La CC anula juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García y el proceso debe reiniciarse

Los magistrados de la CC avalaron el cambio de tribunal para el juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García, lo que implica que el debate debe reiniciarse.

César Pérez Marroquín y Douglas Cuevas

24 de junio de 2025 | 21:55h

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El otro año finaliza el periodo de la octava magistratura de la CC. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La Corte de Constitucionalidad (CC) respaldó el cambio de tribunal ordenado por la Sala de Mayor Riesgo en el caso que se sigue contra Benedicto Lucas García, señalado de delitos contra los deberes de la humanidad y desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala. Esto implica que el juicio debe reiniciarse, informaron este martes 24 de junio fuentes judiciales.

La resolución de la CC tiene como base una apelación contra la decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo, que separó del caso al Tribunal de Mayor Riesgo A y designó al Tribunal de Mayor Riesgo B.

Dicha resolución mantiene en firme la decisión adoptada tras una recusación de abogadas de la Defensa Pública, motivada por una declaración del juez titular durante una audiencia celebrada el 9 de agosto de 2024.

De esta forma, se beneficia al militar en situación de retiro Benedicto Lucas García, ya que el proceso en su contra queda en suspenso, pese a que únicamente estaba pendiente la sentencia.

“La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve con lugar el recurso de apelación interpuesto por Manuel Benedicto Lucas García —tercero interesado—. III. Revoca el numeral III) del auto apelado, en cuanto se otorgó la protección constitucional interina, y resolviendo conforme a Derecho, deniega el amparo provisional solicitado”, señala la resolución de la CC.

Detalles

La resolución de la Corte deriva de la suspensión del juicio el 28 de noviembre de 2024, cuando una Sala de Apelaciones detuvo el proceso por genocidio contra Lucas García, justo cuando se estaba por dictar sentencia.

“Por unanimidad los magistrados (…), declaramos con lugar la recusación planteada” por la defensa de Lucas García contra el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, indica el fallo leído al concluir la audiencia de la Sala de Apelaciones en esa oportunidad.

El juicio, que se inició el 4 de abril de 2024 y que, según esa resolución, debía ser trasladado a otro tribunal, se encontraba en fase de conclusiones. Se trata del segundo proceso por genocidio luego de la condena al expresidente de facto Efraín Ríos Montt, en 2013.

La recusación del Tribunal de Mayor Riesgo “A” fue fundamentada por la defensa del militar en la supuesta falta de imparcialidad de dicho órgano jurisdiccional.

La fiscalía solicitó el 8 de noviembre de 2024 una pena de dos mil 860 años de prisión para Lucas García, por su supuesto rol en la matanza de más de mil 200 indígenas acusados de apoyar a grupos guerrilleros entre 1978 y 1982, periodo en el que gobernaba su hermano, el entonces presidente Romeo Lucas García, fallecido en Venezuela en 2006.

Durante el juicio se presentaron documentos militares, informes forenses y testimonios de sobrevivientes, entre otras pruebas.

El general Lucas García cumple una condena de 58 años de prisión impuesta en 2018 por la desaparición forzada de un joven, así como la violación y tortura de su hermana, cuya familia era señalada de “subversiva”, en hechos ocurridos en 1981.

La defensa del militar retirado había argumentado que este padece Parkinson y demencia, por lo cual no podía enfrentar juicio.

En la audiencia de este día se tenía programado el inicio del debate en el caso Genocidio, pero solamente se conoció el peritaje médico que se le hizo al militar en situación de retiro.

Cuatro peritos participaron en la audiencia y ratificaron el estado de salud de Callejas.

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Fue por lo que los jueces llegaron a la conclusión de que Callejas es incompetente para enfrentar proceso penal y por eso declararon la suspensión de la persecución penal contra el acusado y que se le libere de inmediato.

En este mismo caso también enfrenta juicio Manuel Benedicto Lucas García.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, respecto a la medida de coerción solicitada a favor de Lucas García, los jueces luego de haber escuchado a la defensa del acusado, al Ministerio Público (MP) y la querella llegaron a la conclusión de que no se demostró por parte de la defensa “que las circunstancias primitivas hayan variado, por lo tanto, se niega la solicitud de medida de coerción”, lo que significa que Lucas García deberá continuar en prisión preventiva.

Sobre la fecha del debate se dijo que no se podrá determinar hasta que la resolución de este miércoles esté firme.

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Enviado a juicio

Por decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio el 30 de agosto de 2021 por el caso Genocidio Ixil. Se les acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.

Desde marzo de 2020, el MP le hizo la solicitud a Gálvez, quien fungía como juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

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Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Se trata de la iniciativa de ley 6099, que lleva por nombre Ley para el Fortalecimiento de la Paz.

