Feci

Decretan medida cautelar que ordena al Ejecutivo no pagar US$912 millones a Unops

Mon, 27 Oct 2025 18:35:48 +0000

JUSTICIA

Decretan medida cautelar que ordena al Ejecutivo no pagar US$912 millones a Unops

La Fiscalía de Extinción de Dominio emitió una medida cautelar para que el Ejecutivo no pague US$912 millones a Unops.

27 de octubre de 2025 | 12:35h

Investigadores en diligencias en el Ministerio de Salud por un supuesto caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) emitió una medida cautelar que ordena al Ejecutivo no pagar US$912 millones 298 mil 899 (unos Q6 mil 976 millones 800 mil) a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), por aparentes anomalías en la suscripción de un convenio.

La medida del MP debe ser ratificada por un juez de extinción de dominio.

La Fiscalía notificó de la medida al presidente del Banco de Guatemala y a los ministros de Finanzas Públicas y de Salud Pública.

El monto referido corresponde al saldo pendiente de pago del proyecto “Mejora del acceso a la salud por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos de la Red Pública de Salud en Guatemala”, financiado con recursos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, indicó el MP.

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“La acción fue realizada conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, con el propósito de que se efectúen las anotaciones correspondientes de forma inmediata, hasta que concluya la investigación en curso. La medida ya ha sido notificada al juez competente para su convalidación, conforme a los procedimientos legales vigentes”, destacó.

El 21 de octubre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) desarrolló allanamientos en el Ministerio de Salud, por el “Caso Unops: Corrupción Presidencial”.

La investigación señala un supuesto mecanismo de corrupción en esa cartera, tras la firma de un convenio entre dicha institución y la Unops.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, afirmó ese día, por medio de un comunicado, que los procedimientos derivados del convenio “han cumplido con las leyes del país”, y que la auditoría financiera de la Contraloría General de Cuentas, del ejercicio fiscal 2024, “no notificó hallazgo alguno en el convenio con Unops”.

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La Fiscalía investiga aparentes anomalías en un convenio por Q7 mil 274 millones 272 mil, suscrito por el gobierno de Bernardo Arévalo con Unops. En la pesquisa se menciona al presidente, a otros funcionarios, al hermano del mandatario y a Gustavo Alejos, según el MP.

El convenio entre el Ministerio de Salud y Unops se firmó el 30 de abril del 2024, por un período de 47 meses, y por un monto de US$943.9 millones, con el objetivo de abastecer de medicamentos y tecnologías médicas los servicios de la red pública.

Para leer más: Salud reconoce gastos administrativos por más de Q231 millones en convenio con UNOPS

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Presentan acción contra orden del juez Orellana sobre resultados de las elecciones del 2023

Sat, 25 Oct 2025 19:41:57 +0000

Guatemala

Presentan acción contra orden del juez Orellana sobre resultados de las elecciones del 2023

El abogado Edgar Ortiz presenta una nueva acción legal para frenar la orden del juez, que considera busca afectar los cargos públicos adjudicados al oficialismo.

Douglas Cuevas

25 de octubre de 2025 | 13:41h

La acción busca que nuevamente la CC respalde los resultados electorales del 2023. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

El juez Fredy Orellana emitió una nueva orden judicial que vuelve a poner en duda los resultados de las elecciones del 2023. Por ello, el abogado Edgar Ortiz presentó una nueva acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ortiz, experto en derecho constitucional, explicó que buscan que la CC garantice, una vez más, los resultados de las elecciones generales que otorgaron la presidencia, 23 curules y una alcaldía al partido cancelado Movimiento Semilla.

El abogado presentó una debida ejecutoria para que la CC recuerde un fallo que ella misma emitió en el 2023, y que garantizó la toma de posesión de las actuales autoridades de gobierno.

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“Partimos de una sentencia de 2023. Presentamos un amparo contra diversas autoridades por la amenaza que existía de que no se consumara la toma de posesión de las autoridades electas”, indicó Ortiz.

Ese amparo se resolvió en definitiva, y ahora busca que se vuelvan a garantizar los alcances de ese fallo judicial. “Ya hay una sentencia definitiva donde se ordena respetar el proceso electoral y todas las consecuencias y efectos del mismo.”

Resolución contradictoria

El juez resolvió de manera favorable una petición hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), con base en los indicios de investigación recabados en los últimos años alrededor de Movimiento Semilla.

La tesis del Ministerio Público (MP), respaldada en un procedimiento de aceptación de cargos, señala que el partido fue creado con firmas falsificadas y con la inscripción de ciudadanos ya fallecidos.

Lo anterior hizo que el partido pasara de estar suspendido a cancelado, y actualmente se ordena la nulidad de cualquier acto emitido por la organización política. Esto abre dudas sobre los alcances legales y políticos de la nueva orden judicial.

#Urgente

Juez Fredy Orellana le da 2 horas al Registro de Ciudadanos del @TSEGuatemala para que declare la nulidad de todo lo relacionado a Movimiento Semilla. Fuentes que prefieren el anonimato, temen qué se busque declarar vacantes los puestos ganados por Semilla en el 2023. pic.twitter.com/kOk1wjlrag
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

El Registro de Ciudadanos tuvo un lapso de dos horas para cumplir la orden de Orellana, de la cual hasta ahora se desconoce si fue acatada.

También se notificó al Congreso para que tome las medidas que en derecho correspondan. El abogado Ortiz estima que esas decisiones contradicen la resolución constitucional de hace dos años.

“Esto nos trae al día de hoy, porque lo resuelto ayer por el juez Fredy Orellana entra en contradicción e incumple de forma directa lo que ya resolvió la CC en el 2023”, señaló.

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Para Ortiz, las intenciones judiciales son claras: “El juez busca afectar los cargos ya adjudicados”, lo que impactaría a todas las autoridades electas por Movimiento Semilla.

Otro punto que Ortiz destacó es que, en aquella oportunidad, la CC fue clara al especificar las competencias de cada institución: judicaturas penales en asuntos penales y Tribunal Supremo Electoral (TSE) en asuntos electorales.

“Hay una confusión del juez: confunde la jurisdicción penal para resolver materia electoral, que compete al Registro de Ciudadanos y al TSE. Eso es improcedente”, reafirmó el abogado.

A criterio de Ortiz, en caso de que las investigaciones del MP encuentren indicios sólidos para que se tomen medidas más severas contra Movimiento Semilla, estas tendrían que ser notificadas.

Es decir, el juez o el MP tendrían que reportar al TSE los nuevos hallazgos para que sea la autoridad competente quien emita órdenes o resoluciones en materia electoral.

“La nulidad, en los términos que él —Orellana— la presenta, no existe en materia electoral. Es imposible que se cumpla, porque no se puede ejecutar algo que en ley no existe”, concluyó.

Ortiz, junto a otros abogados, obtuvo el amparo que ahora busca que se garantice nuevamente. Ayer, la diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, presentó otra acción similar.

La diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, pide a la @CC_Guatemala que le ordene al @CongresoGuate abstenerse de atentar contra los resultados electorales del 2023, acción en respuesta a la nulidad que ordenó el juez Fredy Orellana al partido político. pic.twitter.com/WGEIqMXtvU
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

¿En qué consiste el convenio entre Salud y Unops por el que ahora la Feci investiga al gobierno de Arévalo?

Wed, 22 Oct 2025 01:30:00 +0000

Comunitario

¿En qué consiste el convenio entre Salud y Unops por el que ahora la Feci investiga al gobierno de Arévalo?

La Feci presenta el caso Unops: corrupción presidencial, que involucra al presidente Arévalo y a funcionarios del Ministerio de Salud en un convenio millonario para la compra de medicamentos.

Ana Lucía Ola

21 de octubre de 2025 | 19:30h

El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, asisten a la inauguración de una farmacia Proam en la red pública de salud.(Foto Prensa Libre: tomada de @GuatemalaGob)

Con el argumento de que el Ministerio de Salud firmó un acuerdo unilateral con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) sin contar con la disponibilidad presupuestaria, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó este martes el caso “UNOPS: corrupción presidencial” y emitió órdenes de captura contra el extitular de la cartera, Óscar Cordón, y tres funcionarios más. Además, solicitó el retiro de inmunidad del actual ministro, Joaquín Barnoya.

El caso, presentado por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, involucra al presidente Bernardo Arévalo en una supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos para abastecer los servicios de salud pública, a través de un “contrato lesivo” firmado en abril del 2024 con la agencia de la ONU, por US$943.9 millones (más de Q7,000 millones).

Dos denuncias que llegaron al Ministerio Público (MP) dieron pie a la investigación. En ellas se menciona que Arévalo habría contado con apoyo de entes internacionales durante la campaña y ya en la presidencia, y que, “aprovechándose” de esos lazos, celebró el convenio con Unops, donde trabaja su hermano, Martín Arévalo. Este habría ordenado a Barnoya la forma, tiempo y cantidad de producto a comprar, mientras que el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, liberó los fondos para realizar el pago inmediato, según los señalamientos de la Feci.

También se implica a Gustavo Alejos, quien, junto a su hijo Gustavo Andrés Alejos Jansa, habría recibido más de Q223 millones a través de la farmacéutica Reus Pharma, S. A. Según la investigación, el dinero fue depositado en cuentas en el extranjero, específicamente en Uruguay, Panamá y Costa Rica.

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Curruchiche detalló que, cuando Arévalo requería dinero en efectivo, Alejos se lo entregaba directamente a su emisario, Santiago Palomo Vila.

Además de obtener recursos económicos, Alejos sería propietario de 59 farmacias Proam, programa que el presidente ha impulsado para llevar medicamentos a bajo costo a la población.

En conferencia de prensa, Arévalo rechazó los señalamientos hechos por la Feci e indicó que Curruchiche y el MP “acusan a inocentes y dejan libres a culpables”, y recordó el caso de la compra de vacunas Sputnik V, que no ha avanzado.

“Están desesperados porque el 16 de mayo se les acaba la fiesta. La fiscal general es una proscrita internacional, no la dejan entrar a más de 30 países del mundo. El MP es uno de los principales obstáculos en la lucha contra la corrupción en el país”, afirmó el mandatario.

