Propiedades en proceso de extinción a Miguel Martínez se adquirieron entre 2020 y 2024

El MP pidió medidas sobre ocho propiedades, aunque se determinó que dos fueron adquiridas previo a la administración del expresidente Giammattei.

José Manuel Patzán y Douglas Cuevas

12 de mayo de 2025 | 15:50h

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El juez de extinción de Dominio inmovilizó seis propiedades de Miguel Martínez para investigar de donde salieron los fondos para adquirirlos.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó seis de ocho bienes inmuebles vinculados a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, para que el Ministerio Público (MP) pueda investigar el origen de los fondos con los que se adquirieron las mismas.

Cuatro propiedades se encuentran en Sacatepéquez y dos en Guatemala. Las medidas no aplicaron a dos propiedades por haber sido compradas antes del gobierno de Alejandro Giammattei.

La resolución del juzgado se dio este lunes 12 de mayo, durante una audiencia a puerta cerrada, al indicar el MP que el caso se encuentra bajo reserva.

Según las investigaciones, algunos bienes están a nombre de amigos y familiares de Martínez, por lo que se duda del perfil económico de los propietarios.

De acuerdo con los registros, los bienes fueron adquiridos entre el 2020 y 2024, el mismo período que duró el mandato de Giammattei en la Presidencia de Guatemala.

Para continuar con las pesquisas, el MP necesita ingresar a los inmuebles, hacer un avalúo y establecer el valor real de estos o de las construcciones existentes en los lugares.

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Sancionado

El 1 de diciembre del 2023, Martínez fue sancionado con la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, según anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Según el comunicado de prensa, Martínez fue sancionado por “su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales”.

A pesar de que Martínez, extitular del desaparecido Centro de Gobierno ha buscado que su designación sea levantada, al argumentar que se ha visto afectado él y su familia, la respuesta del Departamento del Tesoro ha sido mantener esa sanción.

En septiembre del 2024, el exfuncionario acudió a una corte del Distrito de Columbia para declarar que su permanencia en la lista es ilegal. El 23 de diciembre de ese mismo año finalizó el plazo para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) respondiera a los argumentos de la defensa del guatemalteco.

En esa fecha, el documento presentado por Brian Boynton, fiscal general adjunto principal —que defiende a la Ofac—, argumentó que la sanción de Martínez no responde a la Ley Global Magnitsky, sino a la orden ejecutiva 13 mil 813, bloqueo de propiedades de personas involucradas en serios abusos de derechos humanos o corrupción.

Entre los señalamientos contra Martínez está haber recibido “grandes sobornos por facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V”. Además, EE. UU. asegura que “se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos”.

Martínez estuvo a cargo del Centro de Gobierno, una entidad creada el 28 de enero del 2020, es decir, en las primeras semanas del gobierno de Giammattei, y que tenía representación en cada uno de los ministerios del Estado.

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Las propiedades inmovilizadas y sometidas a investigación:

• Finca 4 mil 629 ubicada en Sacatepéquez a nombre de Demci Arnoldo López Villatoro.
• Dos fincas 4 mil 620 y 4 mil 621 ambas ubicadas en Sacatepéquez a nombre de Nahual Energy, S.A. según el portal Guatecompras, fue establecida en el 2019 y su representante legal es Victor Manuel Mora Monroy.
• Fincas 781 y 780 ubicadas en Guatemala a nombre Inmoviliaria Palllu. S.A
• Finca 5 mil 858 en Sacatepéquez a nombre de Antagonista de Negocios, S.A.

De acuerdo con Ortiz, estos inmuebles ya fueron extinguidos y el propietario, un exfuncionario, ya fue sentenciado por actos de corrupción y lavado de dinero.

Las diligencias las practican en inmuebles ubicados en la 3a calle poniente, número 30, 32, 34, 36 del municipio Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Ambas propiedades le fueron extinguidas al exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, condenado por corrupción en 2019.

La PNC ha dado detalles de que acompañan a la Fiscalía de Extinción de Dominio para entregar los bienes inmuebles a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

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Las autoridades inspeccionaron dos locales en donde funciona una boutique que cuenta con dos ambientes, un apartado para venta de ropa y un predio en la parte trasera. Además, también en otro donde funciona una sala de estética canina.