Es una propuesta de ley que aglutina 10 artículos, que a criterio de diputados de oposición buscan generar impunidad, pero oficialistas la visualizan como una forma de conciliar las divisiones sociales que dejó la guerra interna en Guatemala.

Datos de Dirección Legislativa dan cuenta que la iniciativa fue presentada el 22 de junio del año pasado, posteriormente pasó a la Comisión de Derechos Humanos que le dio dictamen favorable el pasado 12 de septiembre.

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Desde ese momento diputados afines a la alianza oficialista, entre ellos Manuel Conde, excandidato presidencial del partido Vamos, han buscado que la iniciativa comience sus discusiones para convertirse en una nueva ley.

Entre el contenido de la iniciativa se ordena una amnistía, tanto para integrantes del Ejército, miembros de otras fuerzas de seguridad del Estado y para miembros de la guerrilla.

Si ya existen condenas anteriores por estos hechos, las mismas quedarán anuladas y sin efecto, ordenando la inmediata libertad de quienes hayan sido declarados culpables ante un tribunal.

Si un juez, tribunal o bien fiscal, a criterio de alguna de las partes busca un retardo en la aplicación de la norma será sujeto a sanciones administrativas y procesos penales.

También la iniciativa estipula que ninguna persona puede solicitar al Estado de Guatemala el pago de algún tipo de resarcimiento, según el texto.

La iniciativa 6099 no había sido incluida en la propuesta original de la Junta Directiva, pero Conde, acuerpado de la mayoría de diputados de la instancia de Jefes de Bloque, logró incluir la iniciativa para su primera lectura en la sesión de Pleno de este día.

EN CONTRA

Algunos diputados de grupos de oposición no considera que la propuesta de ley sea un “fortalecimiento para la paz”, por el contrario, la ven contraproducente.

“Esta es una iniciativa que lo que busca generar es impunidad y confrontación, además el lenguaje con el que está escrito es tan confortativo”, señaló Walter Félix, jefe de bloque de URNG – Maíz.

El congresista no está solo en sus argumentos, la diputada Vicenta Jerónimo, jefa de bloque del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) dijo que “la iniciativa es una ofensa a las víctimas”, y reiteró que no es posible brindar un perdón a los crímenes de guerra, “deben ser juzgados por estos delitos”.

Félix solicitó, sin éxito, que la iniciativa no fuera incluida, “hago un llamado a que reflexionemos bien lo que estamos haciendo, porque lejos de generar paz lo que podemos generar es una confrontación en el país”.

Para Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, aprobar esta iniciativa significaría desconocer procesos que han demostrado, en etapa de juicio, violaciones a los Derechos Humanos, por lo que fue clara en que no apoya la iniciativa de ley.

“A qué reconciliación nos estamos refiriendo cuando estamos pretendiendo dejar de conocer la verdad y la justicia”.
La congresista estima que la propuesta tiene que ser analizada, “antes de que cometamos el error”, que afirma sería inconstitucional porque sería contrario a una serie de acuerdos.

A FAVOR

Los diputados que sí apoyan la iniciativa consideran que la propuesta es una solución, porque dará fin a un conflicto histórico.

“El enfrentamiento armado interno no fue para el exterminio de una etnia; fue multiétnico, pluricultural y multilingüe porque fue entre guatemaltecos, pero eso no se ha querido reconocer”, señaló Conde, quien interviene en la reunión de jefes de bloque como representante del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

El Congresista incluso hizo énfasis en como “muchos se enriquecieron” tras esta tragedia social, haciendo alusión a particulares y fundaciones que cobraron fuertes sumas de dinero en concepto de resarcimiento.

Uno de los ponentes de la iniciativa es Javier Hernández, jefe de bloque de FCN – Nación, quien estima que el conflicto, a la fecha, no se ha detenido, “señores, seguimos en guerra”.

Para Hernández, lo único que cambió fue el escenario del conflicto social que persiste más de 30 años después.

“Considero que la guerra solo se cambió de ámbito, de pelearse en las montañas hoy se está peleando en los juzgados”.

Para él, y otros diputados que apoyan la propuesta, es vital dar un paso hacia adelante, sin olvidar lo que pasó en el país. “No estoy en contra que tengamos una memoria, de hecho tenemos libros de historia que recuerdan lo que vivimos”, dijo.

También el diputado Lazaro Zamora, subjefe de bloque de Partido Unionista, cuestionó como algunos sectores continúan levantando la idea que en el país hubo genocidio. “Hablan de genocidio, pero en las charlas de paz del conflicto armado interno jamás salió esa palabra”.

Estima que a la fecha no se visualiza justicia en algunos procesos, “dicen que no es venganza, pero se convierte en resarcimiento”.

La propuesta apenas comenzará su camino por el Legislativo, este miércoles tendrá su primera lectura y para convertirse en una nueva ley necesita tres debates y una redacción final, luego de eso también requiere el visto bueno del Presidente de Guatemala.

