Secretarios de los más importantes partidos políticos de los últimos años están en la mira de la justicia, junto a empresarios y un número relevante de funcionarios, e incluso los diputados de la peor legislatura de nuestra historia acaban de aprobar una enmienda al Código Penal con la intención de beneficiar a los políticos y a sus financistas.

Al respecto, la fiscal general Consuelo Porras advirtió de que “aunque se haya efectuado la reforma, jamás van a quedar exentas de responsabilidad penal las personas sindicadas… porque esa modificación no va a significar impunidad”.

Difícilmente la esencia del problema se va a corregir, porque la plena libertad de elección aterroriza a todos los sectores y quienes pueden incidir con recursos en limitar esas posibilidades seguirán haciéndolo de muchas maneras, por lo que necesariamente deberán ajustarse los mecanismos de control.

En esa línea avanzan las nuevas reglas implementadas por el Tribunal Supremo Electoral, que busca una mejor rendición de cuentas, en un intento por fiscalizar de manera más eficiente cualquier tipo de aporte, tal y como quedó establecido en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 2016 que regirán el próximo proceso.

Una tarea difícil, porque a cualquier lado del espectro electoral se van a dar aportes que intentarán llegar a las figuras con mayores posibilidades, sin que haya necesidad de dejar rastro, que es lo que buscan los financistas cuyos recursos tienen un origen incierto.

Sin embargo, en la búsqueda de comprometer a los candidatos, el financiamiento de cualquier tipo intentará burlar los mecanismos de fiscalización que está implementando el TSE, porque para muchos es difícil resistirse a quedar fuera de los círculos de influencia, como podrían ser los candidatos presidenciales con mayores posibilidades o diputados de alto perfil.

Aunque entre los mismos diputados es generalizada la creencia de que el financiamiento puede incluso operar después de las elecciones, porque los más perversos manipuladores de las contrataciones públicas ya cuentan con mecanismos de convencimiento para no mancharse en el proceso electoral y simplemente esperarían a que asuman las nuevas autoridades para poner en marcha la maquinaria de la corrupción.

Al final, cabe la posibilidad de que los controles del TSE puedan funcionar y que también el último escarmiento de la justicia sobre políticos y financistas contribuya a que se dé un proceso más transparente en el 2019. De hecho, muchos empresarios se muestran reticentes a incurrir en hechos que para todos fueron lamentables, y ese factor hará que los aportes se den con mayor prudencia, transparencia y temor, pero no se debe descartar que otros insistirán en untarle la mano a quienes tienen posibilidades reales de salir victoriosos en los próximos comicios.

La desilusión con la que chocamos cada cuatro años en relación con el panorama electoral, debería ser razón suficiente para ser más activos y tratar de entender el porqué de estos ciclos ásperos.

Primeramente, debemos admitir que la democracia guatemalteca es débil y, en consecuencia, fácil de ser marchitada por la corrupción e impunidad. En segundo lugar, debemos admitir que las campañas electorales son carísimas y necesitan financiamiento.

Actualmente, en Guatemala el financiamiento quizá juega el rol más importante durante las elecciones. Por lo anterior, es lógico que este aspecto debe ser regulado. Tristemente, la legislación actual presenta debilidades, favorece la acumulación de recursos por parte de pocos partidos y deja abierto las puertas al financiamiento ilícito.

El problema de la corrupción e impunidad pasa por la configuración de un sistema electoral débil. Eso explica por qué las personas que llegan a ocupar el rol más importante en nuestra democracia —la presidencia— no son capaces de representar la unidad nacional y ni conducir las políticas de desarrollo e inversión necesarias.

Por último, no podemos esperar que, bajo las mismas reglas, en las próximas elecciones llegue una persona que nos pueda rescatar y resolver nuestros problemas. De ahí que, mientras no cambien esas reglas, cada cuatro año seguiremos desilusionándonos.