Este martes 21 de octubre el Ministerio Público realizó varios allanamientos en la sede del Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

Calidad cuestionada

Mario Veliz, agente fiscal de la Feci, detalló que un informe de auditoría estableció que, entre los medicamentos que Salud ha adquirido mediante Unops, hay productos de mala calidad, en su mayoría procedentes de la India.

Como prueba de lo anterior, en febrero pasado el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, del Ministerio de Salud, emitió una resolución para suspender la licencia sanitaria de un paracetamol adquirido a través de Unops, al detectar que el producto estaba contaminado. Se ordenó su retiro; sin embargo, tres meses después aún se encontraba disponible en los servicios de la red pública.

“La CGC establece que los pocos ahorros no son significativos y existen medicamentos adquiridos con el mismo proveedor a precios superiores”, dijo Veliz.

Sobre el convenio

El convenio entre el Ministerio de Salud y Unops se firmó el 30 de abril del 2024, por un período de 47 meses y por un monto de US$943.9 millones, con el objetivo de abastecer de medicamentos y tecnologías médicas los servicios de la red pública.

Solo para la compra de medicamentos se destinarían US$360 millones, que contemplaban productos de marca y genérica.

Según el contrato, la cartera haría un desembolso anual a partir del 2024. En ese primer año se pagarían US$110 millones; en el 2025, US$275 millones, y una cantidad similar en el 2026. El último desembolso sería de US$283.4 millones.

Sin contar con presupuesto para cancelar el primer pago, Cordón ―entonces ministro― firmó el convenio millonario, a la espera de una ampliación presupuestaria que permitiera a la agencia internacional comenzar a prestar el servicio.

A finales de julio, Salud informó que había hecho el primer traslado de fondos a las cuentas de Unops, aunque por un monto menor al acordado: se pagaron Q225 millones. Se justificó con que el convenio permitía hacer “modificaciones” en los aportes, pero dependía del Banco de Guatemala hacer efectivo el desembolso, según explicó Sandra Aparicio, viceministra administrativa en ese momento.

El 5 de noviembre, Barnoya, ya como ministro de Salud, anunció el inicio del proceso de licitación para más de 80 códigos de medicamentos. Se informó que, en un plazo de 30 días, serían entregados a hospitales, centros y puestos de salud de la red pública.

Durante un acto protocolario en el Hospital General San Juan de Dios, el 2 de diciembre Unops realizó la primera entrega de medicamentos y se informó que se distribuirían 53 tipos de medicamentos, 20 códigos de insumos médico-quirúrgicos y 246 de equipo médico.

Calvaruso indicó que en esa primera etapa de licitación participaron 71 proveedores y que los productos se adquirieron mediante subasta inversa, en una licitación abierta.

Unops hizo la primera entrega de medicamentos en diciembre pasado, en el Hospital General San Juan de Dios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Órdenes de captura

Según la Feci, el exministro Cordón suscribió un memorando con Andrea Calvaruso, representante de Unops en Guatemala, sin considerar la disponibilidad presupuestaria del ministerio y atribuyéndose funciones que no le correspondían.

Un examen especial de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) señala que el artículo 171 de la Constitución establece que los convenios y acuerdos internacionales que sobrepasen el 1% del presupuesto anual deben ser aprobados por el Congreso de la República, lo cual no ocurrió, según el informe.

Se indicó que Barnoya realizó una enmienda al memorando para crear una nueva organización encargada de los pagos que Salud debe realizar a Unops.

Por ello, la Feci giró orden de captura contra Cordón por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

También contra María Gabriela Vélez Chaulón, asesora del despacho del ministro, por asociación ilícita, peculado por sustracción y tráfico de influencias; Edwin Romeo Sicán, director administrativo, por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción; y Luis Cermeño, jefe del Departamento de Presupuesto, por falsedad ideológica.

La Feci también solicitó el retiro de antejuicio contra el ministro Barnoya por asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado por sustracción.

El caso “Unops: corrupción presidencial” se presentó mientras se desarrollaban allanamientos en la sede del Ministerio de Salud, en la zona 11 capitalina.

Tribunal absuelve a implicados en caso TCQ y ordena investigar a fiscales y exfuncionarios del proceso

Tue, 14 Oct 2025 01:19:12 +0000

Justicia

Tribunal absuelve a implicados en caso TCQ y ordena investigar a fiscales y exfuncionarios del proceso

El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a los cinco procesados en el caso TCQ y ordenó investigar a fiscales y exfuncionarios que impulsaron la acusación.

César Pérez Marroquín y Oscar Vásquez

13 de octubre de 2025 | 19:19h

Los acusados, sus abogados, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo B y fiscales del MP participan en la audiencia en la que se dictó la absolución en el caso TCQ. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

El Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió este lunes 13 de octubre a los cinco acusados en el caso TCQ, incluido el exmagistrado Duglas Charchal y el exsecretario general de la Presidencia Gustavo Martínez Luna. Además, ordenó al Ministerio Público (MP) investigar a los fiscales que firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con Juan Carlos Monzón.

La jueza María Eugenia Castellanos, presidenta del tribunal, también instruyó que se certifique lo conducente para que se investigue al excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y al juez contralor del caso, Miguel Ángel Gálvez, por un posible incumplimiento de deberes.

En su fallo, Castellanos sostuvo que Gálvez debió declarar falta de mérito para los señalados. El tribunal consideró que el expediente carecía de prueba concluyente para emitir una condena.

Fueron absueltos Mario Ruano San José, Julio Norberto Esquivel, Lázaro Noé Reyes Matta, Gustavo Martínez Luna y Duglas Charchal.

El jefe actual de la FECI, Rafael Curruchiche, declaró que el Ministerio Público intentó rescatar el caso, pero no logró sostenerlo en juicio. Añadió que el MP abrirá de oficio una investigación contra quienes elaboraron la acusación y firmaron el acuerdo con Monzón.

El caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal) salió a la luz en abril de 2016, cuando la CICIG y la FECI denunciaron una trama de corrupción vinculada a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La acusación se centró en la adjudicación de un contrato de usufructo por 25 años (prorrogables) para el desarrollo de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, sobre un terreno de 34 hectáreas. Ese contrato implicaba una inversión proyectada de al menos US$ 255 millones en fases de construcción e implementación.

Según la acusación del Ministerio Público (MP), el contrato fue negociado con sobrecostos y mediante pagos de sobornos entre empresarios involucrados y funcionarios públicos.

El MP presentó como evidencia declaraciones de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti, quien actuó bajo la figura de colaborador eficaz y brindó audios y testimonios sobre la negociación de estos pagos.

Durante el juicio, el MP exhibió un audio en el que Monzón relata que inicialmente se ofrecieron US$ 10 millones y luego se estableció que el monto total ascendería a US$ 30 millones para garantizar el usufructo de la terminal.

En sus intervenciones, los acusados cuestionaron la solidez de esos testimonios y la admisión de evidencias de la Contraloría General de Cuentas, argumentando que carecían de sustento formal.

Asimismo, investigaciones han vinculado al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a la trama. Correos interceptados revelaron comunicaciones entre los empresarios navieros españoles Pérez Maura y el gobierno guatemalteco, sugiriendo pagos de sobornos para obtener ventajas en la concesión.

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Absuelven a exfiscal Paola Pimentel señalada de divulgar datos del caso Manipulación de Justicia

Thu, 18 Sep 2025 02:39:29 +0000

Guatemala

Absuelven a exfiscal Paola Pimentel señalada de divulgar datos del caso Manipulación de Justicia

Jueza absolvió a la exfiscal Paola Pimentel, quien enfrentaba cargos por la supuesta revelación de información reservada en el caso Manipulación de Justicia.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

17 de septiembre de 2025 | 20:39h

Paola Pimentel, exfiscal de la Feci, al centro, junto a sus abogados, tras ser absuelta en el juicio por revelación de información reservada. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

La jueza Patricia Veras absolvió este miércoles 17 de septiembre a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Paola Pimentel, quien era señalada por el Ministerio Público (MP) de revelar declaraciones reservadas correspondientes al expediente del caso Manipulación de Justicia, en el que figuraba como señalado el militar Érick Melgar Padilla, informaron fuentes judiciales.

Previo a dictar su resolución, la jueza escuchó la última palabra de Pimentel, quien se declaró inocente y defendió su trayectoria en la Fiscalía. Durante el debate, la prueba material presentada por el MP fue cuestionada por la juzgadora.

Tras haber enfrentado un juicio que calificó como “una situación bastante complicada”, Pimentel expresó su satisfacción por la resolución emitida por el tribunal. Según dijo, el fallo le permitió recuperar la confianza en el sistema de justicia guatemalteco.

“Lamento que haya llegado hasta esta instancia. Ha sido una situación bastante complicada, muy difícil, no solo para mí, sino también para mi familia”, dijo la exfiscal, y añadió: “Me ha afectado demasiado, incluso ha afectado mi reputación.”

También expresó: “Estoy muy agradecida con Dios, en primer lugar, porque, a pesar de que ha sido una situación difícil, pues a mí Dios no me dejaba sola. Agradezco el apoyo de esas personas que, sin conocerme, se abocaron a mí y me ofrecieron su apoyo.”

“Estoy agradecida con la resolución. Creo que es una resolución bastante objetiva, que aún me hace pensar que todavía existe justicia aquí en Guatemala.”“Todavía podemos confiar en un sistema de justicia aquí en Guatemala. Es bastante importante también que la gente sepa que aún existe justicia aquí en Guatemala. Creo que todos estamos un poco decepcionados, ¿verdad? Pero todavía podemos creer”, concluyó Pimentel.

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El abogado Francisco Gallardo es beneficiado con falta de mérito en el caso Odebrecht

Thu, 11 Sep 2025 20:42:25 +0000

Justicia

El abogado Francisco Gallardo es beneficiado con falta de mérito en el caso Odebrecht

Juez dicta falta de mérito a Francisco Gallardo en caso Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos.

