídas de otras localidades fuera de ese país.

El apagón pareció haber afectado especialmente a Facebook, puesto que Downdetector indicaba que más de cien mil personas estaban informando de que la aplicación no estaba funcionando sobre las 17.30 hora local de Nueva York (21.30 GMT), e Instagram, de la cual se habían recibido otros 90 mil avisos a la misma hora.

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En el caso de Whatsapp, la interrupción afectaba sobre todo a los usuarios de la versión web de la aplicación.

La web en la que Facebook comunica el estado de sus servicios y aplicaciones para desarrolladores no comunicó hasta el momento ningún problema serio, pese a que también estuvo varios minutos sin funcionar, y asegura que el estado de Facebook es “saludable”.

Uno de los puntos del fallo es desarrollar el proceso de consulta en las áreas de influencia del proyecto, para el cual se tiene un año pero que en ese tiempo seguirá operando Oxec.

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Ante esto, a pesar de que por la mañana el Ministerio de Energía y Minas dijo que instalarían una mesa multisectorial para definir el proceso por seguir, por la tarde se indicó que la unidad jurídica de esa cartera se llevará unos tres días para analizar el fallo (de 125 páginas).

Agregó que crearán un equipo integrado por delegados de diferentes unidades de ese ministerio para definir los pasos de la consulta.

Ana Valeria Prado, ejecutiva de Oxec, S. A., expresó su satisfacción por la resolución y destacó que la decisión refuerza el estado de Derecho y dicta el camino por seguir.

Igual que el MEM, los abogados de Oxec 1 y 2, así como Antonio Malouf, presidente del Cacif, están en el proceso de análisis del fallo.

“Queremos analizar la letra fina de la resolución”, expresó el empresario, quien agregó, sin embargo, que el fallo podría dar el mensaje de que el país pretende brindar certeza jurídica para la inversión.

En relación con la consulta, la Asociación de Generadores con Renovables refirió que el plazo de un año que establece el fallo para celebrar la consulta es viable, pero “es necesario que todos los esfuerzos estén encaminados a lograr efectuarla”.

Byron Paredes Tiul, defensor de pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), recordó que una consulta debe hacerse, según el convenio 169 de la OIT, de manera previa, libre e informada.

Agregó que debió efectuarse en forma correcta, existiera o no un reglamento, y aunque ahora ya no se podrá cumplir con que la consulta sea previa, ellos vigilarán el proceso de cerca para que se cumpla en apego al convenio.

La operación de Oxec se suspendió en febrero pasado.

El Estado fue sentenciado en el 2013 por un tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por el desacuerdo de Teco en el cálculo del Valor Agregado de Distribución de energía que hizo la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para la Empresa Eléctrica de Guatemala (Eegsa), de la cual era accionista en esa época.

El criterio en mención se basa, según la procuradora, Anabella Morfín, en una segunda resolución emitida en abril pasado dentro del proceso de anulación del laudo original.

Ambas partes estaban en desacuerdo con el primer fallo y cada una entabló una impugnación conocida como anulación del laudo. 

“Tuvimos largas discusiones de lo sucedido, pero somos de la opinión que ante la forma tan extraña que resolvió el Ciadi el caso de anulación no queda clara la condena que se había hecho en contra de Guatemala de US$22.1 millones, más las costas de US$7.5 millones”, agregó la procuradora de la nación.

En el fallo de anulación la condena final es por costas procesales de US$273 mil 652.39 a favor de Teco, y US$142 mil 276.49 a favor del Ciadi, expuso Morfín.

Pero se está pendiente del pago, “porque el fallo es bastante confuso… entendemos que al aceptarse la solicitud de anulación presentada por Guatemala, la condena final solo establece las costas” a las que se hace referencia, pero se considera que quedó anulado el laudo inicial, agregó Morfín.

Sin embargo, Teco Energy, propietaria de Teco Guatemala Holding, mantiene en su información divulgada en forma pública que ganó ese arbitraje en el 2013 y que la posterior resolución por el caso de anulación en abril del 2016 le confirma que el Estado de Guatemala le debe pagar los US$21.1 millones —más intereses y costas procesales— del fallo original, además que el laudo establece que puede acudir a otros arbitrajes.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Finanzas (Minfin) no había respondido si Guatemala ya efectuó algún pago al respecto.

En todo caso, Facebook le envió un mensaje a través de su cuenta en la red, que el sitio web publica, en la que la compañía de Zuckerberg le informa de que ha sido premiado con 7.500 dólares y le agradece sus “constantes contribuciones a Facebook” .