Con estas diligencias, según el MP, se entregó los inmuebles a la Senabed, para su administración. Estos ya habían sido extinguidos desde el 2016 y están valorados en unos 8 millones 400 mil dólares.

Dentro de los inmuebles figuran fincas, parqueos y áreas en construcción. La diligencia de este 10 de noviembre la hicieron porque, a pesar de su extinción, las propiedades seguían en uso.

Parte de los operativos consistió en dar un plazo a quienes ocupan los inmuebles para que Senabedpueda disponer de ellos.

Bienes de exalcalde

El 17 de octubre de 2019 el exalcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, fue condenado, junto con otras 17 personas, por actos de corrupción cometidos en la comuna colonial.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) logró en aquella oportunidad que el Tribunal B de Mayor Riesgo lo condenara por actos de corrupción y le impuso una pena de 16 años de cárcel y al pago de Q13 millones como multa.

El exfuncionario fue hallado culpable de lavado de dinero u otros activos, fraude, peculado y concusión.

Según las pesquisas de la Feci, el exfuncionario formó e integró una estructura criminal que se dedicó a desfalcar la comuna y para ello conformaron diversas empresas que fueron contratadas por la misma municipalidad.

Esas entidades comerciales eran dirigidas por amigos y familiares del exfuncionario. Junto con él fueron condenadas otras 17 personas vinculadas a los hechos.

La condena de Vivar, según MP

• Lavado de dinero: 6 Años aumentada tercera parte, prohibición para optar y ejercer cargo público por elección popular, en total 8 años inconmutables.
• Peculado: Responsable
• Fraude: Responsable
• Concusión: Responsable

Penas accesorias: multa de Q.13,327,605.33, 1 día de prisión por cada Q100 dejados de pagar, inhabilitación especial para ejercer cargos, servicios o funciones públicas, por el doble de la pena 16 años, publicación de sentencia en dos medios escritos.

Concurso ideal, 6 años de prisión aumentada en una tercera parte, total 8 años inconmutables.

Pena accesoria: multa Q6 mil aumentada en una tercera parte, total Q8 mil; un día de prisión por cada Q100 no pagados.

El reporte del MP incluye fotografías del inmueble que pasaron bajo administración de la Senabe, el cual consta de dos pisos y acabados de lujo.

Chico Dólar

Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, es un empresario de Jutiapa dueño de más de 100 casas de cambio. Desde 2013 la Intendencia de Verificación Especial (IVE) notó las transacciones sospechosas por millones de quetzales.

En ese momento inicia la amistad con el diputado Martínez Lohaiza por ser de oriente. Es señalado de lavado de dinero.

La Fiscalía de Extinción de Dominio hizo entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) de un inmueble vinculado al caso Chico Dólar, ubicado en Colinas de Andalucía, municipio de Fraijanes. pic.twitter.com/IqPmnxY0Es

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 24, 2022

En agosto de 2018  el MP informó acerca de el embargo propiedades de Morales Guerra. “Entre los bienes inmuebles se encuentra un chalet ubicado en la orilla del lago Güija (en la frontera de Guatemala y El Salvador)”.

También 10 terrenos que se encuentran en distintos puntos de Asunción Mita, Jutiapa. Las propiedades están registradas a nombre de Servia Guzmán de Morales, esposa de Morales Guerra.

El cabecilla de la red de lavado de dinero recibía transferencias extranjeras. La acusación detalla que introducía dinero al sistema financiero en dólares o quetzales a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros.

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Condenado a 38 años de prisión

Chico Dólar fue sentenciado a 38 años de cárcel y al pago de Q119.1 millones en el caso Lavado y Política, según fallo emitido el 11 de febrero de 2019, por el Tribunal de Mayor Riesgo A.

Ese Tribunal dio valor probatorio a la declaración de los testigos propuestos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), así como a las intervenciones telefónicas.

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Uno de los testimonios clave en el caso fue la auditoría que realizó Wilson Medrano, quien detalló que el empresario Chico Dólar, “hizo cambios” en las declaraciones ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y con ello logró engañar al fisco, lo que derivó en defraudación de Q19 millones.