LA AGENDA

Entre los puntos de agenda para la sesión se incluyen dos iniciativas más para primera lectura.

La 6268 que dispone un acuerdo básico de cooperación entre Guatemala y la República de Taiwán.

También se encuentra la 6285, que dispone un Tratado de Libre Comercio entre Guatemala e Israel.

Para segunda lectura aparecen proyectos que buscan la exención al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para Alianza Evangélica de Guatemala, la Fundación de la Asistencia Social de la Iglesia Católica y para las Obras Sociales del Hermano Pedro.

También se perfilan en segunda lectura reformas a la ley que declara el 9 de marzo el día por la vida y la familia, y a la ley temporal de desarrollo integral.

También se busca elegir a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

Las palabras de Pérez Cerillo tuvieron lugar en el centro de la Ciudad de Guatemala, donde se realizó una ceremonia maya para conmemorar que el 10 de mayo de 2013 la jueza guatemalteca Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión a Ríos Montt por el genocidio contra 1.500 indígenas ixiles del norte del país.

La sentencia contra el general fue anulada tan solo 10 días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, y Ríos Montt falleció en 2018 en medio de la repetición del juicio en su contra.

El militar que dirigió un Gobierno de facto entre 1982 y 1983, fue hallado culpable de dirigir una campaña contrasubversiva que arrasó no solo con la Guerrilla, sino también con mujeres, hombres y niños mayas ixiles de Quiché.

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“Aunque la sentencia se anuló, es invaluable que los sobrevivientes narraron sus testimonios sobre los delitos cometidos ante un tribunal”, destacó Pérez Cerillo.

Estrategia militar

Durante el juicio contra Ríos Montt, se hizo público que el Ejército guatemalteco aplicó la estrategia militar conocida como “Tierra Arrasada”, que consistió en aniquilar a las poblaciones, y que según el Estado, estaban aliadas a la Guerrilla.

“Secuestraron muchas personas, quemaron todas las siembras, violaron muchas mujeres y mataron a muchos hermanos que ya no están acá”, explica Pérez Cerillo, quien es originario de Nebaj, uno de los tres pueblos golpeados por dicho genocidio.

Por su parte, Feliciana Macario, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, subrayó que en el país existe “una deuda en materia de Justicia” porque muchos crímenes cometidos durante la guerra en otras regiones siguen impunes.

La hija de Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, competirá este próximo 25 de junio por la presidencia de Guatemala, pese a que, según expertos, existe una regla constitucional que le prohíbe gobernar por ser familiar de un jefe de un golpe de Estado.

La defensa de los militares Benedicto Lucas García y Manuel Callejas solicitaron al juez Gerbi Sical, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo A, que ambos puedan asistir al juicio vía videoconferencia desde el Hospital Militar donde se encuentran recluidos en la Ciudad de Guatemala desde hace más de un año.

Benedicto Lucas, de 90 años, y Manuel Callejas, de 86, son acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de ordenar las operaciones militares donde fueron asesinadas alrededor de 1 mil 421 personas del pueblo maya ixil en el norte de Guatemala, durante el periodo de Romeo Lucas García (1978-1982).

En ese entonces, Benedicto Lucas era el jefe del Estado Mayor del Ejército y Callejas fungía como jefe de inteligencia militar, cargo desde el cual habría calificado como “objetivo militar” a la población indígena, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

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El presidente guatemalteco en aquel momento, Romeo Lucas García, era hermano del ahora acusado Romeo Lucas.

El tribunal a cargo del proceso suspendió el juicio hasta que el Organismo Judicial (OJ) verifique que se cuenta con las condiciones para realizar el debate vía videoconferencia.

En 2018, ambos acusados fueron condenados en 2018 a 56 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en octubre de 1981.

Los delitos de los que se les sindica a los dos militares sucedieron durante el conflicto armado interno que dejó más de 20200 mil muertos y 50 mil desaparecidos entre 1960 y 1996, en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, considerado como uno de los más sangrientos de Latinoamérica.

De acuerdo con Naciones Unidas, el 90 por ciento de los crímenes perpetrados durante esta guerra civil son atribuidos a las fuerzas del Estado.

La organización religiosa indicó este jueves 24 de marzo mediante un comunicado de prensa que el objetivo del memorial es recordar que “atrás de cada alma muerta y forzosamente desaparecida hay una historia, una vida, un sufrimiento”.

De acuerdo con la misma fuente, el memorial virtual se construye “con el apoyo financiero de la organización Agiamondo” mediante el “Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania”.

El director de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Nery Rodenas, aseguró que “es muy importante” la existencia de “espacios y herramientas de la nueva tecnología” que recuerden a las víctimas del conflicto armado interno.