Y es que Fathi es ya viejo conocido de la red: solamente este año, ha detectado tres fallos en Facebook que ha comunicado de inmediato.

El joven ha colaborado como analista de seguridad para empresas especializadas como Defencely, HackerOne, o BugCrowd, y ha realizado algunos “test de seguridad”  para Google, Twitter y Facebook.

El joven ya ha recibido ofertas de trabajo en el extranjero, pero prefiere concluir sus estudios de informática en la Universidad de Ben Msick de Casablanca.

La balacera en San Francisco, a principios de julio, presuntamente fue cometido por un hombre que se encontraba sin permiso en el país y había sido liberado por las autoridades locales a pesar de que funcionarios federales habían solicitado que siguiera detenido.

El caso en Rhode Island involucra a Ada Morales, que nació en Guatemala y se naturalizó estadounidense en 1995. Morales es representada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y demandó después de que fue detenida en dos ocasiones, en el 2004 y el 2009.

Tras su arresto en el 2009 a manos de policías estatales en un caso por fraude de apoyos gubernamentales, Morales fue liberada de una prisión estatal, pero después estuvo detenida poco más de 24 horas mientras autoridades migratorias investigaban si estaba legalmente en el país.

Morales dice que les señaló a las autoridades que era ciudadana estadounidense. El gobierno ha dicho que el nombre en el certificado de naturalización de Morales era Ada Amavilia Cabrera, y que era su responsabilidad cambiarlo cuando se casó. Morales demandó a las autoridades del ICE y al Departamento de Correccionales de Rhode Island.

Más de 300 localidades en el país han dicho que no mantendrán detenidas a personas por motivos migratorios sin una orden, dijo Kate Desormeau, una abogada de la ACLU involucrada en el caso.

En este caso, la corte de apelaciones no tomó en cuenta si se requiere una orden judicial para detener a alguien, aunque es un asunto que está siendo considerado en otras demandas, dijo Desormeau.

En su cuenta oficial de Twitter publicaron que  “por el momento tenemos dificultades técnicas, algunos usuarios tendrán problemas al ingresar a la aplicación. Trabajamos en el problema para solucionarlo lo antes posible”.

https://twitter.com/instagram/status/621734932440748032

Los usuarios esperan que en las próximas horas el servicio esté restablecido.

El nombre Instagram proviene de las fotografías “instantáneas” que se tomaban con las cámaras Polaroid.

El Concejo señaló que esta medida es ilegal, ya que el dinero lo recibió el exfuncionario a título personal, no la comuna.

Las demandas fueron presentadas por cuatro supuestos prestamistas, quienes como prueba para el fallo mostraron un documento en el 2009, en el cual aseguran haber hecho los préstamos a Vela.

El secretario edil Hugo Letona explicó que el primer préstamo fue de Q930 mil; el segundo, de Q337 mil; el tercero, de Q300 mil, y el cuarto, de Q150 mil, lo cual suma Q1 millón 717 mil.

Ofrece aporte

En documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre se detalla que el ex jefe edil debió cancelar el monto en el plazo de un año, pero por impago dejó como garantía el 10 por ciento del situado constitucional.

Resaltan que el 1 de diciembre del 2011, la jueza Ruth García Chinchilla, quien emitió el fallo contra la comuna en octubre del 2014, informó al Instituto de Fomento Municipal sobre cuatro juicios ejecutivos por la deuda.

En esa misma fecha, García ordenó al Ministerio de Finanzas que del dinero del referido fondo emita cheques a nombre de los tres prestamistas.

El alcalde, Amílcar Alvarado, expuso que presentó cuatro amparos, ya que los préstamos no se hicieron a la municipalidad, sino al exalcalde, por lo que considera que el fallo es ilegal.

Sorprende decisión

Alvarado añadió que en el cuarto juicio, presentado el 3 de enero del 2012, Vela ya estaba enterado de que había perdido las elecciones, y además le sorprende que la jueza García haya agilizado los procesos y resuelto a favor de los prestamistas.

“El acta de reconocimiento judicial efectuada por los magistrados de la Sala Undécima de Apelaciones de Retalhuleu afirma que nunca fue ingresado el dinero a la comuna. Fue algo bien organizada para estafar a la municipalidad”, indicó Alvarado.

“Es lamentable que la jueza haya aceptado demandas de préstamos privados”, resaltó.

