Dos meses después de su llegada a la máxima responsabilidad de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la francesa Audrey Azoulay aplicó una política de “tolerancia cero” con estos casos y destituyó a La Rue antes de publicarse las conclusiones de la investigación.

Un portavoz de la Unesco señaló a Efe que la política de la organización es “estricta” en lo que se refiere a los casos de acoso sexual y confirmó que han despedido a un directivo en función de ese rigor, sin querer pronunciarse sobre la identidad de los implicados “por respeto a las víctimas”.

Según diversos medios, el subdirector de la Unesco trató de besar forzosamente a una funcionaria de la organización que, en noviembre pasado, presentó una denuncia por acoso, lo que motivó la apertura de una investigación.

Suspendido inicialmente de sus funciones hasta conocerse las conclusiones de las pesquisas, la organización decidió el pasado lunes destituirle.

El diario francés “20 minutes” asegura que La Rue reconoció los hechos y pidió perdón a la denunciante.

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La Rue, de 65 años, fue cesado del cargo un día después que se conoció la denuncia, publicó el diario Daily Mail en su sitio en internet.
 

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La publicación señala que la directora general de la Unesco, Audrey Azoula, suspendió formalmente a La Rue mientras dure la investigación.

Estos últimos días estuvimos pendientes de que el presidente de la República decidiera sancionar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que aprobó el Congreso de la República.

Cabe mencionar que el presidente originalmente dijo a los medios que tenía ciertas dudas sobre esta reforma y que su inclinación era no sancionarla, por los vacíos que había dejado y que los legisladores no se habían atrevido a apoyar, tales como: limitar los períodos de elección de los diputados al Congreso o resolver la paridad de la participación de las mujeres, los jóvenes y de los pueblos indígenas y haber dejado fuera el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, órgano rector de los procesos políticos del país; y otros temas de igual importancia. Sin embargo, el presidente Morales recapacitó sobre que a pesar de estas falencias la LEPP contaba con amplio apoyo popular y que por primera vez en muchos años los diputados al Congreso de la República aceptaron la necesidad de reformar la ley. De hecho la Coordinadora Nacional para la Reforma Política (Conarep) llevaba varios períodos de estar cabildeando por esta reforma, sufriendo los altibajos de los diputados sobre el interés indispensable para modernizar el modelo democrático del país que exige mayor participación ciudadana, mayor equidad en la participación y mayor transparencia en la gestión pública, y especialmente en el manejo de las finanzas y la publicidad electoral, que siempre fueron elementos oscuros.

No fue sino hasta el inicio de esta gestión que el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, tuviera la voluntad política y determinación de hacer pública la planilla salarial del Organismo Legislativo y además diera su irrestricto apoyo a la iniciativa de reforma a la LEPP.

A esta propuesta de reforma se sumaron múltiples sectores de la sociedad civil que con las movilizaciones de La Plaza entendieron y reafirmaron que Guatemala ha llegado a un cambio trascendental en el que la ciudadanía no se conforma con promesas vacías que esconden subterfugios, sino que demanda una participación real, activa y permanente en la vida política del país que debe asegurar la total transparencia, tanto en lo financiero como en el procedimiento de las decisiones para recuperar la confianza perdida en la institucionalidad del Estado.

Morales, a pesar de tener conciencia de algunos vacíos que muchos compartimos, tuvo la madurez de entender que su decisión sobre sancionar o no la LEPP debía ser producto de una consulta y amplio diálogo con los sectores que venían opinando a favor y en contra de esta reforma, y esto lo llevó a las reuniones que lo ayudaron a tomar su decisión para sancionarla.

Uno de los argumentos fundamentales para esta decisión sigue siendo entender que esta reforma no es única ni la última, sino la primera de un proceso de cambios que deberán irse acotando conforme el desarrollo de la vida política del país y los diversos procesos electorales. Esta reforma es a todas luces incompleta, pero es un paso absolutamente necesario para iniciar el camino de las reformas más profundas que Guatemala necesita.

Es el momento de insistir en que la implementación de la reforma a la LEPP dependerá de la confianza depositada en el TSE, el apoyo que se le brinde, en la responsabilidad y rendición de cuentas de los partidos políticos y sus respectivas diputadas y diputados, y en la actividad permanente y vigilante de las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general

En esta encrucijada histórica de Guatemala, debemos hacer lo posible porque estas reformas sean efectivas.

guatemalademos@gmail.com

Estados Unidos corta toda ayuda militar a Guatemala como represalia por el fracaso del gobierno guatemalteco en juzgar a militares implicados en diversas violaciones.

El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, en aquella oportunidad dijo que “Estados Unidos desea expresar su profunda decepción por la falta de decisión del gobierno guatemalteco para proteger los Derechos Humanos”.

?El último caso fue el asesinato de 13 civiles en Santiago Atitlán por soldados luego de que los indígenas se opusieron a la detención de un líder comunitario, ya que era ilegal.

?El gobierno del presidente Vinicio Cerezo se había comprometido a castigar a los responsables, pero el oficial y los soldados acusados no habían sido enjuiciados.

Estados Unidos también criticó enérgicamente al Gobierno por no tomar acciones efectivas por el asesinato del ciudadano norteamericano Michael Devine, ocurrido el 8 de junio de 1990 en Petén. Devine tenía 30 años de residir en Guatemala.

Protesta del gobierno

El 23 de diciembre de 1990, Cerezo dijo que la medida de Estados Unidos era drástica.

