En septiembre del 2015, pocos días antes de ir a las urnas, los guatemaltecos miraban atónitos cómo el entonces presidente se sometía a los tribunales de justicia debido a una acusación por supuestos actos de corrupción, y la cual aún se dirime en el sistema judicial. Elegir, poco más de un mes después, entre una opción que prometía no ser parte de los grupos de corruptos y ladrones que han desfilado por la administración pública o elegir a la antigua forma de hacer política con la promesa populista de ayuda social para los más necesitados no resultaba difícil tomando en cuenta el mal sabor de boca que los antecesores han dejado.

Pasados los primeros cien días aún se mantuvo la buena imagen con la que llegó la administración que está a tan solo horas de ser historia, pero el desencanto empezó a aparecer, pues se perdió el tiempo y se desperdició el capital político brindado por las urnas, con acciones equivocadas como permitir tránsfugas en la bancada oficial, no ser transparente en los nombramientos de gobernadores y la capacidad para gestionar de buena forma la administración pública empezó a ponerse en duda.

Para el 2017 el desgaste había crecido y, para la mitad del mandato, el foco se había perdido y las energías de buena parte del Organismo Ejecutivo se enfrascaron en una lucha personal, inerte y que, al final, por culpa de dos partes presas del frenesí, deja un país con las heridas abiertas y necesitado de que sus nuevas autoridades tracen el rumbo que se perdió luego de cinco años inéditos para la sociedad guatemalteca, que tuvo más que dificultades para poder mantener un diálogo coherente y de altura con buena parte de los funcionarios de la administración saliente, debido a la poca disposición de estos a escuchar a quienes piensan distinto a ellos y, peor aún, cerrados a querer escuchar y a hablar solo con quienes por interés o lambisconería se dedican a aplaudir los resultados del trabajo inherente al cargo, sin reconocer que de eso se trata el servicio público.

Si bien se deben reconocer significativas y específicas gestiones, como los esfuerzos por mantener la estabilidad financiera pese a los vaivenes políticos; cumplir, por primera vez, con la entrega a tiempo y con creces la refacción escolar, el mantenimiento de algunas de las carreteras principales o seguir, estadísticamente hablando, con la tendencia de gobiernos anteriores de mantener a la baja la tasa de homicidios, no se debe perder de vista que quedan grandes desafíos en cuanto a la cobertura y calidad educativa, los alarmantes índices de desnutrición, la falta de más infraestructura vial estratégica, aumentar el ritmo de crecimiento económico y, sobre todo, cómo revertir el hecho que alrededor del 59 por ciento de los 16.8 millones de guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza y un 23.4 por ciento lo hace en pobreza extrema.

La reflexión final debe ser para todos. Empezando por los funcionarios que en unas horas serán historia, los sectores que apoyaron y los que cuestionaron cada decisión, en ambos casos, si lo hicieron para aportarle al país o para beneficio propio; los contrapoderes, incluidos los medios de comunicación y cómo ejercieron su función, pero, sobre todo, para que los guatemaltecos ejerzan una ciudadanía activa que, como en todo sistema republicano, vele por la existencia de balances de poderes y mecanismos de frenos y contrapesos que obliguen a los gobernantes, desde el primer día, a hacer bien su trabajo o a corregir

Hay muchas definiciones de “bien común”. Unas tienen carácter condicional, otras no. Entre estas últimas está la que define el bien común como todo aquello que beneficie a la mayor parte, punto. No hay condiciones ni límites. Entre dos opciones “alfa” y “beta”, si la primera beneficia a la mayor parte del conjunto, es “alfa” la que debe adoptarse.

Empero, puede que “alfa” sea lo que más beneficie a la mayor parte hoy, pero dentro de un mes, o diez años, no sea beneficiosa para la mayor parte. Es más, puede que “alfa”, con el paso de cierto tiempo, llegue a ser peor para todos. También puede que “alfa” sea la mejor opción para la mayor parte, pero a costa de que ciertos individuos pierdan parte de sus bienes, de su libertad o de sus derechos. ¿Sigue siendo entonces “alfa” la opción preferible?

Algunos opinan que no. Yo creo que el bien común es aquello que beneficia a la mayor parte en el largo plazo, sin privar a nadie, que esté en la minoría, de su dignidad y derechos. Esta es una definición condicional.

Pero, independientemente de la definición de “bien común” que a cada ciudadano parezca mejor sustentada, lo cierto es que los ciudadanos votan para llevar a un grupo de políticos al poder, que a su vez nombran o eligen a ciertos funcionarios para que, todos ellos en conjunto, procuren realizar el bien común.

Si uno supone que ese bien común, en relación con cualquier cosa, por ejemplo, aumentar los aranceles de importación del “quank”, coincide o se alinea con los intereses de los funcionarios que les toca decidir ese aumento, pues ¡enhorabuena! Esos funcionarios tendrán un doble interés para adoptar esa medida. Empero, supongamos que no sea así, que una industria manufacturera de quank le ha dado una generosa contribución al partido político al que pertenecen esos políticos. Ahora la cosa se ha complicado. ¿A quién van a favorecer los funcionarios? ¿A la mayor parte del conglomerado social o a sus generosos aportantes?

Eso depende, además, de los escrúpulos de los funcionarios, por supuesto. Pero, el problema objetivo sigue ahí y por eso es necesario que los potenciales conflictos de interés “se transparenten”. Por eso es necesario que, en este ejemplo, las contribuciones y los que las dan sean públicas.

Aun así, ¿cómo se enteran los ciudadanos, que no usan su tiempo para mirar los registros del TSE sobre contribuciones a los partidos y los cientos de decisiones que toma un gobierno? Para eso, precisamente, está la prensa independiente. Para meter las narices en todo y, si algo huele mal o, simplemente, tiene relevancia pública, para informarlo.

El legislador, por medio del derecho público, debe, principalmente, colocar al lado de cada conjunto de facultades que otorga a un funcionario, unos controles y unos “órganos de contralor”, pero la sociedad civil y los ciudadanos deben poder enterarse de lo que pasa, porque son ellos los que votan. Y para enterarlos de lo que pasa está la prensa independiente.

Una reflexión final: no solamente debe presumirse de los particulares que obran por interés propio, sino también de los funcionarios y de los políticos. Por eso, por ejemplo, no debe ser el Gobierno —el partido o coalición oficial— el que negocie, sólo, con los sindicatos. Esto es una receta, infalible, contra el bien común. La Ley debiera exigir que los partidos de oposición intervengan en esas negociaciones, por medio de una comisión o de delegados.