El relato del expresidente del Banco de Guatemala, Édgar Barquín, -que se declaró culpable en un juicio abreviado- también confirmó la tesis del Ministerio Público (MP) del lavado de más de US$33 millones. En total se documentaron 686 transferencias al exterior.

Chico Dólar fue condenado a los 38 años de cárcel por los delitos de: lavado de dinero u otros activos (20 años de prisión y multa de Q100 millones); defraudación tributaria (6 años y multa de Q19 millones 939 mil 303.87); cohecho activo (6 años y multa de Q75,000) y por financiamiento electoral ilícito (6 años y multa de Q100 mil).

Según dio a conocer el MP, en la finca entregada a la Senabed funcionaba una canal de televisión, pero que se permitió la devolución del equipo de transmisión y telecomunicaciones a los propietarios del medio.

Añadió que esto se hizo para no vulnerar el derecho a la libertad de prensa y la libre emisión del pensamiento.

La finca entregada forma parte de siete fincas inmovilizadas a Baldizón y que ya están en administración de la Senabed.

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El caso Baldizón

Baldizón fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, el 21 de enero del 2018, por una orden de captura internacional en la que se le acusaba de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, vinculado al caso Odebrecht.

Estados Unidos acusó a Baldizón de lavado de dinero, se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años (50 meses) de cárcel en Estados Unidos, en noviembre del 2019, según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.

El pasado 7 de junio Manuel Baldizón dejó la prisión  McRae del estado de Georgia en Estados Unidos y salió 18 meses antes de cumplir su condena que finalizaba el 16 de diciembre de 2023.

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Baldizón recibió la pena de 50 meses de cárcel porque aceptó dinero del narcotráfico para financiar sus campañas en Guatemala; sin embargo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del MP, mantiene activa una alerta roja internacional contra Baldizón porque sospechan que también participó en la red internacional de sobornos, conocida como el Caso Oderbrecht.

Durante el proceso en el que Baldizón ha estado inmerso en estos problemas judiciales las autoridades le han inmovilizado varias propiedades. Entre ellas una ubicada en la 13 calle 02-52 zona 1, atribuido a la sociedad Proyectos del Orbe, S.A.

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También un edificio ubicado en el Periférico de la zona 8 de Quetzaltenango, en donde iba a funcionar un hotel.

La construcción se inició en el 2015 y el inmueble está a nombre de Regal Group S.A. una empresa que de acuerdo con la fiscalía está relacionada con una investigación por lavado de dinero que involucra a Baldizón.

De acuerdo con evaluadores se estima que el costo del edificio podría ser de Q30 millones.

El edificio habría funcionado como hotel, ya que la empresa propietaria Regal Group es propietaria de los otros hoteles de Baldizón.

También el hotel lujoso Casa Imperial o Jardín Inglés, ubicado en la aldea El Durazno, Villa Canales, kilómetro 24.5, carretera a El Salvador que hospedó a empresarios y turistas alguna vez, fue un inmueble propiedad de Manuel Baldizón, pero luego de ser vinculado con casos de corrupción la propiedad extinguida a favor del Estado y se ha convertido en una nueva sede de la Policía Nacional Civil (PNC).

El inmueble ubicado en la 13 calle 02-52 zona 1 de la capital, donde funcionó la sede del extinto Partido Líder pasó a manos de la Senabed. (Foto Prensa Libre: MP)

La investigación del MP determinó que una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro, una red de empresarios y varios exfuncionarios, utilizó el ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El MP busca extinción de dominio sobre los siguientes bienes del exministro Archila.

• Depósito por US$1 millón 003 mil 969.77
• Depósito por Q4 millones 565 mil 985.82
• Depósito por US$860
• 2 propiedades en Zona Pradera, Torre Empresarial
• Propiedad en Mansiones de Alta Vista
• Mobiliario de cocina, estufa, extractor de olores, refrigerador, muebles, mesas y sillas.
• 2 esculturas de la Época Republicana

La información del MP detalla que la investigación de la Fiscalía se desarrolló tras la compra de una propiedad en Isla de Bahía, Pristine Bay, Honduras, relacionada a Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de Guatemala, a través de la entidad Conyers Bussines quien abonó cantidades dinerarias para la adquisición del bien.

