Desde el 26 de marzo, cuando finaliza el proceso de empadronamiento, todos los partidos políticos inscritos para las elecciones comenzarán con su campaña electoral para lo que tendrán como límite de gasto Q34.9 millones.

Eso según lo dictado en el inciso “e” del artículo 21Ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que afirma que el techo de campaña será el equivalente al total de empadronados un año antes de las elecciones multiplicados por 50 centavos de dólar.

Los datos del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrón (Dicep) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reportaron al 31 de diciembre de 2022, un total de 8 millones 905 mil 455 ciudadanos empadronados.

Al hablar de los comités cívicos el techo es menor, se reduce a Q6 millones 987 mil 469.35, ya que la cifra del total de empadronados al cierre de 2022 se multiplica por 10 centavos de dólar.

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Los partidos políticos que aspiran a la presidencia, diputaciones y alcaldías contarán con un techo mayor al de las elecciones del 2019 por Q5 millones, en aquella oportunidad el monto fijado fue de Q29 millones.

Según el departamento de Organizaciones Políticas del TSE existen actualmente 29 partidos políticos, lo que hace presumir que el total de campaña para el 2023 podría ser de al menos Q1 mil 12 millones.

El primer paso para el arranque oficial de la próxima contienda electoral será el viernes 20 de enero, cuando en un acto solemne el Pleno del TSE presenté el acuerdo de convocatoria a elecciones que contendrá las principales fechas y reglas de la contienda política.

Criterios del financiamiento

El Pleno del Congreso de la República reformó la LEPP en el 2016, aplicando controles más severos para cualquier tipo de aporte monetario o en especies que reciben los partidos políticos para el proceso de campaña.

Esto implica un número de reglas y condiciones estrictas que son detalladas en la LEPP. Por ejemplo, es estrictamente prohibido que algún partido político reciba aportes, por más mínimos que sean, de instituciones y personas extranjeras.

Tampoco pueden aportar a los partidos políticos personas que hayan recibido sentencia condenatoria por delitos contra la administración pública, lavado de dinero y otros similares.

Incluso si alguien no enfrentó proceso penal pero si sus propiedades enfrentan un proceso relacionado a la extinción de dominio, tampoco puede ayudar económicamente a las agrupaciones políticas.

Cualquier tipo de aporte en especies que reciban las agrupaciones tendrán que informarlo al TSE, y todo aporte económico tendrá que ingresar a las cuentas bancarias de los partidos y ser notificadas a la autoridad electorales.

El TSE se encargara que contratar la pauta en los medios de comunicación tradicionales, pero los partidos tienen la libertad de contratar la pauta en las redes sociales, eso según las recientes modificaciones a sus reglamentos.

Este aporte económico a las redes sociales tiene que ser documentado y notificado a la entidad electoral, ya que estos aportes entran dentro del techo de campaña fijado para las elecciones del 2023.

Sanciones

No respetar el techo de campaña o no ser transparente en sus finanzas trae sanciones administrativas y jurídicas de alto nivel, y eso lo saben bastante bien los extintos Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Líder).

El primero de ellos fue cancelado por el Registro de Ciudadanos del TSE, la razón fue una serie de incoherencias en los informes relativos al financiamiento que reportó la agrupación.

Con el segundo caso, las distintas inspecciones del TSE determinaron que Líder sobrepasó el techo de campaña fijado para las elecciones del 2015 que fue de Q52.4 millones.

La LEPP explica en el inciso “k” del artículo 21Ter que la cancelación de la organización es una de las sanciones en caso de incumplir las normas relativas al financiamiento, donde se detallan también acciones penales contra las organizaciones y sus secretarios generales.

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Pocas expectativas

Las reformas aplicadas en 2016 contienen una serie de errores al hablar de los procesos de financiamiento y control, así lo admite el exdiputado Roberto Alejos, quien formó parte del Legislativo cuando se reformó la LEPP.

“Creo que nos equivocamos porque pusimos tanto para poder depositar en las cuentas bancarias y ahora los bancos ni quieren abrirle cuentas a los partidos políticos, hay tantos requisitos para poder colaborar con un partido que nadie quiere aparecer legalmente como financista de un partido político”, señaló.

Lo anterior podría repercutir en una serie de aportes directos, en efectivo, que difícilmente serán documentados, Alejos incluso estima que todos esos aportes podrían hasta duplicar el techo de campaña de este año.

“Lamentablemente va a aparecer mucho dinero en efectivo no controlado que el TSE no tendrá capacidad de fiscalizar, esto se reduce a todos los regalos que se dan en las campañas clientelares; obsequios, premios, rifas y bolsas de comida que se dan en un mitin, probamente solo en esto se gastarán una cantidad similar a los Q34 millones”, indicó.

