Fiscalización

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22 de julio de 2025 | 00:04h

La Municipalidad de San Cristóbal Totonicapán celebra sus festividades en julio con desfiles, certamen de belleza y un desfile hípico. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de San Cristóbal, Totonicapán)

Las ferias patronales y los desfiles hípicos suelen ser las actividades recreativas más relevantes para los vecinos en diferentes localidades, por lo que cada año las jefaturas ediles destinan parte de su presupuesto para promover estos eventos y ganar la aprobación del futuro electorado, según analistas.

De acuerdo con los datos de Guatecompras, en lo que va del año, las municipalidades han adjudicado un total de Q11 millones para desfiles hípicos, ferias, coronaciones de reinas de belleza, eventos musicales y celebraciones conmemorativas.

Huehuetenango es el departamento que más ha gastado en este rubro, con Q5 millones 177 mil, para costear la organización de ferias patronales y certámenes de belleza municipales.

Los jaripeos no se limitan a las zonas ganaderas. En municipios cercanos a la capital también se organizan desfiles hípicos. En redes sociales se han vuelto comunes los videos de hombres, mujeres y jóvenes montados a caballo —algunos de raza española— cuyas destrezas son aplaudidas por la concurrencia.

El expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Selvin García, explicó que estas actividades son aprovechadas por los alcaldes para mantener su caudal político y sostuvo que los jefes ediles se mantienen en constante campaña.

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“El alcalde es el único que tiene el tiempo, el recurso y la oportunidad para estar en campaña los 365 días del año. El alcalde que no gana una reelección es porque no aprovechó esos momentos”, detalló García.

Las festividades religiosas y sociales son utilizadas por los alcaldes para llevar al municipio espectáculos que normalmente no se presentan en el área, como conciertos de grupos de música regional mexicana.

“Esas actividades son para que el alcalde le dé al pueblo una distracción, y se merecen una diversión. Hoy por hoy, el alcalde que ha comprendido eso trata de hacer eventos atípicos, fuera de lo tradicional. Por eso generan un espectáculo, y es un gasto que antes no se tenía”, agregó García.

Se consultó sobre el tema al diputado Esduin Javier, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, quien sostuvo que estos eventos son impulsados por los alcaldes a petición de los vecinos, y que no se realizan otras actividades para evitar un desgaste de imagen.

“No es que los alcaldes prefiramos o elijamos esas actividades. El pueblo las prefiere y nos las pide”, afirmó Javier.

Sin fiscalización

También se le preguntó al diputado sobre la fiscalización de estos gastos desde la comisión legislativa que preside, pero comentó que no se ha realizado ninguna verificación, porque los desembolsos están amparados en la ley. Además, como exalcalde, aseguró que no hay motivo para dudar del destino de esos fondos.

“No hemos fiscalizado porque está en ley; no hay dónde se puedan robar el dinero, porque si le compraron el vestido a la reina —de belleza— no se puede robar el dinero, porque ahí está el vestido. Yo fui alcalde ocho años, y apoyar una feria patronal no implica gastar fondos de más”, defendió Javier.

Los hechos violentos durante o al finalizar los desfiles ecuestres han motivado la cancelación de estos eventos. El alcalde de la cabecera departamental de Huehuetenango, Gustavo Cano, rechazó la solicitud para realizar una cabalgata durante las Fiestas Julias, del 12 al 18 de julio.

El desfile hípico se suspendió desde que en 2023 tres personas murieron durante el evento. Durante las festividades en Taxisco, Santa Rosa, en enero pasado, se pidió vigilar la portación ostentosa de armas.

“El Concejo Municipal ha considerado que no es el momento más oportuno para autorizar una actividad de esa naturaleza, pues el acuerdo emitido en su momento sigue vigente y prohíbe el desfile hípico en la ciudad de Huehuetenango”, informó el jefe edil por medio de redes sociales.

Como parte de la celebración de estas fiestas, sí se realizaron conciertos, desfiles de carrozas, bandas escolares y automóviles.

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Cultura ganadera

Estos eventos son registrados por las municipalidades en los portales de información pública como actividades socioculturales o de apoyo a la cultura. García comentó que la cultura ganadera ha ganado terreno en el país, propiciada por la tenencia de ganado, terrenos de siembra y caballos en los municipios.

“Las personas —que participan— empiezan a ser conocidas dentro de estos sectores a los que les gustan este tipo de eventos. Se empieza a hacer cultural y se trasladan de un municipio a otro, llegando a participar en un desfile hípico cada domingo”, indicó el exalcalde García.

Si bien hay un aumento en la incidencia del narcotráfico en el país, García aseveró que no puede vincularse directamente con el crecimiento de la cultura ganadera ni con la popularidad de estos eventos.

Durante estas celebraciones, en el pasado, se han registrado hechos violentos. Al respecto, García consideró que tales acontecimientos derivan del abuso de bebidas alcohólicas, la portación de armas y la presencia de seguridad privada entre algunos asistentes, extremos que deben ser considerados por los alcaldes al organizar las ferias.

Plan para inyectar Q5 mil millones a pensiones del Ejército choca con parálisis en el Congreso

Mon, 07 Jul 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Plan para inyectar Q5 mil millones a pensiones del Ejército choca con parálisis en el Congreso

El Instituto de Previsión Militar (IPM) pide Q265 millones anuales por 20 años, más un monto adicional de “dignificación” por Q160 millones anuales para elevar las pensiones que reciben más de 5 mil jubilados.

Sandy Pineda

7 de julio de 2025 | 00:05h

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Instituto de Previsión Militar (IPM) promueve ante el Congreso un anteproyecto de ley para la aprobación de un aporte extraordinario de Q265 millones anuales durante los próximos 20 años y una asignación adicional, ajustable, de Q160 millones por año.

Con los fondos se espera nivelar los ingresos de un sistema de pensiones y beneficios para militares en activo y jubilados, así como sus beneficiarios. El programa está desfinanciado por falta de cumplimiento del aporte estatal, porque la cantidad de beneficiarios casi iguala al total de beneficiarios, así como la baja rentabilidad de proyectos que generan ingresos propios.

En ese contexto, la propuesta del IPM también contempla aumentar los montos de las pensiones mensuales para tres grupos de beneficiarios: equiparar con el salario mínimo las pensiones para 5 mil 221 afiliados que reciben de Q500 a menos del salario. También se propone que, las pensiones mayores al salario mínimo, pero menores de Q6 mil, lleguen hasta ese monto. Y quienes reciben más de Q6 mil que tengan un incremento proporcional para llegar a Q7 mil mensuales.

La crisis financiera actual del IPM resulta de décadas de decisiones financieras cuestionables que, lejos de fortalecer al Instituto, lo llevaron a una situación cada vez más insostenible.

Las raíces del problema no son recientes y, según antecedentes documentados, comenzaron a profundizarse hace más de dos décadas.

Entre los principales factores que deterioraron la situación del IPM figuran inversiones de alto riesgo —varias de ellas con pérdidas—, una gestión deficiente en empresas privadas creadas con fondos del propio Instituto, y señalamientos constantes por compadrazgo, nepotismo y presunta corrupción institucional.

Solicitud basada en estudios

Las autoridades del IPM insisten en que ambos aportes solicitados son indispensables para garantizar la sostenibilidad financiera del régimen de previsión y del sistema de pensiones, los cuales —según sostienen— se basan en estudios actuariales, es decir, evaluaciones de riesgo financiero en pensiones y otros factores, que proyectan el comportamiento del sistema a largo plazo.

Dichos estudios revelan, agregó IPM, un “riesgo inminente”.

El anteproyecto, que incluye ambas solicitudes financieras, se presentó al Congreso de la República el 20 de junio del 2025 por la Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Jairo Orellana. Actualmente, está pendiente de que se remita a la Dirección Legislativa para que inicie su trámite.

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Crisis de larga data

El capitán Mario Baeza, gerente del Instituto de Previsión Militar, expuso que la crisis se agravó por decisiones históricas y atrasos en pagos del Estado.

“En cuanto al primer eje, los Q265 millones anuales por 20 años, sí, es una cifra alta, pero tiene fundamento. A partir de los acuerdos de desmovilización militar en el 2004, el sistema de reparto simple con el que funciona el IPM se vio afectado. Actualmente tenemos una relación de cotizantes y jubilados de uno a uno, y así no funciona un sistema previsional. Por eso, esta cantidad permitiría pagar jubilaciones y sostener el sistema a largo plazo”, explicó Baeza.

“Si se calcula que pagamos Q26 millones mensuales en jubilaciones, multiplicado por 12 meses da una cifra anual menor a esos Q265 millones. Además, si se analiza el valor presente del dinero frente al valor futuro dentro de 20 años, esta cantidad no resulta tan grande. Y es importante decir que estos Q265 millones no surgen de una matemática arbitraria, sino de un cálculo actuarial con base técnica y justificada”, agregó.

El gerente hizo ver que el monto solicitado podría variar si el financiamiento se prolonga. Por ejemplo, en lugar de los Q265 millones anuales durante 20 años, el aporte podría reducirse a Q180 millones al año si se extendiera el plazo a más de 30 años.

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El aporte de los Q160 millones anuales, según el artículo 3 del anteproyecto de Ley establece una asignación que tiene el objetivo de nivelar las pensiones.

Esta asignación por Q160 millones deberá cubrirse con recursos exclusivamente del Estado “con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y contribuir a la dignificación de los ingresos de los beneficiarios”, detalla la iniciativa.

Según Baeza, el IPM ha sido afectado por decisiones políticas ajenas a su administración, como la desmovilización militar del 2004, que provocó el retiro anticipado de casi 3 mil afiliados, y el incumplimiento del aporte ordinario del Estado.

El gerente afirmó que el Estado ha incumplido con un aporte establecido por ley, acumulando una deuda de Q480 millones entre 1992 y el 2024. A raíz de ello, desde hace varios años, el IPM ha recurrido al uso de su reserva institucional para cumplir con el pago de pensiones.

“La reserva comenzó a usarse desde el 2004. Consciente de las necesidades de nuestros jubilados, se optó por cubrir esos pagos con los fondos de reserva. Pero esta se fue agotando. Hoy tenemos un déficit presupuestario del 9%”, precisó. Ese déficit equivale actualmente a Q384.6 millones.

Opciones para el equilibrio al programa previsional

El IPM se financia mediante tres fuentes principales: los aportes mensuales de aproximadamente 8 mil 300 integrantes activos del Ejército, las inversiones propias del Instituto y asignaciones del Estado.

En algunas ocasiones ha recibido aportes extraordinarios, como los Q900 millones entregados en el 2023 durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, según Baeza, incluso con ese tipo de aportes, el saldo pendiente que el Estado debía cubrir continúa en déficit.

Baeza afirmó que una vía para equilibrar el sistema es aumentar la base de cotizantes, lo cual está directamente vinculado con el crecimiento del Ejército. “Mientras no aumentemos nuestra tasa de cotizantes, la recuperación es difícil”, indicó.

También se ha extendido el tiempo de servicio para seguir cotizando. “Los oficiales ahora se retiran a los 36 años y los especialistas a los 35”, aunque aumentar el aporte estatal sería otra opción.

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Preocupa falta de sostenibilidad

La investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Verónica Spross, explicó que el problema del sistema de pensiones en Guatemala es estructural, ya que existen diversos regímenes con situaciones distintas.

En este caso, señaló que “es preocupante que el IPM no sea sostenible y requiera aportes fiscales, los cuales representan un alto costo de oportunidad”.

“Los fondos que el IPM solicita podrían destinarse, por ejemplo, a proveer tecnología e internet a estudiantes de nivel diversificado, junto con un programa de enseñanza del idioma inglés. No se ve viable ajustar las pensiones si los fondos acumulados son insuficientes. Lo mismo ocurre con el régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado”, agregó.

Respecto de las solicitudes financieras al Estado, Spross considera que no son procedentes: “No es conveniente una inyección de fondos durante 20 años. Es momento de pensar en un nuevo sistema, basado en cuentas individuales, que alinee correctamente los incentivos, ya que las pensiones deben estar relacionadas con el esfuerzo de ahorro personal”.

Sobre los señalamientos

Consultado sobre señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Baeza informó que la denuncia presentada por esa entidad en enero del 2024 fue desestimada dos veces por el Ministerio Público, incluso después de la oposición de la propia entidad denunciante.

“Eso para nosotros es motivo de satisfacción. Esa denuncia fue desestimada dos veces por el Ministerio Público. Nosotros siempre trabajamos con un enfoque de transparencia y calidad del gasto público”, dijo.

Al consultar con el MP, el departamento de Comunicación informó que no localizaron denuncias por hechos relacionados con el IPM.

Reconoció que, pese al historial de malos manejos de recursos propios, las solicitudes financieras actuales se justifican en que el IPM ha utilizado su reserva desde el 2004 para cubrir déficits, y que el objetivo del nuevo financiamiento es precisamente evitar seguir recurriendo a ella. “Nuestra intención es ya no tocar la reserva; si se fortalece, aumentan nuestros ingresos propios”, insistió.

Agregó que arrendan terrenos a empresas privadas para desarrollar proyectos que no requieren inversión directa del IPM. “Ya no tenemos dinero para invertir, pero sí activos que generan ingresos a largo plazo”, comentó.