La Entidad Conyers Bussines fue vendida al exministro de Energía y Minas Erick Archila el 14 de octubre de 2008, teniendo un comportamiento tributario irregular tras pasar 4 años posterior a la compra declarando ingresos de venta por servicios por valor Q0.00.

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Sin embargo, en 2013 presentó un crecimiento reportando ventas por Q 33 millones 343 mil 791.00, estableciendo que, en el periodo que Archila fue ministro de Energía y Minas declaró ingresos y egresos sospechosos, hecho por el cual la Fiscalía inicia investigación en el año 2016

La estructura

La investigación del MP determinó la existencia de una estructura criminal de alto perfil, integrada por el exministro Archila, una red de empresarios y varios exfuncionarios, que utilizó el Ministerio de Energía y Minas para obtener sobornos y beneficios económicos ilícitos.

El fin primordial de esa estructura, según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue la obtención indirecta de beneficios económicos ilícitos, bajo el poder político de Archila dentro del gobierno del Partido Patriota, según el MP.

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Eso le permitió a Archila operar la organización desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Electrificación, así como negocios ilícitos en el ámbito privado, según el señalamiento.

La fiscalía dio a conocer que Archila fue identificado como el líder de esta organización criminal que operó entre el año 2012 y agosto de 2016.

Archila fue señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y concusión, pero el exministro está libre bajo fianza en Estados Unidos, pues fue detenido por un proceso de inmigración.

Comisiones ilícitas y sobornos

Erick Archila, según la Feci, obtuvo comisiones ilícitas en el período comprendido entre agosto de 2012 y abril de 2015. Luego de recibir estas dádivas, Archila benefició con contratos y/o resoluciones administrativas. La entidad que la Feci ubicó dentro de la investigación son Edemtec, S.A.; Petro Energy, S.A.; City Petén, S. de R.L.; e Hidro Xacbal, S.A. Asimismo, Rony Ezequiel Gerardo Valdés Fonseca fue intermediario para el cobro de las comisiones por lo menos en estas dos últimas compañías.

Los sobornos emitidos por estas entidades suman Q75 millones 700 mil 811.07 más US$477 mil.

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La Feci había explicado en su momento que Conyers Bussiness S. A fue una empresa receptora de comisiones ilícitas por cheques de diversas sumas.

Agregaba que Archila adquirió diversas obras de arte en México valoradas en varios miles de dólares, una de las cuales fue ubicada en los allanamientos.

Asimismo Archila compró, entre marzo y noviembre de 2014, obras de arte de artistas guatemaltecos por un costo de Q1 millón  779 mil 510; relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A., valorados en varios miles de quetzales.

También adquirió equipos de televisión, así como una unidad móvil valorados en Q7 millones 201 mil.

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La investigación también estableció que, entre las coimas, con fecha 17 de julio de 2014, Conyers Business, S.A. realizó una transferencia por la suma de 129 mil 32 dólares, la cual sirvió como abono para la compra de la Villa 02-53, que ahora corresponde a la villa 02-61, ubicado en el sector denominado The Cove, en Crawfish Rock, Roatán, Honduras.

El dinero fue transferido a North Shore Development de la República de Honduras, para adquirir la villa para la entonces vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Baldetti Elías.

Según una publicación del medio Panamá América, publicada el 4 de mayo pasado y actualizada este 5 de mayo, el abogado Alejandro Pérez Saldaña denunció que pese a que un juzgado de Guatemala ordenó recientemente la devolución del avión tipo jet N799RM propiedad del expresidente Martinelli, el Ministerio Público (MP) guatemalteco no agiliza los trámites para cumplirlo. 

El abogado afirmó que el objetivo de las autoridades guatemaltecas sería “robarse o apropiarse” ilegalmente del avión del exmandatario.  

El reporte periodístico también menciona que la retención del avión se mantiene pese a que se les ha presentado a las autoridades guatemaltecas toda la documentación donde se certifica que este no tiene ningún tipo de ilícito en Panamá.  

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Señala que el abogado cree que en Guatemala vieron la oportunidad de robarse la aeronave y por eso están poniendo muchos obstáculos jurídicos para no devolverla.  

