La Usac no solo es academia, es la única universidad pública del país que cuenta con el respaldo constitucional para presentar iniciativas de ley, sin contar su peso político por tener representaciones en oficinas de Estado.

Tras un cuestionado proceso de votación fue electo como rector Walter Mazariegos, decano de la Facultad de Humanidades, y a quien la oposición tacha como el predilecto de la alianza oficialista.

Mazariegos en todo momento ha rechazado esos señalamientos, él afirma que quienes califican su victoria de “fraude” tan solo buscan inclinar a su favor la opinión pública en un desesperado intento por llegar a la rectoría universitaria.

Independiente del futuro legal que tome la elección la Usac, al menos hoy, ya cumplió con esa responsabilidad, pero ahora enfocará sus esfuerzos en otro proceso de elección clave para el país: la Corte de Constitucionalidad (CC).

Tras un amparo promovido por Fundación Contra el Terrorismo la CC anuló la reelección de Gloria Porras, ordenando al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac repetir la elección de su magistrado titular.

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Ahora la calidad docente no es una opción, es un requisito obligatorio al igual que su votación se celebre de manera secreta; es decir a puerta cerrada, sin cámaras y sin la vigilancia de la sociedad civil como en otros años.

Expertos en fiscalización y elecciones de segundo grado prevén que la elección del magistrado titular será compleja, tendrá recursos legales que podrían complicar el trabajo del CSU.

Pero junto a eso existen actores políticos, académicos y judiciales que entran a jugar fuera de reflectores, pudiendo incidir quizás de manera negativa en el proceso de elección del nuevo magistrado constitucional.

Liberan a Paiz y Gálvez

El CSU lanzó su convocatoria de magistrado dos día después de su elección a rector, comenzó a recibir expedientes desde el 17 de mayo, mismo día que dos exrectores acusados por corrupción recuperaron su libertad.

Murphy Paiz era el rector de la Usac justó cuando se estaba por elegir a los magistrados de la CC, pero fue detenido por posible corrupción dentro del Caso Comisiones Paralelas 2020.

Su paso en prisión excedió más de los seis meses de ausencia que permiten los reglamentos universitarios, por eso su plaza fue declarada vacante y pese a su liberación no puede retornar a su antiguo puesto.

Junto a Paiz también fue detenido Estuardo Gálvez, exrector de la casa de estudios, también acusado por incidir en las Comisiones de Postulación que elaboraron los listados de candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La liberación fue ordenada por el juez Edwin Ramírez, suplente del Juzgado de Mayor Riesgo “D” quien sustituye a la exjueza de alto impacto, Erika Aifan.

El argumento del juez para emitir su resolución se basó en “fundamentos humanitarios”, según fuentes cercanas al proceso ya que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la audiencia, fue a puerta cerrada.

#URGENTE | Trasciende que Murphy Paiz y Estuardo Gálvez, ex-rectores de la USAC procesados en tres casos de corrupción y con estructuras criminales en la Universidad, incluido el Caso #ComisionesParalelas fueron beneficiados con medida sustitutiva. pic.twitter.com/MIrnN0hoHg

— Un Rector Digno (@UnRectorDigno) May 17, 2022

Tanto Paiz como Gálvez ya no ocupan un puesto administrativo dentro de la Usac, pero ambos son fuertes operadores políticos y no necesitan de un cargo para favorecer o perjudicar a algún candidato, según expertos.

“No solo incluimos a los exrectores, también hay estructuras de poder dentro de la universidad, entre estudiantes, profesores, trabajadores…esto se convierte en un reto para el CSU para que hagan un proceso legal, técnico y ético, que garantice una designación basada en méritos”, señaló Mynor Lorenzo de Guatemala Visible.

Para José Echeverría, analista del Movimiento Cívico Nacional (MCN), las presiones que puedan tratar de incidir en el proceso van a llegar, independientemente del lugar en el que se encentren los supuestos operadores.

“No quiero sonar pesimista pero la influencia de estos actores, si es que la tuvieran podrían ejercer influencia independientemente de en qué lugar se encuentren físicamente”, indicó.

Pero los exrectores no son los únicos fantasmas que podrían merodear en la elección, expertos estiman que los candidatos más fuertes, afines a la alianza oficial y que habían sido derrotados ante Porras, volverán a la contienda.

Segunda oportunidad

Entre los profesionales que buscaban ocupar una magistratura constitucional con el aval de la USAC en 2021 destacaban cuatro abogados, dos hombres y dos mujeres.

Una de ellas era Gloria Porras, quien consiguió una tercera reelección para la CC pero que fue anulada por una resolución constitucional. La otra abogada que destacó en el proceso fue Delia Dávila, actual magistrada de la CSJ.

Los dos profesionales hombres que sonaron fuertemente en la contienda son Omar Barrios y Juan Carlos Godínez. El primero de ellos señalado de ser afín al presidente Alejandro Giammattei y de ser amigo de Murphy Paiz.