Para José Echeverría, director del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es importante que cada agrupación política que aspira a cargos de elección popular de una muestra de transparencia siendo claro de dónde salen sus recursos.

“Uno de los peligros que se ve es que pueda haber financiamientos que provengan de otras fuentes que no sean transparentes, como pueden ser aportes a cambio de favores de obra pública, hay que estar atentos a como se va ejecutando”, explicó.

En la contienda política estas agrupaciones suelen ser blanco de atención de grupos criminales, que estarán dispuestos a inyectarles grandes cantidades de dinero a cambio de asegurar una futura impunidad, señaló el experto.

“Pero cuando los aportes se realizan afuera, sin que sean bajo esa estructura institucional el riesgo que se corre es que esos aporten no sean de un apoyo al partido sino a cambio de un beneficio que buscan estructuras criminales como el narcotráfico a cambio de la compra de voluntades”, concluyó.

Tanto Alejos como Echeverría consideran que el principal fiscalizador tendrá que ser la población, para denunciar cualquier actividad fuera de lo común cuando los partidos políticos visiten comunidades para pedir un voto para las elecciones del próximo 25 de junio.

Giovanni Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, lanzó la advertencia a dichas agrupaciones.

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El PAN entregó en forma extemporánea el informe del último trimestre del 2018 sobre gastos e ingresos, mientras que Podemos, PLG y Semilla no han entregado los reportes de enero y febrero. Por ser las primeras sanciones, podrían recibir una amonestación pública o privada.

Las mencionadas organizaciones deben entregar el informe de marzo el 10 de abril, en el cual deben detallar lo que han recibido y erogado como gasto de campaña, así como la lista de sus financistas.

Manuel Conde Orellana, secretario general del PAN, dijo que no se pronunciará sobre las acciones que pueda adoptar el TSE y que responderá cuando reciba notificación.

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Asimismo, Samuel Pérez, secretario general del Movimiento Semilla, aseguró que ya tienen los informes, pero en enero y febrero esa organización estaba en transición de comité proformación a partido político.

“Ha sido complejo. Ni en la SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) pudimos cambiar el NIT con facilidad como ningún otro comité. Un poco por eso estamos en un impase, pero los informes están, pero estamos terminando de empatarlos. No fue por no quererlos entregar”, explicó Pérez.

En tanto, Andrés Ayau, secretario general del PLG, afirmó que los informes ya habían sido entregados y que solo se debe corroborar con el contador del partido.

“Voy a hablar con el contador. Según me informaron, los documentos fueron entregados; no creo que estén pendientes”, enfatizó.

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De Podemos, el fiscal Jaime Osorio indicó que no tenía información al respecto.

Financistas

Rodríguez advirtió que quienes financien partidos políticos deben de habilitar los libros en el TSE, ya que en un futuro podrían ser sancionado porque habrá un cruce entre lo que reporte y a quienes reporta el partido con los listados que tenga ese órgano, considerando que podrían estar enmarcados en los delitos que creo el Congreso referentes al 407 N y 407 O.

“El artículo 21 ter de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que las organizaciones políticas y los financistas tienen la obligación de habilitar libros de contribuciones, entonces la Ley pone claro la responsabilidad tanto para la organización política como a los financistas”, señaló.

Algunas organizaciones políticas no han solicitado a sus financistas que habiliten los libros, sino que solo les entregan el recibo que con anterioridad fue autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En ese sentido Rodríguez explicó que, desde dos semanas para atrás, de pasar de 13 libros de financistas ya se han registrado 277 personas o empresas que van a financiar o ya financiaron campaña, las personas lo pueden hacer de forma directa por la Unidad o lo pueden hacer desde la propia organización política.

En este sentido ellos partidos Visión con Valores (Viva), Compromiso Renovación y Orden (Creo), Fuerza, Partido Unionista, Encuentro por Guatemala y Libre y nueve comités cívicos quienes han tramitado libros. Incluso Fuerza ya solicitó la habilitación de 79 nuevos libros.

Por aparte, los partidos solicitaron un tiempo para no ser auditados, sin embargo, el mismo no se dio, por lo que la Unidad continúa con las auditorias.

“Nosotros obtenemos otra información que no es precisamente lo que ellos reportan en los libros o en sus registros y ellos estaban pidiendo que el TSE no les auditara, no obstante, nosotros no hemos dejado de hacerlo”, dijo Rodríguez.

Municipalidades no entregan listados

Leonel Escobar, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, indicó que 39 comunas no han trasladado los listados de los agentes de la Policía Municipal y de la Policía Municipal de Tránsito.