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Ni se trata de  sarcasmo ni de una afirmación con carácter absoluto. Me refiero a las declaraciones del presidente Jimmy Morales en cuanto a la política de la Contraloría General de Cuentas, que él estima excesiva, de llevar al plano de lo penal infracciones que, realmente, son faltas administrativas. Yo añadiría que esa actitud de denunciar como delitos actos que no pasan de ser faltas administrativas, daños o perjuicios civiles, no se limita a la CGC, sino que abarca a otros órganos del Estado y a muchos particulares —o a sus abogados—.

Creo que hay varios factores que inciden en esta suerte de “presunción de culpabilidad” penal, que van desde el excesivo celo de algunos inspectores hasta la simple y llana ignorancia. Pero, en cualquier caso, la sociedad guatemalteca no puede estar basada en la “presunción de culpabilidad”, sino en la “presunción de inocencia”.

Eso es parte del problema, me parece. La otra parte está en que, quizás en vista de los abundantes procesos de corrupción a todo nivel que se ventilan desde hace unos tres años, sea parte del supuesto, entonces, de que los actos u omisiones administrativas de contenido financiero, que transgredan reglas legales, automáticamente, deben delitos punibles.

Pero una transgresión legal, incluso de contenido financiero, no es necesariamente una infracción penal. Por un lado, la regla general en el derecho penal es que el responsable debe proceder con dolo. En otras palabras, debe haber una deliberada intención de delinquir, no siendo suficiente una falta de diligencia, una falta de cuidado, un error.

Claro está, la cuestión de cuándo se presenta el dolo es complicada. Nadie conoce las intenciones de otras personas. Los investigadores, los criminólogos y los demás profesionales encargados de la persecución y represión de las actividades delictivas deben encontrar signos objetivos que revelen esa intencionalidad.

De ese modo, dados los numerosos requisitos que deben cumplirse por los funcionarios que manejan caudales de la hacienda pública, es necesario que los inspectores de la CGC identifiquen esos signos objetivos que denoten o permitan entender, que se ha violado intencionalmente la ley, por ejemplo, con el ánimo de enriquecerse directa o indirectamente, para proceder, en tal caso, con una denuncia.

Alguno pudiera preguntarse qué objeto puede tener “tomar el lado”, así, entre comillas, de los funcionarios transgresores de la ley, en lugar de favorecer una actitud rigurosa por parte de la CGC. Creo que uno de los grandes problemas de la Guatemala de hoy es ese “maniqueísmo”, muchas veces farisaico, que pretende ver las cosas en blanco o negro.

El mundo real no es así. Puede haber funcionarios probos y dignos que cometan errores, que incurran en un descuido, que sean de un criterio diferente del de un inspector, cuyas vidas terminen arruinadas y su reputación destrozada por un celo mal entendido que, realmente, esconde un enfoque simplista de las cosas que puede hacer mucho daño. Ese daño consiste, entre otras cosas, en disuadir a profesionales o técnicos competentes, que pudieran desempeñarse en las administraciones públicas del Estado con bien para ellos y para el público, de presentarse e intentarlo. Ninguna persona racional puede aceptar la idea de que, por una transgresión de reglas o de procedimientos administrativos, sin la intención de defraudar al Estado y sin beneficio propio, sino por lo que técnicamente se llama “culpa”, se termine en un juicio penal o, incluso, en la cárcel.

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Cuando se analiza la penosa situación por la que atraviesa Guatemala, es inevitable hacer un recuento de los últimos gobiernos y se constata muy fácilmente que lo que hoy ocurre no es una casualidad. Le penosa situación actual parece más bien ser el producto de un descuido generalizado de todos los sectores hacia sus autoridades, o también del oportunismo de algunos que han encontrado en los gobernantes los mejores aliados para subir la penuria nacional.

Ningún presidente puede presumir de una exitosa gestión, pues todos han terminado con altos indicadores de impopularidad o en el banquillo de los acusados. El primero de ellos, Cerezo, es uno de los pocos que no terminó su mandato enfrentando a la justicia, pero no por ello se libró de la corrupción y, de hecho fue quien dio los primeros pasos en la piñatización de los recursos públicos.

El segundo, Serrano, vive un dulce exilio rodeado de comodidades, pero desterrado, por intentar violentar el orden establecido y la Constitución Política, al pretender erigirse en un dictadorzuelo por medio de autogolpe. La intentona fracasó gracias a la hidalguía de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad y de muy valientes ciudadanos.

Su sucesor, Arzú, tampoco se salva del desprestigio y cargó, hasta su muerte, con la mancha de una ola privatizadora de los bienes públicos, rematados para sus amigos. También durante sus últimos días de vida estaba de cara a un proceso judicial por financiamiento electoral ilícito y por haber beneficiado con contratos y plazas a familiares del capo de las prisiones guatemaltecas.

No pudo haber sido peor el relevo con el siguiente gobierno, cuyos principales líderes pararon en prisión, enfrentando procesos por enriquecimiento ilícito. El mismo mandatario Portillo fue condenado a prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, aunque en Guatemala no se le pudo procesar por la imperecedera cooptación del sistema judicial del país.

El siguiente Gobierno, encabezado por Berger, tiene hoy a algunos de sus principales funcionarios enfrentando procesos legales por ejecuciones extrajudiciales, otros guardando prisión, en una nueva prueba para el sistema de justicia.

De nuevo, varios de los funcionarios del siguiente Gobierno, encabezados por Colom, también están siendo procesados por amaños en otorgación de contratos y subsidios para el transporte urbano, el cual también ha puesto en el ojo de la justicia a políticos y a empresarios vinculados con ese sector.

El caso más vergonzoso lo ejemplifica el gobierno de Pérez Molina, con él y las más altas autoridades enfrentando procesos por corrupción, asociación ilícita, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Ya fue condenada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por intentar estafar al Estado con la venta de una pócima para supuestamente sanear el Lago de Amatitlán.

Con esos antecedentes se explica que el actual Gobierno libre una enconada batalla por desbaratar todo esfuerzo por combatir la corrupción. Es de suponer entonces, de acuerdo a la trayectoria de los últimos gobernantes, que será cuestión de tiempo para que el actual mandatario y quizá varios de sus funcionarios terminen enfrentando a la justicia.