Baeza aseguró que el IPM mantiene mecanismos internos y externos de control:

Auditoría interna reforzada
Contratación anual de una auditoría externa independiente
Informes regulares a afiliados activos y jubilados
Publicación de información de oficio en su sitio web

“Damos cuentas al Estado, como lo exige la ley, pero también a nuestros afiliados, que aportan el 12% de su salario. Por eso tenemos que ser responsables. Toda la información está disponible en nuestra página. Estamos comprometidos con la transparencia”, afirmó.

El cabildeo en el Congreso

En el Congreso, el proyecto de ley podría conocerse en el segundo período ordinario de sesiones, durante el cual se debe conocer el presupuesto para el 2025 y otras peticiones, como la de fondos para los expatrulleros de Autodefensa Civil.

El diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, afirmó que la solicitud del IPM difícilmente avanzará con rapidez en el Congreso, para una eventual aprobación.

“No creo que pueda prosperar pronto; es un tema complejo. Todos reconocemos que es necesario atenderlo, pero también estamos conscientes —como diputados— de que la crisis en el IPM es resultado de decisiones equivocadas tomadas por administraciones anteriores”, dijo.

Además, descartó que, por ahora, la propuesta se utilice como eventual tema en negociaciones con el Ejecutivo.

“Hay que reconocer que muchos de los jubilados tienen pensiones paupérrimas”, expresó el diputado José Chic, subjefe del bloque VOS.

Señaló que también se deben revisar los recursos que se han asignado al IPM y la sostenibilidad del programa. “Hay que recordar que el Estado ya concedió alrededor de Q900 millones y los ingresos que puede obtener por arrendamientos de inmuebles”, apuntó.

Es necesaria una evaluación, porque se puede convertir en una moneda de cambio, entre todas las propuestas que están llegando al Congreso para darle dinero a diversos sectores, concluyó Chic.

Denuncias

Denuncia del IPM (2003): Acusó a su Junta Directiva y representantes de PFA en Guatemala por fraude y abuso de autoridad, tras invertir US$36.8 millones en PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. El MP desestimó el caso en junio de 2024, pero el IPM se opuso y espera audiencia.
Demanda del IPM en EE. UU. (2001/2002): Acción legal contra PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. En 2009 obtuvo sentencia favorable contra Luis M. Cornide. Hay US$11 millones aún pendientes de recuperar. La sentencia está vigente hasta julio de 2029.
Denuncia de la CGC (2024): La Contraloría señaló a las autoridades del IPM por no gestionar la recuperación de inversiones al 31 de enero de 2023. Sin embargo, fue desestimada por el juzgado y la oposición de la CGC no prosperó. El caso se cerró.

Línea de tiempo de hallazgos en el IPM

Década de 1980 – Se crea una red de empresas privadas financiadas con fondos del IPM, en sectores como hotelería, farmacia, seguros y logística, manejadas por militares en activo o retiro. No había suficiente transparencia ni rendición de cuentas.
Década de 1990 – El Banco del Ejército, vinculado al IPM, presenta una cartera con hasta 97% de morosidad por créditos otorgados sin garantías. El Banco de Guatemala advierte sobre la fragilidad financiera del sistema de previsión militar.
2001 (Gobierno de Alfonso Portillo) – El IPM invierte US$33 millones en el fondo Pension Fund of America (PFA) en EE. UU., que canaliza los recursos a bancos como Lehman Brothers. Hay denuncias por comisiones indebidas a funcionarios del IPM.
2009 – Un tribunal en Miami ordena al fondo PFA devolver US$20.8 millones al IPM. El instituto logra recuperar parcialmente los fondos, pero omite reclamar el total pendiente.
2017 – Publicaciones independientes —como Desde el Cuartel— denuncian que el IPM operó como un grupo empresarial con beneficios exclusivos para militares, citando el caso del fondo PFA y vínculos con corrupción y tráfico de influencias.
2023 – Reportajes muestran que empresas ligadas al IPM han recibido millones en contratos del Estado, sin claridad sobre los dividendos reportados ni su destino final.
Febrero de 2024 – La Contraloría General de Cuentas (CGC) presenta dos denuncias penales contra funcionarios del IPM por irregularidades que suman Q159.7 millones: préstamos sin recuperar, inversiones sin respaldo y sociedades con pérdidas. Se señala específicamente la omisión de acciones legales para recuperar Q88.5 millones aún pendientes del caso PFA en EE. UU.
Mayo de 2025 – El Ministerio Público, a través de la FECI, allanó propiedades del IPM vinculadas a un caso de tráfico de influencias y uso indebido de terrenos públicos transferidos al instituto.

2025: 128 días de trabajo fuerte y firme

FECI realiza diligencias en seguimiento a denuncia por posibles actos de corrupción

Como parte del seguimiento a una denuncia sobre la comisión de posibles hechos de corrupción cometidos por el presidente de la República de… pic.twitter.com/7GzyEZqyuk
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 8, 2025

“Cerca del 20% de la administración pública no asiste a diario a trabajar”: Frank Bode Fuentes, contralor general de Cuentas

Thu, 03 Jul 2025 06:05:00 +0000

Comunitario

“Cerca del 20% de la administración pública no asiste a diario a trabajar”: Frank Bode Fuentes, contralor general de Cuentas

El contralor General de Cuentas estima que la corrupción en Guatemala, lejos de disminuir, va en aumento.

Douglas Cuevas

3 de julio de 2025 | 00:05h

La Contraloría General de Cuentas, a través del programa Municipio Fiscalizado, evidenció que hasta el 20% de servidores públicos no asiste a trabajar a diario; el personal de Salud, es uno de ellos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El sector salud es uno de los más codiciados por grupos corruptos, según los datos con que cuenta la Contraloría General de Cuentas (CGC), que ha identificado algunos fenómenos a través de su programa Municipio Fiscalizado.

Este proyecto de modernización en la fiscalización pública, que cumplió un año, cuenta con 774 vigilantes que, por medio de una aplicación, visitan dependencias públicas.

El sector salubrista es uno de los que más casos reporta, por lo que la CGC presentará en agosto un informe especializado sobre las alertas emitidas con este programa.

Además del sector salud, el área educativa es otro ámbito en el que los monitores han detectado irregularidades, al reportar una cantidad “considerable” de maestros que no llegan a impartir clases.

Frank Bode Fuentes, contralor General de Cuentas, explicó que los datos recabados en un año de funcionamiento del programa reflejan que las prácticas corruptas, lejos de disminuir, van en aumento.

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¿Cómo recibió la Contraloría General de Cuentas?

Recibí a la CGC como una entidad tradicional, desde el punto de vista de la fiscalización. Yo fui auditor y, en los procesos de auditoría, se hacían entre 1 mil 500 y 1 mil 600 visitas anuales. Esa es la Contraloría que encontré.

¿Hacia dónde planificó dirigir la institución?

Todo parte del fortalecimiento del sistema de control interno, ya que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en su último párrafo, establece como una de sus funciones velar por la calidad del gasto público. Y esa calidad debe observarse desde el comportamiento del presupuesto.

Al revisar dicho comportamiento, se advierte que el 90% del presupuesto se destina a sueldos de funcionarios y empleados públicos. A partir de ahí, generamos la estrategia del programa Municipio Fiscalizado. Hoy hacemos presencia en 7 mil 200 lugares diarios.

¿Cuáles han sido los principales desafíos para fiscalizar?

El primero es que la CGC llegaba de forma tardía, lo cual la volvía una entidad punitiva, cuando su función principal es velar por la calidad del gasto público. Por ello, se generó una estrategia para fortalecer el sistema de control interno con nuevas normas generales y técnicas, y se definieron tres ambientes: preventivo, detectivo y correctivo.

Si tenemos una entidad punitiva, ¿dónde queda la calidad del gasto público? Si yo me dedico a denunciar, ¿qué mensaje traslado a los funcionarios? En cambio, si el enfoque es preventivo, podemos señalar desde el momento si una licitación no procede o si un gasto está mal orientado.

La población espera denuncias, pero una denuncia no arregla nada. Un ejemplo es el decreto 21-2022, denunciado por más de Q7 mil millones. Las obras están bajo reserva del Ministerio Público, no se pueden tocar.

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¿Qué tanta resistencia externa hay en la fiscalización?

Es fuerte, porque el programa Municipio Fiscalizado ha dado un nuevo enfoque como estrategia de fortalecimiento del control interno.

El año pasado logramos reducir del 68% al 10% la cifra de maestros que no llegaban a trabajar. Eso es calidad del gasto público. El monitor verifica en tiempo real si el maestro está dando clases.

Hemos encontrado maestros en sus casas, en tiendas o en mercados; algunos dejaban las escuelas cerradas con candado. Este programa permite que un maestro imparta clases y eso se traduce en mejor calidad educativa para los niños.

También detectamos que las bolsas de refacción escolar llevaban verduras podridas, que las libras no estaban completas y que los precios estaban sobrevalorados. Por ejemplo, se asignaban 1 mil libras para 1 mil 300 niños: algún niño no recibiría alimento.

¿Cómo nació la idea del programa Municipio Fiscalizado?

Tuve que vivirlo en carne propia. En un partido de fútbol, uno de los jugadores se accidentó. Al acudir al puesto de salud más cercano, nos dimos cuenta de que las enfermeras llegaban solo cada 15 días. En otro lugar, encontramos una situación similar.

Municipio Fiscalizado nos está dando datos clave: cerca del 20% de la administración pública no asiste a diario por permisos, licencias, o incapacidades del IGSS. Del 80% restante, debemos preguntarnos quiénes realmente trabajan, porque hay empleados que sí llegan, pero no laboran.

¿Algunos casos que destaque detectados con este programa?

En San Marcos detectamos a 10 doctores que desde 2012 no llegaban a trabajar. En San Pedro Sacatepéquez, baños que reportaban Q84 diarios recaudados, pero según el monitoreo, eran hasta Q2 mil 300 al día.

Si mejora el situado constitucional, hay más desarrollo. Por eso, la CGC debe ser un aliado del desarrollo.

Ahora vamos detrás de cuatro alcaldías grandes, para enviar monitores y verificar si lo presupuestado en ingresos corresponde con lo reportado. No para denunciar, sino para mejorar los ingresos municipales.

En Huehuetenango había un cadáver olvidado durante dos años en la morgue del hospital. También un indigente no tenía para comprar un jabón y se le infectó una herida. El monitor le compró el jabón, y los médicos lo atendieron.

Las sábanas blancas solo las sacuden; no les aplican cloro. Es algo que se roban. A ese nivel ha llegado la corrupción.

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¿Cuántos reportes ha emitido el programa Municipio Fiscalizado?

Hemos emitido 795 mil alertas. Por eso, este año presentaremos por primera vez un informe sobre el sector salud, tanto del IGSS como del Ministerio.

Se identificaron médicos que no trabajan, medicamentos robados y verduras en mal estado en hospitales.

La corrupción no ha disminuido; ha aumentado. ¿Dónde está? En las compras directas y de baja cuantía.

Solo dos aspectos disminuyen la corrupción: los principios y valores, y el fortalecimiento del sistema de control interno. No hay más.

Estamos transformando el funcionamiento de la CGC con este sistema, porque son numerosas las compras pequeñas y las personas que se prestan a esa situación.

¿Cuáles son sus planes a futuro?, ¿optaría a un cargo de elección popular en 2027?

Si me fuera con un partido político, dejaría a la Contraloría en un limbo, pasaría de entidad técnica a política. Mi visión es seguir trabajando en mi profesión desde alguna asesoría o contraloría, pero no como alcalde, diputado ni en ningún otro cargo público. Estoy ajeno a cualquier cuestión política.

El contralor general, Frank Bode Fuentes, adelanta hallazgos del programa Municipio Fiscalizado, un informe que será público en agosto próximo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

CGC presenta 47 denuncias por dudas en el manejo de Q215 millones

Sat, 14 Jun 2025 11:00:00 +0000

Guatemala

CGC presenta 47 denuncias por dudas en el manejo de Q215 millones

El equipo de auditores también impuso 932 sanciones millonarias contra dependencias del Estado por el mal manejo de los recursos públicos.

Douglas Cuevas

14 de junio de 2025 | 05:00h

Las acciones legales son por procesos de fiscalización que concluyeron en 2024. Fotografía: CGC.

En los últimos seis meses del 2024, equipos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) finalizaron auditorías sobre 230 instituciones públicas y sus períodos de gestión anteriores a esa fecha. El resultado del ejercicio de fiscalización dejó, además de sanciones administrativas, la presentación de 47 denuncias por dudas en el manejo de más de Q215 millones.

Cada uno de esos casos fue presentado ante el Ministerio Público (MP), que deberá asignar cada expediente a la fiscalía más apta para comenzar el proceso de investigación.

El resultado de las auditorías finalizadas en el último semestre del año pasado concluyó en que pudieron cometerse delitos que requieren una investigación penal por aparentes actos de corrupción, extremos que la investigación del MP tendrá que confirmar o descartar.

El listado total de las auditorías practicadas a las 230 dependencias públicas fue presentado en el Diario de Centro América, en su publicación legal del 13 de junio, en cumplimiento con las normas internas de la CGC, que obligan a divulgar los resultados de los ejercicios de fiscalización.

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De las 47 denuncias que fueron presentadas por el equipo de auditores, dos ministerios lideran la lista por contener la mayor cantidad de señalamientos en períodos de gestión anteriores al 2024.