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“Y no es solamente para los familiares, sino también para universidades en temas de investigaciones”, añadió Rodenas.

El memorial contará con los datos de víctimas de varias organizaciones humanitarias en Guatemala como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación de Familiares Detenidos de Guatemala (Famdegua).

El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos entre 1960 y 1996, en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad considerado como uno de los más sangrientos de Latinoamérica.

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“Más de un 90% de los crímenes cometidos durante los 36 años de enfrentamientos entre guatemaltecos, se atribuye a los militares, según las Naciones Unidas y de la misma Odhag”, enfatizó la nota de prensa.

Por su parte, Manuel Farfán, director de Famdegua, valoró positivamente la creación del memorial virtual en memoria de las víctimas de la guerra civil guatemalteca.

“Con el memorial virtual queremos hacer visibles a nuestros familiares desparecidos, mantener la memoria viva y dar a conocer a Guatemala y a todo el mundo quienes eran y por qué los capturaron”, contó Farfán, sobrino de Rubén Amílcar Farfán, detenido por las autoridades en 1984 sin que a la fecha se conozca su paradero.

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La coordinadora del proyecto en la Odhag, Luisa Nicolau, destacó que al ser un proyecto virtual “los migrantes guatemaltecos” que tuvieron que huir del país por el conflicto armado interno podrán “escuchar” y conocer la historia de lo acontecido.

Nicolau detalló que el memorial virtual estará disponible “en la página web www.memorial-genocidio-guatemala.org” con acceso para todo el público.

De acuerdo a la Odhag, existen “algunos sectores de la sociedad guatemalteca que demuestran una gran indiferencia” con respecto a las víctimas del conflicto armado interno.

“Sin embargo, miles de guatemaltecos no pueden borrar esta época de su cabeza y de su mente”, concluyó la organización religiosa.

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Ante la sentencia, la Fiscalía y los querellantes presentaron una apelación especial para revertir la absolución, pero no lograron los resultados deseados.

Este miércoles 24 de febrero, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo de Extinción de Dominio rechazó la apelación presentada por el MP y varias organizaciones sociales, por lo que la sentencia absolutoria continúa en firme.

Francisco Vivar, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), lamentó la resolución de la Sala, pues confirma la absolución de Rodríguez Sánchez.

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Agregó que analizarán el proceso y que presentarán un recurso de casación, pero antes deberán estudiar los argumentos para que sea la Corte Suprema de Justica la que los valide y revierta las sentencias.

“Lamentamos que el sistema de justicia de Guatemala nuevamente les dé la espalda -a las víctimas- y obviamente con eta resolución se genera impunidad. Muchas de las víctimas sobrevivientes no han llegado al final del camino, muchos testigos han fallecido y en memoria de ellos no claudicamos. Hay que recordar que la CC dictó un fallo en forma fraudulenta que dejó sin efecto la primera sentencia y ahora una sala superior deja incólume el fallo dictado por el tribunal B”, señaló Vivar.

En agosto del 2018, el MP pidió que Rodríguez Sánchez fuera condenado a 80 años de cárcel por la muerte de mil 771 indígenas ixiles en manos de soldados que estaban a su cargo cuando fue jefe de inteligencia en 1982 y 1983.

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Por el delito de genocidio solicitó la pena de 50 años de cárcel y 30 por delitos contra deberes de humanidad.

Ese era el segundo debate que enfrentaba el exjefe militar por los mismos cargos. En 2013 estuvo en el banquillo de los acusados junto con el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien condenaron a 80 años de cárcel, aunque la sentencia fue cancelada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) 10 días después por errores procesales.

Ese año, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Rodríguez Sánchez. Después de una apelación se ordenó la repetición del juicio en un nuevo tribunal.

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El Juzgado de Mayor Riesgo C lo señala por los referido delitos, cinco meses después de haber sido capturado en Baja Verapaz.

La primera declaración fue por videoconferencia debido a que su defensa argumentó que, recientemente, fue sometido a una intervención quirúrgica en las manos.

El Ministerio Público señala a Mendoza García, suegro del diputado Estuardo Galdámez, de conocer y cooperar en la ratificación y ejecución del Plan de Operaciones Sofía que conllevó ataques a población civil en el Triángulo Ixil, integrado por San Juan Cotzal, Nebaj y San Gaspar Chajul, Quiché.

“Yo no era el que mandaba, no podía agarrar a mis soldados como loco, irme a meter al Triángulo Ixil y hacer una operación a mi sabor y antojo, con mis propias pistolas. Tenía mi primer comandante, tenía mi segundo comandante y tercer comandante”, se defendió Mendoza en la anterior audiencia.

Argumentos

El juez suplente de Mayor Riesgo C Jimi Bremer consideró “ilógico” que un oficial del Ejército con el historial de Luis Enrique Mendoza García, suegro del diputado Estuardo Galdámez, hiciera “trabajos de oficina” durante el conflicto armado interno.