Expresémoslo directamente: la corrupción en Guatemala tiene como núcleo central la relación empresarios-políticos. Importante es aclarar que no todos los empresarios y los políticos son corruptos. Pero cuando sí lo son, destruyen por completo la institucionalidad, los valores genuinos del mercado y dañan severamente la moral pública. La fórmula funciona con simpleza, aunque sus efectos son devastadores. Los políticos fundan un partido, buscan tener el mayor número de afiliados y la mayor representación nacional, bajo cualquier instancia adhieren a aquellas personas que mediante  candidaturas les garantizarán puestos municipales, parlamentarios e incluso presidenciales. Logrado esto venden su proyecto al mejor postor, los compradores son generalmente empresarios que luego de otorgar financiamiento ilícito habrán de cobrarse con creces la factura mediante tres mecanismos en particular: 1. Se convierten en “contratistas” del Estado. 2. Concretan la cooptación del Estado apropiándose de la direccionalidad de las instituciones públicas, poniéndolas al servicio de sus intereses corporativos. 3. Se convierten en propietarios de diputados y bancadas, las cuales operan directamente a favor de sus intereses. Así funcionan la corrupción, la cooptación del Estado y la impunidad.

La corrupción roba los fondos públicos, lo cual provoca que los hospitales estén en un estado deplorable, las escuelas colapsadas, inseguridad ciudadana en ascenso e infraestructura destruida. Le impide además al pueblo contar con funcionarios honestos, capaces y experimentados. Eso explica por qué la mayoría de funcionarios en Guatemala son personas incapaces de demostrar un verdadero aval académico y mucho menos honestidad. Basta revisar el personal vigente en la mayoría de las instituciones públicas para determinar que responden y pertenecen directamente a las redes del crimen organizado. El secuestro de las instituciones públicas ha sido la mayor tragedia de nuestro país. Legiones de “funcionarios” ineptos y corruptos han desfilado por los puestos públicos desde 1986 a la fecha. Los efectos están a la vista: nuestro país evidencia los indicadores socioeconómicos más deplorables de América Latina. No hay autoridad mientras la anarquía y el caos se apoderan de nuestra vida diaria.

La lucha que se ha iniciado en contra de la corrupción en Guatemala, centralizada en la Cicig y su aporte inmediato en el accionar del Ministerio Público, ha demostrado que sí es posible desarticular esas nefastas redes. Pero todos sabíamos que ese esfuerzo implicaba grandes riegos y monumentales desafíos. Y hoy lo vemos. Muchos actores vinculados a la corrupción —piezas diversas de un tablero fatídico— se han unido, recurriendo a toda práctica posible para confundir a la población. Han intentado hacernos creer que existen dos bandos sociales en el país, los pro Cicig y los anti Cicig. Nada más falso. La mayoría de la población rechaza y detesta la corrupción, mostrando simpatía por todo lo logrado por la citada comisión internacional. Este momento coyuntural que vivimos en Guatemala será determinante para marcar nuestro futuro: la creación de una cultura de legalidad sustentada en un verdadero estado de Derecho o la degeneración definitiva de nuestra institucionalidad que nos perfile como un Estado bárbaro y degradado, en donde la conflictividad y la ingobernabilidad nos hundan en el peor de los abismos. La lucha global contra la corrupción y la organización y la participación de nuestra sociedad civil deben fortalecerse aceleradamente hasta derrotar tan nefasto flagelo.

manuelvillacorta@yahoo.com

Jimmy Morales enfrenta otra vez señalamientos de corrupción y de nuevo será puesto a prueba, no solo nuestro sistema de justicia, sino también la forma cómo opera el Congreso, que hasta hoy ha protegido con vehemencia al mandatario, haciendo caso omiso de las leyes y del clamor popular que exige justicia.

Pero, lamentablemente y siendo realistas ya se sabe que esto no prosperará, porque si del Congreso de la República depende esta decisión, entonces estará garantizada la impunidad. Lo que evidencia una vez más la importancia y el peso que tiene el Legislativo dentro del sistema político guatemalteco.

El problema es que quienes deberían establecer los límites para quien está en el poder son igual de corruptos que él, entonces nuestro sistema político no funciona en la práctica. Y claro, las leyes escritas suenan bonitas, pero en el ejercicio del poder simplemente no funcionan, porque favorecen y propician la corruptela.

Por esta razón, cuando se crearon las leyes constitucionales junto a los valores y principios que sustentan los derechos ciudadanos, también se establecieron los mecanismos para limitar el ejercicio del poder. Pero hoy al ser vulnerados estos límites e independencia de poderes, también se están violentando los valores y principios sustantivos de toda la ciudadanía.

Es necesario para garantizar la institucionalidad y el estado de Derecho que se integre la legalidad y legitimidad en una unidad fundamentada en valores y principios éticos de validez universal, para así construir una verdadera ética del poder. Necesitamos funcionarios comprometidos con la separación e independencia de los poderes del Estado.

No obstante, con el escenario actual y basados en nuestra realidad, es una utopía hablar de legalidad y legitimidad, por lo que la lista de funcionarios y particulares que elaborará el Departamento de Defensa de Estados Unidos será de gran ayuda para nuestro país, porque evidenciará a quienes han cometido abusos.

El secretario de Estado tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres que será publicada. La denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional incluirá a los funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Las personas que sean incluidas en esta lista no solo pasarán por el escarnio público y un “castigo moral”, sino también podrían estar sujetos a la congelación de activos y la denegación de visas, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky.

Estas son medidas que justamente se han tenido que tomar para países, donde los funcionarios han traspasado absolutamente los límites del poder, tal como ha venido ocurriendo en Guatemala desde hace décadas. Es claro el interés de Estados Unidos por dejar patente su compromiso de combatir la corrupción, ya que una de las causas de la migración ilegal a ese país se debe a la corrupción e inseguridad que se vive en los países del Triángulo Norte.

También es necesario comprender que la corrupción en el sector público es uno de los principales factores que ha causado el estancamiento económico y el subdesarrollo en que nos encontramos sumidos.

Por ello es plausible este gran esfuerzo por frenar los actos de corruptela en la región, que además será un claro mensaje para quienes están en este momento en el gobierno, para que enderecen su camino, si es que aún les queda un poco de cordura. Porque la impunidad persiste a pesar de los esfuerzos de la Cicig por combatirla. Con este tipo de leyes se estará dando un gran apoyo a la Comisión anticorrupción y es una esperanza a corto plazo para los ciudadanos.

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“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, dijo Winston Churchill. Frase que deja a Guatemala sin políticos, sin estadistas y sin futuro. El inmediatismo con que la clase política actúa en Guatemala, sumado a la corrupción que pone a gobernar a personas ineptas, sin más vocación que la de saquear al famélico Estado guatemalteco, nos tiene en la calle.