El primero de ellos es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que recibió 12 denuncias. Los señalamientos contra esa cartera ascienden a Q36 millones 534 mil 773.68.

La segunda entidad con mayor número de denuncias fue el Ministerio de Educación (Mineduc), que recibió 11. Las dudas alrededor de esa cartera son por un monto de Q4 millones 41 mil 937.45.

Otros casos

El informe de las auditorías también señala a otras dependencias del Estado que recibieron menos denuncias, pero las dudas sobre el manejo de sus fondos son, a criterio de la institución fiscalizadora, considerables, en la gestión del gobierno anterior.

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala, Área Nororiente, recibió dos denuncias por un monto de Q1 millón 526 mil 764.07.

El Ministerio de Cultura y Deportes obtuvo una denuncia por un monto que asciende a Q48 millones 512 mil 962.34, mientras que el Ministerio de Economía recibió otro señalamiento por Q33 millones 798 mil 814.16 durante la gestión del 2023.

Asimismo, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) recibió una denuncia por el aparente mal manejo de Q63 millones, según el reporte de casos fiscalizados por la CGC.

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También figuran entre las instituciones denunciadas nueve municipalidades, dos hospitales, dos entidades enfocadas en proyectos habitacionales, Ferrocarriles de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el régimen de pensiones de la Empresa Portuaria Quetzal y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

La CGC explicó, por medio de un comunicado, que las auditorías presentadas no corresponden exclusivamente a casos del 2024, ya que pueden encontrarse informes ordenados con anterioridad, pero que apenas llegaron a su fin.

Sanciones

Mediante un comunicado, la CGC explicó que además de la presentación de las 47 denuncias como producto de su ejercicio de fiscalización, también emitieron sanciones de carácter administrativo.

Estas, a su vez, representan una sanción económica que, según los datos de las auditorías, asciende a un monto millonario. “Como resultado de estas auditorías se emitieron 932 sanciones administrativas que representan un monto total de Q67 millones 496 mil 753.66”, explicó la CGC.

También presentaron 25 formulaciones de cargo por un valor de Q7 millones 119 mil 146.04, relacionadas con hallazgos que podrían implicar responsabilidades económicas por parte de municipalidades y otras entidades, detalló la Contraloría.

Denuncias al TSE

La CGC también presentó en su oportunidad denuncias contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), casos que posteriormente fueron judicializados, es decir, se les asignó un juez contralor para coordinar los requerimientos de la investigación a cargo del MP.

Las dos denuncias a la autoridad electoral obedecen a hechos ocurridos durante el período de las elecciones generales del 2023, relacionados con la compra de equipo de cómputo y de un sistema informático.

El TSE gastó Q148 millones para la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que, a consideración de las auditorías, pudo haber sido una compra sobrevalorada, extremo que deberá investigar el MP.

Una práctica similar fue detectada por el TSE al evaluar la compra de una serie de herramientas tecnológicas, que también fueron utilizadas en el pasado evento electoral.

Durante la presentación de su informe anual, la CGC explicó las dos denuncias relacionadas con el TSE, pero no brindó mayores detalles sobre esos hallazgos debido a que ahora los casos están en control del MP.

*Nota del editor: este artículo se modificó el 18 de junio, para ampliar la información en relación a las auditorías realizadas. La Contraloría General de Cuentas no especificó en su publicación las fechas exactas en las cuales se practicaron los exámenes; sin embargo, sí aclaran que se trata de procesos que terminaron en el segundo semestre del 2024, por lo que corresponde por las fechas a gestiones hasta el 2023.

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Los proyectos que se financian con fondos de los Codedes están a cero en el 10% de las localidades.

26 de mayo de 2025 | 05:00h

El gasto para los proyectos de desarrollo en decenas de municipios continúa rezagado.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La ejecución de los fondos de los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes) ha sido un cuestionamiento frecuente durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

A principios de su gestión, en el 2024, se señalaba que la demora en la elección de gobernadores había retrasado el uso de los fondos. Sin embargo, en el resto de los meses el patrón fue el mismo y continúa de la misma manera este año.

Hasta el 15 de mayo último, la ejecución de los más de Q12 mil millones para proyectos de desarrollo en los municipios no alcanza el 10%, de acuerdo con los datos del sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

El fondo alcanzó esa suma debido a que, en el 2024, cuando fue aprobada la ampliación presupuestaria, se autorizó un aumento que duplicó la cantidad disponible.

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Luego, cuando el Congreso aprobó el presupuesto para este año, se adicionó dinero para los consejos, pero también que los fondos no ejecutados se trasladaran para los proyectos de arrastre y obras nuevas.

La ejecución sigue un ritmo lento y 34 de los 340 municipios a escala nacional reportan ejecución a cero y otros 122 no superan el 1%.

El departamento donde hay más municipios sin ejecución es San Marcos, seguido de Quiché y Alta Verapaz. También forman ese grupo municipios más cercanos a la capital, como Antigua Guatemala, Villa Canales y Mixco.

Algunas bancadas han dado seguimiento al tema, como los diputados de Vamos y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos). El jefe del bloque, Jairo Flores, indicó que preocupa el nivel de ejecución actual, porque no se ve reflejado el beneficio a la población.

En una de las citaciones más recientes, las autoridades del Minfin aseguraron que, en promedio, la ejecución debería de ir entre el 35% y el 40% para que puedan completarse todos los proyectos.

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Los municipios que llevan un mejor desempeño de la inversión de los fondos se acercan a esos niveles.

En ese rango se encuentra San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, con 42%; La Gomera, Escuintla, y Santa Catarina Pinula, Guatemala, con 37%; Pasaco, Jutiapa, 33, y Sayaxché, Petén, 32%.

El diputado Mynor de la Rosa, de la bancada Vamos, añadió que el uso de los fondos también incentiva la economía, porque se convierten en fuentes de empleo para las localidades en las áreas técnicas y profesionales.

Rezago

La asignación de fondos para los Codedes ha sido criticada durante varios períodos de gobierno por ser poco transparente, estar sujeta a voluntades políticas y por poca efectividad en el uso de los recursos del Estado.

El diputado Flores insistió en que el Ejecutivo no debió trasladar tantos fondos a la instancia por intencionalidad política, considerando también los obstáculos en el uso de esos recursos.

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“Señalamos que por eso no era una buena idea trasladar fondos a los Codedes y que había una intencionalidad política”, comentó el diputado.

En los últimos 10 años, la ejecución no ha alcanzado ni siquiera el 85%, sin importar el monto total asignado. Aunque el año pasado fue el más bajo, con el 42%.

En mayo pasado, cuando se aprobó la ampliación presupuestaria, se cuestionó la inclusión de montos específicos por cada municipio.

Voces políticas y de la sociedad civil señalaron criterios políticos y no técnicos para esa repartición y el fondo de desarrollo se duplicó para el segundo semestre.

Para la distribución de los fondos a los consejos existe una fórmula que toma en cuenta criterios como la población urbana y rural, índice de desarrollo humano, recaudación fiscal e índice de pobreza extrema.

Sin embargo, en el gobierno de Alejandro Giammattei se asignaron fondos extraordinarios y esa práctica continuó en esta administración. Dicho dinero adicional no se rige estrictamente a esa fórmula, que se encuentra en ley.

“No fue una distribución donde se tomarán en cuenta criterios objetivos, como indicadores de pobreza, pobreza extrema, el Corredor Seco, desnutrición. No se tomaron en cuenta, fue producto de sus acuerdos políticos con diferentes bancadas”, criticó Flores.

Es por eso que al llegar el momento de aprobar el presupuesto para este año, los diputados oficialistas nuevamente propusieron un artículo con cantidades inamovibles por cada municipio, haciendo caso omiso a la lenta ejecución y a las críticas por aparentes negociaciones de dichos fondos a cambio de votos.

Además, aprobaron en el presupuesto que los fondos no ejecutados, que correspondían a más de la mitad, se utilizarán este año, poniendo un reto en las capacidades técnicas de los consejos, alcaldías, gobernaciones e incluso en las diferentes instituciones del Ejecutivo.

La Corte de Constitucionalidad (CC) frenó cuatro artículos de ese presupuesto, incluido el aporte a los Codedes. Por medio del Minfin, el Ejecutivo presentó una ampliación presupuestaria para cubrir los compromisos adquiridos, que fue aprobada en menos de 24 horas.

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Burocracia

El proceso de planificación de las obras de Codedes es largo y dura meses. Según la información del diputado Flores, es un procedimiento de más de 220 pasos.

La ejecución de las obras es responsabilidad de las alcaldías, para que los fondos sean trasladados es necesario suscribir convenios con los Consejos a través del gobernador departamental.

Antes de esto, se requiere que los proyectos se planifiquen con base en las necesidades que los consejos comunitarios elevan a los consejos municipales.

Se inicia el proceso de conformación de expediente por parte de las alcaldías, los estudios técnicos correspondientes, dictámenes jurídicos, avales de las instituciones según el tipo de proyecto y aprobaciones necesarias. Varios alcaldes consideran que la duración del proceso para obtener fondos para una obra es de un año.

De acuerdo con el portal de Control y Desembolsos a los Consejos de Desarrollo (Codet), al menos dos mil 370 proyectos están con algún trámite pendiente y uno rechazado, solo de los proyectos que deben ejecutarse este año.

En ese sentido, Zacapa, Retalhuleu y Totonicapán son los departamentos que tienen más porcentaje de obras pendientes de aprobación. Estos mismos departamentos no son ni los que tienen más presupuesto asignado ni más obras.

En una citación de Vamos, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) aseguró que el avance es responsabilidad de los jefes ediles, aunque De la Rosa considera que la responsabilidad es compartida entre todas las entidades.

“Los convenios le dan vida a la gestión, sin esos no pueden suscribir los contratos de las obras para ejecutar”, refirió el diputado.

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Desarrollo

Los fondos deben gestionarse para proyectos de desarrollo para las comunidades como agua, saneamiento, educación, salud e infraestructura. Los reglamentos vigentes fijan porcentajes por cada tipología para que respondan a las necesidades reales y no políticas de los municipios.

Aunque estas pueden ser modificadas, el año pasado se incluyeron también proyectos de infraestructura turística.

Sin embargo, ese candado solo es aplicable a los fondos ordinarios, no a los que se asignan de manera extraordinaria.

De acuerdo con los datos de SCEP para noviembre del año pasado se había otorgado cinco mil solicitudes para proyectos de educación, cuatro mil para infraestructura vial, mil 500 para agua potable y 900 para drenajes.

El diputado Flores comentó que la mayor parte de proyectos son carreteras, según la información que como bancada han tenido a la vista, lo cual es otro tema que preocupa.

“La mayoría de obras son caminos vecinales, rurales, los que les gustan a los alcaldes, pero nos preocupa no ver proyectos de educación y de agua y saneamiento, que son los dos componentes más importantes en los que debería de estar priorizando el Gobierno”, cuestionó Flores.

Programas sin apoyo

Integrantes del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) indicaron que para este año uno de los proyectos sacrificados fueron los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus).

Únicamente se logró incluir uno en Quetzaltenango.

“No es de interés directamente de los alcaldes, y siempre hay trabas con los avales en el Ministerio de Gobernación, porque no le dan seguimiento”, expresó Patricia Lopez, representante de las organizaciones de mujeres ante el Conadur.

Diez obras de Cultura y Deportes están judicializadas por incumplimientos de contrato

Fri, 16 May 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Diez obras de Cultura y Deportes están judicializadas por incumplimientos de contrato

Parque Bicentenario construido por la empresa de un presunto narcotraficante extraditable y que se inundó, no cuenta con estudios hidrológicos.

16 de mayo de 2025 | 00:05h

La construcción de instalaciones deportivas se ha judicializado en varios departamentos debido incumplimiento de contratos. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

El Ministerio de Cultura y Deportes mantiene una disputa judicial por diez obras, entre ellas canchas e instalaciones deportivas. En ocho casos se venció el plazo del contrato para ejecutar los proyectos; en otras no presentan avances físicos ni financieros significativos. La mayoría fue adjudicada en los últimos años del gobierno de Alejandro Giammattei, entre ellas un Parque Bicentenario con aparentes deficiencias en su construcción.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Cultura y Deportes, las obras afectadas están ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango, Guatemala, Santa Rosa, Jutiapa, Chimaltenango, Suchitepéquez y San Marcos.

Cuando una obra es judicializada, su ejecución suele suspenderse o retrasarse hasta que finalice el proceso legal. Esta situación impacta negativamente en el desarrollo de infraestructura y en la prestación de servicios públicos; sin embargo, también se considera un mecanismo para garantizar la transparencia y fiscalización del gasto público.

En algunos casos, se ha pedido que se devuelva el dinero entregado por adelantado debido al incumplimiento del contrato. Además, durante los procesos judiciales se han emitido oficios y aplicado medidas precautorias, como el embargo de bienes y vehículos de los demandados.

Las obras

Entre las obras paralizadas se encuentra la construcción de instalaciones deportivas y recreativas en el caserío Lagunilla, San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

La obra fue adjudicada el 30 de octubre de 2019 y judicializada el 9 de diciembre de 2022, debido a que no se entregó en marzo de 2021, como estipulaba el contrato. El avance físico se encuentra en 27.47%, según un informe del Ministerio de Cultura y Deportes.