Para dar un salto cualitativo y romper esos círculos viciosos que redundan en pobreza y subdesarrollo, debemos atacar las raíces de la fragilidad democrática. Entre estos, combatir los males que están estrechamente relacionada a las barreras y resistencias que encuentran los esfuerzos en la lucha contra la corrupción e impunidad.

En la medida que las reglas del juego no cambien, llegarán al poder personas apoyadas por los mismos grupos con poder de financiamiento y harán todo lo necesario para mantener su estatus. Esto supone un grave riesgo, no solo para nuestro progreso, sino de regresión a prácticas del pasado que tanto enlutaron a Guatemala y aún mantiene dividida a nuestra sociedad.

Sin duda, esta coyuntura está marcada por la crisis sociopolítica que desató la lucha contra la corrupción e impunidad iniciada en 2015 y la resistencia de los poderes fácticos que, incluso, se valen de prácticas del pasado para no perder sus privilegios.

Bajo el esquema tradicional y las mismas reglas, los viejos personajes de la política se seguirán reciclando y camuflando para mantenerse en el poder.

Un claro ejemplo de regresión a los años 80 es la reciente noticia de la caracterización militar de un desfile con motivo de la inauguración de las fiestas patronales del municipio de San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz. Ello recuerda la peor época de militarización del país, cuando se configuraron obligatoriamente las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), en el marco de la guerra interna. Este hecho coincide con la creciente militarización alrededor de los actos presidenciales que pareciera soportar detrás de la figura castrense su férrea oposición a la lucha contra la corrupción e impunidad.

Si bien las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016 son un importante avance en materia de fiscalización del financiamiento electoral, aún falta avanzar en lo más importante que es regular el origen de los fondos —principalmente en dar mayor relevancia al financiamiento público— y, consecuentemente, lograr la desconcentración de los recursos. Lograr estos cambios rompería con el carácter mercantilista, clientelar y de tráfico de influencias, que caracterizan hoy los procesos electorales y abriría las puertas a lideres con visión de país, que tanto necesitamos.

MarcosAntil.com

La pasión y el desconocimiento del contexto pueden ser muy malas consejeras a la hora de ponderar los sucesos que analizamos. Un buen ejemplo actual es el caso de financiamiento electoral. En el calor de la animadversión hacia los politiqueros corruptos es fácil tirar la piedra y meter a todos en el mismo costal, pero las cosas distan mucho de ser tan simples.

Hoy pocos parecen recordarlo, pero la situación hace tres años era muy complicada. En medio de un proceso electoral atiborrado de dinero del narco y de la corrupción, se empezó a destapar la trama de abusos extremos de los patriotas. Para muchos que vivían en su burbuja fue la gran novedad; para los que llevamos muchos años dando la batalla de las ideas, fue apenas una confirmación de lo que sabíamos y hemos combatido por años.

No por nada llega uno a asquearse de todo lo que gira alrededor del poder. Son muchos años de ver cómo cambian las caras, las circunstancias, los corruptos, pero el sistema sigue igual. Los años de observar la catástrofe no han hecho más que confirmar mi convicción que el problema es el poder discrecional del que gozan los funcionarios y que la batalla debe encaminarse a limitar ese poder.

Esa misma experiencia lo lleva a uno a comprender que si ese poder —con pocos, nulos o inoperantes límites— puede corromper a las “buenas personas”, en manos de un megalómano puede convertirse en una tragedia de proporciones inimaginables —si no me cree, solo hay que ver a la miseria que veinte años de poder ilimitado han llevado a los venezolanos—.

Y es precisamente ese el contexto que vivíamos hace tres años. Un par de megalómanos que habían demostrado no tener ningún escrúpulo para aprovecharse del dinero de los tributarios y pisotear a quien osara oponérseles eran quienes más posibilidades tenían de llegar al Guacamolón. Esos que aún sin gozar todavía del poder ya se sentían reyes y reinas al grado de amenazar a diestra y siniestra de quebrar a quien no les diera dinero para su “campaña”.