Sumemos a esto un modelo económico que no ha generado vida en dignidad para las mayorías y que ha puesto en tensión al capital tradicional y al capital emergente, al punto de pelearse entre ellos a los posibles candidatos a los cargos públicos de mayor relevancia. Esos capitales, tantas veces tan poco honrados, compran, con bastante antelación, a los operadores políticos que defenderán sus intereses por encima de los intereses y necesidades de la población. Vamos encontrando allí buena parte de nuestros males y la necesidad de una reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos. Sin la ética y la conciencia de país, ¿adónde va nuestra clase política actual? La muerte civil a funcionarios corruptos sería un buen lugar de destino, siempre y cuando no se conviertan luego en empresarios corruptos.

Va a darse de frente con crisis políticas que no puede responder, con desastres naturales para los cuales no está preparada, y con rubros sociales que no logra entender y atender. La clase política no entiende que no entiende, porque casi toda esa gente ha crecido y prosperado a la luz de la oferta y la demanda, no de una visión de país. Esa clase política discapacitada ya solo se entiende entre sí, y ya ni siquiera tiene un lenguaje que la acerque a la población, porque hasta las campañas se volvieron mediáticas y carentes de contenido. Cada día el divorcio entre gobernantes y gobernados crece y se hace evidente en una Guatemala que ya ni siquiera tiene presidente.

Vemos así un gobierno que ante un desastre como el del Volcán de Fuego no tuvo la capacidad de respuesta en el inicio, impidió que llegara la ayuda internacional luego, no ayudó a las poblaciones a sacar ni a sus muertos enterrados a las faldas del volcán, y encima ahora amplía una carretera sobre las que antes fueron viviendas, mientras en bolsas plásticas se van sumando restos humanos. Los mismos funcionarios públicos que han defendido desalojos por el tema de la sacrosanta propiedad privada, ahora bajaron el dedo para aprobar que las máquinas que no buscaron a los familiares pasaran por la propiedad privada de tanta gente afectada. Parece que el derecho de la propiedad privada es un concepto que no aplica a toda la población. En la misma lógica, podemos leer lo sucedido a la comunidad de Chicoyogüito, en Alta Verapaz, que hoy es una base de entrenamiento para las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Desde 1968, esa comunidad había sido desalojada y despojada de sus tierras para instalar la antigua zona militar No. 21, donde se cometieron una serie de torturas y crímenes de lesa humanidad durante la guerra que se vivió en Guatemala. Posteriormente, los lotes han sido repartidos a personas del Ejército, sin que vuelvan a sus originales dueños. ¿Dónde las políticas públicas, el tema de una vivienda y un territorio dignos, y la clase política encargada de hacerlas cumplir?

El censo será la herramienta que nos permitirá contarnos, sabernos, visibilizarnos a futuro, diseñar políticas públicas, establecer redes posibles de una nueva ciudadanía. Y debería amarrarse a un catastro, que nos permitiría ordenar el territorio. Frente a ello, necesitamos personas y partidos que se conciban a sí mismos de otra manera, en el marco de la otra Guatemala imaginada. Es tiempo de imaginar y hacer otra Guatemala, pero si no nos acomoda, sigamos con esta, cerremos la puerta, apaguemos la luz y dejémonos morir.

cescobarsarti@gmail.com

Desde que el gobierno de la Democracia Cristiana Guatemalteca (1986-1991) utilizó las llamadas “plazas públicas” para remunerar a sus activistas y partidarios, se sentó un antecedente nefasto. No es que con anterioridad no haya habido casos de nepotismo, de “compadrazgos”, de partidismo —sobre todo en las esferas más altas de las administraciones públicas—, pero nunca en la escala con que se hizo por primera vez en aquella ocasión. De ahí en adelante, el problema ha ido, con algunos altibajos, a peor.

Como es bien sabido, más recientemente se ha procesado penalmente a altos funcionarios, incluyendo a algunos diputados al Congreso de la República, por casos como el llamado de las Plazas Fantasma. Esto alude a la extensión de nombramientos a favor de personas que, a sabiendas de ambas partes, no habrían de prestar servicio alguno. Como si eso fuera poco, se trata, por lo general, de cargos o de servicios profesionales o técnicos de los mejor remunerados.

Ahora bien, el hecho de que este fenómeno se haya convertido en una forma tan extendida de “recuperar la inversión en política”, como algunos lo han entendido, refleja una mentalidad. Refleja una cierta forma de ver los llamados “empleos públicos” que, por así decirlo, encaja con una realidad muy lamentable, a saber: la bajísima productividad de las administraciones públicas —con la excepción de dos o tres “burocracias doradas”—.

La idea de que quepa hacer “favores” repartiendo plazas públicas refleja el poco valor que se le atribuye a las funciones públicas. Se piensa en las funciones públicas como mero papeleo, como exigir papeles que extiende la oficina X para añadirlos a un expediente en la oficina Y. Y todo sin ningún beneficio para nadie. Se mira a las funciones públicas como “series de obstáculos”, algo parecido a los videojuegos en que del fuego se pasa a un precipicio y de ahí a una avalancha. ¿Y para qué? Pues para sacar mordidas.

Creo que el hecho de que las cosas sean así se relaciona con la falta de comprensión de que, toda función pública, sin excepción, es más compleja que su equivalente —cuando existe alguno— en el mundo privado. Esto es así debido a lo que los juristas llamamos “principio de legalidad”, que en términos llanos significa que todo, sin excepción, lo que haga un funcionario público debe estar mandado por la Ley y debe ejecutarse de acuerdo con sus preceptos.

Por consiguiente, el Servicio Civil es un régimen que debiera integrarse por personas verdaderamente competentes, honorables y con vocación de servicio público, y debe contemplar y articular los incentivos para atraer y conservar al mejor talento posible. El especialista en seguridad del sector público debe, además, saber actuar dentro del marco de las leyes y sus reglamentos; el especialista en infraestructuras viales, lo mismo; el especialista en servicios médicos, por consiguiente, etcétera.

Pero, además, en el Servicio Civil no hay lugar para sindicatos ni para huelgas. Bien entendido, el régimen del Servicio Civil debe prescribir que los encargados de su gestión —la Oficina Nacional del Servicio Civil—, realicen los estudios y análisis necesarios para proponer a los órganos de Gobierno y al poder Legislativo unas remuneraciones competitivas a cada nivel o rango en el escalafón de los cargos públicos. Competitivas para contar con el talento necesario, a cada nivel.

El tiempo pasa y gran parte de quienes lideran la administración pública parecen estar desconectados de los objetivos públicos que deben perseguir o, en el peor de los casos, simplemente haciendo lo que más les conviene para sus intereses particulares.