“La aseguradora pagó al Ministerio de Cultura y Deportes. Está pendiente el pago de costas procesales, para lo cual se decretó el embargo de las cuentas y vehículos del demandado”, indica un documento.

También figura la construcción de instalaciones deportivas y recreativas de un Parque Bicentenario en la colonia Bello Horizonte, zona 21. La obra fue adjudicada el 24 de septiembre de 2021 y se judicializó en junio de 2023.

En el caso de la construcción de instalaciones deportivas en la colonia La Unión, Santa Rosa, judicializada desde junio de 2024. De acuerdo con el expediente, está pendiente de que se dicte sentencia y se rechazó la demanda, por lo que se solicitará a la Procuraduría General de la Nación que se replantee.

“Antes de judicializar, se agota la vía administrativa y conciliatoria”, destaca el informe de dicha cartera.

Sobre si desistirán de continuar con las obras, el viceministro del Deporte y la Recreación, Francisco Aguilar Chang, indicó que aún no lo han determinado y “cuando terminen los juicios tratarán de ver con las alcaldías qué pueden hacer en esos terrenos y con los vestigios de las obras”.

De los diez proyectos bajo litigio, tres quedan en uso: La Torera, en Agua Blanca, Jutiapa; el Parque Bicentenario en la colonia Bello Horizonte, zona 21 y la ampliación del campo de fútbol en San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.

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¿Por qué Bicentenario?

El entonces presidente Alejandro Giammattei nombró Bicentenario a las escuelas y parques recreativos que se construirían para conmemorar los 200 años de la Independencia de Guatemala, celebrados en 2021. En el caso de los establecimientos educativos, se prometió construir instalaciones amplias y con tecnología, con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Sin embargo, el ambicioso programa para edificar 14 de esas escuelas acumula críticas por sobrecostos, deficiencias y supuesta corrupción.

Los parques no son la excepción. El Parque Bicentenario construido en Cobán, Alta Verapaz, a un costo de Q28 millones, se inundó en días recientes por supuestas anomalías en su construcción.

Aguilar Chang, explicó que el parque en cuestión aún no ha sido inaugurado debido al incumplimiento en el plazo de entrega por parte de la empresa constructora y a la ausencia de estudios técnicos esenciales, como los hidrológicos, geofísicos y de suelo. Estos análisis no fueron realizados por las autoridades anteriores, lo cual ha generado complicaciones, como la reciente inundación del área.

Según el funcionario, la actual administración llevará a cabo los estudios correspondientes para identificar la causa de la inundación, ya que no se trata únicamente de un problema de drenajes. Indicó que también se investigará si existe responsabilidad legal por parte de las autoridades anteriores, debido a la omisión de estos estudios. Además, se prevé que los nuevos análisis serán financiados con recursos del ministerio y de la municipalidad local.

Aguilar señaló que, con base en los resultados, se determinarán las acciones necesarias para corregir la situación, incluida una posible ampliación del sistema de drenaje, especialmente considerando la cercanía de una carretera y la presencia de agua subterránea en la zona.

A pesar de ese panorama, el funcionario dijo que, cuando el parque se inunda, se cierra y, luego de desfogar el agua, se abre al público, puesto que no se quiere judicializar el caso, ya que eso implicaría cerrar las instalaciones hasta que se solucione el problema con la empresa.

Aguilar Chang indicó que la obra se comenzó en 2022, y debía ser entregada en 2024.

“Se podría hacer un juicio a la empresa, pero todos los juegos y el gimnasio ya no se podrían utilizar”, acotó.

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Señalado

El propietario de la Constructora HV, que edificó el Parque Bicentenario en Cobán, es el guatemalteco Cristhian Estuardo Vaides Fión, quien fue capturado en Antioquia, Colombia, el 4 de abril último, por supuestamente haber traficado droga a Estados Unidos entre 2018 y 2020. Según el portal Guatecompras, durante los últimos 13 años, Vaides Fión recibió 80 contratos por parte del Estado por un monto de Q217 millones.

El viceministro Felipe Aguilar Chang dijo que desconocía los negocios ilegales del propietario de la empresa y se enteró de su captura el mismo día en que decidieron abrir el parque, aunque este aún no ha sido inaugurado.

Vaides Fión, alias el Tuerto, es señalado de enviar grandes cargamentos de cocaína desde las selvas de Colombia hacia Guatemala y otros países de Centroamérica, con el objetivo de introducirla a Estados Unidos.

El portal Guatecompras detalla que la empresa Constructora HV tiene su sede en la 2ª avenida, zona 2 de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Los 80 contratos los obtuvo entre el 20 de diciembre de 2012 y el 1 de febrero de este año.

Proyectos judicializados:

Caserío La Lagunilla, San Rafael Las Flores, Santa Rosa

Tipo de proyecto: Construcción de instalaciones deportivas y recreativas
Avance financiero: 27.47%
Avance físico: 0%
Estatus actual: Juicio Ejecutivo por incumplimiento, pago pendiente de costas

Cabecera Municipal San José La Máquina, Suchitepéquez

Tipo de proyecto: Construcción de instalaciones deportivas y recreativas
Avance financiero: 61.34%
Avance físico: 0%
Estatus actual: Juicio Ejecutivo por incumplimiento, en periodo de prueba

Santa Rosa de Lima, Santa Rosa

Tipo de proyecto: Construcción de instalaciones deportivas y recreativas
Avance financiero: 22.82%
Avance físico: 0%
Estatus actual: Proceso Contencioso Administrativo, en espera de sentencia

San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

Tipo de proyecto: Ampliación de instalaciones deportivas y recreativas (Campo de Fútbol)
Avance financiero: 100%
Avance físico: 100%
Estatus actual: Finalizado y pagado

Caserío La Torera, Santa Gertrudis, Jutiapa

Tipo de proyecto: Construcción de cancha polideportiva
Avance financiero: 100%
Avance físico: 100%
Estatus actual: Pagado y finalizado en sistema Snip

Aldea Bola de Oro, Chimaltenango

Tipo de proyecto: Construcción de instalaciones deportivas y recreativas
Avance financiero: 14.23%
Avance físico: 0%
Estatus actual: En proceso en periodos judiciales, obligaciones en atraso

Aldea El Chanito, Santa Rosa

Tipo de proyecto: Construcción de instalaciones deportivas y recreativas
Avance financiero: 3.30%
Avance físico: 0%
Estatus actual: En proceso judicial, pendiente de cumplimiento

35 Calle 0-07 Aldea El Fiscal, Palencia, Guatemala

Tipo de proyecto: Ampliación de cancha polideportiva
Avance financiero: 0.31%
Avance físico: 0%
Estatus actual: Juicio en curso, obligaciones en atraso

Cantón Chuistancia, San Francisco La Unión, Quetzaltenango

Tipo de proyecto: Construcción de instalaciones deportivas y recreativas
Avance financiero y físico: No presentado en los datos específicos
Estatus actual: Juicio en curso
Colonia Bello Horizonte, Guatemala
Tipo de proyecto: Construcción de instalaciones deportivas y recreativas
Avance financiero: 100%
Avance físico: 100%
Estatus actual: Finalizado y pagado, proceso judicial finalizado (ya en ejecución completa)

Airbnb en Guatemala: Cómo la SAT mantiene el control y monitoreo de los prestadores de los servicios de la plataforma digital

Fri, 31 Jan 2025 11:00:00 +0000

economía digital

Airbnb en Guatemala: Cómo la SAT mantiene el control y monitoreo de los prestadores de los servicios de la plataforma digital

Los anfitriones o propietarios de inmuebles que prestan servicios en Airbnb están identificados en una base que maneja el administrador tributario siendo la ciudad capital y Antigua Guatemala los lugares con mayor demanda, así como un promedio de consumo.

31 de enero de 2025 | 05:00h

En 2023 los Airbnb facturó en Guatemala Q372 millones, según la SAT. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La implantación de la economía digital en servicios también ha representado los mecanismos de fiscalización y cumplimiento de obligaciones tributarias, que anteriormente no existían.

Es a partir de este año cuando la Intendencia de Fiscalización logra la recaudación de Q25.2 millones en las plataformas de Airbnb en Guatemala de los ejercicios fiscales 2021 y 2022 por lo que comienza a estructurar cuanto representa el potencial del modelo de negocio.

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Estos ingresos por Airbnb no eran cobrados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), no existía afiliación a los regímenes, ni facturación, pero se comprendió y entendió desde el punto vista tributario, por lo que ahora también se enfocarán hacia otras plataformas que prestan servicios, que no están domiciliadas en Guatemala, se explicó por una fuente oficial.

El Airbnb es una plataforma de servicios de alojamiento que se contrata por una aplicación, que compite de manera directa e indirecta con los hoteles.

Radiografía de los Airbnb

El administrador tributario ha generado algunos indicadores sobre las operaciones Airbnb en Guatemala con la información que posee la Intendencia de Fiscalización de la SAT que conoce los rangos por la prestación de los servicios durante ciertas temporadas o estacionalidad, los días con mayor demanda y afluencia, así como la ubicación geográfica por regiones.

Un dato es que se maneja un rango promedio de US$85 a US$130 como ticket de consumo por los usuarios, que puede está sujeto a la ubicación, pero sigue siendo los sitios turísticos la preferencia del suscriptor o clientes de la plataforma.

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El intendente de Fiscalización, Óscar Hernández, expuso que en los análisis que han realizado resalta que en la ciudad de Guatemala los servicios Airbnb se concentran en las zonas 9,10 y 14 que son áreas residenciales, comerciales y hoteleras, que puede estar asociada a edificios cercanos o reuniones ejecutivas, pero también a su cercanía al Aeropuerto Internacional La Aurora en la zona 13 para viajes de salidas o ingresos.

Un segundo esquema es que en la base de datos de la SAT resalta Antigua Guatemala, Sacatepéquez, que tiene la mayor participación y luego Panajachel, Sololá que son lugares de afluencia turística internacional y nacional.

Es decir, el mercado se clasifica en una parte ejecutiva y la otra turística.

“En la ciudad de Guatemala los servicios Airbnb se concentran en las zonas 9,10 y 14 que son áreas residenciales, comerciales y hoteleras, que puede estar asociada a edificios cercanos o reuniones ejecutivas, pero también a su cercanía al Aeropuerto Internacional La Aurora en la zona 13 para viajes de salidas o ingresos”

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización

En una menor participación, pero con tendencia al crecimiento en la medida en que aumente la oferta se encuentra Izabal y Petén.

Al respecto Hernández remarcó que “es muy seguro que en esta temporada de fin de año existe una mayor demanda de los servicios, al igual que en Semana Santa, pero que tienen otros costos de servicios a la temporada”.

Recaudación por región

La Intendencia de Fiscalización proporcionó los datos en cuanto a la recaudación por región en 2024 al regularizar a los Airbnb luego del intercambio de información con la Administración Tributaria de Irlanda de las personas que prestan los servicios. El monto cobrado es de Q25.2 millones en los impuestos al valor agregado (IVA) o sobre la renta (ISR), siendo la región central que representa el 70 %:

Regional Central: Q17.7 millones
Regional Sur: Q4.5 millones
Regional Occidente: Q2.3 millones
Regional Nor Oriente: Q594 mil

La referida intendencia ya hace los preparativos para las fiscalizaciones del ejercicio 2023, ya que la Administración Tributaria de Irlanda trasladó hacer algunos días la información a la SAT de los movimientos.

En 2023 la plataforma digital Airbnb registró una facturación de Q372.6 millones que equivale a unos US$48.4 millones.
Unos 4 mil 738 hoss que son inmuebles prestaron los servicios que percibieron en 10 mil 444 alojamientos.
En los años fiscales 2021-2022 se detectó que los servicios representaron ingresos para los propietarios por US$109 millones, que equivale a unos Q866 millones.

Cobros por la vía de fiscalización

En 2024 los resultados del programa de fiscalización anual dan cuenta un cierre por Q800 millones que no incluye los relacionados al denominado caso B410, porqué ya está judicializado.

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El balance es por la cobranza por acciones de fiscalización que alcanzará los Q810 millones, por lo que es superior a los Q410 millones programados durante el ejercicio fiscal que está por concluir.

“El pilar para que se tenga el éxito en los programas de fiscalización ha sido la resolución del conflicto tributario (RCT) que es que los contribuyentes de manera voluntaria aceptan pagar, luego de los procesos de fiscalización sin necesidad de acudir a una audiencia”, aseguró el intendente Óscar Hernández.

Las cifras indican que el 76 % de la cobranza vía fiscalización ha sido por medio de RCT, luego convenios de pago, rectificaciones, entre otros, pero los números macros, brindan una visión que deben continuarse con estas buenas prácticas de comunicación con los contribuyentes apuntando este comportamiento para 2025.

Entonces, por RCT se logró un recaudo por Q615 millones, en la cual existe una base legal en el Código Tributario (Art. 145 “A”).

Caso B410: A seis meses que se reveló el caso, la SAT ha logrado una recaudación de Q40.3 millones

Fri, 24 Jan 2025 11:00:00 +0000

fiscalización

Caso B410: A seis meses que se reveló el caso, la SAT ha logrado una recaudación de Q40.3 millones

Los contribuyentes involucrados en el denominado caso B410 han buscado regularizase mediante la liquidación de los tributos por unos Q40.3 millones, luego que se diera a conocer por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

24 de enero de 2025 | 05:00h

Los contribuyentes involucrados en el denominado caso B410 han buscado regularizase mediante la liquidación de los tributos por unos Q40.3 millones. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El monto corresponde al pago de los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA) más el pago de intereses luego que el administrador tributario detectó inconsistencias en los contribuyentes.