Óscar García y Elmer Vargas

11 de septiembre de 2025 | 14:42h

Francisco Gallardo es beneficiado con falta de mérito en el caso Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos.. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

El abogado Francisco Gallardo fue beneficiado con falta de mérito este jueves 11 de septiembre, durante una audiencia por el caso Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos.

Gallardo tenía una orden de captura en su contra por dicho caso. Se presentó ante el juez Mario Hichos, a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.

Afirmó que se le sindicaba de cuatro delitos, pero no especificó cuáles, debido a la reserva del expediente.

El abogado era señalado por los delitos de asociación ilícita, colusión, obstrucción de justicia y tráfico de influencias, según la resolución emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, el pasado 30 de mayo.

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De acuerdo con la información obtenida, el juez Mario Hichos dictó la falta de mérito porque el Ministerio Público se negó a imputar los delitos, al no haber solicitado la orden de aprehensión.

La Fundación Contra el Terrorismo, querellante en el proceso, y la Procuraduría General de la Nación también se inhibieron de continuar con el caso contra Gallardo. Por tal razón, el juez dictó falta de mérito.

El 4 de junio recién pasado, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ordenó la reserva total del caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad, una de las fases del caso Odebrecht. Además, declaró en rebeldía a 26 personas sospechosas.

El 3 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, se refirió al caso.

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“La fase actual de la investigación ha revelado un patrón sistemático de actuación ilegal por parte de exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público durante la anterior administración”, indicó la fiscalía en esa ocasión.

Para leer más: Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht

Agregó que, según lo expuesto, exfuncionarios habrían archivado, eliminado o incluso negociado expedientes vinculados a figuras clave del caso Odebrecht.

El caso Odebrecht es una de las investigaciones de corrupción de mayor impacto en América Latina, y alcanza a políticos y funcionarios públicos de 12 países, entre ellos Guatemala. Directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, S. A., habrían pagado sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones para la construcción de carreteras.

Abogado Francisco Gallardo

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Feci allana sede del Mides tras denuncia de la Contraloría por supuesto caso de corrupción

Wed, 27 Aug 2025 18:12:52 +0000

Justicia

Feci allana sede del Mides tras denuncia de la Contraloría por supuesto caso de corrupción

Según la investigación, en el Mides se habrían efectuado compras bajo procedimientos anómalos.

Óscar García, Elmer Vargas y Andrea Domínguez

27 de agosto de 2025 | 12:12h

Investigadores de la Feci efectúan diligencia en sede central del Mides por supuesto caso de corrupción. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) efectuó este miércoles 27 de agosto una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en la capital.

Según el Ministerio Público (MP), el objetivo es recabar indicios que fortalezcan una investigación en curso relacionada con hechos ocurridos en el 2024.

De acuerdo con las pesquisas, habría ocurrido la falsificación de varios folios con sellos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), los cuales habrían sido usados para realizar compras de baja cuantía.

Ante esas diligencias, el Mides informó que el 9 de enero del 2025 presentó una denuncia penal, a través del Fondo de Protección Social, tras detectarse discrepancias en el registro de actas del Departamento de Compras de la Unidad Ejecutora.

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“Esta acción se realizó en cumplimiento del compromiso con la transparencia y la probidad en la gestión pública”, según el Mides.

Añadió: “La diligencia efectuada hoy por el Ministerio Público corresponde al curso normal de las investigaciones. Es importante subrayar que las irregularidades detectadas fueron presuntamente cometidas por personas contratadas desde administraciones anteriores, quienes ya no laboran en el Ministerio”.

En declaraciones a la prensa, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, afirmó que les llama la atención que a una empresa en particular se le adjudicaban ciertas compras en el mismo día.

Dijo que han localizado “indicios muy importantes” y que no se descartan capturas, pues ya tienen algunas personas perfiladas.

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Añadió que supuestamente hubo compras en las que se habrían falsificado sellos, hojas y folios de la CGC.

Agregó que, según la denuncia de la CGC, hubo 28 compras de baja cuantía, por lo que se busca establecer los montos y a qué empresas se les adjudicaron. Algunas personas podrían ser vinculadas con la investigación.

Las compras habrían sido realizadas a algunas empresas de cartón creadas en el 2024.

Según Curruchiche, hay 28 folios de cotizaciones que habrían elaborado las actuales autoridades del Mides.

“Extraoficialmente se sabe que hay algunos familiares vinculados a diputados que se llenan la boca de que luchan contra la corrupción y la impunidad, pero son los que posiblemente salgan vinculados”, añadió.

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Corte de Constitucionalidad niega apelación al MP en caso contra periodistas de elPeriódico

Wed, 27 Aug 2025 00:02:13 +0000

Justicia

Corte de Constitucionalidad niega apelación al MP en caso contra periodistas de elPeriódico

Resolución del máximo tribunal deniega una apelación planteada por el Ministerio Público, en el caso donde se busca procesar a periodistas del desaparecido diario elPeriódico.

REDACCIÓN PRENSA LIBRE

26 de agosto de 2025 | 18:02h

Decenas de periodistas protestan frente a la Corte Suprema de Justicia, el 3 de marzo de 2022 en Ciudad de Guatemala en rechazo a las acciones del Ministerio Público y el Organismo Judicial de criminalizar e investigar a nueve periodistas del diario elPeriódico en un segundo proceso que se lleva en contra del periodista José Rubén Zamora. (Foto Prensa Libre: EFE)

Por mayoría de cinco votos contra dos la Corte de Constitucionalidad emitió ayer (lunes 25 de agosto) una resolución que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en el caso que busca procesar a periodistas del desaparecido diario elPeriódico.

El pedido de la FECI buscaba viabilizar la investigación contra los periodistas Alexander Valdéz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Vélix, Rony Ríos y Denis Aguilar, así como a los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy.

La decisión mantiene vigente una resolución judicial que declaró incompetente la vía penal ordinaria para conocer un caso relacionado con publicaciones de periodistas y columnistas del extinto diario elPeriódico, fundado por José Rubén Zamora.

El proceso contra los comunicadores comenzó el 28 de febrero de 2023, durante la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora por uno de los casos en su contra. Durante esta audiencia, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso pidió al juez Jimmi Bremer que se abriera una investigación penal contra los periodistas y columnistas del diario, pues la fiscalía argumentó que las publicaciones sobre los procesos judiciales contra Zamora constituían el delito de obstrucción de justicia, un tipo penal contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

El caso fue asignado al Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala, donde la jueza Aurora Gutiérrez emitió una resolución que determinó que el caso debía tramitarse mediante juicio de jurados según el artículo 35 de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, al considerar que las publicaciones se realizaron en un medio de comunicación legal establecido y por personas calificadas como periodistas. La decisión estableció que no procedía perseguir penalmente a periodistas y columnistas por su trabajo y ordenó que los señalamientos fueran ventilados en un Tribunal de Imprenta.

La FECI apeló la decisión y la Sala Tercera de Apelaciones confirmó el fallo el 29 de febrero de 2024, ratificando que debía seguirse el procedimiento de juicio de jurados indicado por la jueza.

La fiscalía llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que “la labor periodística no se está vulnerando o limitando, en virtud que, para el caso de los funcionarios públicos inmersos en la administración de justicia, existe también funciones que se encuentran protegidas de igual manera”.

El Ministerio Público alegó que los hechos no versaban sobre críticas al desempeño de la función pública, sino sobre amenazas y coacciones hacia funcionarios públicos que afectan su integridad y honor, con el fin de obstaculizar sus funciones. Argumentó que las publicaciones contenían ataques al honor, vida privada y dignidad de los sujetos procesales.

La Corte Suprema de Justicia denegó el amparo provisional el 30 de enero de 2025 por lo que el Ministerio Público apeló dicha decisión ante la Corte de Constitucionalidad la cual, tras analizar el caso y solicitar las actuaciones completas de los expedientes involucrados, determinó que no concurrían las circunstancias que ameritaran el otorgamiento de la protección constitucional provisional que pedía el ente investigador.

Los magistrados Leyla Lemus, Néster Vásquez, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Rony López confirmaron la decisión anterior. Los magistrados Luis Alfonso Rosales Marroquín y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez emitieron votos disidentes.

Segeplan le responde a Rafael Curruchiche tras sus declaraciones por el caso “Red Quijivix”

Fri, 04 Jul 2025 17:21:00 +0000

Justicia

Segeplan le responde a Rafael Curruchiche tras sus declaraciones por el caso “Red Quijivix”

Carlos Mendoza, titular de la Segeplan, le responde a Rafael Curruchiche tras sus declaraciones por el caso de Melvin Quijivix, exdirectivo del Inde.

Óscar García y Sandy Pineda

4 de julio de 2025 | 11:21h

El titular de Segeplan, Carlos Mendoza, rechaza las declaraciones del fiscal Rafael Curruchiche sobre el caso Red Quijivix. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

Carlos Mendoza, titular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), en conferencia de prensa este viernes 4 de julio en el Palacio Nacional habló sobre la captura de Melvin Quijivix e hizo énfasis en que la detención está relacionada con la denuncia presentada por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

Esto lo indicó luego de que el jueves, Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en conferencia de prensa indicara que Mendoza presentó una querella penal el 5 de noviembre de 2024, la cual fue asignada al Juzgado Duodécimo Pluripersonal, en donde se denuncia al expresidente Alejandro Giammattei, Keyla Gramajo y al exdirectivo del Inde, Melvin Quijivix.

“El fiscal ayer insistió en mencionar a la Segeplan cuando en realidad todo el tema de la captura de ayer era por la otra denuncia que hizo el Inde”, afirmó el secretario Mendoza.

“Nosotros pusimos una denuncia, no una querella y esta es una diferencia muy importante y para ello les recomiendo leer el Código Procesal Penal donde se explica en detalle cuál es la diferencia entre una querella y una denuncia y cuáles son las implicaciones de una o de la otra”, remarcó el Mendoza.

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Explicó que la denuncia de Segeplan fue presentada contra el expresidente de la República Alejandro Giammattei por “abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes”, y contra la exsecretaria Keila Gramajo por “abuso de autoridad, tráfico de influencias, pero también por peculado por sustracción, nombramientos ilegales, fraude y también por incumplimiento de deberes”, y contra Melvin Quijivix por “abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes”.