Llame usted al Ministerio de Relaciones Exteriores, rector de las relaciones bilaterales o multilaterales de carácter político, social, cultural. Pregúntele si más allá del pésame están haciendo algo tras la muerte arbitraria de Claudia Gómez, o si tienen algún plan para reducir la migración de los cientos de menores no acompañados que cada día salen del país. No, no hay quien atienda, porque en este momento están concentrados en pensar cómo continuarán justificando internacionalmente su descontento con el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y buscando qué excusa darán para no renovar la visa de Iván Velásquez, jefe de dicha Comisión. También dedican tiempo a encontrar alguna justificación que fundamente la petición de pedir el cambio de los embajadores de Suecia y Venezuela, porque lo de la “soberanía” no suena bien cuando resaltan el apoyo recibido por congresistas de Estados Unidos. Es muy probable que continúen entretenidos armando alguna artimaña para, contrario a las leyes, evitar publicar los nombres de quienes financiaron el viaje a Israel encabezado por Jimmy Morales, su familia y un amplio séquito de funcionarios.

Qué tal si prueba comunicarse con el Ministerio de Energía y Minas —rector de la producción, distribución y comercialización de la energía y los hidrocarburos— y pregunte si están haciendo algo, aunque sea analizar, con respecto al incremento del precio de las gasolinas. Cuénteles que a usted sí le impresiona que haya días en que las gasolineras tienen el mismo precio, sin importar la empresa comercializadora y contrario a las ideas de “competencia y libre mercado” que tanto pregonan. Seguro una contestadora le dirá que si marca uno le explicarán por qué el país está perdido con el cierre de la Mina San Rafael; si marca dos, le pueden profundizar en esa idea basándose en argumentos poco técnicos. Si marca tres, regresa al inicio del menú.

Ahora intente hablar con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entidad que vela porque se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país, así como el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Si le llegan a contestar no se extrañe escuchar el sonido del viento, es que les gusta andar en helicóptero. No le atenderán ningún reclamo sobre ríos contaminados o desviados. Ahora mismo están tratando de quedar bien con exesposas y alcaldes afines al partido oficial. Ni llame al Ministerio de Gobernación porque ahí están jugando a ser soldados, mientras en el de Salud están viendo cómo se traen al traste los logros del ministro anterior, y en el de Economía estudian los mensajes para que “tengamos fe” en los privilegios fiscales y plan para la prosperidad.

Finalmente, usted ya molesto se anima a llamar a la Presidencia de la República, quien debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía. Si tiene suerte le pondrán algún mensaje presidencial con risas grabadas. De lo contrario, espere alguna diatriba contra el Procurador de los Derechos Humanos o contra la Cicig; algún sermón mal dicho o un mala moraleja. En tres palabras: no hay gobierno, solo gente con poder para empujar sus propios y antisociales intereses.

La Contraloría General precisó que se investigó a un total de 26 mil 868 funcionarios y servidores públicos y que los sancionados, en primera instancia, fueron 3.671, según indicó la agencia oficial Andina.

De los sancionados, el 53 % aceptó su castigo durante el proceso de investigación o este fue ratificado en última instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Las regiones que concentraron el mayor número de funcionarios y servidores con sanción fueron Lima (373 casos), la sureña Arequipa (236), la norteña Cajamarca (149) y la también sureña Tacna (101).

La información oficial agregó que el 39 % de los sancionados en primera instancia se encuentra en proceso de apelación ante el TSRA (1.457 personas) y el 8 % restante (284) logró que ese tribunal desestime la sanción impuesta.

Andina señaló que las cifras ofrecidas comprenden el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2017 y recordó que la Contraloría tiene facultades para sancionar a los funcionarios y servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o muy graves.

El nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, participó este martes en la promulgación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Contraloría, en una ceremonia que se celebró en el Palacio de Gobierno para mostrar “simbólicamente” el compromiso de su gestión en la lucha contra la corrupción, según dijo.

Esa ley había sido devuelta al Congreso por el Ejecutivo que presidió Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en medio de una crisis política, pero fue ratificada por el Legislativo el pasado 8 de marzo mediante el “mecanismo de la insistencia”.

Sin embargo, en los últimos días ha sido criticada por un sector de la oposición porque ratifica las labores de supervisión y sanción de la Contraloría en todos los organismos del Estado, menos en el Congreso, que designará directamente a sus fiscalizadores.

Al respecto, legisladores como el izquierdista Alberto Quintanilla y el centrista Yonhy Lescano han informado que presentarán un pedido para que se corrija esa decisión y la Contraloría también intervenga en el nombramiento del jefe del sistema de control del Parlamento.

Unos 65 empleados y funcionarios de la comuna de Xelajú, Policía Municipal de Tránsito (PMT), Gobernación Departamental y Organismo Judicial utilizan parqueos en las calles, custodiados por policías pagados con fondos públicos.

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“Ellos deben asumir los mismos derechos y obligaciones que tenemos todos. Lamentablemente, por los puestos que ocupan, se aprovechan. Que pongan el ejemplo porque no están trabajando ad honorem; al contrario, reciben dinero de nuestros impuestos. Deberían pagar una tarifa que sea ingreso para el municipio, como hacen los taxistas, o simplemente buscar un parqueo privado”, reclamó.

Eduardo Mérida, coordinador del Cocode La Independencia, de la zona 2, indicó que esos privilegios limitan la oportunidad de parqueo a quienes llegan al centro de la ciudad a efectuar  trámites.

“Conozco algunos casos de trabajadores que viven cerca y llevan su carro, y lo dejan parqueado todo el día. Es injusto. Deberían pagar un arbitrio si quieren dejar su vehículo en esos espacios”, expuso.

Diego Morales, presidente de la Comisión de Transportes de la comuna de Xela, explicó que todos los parqueos que se utilizan están respaldados por un acuerdo municipal, autorizado por el Concejo.

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“Hay espacios para los miembros del Concejo y para los jefes de dependencia. Además, a una empresa bancaria se le autorizaron 10 espacios, pero pagan arbitrio mensual”, comentó.

Agregó que tienen una propuesta para colocar parquímetros en las zonas 1 y 3, a fin de regular parqueos.

Insuficientes

Carlos Jiménez, trabajador de un parqueo público, señaló que alrededor del parque central funcionan seis estacionamientos privados, pero son insuficientes, por la alta demanda. “Muchos prefieren dejar su carro aquí, porque en los últimos meses se han robado los carros en la calle”, comentó Jiménez.

El problema se extiende a los comercios, principalmente a los ubicados en la zona 3 de esa ciudad y cuyos propietarios acaparan los parqueos y, encima, apartan con obstáculos espacios para sus clientes.

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La PMT  decomisa bancos, cajas de plástico, metales y otros objetos con los cuales los comerciantes apartan parqueos; sin embargo, al poco tiempo se repite la situación.

Espacio público

Pese a que el espacio es público, policías de Tránsito y del Organismo Judicial impiden que se utilice.