La calificó como una “resolución muy drástica”, mientras los sectores de oposición la consideraron como una “advertencia hacia el nuevo gobierno” para que se respetaran los derechos fundamentales del ser humano.

Cerezo dijo que la medida era una represalia contra la Democracia Cristiana por no asumir una actitud dura contra Nicaragua durante el período sandinista.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Oliverio García, dijo que la postura de Washington es “un reproche o condena moral” a la negligencia del gobierno por mejorar la situación de los derechos humanos.

García, dirigente político de la Unión del Centro Nacional (UCN), indicó que más que afectar a Cerezo, quien terminó su gestión el 14 de enero de 1991, la medida era una advertencia para el próximo gobierno.

El Departamento de Estado de EE. UU. explicó que la decisión fue tomada porque se observaban violaciones a los derechos humanos en Guatemala y la falta de juicios y castigo contra los responsables, entre ellos los militares, quienes eran los mas señalados.

“Estados Unidos desea expresar su profunda desilusión por la falta de compromiso de proteger los derechos humanos por el gobierno de Guatemala”, indicó el comunicado.

“Durante los seis meses hemos tenido reuniones regulares con el presidente Cerezo y el ministro de Defensa, general Juan Leonel Bolaños, para instar a que se aprese y enjuicie a aquéllos que asesinaron al ciudadano americano Michael Devine”, se indicó en el documento.

“Algunas acciones iniciales llevaron a la detención de seis sospechosos, entre ellos cinco militares pero desa- fortunadamente no se ha avanzado en la investigación”, se advirtió.

El gobierno guatemalteco, que dijo que la ayuda militar era simbólica, lamentó la medida y lanzó una crítica, aduciendo que el propio Departamento de Estado había reconocido los esfuerzos de Guatemala en materia de derechos humanos, por lo cual le pareció contradictorio lo que decía en el documento enviado por el gobierno norteamericano .

Sobre el caso Devine, el Gobierno reconoció en aquella época que existían dificultades “inherentes a todo hecho criminal” debido a los “obstáculos jurídicos impuestos por un anticuado código procesal penal”.

El gobierno insinuó que la decisión de Washington no obedecía a un interés por los derechos humanos, y por eso esperaba que este acto contra Guatemala, el asesinato de un ciudadano norteamericano, no fuera otra incomprensión y desaire a la política internacional de Guatemala, vista con disgusto en el pasado por el Departamento de Estado, dice un comunicado oficial.

24 de diciembre de 1990

El mandatario dijo que en 1989 que la ayuda militar había sido de US$2 millones y que se recibiría dentro de 4 o 5 a años, aunque se mencionaba que la cantidad sería de US$1.9 millones en ayuda a Guatemala

Cerezo dijo que eso no incidía en nada, porque “es tan poca la ayuda militar que nos da Estados Unidos, que si ésta llega a perderse no incidirá en el esquema de seguridad nacional”.

Preocupación

El Gobierno vio con preocupación la resolución drástica del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica acerca del cese de la ayuda militar a Guatemala, se afirmó en un boletín de Prensa.

Se explicó que era un hecho conocido por la opinión pública nacional e internacional que hay grupos de personas desafectas al régimen que realizan acciones atentatorias contra los Derechos Humanos.

El Gobierno de la República admitió el 27 de diciembre las dificultades inherentes a todo hecho criminal, para avanzar en las investigaciones y los obstáculos jurídicos impuestos por un anticuado Código Penal; a pesar de ello en los últimos cinco años ha sido evidente la voluntad política de Guatemala, para aclarar casos violatorios contra las personas.

Versión de vocera

Claudia Arenas, portavoz del Gobierno, informó que en el caso del norteamericano Michael Devine se tenían acciones concretas, se detuvo a varios sindicados o los que supuestamente tenían información del hecho.

La vocera añadió que los sindicados habían sido consignados a los tribunales y continuaban las investigaciones para determinar quiénes eran los responsables. Al respecto, se solicitaron declaraciones e información a algunos oficiales del Ejército que estuvieron cerca del área donde ocurrió el crimen.

Recomendación a turistas

Arenas dijo que a la fecha no se había dado seguimiento a la declaración inicial de Cerezo en torno a una advertencia a los viajeros que visitaban Estados Unidos.

Cerezo ha recibido información de algunas personas que viajaron a ese país y fueron objeto de robos y atracos en la vía pública.

Declara Frank La Rue

El 30 de diciembre de 1990, el fundador del Centro para la Acción Legal para los Derechos Humanos, Frank La Rue, dijo que el recorte de la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala era insuficiente para detener las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Ejército.

La Rue opinó que “aunque es un paso importante, expresa una señal al Ejército de Guatemala que el gobierno norteamericano será vigilante para que se respeten los Derechos Humanos”.

El analista guatemalteco dijo que la decisión del Departamento de Estado apuntaba a que podría reanudarse la asistencia al próximo gobierno para que respetara los Derechos Humanos, pero que era importante decirle al próximo gobernante que las violaciones a los Derechos Humanos tenían que ser juzgadas judicialmente, aunque fueran cometidas por oficiales de alto rango del Ejército.

El problema fundamental que atraviesan los Derechos Humanos en Guatemala es la impunidad de las fuerzas armadas,. Debe considerarse inaceptable que el próximo gobierno otorgue amnistía a los militares, enfatizó La Rue.