Las intendencias de Asuntos Jurídicos y Fiscalización de la SAT, así como la Fiscalía de Delitos Económicos, le están dando seguimiento a los contribuyentes que han sido involucrados y que han buscado hacer rectificaciones, así como el pago de impuestos por medio del formulario, correspondiente.

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Las autoridades de la SAT presentaron el pasado 13 de agosto el caso que implica a 410 empresas investigadas y en la que se presentaron 32 denuncias por la posible defraudación de unos Q300 millones, pero que el monto podría aumentar hasta Q800 millones.

“El contribuyente que desea regularizarse están las dos vías: la rectificación voluntaria o por el pago del formulario 8-11 que lo administra la Intendencia de Asuntos Jurídicos”

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización,

Esta situación generó en que el administrador tributario suspendiera a los involucrados al régimen del IVA al encontrar las inconsistencias y a su vez en el Registro General de Adquisiciones del Estado (Rgae), ya que eran empresas que vendieron bienes al sector público, así como empresas constructoras, pero que habían adquirido facturas falsas a una organización criminal.

Estas medidas están enviando la percepción de riesgo que cause la SAT, pero sobre todo de la certeza del cumplimiento de las sanciones con el pago de los impuestos.

Recuento

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización, explicó que, por recaudación, el monto asciende a Q28.9 millones y por la generación de los intereses Q11.3 millones, que suman los Q40.3 millones registrados, que incluyen rectificaciones y pagos directos en las opciones que el contribuyente desea regularse.

Explicó que el contribuyente que desea regularizarse están las dos vías: la rectificación voluntaria o por el pago del formulario 8-11 que lo administra la Intendencia de Asuntos Jurídicos.

Por el IVA los contribuyentes han pagado Q14.2 millones y por ISR Q14.7 millones.

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La estadística indica que por la rectificación voluntaria se han cobrado Q26.8 millones y por la vía formulario 8-11 el monto es de Q13.5 millones. Eso significa que los involucrados, prefieren hacer las rectificaciones de las facturas que presentan las inconsistencias.

El expediente dado a conocer abarca el ejercicio fiscal 2022-2023 y se detectó a nueve contribuyentes que le vendieron al estado de manera directa; 16 contribuyentes que le venden al estado y que le adquieren bienes o servicios a la estructura B410 y cinco constructoras que adquirieron bienes o servicios a la misma estructura para la defraudación.

Del grupo de los 16 contribuyentes que comercializaron bienes al estado y que utilizaron facturas falsas del B410, algunos son los que han rectificado de manera voluntaria y hay un 50% que aún no ha rectificado y esperan llevar a cabo las audiencias con el argumento del haber recibido los bienes y servicios, pero será la Fiscalía y un Juez de alzada que deberán establecer, remarcó Hernández.

Acercamiento

Se informó que se ha atendido a los diversos contribuyentes para conocer y solventar su situación al fiscal.

En proceso algunos de los contribuyentes han manifestado hacer pagos totales o parciales (mediante convenios) de los montos que corresponden a las inconsistencias identificadas, así como las rectificaciones en el IVA e ISR en sus declaraciones.

Viceministerio del Deporte se interesa en edificio que fue cuestionado con el Renap

Sat, 18 Jan 2025 11:00:00 +0000

Política

Viceministerio del Deporte se interesa en edificio que fue cuestionado con el Renap

Por razones de espacio el Viceministerio del Deporte busca un edificio, y una de las opciones es un inmueble en la zona 13 que fue cuestionado y allanado por posible corrupción en un contrato con el Renap.

Redacción

18 de enero de 2025 | 05:00h

El edificio ubicado en la zona 13 es una de las opciones que considera el viceministerio del Deporte y la Recreación. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

El Viceministerio del Deporte y la Recreación, dependencia a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes, busca reubicar a su personal en marzo, por lo que analiza el arrendamiento de un edificio en una zona industrial de la capital. Por ahora se realiza el diagnóstico de tres inmuebles ubicados en la zona 10, 13 y 14.

Si bien el viceministro Francisco Aguilar explicó que aún se realiza el análisis sobre cuál de las tres opciones elegir, adelantó que se prevé un gasto de entre USD$35 mil hasta USD$45 mil mensual, es decir USD$540 mil como máximo al año —cerca de Q4 millones 320 mil—.

La cantidad de dinero que el Viceministerio está dispuesto a pagar es más alta que lo que ahora destina en arrendamientos para su personal. De acuerdo con los contratos de renta de inmuebles de la Dirección del Deporte y la Recreación, el año pasado se destinaron cerca de Q495 mil mensuales por un edificio en la zona 1, propiedad de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico.

Aguilar indicó que son cerca de 400 personas las que se trasladarán a la nueva ubicación, esto incluye a quienes ocupan el edificio de la Portuaria Nacional de Champerico, quienes se encuentran en otro edificio que comparten con otras direcciones, más el personal que está ubicado en el segundo nivel del Palacio Nacional. El viceministerio posee más personal, pero están repartidos en los departamentos o parques recreativos, quienes por la dinámica de su trabajo seguirán ubicados en esos lugares.

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“Tenemos que buscar un lugar donde quepamos todos, y tenemos esas tres opciones, y vamos a decidir en poco tiempo —por cual se optará—”, indicó el viceministro.

El objetivo del cambio es porque el presidente Bernardo Arévalo, busca que el Palacio Nacional vuelva a ser el Palacio de Gobierno, lo que implica que esté ocupado solo por la Presidencia y la Vicepresidencia, según declaró recientemente la ministra Liwy Grazioso.

“Hoy por hoy en el Ministerio de Cultura y Deportes estamos muy dispersos, rentamos 22 inmuebles (…) ahorita que tiene que salir una parte del personal del Palacio para hacer lugar, la idea es que salga el Viceministerio completo, para estar todos juntos”, explicó Grazioso.

Edificio cuestionado

Aunque la semana pasada Grazioso declaró a medios que el viceministerio se trasladaría en marzo a un edificio en la avenida Hincapié, en la zona 13 capitalina, el viceministro Aguiar aseguró que aún no se ha definido la decisión.

Dicho inmueble se llama Hincapié Business Center, pero hace más de un año era conocido como Business Center Zabla, y fue la opción de traslado de ubicación del Registro Nacional de las Personas (Renap) que no sucedió. Está ubicado en la 14 avenida y 21 calle de la mencionada zona.

Ya se tenía un contrato firmado por Q1 millón 171 mil mensual durante 35 meses —Q41 millones en total— entre la empresa y el Renap, pero fue rescindido el compromiso luego que este matutino diera a conocer que el documento había sido suscrito sin que la construcción del inmueble estuviera finalizada. En ese momento, al revisar los documentos y modificaciones, se habían otorgado tres meses de gracia al Renap para realizar el traslado.

En la visita realizada para la publicación de la investigación periodística en el 2023, se constató que los trabajadores se encontraban fundiendo losas e instalando el cableado eléctrico, asimismo que no era habitable todavía.

Algunos días después, el Ministerio Público (MP) realizó allanamientos y, según indicó la Fiscalía contra la Corrupción en ese contexto, aún se realizaban construcciones internas y la entidad ya habían realizado pagos.

En el momento en el que ocurrió la contratación era la magistrada Blanca Alfaro, quien presidía el Directorio del Renap y el suplente el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera.

“Ese —edificio— había tenido algún problema, porque en algún momento hubo una posibilidad de que el Renap se pasara ahí. Entonces se evaluó con estas mismas personas —los propietarios—, era una de las posibilidades, sin embargo, creo que es el que menos opción tiene que sea —elegido—”, respondió el viceministro Aguilar.

Días antes, Grazioso había indicado que ya se tenía ubicado y seleccionado inmueble aludido. “El —viceministerio— de Deporte ya tiene ubicado un edificio al final de la avenida Hincapié, en la zona 13”, dijo sin hacer mención a las otras opciones de inmuebles que Aguilar sostiene que consideran.

Business Center Zabla

En octubre del 2023 Prensa Libre publicó un reportaje sobre el interés del Renap de alquilar el edificio Business Center Zabla, S. A. para trasladar sus oficinas administrativas.

Prensa Libre también tuvo acceso a los documentos de constitución de la empresa, en los que constaba que la empresa Business Center Zabla, S. A. se constituyó en marzo del 2023, tan solo tres meses antes de la firma del contrato con el Renap. Cuatro meses antes de la constitución de esta, ya el Renap había dictaminado que el inmueble cumplía con todas las condiciones de habitabilidad.

Zabla refirió en ese momento que la edificación se inició en 2016 y para 2022 ya estaba en obra gris, y que el Renap solicitó algunas modificaciones antes de realizar el traslado. Este último aspecto fue confirmado para el reportaje por la entidad pública, que señaló que fue el área técnica quien requirio ajustes, luego de que en las actas y dictámenes se estableciera que cumplía con todos los requerimientos.

La sociedad anónima fue constituida por Reyna Concepción Ventura y Madelyn Andrea Talé Ventura, madre e hija, respectivamente. Esta última firmó el acta constitutiva con su nombre completo 13 días después de haber cumplido la mayoría de edad.

El contrato con el Renap fue firmado por Santiago Godoy Quezada quien demostró ser el representante legal ante las autoridades del Renap, aunque en el Registro Mercantil no figuraba ningún cambio al acta donde Ventura fue nombrada la representante y administradora única hasta el 2026.

IGSS adjudica Q46 millones a empresa de yerno de Sandra Torres

Fri, 10 Jan 2025 09:30:00 +0000

Comunitario

IGSS adjudica Q46 millones a empresa de yerno de Sandra Torres

La entidad contrató servicios de seguridad en 24 instalaciones del seguro social.

10 de enero de 2025 | 03:30h

La empresa prestará seguridad en las instalaciones durante dos años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) adjudicó Q46.3 millones por el servicio de vigilancia en 15 sedes del departamento de Guatemala. El contrato fue dado a la empresa VIP Security que pertenece al excandidato presidencial, Rudy Guzmán, esposo de la diputada Nadia Torres, hija de Sandra Torres.

Según los documentos de Guatecompras se requieren 283 agentes con turnos de 12 y 24 horas, según sea necesario, repartidos entre las sedes del Hospital General de Enfermedades, Camip, Camip 2, Hospital de Rehabilitación, Hospital General de Accidentes, entre otros. El proyecto de contrato contiene que el servicio se prestará durante dos años.

En el concurso participaron tres empresas, VIP Security presentó la oferta más barata, los otros oferentes fueron Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala que ofreció el servicio por Q48 millones y Security Professional Systems por Q49 millones.

En los documentos de requisición se lee que el servicio “tiene la finalidad de brindar vigilancia a los afiliados, trabajadores y bienes institucionales de las Oficinas Centrales” en las diferentes unidades y ubicaciones en las que se brindará la seguridad.

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En el portal aún no figura el contrato, pero si fue adjudicado el concurso con el acta firmada por los integrantes de la junta licitadora y fue aprobado por medio de un oficio firmado por el gerente, Edson Rivera. El IGGS respondió que a todos los procesos de adquisiciones se hacen basados en ley y buscando satisfacer las necesidades de los afiliados.

“La junta (…) resolvió adjudicar con base en el cumplimiento de los requisitos fundamentales y no fundamentales establecidos en las bases del evento, referentes a la proposición más conveniente a los intereses del instituto”, se respondió por medio de Comunicación Social.

Aunque en Guatecompras actualmente los representantes legales son Erick Morales, Rolando Sagui y Sonia Sigüenza, Guzmán fue nombrado el administrador único y representante legal en el 2015, según los documentos del Registro Mercantil.

El concurso recibió seis inconformidades, las otras dos empresas las presentaron en contra de la adjudicación. Una de ellas por considerar que existe una prohibición debido a que Guzmán es esposo de la diputada De León basándose en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones. Fue rechazada justificando que VIP Security cumplió con todos los requisitos de ley. Se estableció contacto con Rudy Guzmán, pero no respondió al cierre de esta edición.

El Vocero de Guzmán, Luis Miranda comentó que la prohibición indicada en la inconformidad no se aplica en este caso basándose en el artículo 14 del Código de Comercio, en el que se especifica que los representantes legales son a los que les afecta dicha prohibición, en este caso Guzmán no es representante legal.

“El señor Rudy Guzmán no es representante legal de la empresa mencionada y, por ende, a la sociedad VIP Security no le afectan las prohibiciones descritas en la ley de compras y contrataciones del Estado. Hay algunas inconformidades presentadas por las empresas perdedoras del proceso de licitación mencionado en esta nota, toda vez que malintencionadamente se pretende vincular a mi persona con la representación legal de esta empresa”, respondió Guzmán por medio de Luis Miranda, su comunicador.

El otro comprador

La misma empresa obtuvo también el año pasado más de Q46 millones en un contrato de seguridad de los bienes e instalaciones del Instituto Nacional de Electrificación (Inde). Dicha adjudicación es para dar seguridad a 10 plantas generadoras, 71 subestaciones y 32 centros de trabajo durante un año.