• Los 65 parqueos que hay frente a la comuna de Xela están acaparados.
• La municipalidad de Quetzaltenango ocupa 24 parqueos.
• La Policía Municipal de Tránsito utiliza 10.
• Gobernación Departamental tiene asignados 10 lugares.
• Trabajadores del Organismo Judicial ocupan 21 parqueos.
• Los empleados y funcionarios no pagan por estacionarse en esos lugares.
• El Centro Histórico es considerado zona roja, por el robo de vehículos.

Las fronteras no deberían existir. Estas barreras imaginarias no sirven más que para reafirmar la división entre quienes tienen mucho y los que tienen poco o los que no tienen nada. Las fronteras son el manifiesto de la falsa idea de superioridad como especie, para justificar la explotación descontrolada de los recursos naturales y mantener las relaciones de desigualdad social.

Las fronteras solo sirven para crearnos límites a nosotros mismos. En nombre de ellas se han cometido los peores crímenes de humanidad, masacres entre hermanos, guerras de unas naciones contra otras o la destrucción de nuestro ambiente, sin considerar que las consecuencias las pagamos todos.

Una forma manifiesta de estas barreras son los prejuicios: cuando olvidamos de dónde venimos y que se traduce en rechazo a migrantes, sin considerar que, en el fondo, todos somos migrantes, de paso por este planeta. Sin ir lejos, la mitad de los guatemaltecos de hoy somos descendientes de los mayas y la otra mitad somos nuevos migrantes.

En nuestra limitada visión, nos cerramos en defensa de cierta forma de producción, le otorgamos valor absoluto a una moneda de cambio y nos olvidamos que la verdadera fortuna la llevamos fluyendo en nuestra sangre, en el ADN de cada uno, en la diversidad y las diferencias, no en la uniformidad ni en la intolerancia.

La lógica simple: utilicemos nuestra diversidad para apalancar el desarrollo hacia un país moderno, con el balance suficiente de industrialización y conservación.

Migrar es un acto heroico, el último recurso ante la necesidad de proteger la vida y la falta de oportunidades. Migrar “ilegalmente” o “legalmente” es otra forma manifiesta de fronteras, porque quienes tienen medios, pagan su entrada con dinero, mientras que los que no tenemos ese privilegio, pagamos sacrificando nuestras vidas.

Frente a esto, sueño y contribuyo con mi granito de maíz para que lleguemos al momento en que no tengamos que migrar. Los que migramos hacia Estados Unidos sabemos que no es agradable ser utilizados como pretexto y mucho menos como objeto de injustificables cruzadas de odio.

Por eso, insto y ruego a los funcionarios públicos y autoridades de gobierno a que piensen en nosotros, los migrantes. No como botín político ni como sujetos de demagogia. Recuerden que una importante porción de los recursos que dinamizan la economía del país proviene de los migrantes. Sin embargo, si no tuviéramos que migrar, el valor que podemos agregar sería aún mayor. ¡Manifiéstense contra aquellos funcionarios que desvergonzadamente claman que derrochar y repartirse el dinero que los ciudadanos aportamos para contribuir con el desarrollo de nuestro país no es un delito! De hecho, es un crimen de lesa humanidad, porque el dinero no es suyo.

Cada acto de corrupción, despilfarro y malversación de los recursos públicos son la desvergüenza en su máxima expresión, un escupitajo en el rostro de las personas más necesitadas, de los más vulnerables y de nuestros niños que no tienen para comer o que se ven obligados a estudiar en condiciones deplorables y precarias.

Para lograr un país próspero, la misión debe ser buscar el beneficio común y la dignificación de todas y todos los guatemaltecos por igual. Quien quiera ostentar elegancia, comodidades y vida de lujo, que opte por competir en el libre mercado para ganarse cada centavo con el sudor de su frente. Un verdadero servidor público no se subsidia de sudor del pueblo, no fomenta la división ni la corrupción, sino que apoya sin condiciones la lucha contra la impunidad.

MarcosAntil.com

Desde hace algunas semanas se colocó en la agenda pública el caso de los bonos otorgados por entidades del Estado, que han generado una reacción de rechazo de un sector de la población que resiente el peso de la situación económica y considera que es injusto que trabajadores que perciben un salario, todavía se beneficien con ingresos extras.

El caso extremo fue el bono de cincuenta mil quetzales que recibió durante varios meses el Presidente Jimmy Morales, a quien la mayoría condenó por este hecho. Ese bono también lo reciben altos mandos del Ejército, que fueron criticados, aunque no con la furia que provocó esa ilegítima prestación otorgada al primer Mandatario, quien ante la detracción y la presión, reembolsó lo recibido.

Numerosas críticas se han hecho a esta modalidad de los bonos, unas han sido expresadas en los programas radiales y que algunos columnistas lo han abordado. Hay que tener presentes varios elementos y analizar los correctivos a esos excesos considerados por la ciudadanía, ante esos beneficios que son exclusivos de quienes tienen el privilegio de contar con un salario.

En primer lugar hay que partir que los derechos laborales son sagrados, no pueden ser afectados por disposiciones posteriores, eso es reconocido por la legislación y por todo el ordenamiento internacional. Históricamente, a los trabajadores les ha costado vidas conseguir un salario mínimo y condiciones de trabajo decorosas, que les permita tener una vida digna y de allí se origina el principio que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores que están en una posición de desventaja ante los patronos.

En el caso de los trabajadores del Estado, que es justo reconocer que tal vez la mayoría no cuentan con una remuneración apropiada, a diferencia de otros que perciben mucho más por lo poco que hacen.

Nadie podrá negar que los médicos que laboran en el servicio público devengan salarios vergonzosos. Que sus servicios y los del personal de salud, además de ser indispensables, riesgosos y con alto contenido humano, requieren de conocimientos especializados y de una mística que no tienen otras profesiones. A ellos sería, en mi criterio, a los primeros que se debería considerar la revisión de sus salarios.

Mientras que otros, que son parte de una burocracia acomodada que no cumple con entusiasmo y eficacia su trabajo, gozan de altos ingresos por concepto de salarios.

Ratifico mi respeto a los derechos de los trabajadores, pero no estoy de acuerdo en que algunos sindicatos y patronos del Estado gasten festinadamente los recursos que son de toda la ciudadanía. Son muchas las formas de justificar esos sobre sueldos llamados bonos. El Tribunal Supremo Electoral llegó al extremo de premiar el trabajo que aún no se ha hecho.