Bremer leyó el Manuel de Oficiales del Estado Mayor del Ejército y describió las obligaciones de un jefe de Operaciones de esa época – de 1982 a 1983-.

El juez consideró como indicio probatorio las tareas que determina el manual de oficiales como “asignación de armas, recomendaciones para la asignación de personal, abastecimiento de las unidades, revisión de los planes para las siguientes operaciones: apoyo de fuego, defensa aérea, barrera, guerra química, transmisiones, guerra psicológica, guerra electrónica, zonas de estacionamiento, movimiento táctico de tropas”.

Bremer recordó que durante la audiencia Mendoza García expuso que los manuales “no eran una camisa de fuerza” para su cumplimiento obligatorio. El jugador señaló que el “Ejército tiene fama que sus directrices se cumplen con disciplina y esa situación hace considerar que existe la posibilidad que aunque no haya sido el sindicato el autor -de los planes Sofía y Victoria 82-, si haya estado enterado de las situaciones que se estaban dando en el área de operaciones -enfrentamientos del Ejército y guerrilla-.

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Los fiscales del Ministerio Público (MP) le cuestionaron a Mendoza García su labor como jefe de Operaciones del Ejército de abril de 1982 a agosto de 1983, pero insistió en que su trabajo estuvo dedicado a acciones “consultivas” en una “oficina”.

El MP señala a Mendoza García de conocer y cooperar en la ratificación y ejecución del Plan de Operaciones Sofía que conllevó ataques a población civil en el Triángulo Ixil, conformado por San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajúl.

“Yo no era el que mandaba, no podía agarrar a mis soldados como loco, irme a meter al Triángulo Ixil y hacer una operación a mi sabor y antojo, con mis propias pistolas. Tenía mi primer comandante, tenía mi segundo comandante y tercer comandante”, se defendió Mendoza García.

Mendoza García pidió conocer a detalle la imputación del MP para luego brindar su declaración.

Preguntas

El jefe de Operaciones del Ejército en el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt argumentó que “la línea de mando tiene sus particularidades, así es que, si hubiera estado operando es un área específica -el Triángulo Ixil- con mi batallón, ahí el mando era diferente”.

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El MP, los querellantes de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) cuestionaron a Méndez García sobre sus labores en el Ejército, de 1982 a 1983.

Se le preguntó al militar retirado si conoció o no los Planes de Operaciones Militares Victoria 82 y Sofía.

“Un plan que no llegó a mis manos y no lo vi. Descarto y no acepto ningún señalamiento”, respondió Méndez García.

Además, argumentó el jefe de Operaciones del Ejército que “la Dirección de Operaciones de Entrenamiento tiene misión específica como la sección de un cuerpo consultivo que no tiene la mínima autoridad sobre un comando o personal, se dedican administrativamente a cinco funciones”.

Según Méndez García, en su jefatura de Operaciones se encargó de “elaboración de exámenes, organización de equipo y control de unidades del Ejército, planificación de eventos deportivos y programación de entrenamientos”, y, aclaró que no estuvo en enfrentamiento con guerrilleros en el área ixil.

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La comparecencia de Luis Enrique Mendoza García en la audiencia fue por videoconferencia debido a que su defensa argumentó que, recientemente, fue sometido a una intervención quirúrgica en las manos y se pone en riesgo su salud en los traslados desde Mariscal Zavala a la Torre de Tribunales.

En la sala de audiencias del juzgado, por medio de una pantalla elevada, se proyectó la imagen de Mendoza García, quien, de abril de 1982 a agosto de 1983, fungió como director de la Sección de Operaciones (S3) del Estado Mayor del Ejército, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.

Sentado y vistiendo un traje formal gris Mendoza García escuchó la imputación del Ministerio Público (MP) por más de dos horas y media, la cual se basó en una descripción de masacres, muertes individuales de personas en el área ixil, conformada por San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajúl, todos en Quiché.

“En Acúl, Santa María Nebaj, Quiché; el 30 julio de 1982 debido a las condiciones inhumanas creadas por soldados del Ejército falleció Juan Marcos Raymundo, de 30 días nacido”, describió la fiscal del MP, durante la audiencia.

El fallecimiento de Juan Marcos Raymundo se registró, según la imputación del MP, cuatro meses después de que Ríos Montt llegó al poder por medio de un golpe de estado con apoyo militar. Ese deceso es una de las decenas de muertes que la Fiscalía le imputa a Mendoza García.

La defensa

Mendoza García, antes de declarar, pidió al juez de Mayor Riesgo C, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, conocer el expediente de imputación de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

La fiscalía se opuso a que Mendoza García tuviera acceso al expediente, pero el juez argumentó que “el sindicado puede plantearse mejor en tiempo y lugar imputado por el Ministerio Público y lo prudente es que tenga una copia”.