Además, la empresa vendió Q70 millones en total en 2024, siendo este su mejor año. El 2019 también logró contratos millonarios con diferentes instituciones que sumaron Q59 millones en total. Según Guatecompras, diferentes entidades del Ejecutivo requieren sus servicios de seguridad, pero el más recurrente es el Inde.

Airbnb en Guatemala: cuánto facturó en el 2023 y cómo planea cobrar la SAT los impuestos

Fri, 27 Dec 2024 11:01:00 +0000

Fiscalización

Airbnb en Guatemala: cuánto facturó en el 2023 y cómo planea cobrar la SAT los impuestos

La plataforma Airbnb reportó una facturación en Guatemala de unos Q372 millones durante el ejercicio fiscal 2023 por los servicios de alojamiento y que la SAT comenzará a fiscalizar para verificar el pago de impuestos.

27 de diciembre de 2024 | 05:01h

La plataforma digital Airbnd registró una facturación de Q372.6 millones en 2023 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Durante el 2023, la plataforma digital Airbnb (arrendamiento de inmuebles) registró una facturación de Q372.6 millones, que equivale a unos US$48.4 millones, según la información que tiene en sus manos la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Con estos datos disponibles, la Intendencia de Fiscalización comenzará a realizar el análisis en los diferentes sistemas para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, o sea el pago de impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR), dependiendo el régimen en el que están inscritos.

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Esta es la segunda fase en la cual el administrador tributario se dirige a fiscalizar a los contribuyentes jurídicos o individuales que están registrados en la referida plataforma, que de alguna manera no estaban afiliados a los regímenes impositivos, y que no emitían una factura o que declaraban los impuestos correspondientes.

El 16 de abril pasado fue la primera fase en que se dio a conocer cuando la Administración Tributaria de Irlanda -donde está registrado y tiene su domicilio fiscal Airbnb- compartió la información a Guatemala sobre el movimiento de la plataforma durante los años fiscales 2021-2022 y se detectó que los servicios representaron ingresos para los propietarios por US$109 millones, que equivale a unos Q866 millones. La SAT ha recaudado Q25.2 millones de impuestos correspondientes a esos ejercicios.

Hace algunos días, la autoridad tributaria de Irlanda trasladó la información oficial a la SAT del ejercicio 2023 para que acá se comiencen a hacer los cotejos, trazabilidad y análisis del pago de impuestos en los sistemas de los abonados a la plataforma; si requiere alguna ampliación en los sistemas, se harán las auditorías de campo conocidas como ex post. Para el primer cuatrimestre del 2025 se estaría compartiendo la información del 2024, para los mismos fines.

Información al detalle

Prensa Libre consultó a Óscar Hernández, intendente de Fiscalización, quien expuso que de los US$48.29 millones registrados en el 2023, fueron de cuatro mil 738 hoss, que son inmuebles que prestaron los servicios que percibieron 10 mil 444 alojamientos.

“Ya tenemos la información; se trasladará al sistema, se analizará de cual regional es para crear los programas de fiscalización en el 2025 a estas personas”, apuntó.

“De los US$48.29 millones registrados en 2023 fueron de cuatro mil 738 hoss que son inmuebles que prestaron los servicios que percibieron en 10 mil 444 alojamientos”

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización

Aclaró que el término hoss se usa para denominar a la persona que está inscrita en la plataforma, y un mismo afiliado puede tener tres o cuatro inmuebles. La información de la SAT detalla el nombre del afiliado, su correo electrónico, su dirección registrada, cuánto percibió de ingresos y los días en que duró la estancia en cada una de las reservaciones.

Comienza fiscalización

Con esa información que posee la Intendencia de Fiscalización se procederá a realizar las verificaciones. Se indaga si está registrado en los regímenes de pequeño contribuyente o normal, qué tipo de impuesto debe pagar al fisco y a qué departamento corresponden.

“Esto se quedará como una práctica normal del convenio de cooperación que se tiene y los contribuyentes se estarán comportando de la mejor manera, ya que nos enviarán la información, pero algunos ya van a estar declarando, que es lo que buscamos que sea un cumplimiento voluntario”, insistió Hernández.

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Recordó que algunos contribuyentes que prestaron esos servicios para 2021 y 2022 -primera fase-, aprovecharon para hacer las correcciones fiscales del 2023, por lo que es posible de los montos que corresponden a ese año, alguno ya va a estar pagado o liquidado, que puede ser el IVA o el ISR, dependiendo el régimen en el que se encuentre.

Citó, por ejemplo, que a los registrados ante la SAT como pequeños contribuyentes les corresponde el pago del 5%, y en el caso del IVA, 12%, y dependiendo si está en el régimen de utilidades o el opcional se le hace una tasación en la Intendencia. Hay casos en los cuales los contribuyentes han pagado los tres años y son muy pocos los que han solicitado convenios de pago de impuestos.

También han detectado que los contribuyentes registrados en la plataforma mantienen una facturación. “Nos da una percepción que el programa tuvo un éxito en cuanto a la percepción de sus obligaciones de manera voluntaria”, explicó Hernández.

“Los contribuyentes registrados en la plataforma mantienen una facturación nos da una percepción que el programa tuvo un éxito en cuanto a la percepción de sus obligaciones de manera voluntaria”

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización

Otro de los análisis de la Intendencia de Fiscalización es que en el 2021 habían registrado cinco mil 530 alojamientos y en el 2023 aumentó a 10 mil 444, lo que supone un crecimiento del 88.8 % en ese período, o sea unos cuatro mil 914 servicios de hospedajes y la tesis es que esa variable vendrá en incremento con la información del 2024.

Ejemplificó que una persona que presta el servicio puede recibir US$100 por noche, pero la plataforma cobra una comisión, no obstante, cuando están en un régimen de utilidades que puede reducir costos, lo pueden deducir, porque no fue el total -o sea los US$100- que percibieron de ingresos y se tiene que pagar sobre lo realmente percibido de la plataforma.

Ticket promedio y localización

Los datos que posee el administrador tributario del Airbnb son tan finos que ahora conocen los rangos por la prestación de los servicios durante las temporadas, los días con mayor demanda o afluencia, así como la ubicación geográfica por regiones.

La SAT maneja un rango promedio de US$85 a US$130, pero depende de la ubicación.

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En la ciudad de Guatemala los servicios Airbnb se concentran en las zonas 9,10 y 14, que son áreas residenciales, comerciales y hoteleras, cuyas actividades pueden estar asociadas a edificios cercanos, reuniones ejecutivas, y su cercanía al Aeropuerto Internacional La Aurora.

En la provincia hay una mayor demanda en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Panajachel, Sololá; Izabal y Petén, que coinciden que son lugares turísticos.

“El lugar más alto es Antigua Guatemala y Panajachel, que son lugares que andan por arriba de US$100 el ticket por noche, y como cualquier otro negocio hotelero, depende de la temporada”, remarcó el intendente.

Recordó que es muy seguro que en esta temporada de fin de año existe una mayor demanda, al igual que en Semana Santa, pero que tienen otros costos de servicios en otros meses.

Ampliación de servicios

La SAT detectó que las personas que dan el alojamiento también cobran los servicios de traslados y transporte terrestre como ida y retorno al aeropuerto; servicios turísticos por transportarlos a al Parque Nacional Tikal, Panajachel, Antigua Guatemala, que es un servicio interno que no se estaba facturando, pero algunos ya están regularizando, que era algo que no se tenía considerado.

“Un extranjero viene a Guatemala, el mismo hoss ya se queda en comunicación con el huésped y le han ofrecido estos servicios extras”, concluyó.

Caso B410: Dos empresas pagan Q5 millones luego de los resultados de la auditoría practicada por la SAT

Fri, 27 Dec 2024 11:00:00 +0000

Fiscalización

Caso B410: Dos empresas pagan Q5 millones luego de los resultados de la auditoría practicada por la SAT

Dos empresas implicadas en el caso B410 liquidaron el pasado viernes Q5 millones luego de conocer los resultados de una auditoría practicada por el administrador tributario. Aún están pendientes resultados de otras 15 auditorías en curso.

27 de diciembre de 2024 | 05:00h

La SAT recibió unos Q4.9 millones de contribuyentes que fueron implicados en el caso B410. (Foto Prensa Libre: Freeepik)

Luego de la conclusión de tres auditorías realizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a contribuyentes implicados en el denominado caso B410, dos empresas efectuaron su pago de impuestos.

El primero fue por Q3.2 millones, y el segundo, por Q1.7 millones (Q4.9 millones en total), que recibió el administrador tributario.

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización informó a Prensa Libre que esos contribuyentes habían eliminado en sus registros contables las facturas que registraban costos, y que las “habían adquirido a la estructura B410”.

Así, al eliminar de sus registros de la contabilidad las facturas, el resultado es el impuesto por pagar, y eso fue lo que liquidaron el recién pasado viernes, 20 de diciembre. Aún no se especifica si fueron impuestos al valor agregado (IVA) o sobre la renta (ISR).

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Por ley, no se puede proporcionar los nombres de los contribuyentes, pero el administrador tributario ya los había identificado.

Con este pago, se proyecta la recuperación consolidada de Q30 millones como, luego de haberse revelado el caso en agosto último. En él, una estructura utilizó facturas falsas que comercializaba con varias instituciones públicas.

Participación del MP

Una vez que se pagaron los impuestos, las intendencias de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos de la SAT enviaron los informes al Ministerio Público (MP), que quedará en comunicación con los implicados.

Con el informe de pago, esos contribuyentes se pueden apersonar al MP, que les dará a conocer el informe de los resultados de la auditoría. Después podrá verificar que ya no haya deuda fiscal, por lo que la SAT ya no tendría nada que perseguir.

“Será el MP el que determine cuál será el rumbo del caso: si se mantiene la persecución penal o si levanta medidas, entre otros”, aclaró Hernández.

Atrasos continuos

Se informó que quedan por concluir unas 15 auditorías asociadas a este expediente, pero los contribuyentes afectados han solicitado “rehacer” la contabilidad, lo cual puede implicar demoras, pues la ley fija un plazo de 90 días para su concreción.

Hernández, asimismo, manifestó que otros contribuyentes implicados han mostrado cierto rechazo a las auditorías, traducido en no entregar la información contable completa, o información “gota a gota”, o que se requieran datos a los bancos, por lo cual “el retraso no es por SAT, ni por parte del MP, sino que es el mismo tributante quien no colabora para entregar la información”, según Hernández.

“Ambos contribuyentes eliminaron de sus registros las facturas que tenían de costos que habían pagado a la estructura B410”

Óscar Hernández, intendente de Fiscalización

¿Qué es?

En agosto pasado la SAT dio a conocer y denunció a una estructura que se dedicaba a supuestamente defraudar en los periodos fiscales 2021 al 2023 que facturó por más de Q6 mil 400 millones.

La denominación del caso B410, es porque se detectaron a 410 empresas o contribuyentes involucrados que en su facturación incluyó contratos por ventas y servicios a varias dependencias estatales. Y se calcula que la defraudación llegaría a Q300 millones a esa fecha, pero podría ascender a Q800 millones.

En la investigación del administrador tributario se detectaron tres tipos de participación:

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El primer grupo de nueve contribuyentes es de la estructura y vende en forma directa al Estado. Las adjudicaciones publicadas en Guatecompras fueron de Q81.7 millones.
Un segundo grupo, de 16 contribuyentes, que le compró Q375 millones a la estructura y era proveedor del Estado por Q4 mil 342 millones, sobre todo dependencias del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi) y municipalidades.
El tercer grupo, de dos contribuyentes, vinculados por representantes legales y parientes cercanos, vendió Q64.8 millones a cinco constructoras que le proveyeron al Estado más de Q500 millones.

Hasta el 2 de diciembre estos eran los resultados oficiales sobre las auditorías realizadas y algunos de los hallazgos:

Auditorías realizadas a cinco empresas constructores proveedores del estado que compran bienes y servicios a dos empresas B410: 100%
Avance en auditorías realizadas a los nueves contribuyentes que venden bienes al estado de forma directa: 88%
Avance en auditorías realizadas a los 16 contribuyentes que le venden al estado y que adquieren bienes o servicios de la estructura B410: 70%
Cinco de los 16 contribuyentes reportaron no tener la contabilidad completa por extravío o por hurto de su documentación: 0%

En cuanto a las rectificaciones realizadas y la recaudación por impuestos son:

IVA: Q17 millones 834 mil
ISR: Q12 millones 055 mil
Total: Q29 millones 890 mil

CGC revela cómo se habría desviado Q35 millones de becas de inglés en la administración de Alejandro Giammattei

Fri, 01 Nov 2024 11:00:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

CGC revela cómo se habría desviado Q35 millones de becas de inglés en la administración de Alejandro Giammattei

En el 2022, el Mineco habría malversado Q35 millones destinados a un programa de aprendizaje de inglés para jóvenes.

1 de noviembre de 2024 | 05:00h

Según la auditoría de la CGC no hay certeza de que los benficiados con las becas de inglés recibieron los cursos.(Foto Prensa Libre: foto ilustrativa , hemeroteca PL)Fotografía. Erick Avila: 07/06/2019

Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló la ruta que el Ministerio de Economía (Mineco) tomó para malversar Q35 millones destinados al programa de becas de inglés ejecutados durante el 2022.