La solución no es inventar bonos por inimaginables razones. Lo que realmente urge y requiere la atención debida es que se regule de manera equitativa y homogénea, a través de la Ley del Servicio Civil, los cargos públicos y los montos asignados. Debe dignificarse a los empleados y funcionarios públicos con salarios decorosos. Hacer carrera administrativa debe ser una aspiración de quienes laboran en el Estado.

Este es un tema de primer orden para el necesario fortalecimiento institucional del Estado. Los bonos son parches defectuosos que no resuelven las deficiencias que puedan existir en la remuneración de los empleados y funcionarios públicos, su otorgamiento sólo contribuye al rechazo de la ciudadanía y, por consiguiente, a la mayor deslegitimación de ellos. ¡Salarios decentes y equitativos, no bonos antojadizos y espurios!

iliaalamilla@gmail.com

Luego él mismo responde “Se rompieron el conformismo, la resignación, el silencio, la desesperanza, el pesimismo, el desánimo y el temor”.

Más noticias

Caso La Línea llega a dos años y es probable que cumpla más

Hace dos años se dio el primer operativo contra La Línea donde se detectó la participación en una red de defraudación aduanera de funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y altos funcionarios del Gobierno.

Se capturó a 22 personas y se reveló que Juan Carlos Monzón, el entonces secretario privado de la entonces vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, estaba involucrado.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) trabajó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) e investigadores del MP y montaron operativos en distintos puntos del país.

“Mi generación saboreó por primera vez la esperanza de que Guate florecerá”, fue la respuesta del usuario Alfredo Ortega.

Sin embargo hay otros con menos esperanzas, “Ya pasaron dos años sin que el Pueblo se manifieste masivamente. Todos sabemos que la corrupción está igual que antes, pero nada hacemos” Eduardo Hernández en su cuenta @ehhm88.

Además hay quienes exigen más, como investigar al propio MP, al Congreso y al Organismo Judicial. El usuario José Andrés Dubón G.‏ @Dubon_Gutierrez escribió “sépalo @Ivan_Velasquez_ en el @MPguatemala existe corrupción y entre ellos se protegen, y Aldana lo sabe y tolera”.

Un año después, el 15 de abril del 2016, se hizo público el caso TCQ, referente a la entrega irregular de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). En éste también se señala a los exfuncionarios y sobornos millonarios. 

En febrero del 2017 empezó a operar TCQ bajo la figura de un contrato oneroso al cual se le dio vida legal con el primer contrato que se suscribió en el 2012 y opera un interventor nombrado por el juzgado de extinción de dominio. el proyecto tiene críticas de quienes dicen se legalizó de esta forma acciones anómalas y apoyo del sector empresarial el cual refiere que es necesaria esa terminal portuaria.

Al primero porque, en opinión de los miembros de una comisión legislativa, no actuó con prontitud y eficacia para evitar los trágicos acontecimientos ocurridos el 8 de marzo en el mal llamado Hogar Seguro Nuestra Señora de la Asunción y, a la segunda, porque llamó “un chiste” a la interpelación de que era objeto por otra comisión.

Acerca de interpelaciones y demandas de informes es oportuno recordar un antecedente de parecida naturaleza ocurrido el 6 de abril pasado, cuando ocho integrantes de otra comisión legislativa censuraron oralmente a Estela Ventura, gobernadora indígena de Alta Verapaz y de ribete la insultaron, a tal punto que ella salió llorando del Congreso.

Esos diputados actualmente están siendo procesados por delitos de discriminación, abuso de autoridad, concusión y tráfico de influencias.

Todo eso da la impresión de que se está desnaturalizando el procedimiento de las interpelaciones. El Procurador de los Derechos Humanos, por ejemplo, no figura entre los funcionarios o empleados públicos que pueden ser interpelados o citados por los diputados.

Los jefes de bloques legislativos y los presidentes de comisiones están facultados para girar invitaciones o citaciones “a funcionarios o empleados públicos o, en su caso, a personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien o reciban recursos del Estado”. Y, como puede verse, el Procurador no entra en ninguna de esas calidades. ¿Qué es entonces el Procurador? Es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos que la Constitución garantiza. Se le menciona casi siempre como magistrado de conciencia, o magistrado de opinión, cuyas resoluciones no son vinculantes, pero surten los efectos deseados por el prestigio, la autoridad y la moralidad que le son inherentes. No entran, pues, en sus funciones y atribuciones mantener la paz y el orden en el interior de los centros penales, ni en las casas de protección y abrigo destinadas a niños y adolescentes víctimas, ni en las destinadas a menores en conflicto con la ley penal, todo lo cual corresponde a dependencias del Organismo Ejecutivo, asunto plenamente clarificado estos días con el inicio de procesos penales por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción a tres funcionarios del alto rango. Se les imputa un delito culposo y las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público por conducto de fiscalías contra el femicidio y delitos contra la vida. Así que los cargos podrían cambiar. Y es seguro que pronto habrá más investigados y procesados, pues se trata nada menos de la muerte de 40 niñas y adolescentes —hay una cantidad parecida de hospitalizadas— que debieron ser protegidas por el Estado, sin importar el motivo por el cual se encontraban en ese centro oficial, que resultó ser un lugar de prisión y muerte.

Pero, el objeto de este comentario consiste en señalar que toda persona interrogada por los diputados merece ser tratada con el máximo respeto. Y en el caso de la ministra de Salud Pública, empeñada en hacer bien todo lo que es competencia de su ramo, resulta impropio tratar de perjudicarla en momentos en que su cargo está siendo estremecido por una ola de acciones de hecho, incluidas manifestaciones públicas, por miles de empleados inconformes con las medidas que ella ha tomado.

En conclusión: ningún dignatario tiene necesidad de poner insultos o regaños, donde puede poner buenas razones.

Francisco Rivas Lara, ministro de Gobernación, explicó que Guatemala tiene algunos proyectos con los congresistas estadounidenses.

“Ellos tienen un particular interés por ejemplo la representante de Florida Ros-Lehtinen ha facilitado un proyecto de cooperación con la PNC en el área preventiva, investigación, acceso a la comunidad y control y disuasión de masas”, indicó el funcionario.

Precisó que para este año 500 agentes becados en la Escuela de Formación de la Policía de Miami Dade, Florida y que el tiempo que están en Estados Unidos varía del curso que tomaran ya que unos duran un mes y otros incluso hasta seis meses.

“Cada mes sale una cantidad considerable de agentes. Es uno de los aspectos importantes que se abordó”, explicó Rivas Lara.

Agregó que otro tema que se discutió con los congresistas es la cooperación que se tiene con los países del triángulo norte para luchar contra las pandillas.

“Tenemos tres agencias que están conectadas y desarrollan trabajo en común. Con el Congresista Sires se abordó el tema que ahora pasará a formar parte de un grupo encargado del área de Centro y Suramérica”.