Además, la defensora del militar retirado obtuvo permiso para que se le proporcione una copia de la audiencia y entregársela para que analice los hechos que le señala el MP.

También Bremer Ramírez dispuso que la audiencia continúe desarrollándose este jueves, 28 de noviembre, por la mañana y se espera que Mendoza García brinde su declaración.

En el mismo caso en que se implica a Mendoza García estuvo procesado y condenado -aunque se anuló la sentencia- Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, quienfue absuelto por un tribunal en septiembre de 2018.

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Lucas García, por discapacidad auditiva, estuvo sentado en el banquillo de los acusados en calidad de implicado, el juez le permitió sentarse en ese sitio para estar más cerca de los fiscales y escuchar los hechos que le señalaron por más de tres horas.

La fiscalía empezó a exponer la imputación recalcándole a Lucas García que tuvo el grado de “general de brigada y jefe del Estado Mayor General del Ejército del 16 de agosto de 1981 al 22 de marzo de 1982” y tuvo en “consideración la doctrina de seguridad nacional” vigente en el conflicto armado interno.

La fiscal Blanca Mariola Castañeda López señaló a Lucas García de ser el “responsable de ejecutar, organizar, dirigir, coordinar, planificar, supervisar, controlar e integrar el trabajo del Estado Mayor General del Ejército, en la conducción estratégico militar contra subversiva”.

Lucas García estuvo serio durante la exposición de la imputación del MP.

La fiscal señaló que Lucas García, para identificar objetivos militares, “utilizó la inteligencia militar existente, que fue determinante en la realización de operaciones contra subversivas ejecutadas en contra de la población ixil no combatiente”.

La imputación de la fiscalía es una serie de hechos documentados en los que se denuncian masacres, muertes individuales, desapariciones y agresiones sexuales. Los casos habrían ocurrido en San Gaspar Chajúl, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, Quiché.

El órgano investigador señala 31 masacres y 23 aldeas arrasadas, hechos que imputa tres militares retirados.

La audiencia e primera declaración continuará este martes, 5 de noviembre, y se espera que termine la imputación contra Lucas García.

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Este lunes se intentó empezar la audiencia de primera declaración, pero no pudo desarrollarse debido a que Lucas García argumentó que “no tenía abogado de confianza” que lo representara.

Gálvez aceptó reprogramar el comienzo de la audiencia para este martes, por el alegato de Lucas García.

La primera declaración del caso está cerca de empezarse tres años y nueve meses después de la detención de Lucas García y Callejas, mientras que Noguera Argueta fue capturado el jueves último.

La Fiscalía, en su investigación, registra casos de masacres, crímenes individuales, desapariciones forzadas y violaciones sexual es, delitos que habrían sido cometidos en el gobierno de Romeo Lucas García, en San Gaspar Chajúl, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, Quiché.

El caso se activa por la denuncia que interpusieron víctimas y familiares ante el MP en el 2000 por medio de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.

Al finalizar la diligencia, en el juzgado, Lucas García negó que haya habido genocidio en el área Ixil y argumentó que “indígenas trabajaron en destacamentos militares” y no murieron.

“El triángulo Ixil fue para mí algo maravilloso, creamos las cooperativas y trabajamos con la gente de allí -Quiché -“, expuso Lucas García.

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Se informó que como producto de las acciones militares contra el grupo maya Ixil, hubo muerte de hombres, mujeres y niños.

Según informó una fuente, habría habido muertes selectivas, masacres y desapariciones forzadas.

También supuestamente sucedieron otras clases de abusos contra el referido grupo.

El Ministerio Público informó que el caso está bajo reserva.

Para el lunes 28 se tiene programada la primera declaración del militar sindicado.

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Indicó que de acuerdo con la programación, este miércoles continuará la declaración de testigos contra Ríos Montt. Mientras que el próximo jueves y viernes se escucharán los testimonios contra Rodríguez Sánchez.

En la jornada del juicio de este martes, que se celebró a puerta cerrada, cinco testigos relataron las atrocidades presuntamente llevadas a cabo por el régimen.

Los testigos fueron ingresados por la puerta de atrás del edificio, para evitar ser vistos por otras personas. A la audiencia solo se presentaron los abogados de los acusados.

Apoyo

Mientras se desarrollaba la audiencia, unos 150 familiares y amigos de víctimas del conflicto armado se concentraron frente al juzgado para mostrarles su apoyo y exigir justicia.

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Los manifestantes colocaron pancartas y mantas exigiendo justicia contra los acusados de genocidio.

Miguel Gusaro, uno de los manifestantes que sostenía una fotografía de su padre, dijo que Ríos Montt es el responsable de la muerte de su papá y de otras personas originarias de Batzuchil, además pidió que se haga justicia.