Fue la época del “No te toca” y la del excómico convertido a político que empezó a surgir. Fue en ese contexto que se dio la reunión con potenciales financistas a quienes pidió apoyo para poner fiscales en las mesas que garantizaran que se respetara la decisión de la ciudadanía.

Si bien considero un error hacer los aportes fuera del partido —error del que ahora están pagando las consecuencias—, puedo entender la decisión de hacer algo para garantizar que los fiscales de los megalómanos tuvieran algún contrapeso en las mesas electorales y evitar la posibilidad de un fraude. Sin ese aporte, quien quita que los resultados hubiesen sido distintos y hoy viviéramos una realidad mucho peor que la actual —por inconcebible que parezca—, encaminándonos a una situación muy similar a la de Venezuela o Nicaragua.

Ahora la pasión y el resentimiento de muchos se cierne sobre ellos metiéndolos en un saco incluso peor que en el que se ha metido a los corruptos y criminales. Es la arrogancia que da la incapacidad de comprender las alternativas. Yo en cambio les reconozco que —en su circunstancia y contexto— tomaron la decisión que creyeron mejor para salvar a Guatemala de los megalómanos y han afrontado valientemente las consecuencias de su decisión, aún cuando no se compara ni de lejos con todas las iniquidades de los megalómanos que hasta la fecha permanecen impunes. Ello los hace acreedores de todo mi respeto.

Ojalá que de todo esto aprendamos las lecciones: Hay que concentrarse en poner límites al poder y hay que defender abierta y públicamente aquellos principios que uno considera correctos.

Fb/jjliber

Es importante que lo sucedido llame a la reflexión, y pongan sus barbas en remojo, pues no es posible que el statu quo se mantenga invariable. Después de la riqueza acumulada, es tiempo de que piensen en la modernización del país pues tienen los recursos para hacerlo. Que piensen en el bienestar de las personas, para que al igual que ellos la disfrutan, lo puedan hacer también sus empleados y las comunidades alrededor de ellos, ya que literalmente están matando “la gallina de los huevos de oro”, que ya no está dispuesta a soportarlo. En lugar de pelear cada año el salario mínimo, deberían propiciar el pago de salarios dignos que permitan que las personas no piensen en el “sueño americano”, pues Guatemala tiene el potencial para proveer el “sueño centroamericano”. Invertir en la infraestructura del país, la que han utilizado y saqueado sin dar nada a cambio.

Los empresarios ahora están dispuestos a resarcir, tal como también lo hicieron algunos empresarios de la construcción al sorprendérseles por dar coimas en el Ministerio de Comunicaciones. Este dinero proveniente de sus jugosas ganancias, es como quitar un pelo al gato, y es un pago injusto por la corrupción cometida.

Me llamó la atención un artículo que circuló en las redes sociales en el blog Púchica Muchá, del que comparto un párrafo: “Detrás del guion de la tragicomedia que llevó a Jimmy Morales a la presidencia existía toda una estructura influyente en el país, grandes empresarios oligarcas que ocultaron su participación, proveyeron ilícitamente de recursos a Morales para que llegara al poder, un pueblo iluso haciendo campaña de gratis, pastores evangélicos que se prestaron al show y una cúpula militar corrupta protegiéndolo, fueron la fórmula perfecta para llevar a Guatemala a uno de los atrasos más grandes de la historia en todos los sentidos. La oligarquía puso el pisto, los militares su estructura, los pastores sus iglesias y la población desinformada los votos, para los tres primeros fue un buen negocio, para el pueblo NO”.

samreygo@yahoo.com

Interesante escuchar y leer reacciones a las declaraciones de un grupo de empresarios por el apoyo económico otorgado para cubrir los gastos de fiscales en las mesas electorales como representantes del FCN. Algunos se centraron en cuestionar la valentía de reconocer públicamente errores cometidos, otros se despacharon con los habituales y viscerales descréditos a la clase empresarial. Nada fuera del ambiente permanentemente polarizado, entre otros, con quienes tienen éxito en este país.