En la reunión con el presidente y congresistas estadounidenses participan los ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa. pic.twitter.com/qRZgqLrBUi

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) March 4, 2017

Reunión con presidente

El presidente, Jimmy Morales, se reunió hoy a puerta cerrada con los congresistas Albio Sires e Ileana Ros-Lehtinen.
En el encuentro participaron los ministros de Defensa, Williams Mansilla, Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales y Gobernación, Francisco Rivas Lara.

La reunión se celebró en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se instaló un dispositivo de seguridad para evitar que la gente se acercara.

El canciller explicó que con los congresistas se abordaron “un universo de temas” y que gracias a que la reunión fue un sábado y las agendas de todos no estaban tan cargadas la reunión duró una hora y treinta minutos.

Morales explicó que el mandatario discutió con los congresistas los temas de respeto a los derechos humanos, donde se les planteó el trabajo que ha hecho esta administración, también se habló sobre migrantes y “ratificaron lo que dijo John Kelly, que no habrán deportaciones masivas”.

Además los congresistas estadounidenses ratificaron el apoyo de los Estados Unidos hacia Guatemala en el tema del combate a la corrupción.

El ministro explicó que los congresistas, previo a retirarse del país visitarán las instalaciones de la Academia de la Policía Nacional Civil para observar a los agentes que ya fueron capacitados en Miami.

Apoyan a embajador

Luego de la reunión con el mandatario los congresistas participaron en la inauguración de una sala para conocer casos judiciales de alto impacto junto con el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, y otras autoridades.

Los congresistas aprovecharon el momento para mostrar su apoyo al embajador de Estados Unidos en Guatemala, de quien dijeron hace una excelente labor.

Mandatario Morales se reúne con los congresistas estadounidenses @RosLehtinen y @RepSires. Vía: @GuatemalaGob pic.twitter.com/2z0wZIVpyK

— Carlos Álvarez (@calvarez_pl) March 4, 2017

La decisión contradice lo que el vocero presidencial había dicho días antes, pero según la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, la instrucción fue no entregar la carta de renuncia.

Esa acción se había convertido en rutina cada fin de año por parte de los ministros de Estado, quienes esperaban las decisiones presidenciales de remoción o permanencia en sus respectivas carteras.

“El  presidente nos instruyó que no es necesario que  los ministros y secretarios pongamos a disposición nuestro cargo, que no presentemos carta de renuncia”, afirmó Hernández Mack.

La ministra de Salud, quien tiene poco más de 100 días en esa cartera, unos cuatro meses y 15 días, indicó que el mandatario les afirmó que de ser necesario algún cambio se comunicará con ellos directamente.

“La disposición del presidente fue una solicitud general para todos los ministros y ministras”, refirió la funcionaria.

Contradicción

El 12 de diciembre, al finalizar una reunión de Gabinete en Casa Presidencial, el vocero del Ejecutivo, Heinz Hiemann, declaró a los medios que estaban a la espera de las cartas de renuncia.

Hiemann dijo en esa ocasión que por “trámite”, los ministros debían entregar la renuncia y el próximo año darían a conocer los cambios.

Todos los funcionarios, incluyendo gobernadores, deben entregar su renuncia con fecha 31 de diciembre; habrá cambios anticipa vocero Hiemann pic.twitter.com/nH9kb2tWtC

— Geovanni Contreras (@contrerasGEO_PL) December 12, 2016

El período solicitado por el funcionario concluye el próximo 11 de mayo.

Bloquean ingreso

Tramitadores que se encontraban molestos por las medidas de la SAT manifestaron ayer frente a la agencia Monserrat y bloquearon el ingreso del personal desde tempranas horas de la mañana, protesta que duró aproximadamente tres horas.

Las quejas se centraron en la tardanza para atenderlos, ya que en el lugar se forman largas filas para efectuar trámites, por lo que los tramitadores deben llegar desde horas de la madrugada.

La inconformidad aumentó de tono cuando la SAT anunció que se atendería solo por citas.

Al consultar a la SAT, el Departamento de Comunicación Social respondió que se impulsarán acciones como implementación de citas calendarizadas y reubicación de personal para agilizar el servicio.

El comunicado agregó que la Agencia de Atención a Terceros seguirá prestando la atención, y que se analiza descentralizar algunos servicios en otras agencias para agilizar las gestiones.

A dicha agencia acuden unas 200 personas cada día para hacer trámites.

Antecedentes

La SAT centralizó desde diciembre del 2015 la atención para trámites de terceras personas en esa agencia, y desde esa fecha se forman largas filas de usuarios.

La institución indicó en ese entonces que se trataba de un plan piloto que sin embargo ya lleva cinco meses funcionando y ha aumentado el malestar entre los usuarios.

El tramitador Óscar Rabanales dijo que de no satisfacer esas demandas volverán a tomar medidas de hecho como las adoptadas ayer.

Los funcionarios de Agricultura de México, Centroamérica y República Dominicana participaron en la 63ª reunión del CIRSA del 10 al 11 de marzo de 2016. Una cita donde conocieron los últimos avances en la ejecución de proyectos que desarrolla
el  Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en cuanto a salud animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos.

En la reunión se lograron importantes acuerdos de índole regional. Los funcionarios autorizaron a la dirección ejecutiva del OIRSA para que apoye al control del vector del virus del Zika en los países de la región, dentro del marco de los servicios cuarentenarios, y específicamente con el personal y equipo con el que cuenta, en coordinación con las autoridades de salud nacionales.

La decisión se tomó después de ponderar que existe un alto riesgo de movilización de zancudos (vectores) por transporte aéreo y marítimo, y el OIRSA tiene cobertura en los principales puertos y aeropuertos de la región. Además, el Organismo cuenta con una amplia experiencia en la aplicación de tratamiento de desinsectación de aeronaves.

Otro de los acuerdos derivados del encuentro fue la integración de la Comisión Regional de Medicamentos Veterinarios y Alimentos para Animales con la participación de los responsables del área de los países miembros, la Federación de Fabricantes y Distribuidores Centroamericanos de Medicamentos Veterinarios (FIVETCA) y el OIRSA.

El CIRSA fue precedido, en primera instancia, por el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México, Enrique Sánchez Cruz; quien posteriormente hizo el cambio de la Presidencia del Comité al ministro de Agricultura y Recursos Naturales (MARN) de Belize, Gaspar Vega.

Además participaron funcionarios que conformaron el CIRSA del Ministerio Ganadería y Alimentación (MAGA) de Guatemala, ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, de los despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras, del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua, del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá y otras entidades relacionadas.