Sobre esa denuncia, según Mendoza, el Juzgado Duodécimo resolvió el 20 de febrero de 2025 que el Ministerio Público (MP) debía investigar a Gramajo y Quijivix, y la jueza Wendy Yanet Coloma Álvarez ordenó al ente investigador que continuara las investigaciones.

“Lo importante de esto es que es el estatus actual de esta denuncia que hizo Segeplan, como dije no fueron querellas, fueron denuncias tanto la que puso el Inde como la que puso Segeplan”, afirmó.

También rechazó que haya obstrucción en el proceso, afirmando que el MP no ha hecho mayores requerimientos tras una visita en enero pasado.

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“Nosotros no hemos sido requeridos por parte del Ministerio Público de información posterior a esta resolución. La única visita que recibimos por parte del MP fue el 8 de enero de este año por parte de un fiscal de la Feci llamado Marvin Ordóñez, quien llegó a informar que empezarían a solicitar información, sin que hasta el momento se haya recibido ninguna solicitud a Segeplan por parte del MP”, indicó Mendoza.

“Es falso que Segeplan no esté colaborando con la justicia. Nosotros fuimos los denunciantes y nosotros somos los primeros interesados en que el MP haga su trabajo, pero no vamos a permitir que desinformen respecto a nuestra disponibilidad a que se haga justicia, pero basados en la verdad”, recalcó.

La denuncia de Segeplan incluye documentación clave. “Todo el tema fue una carta que les mostramos cuando hicimos la denuncia, donde la exsecretaria pide la creación de la plaza y va con el visto bueno del expresidente, una plaza que solo sirvió para que este individuo fuera al Inde a hacer todos los actos de corrupción que se expresan y se documentan en la otra denuncia que hizo el Inde y que es la razón por la cual fue detenido él el día de ayer”.

Mendoza reiteró que el MP no puede alegar una resolución previa de noviembre 2024 para no investigar. “El Ministerio Público no se puede excusar en la resolución de noviembre para decir que no ha investigado nada, porque lo que vale ahorita es esta resolución y esta resolución le ordena la jueza al Ministerio Público que investigue a estos dos individuos”, explicó.

Además, Mendoza explicó que el MP mencionó un documento anterior de noviembre, que llamó “previo no resuelto”, como excusa para no avanzar, pero eso ya no tiene validez ni vigencia.

“Lo que vale ahorita es esta resolución”, dijo con relación a la resolución de la jueza en febrero.

También criticó que el MP pretenda delegar funciones que le competen. “Llama la atención, ¿verdad?, porque el ente investigador está trasladando la responsabilidad para averiguar la verdad a entidades que no tienen competencia para la persecución penal”, dijo.

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En su última intervención, Mendoza indicó que inicialmente “intentaron crear el puesto” y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) les dijo que no era posible.

“Volvieron a insistir, crearon un puesto a doc para él, y se los aprobó Onsec ¿por qué? Porque ya iba con el visto bueno del presidente, y entonces ahí Onsec lo aprobó. Pero este señor -Quijivix-, nunca llegó a trabajar”, culminó Mendoza.

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Presidenta del TSE admite contratación de 320 personas; hecho que origina una nueva investigación en la FECI

Fri, 27 Jun 2025 22:38:24 +0000

Guatemala

Presidenta del TSE admite contratación de 320 personas; hecho que origina una nueva investigación en la FECI

La denuncia está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Blanca Alfaro, que preside provisionalmente el TSE, pide que el próximo fiscal general elimine esa fiscalía.

Douglas Cuevas

27 de junio de 2025 | 16:38h

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta una nueva investigación por aparentes anomalías en 320 contrataciones que autorizó Blanca Alfaro, como presidenta en funciones del órgano electoral, según declaraciones ofrecidas por la propia funcionaria en una rueda de prensa este viernes 27 de junio.

Alfaro convocó al pleno de magistrados y a los representantes de los partidos políticos para celebrar una reunión de trabajo, en donde brindó detalles de la nueva investigación que, asegura, enfrenta el ente electoral.

Los antecedentes brindados por Alfaro señalan que uno de los sindicatos del TSE presentó una serie de reportes y denuncias que escalaron hasta el Ministerio Público (MP), lo que, a su criterio, ocasionó la captura de Angelita Martínez, líder de uno de los sindicatos del TSE y quien se desempeñaba como jefa de archivo.

Las 320 contrataciones debían ser autorizadas por el pleno de magistrados; sin embargo, en sus declaraciones, Alfaro manifestó que ella tomó la decisión cuando el pleno se encontraba desintegrado por una pugna entre ella y los magistrados suplentes, derivada de la forma en que asumió la presidencia en funciones del órgano electoral.

—¿Esa primera contratación la conoció el pleno? —Mi persona.
—¿Solamente usted? —Sí.
—¿Ese caso no debía ser discutido por el pleno? —Este tema venía desde febrero-marzo la convocatoria, recuérdese que nos volvimos a integrar hasta el 11 de abril, esas instrucciones ya se habían dado—, respondió Alfaro ante cuestionamientos de la prensa.

Esas 320 contrataciones forman parte de una nueva agenda del pleno de magistrados, ya que, al pasar dos meses de prueba, los trabajadores deberán ser confirmados en sus puestos o bien dados de baja, según lo decidan por mayoría las autoridades electorales.

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La investigación

La presidenta en funciones señaló que este caso comenzó con un proceso interno en el TSE, que posteriormente fue escalando. Incluso hubo una autoridad que desestimó los señalamientos, los cuales, según la magistrada titular, ahora son objeto de una investigación en la Feci.

“Fue un sindicato, la misma denuncia que existe en la FECI primero existió en una inspección del TSE, un problema entre dos sindicatos. Esa misma denuncia se presentó en el Ministerio de Trabajo, el cual la desestimó porque dijo que era un problema entre sindicatos”, explicó Alfaro.

La presidenta del TSE estima que la FECI actúa muy rápido ante los hechos denunciados y sugiere que es una conducta sospechosa: “Imagínese una investigación que en dos meses ya llega a un requerimiento de secuestro de documentos”, indicó.

Eliminar a la FECI

Durante el encuentro con los representantes de los partidos políticos, la magistrada presidenta criticó los rumores que circulan en los pasillos del TSE, los cuales apuntan a una investigación y a posibles órdenes de captura.

Incluso, esta semana el TSE fue notificado de un nuevo antejuicio contra Alfaro, del que la magistrada dijo desconocer detalles, debido a que “por salud mental” no había leído los documentos. Agregó que espera hacerlo la próxima semana.

Este nuevo antejuicio también es promovido por la Feci, que dirige el fiscal Rafael Curruchiche. Según Alfaro, dicha unidad ya no tiene razón de existir, por lo que sugirió al próximo fiscal general eliminarla.

“El próximo fiscal general debe terminar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, porque ya existe una fiscalía contra la corrupción, existe una fiscalía de delitos administrativos y debemos terminar con el mal recuerdo de una fiscalía que se ha dedicado a casos selectivos, principalmente a dañar el buen nombre de ustedes como partidos políticos y del Tribunal”, expresó Alfaro a los representantes de partidos, algunos excandidatos a puestos de elección popular.

El fiscal Curruchiche respondió a Alfaro con una crítica al criterio que utiliza para pedir el cierre de la mencionada fiscalía. “Al ser ella una funcionaria pública y sugerir que se cierre una fiscalía, es obstaculizar las investigaciones, -quiere- que no se sepa la verdad y procurarse o procurarles impunidad a sus afines”, dijo Curruchiche.

Alfaro mantiene la presidencia en funciones porque el magistrado titular, Gabriel Aguilera, a quien le corresponde la presidencia está separado del cargo por el proceso penal que enfrenta, por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que costó Q148 millones.

Esta decisión no fue compartida por los magistrados suplentes, quienes consideran que se obviaron algunos pasos para este trámite, entre ellos, conocer la situación ante el pleno, por lo que mantiene activa una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recurso por el cual esta semana se evacuaron algunos previos antes que los magistrados del OJ resuelvan la acción legal.

#Ahora | La presidenta del TSE, Blanca Alfaro arremete contra la Feci y dice que el próximo fiscal general del MP la debe desaparecer ya que ha hecho persecuciones “selectivas”. pic.twitter.com/kveKvzPjCK
— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) June 27, 2025

Presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dice que el próximo fiscal general debe “terminar” con la FECI y Curruchiche le responde

Fri, 27 Jun 2025 17:29:57 +0000

Justicia

Presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dice que el próximo fiscal general debe “terminar” con la FECI y Curruchiche le responde

Magistrada Blanca Alfaro arremete contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el fiscal Rafael Curruchiche le responde.

Óscar García, Douglas Cuevas y Henry Montenegro

27 de junio de 2025 | 11:29h

Blanca Alfaro, presidenta del TSE, en reunión con partidos políticos se refiere a la FECI. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, arremetió este viernes 27 de junio contra la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), durante una reunión con representantes de partidos políticos.

La funcionaria indicó que el próximo fiscal general del Ministerio Público (MP) debe desaparecer la FECI, ya que ha realizado persecuciones “selectivas”.

La declaración de Alfaro se da en medio de los argumentos del TSE sobre viajes para representantes de partidos políticos y por información de posibles investigaciones del MP en contra del Tribunal.

“Que consideramos, a título personal y con todo respeto, que el próximo fiscal general debe terminar con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, porque ya existe una fiscalía contra la corrupción, existe una fiscalía de delitos administrativos y debemos terminar con el mal recuerdo de una fiscalía que se ha dedicado a casos selectivos, principalmente a dañar el buen nombre de ustedes como partidos políticos y del Tribunal”, afirmó Alfaro.

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Añadió que con los partidos políticos han trabajado de la mano por la alternancia en el poder, ya que sin partidos políticos no puede haber binomios presidenciales.

El fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, respondió a Blanca Alfaro por sugerir el cierre de su fiscalía.

“Al ser ella una funcionaria pública y sugerir que se cierre una fiscalía, es obstaculizar las investigaciones, que no se sepa la verdad y procurarse o procurarles impunidad a sus afines”, afirmó.