El valor exige situaciones críticas para demostrarlo. Es una virtud que para practicarla debe contraponerse al miedo, a la ansiedad, al temor…, y para ello es preciso que concurran circunstancias extremas o especiales que permitan establecer la confrontación. La valentía sale a relucir en momentos y situaciones especiales —como los que vivimos—, que no siempre generamos nosotros mismos.

Conviene recordar —y resaltar— que el empresario tradicional de este país financia únicamente, según informe de Cicig, el 25% del total de los aportes a las campañas electorales. El otro 75% se distribuye entre el crimen organizado, el narcotráfico y robos de diferentes formas que los políticos hacen de las arcas públicas. Por tanto, que ocho empresarios hayan salido a pedir disculpas públicamente es un auténtico e indiscutible acto de valentía, y de asunción de responsabilidad.

Somos una sociedad indolente, sumamente crítica con los demás, polarizada y arrogante. Con baja participación electoral, elegimos a nuestros gobernantes y soñamos que un día llegará alguien que “nos salvará” de nuestra propia apatía o vemos, con absoluto desprecio y desdén, a quienes invierten y arriesgan su dinero para crear puestos de trabajo, mientras, “felices” en nuestras miserias, nos declaramos mejores que todos los demás ¿De verdad cree usted que aún teniendo un presidente modelo, un auténtico líder honesto, capaz y honrado, vamos a dejar de seguir en la economía informal o incluir facturas inapropiadas en nuestra declaración de impuestos? ¿Que ya no parquearemos más en línea roja o en reservados para minusválidos? ¿Que dejaremos de ser machistas y agresores? ¿Que no seremos groseros ni insultaremos o que se reducirá la violencia criminal que asola el país? ¿Que no discriminaremos y dejaremos a un lado el racismo? ¿Que dejaremos de comprar productos de contrabando?…

La verdad es que nos negamos a asumir la responsabilidad de actuar éticamente y, con una teoría de espejo, reflejamos nuestra propia frustración en “el otro”. El empresario exitoso confronta nuestro fracaso; el rico refleja el espíritu apocado del que no nos liberamos; el exitoso, por su osadía y atrevimiento, deja ver nuestra indecisión; el emprendedor provoca rechazo y certifica la imperturbable comodidad de nuestra zona de confort; al extranjero se le censura con nacionalismo excluyente, para evitar que destaque y ponga en evidencia los años perdidos; el político hace aflorar de nuestro interior la avaricia silenciosa pero deseada. Y es que sin ser conscientes hacemos más de una catarsis al día, lo que nos frustra enormemente.

¿Cree usted que un buen presidente, un buen político, un buen empresario, hará que usted cambie y no robe, abuse, engañe, tome ventaja o sea ético y honesto? La teoría del espejo nos confronta permanentemente con nosotros mismos y reflejamos en “el otro”, al más puro estilo de las novelas de Octavio Paz, frustraciones, descalificaciones, enojo, ignorancia y desesperanza.

Es momento de tender puentes, salvo que prefiera seguir esperando al “salvador” que nunca llegará. La situación es complicada pero oportuna, y requiere de la concurrencia de todos.

Como es bien conocido, en Estados Unidos la noción del Free speech es muy amplia. Abarca desde quemar una bandera hasta, sí, realizar contribuciones financieras a un partido político. Y es que, vistas las cosas desde la perspectiva de los derechos y libertades cívicas, un ciudadano debe poder disponer de su dinero, también, para apoyar las propuestas ideológicas y los planes gubernamentales de su preferencia. ¿Debe poder ocurrir esto sin límites? Pues no. Una de las realidades más complejas del Estado moderno es la necesidad de articular un equilibrio entre las libertades individuales y el bien público, las exigencias de la justicia, de la paz y el orden públicos. No hay libertades absolutas en una sociedad de seres humanos.