“El llamado es que cuanto antes envíen las nóminas, ya que de ello depende la depuración del padrón electoral”, dijo Escobar.

Añadió que 71 mil 513 personas forman el listado para depurar, ya que se han entregado nóminas de la Policía Nacional Civil, que reporta 39 mil 503 efectivos; el Sistema Penitenciario, con cuatro mil 515, y el

Ministerio de la Defensa, 21 mil 122. El resto de municipalidades ya entregaron sus listados.

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En un comunicado oficial, el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), resaltó el informe de financiamiento político presentado por la Cicig este jueves, investigación que según la organización partidaria “contribuye a poner en el debate nacional una tarea pendiente: fortalecer la fiscalización” de las campañas electorales.

En la investigación, la Cicig señala e identifica a Gustavo Alejos como un “el recaudador que se enriquece y construye redes de tráfico de influencias “, durante el gobierno de Álvaro Colom, en el período 2008-2011.

Agrega: “Alejos fue nombrado secretario privado de la Presidencia, desde donde logró una importante influencia política y convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Financista y operador de Colom durante las campañas electorales de 2003 y 2007”.

Para la Cicig, Alejos “influyó en el nombramiento y destitución de funcionarios” y empresas vinculadas a él se beneficiaron con contratos públicos.

Separan gestiones

La UNE pide separar gestiones y asegura que “desde 2010 ya no pertenecen al partido político” quienes han sido aludidos en el informe de Cicig; pidiendo con esto ser desligados de cualquier responsabilidad o investigación.

“Nos parece injusto que nos vayan a vincular cosas que correspondan a la época de Colom con la candidatura de Sandra –Torres-, que ha tratado de ser lo más transparente, nos hemos cuidado de no llevar narcos y todas esas cosas”, dijo el diputado Mario Taracena de la UNE.

Taracena aseguró que Álvaro “Colom era el responsable; la cabeza de todo y él tendrá que dar explicaciones”.

Sobre Gloria Torres

El informe de Cicig también señala a la hermana de la ahora candidata a la presidencia por la UNE, Gloria Torres, a quién según la investigación fue la que construyó “una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia” de Álvaro Colom.

A Gloria Torres Cicig también la vincula con estructuras del narcotráfico, puntualmente con Juan Ortíz Chamalé y menciona los cargos por lavado de dinero y estafa por los que fue acusada.

Gloria Torres actualmente busca una curul en el Parlamento Centroamericano por el partido Unidad del Cambio Nacional (UCN).

El fiscal electoral de UCN Jhony Ávila sobre los señalamientos en contra de Gloria Torres, aseguró que acatarán la disposición del Tribunal Supremo Electoral y en caso de que se anule la candidatura, no llevarán la apelación a las Cortes.

El informe temático y no investigativo, según ha explicado en anteriores ocasiones el jefe de la Cicig Iván Velásquez, será presentado el próximo jueves a las 9 de la mañana en el hotel Holiday Inn, en la zona 10 capitalina.

El involucramiento de la Cicig en el financiamiento de los partidos políticos, es un compromiso asumido por esa instancia internacional luego de acercamientos con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

El pasado 25 de marzo, Velásquez sostuvo una reunión con los magistrados del TSE y ofreció capacitación técnica para mejorar las verificaciones del financiamiento a las agrupaciones políticas.

En esa ocasión el jefe de la Cicig también ofreció un estudio del funcionamiento del crimen organizado como fuente de financiamiento de las organizaciones políticas.

Q70 millones en dos meses

En el primer bimestre del proceso de los comicios generales del 2015, los partidos políticos han gastado Q70 millones 528 mil 461 en campaña, de acuerdo con el informe del Departamento de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral.

Los recursos financieros ejecutados por las organizaciones políticas se empezaron a fiscalizar desde el 2 de mayo —fecha en que se convocó a elecciones—. El auditor electoral, Sergio Chinchilla, informó que se han efectuado auditorías de los gastos para celebrar mítines, en insumos y compra de espacios en medios de comunicación para desarrollar  campaña política.

El techo de gastos de campaña autorizado por el TSE es de Q58 millones 229 mil.

Sean farmacéuticas o contratistas, las empresas que financian a partidos políticos se ven premiadas con contratos cuando estos llegan al poder. Además, hay organizaciones que no reportan todo el dinero que reciben, lo que levanta sospechas sobre la procedencia de los recursos.

Para evitar esa situación, los politólogos Édgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia (Demos), y Jonathan Lemus, independiente, sugieren fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para tener control sobre los candidatos y no solo de los comités ejecutivos de los partidos.

¿Por qué es importante controlar el gasto de un partido político en campaña?