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MP investiga a la Junta Electoral del Distrito Central por el conteo de votos de 2023

Thu, 26 Jun 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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MP investiga a la Junta Electoral del Distrito Central por el conteo de votos de 2023

El Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público (MP) informó que el expediente está bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Douglas Cuevas

26 de junio de 2025 | 00:05h

La expresidenta del TSE, Irma Palencia, junto a integrantes de la Junta Electoral del Distrito Central durante las votaciones de primera vuelta del 25 de junio de 2023. Fotografía: Prensa Libre.

El Ministerio Público investiga a la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC) a partir de una denuncia que presentó un excandidato a diputado por el Partido Republicano.

El Departamento de Comunicación Social del MP confirmó el caso contra una de las juntas electorales que participó en las Elecciones Generales de 2023, aunque sin profundizar en el estado de la investigación.

Partidos políticos plantearon dudas en torno a al desempeño de la JEDC y la Junta Electoral Departamental de Guatemala (JEDG) porque anunciaron que realizarían dos conteos de los votos durante la primera vuelta electoral.

También se cuestionó la intención de contratar una herramienta informática adicional al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Esa herramienta, exclusiva para las juntas electorales, se adquirió con la empresa Sega. La compra del sistema también se menciona en la denuncia, detalló la unidad de comunicación del MP.

Las autoridades del ente investigador no revelaron el nombre de la persona que presentó los señalamientos, pero explicaron que el caso fue asignado a la FECI.

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Los supuestos hechos

La denuncia se basa en declaraciones de la JEDC a medios de comunicación, en las cuales “expresan que se llevarán a cabo dos conteos de votos el día 25 de junio de 2023, uno en el centro de votación y el segundo en el centro de monitoreo del Parque de la Industria”. El denunciante consideró el hecho como una violación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, según el documento.

Además, señala que la JEDC contrató los servicios de una empresa externa. “Se denuncia el hecho de la adquisición de un software independiente para la JEDC”, herramienta adicional al sistema TREP, “duplicando el gasto y no velando por el patrimonio del erario nacional, usurpando funciones, incumpliendo deberes y poniendo en riesgo la decisión del pueblo de Guatemala y su democracia a través del voto”, afirma la denuncia.

Rechaza señalamiento

José Murua, quien presidió la JEDC, rechazó los señalamientos contenidos en la denuncia. Afirmó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos es clara al establecer que son los voluntarios quienes llevan a cabo el conteo de votos y no un sistema informático.

“El doble conteo que se oficializó en todo el país fue de conocimiento público. No había un doble conteo de una empresa privada. Recuerde que los votos están todo el tiempo en poder del TSE, así que no hay forma de que una empresa privada haga un conteo por su parte”, explicó.

La JEDC informó mediante un comunicado, el 29 de junio de 2023, que canceló el contrato suscrito con la empresa Sega, debido a una serie de inconvenientes detectados durante la primera vuelta.

#ComunicadoJEDC
La Junta Electoral de Distrito Central informa a la población en general:#EleccionesGT2023 #JEDC2023 #TuVotoCuenta pic.twitter.com/WYUpDHAtGp
— Junta Electoral Distrito Central (@JEDCGuate) June 30, 2023

Murua agregó: “La JEDC ya no los utilizó. Además, la información (de la denuncia) es equivocada. Los servicios de esa empresa no eran para contar votos. Lo que ofrecían era monitoreo y control, o sea, no tenían nada que ver con el conteo”.

El expresidente de la JEDC aseguró que no ha sido notificado de ningún tipo de investigación. Recordó que ese órgano no tiene una sede física, ya que su funcionamiento fue exclusivo para el evento electoral.

Murua subrayó que cualquier persona es libre de presentar denuncias, pero recordó que la ley establece el conteo de votos validado por voluntarios.

“Suponiendo que ocurriera una situación como la que usted me comenta, es imposible porque las actas se elaboran en las mesas de votación. Es decir, no puede haber otro conteo distinto al que se consigna en las actas de las mesas”.

El exfuncionario destacó que el sistema electoral de Guatemala ha funcionado y calificó como erróneo denunciar un supuesto doble conteo.

“Este procedimiento electoral lleva más de 20 años en funcionamiento. Alguien que comente algo sin conocimiento brindará información equivocada y confundirá a la población, porque no existe más que la ley, que ha sido utilizada durante más de 20 años de la misma forma”, concluyó.

Se intentó obtener una postura de la empresa Sega, mencionada en la denuncia. Sin embargo, al llamar a su número telefónico, un operador explicó que no podía comunicar con el área de comunicación o relaciones públicas. Añadió que la única vía de contacto era mediante correo electrónico, al cual se enviaron consultas. Al cierre de esta nota, no se había obtenido respuesta.

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Improvisaron

Durante el proceso electoral de 2023, organizaciones sociales cuestionaron la decisión del TSE de depurar a la mayoría de integrantes de las Juntas Electorales Departamentales, al considerar que la falta de personas con experiencia podía representar un problema para dichos órganos.

Pedro Cruz, integrante de Primero Guatemala y miembro de Foro Guatemala, destacó que las investigaciones permitirán demostrar que el proceso electoral fue sólido. Señaló que la custodia de los voluntarios fue clave para proteger los sufragios.

“Hay un procedimiento establecido en la ley. Todo lo que contribuya a la transparencia del proceso suma para dar credibilidad a las elecciones. Es importante recordar que los sistemas son una herramienta para proyectar resultados preliminares, pero los resultados finales se generan con la suma de las actas de las juntas”.

Sin embargo, Cruz criticó que la renovación de las juntas pasó factura, ya que muchas, por inexperiencia, tomaron decisiones erróneas que generaron críticas y desgaste.

“Desafortunadamente, las juntas fueron debilitadas por la inexperiencia de sus integrantes y la falta de capacidad para resolver y atender los problemas. Estos antecedentes deben servir para evitar que se repitan en el próximo proceso electoral”, expresó.

La JEDC defendió ante organizaciones sociales, medios de comunicación y partidos políticos la contratación del sistema Sega. No obstante, tras la primera vuelta electoral, reconoció que la herramienta no era necesaria y canceló el contrato.

Jefa de la unidad de archivo del TSE que denunció fraude electoral y ahora enfrenta cargos, aseguró que es represalia del MP

Tue, 17 Jun 2025 21:09:27 +0000

Guatemala

Jefa de la unidad de archivo del TSE que denunció fraude electoral y ahora enfrenta cargos, aseguró que es represalia del MP

Tras ser capturada por la FECI, Angelita Martínez, jefa de Archivo del TSE, aseguró que su detención es una represalia por parte del Ministerio Público, luego de haberse negado a continuar como testigo protegido en una denuncia por presunto fraude electoral.

Carlos Gómez

17 de junio de 2025 | 15:09h

Las diligencias del caso en contra de Angelita Martínez, jefa de la Unidad de Archivo del TSE están a cargo del juzgado séptimo de instancia penal. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Luego de varios allanamientos realizados la mañana del 17 de junio por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), fue capturada Angelita Carolina Martínez Rodas, jefa de la Unidad del Archivo General del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien fue detenida en su residencia en la zona 3 capitalina.

A su llegada a la Torre de Tribunales, la trabajadora del ente electoral afirmó que el MP la acusa de abuso de autoridad de forma continuada y usurpación de deberes. Sin embargo, Martínez asegura que su captura es una represalia por parte del ente investigador, ya que se negó a continuar como testigo protegido. Esto, como parte de una denuncia por fraude electoral que ella interpuso ante el Ministerio Público.

“Ya no vine a declarar con el juez Orellana. Yo creo que a eso me traen, obligándome a seguir declarando todo esto, ¿verdad? Lo que en su momento vine y fui parte del testigo protegido. Es una represalia, porque en mis años de laborar en el Tribunal Supremo Electoral nunca he tenido ningún conflicto”, afirmó Martínez.

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Amenazas de muerte

Angelita Martínez aseguró que interpuso ante la FECI una denuncia por fraude electoral, motivo por el cual declaró como testigo protegido durante varios meses. Sin embargo, afirmó que fue víctima de amenazas de muerte, razón por la cual dejó de brindar sus declaraciones.

“Yo me imagino que es represalia. Yo era testigo protegido y me rehusé porque me amenazaron de muerte y me rehusé en declarar. Ellos saben que yo tenía amenazas de muerte y me dijeron que en lo que podían ayudarme era irme a dejar a un lugar en donde ni mi familia supiera dónde estaba”, aseguró Martínez.

Sobre el tiempo en que fue testigo protegido de la FECI, afirmó que esto fue durante los meses de junio, julio y agosto de 2023. Además aseguró que otro motivo por el que dejó de brindar sus declaraciones como “testigo protegido” fue que la FECI no le brindó ninguna garantía para resguardar su seguridad.

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Anomalías en su nombramiento

En cuanto al motivo de su captura, Martínez, quien también es secretaria general del Sindicato de Trabajadores del TSE, indicó que se le acusa de usurpación de deberes, debido a supuestas anomalías en su nombramiento como jefa de la Unidad de Archivo.

Aseguró que en ningún momento se le hizo alguna citación ni se le notificó por parte del juzgado para que se presentara a declarar o conocer los motivos de la orden de captura en su contra.

Respecto del nombramiento de Martínez al frente de la unidad de archivo, la presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, quien acudió a la Torre de Tribunales para expresarle su apoyo, afirmó que su nombramiento se hizo acatando una orden judicial.

“Pues esa fue una orden de juez competente en donde se nos dictó darle posesión del cargo de jefe del Archivo. También se ha buscado —por el MP— un oficio sobre un voto razonado. No existe ningún voto razonado en los registros del Tribunal Supremo Electoral en el que se manifieste alguna posición contraria a la orden que nos dio el juez en su momento”, afirmó Alfaro.

La presidenta del TSE indicó que durante el allanamiento en la unidad de Recursos Humanos del tribunal, el MP buscaba el expediente de Martínez. Sin embargo, este ya se encontraba en la fiscalía desde hacía dos semanas, por lo que se levantó el acta administrativa donde consta dicha acción.