“A pesar de la Constitución guatemalteca, a pesar de las leyes guatemaltecas, de todas maneras se quieren robar esa aeronave. Ese diputado es uno de los que está metido en eso, se quieren robar el avión de Martinelli, porque es un país de corrupción Guatemala”, dijo el abogado al medio de comunicación panameño.  

Puntualizó que la nave de Martinelli fue adquirida hace más de 15 años y durante ese tiempo ha viajado a diferentes países y considera que fue “una maldad” denunciar el avión en caso.   

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Roniel Ortiz, de la defensa de Ricardo Martinelli en Panamá, señaló al medio de comunicación que fiscales de Guatemala se han prestado para retener un bien que un juez ya ordenó que se devolviera. 

“Están dando excusas con relación a que no tienen hangar y que lo tuvieron que mover a un hangar del Ejército de Guatemala, propiedad del Ministerio de la Defensa de este país, algo que no lo podían hacer porque es un bien cuyos motores están apagados desde hace más de un año y medio”, expresó el abogado Ortiz. 

Señala que el jet tiene especificaciones técnicas que tiene que revisar personal de Estados Unidos, que tienen que garantizar que los motores están en condiciones de volar.   

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Hay que demandar a las autoridades 

Según dijo Ortiz a Panamá América, el expresidente Martinelli dio la instrucción de querellar y demandar a los fiscales y a todas las personas que se hayan prestado para “cometer este exabrupto jurídico”. 

“Este tema de los hijos de Ricardo Martinelli –extraditados a Estados Unidos desde Guatemala- han querido mezclar con el tema del avión del expresidente”, señaló. 

El defensor dijo que las autoridades del país centroamericano van a tener que pagar por los daños causados a este avión.  

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Señala a la fiscal Consuelo Porras 

El abogado Ortiz también dijo que la fiscal general y jefa del MP de Guatemala, Consuelo Porras, ha permitido que los fiscales hagan lo que les da la gana en este caso.  

“Este no es cualquier tema, es no es el avión de juan de los palotes, es el avión de un expresidente de la República, un candidato político que hoy día marca alto en aceptación y se perfila en los próximos dos años como el nuevo presidente de Panamá”, puntualizó el abogado al medio de comunicación.  

Las declaraciones de los abogados de Martinelli se dan luego de que un funcionario de la Fiscalía de Extinción de Dominio de Guatemala dijo que el avión no tiene ningún ilícito, pero aún no la liberan. 

Es falso 

Consultado el Ministerio Público de Guatemala sobre el tema y los señalamientos que hacen los abogados del expresidente Martinelli, en Comunicación Social de la institución afirmó que dicha información es falsa.  

Agregaron que, por medio de la investigación, la Fiscalía de Extinción de Dominio estableció que la aeronave no es de ilícita procedencia y ahora corresponde al Juez competente resolver en definitiva el tema. 

Juez ordena devolver nave 

El pasado 21 de abril el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad del Organismo Judicial guatemalteco, ordenó la devolución del avión decomisado en 2021 al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), pero la aeronave permanecerá aún bajo la tutela de un tribunal de Extinción de Dominio. 

El avión fue retenido inicialmente en febrero de 2021 y su embargo fue ordenado en octubre del mismo año, investigada por el supuesto traslado de narcóticos, a petición de Estados Unidos. 

Sin embargo, tras no encontrar indicios al respecto, solamente faltas administrativas, el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad decretó “la devolución de la avioneta tipo jet”, con “matricula estadounidense y modelo 2005”. 

De acuerdo a la judicatura, el representante del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el proceso, Enrique Sosa Ordóñez, “no se opuso a la devolución” de la aeronave “siempre y cuando fuere en calidad de depósito” pues “existe una investigación pendiente por parte de otra fiscalía”. 

Según fuentes judiciales, la otra fiscalía a la que se refiere el Ministerio Público es la de Extinción de Dominio, que tiene un proceso abierto para trasladar la aeronave a posesión del Estado de Guatemala. 

La aeronave, de matrícula N799 RM, fue decomisada el 26 de febrero de 2021 en el momento en el que presuntamente la esposa de Martinelli llegaba a Guatemala, donde se encontraban en prisión sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero. 