Pereira: El controlar las campañas electorales lo que permite es garantizar que las personas que hagan gobierno no tengan compromisos adquiridos con los financistas, porque entonces, cuando están financiados, pierden autonomía en la toma de decisiones, tienen que pagar el favor que les hicieron. Por eso es necesario que haya la menor cantidad de compromisos

Lemus: Es importante hacer la diferenciación, porque se ha hablado la necesidad de eliminar el financiamiento privado a las campañas para poder restar esa influencia. Considero que tenemos que ser cautos en cuanto a las propuestas. Yo pienso que tenemos que tener un modelo de financiamiento privado que sea fiscalizado por el TSE y que las propuestas que se hagan de reformas a la Ley Electoral, en vías de esa transparencia.

¿Cuáles son los sectores que más se han beneficiado del financiamiento cuando los partidos llegan al Gobierno?

Pereira: Muchas veces no se notan los favores sino hasta en la obra pública que se ejecuta en el interior del país, en el Listado Geográfico de Obras para los consejos de Desarrollo, porque se ha desarrollado una autonomía de esos políticos que llegan al poder. En sus manos está el listado de obras, ellos pueden asignar, ejecutar las obras, y tienen controlado al alcalde y Cocodes donde van a estar las obras, y se vuelve un círculo vicioso a la hora de manejar el dinero.

Lemus: En esta coyuntura no todos los empresarios que financian a un partido político tienen una mala intención. Tenemos que diferenciar el financiamiento privado y el que se hace con un objetivo en particular. Hay una tendencia de que hay políticos que ni siquiera pagan favores a otros financistas, sino a ellos mismos, porque solamente le dan vuelta a ese dinero, hacen un negocio con el Estado, les queda un buen margen de ganancia, lo utilizan para su campaña política y así se va generando esa riqueza.

No todo el financiamiento privado es malo, hay financiamiento privado que, si es transparente, es muy bueno y legítimo, pero este financiamiento que viene de ilícitos y corrupción es el que tenemos que atacar.

De ese monto, la empresa Surtidora Médica aportó a Líder Q2.8 millones. Representantes legales de esa firma también lo son de Medicina Corporativa, que habría sobornado a autoridades del Seguro Social para obtener un contrato y que también fue subarrendada por la empresa Pisa, ligada a casos de corrupción.

Prensa Libre reveló el lunes pasado que Surtidora Médica aportó a Líder Q2.3 millones en el primer semestre del 2014.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) público ayer el informe de los financistas de los partidos correspondiente al segundo semestre del 2014.

En la información figuran 23 de los 28 partidos existentes. De estos, 16 reportaron ingresos, siete afirman que no tienen y cinco no aparecen en el documento.

No son reales

Analistas políticos afirman que estos informes son formalismos que no tienen datos suficientes para hacer una fiscalización eficaz.

Magistrados del TSE concuerdan en que la información es insuficiente y que este asunto específico debería reformarse para tener un fortalecimiento del tribunal electoral.

La analista política Linsleyd Tillit refirió que “los informes de los financistas no son reales”.

“Los partidos lo que hacen es colocar información insuficiente; no hay transparencia en cómo se recibe el financiamiento. Es urgente que ese financiamiento sea público”, expuso la experta.

El politólogo José Carlos Sanabria aseveró que los informes que presentan “terminan siendo insuficientes para poder fiscalizar a los partidos políticos. No reflejan la realidad del gasto”.

La magistrada del TSE María Eugenia Mijangos coincidió con que la información que proporcionan los partidos es insuficiente. “Como tribunal tenemos dificultades para tratar de fiscalizar e incluso de poder captar todas las formas de financiamiento”, expresó.

La magistrada y los analistas concuerdan en que se debe reformar la Ley Electoral en ese aspecto.

Los cinco mejor financiados

Libertad Democrática Renovada

• Q3 millones 279 mil
• La empresa Surtidora Médica S.A. aportó Q2 millones 800 mil.
• En total hay 329 aportes de afiliados al partido or Q1 mil cada uno.

Partido Republicano Institucional

• Q525 mil 450
• 29 aportes que suman Q121 mil 850.
• 27 aportes por Q139 mil 600.
• 39 aportes que suman Q264 mil.

Compromiso Renovación y Orden

• Q328 mil 350
• En total recibió 15 aportes de particulares.
• El aporte más alto fue de Q39 mil.
• Entre financistas está el binomio presidencial.

Movimiento Reformador

• Q254 mil
• Recibió 30 aportes de afiliados y simpatizantes.
• El aporte más alto fue de Q15 mil.

Partido Patriota

• Q248 mil
• Recibió 248 aportes entre afiliados y participantes de Q1 mil cada uno.
• Entre el listado figuran varios diputados oficialistas.