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Padece cáncer

Por su parte, Dulce Gabriela Martínez Rodas, hija de la detenida, afirmó que la captura fue injusta, ya que no se le notificó ni se le citó para comparecer ante el juzgado. También aseguró que su madre padece de cáncer, por lo que responsabiliza al Ministerio Público de cualquier situación que afecte su salud.

“La detuvieron injustamente y quiero hacer responsable directamente al Ministerio Público si algo le llega a pasar a mi madre. ¿Por qué motivo? Porque ella tiene cáncer. Entonces, esa es una manera muy injusta: fueron a la casa, botaron las puertas, lo cual no considero correcto, ya que cada delito lleva su proceso. Ella no es ninguna criminal y no se estuvo escondiendo de nada”, puntualizó Gabriela Martínez, quien reiteró que en ningún momento se le citó para llegar a algún acuerdo o notificarle sobre alguna acusación.

La audiencia de primera declaración de Angelita Martínez, fue programada para este 18 de junio por parte del juzgado séptimo de instancia penal.

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No es testigo protegido

Sobre las declaraciones hechas por Martínez en donde asegura que fue “testigo protegido”, la fiscal Leonor Morales afirma que la acusada en ningún momento fue aceptada como testigo protegido en el caso Corrupción Semilla.

Por su parte el juez Fredy Orellana también cuestionó las declaraciones de la detenida dadas a la prensa y resolvió que permanezca en la carceleta de la Torre de Tribunales hasta la audiencia de primera declaración.

Orellana también aclaró que dentro del expediente del caso ninguna persona figura como testigo protegido.

Allanan Recursos Humanos del TSE y reportan una captura en nuevo caso bajo investigación

Tue, 17 Jun 2025 13:33:23 +0000

Justicia

Allanan Recursos Humanos del TSE y reportan una captura en nuevo caso bajo investigación

El MP realiza diligencias en la sede del TSE y en la zona 3, como parte de un nuevo caso en investigación.

Óscar García y Douglas Cuevas

17 de junio de 2025 | 07:33h

Investigadores en diligencia en sede del TSE en la zona 2 de la capital.(Foto Prensa Libre: Cortesía)

El Ministerio Público (MP) informó que, en seguimiento a un nuevo caso bajo investigación, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desarrolla diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), zona 2 de la capital.

Además, realiza una diligencia en la zona 3 de la ciudad de Guatemala para hacer efectiva una orden de aprehensión.

El ente investigador indicó que la persona capturada en ese sector fue jefa de archivo y líder sindical del TSE.

Se trata de Angelita “N”, quien fue trasladada a Torre de Tribunales, según confirmó el MP.

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Las diligencias continúan, y se espera que el Ministerio Público brinde más detalles para conocer con precisión el caso que se investiga.

Para leer más: Feci allana nuevamente la sede del TSE en busca de actas de votaciones bajo fuerte despliegue policial

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, informó que derivado de los allanamientos en el TSE está cerrado el paso en la 1a calle y 6a avenida, zona 2.

Añadió que como vía alterna se puede circular en la 2a calle zona 1 o 4a calle zona 2.

Alexander Velázquez, secretario general del TSE, informó que la FECI llegó en busca del expediente laboral de una trabajadora, el cual no está en poder del TSE porque ya había sido secuestrado por otra fiscalía.

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Dijo que desconoce en qué caso es el motivo del allanamiento.

Angelita “N” en declaraciones a la prensa en Torre de Tribunales indicó que hizo denuncias en el transcurso del “fraude” electoral. Sin dar más detalles indicó que tiene que demostrar que lo que están haciendo con ella es “represalia”.

Dijo que junto a otra sindicalista supuestamente eran testigos protegidos y que la han amenazado de muerte, por lo que se ha rehusado a seguir declarando.

Afirmó que la señalan de abuso de autoridad y otros dos supuestos delitos.

Indicó que unos 20 policías ingresaron a su vivienda para capturarla.

Agregó que era testigo protegido de la FECI en el caso “Fraude electoral” y no siguió con sus declaraciones, lo que habría derivado en su captura, que habría sido ordenada por el juez Fredy Orellana.

2025: 168 días de trabajo fuerte y firme

Allanamientos
En seguimiento a un caso en investigación, la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en la Dirección de Recursos Humanos del… pic.twitter.com/6iG30SoSy4
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 17, 2025

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Con información de Leslie Sánchez y Elmer Vargas

Sala gira orden de captura contra exfiscal Virginia Laparra y es declarada en rebeldía

Thu, 05 Jun 2025 18:10:01 +0000

Justicia

Sala gira orden de captura contra exfiscal Virginia Laparra y es declarada en rebeldía

La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango declaró este 5 de junio en rebeldía a la exfiscal Virginia Laparra y emitió una orden de captura en su contra.

Pavel Arellano y Lucero Sapalú

5 de junio de 2025 | 12:10h

Una sala emitió orden de captura en contra de la exfiscal Virginia Laparra, además de declararla en rebeldía. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Este 5 de junio una Sala declaró en rebeldía a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra, además de emitir una orden de captura en su contra.

La resolución fue hecha por magistrados de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango.

Laparra salió al exilio a mediados de 2024, luego de ser condenada a cinco años de prisión conmutables, por el delito de revelación de información reservada.

En su momento, Laparra afirmó que salió al exilio para “preservar su vida”. La exfiscal estaba bajo arresto domiciliario y con prohibición de salir de Guatemala.

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“Preservar mi vida”

Tras la resolución de la Sala, Laparra emitió su pronunciamiento en un comunicado escrito, y señaló que esta decisión “confirma el colapso del sistema de justicia en Guatemala“.

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“Esta nueva persecución judicial es un claro acto de represalia por mi labor como fiscal en, donde cumplí con mi deber de investigar hechos de corrupción profundamente arraigados en las estructuras del Estado“, dijo Laparra en su escrito.

Condena

Laparra fue condenada el pasado 8 de julio de 2024 por el Tribunal Segundo de Sentencia de Quetzaltenango, además de que se le impuso una multa de Q50 y fue inhabilitada para ejercer su profesión como abogada por cinco años.

Se trata de la segunda condena que recibió Laparra. La primera fue el pasado 16 de diciembre de 2022, cuando fue acusada de denunciar a un juez sin presuntamente poseer atribuciones para hacerlo y fue condenada a dos años de prisión.

“Nadie debe sufrir lo que se me forzó a enfrentar en los últimos tiempos. Estuve detenida arbitrariamente por dos años en los que se me trató de forma inhumana“, agregó Laparra en su carta publicada en la red social X.

Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

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Iván Velásquez y Luz Camargo, de defensores de la justicia a señalados: El giro que el MP da al caso Odebrecht

Wed, 04 Jun 2025 02:12:37 +0000

justicia

Iván Velásquez y Luz Camargo, de defensores de la justicia a señalados: El giro que el MP da al caso Odebrecht

Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón enfrentan órdenes de arresto en Guatemala por el caso Odebrecht, debido a presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.

Glenda Burrión

3 de junio de 2025 | 20:12h

Iván Velásquez y Luz Camargo, exintegrantes de la CICIG, fueron señalados por Rafael Curruchice, jefe de la Feci, de liderar una presunta red criminal en el caso Odebrecht, marcando un giro inesperado en uno de los mayores escándalos de corrupción en la región. (Foto Prensa Libre: AFP)

El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Guatemala, al revelarse en diciembre del 2016 el supuesto pago de sobornos millonarios a funcionarios para asegurar contratos de infraestructura.

En ese entonces, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) implicó a altos exfuncionarios del gobierno en funciones entre el 2012 y 2015.

A continuación, se describe el origen del caso, cómo se desarrolló la investigación y por qué el Ministerio Público (MP) solicitó estas órdenes de captura.

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Origen del caso Odebrecht

El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público que la constructora brasileña Odebrecht había pagado un total de US$788 millones en sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica para asegurar contratos de obras públicas.

En Guatemala, la investigación estableció que entre el 2013 y 2015 la empresa presuntamente entregó alrededor de US$18 millones en sobornos a altos funcionarios, a cambio de la adjudicación y ejecución de proyectos viales.

Según la Contraloría General de Cuentas, un examen especial de auditoría detectó indicios de posibles ilícitos en el contrato otorgado a Constructora Norberto Odebrecht, S. A. para la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente (tramo Cocales–Coatepeque). Dicha auditoría derivó en una denuncia formalizada ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), inscrita bajo el expediente No. M001/2016/64326.

Desarrollo de la investigación en Guatemala

En el 2012, Alejandro Sinibaldi asumió como ministro de Comunicaciones. A finales de ese año, adjudicó y firmó el contrato con Odebrecht para la ampliación de la CA-2 Occidente (tramo Cocales–Coatepeque). De acuerdo con la Cicig, en diciembre de 2013 Sinibaldi sostuvo la primera reunión con representantes de Odebrecht en Guatemala para acordar los términos de los sobornos.

Desembolsos ilícitos (2013–2015)
Durante el 2013 y 2015, la investigación reveló que Odebrecht habría hecho los pagos ilícitos a través de cuentas bancarias, beneficiando a Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Carlos Arturo Batres Gil.

Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, habría recibido alrededor de US$19.7 millones en sobornos.
Manuel Baldizón, expresidenciable, habría recibido cerca de US$3 millones, aunque la CICIG señala que solo obtuvo el 50% de esa cifra.
Carlos Arturo Batres Gil, empresario e intermediario, recibió aproximadamente Q4.9 millones.

Acuerdo de colaboración eficaz
En el 2017, Odebrecht acordó con el MP y la Cicig el pago de US$17.9 millones como reparación a favor del Estado guatemalteco, el mismo monto utilizado en sobornos.

Además, la empresa se comprometió a devolver los materiales adquiridos para la obra y a ofrecer una disculpa pública.