Pedro Caba Caba, familiar de una víctima del conflicto armado de Ilom, Chajul, dijo que lamentaba que la Corte de Constitucionalidad resolviera repetir el juicio contra Ríos Montt cuando ya había una condena.

“No importa cuántas veces lo repitan, aquí estarán los testigos acusando a Ríos Montt de la muertes en la región Ixil de Quiché.”, expresó.

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Un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil resguardó los alrededores de los tribunales para evitar enfrentamientos entre simpatizantes de Ríos Montt y organizaciones afines a familiares de víctimas del conflicto armado.

Son más de 150 los testigos acreditados para este nuevo juicio, luego de que la Corte de Constitucionalidad anulara el debate en el 2013, el cual concluyó con una sentencia condenatoria de 80 años por genocidio y delitos contra la humanidad contra Ríos Montt.

Otros datos 

• En el juicio por la matanza de mil 771 indígenas ixiles también está acusado el jefe de la inteligencia (1982-83), José Mauricio Rodríguez Sánchez.
• Ríos Montt fue declarado interdicto por padecer demencia senil por lo que en el nuevo juicio no podrá ser condenado a penas de cárcel debido a su grave estado de salud.
• Esta es la segunda vez que el Tribunal viaja a Nebaj para escuchar los testimonios de los testigos. En 2016 se hicieron tres audiencias a puerta cerrada para escuchar a otros testigos, que buscan ilustrar a los magistrados sobre la magnitud de lo ocurrido durante la guerra y lo qué vivieron las comunidades en este período.
• El organismo precisó que este nuevo juicio “es producto de una ilegal resolución de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que en mayo del 2013 actuaron contra la ley para retrotraer el proceso”.
• Según un querellante del caso indicó que se está llegando a la parte final de los testimonios en este proceso judicial, que ha durado casi dos años, quedando solo pendiente las declaraciones de los peritos así como de los acusados.

“49. El Estado procuró también estigmatizar y culpabilizar a las víctimas y las organizaciones sociales para transformarlas así en criminales en la imagen pública y por lo tanto en objetivos “legítimos” de la represión; lo pretendía al despojarlas de su dignidad como personas difundiendo a sangre y fuego la lección de que el ejercicio de los derechos cívicos podría ser castigado con la muerte…”.

Transcribimos las conclusiones 10 y parte de la 49 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, justo al reanudar el proceso por genocidio. Estas conclusiones son claras y dudamos que alguien pueda señalar el argumento de moda del “sesgo ideológico”, porque izquierdas, derechas pero sobre todo ciudadanos indefensos fueron víctimas de lo atroz. De los horrores de la guerra hemos aprendido muy poco y en cuanto a la labor de la justicia existe un ingrediente extra: un claro esfuerzo por deslegitimarla como sea.

Se conoce como “Justicia Transicional” a los procesos judiciales que parten de un conflicto armado y que tienden a arribar a una sociedad en paz. Esta clase de procesos buscan entre varios objetivos tres aspectos fundamentales: garantizar el derecho de las víctimas a la verdad probada, justicia en la reparación del daño provocado, pero sobre todo garantizar que no se repitan los horrores vividos. Estos procesos siempre representan desafíos, y sobre todo para un país como Guatemala, donde su sistema de justicia tiene en su historia haber sido garante de impunidad.

El Genocidio es acá y en cualquier parte del planeta el peor delito que pueda cometerse. La decisión de si en Guatemala hubo acciones que se encuadran en el delito de genocidio no es un aspecto a decidirse en Tuiter, Facebook o encuestas de opinión, es un asunto serio y los jueces son quienes tienen la palabra, porque sí hay grandes diferencias entre una masacre o una serie de masacres a que se hayan ejecutado acciones que tipifiquen genocidio. Además, un proceso penal gira en función de la eventual responsabilidad de un procesado. Es así como en determinada área pudieron haber existido acciones genocidas, pero quien es acusado salir absuelto —la historia ya recoge un antecedente—.

El proceso de genocidio se lleva a cabo en un ambiente donde grupos poderosísimos han tomado la bandera de la deslegitimación de los esfuerzos judiciales en contra de la corrupción, tal como en sus declaraciones lo han señalado Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, y ahora grupos que niegan los horrores causados durante el enfrentamiento armado toman ese estandarte para intentar confundir a una población, sobre todo la urbana y que no vivió el horror de la guerra, para deslegitimar el proceso judicial de mayor relevancia en nuestra historia republicana.

Guatemala como país debe estar a la altura del siglo 21 y será su sistema judicial, con sus imperfecciones y porosidades, quien deberá asumir, tal como lo hacen uruguayos, chilenos y argentinos, los horrores de su pasado para que estas nuevas generaciones construyan un mejor futuro.