La extradición de ambos se concretó a finales de 2021 y los dos hermanos permanecen en prisión en Estados Unidos. 

El avión fue retenido inicialmente en febrero de 2021 y su embargo fue ordenado en octubre del mismo año, investigada por el supuesto traslado de narcóticos, a petición de Estados Unidos.

Sin embargo, tras no encontrar indicios al respecto, solamente faltas administrativas, el Juzgado Noveno Penal de Narcoactividad decretó “la devolución de la avioneta tipo jet”, con “matricula estadounidense y modelo 2005”.

De acuerdo a la judicatura, el representante del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el proceso, Enrique Sosa Ordóñez, “no se opuso a la devolución” de la aeronave “siempre y cuando fuere en calidad de depósito” pues “existe una investigación pendiente por parte de otra fiscalía”.

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Será, por tanto, decisión del Ministerio Público si solicita que se retire el proceso en marcha en la Fiscalía de Extinción de Dominio.

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La aeronave, de matrícula N799 RM, fue decomisada el 26 de febrero de 2021 en el momento en el que presuntamente la esposa de Martinelli llegaba a Guatemala, donde se encontraban en prisión sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero.

La extradición de ambos se concretó a finales de 2021 y los dos hermanos permanecen en prisión en Estados Unidos.

El jet fue incautado en el aeropuerto internacional La Aurora, ubicado en el sur de la Ciudad de Guatemala, cuando supuestamente varios familiares de los hermanos Martinelli Linares, además de su madre, viajaban para visitarlos en la prisión donde se encontraban desde 2020.

La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada en 2010 en Guatemala y permite a las autoridades locales decomisar de manera permanente los bienes de procedencia ilícita.

Según el MP, el movimiento se justificó por una “reestructuración” de la unidad de investigación en la que estaba asignado. 

Orozco era jefe de esa fiscalía y tenía a su cargo diferentes pesquisas relacionadas con el posible origen irregular de bienes y dinero vinculados al diputado Hérber Melgar Padilla y el exdiputado Armando Escribá. 

También casos que se relacionan con el exjuez Mynor Moto, Jaime Aparicio, Edwin Escobar y el narcotraficante Jairo Orellana. 

La mayoría de estos casos surgieron pesquisas que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.  

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Razones para el traslado 

El MP dijo que el traslado del fiscal Orozco se realizó con base en lo que establece el artículo 71 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y derivado de solicitud realizada por el Fiscal de Sección por razones del servicio y reestructuración de la fiscalía. 

Menciona Orozco incumplió con las metas previstas para 2021 y aunado a eso tuvo una queja, presentada por un juez ante Supervisión General, por presunta negligencia en el diligenciamiento de un caso. 

Afirma que los casos que conoce la Fiscalía de Extinción de Dominio continúan con normalidad, toda vez las investigaciones se desarrollan por un equipo de trabajo, no por una persona en particular. 

 Traslados de personal en el MP 

El MP también informó sobre estadísticas de traslado de personal durante distintas administraciones. 

Explican que durante la gestión de la fiscal Claudia Paz y Paz hubo 1 mil 89 traslados, en el período de Thelma Aldana, 1 mil 356, y en la actual administración de Consuelo Porras, 870 traslados.

Los inmuebles se localizan en la colonia Saravia, zona 5 y la colonia Militar Lourdes, zona 17, viviendas relacionadas según la información del Ministerio Público con personas que actualmente se encuentran procesadas por el caso La Línea.

Las diligencias se han calificado como de “inspección, registro y secuestro”, con la finalidad de “fortalecer el proceso que lleva la Fiscalía de Extinción de Dominio”.

La Línea

El pasado 16 de abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), reveló una investigación donde involucraba a funcionarios de la SAT, incluso al mismo Superintendente de la institución.

La investigación reveló que la estructura, supuestamente liderada por Juan Carlos Monzón, ex secretario de la vicepresidencia y hasta ahora prófugo, se dedicaba a acciones de contrabando en las principales aduanas del país y con la ayuda de importadores y tramitadores aduaneros defraudaban al fisco.

Según la Cicig: “la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como “la línea”, la cual a través del análisis e interpretación de la información recolectada en las interceptaciones telefónicas se estableció que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT”.