Este acuerdo fue firmado en Brasil por Juan Francisco Sandoval sin contar con la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

Primeros acusados y órdenes de captura (2018–2022)

Desde el 2018, bajo la dirección de la exfiscal general Telma Aldana y el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, el Ministerio Público emitió varias órdenes de aprehensión contra los principales implicados en la red de sobornos:

Alejandro Sinibaldi
Exministro de Comunicaciones, acusado de recibir más de US$19.7 millones en sobornos. Permaneció prófugo entre 2016 y 2020, año en que se entregó voluntariamente. En el 2023, la investigación en su contra fue cerrada sin llegar a juicio, y en el 2024 la jueza Abelina Cruz lo aceptó como querellante contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval.
Manuel Baldizón
Expresidenciable acusado de recibir US$3 millones en sobornos. Fue capturado y deportado a Guatemala en el 2022. En el 2024, la jueza Abelina Cruz lo eximió de responsabilidad y lo aceptó como querellante contra Sandoval.
Carlos Arturo Batres Gil. Empresario presunto intermediario en la red de sobornos. La Feci determinó que Batres Gil recibió Q 4.9 millones. En el 2022, la exjueza Erika Aifán lo envió a juicio; sin embargo, en el 2024 la jueza Abelina Cruz anuló el proceso, devolviendo el caso a etapa intermedia y reduciendo la fianza de Q 5 millones a Q 1 millón, lo que permitió su liberación.

Órdenes de captura emitidas en el 2023

Con la administración del MP a cargo de Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se giraron nuevas órdenes en el 2023 contra exfuncionarios que autorizaron acuerdos de colaboración para que exdirectivos de Odebrecht dieran declaraciones desde Brasil en septiembre del 2017.

Los delitos imputados fueron obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Entre los señalados destacan:

Juan Pablo Carrasco de Groote
Abogado, expresidente de AmCham, exasesor legal de Odebrecht y cónsul honorario de un país de la Unión Europea.

Thelma Esperanza Aldana Hernández
Exfiscal general del Ministerio Público.

Mayra Johana Véliz López
Exsecretaria general del MP.

Luis David Gaitán Arana
Exmandatario de la Cicig.

Órdenes de captura y citaciones de mayo del 2025

El 2 de junio del 2025, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones hizo efectiva la orden de captura para:

Iván Velásquez Gómez
Excomisionado de la CICIG y actualmente embajador de Colombia ante el Vaticano, señalado como presunto líder de la estructura criminal que autorizó acuerdos ilegales.

Luz Adriana Camargo Garzón
Fiscal general de Colombia, acusada de participar en la misma estructura criminal.

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, informó que la Corte también decretó la rebeldía judicial y ordenó la captura contra:

Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general del MP.

Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del MP.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, acusado de abuso de autoridad, usurpación de funciones y encubrimiento.

Adicionalmente, se giraron citaciones para un grupo de exfuncionarios, implicados por asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero, entre ellos:

Eva Xiomara Sosa Pérez, citada por los mismos delitos relacionados con la red de la Cicig.

Florencio Damacio Reyes

Enrique Cuc

Arturo Abimael Herrera

Antonio Caal

Haroldo Uriel Martínez y

Gustavo Enrique Hernández Gil.

El MP también comunicó la captura de Roberto “N”, procesado por asociación ilícita y falsedad ideológica.

Su audiencia de control de detención se llevó a cabo en el Juzgado correspondiente, donde la jueza determinó enviarlo a prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala, a la espera de su audiencia de primera declaración programada para el 16 de mayo del 2025.

Razones para las órdenes de arresto contra Ivan Velázques y Luz Camargo

En un video publicado, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, explicó que tanto Iván Velásquez Gómez como Luz Adriana Camargo Garzón habrían participado en una estructura criminal dentro del Ministerio Público.

Según Curruchiche, ambos funcionarios conocían y permitieron la firma de acuerdos ilegales con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, lo cual motivó la solicitud de las órdenes de arresto.

“El señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa”, aseguró Curruchiche durante una entrevista con BluRadio Colombia, señalando que Velásquez podría haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

El fiscal guatemalteco agregó que, a partir de correos electrónicos y declaraciones de testigos colaboradores, se comprobó la existencia de una estructura criminal en la Feci. De acuerdo con la investigación, Velásquez y Camargo estaban al tanto de los pactos con Odebrecht y facilitaron su ejecución sin apego a la normativa nacional.

“Tenemos indicios sólidos y contundentes que nos permiten establecer la responsabilidad de Iván Velásquez Gómez en los hechos penales que estamos investigando en Guatemala”, concluyó Curruchiche.

Implicaciones y reacción institucional

Frente a las recientes órdenes de captura, las reacciones institucionales fueron inmediatas y variadas, destacándose entre ellas:

Sobre la Sala Tercera de Apelaciones
La sala que autorizó las órdenes de captura está conformada por los magistrados Alejandro Prado Estrada (presidente), Ingrid Vanessa García Vásquez (Vocal I) y Mario Federico Hernández (Vocal II).

Esta misma instancia ha cuestionado decisiones previas, como la anulación del arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora en marzo del 2025.

Y la que revocó una resolución que permitía a magistrados del Tribunal Supremo Electoral ejercer funciones pese a estar inhabilitados por investigaciones (enero del 2025).

Repercusiones políticas y diplomáticas

El Gobierno de Guatemala rechazó, mediante un comunicado, las capturas giradas en contra de Iván Velásquez y Luz Camargo, indica que estas medidas carecen de sustento legal.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, consideró la medida como una persecución política contra funcionarios que, en su opinión, cumplían funciones de combate a la corrupción.

Posición de la Cicig y organismos internacionales
Diversos organismos de derechos humanos han expresado preocupación, señalando que estas acciones podrían representar una retaliación contra quienes participaron en la lucha anticorrupción en Guatemala.

Se estima que la credibilidad de la cooperación internacional en materia de investigación de corrupción se verá afectada si no se garantiza el debido proceso.

La Feci señala que la Cicig se extralimitó en sus funciones en el caso Odebrecht y otros

Tue, 03 Jun 2025 19:37:50 +0000

Justicia

La Feci señala que la Cicig se extralimitó en sus funciones en el caso Odebrecht y otros

El fiscal Rafael Curruchiche da algunos detalles del caso en el que estarían implicados Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.

Óscar García

3 de junio de 2025 | 13:37h

El fiscal Rafael Curruchiche se refiere al caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad (fase del caso Odebrecht). (Foto Prensa Libre: captura del video del MP)

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en un video transmitido por el Ministerio Público (MP) este martes 3 de junio, dio algunos detalles del caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad (fase del caso Odebrecht).

Según el fiscal, en esta fase están involucrados exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del MP de la administración anterior.

Entre los señalados mencionó a Iván Velásquez Gómez, exjefe de la Cicig, y a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, contra quienes hay orden de captura por supuestos delitos en el caso Odebrecht.

Estos exfuncionarios de la Cicig y del Ministerio Público anterior —afirmó el fiscal— “vendieron, archivaron y eliminaron expedientes vinculados a personajes clave de la red Odebrecht, no por falta de pruebas, sino como parte de negociaciones oscuras, corruptas e ilegales en las que exigían dinero o favores a cambio de impunidad”.

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De acuerdo con Curruchiche, cuando los exfuncionarios de ambas instituciones no recibían lo que pedían, “ellos mismos fabricaban casos penales, muchas veces de contenido político, para encarcelar, desacreditar o inhabilitar a quienes no se sometían a sus exigencias”

“Primero extorsionaban y luego judicializaban los casos con fines de persecución selectiva”, dijo el funcionario.

Señaló complicidad entre Velásquez, la exfiscal general Thelma Aldana y el exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval Alfaro, entre otros.

Afirmó que, según la investigación, hubo eliminación sistemática de expedientes en casos de alto impacto, entre estos el caso Odebrecht.

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Indicó que el 18 de diciembre de 2018, Ricardo Méndez Ruiz denunció supuestas negociaciones ilícitas con la constructora Norberto Odebrecht en Brasil.

Curruchiche señaló que la Cicig se extralimitó en sus funciones al negociar procesos de colaborador eficaz en el caso Odebrecht, cuando no era de su competencia. Los acuerdos fueron negociados con cuatro personas.

También leyó una serie de correos en los que Camargo y Velásquez, junto a otros exfuncionarios, se habrían reunido en la sede de la Cicig para negociar los acuerdos.

Mencionó el acuerdo entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en su artículo 10, que se refiere a privilegios e inmunidades.

Según Curruchiche, Velásquez gozaba de inmunidad “siempre y cuando adecuara su actuar al mandato que se le había otorgado en su momento”.

Recordó que se firmó un convenio de cooperación bilateral entre el MP y la Cicig, el cual establecía los límites de ambos.

ONU reitera que Velásquez y Camargo gozan de inmunidad tras orden de captura en Guatemala

Tue, 03 Jun 2025 19:08:14 +0000

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró este martes que los abogados colombianos Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez, contra los que la Fiscalía de Guatemala ha emitido una orden de detención, gozan de inmunidad en lo relativo a su papel en la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

“(Guterres) reitera que el personal internacional de la Comisión, en virtud del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, goza de inmunidad frente a los procesos judiciales con respecto a los actos realizados en el desempeño de su misión“, indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Dujarric insistió en que esta inmunidad continúa incluso después de finalizado su trabajo con la Comisión y recordó que el Gobierno de Guatemala se comprometió a proteger al personal de la misma “de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación”.

Además, trasladó que Guterres expresa su preocupación por las numerosas denuncias que apuntan a que se está persiguiendo penalmente “a quienes pretendían arrojar luz sobre los casos de corrupción y trabajar para fortalecer el Estado de derecho y el sistema de justicia de Guatemala”.

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado.

Mientras que Velásquez fue también ministro de Defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora se desempeña como embajador de Colombia ante El Vaticano, Camargo es la actual fiscal general de Colombia.

La orden de detención fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial y obedece a supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht, según detallaron medios locales.

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Gustavo Petro dice que la Fiscalía de Guatemala “obedece al crimen” tras la orden de captura contra Velásquez y Camargo

Tue, 03 Jun 2025 13:51:28 +0000

Justicia

Gustavo Petro dice que la Fiscalía de Guatemala “obedece al crimen” tras la orden de captura contra Velásquez y Camargo

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se pronunció por las órdenes de captura contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.