El resultado de la auditoría se resume, según el documento al que se tuvo acceso, en deficiencias, irregularidades, incumplimiento de leyes, y mala ejecución de fondos, debido a que no se elaboraron ni enviaron los contratos a la CGC, sin embargo, se desembolsaron los fondos.

Suspendido

En agosto último, el Mineco devolvió al Ministerio de Finanzas (Minfin) el monto asignado para el programa de becas de inglés, correspondiente para este año. Argumentó falta de competencia para ejecutar los fondos, y por los hallazgos de la CGC en años anteriores.

La cartera de Economía también justificó que la decisión se tomó debido a que no es atribución del Viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) ejecutar becas y porque no se cuenta con el personal capacitado en el tema. Además, que no se tienen estudios que evidencien el impacto del programa en los beneficiarios.

Otro problema de la implementación es que en el 2022 solo se ejecutó el 48 por ciento de los fondos. También argumentaron que algunos de los hallazgos encontrados en 2022 fueron corregidos en el 2023, pero la ejecución fue del 38 por ciento.

El programa se inauguró durante el gobierno de Alejandro Giammattei como una iniciativa que fortalecería las capacidades para los jóvenes que estaban en busca de un empleo formal.

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Denuncia penal

Ante los hallazgos encontrados, durante una conferencia el 29 de octubre, la ministra de Economía, Gabriela García, afirmó que la CGC presentó una denuncia penal por el mal manejo de Q35 millones y porque durante su administración tampoco se encontró un listado real de los beneficiarios. A decir de la funcionaria, las anteriores autoridades se gastaron el dinero sin evidenciar un programa de becas.

Falta de certeza juridica

La auditoría determinó que los contratos para las becas de inglés no tenían una base legal. En el documento de resultados, la CGC afirma que el director de servicios financieros Empresariales, quien desempeñó el cargo en 2022, suscribió los contratos sin observar lo que establece la normativa legal aplicable relacionada con los fondos de becas.

“Hay falta de certeza jurídica de los contratos suscritos entre el ministerio de Economía y los beneficiarios de becas del idioma ingles para el empleo, y becas para aprendizaje de enfermería, correspondiente al ejercicio fiscal 2022”, cita el documento.

La auditoría reitera que el Congreso asignó Q70 millones al ministerio de Economía (Mineco) para que otorgara becas de idioma inglés a jóvenes de 18 años en adelante. De la cantidad total de fondos, el Mineco utilizaría Q30 millones para el programa de inglés intensivo para ayudar a personas a encontrar empleo, otros Q30 millones para programas de formación de inglés base para personas que no tenían ningún conocimiento de este idioma, y Q10 millones para el aprendizaje de enfermería.

Sin rastro de contratos

Durante el ejercicio fiscal 2022 se determinó que se suscribieron 4 mil 448 contratos de becas de idioma inglés para empleo y 762 contratos de becas para aprendizaje de enfermería, los cuales no fueron enviados a la unidad de digitalización y resguardo de contratos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Según la auditoría, el director de servicios financieros empresariales no coordinó las acciones correspondientes a efecto de darle cumplimiento a la normativa.

“No existe información de los contratos suscritos de los fondos de becas en la unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, para el oportuno control y proceso de fiscalización”, se refiere.

En su defensa, el Ministerio de Economía argumentó que la figura de “contrato” se utilizó para formalizar la subvención a otorgar, debido a que la plataforma de la contraloría, no está diseñada para la carga de este tipo de contratos, únicamente si tienen que ver con obras o infraestructura, servicios, convenios nacionales o internacionales, fideicomisos, entre otros.

Becados no recibieron cursos

Los auditores revelaron que el universo de beneficiarios del fondo de becas de inglés para empleo era de 6 mil 776, aunque se determinó que no fueron inscritos 2 mil 328 contratos, que en dinero ascienden a Q14 millones 90 mil.

El universo de seleccionados para el fondo de de becas de enfermería fueron 1 mil 81. Sin embargo, se estableció que no fueron suscritos 319 contratos, que sumados ascienden a Q2 millones 302 mil 750; a pesar de esas anomalías, la auditoría estableció que el Mineco autorizó al Crédito Hipotecario Nacional acreditar recursos financieros a los becados, a pesar de no haber suscrito contrato.

Según la CGC, unidades del Mineco no dirigieron, ni coordinaron las acciones para darle seguimiento a la elaboración y subscripción de contratos de becas de inglés. Tampoco se elaboraron ni se suscribieron contratos.

“Se evidenció el riesgo de que los becados a quienes no se les suscribió contrato, no hayan participado en los cursos”, concluye el documento. La CGC recomendó una sanción económica, sin más detalles.

Retraso en rendición de cuentas

El monto devengado de Q49 millones fue trasladado al CHN, de los cuales Q7.8 millones correspondían al fondo de becas de enfermería y Q41.4 millones para el pago de becas de inglés para empleo.

El equipo de auditoria descubrió que el Mineco en el mes de noviembre de 2022, no realizó la evaluación de la utilización de los recursos asignados para el fondo de becas, a efecto de poner a disposición del ministerio de Finanzas los recursos ejecutados, al cierre del ejercicio fiscal 2022.

“El ministerio de Economía, quien desempeñó el cargo entre el 11 de marzo al 31 de diciembre de 2022, no supervisó que se realizara la evaluación de los recursos asignados al fondo de becas del idioma inglés para empleo, a efecto de reintegrar oportunamente los recursos no ejecutados al fondo común”, refieren.

Entre los argumentos que el Mineco presentó a la CGC, destaca que en 2022, algunos beneficiarios no pudieron retirar los fondos, debido a que extraviaron los números para registrarse, no consideraron la fecha de vencimiento de las tarjetas digitales y algunos cursos iniciaron a finales del ejercicio fiscal 2022. entre otras causas.

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Recursos mal utilizados

La CGC afirma que se incumplieron procedimientos establecidos en las normativas legales, los cuales eran fundamentales para el pago de las becas otorgadas a los beneficiarios.

El acuerdo ministerial que otorgaba las becas establecía que tres personas debían encargarse de dar seguimiento a la inscripción y depuración de expedientes de aspirantes. Sin embargo, no cumplieron esas funciones.

Tampoco se socializaron los programas en los centros educativos para fomentar la participación. Además, no se contó con evidencia que mostrara el nivel de participación, avance y finalización de los cursos. Sin embargo, se autorizó el pago de las subvenciones.

La auditoría reveló que tampoco fue funcional un sistema informático para registrar el avance de los estudiantes para aprender inglés, debido a que presentó fallas y las empresas que otorgaron los cursos no presentaron resultados. En su conclusión, los auditores de la CGC resaltan que la falta de transparencia en la ejecución del fondo de becas, provocaron el riesgo de que los recursos se hayan utilizado para otros fines.

Concejales de Mixco y Villa Nueva reciben más de un salario mínimo por cada sesión

Sat, 19 Oct 2024 11:00:00 +0000

Comunitario

Concejales de Mixco y Villa Nueva reciben más de un salario mínimo por cada sesión

En dos alcaldías, de las más grandes del país, el gasto en dietas rebasa los Q4 millones en los primeros nueve meses de cada administración.

19 de octubre de 2024 | 05:00h

Las alcaldías de Neto Bran y Mynor Morales Zurita devengan más de Q3 mil por cada sesión de Concejo. (Foto Prensa Libre: redes sociales)

Los concejales y alcaldes devengan un monto por concepto de dietas por cada sesión en la que participan. En el caso de las municipalidades de Villa Nueva y Mixco, juntas han pagado más de Q10 millones en nueve meses de gestión en concepto de reuniones del Concejo, mientras sus municipios mantiene quejas recurrentes por falta de acceso al agua, infraestructura vial y ordenamiento del tránsito.

En el caso de Villa Nueva se han pagado Q6 millones 396 mil en dietas del Concejo, que está integrado por el alcalde, tres síndicos, 10 concejales y dos secretarios municipales. Por cada sesión cobran Q4 mil, jornadas que suelen durar entre una y dos horas. Cada mes, el Concejo sesiona hasta 11 veces.

Es decir que el alcalde, Mynor Morales Zurita, los concejales y síndicos reciben más del salario mínimo por una hora de sesión. De acuerdo con los reportes de información pública, la comuna villanovense desembolsa Q660 mil al mes en la remuneración para el Concejo.

La excepción fue en enero, cuando la municipalidad pagó Q1 millón 140 mil en dietas porque se pagó sesiones de la administración anterior. El grupo que acompañó la gestión de Javier Gramajo (2020-2024), cobró por los últimos 15 días de su gestión Q52 mil en concepto de dietas por sesiones de concejo.

En ese sentido, según los reportes públicos de la comuna, en el periodo de Gramajo las dietas variaban entre los Q52 mil hasta los Q980 mil mensuales, un tercio más de lo que ahora está desembolsando la nueva administración.

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El actual alcalde, Morales Zurita, defiende que la reducción de dietas se debe a que con el exalcalde Gramajo el concejo se reunía 22 veces al mes y una de los primeros cambios fue reducir el número de reuniones.

“Las sesiones del concejo se programan de acuerdo a la necesidad de los vecinos, ya que por orden jerárquico, el Concejo es la máxima autoridad para dar solución a muchos temas de vecinos”, comenta el jefe edil.

Además, señaló que los temas que se abordan son de infraestructura, educación y se recibe a vecinos quiénes elevan sus casos de deudas laborales por “malas decisiones” de las administraciones pasadas.

Es preciso resaltar que los concejales y síndicos no reciben salario, únicamente perciben las dietas por las sesiones. Además, en este caso, los secretarios municipales, reciben menos por las sesiones que los demás integrantes, aunque estos últimos sí reciben un salario nominal.

En Mixco

En la comuna de Mixco, hasta septiembre, se ha pagado Q4 millones 450 mil por dietas. Es el tercer periodo de Neto Bran y cada concejal recibe Q3 mil por sesión, la cual suele durar una hora.

Desde hace dos años las dietas aumentaron, confirmó un trabajador de la comuna. Antes, agregó, se pagaba Q1 mil 500 por cada sesión. Se trató de verificar el dato en los reportes de información pública, sin embargo la Municipalidad de Mixco no presentó los informes requeridos y tampoco están disponibles en la página web.

Según reconocieron algunos actuales concejales, se sesiona todos los días a las 17 horas, con excepción de los viernes que la sesión es a las 7 de la mañana. Muchas de las sesiones duran 15 minutos, aunque algunos concejales proponen algunos otros temas para extender la discusión al menos a media hora.

Las sesiones de los lunes, miércoles y viernes son ordinarias, mientras las de martes y jueves son extraordinarias y en estas sí se extienden un poco más de tiempo. El concejo lo integran el alcalde, 10 concejales, tres síndicos y el secretario municipal.

“Se reúnen tres veces por semana. Si es necesario y si son convocados, se hacen sesiones extraordinarias o extraoficiales. No obstante, también las sesiones podrían durar entre tres, cuatro horas, dependiendo los temas a tratar de suma importancia en beneficio del municipio, sobre todo para beneficiar a nuestros vecinos mixqueños”, explicó el departamento de Comunicación Social de la comuna.

Agregaron que se conocen temas de ordenamiento territorial, control, fiscalización, reglamentos y solicitudes varias realizadas por los vecinos.

Abuso

Luis Linares, coordinador de asuntos laborales y municipales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), dice que el cobro excesivo de dietas siempre ha existido en todas las municipalidades y es un “abuso y una ofensa” para la población.

“Es una ofensa, porque el 70 por ciento de los asalariados ganan el salario mínimo o menos, y los concejales con dos sesiones sacan el equivalente a un salario mínimo, y solo asisten dos horas o menos”, señala.

Por eso, dice Linares, “ocultan las actas de las sesiones, cuando uno las pide dicen que no se pueden mostrar porque hay cosas sensibles de los concejales, pero realmente es porque se evidencia que solo llegan a levantar la mano por asuntos sin trascendencia, solo es para justificar el pago de la dieta”, agregó Linares.

El analista dice que en otras ocasiones se han presentado iniciativas en el Congreso para reformar el código municipal y regular el pago de dietas, como ha sucedido en otros países, sin embargo, estás no avanzan en la Comisión de Asuntos Municipales por la misma influencia que tienen los jefes ediles.

“El abuso se comete en todas las municipalidades, hasta en las más pequeñas. Las municipalidades que tiene más fondos son las que más abusan de ese pago”, puntualizó.

Migración busca arrendar nuevo edificio que costará 400 por ciento más al año

Thu, 17 Oct 2024 11:00:00 +0000

Política

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Migración busca arrendar nuevo edificio que costará 400 por ciento más al año

La institución sostiene que la medida se tomará debido a las condiciones y hacinamiento que existe en la sede central de la zona 4 capitalina.

17 de octubre de 2024 | 05:00h

Migración además recientemente pago Q85 mil por mantenimiento y reparación del inmueble. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), dependencia del Ministerio de Gobernación, se propone alquilar un nuevo edificio. Para ello, proyectan un presupuesto anual de Q15 millones a partir del próximo año.

Actualmente, la institución paga más de Q4 millones anualmente en el alquiler de la sede central en la zona 4 de la capital. Si el nuevo edificio se contrata en lo que proyecta el IGM, el gasto se incrementaría 400%.