El alcalde explicó que el artículo 113 del Código Municipal resalta que los préstamos con personas individuales o jurídicas que no sean supervisados por la Superintendencia de Bancos serán nulos, y el alcalde y el Concejo que lo hayan autorizado serán los responsables.

El tesorero nacional, Juan Manuel López, también se pronunció en un oficio enviado a la jueza, en el que expone que por mandato legal no pueden embargarse las asignaciones presupuestarias, según el artículo 459 del Código Civil.

Autoridades ediles de San Pablo Jocopilas reiteraron que la decisión de jueza García es ilegal, y que seguirán en la lucha donde corresponda; además, anunciaron la paralización de proyectos que se mantienen en ejecución, debido al embargo.

Se trató de conocer la versión del exalcalde Francisco Vela, pero no respondió las llamadas efectuadas a su celular.

El vecino José Pacay expresó: “No es posible que sigamos en esta situación, porque ni siquiera sabemos en qué se usó ese dinero, que al final nosotros pagamos”.

“Se tapan con la misma chamarra, porque sabiendo de los problemas que tienen exfuncionarios los dejan participar para que ocupen de nuevo un cargo público”, lamentó Pacay.

NUEVA YORK.- La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles  (ACLU por sus siglas en inglés) y la Unión Por las Libertades Civiles de Nueva York presentaron un aviso de apelación de una página en la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito.

“Creemos que el programa de rastreo de la NSA viola las leyes estatuarias y la Constitución, y esperamos exponer nuestros argumentos en la corte de apelaciones”, dijo el subdirector legal de ACLU Jameel Jaffer en un comunicado.

Un vocero de la fiscalía federal rechazó hacer declaraciones al respecto. 

En un fallo presentado la semana pasada, el juez federal de distrito William H. Pauley III concluyó que el programa es una extensión necesaria de las medidas emprendidas tras los ataques del 11 de septiembre.

Pauley dijo que el programa permite al gobierno unir comunicaciones fragmentadas y fugaces, y además representa “el contraataque del gobierno” al uso que da la red terrorista al-Qaeda a la tecnología para operar de manera descentralizada e idear ataques de forma remota.

El fallo contraviene una decisión anterior tomada por el juez federal de distrito Richard Leon en Washington, D.C., que ordenó un interdicto preliminar contra la recolección de archivos telefónicos de dos hombres que habían impugnado el programa.

Leon dijo que el programa posiblemente viola la prohibición de la Constitución estadounidense a la investigación infundada. El juez mantuvo suspendido su fallo en espera de una apelación del gobierno.

Algunos creen que el conflicto llegará a una resolución en la Corte Suprema. Las posibilidades de que el máximo tribunal del país atienda el asunto aumentan si las cortes de apelaciones tienen opiniones encontradas o si el uso actual del programa es declarado ilegal.

CIUDAD DE GUATEMALA.- Miguel González, de la organización Sala de Redacción, explicó que la decisión está fuera de ley, pues la juez debió consultar la Ley de Emisión del Pensamiento de Guatemala que estipula el procedimiento cuando alguien se siente afectado por críticas de periodistas.        

“En Guatemala no hay censura previa, si la vicepresidenta se siente agredida o acosada, tiene que agotar el procedimiento que la ley establece, donde previo a iniciar acciones en fuero común debe realizarse un jurado de imprenta”, dijo González.              

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “repudió la decisión judicial” del 17 de diciembre que prohíbe a Zamora acercarse a la vicepresidenta y consideró la resolución como sorpresiva.              

Karen Jeanette Chinchilla Menéndez, jueza de Primera Instancia Penal de Delitos de Feminicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, emitió una orden de protección física en favor de la vicepresidenta Roxana Baldetti en la cual prohíbe a Zamora perturbar o intimidar a “la agraviada y a cualquier integrante de su grupo familiar” por un lapso de seis meses.              

Zamora, director del matutino El Periódico, ha publicado varios artículos en los cuales crítica la labor de la vicepresidenta, acusándola de actos de corrupción, irregularidades y nepotismo, entre otros. Como consecuencia la publicidad oficial fue retirada del medio.         

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo: “repudiamos enérgicamente esta novedosa forma de censura”, una orden que reinventa el delito de desacato dando a los funcionarios públicos el privilegio de acallar las críticas, agregó.       

Zamora explicó  que ha presentado seis querellas contra la decisión de la juez y que otras seis están en camino.