Óscar García y Redacción EFE

3 de junio de 2025 | 07:51h

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un evento en el Palacio Presidencial de Nariño en Bogotá. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes 3 de junio que la Fiscalía de Guatemala “obedece al crimen”, luego de que la justicia de ese país emitiera una orden de detención contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez.

Petro hizo el comentario al referirse a las denuncias contra los dos funcionarios por supuestas irregularidades durante su trabajo hace unos años en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y comparó la situación con la supuesta persecución de que fue objeto por el exfiscal general colombiano Francisco Barbosa y con el caso del expresidente peruano Pedro Castillo.

“La Fiscalía de Guatemala como la Fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, manifestó Petro en su cuenta de X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia afirmó el lunes que la orden de captura de una corte de Guatemala contra la fiscal general del país andino y un exministro de Defensa “carece de sustento jurídico” y “constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.

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“Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino también vulnera derechos humanos fundamentales”, denunció la Cancillería a través de un comunicado.

El Gobierno expresó así su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco de ordenar la captura de la fiscal Luz Adriana Camargo, y del exministro Iván Velásquez, por supuestas irregularidades durante su trabajo en la Cicig.

Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, Velásquez, cuando estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), ordenó la captura de ambas personas a quienes se les señala de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en el caso Odebrecht, informó el lunes 2 de junio la Fiscalía.

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Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos… https://t.co/rl9lGlaQBJ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2025

2025: 153 días de trabajo fuerte y firme

El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se refiere a nuevas acciones judiciales solicitadas por la fiscalía, en el #CasoOdebrecht.#MPfuerteYfirme #FECI pic.twitter.com/vk4ikOTj6Q
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2025

¿De qué acusa Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, a Iván Velásquez en el caso Odebrecht?

Tue, 03 Jun 2025 02:54:56 +0000

justicia

¿De qué acusa Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, a Iván Velásquez en el caso Odebrecht?

El fiscal confirma orden de captura contra exjefe de la Cicig por presunta participación en red criminal vinculada al caso Odebrecht en Guatemala.

Glenda Burrión

2 de junio de 2025 | 20:54h

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, anuncia la orden de captura contra Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, por el caso Odebrecht en Guatemala. (Foto, Prensa Libre)

El caso Odebrecht en Guatemala ha entrado en una nueva etapa. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), confirmó orden de captura contra Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la Cicig, y seis personas más.

El exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es señalado por el Ministerio Público (MP) de “encabezar una supuesta red criminal” vinculada a los acuerdos ilegales con la constructora brasileña Odebrecht.

Curruchiche no amplió detalles de quiénes son las personas citadas y contra quiénes hay orden de captura, solo indico que hay seis órdenes de captura.

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¿Desde cuándo investiga el MP a Iván Velásquez en Guatemala?

Las acciones legales en contra de Iván Velásquez iniciaron formalmente en enero del 2023, cuando Curruchiche anunció que se investigaba al excomisionado de la Cicig por su participación en los acuerdos de colaboración eficaz firmados con representantes de Odebrecht durante su gestión.

“El señor Iván Velásquez Gómez, junto con Juan Francisco Sandoval, permitió que se firmaran acuerdos ilegales en nombre del Estado guatemalteco sin seguir los procedimientos establecidos por la ley”, declaró Curruchiche en ese momento.

Desde entonces, el MP ha planteado que tanto Velásquez como Sandoval habrían actuado “con conocimiento de que los acuerdos estaban viciados, favoreciendo a ciertos actores a cambio de beneficios judiciales y sin perseguir a los principales responsables del desfalco”.

En un video publicado por el MP en mayo del 2025, el fiscal Curruchiche afirmó: “Se descubrió la creación y uso de empresas de cartón para canalizar fondos utilizados por la constructora brasileña Odebrecht con el objetivo de sobornar a funcionarios guatemaltecos.”

Y agregó: “Iván Velásquez y Juan Francisco Sandoval encabezaron una estructura criminal que permitió uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Guatemala.”

También detalló que los acuerdos de colaboración eficaz firmados entre el 2017 y 2018 habrían sido ilegales, por lo que fueron anulados por la Sala Segunda de Apelaciones en el 2022.

Acusaciones directas

“El señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa”, aseguró Curruchiche durante una entrevista con BluRadio Colombia, en la que indicó que Velásquez pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

El fiscal guatemalteco explicó que la investigación reveló, a través de correos electrónicos y declaraciones de testigos colaboradores, que existía una estructura criminal dentro del MP y que el excomisionado habría tenido conocimiento e intervención en los acuerdos ilegales firmados con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht.

“Tenemos indicios sólidos, contundentes, que nos hacen prever y establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tiene responsabilidad en los hechos penales que nosotros estamos investigando aquí en Guatemala”, afirmó Curruchiche.

¿Recibió dinero? No, pero tenía conocimiento, según el MP

En el año 2023, en una entrevista por un medio colombiano, le preguntaron a Curruchiche si Velásquez recibió sobornos o dinero directamente de Odebrecht, a lo que el jefe de la Feci respondió que hasta el momento no se ha establecido ningún pago hacia él.

Sin embargo, el jefe de la Feci dijo que Velasquez “tenía conocimiento de toda esta negociación, de los montos que se iban a pagar al Estado de Guatemala y de los beneficios a la empresa Odebrecht y a los colaboradores brasileños”.

El fiscal también cuestionó la participación de Luz Adriana Camargo en un viaje a Brasil, asegurando que “no tenía competencia” para firmar ningún acuerdo, ya que esa labor le correspondía únicamente al Ministerio Público guatemalteco.

¿Por qué se anularon los acuerdos con Odebrecht?

Según el MP, los acuerdos presentaban irregularidades como:

El poder legal de Odebrecht no era válido en Guatemala.

Juan Francisco Sandoval actuó como fiscal en Brasil sin autorización legal.

La jueza no fundamentó adecuadamente la homologación.

Los documentos contenían falsedad ideológica.

El abogado defensor no tenía autorización para ejercer en Brasil.

“Las firmas de los acuerdos, los fiscales que los autorizaron y el abogado defensor serán investigados penalmente”, indicó Curruchiche.

Órdenes de captura del caso Odebrecht en Guatemala

Desde el 2018, el Ministerio Público (MP) ha girado múltiples órdenes de aprehensión contra actores clave en el caso Odebrecht, una de las investigaciones por corrupción más importantes del país.

A continuación, se detallan los nombres y cargos de las personas requeridas por la justicia:

Órdenes previas (2018-2022):

Alejandro Sinibaldi
Exministro de Comunicaciones. Acusado de recibir sobornos por más de US$19.7 millones. Capturado en el 2020. Investigación cerrada en el 2023, sin enfrentar juicio.

Manuel Baldizón
Expresidenciable. Acusado de recibir US$3 millones. Capturado y deportado a Guatemala en el 2022. Quedó libre en el año 2024.

Carlos Arturo Batres Gil
Empresario guatemalteco, presunto intermediario en la red de sobornos.

Representantes de Odebrecht
Firmaron acuerdos de colaboración señalados después de ser ilegales en Guatemala.

Órdenes de captura emitidas en el 2023:

Juan Pablo Carrasco de Groote
Abogado, expresidente de AmCham, exasesor legal de Odebrecht y cónsul honorario de un país de la Unión Europea.

Thelma Esperanza Aldana Hernández
Exfiscal general del MP.

Mayra Johana Véliz López
Exsecretaria general del MP.

Luis David Gaitán Arana
Exmandatario de la Cicig.

Órdenes de captura y citaciones de mayo el 2025:

Iván Velásquez Gómez, orden de captura
Excomisionado de la Cicig. Señalado como supuesto líder de una estructura criminal que avaló acuerdos ilegales.

Juan Francisco Sandoval, orden de captura
Exjefe de la Feci. Acusado de abuso de autoridad, usurpación de funciones y encubrimiento.

Florencio Damacio Reyes (citado)

Enrique Cuc (citado)

Arturo Abimael Herrera (citado)

Antonio Caal (citado)

Haroldo Uriel Martínez (citado)

Gustavo Enrique Hernández Gil (citado)

Todos señalados por los delitos de asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero.

Además, el MP informó sobre la captura de Roberto “N”, acusado de asociación ilícita y falsedad ideológica. La audiencia de control de detención se realizó en el mismo juzgado, y la jueza determinó enviarlo a prisión provisional en la cárcel de Mariscal Zavala, en espera de su audiencia de primera declaración programada para el viernes 16 de mayo.

Respuesta de Juan Francisco Sandoval

Desde el exilio, el 12 de mayo del 2025, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci, reaccionó al anuncio en su cuenta de X:

“Hoy denuncio un nuevo intento del MP por encubrir a quienes recibieron los sobornos de Odebrecht.”

Y en un comunicado más amplio, expresó: “No es una nueva fase, es una estrategia de manipulación. Lo anunciado por Rafael Curruchiche no representa un avance real, sino una maniobra para desviar la atención de quienes verdaderamente se beneficiaron de la corrupción”.

“Imputar a subordinados sin proceder contra los líderes políticos y económicos de la red es prueba del sesgo actual”, añadió.

Hoy denuncio un nuevo intento del MP por encubrir a quienes recibieron los sobornos de Odebrecht.

Se persigue a subordinados mientras se protege a Sinibaldi, Baldizón y operadores como Batres Gil.

La impunidad no se combate con montajes. pic.twitter.com/a1K8XEiFbu
— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) May 12, 2025

¿Qué es el caso Odebrecht?

El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. Se trata de una investigación internacional que reveló cómo la empresa Norberto Odebrecht S.A., una de las mayores constructoras de Brasil, pagó millonarios sobornos a políticos, empresarios y funcionarios públicos en al menos 12 países, a cambio de adjudicaciones de contratos de infraestructura.

En Guatemala, el caso salió a la luz en el 2018, cuando el Ministerio Público y la Cicig revelaron que Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones durante el gobierno del Partido Patriota, había recibido US$19.7 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de liberar pagos retenidos y facilitar la continuidad de un contrato vial de más de US$384 millones.