Las quejas sobre los servicios de impresión de pasaportes y tiempos de espera son una constante desde hace varios años; sin embargo, ahora, el tema de la ocupación del edificio cobra relevancia.

La propuesta de alquilar otro inmueble fue conocida durante la reunión de la Autoridad Migratoria Nacional (AMN), el pasado 15 de octubre, cuando también se discutieron temas de infraestructura, seguridad y capacidad, justificación para recomendar la evaluación de una nueva sede que cumpla con la normativa, según el proceso en ley.

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“Los Q15 millones se considerarán dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025 para el Instituto Guatemalteco de Migración”, hizo saber la entidad.

En el proyecto de presupuesto para el año entrante, el IGM solicita Q491 millones 997 mil. En comparación con los fondos que maneja este año, el incremento es de Q15 millones, que se destinarían para el alquiler del nuevo inmueble.

“El hacinamiento del edificio excede por más del 37% su capacidad y al sumar la cantidad de usuarios que a diario visitan el edificio, de acuerdo con la información de la carga más alta de personas, se excede en 258% la capacidad de ocupación máxima”, aseguró el instituto.

Sin condiciones

El arrendamiento del edificio actual cuesta Q2 millones 882 mil al año, además de Q1 millón 465 mil que se paga por el inmueble anexo de oficinas centrales. El objetivo sería que en el nuevo inmueble se concentren todas las oficinas y atenciones de la sede central.

Por otro lado, el IGM sostiene que el actual edificio no fue diseñado para el uso que se le da. Los módulos de gradas, los elevadores, ambientes y mobiliario no permiten una evacuación en caso de emergencia.

Además, por esas condiciones, no se puede cumplir a cabalidad con las normativas de seguridad y reguladoras de desastres.

“Existe solo un elevador con capacidad para cuatro personas, por lo que se realizó análisis de personas vulnerables por edad y enfermedades preexistentes, las cuales se ven afectadas cada vez que el elevador queda fuera de uso”, añadió en su exposición el IGM.

La consideración es buscar un inmueble que cumpla con la normativa, que tenga la capacidad para albergar a los prestadores de servicios y usuarios, con parqueo, lo cual “repercutirá en la mejora de servicios que se prestan a la población”, se indicó.

Por el momento, el IGM hará un estudio para la búsqueda del espacio y construcción de requisitos legales y bases del concurso, que se publicará en Guatecompras.

“Desde el Ejecutivo, expresamos la importancia de que todas estas evaluaciones se hagan siguiendo procesos transparentes y velando por los fondos públicos; esto es fundamental e importante para nosotros”, comentó a la prensa la vicepresidenta Karin Herrera, quien preside la AMN.

Mantenimiento

De acuerdo con los reportes de Guatecompras, la Constructora Izabal realizó este año mantenimiento por Q85 mil al edificio ubicado en la zona 4. El IGM pagó por el mantenimiento y redistribución de áreas para optimizar el recorrido y tiempo de servicio al público.

“Es necesario habilitar un ingreso y egreso al local para poder agilizar la circulación peatonal del público usuario y también reorganizar los espacios por medio de tabiques de tabla yeso, reubicación de las ventanillas de atención con la finalidad de separar bien las áreas las diferentes actividades para identificación emisión de pasaporte de los guatemaltecos”, se lee en las especificaciones del concurso del portal.

Quejas

Los retrasos en la emisión de pasaporte no es nada nuevo, las inconformidades afectan a guatemaltecos que viven en el territorio nacional como internacional. El año pasado, en julio, Migración compró un millón 500 mil cartillas para pasaportes por Q57 millones a Formularios Standard. En esa época, el concurso se adjudicó entre más de 40 inconformidades presentadas por la otra empresa oferente y un ciudadano.

Los atrasos en la disponibilidad de citas provocan que tramitadores vendan turnos y que guatemaltecos que viven en el extranjero se vean obligados a regresar al país a tramitarlo, en lugar de hacerlo desde los consulados, por retrasos en la entrega de los documentos.

En el 2023, el IGM denunció que, por la alta demanda, tramitadores ofrecen servicios desde fotocopias hasta citas al instante por Q1 mil 500. Ese extremo se ha vuelto una constante desde hace ya varios años, así como que cada cierto tiempo la falta de cartillas retrasa la entrega del documento por incluso cuatro meses.

La SAAS invierte Q131 mil en el mantenimiento de las piscinas presidenciales

Thu, 10 Oct 2024 11:00:00 +0000

Guatemala

La SAAS invierte Q131 mil en el mantenimiento de las piscinas presidenciales

Desde administraciones anteriores dicha secretaría ha sido señalada por los altos gastos que representa para el Estado.

10 de octubre de 2024 | 05:00h

Piscina presidencial ubicada en la finca Santo Tomás, Escuintla. (Foto Prensa Libre: foto hemeroteca PL)

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas) ha gastado Q131 mil 810 en dos contratos para el mantenimiento de las piscinas presidenciales, según el reporte del portal de Guatecompras, que también detalla otros gastos en alimentos y combustibles para esta entidad.

La Saas es una institución cuya función principal es proteger al presidente y vicepresidente de la República, además de gestionar asuntos administrativos, como la alimentación, compra de combustible y mantenimiento de piscinas. No obstante, desde administraciones anteriores ha sido señalada por los altos gastos que representa para el Estado y porque se utiliza para fines personales.

Piscinas

Uno de los contratos para el mantenimiento de las piscinas es por Q66 mil 810. En el portal se describe que es para la “adquisición de insumos que servirán para el mantenimiento de las piscinas a cargo de la Saas”. Esas piscinas se ubican en el búngalo presidencial de la finca Santo Tomás, Escuintla; academia de la SAAS, en San Juan Sacatepéquez, y Casa Presidencial, zona 1 capitalina.

De acuerdo con las características de los ácidos y químicos que se adquirieron, sirven para mejorar la calidad del agua y evitar que provoque irritaciones en la piel, evita el crecimiento de bacterias y algas en el agua, entre otras especificaciones.

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Otro contrato adquirido este año por Q64 mil 400, fue para una bomba de calor que climatiza el agua de una de las piscinas a cargo de la Saas.

La empresa beneficiada con ambos contratos fue Aquaservice, S. A., que este año ha ganado Q592 mil 357 con adjudicaciones en varias dependencias gubernamentales, para el mantenimiento de piscinas y la provisión de equipos o bombas para la distribución de agua.

En la Saas se informó que son cuatro piscinas a las que se les da mantenimiento. Y la extracción de basura, cepillado y retrolavado se hace a diario, mientras que la compra de químicos se efectúa cada seis meses, aproximadamente.

“La aplicación de químicos se realiza según sea necesario, lo cual depende del nivel de PH y de cloro, lo cual se mide por medio de pruebas de tester”, indicó el secretario, Iván Carpio.

Promesas

Una de las promesas a inicios del presidente Alejandro Giammattei fue cerrar la SAAS, al argumentar que se trataba de una dependencia con gastos excesivos. Sin embargo, aunque intentó eliminarla, no contó con el apoyo de los diputados. La actual administración de Bernardo Arévalo señaló inicialmente que propondrá cambios en esa entidad para minimizar sus gastos.

Una de las críticas constantes hacia la seguridad presidencial se enfoca en los gastos de alimentación del personal, los cuales, según Guatecompras, ascienden este año a Q2 millones 990 mil 248. Esta suma incluye la compra de huevos, embutidos, carne de cerdo y pollo, además de verduras, frutas, gas propano y otros insumos.

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Combustible

En cuanto a combustible, la SAAS ha realizado adjudicaciones por un monto de Q1 millón 73 mil 981. Entre estos gastos se incluye la adquisición de cupones de Q100 para abastecer a los vehículos al servicio de la SAAS.

En abril último, durante una citación del diputado José Chic, de la bancada Vos, a representantes de la SAAS, se confirmó que Miguel Martínez, uno de los colaboradores más cercanos a Giammattei, contó con vehículos y seguridad durante los cuatro años del gobierno anterior. En aquella reunión, el titular de la SAAS, Iván Carpio dijo que la orden de brindar seguridad especial a Martínez fue emitida por el propio Giammattei, quien estableció el uso de un “nombre específico” —anexo o incorporado— para que un vehículo de la comitiva presidencial estuviera a disposición de Martínez hasta la entrega de su cargo, el pasado 14 de enero.

El Departamento de Tránsito ha adjudicado más de Q12 millones para señalización de carreteras

Wed, 25 Sep 2024 11:00:00 +0000

Comunitario

El Departamento de Tránsito ha adjudicado más de Q12 millones para señalización de carreteras

Entidad sostiene que las rutas presentan condiciones peligrosas y carecen de señalización adecuada, o bien, estas se encuentra en mal estado.

25 de septiembre de 2024 | 05:00h

El Departamento de Tránsito adjudicó Q12 millones para la compra e instalación de señales de tránsito.(Foto Prensa Libre: hemeroteca Pl)

Este año el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) ha destinado Q12 millones 793 mil 992 para la fabricación e instalación de señales de tránsito en varias carreteras del país, justificando que muchas de estas rutas son peligrosas y carecen de señalización adecuada o presentan señales deterioradas.

Los trabajos incluyen la colocación de señales que indiquen límites de velocidad, direcciones de las vías, paradas de autobús, pasos peatonales y zonas escolares. Las autoridades afirman que las municipalidades no cuentan con las capacidades para gestionar el tránsito en su área por ser rutas nacionales, por lo que será responsabilidad del Departamento de Tránsito hacerse cargo de la señalización.

Además, se argumenta que estas vías tienen escasa o nula señalización, y muchas de las señales existentes están en mal estado o no cumplen con las normativas vigentes. También se especifica que estas rutas son de alto riesgo para los conductores, con tramos que presentan curvas pronunciadas y cercanía a precipicios.

Uno de los contratos más recientes asciende a Q734 mil 235 para la señalización en los municipios de Ipala y San José La Arada, en Chiquimula. En agosto, la misma dependencia adjudicó un contrato de Q6 millones 65 mil 400 para trabajos en Moyuta, Jalpatagua y Quesada, municipios de Jutiapa.

Según el portal Guatecompras, los tramos a señalizar en esas localidades incluyen desde el cruce El Amatón hasta el cruce Los Mangos, y desde ahí hasta el cruce El Obraje, en la ruta RD Jutiapa 3, así como desde el kilómetro 128 al 164 de la ruta Jut-4.

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Otro contrato adjudicado en agosto, por un valor de Q3 millones 95 mil 660, cubre la señalización en la ruta que conecta Cobán con Chisec, así como desde la aldea Xuctuzul hasta el límite entre Alta Verapaz y Petén.

También se firmó un contrato por Q1 millón 616 mil 600 para señalizar los tramos de San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán, municipios de El Progreso y Cabañas, Zacapa, en un tramo identificado por su alto índice de accidentes viales.

Asimismo, se adjudicó Q1 millón 999 mil 427 para la señalización en la ruta entre Cobán y San Pedro Carchá, en Alta Verapaz. Y un contrato por Q899 mil 270 por señalización en San Raymundo y San José del Golfo, departamento de Guatemala.

Falta de información local

El alcalde de Jalpatagua, Jutiapa, Armando Pérez, indicó que se están finalizando los trabajos de recapeo en el cruce de Los Mangos hacia la aldea El Coco, pero aseguró que no tiene conocimiento de los planes de señalización. Comentó que, posiblemente, estas se instalen una vez concluidos los trabajos de mejoramiento de la carpeta asfáltica.

Por su parte, Carlos Jiménez, alcalde de Quesada, Jutiapa, expresó que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el proyecto de señalización, aunque aclaró que, al ser su primer periodo en el cargo, desconoce si debería ser notificado al respecto.

“Acá no se está instalando señalización y tampoco he sido informado sobre el proyecto. En Jalpatagua sí están trabajando en recapeos, pero ignoro si colocarán nuevas señales”, afirmó.

Sobre cuál es el tiempo estipulado entre la firma de este tipo de contratos y el inicio de los trabajos se consultó al departamento de Tránsito, aunque indicaron que enviarían la respuesta, lo cual no ocurrió.

Las empresas adjudicadas

Entre las empresas beneficiadas por estos contratos se encuentra Innova, que ha recibido Q4 millones 242 mil 385 en contratos con municipalidades para el mejoramiento de carreteras y la fabricación de señales de tránsito.

Otra empresa, Arcas, ha sido beneficiada con Q28 millones en contratos con municipalidades y el Ministerio de Gobernación para diversos proyectos, como la mejora de sistemas de agua entubada, el mejoramiento de caminos rurales , ampliación de escuelas y construcción de puentes rurales, entre otros trabajos y servicios.

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Por su parte, Produse este año ha firmado contratos por Q4 millones 548 mil 250 para la venta de pintura, conos flexibles de prevención, materiales de señalización vial con varias municipalidades e instalación de la misma.

AAA Construcciones, este año ha tenido contratos por Q2 millones 640 mil con los ministerios de Comunicaciones y Gobernación por el mantenimiento de la red vial e instalación de señales de tránsito.

Hamburguesas, víveres y festejos por independencia: los gastos que hace la municipalidad de Sipacate, Escuintla

Tue, 24 Sep 2024 11:00:00 +0000

Comunitario

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En dos meses la alcaldía gastó Q 2.5 millones para regalar alimentos a familias de escasos recursos, hamburguesas y traslados para quienes festejaron la Independencia.