En Guatemala se establecieron límites de orden administrativo (como la obligación de dejar registro de las contribuciones electorales y los límites máximos de dichas contribuciones, por Ej.) y de orden penal. Las contribuciones con “dinero negro”, por una parte, y las contribuciones “anónimas”, por la otra, fueron sujetas a sanción penal. Pero como ha sido la tónica desde hace unos diez a quince años, en lugar de convocar a expertos para presentar anteproyectos que recojan el concepto y los plasmen de acuerdo a las técnicas del Derecho, las leyes pasaron a ser, evocando la metáfora de Bismark, fabricadas como las salchichas.

De esa cuenta, las normas penales que sancionan los dos tipos carecen de claridad, de precisión y de proporcionalidad. En este último caso, tanto entre los dos tipos penales como respecto de otros tipos penales. Así lo ha señalado la CC, y con razón.

Mi sugerencia sería que, primero, se distingan los dos conceptos: la financiación de partidos políticos con recursos financieros provenientes de actividades ilícitas (que además puede o no ser también “anónima”), por un lado, y la que proviene de actividades lícitas, pero se disfraza o encubre para que quede oculta o “anónima”.

En segundo término, sugeriría que se distingan en ambos casos los aspectos activo y pasivo, es decir, la acción de dar la contribución y la de recibirla. En tercero y último lugar, que las penas se gradúen atendiendo a las circunstancias de si hay una deliberada mala intención (la obtención de determinados favores, la compra de impunidad, o la retribución de ventajas o privilegios ya recibidos, por Ej.), es decir, una contribución dolosa o si, por el contrario, se trata de un afán por quedar anónimo sin ulterior motivo o propósito.

La contribución malintencionada debe comportar, en mi opinión, penas de prisión inconmutable para las personas naturales y de multa para las jurídicas. La contribución anónima debiera comportar una multa suficientemente disuasiva, tanto para las personas naturales como para las jurídicas de, por ejemplo, tres a cinco veces el importe de la contribución, dependiendo del importe y circunstancias de la contribución.

El objetivo, en definitiva, es que los dirigentes de los partidos políticos no caigan en la tentación de ofrecer los favores del poder a cambio de los recursos necesarios para financiar las campañas electorales y que los grupos de interés encuentren límites para incidir en las voluntades de los dirigentes políticos. Así, tal vez logremos regresar al debate ideológico-político con transparencia razonable y dejar atrás el “bazar electoral”.

Un informe de auditoría del Tribunal Supremo Electoral permitió establecer que la agrupación electorera FCN-Nación no cumplió con informar sobre los numerosos aportes que recibió de sus financistas durante la segunda vuelta electoral de 2015, por lo cual fue presentada una denuncia en el Ministerio Público.

Eso motivó las primeras reacciones hilarantes de la máxima dirigencia. La primera de ellas, cuando el diputado Édgar Ovalle, secretario de la agrupación, declaró que no sabían del paradero de la contadora, lo cual solo puede ser entendido como una muestra de desfachatez e irresponsabilidad, por la trascendencia de la información requerida.

Posteriormente se supo que el presidente Jimmy Morales le habría dado instrucciones al diputado Ovalle para que cumpliera con lo requerido por el TSE, lo cual falta por ver. Hasta ahora el partido oficial ha avanzado con una marcada independencia en su agenda y más pareciera que son ellos quienes acuden al mandatario cuando necesitan de sus servicios. De esto pueden dar fe los numerosos diputados tránsfugas que convirtieron de la noche a la mañana a FCN-Nación en la mayor fuerza dentro del Congreso, muy a pesar de las promesas electorales hechas por el gobernante.

En esa saga de exabruptos se lleva la mayor parte el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien ayer pretendió desvincularse de cualquier escándalo o problema legal, al afirmar que no tiene ninguna relación con esa peculiar agrupación partidaria y que a él simplemente le pidieron acompañar al candidato Morales en una fórmula política, cuando ni siquiera soñaban con alzarse con una victoria como la obtenida en 2015.