@Alex_balsells

La primera sesión del debate se efectuó a puerta cerrada y sin autorización para el ingeso de los medios de comunicación.

La jueza a cargo del Juzgado fijó el reinicio del juicio para cuando queden resueltos los amparos pendientes.

Abogados defensores y querellantes coincidieron en que hasta ayer domingo, no habían sido notificados de algún cambio en la fecha del debate, aunque no aseguraban el reinicio.

“Es vergonzoso”

Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que califica como “vergonzosa” la decisión de aplazar el juicio contra el militar y lo considera como “una cachetada contra las víctimas”.

“Al permitir que Ríos Montt evada la justicia durante décadas, las autoridades de Guatemala han estado jugando un cruel juego con las decenas de miles de víctimas de tortura, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzosos que tuvieron lugar bajo su comando y sus familiares,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la entidad.

A diferencia del primer juicio por la matanza de mil 771 personas en Quiché durante 1982 y 1983, cuando las audiencias se desarrollaron en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el lugar asignado ahora será la sala de ese Tribunal —nivel 15 de la Torre de Tribunales—.

Vivar Castellanos informó que otra diferencia es que ahora se celebrarán dos debates. Uno es especial para la aplicación de medidas de seguridad de Ríos Montt, luego que evaluaciones revelaran que sufre demencia vascular mixta cortical y subcortical, lo cual causa lesiones en el cerebro.

José Mauricio Rodríguez Sánchez debe llevar un proceso ordinario. “Nosotros, desde que el Tribunal tomó esta decisión, no estuvimos de acuerdo; por ende, se presentó un amparo para que se efectuaran por separado”, argumentó el querellante.

El peligro

Vivar Castellanos agregó que de iniciarse el debate, existe el peligro de que otra vez se repita porque aún hay dos acciones pendientes de resolver, y una de ellas es la que ellos mismos presentaron.

“Yo quisiera que las juezas entendieran que es ilegal la forma en que se pretende realizarlo. Además del riesgo que hay, de que el amparo lo declaren con lugar”, expuso.

La otra acción que podría anular el proceso es la que presentó Jaime Hernández, el defensor de Ríos Montt, la cual busca que cese la persecución penal, después de que fuera declarada su incapacidad.

“Si lo que dicen los querellantes es cierto, aunque nosotros estamos notificados del comienzo, nos preocupa que aún hay acciones penales pendientes”, agregó Hernández.

Pruebas

El querellante informó que a pesar de su inconformidad, están preparados para el inicio del juicio con los medios de prueba correspondientes porque aseguran que son los mismo ofrecidos en el debate anterior: unos 102 testigos, más de 900 documentos y peritajes.

“Algunos testigos no llegaron porque fallecieron”, señaló.

El Tribunal B de Mayor Riesgo ordenó el ingreso de Ríos Montt en ese hospital, donde deberá permanecer hasta el 3 de agosto próximo.

El objetivo de la evaluación es determinar el estado de salud mental del general retirado, quien este 23 de julio debía declarar por videoconferencia en la reapertura del juicio por genocidio.

Las autoridades del hospital deberán buscar un lugar lejos de los enfermos crónicos y de los comunes, para que reciba el tratamiento adecuado.

En el video, Baldetti hace alarde de que el hospital es un lugar “rebonito” para la estancia de los pacientes.

En miles de “memes”, la exvicepresidenta fue censurada y satirizada, por emitir comentarios fuera de lugar y desatinados.

El Hospital de Salud Mental fue creado en 1972, durante el gobierno de Carlos Arana Osorio.

A ese lugar fueron trasladados los enfermos mentales que permanecían en el Hospital San Vicente, zona 7.

Estos formaban parte de un grupo numeroso que se salvó de morir en el pavoroso incendio del Hospital Neuropsiquiátrico, conocido como “el Manicomio”, el 14 de julio de 1960.

El Hospital de Salud Mental es un lugar “rebonito”. (Video: Youtube)

Laynez dijo “denunciamos que el Gobierno ha iniciado a implementar la violencia estatal en Chajul, en aras de favorecer intereses privados y corporativos. A las autoridades del Organismo Judicial solicitamos que cese la persecución penal en contra de los jueces y fiscales, que por ley, tienen la obligación de juzgar las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en el marco del conflicto armado”.

Miguel de León, alcalde indígena de Nebaj, recordó que, aunque la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso y la sentencia en contra de Ríos Montt, “nos sentimos satisfechos con el fallo, que demostró ante el mundo que en Guatemala si hubo genocidio”.

“Realmente no nos interesa a los pueblos Ixiles si la justicia occidental anuló la sentencia que había proferido inicialmente en contra de Efraín Ríos. Lo que hay que rescatar es que hubo un fallo y que fue condenatorio”, dijo De León.