El ahora vicepresidente sí ha dejado claro que las irregularidades que el TSE ha denunciado en el MP corresponden a un período en que Jimmy Morales fungía como secretario general de FCN-Nación, por lo que si existieron hechos ilícitos, será el presidente quien esté obligado a responder ante las autoridades.

El oficialismo podrá argumentar novatez en varios de sus movimientos, pero muchos de quienes integran o están cerca de esa agrupación son cualquier cosa, menos inocentes. Es probable que la investigación que ahora está en poder del MP apenas abarque puras formalidades y omisiones imperdonables, y aunque existan delitos, quizá nunca se esclarezcan los alcances de un financiamiento irregular que habrían recibido los jerarcas del proyecto.

Quienes hoy enfrentan una seria acusación de las autoridades electorales debieran preocuparse por desvanecer de manera convincente los señalamientos, sin argumentos infantiles ni nuevas promesas, ni buscando tácticas dilatorias inverosímiles que solo apuntarían a complicar su situación. Serían el primer partido político en enfrentar una denuncia similar cuando ni siquiera cumple un año de haber asumido el poder.

Ese silencio no se puede mantener por más tiempo. Es urgente que diversos sectores que han actuado en ocasiones anteriores y por causas diferentes lo hagan esta vez manifestando su rechazo a las prácticas de incalculable e inimaginable corrupción de los cabecillas del gobierno patriotista. Obviamente, también a la grosera manipulación de los medios informativos de Ángel González, así como al ilegal financiamiento otorgado a la campaña de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, que fue luego ampliamente compensado con la adquisición de 240 millones de quetzales en espacios publicitarios.

La semana entrante debe comenzar con el conocimiento ciudadano del pensamiento de las entidades del sector privado, universidades, iglesias, sindicatos, grupos de derechos humanos y sectores de pensamiento de izquierda y derecha. Hasta ahora ninguno lo ha hecho y los criterios solamente han tenido presencia en las redes sociales, enviadas por ciudadanos individuales pertenecientes al grupo que comenzó a llamar el año pasado, con gran éxito, a la presencia popular en varios puntos de toda la República.

La sociedad guatemalteca no puede permitirse el lujo de que afuera del país se llegue a la conclusión de que desapareció el espíritu cívico despertado en el 2015 y que la lucha contra el monstruo de miles de cabezas conocido como corrupción es una tarea solamente de la Cicig y del MP, lo que podría ser indicio de que en el fondo no hay un genuino interés porque el cambio ocurra. Mientras, los afectados se pueden aferrar a que todo se reduce a un linchamiento político, en vez de entender que es el resultado de atacar y poner orden en quienes ahora enfrentan las consecuencias de unas acciones que por comunes y conocidas no habían perdido su calidad de ilegales.

Los delitos señalados el jueves están debidamente documentados y está garantizado su trayecto a los tribunales, hecho que constituye una novedad en un país donde la voracidad y la ambición desmedidas llegaron a cumbres increíbles y a extremos cada vez peores. Por aparte, la presión popular necesita manifestarse también para reducir en lo posible el tiempo de los juicios, para que no se conviertan en shows y se pierda todo.

Por mucho tiempo la sociedad ha reclamado acción contra los maleantes políticos y ahora que esta se presenta debe expresarse y las posiciones gremiales necesitan ser conocidas. No se justifica el miedo a manifestar la reprobación de ese modelo. La oportunidad es histórica y abre la puerta a la esperanza de un cambio real.

Los analistas que participaran en el programa son Edgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia y Jonatán Lemus, politólogo independiente.

En la actualidad el Tribunal Supremo Electoral permite el financiamiento privado hacia los partidos, esa situación genera discrepancia de opiniones.

El financiamiento de los partidos políticos es una de los aspectos que se piden reformar por organizaciones de la sociedad civil, en el Congreso se empezó a trabajar el tema en mesas de discusión.