Por aparte, Godínez fue de los más atacados por grupos universitarios por señalarlo en un conflicto de intereses, ya que además de ser candidato ante el CSU también era miembro del consejo, lo que le permitía ser juez y parte.

Godínez dejó de ser integrante del CSU hasta hace unos días, pero mantiene una mención especial por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que al igual que la reelecta Fiscal General, está incluido en la lista Engel, de actores pro corrupción.

Quitando a los candidatos destacados del proceso del 2021, Lorenzo teme que habrá muy poca participación de abogados, lo que no sería bueno para el proceso de elección.

“Lamentablemente podríamos ver una participación mínima por varios factores; se realiza pasado un año de la nueva CC y podría desmotivar,  también porque hay investigaciones por la votación pública y, quizás el principal, es que la elección la hará un CSU más que cuestionado por el convulsionado proceso de elección de rector”, señaló.

Pese a lo complejo y poco atractivo que pueda parecer tomar una Corte ya iniciada, Echeverría estima prudente que se invite a todos los profesionales con capacidades técnicas y éticas a participar.

“Yo creo que es probable ver a estos antiguos candidatos fuertes del proceso pasado, también es importante llamar a todos los profesionales capacitados a que participen, ya pasó un año de la magistratura pero si es importante que exista participación”, precisó.

Todos los candidatos a ocupar la magistratura titular de la CC tiene hasta el 3 de junio para presentar su papelería, posteriormente habrá procesos de evaluación y se espera que en una votación secreta el CSU elija al nuevo magistrado el 21 de junio.

Este miércoles 20 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) conoció la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), y debe convocar y llevar a cabo el proceso de elección de su magistrado titular en el máximo órgano constitucional.

El mayor enemigo que tendrá la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para la elección de su magistrado titular para la Corte de Constitucionalidad (CC), según analistas, es el tiempo. La resolución les impone convocar, evaluar y elegir en los próximos 20 días.

La notificación que transmite la decisión de la CC para anular y repetir la elección del magistrado titular de la Usac llegó cuando ya estaban en período de vacaciones de Semana Santa, y por eso fue ayer cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) fue oficialmente notificado.

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El proceso busca enmendar el evento que se realizó el 4 de marzo del 2021, donde luego de 12 rondas de votación la Usac eligió a Gloria Porras como su magistrada titular para el período 2021-2026 de la actual CC.

Sin embargo, diversas acciones legales frenaron su juramentación en el Congreso de la República, lo que le impidió tomar posesión el 14 de abril, como lo estipula la Carta Magna.

Mientras el proceso se resolvía en las instancias judiciales, Porras decidió salir de Guatemala por temor a represalias y a un presunto ataque político-judicial en su contra.

La salida de Porras, incluso, ameritó que Amnistía Internacional (AI) dedicará un espacio en su informe del 2021 a la situación, considerándolo una violación a los derechos humanos que además atenta contra la independencia judicial.

En el proceso del 2021, fueron 19 profesionales los que se presentaron como candidatos. Luego de los filtros, la lista se redujo a siete, y de ellos se eligió a Porras.
La contienda

De los siete profesionales elegibles en el 2021, el pulso se mantuvo entre Porras y Omar Barrios, este segundo candidato era relacionado por presunta amistad con el exrector de la Usac, Murphy Paiz.

Otros profesionales que también tuvieron peso dentro de la contienda en la Usac, aunque con menos fuerza que Porras y Barrios, fueron Delia Dávila, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, participó Juan Carlos Godínez, sobre quien pesaban señalamientos de conflicto de interés porque es miembro del CSU. El portal de la Usac lo señala como integrante del Consejo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Los tres candidatos restantes fueron Mynor González Méndez, William Gilberto Bobadilla y José Aguilar Orellana. Toda vez el CSU lance la convocatoria, los profesionales podrían volver a competir.

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Los errores

El amparo que otorgó la CC a la Fundación contra el Terrorismo señala que el CSU no respetó la votación secreta que marca la ley; asimismo, tampoco premió la docencia universitaria en la elección que tomó.

El proceso de votación para la elección de magistrado tiene que ser secreto, mientras que el requisito de ser docente universitario se convierte en obligatorio, y no en una opción para quienes participen.

Para Mónica Marroquín, directora de proyectos de Guatemala Visible, la decisión que tomó la CC les pareció extraña, aunque destaca que respetan las resoluciones judiciales.

“Ahora nos queda a nosotros la duda de cómo van a hacer la votación, porque el objetivo de la sociedad civil es que sea una votación abierta, que todos podamos observar…, pero si se está dando el amparo, consideran que la votación se tiene que dar de manera secreta”, manifestó.

A su criterio, una opción que podría tomar el CSU es mantener públicas y en trasmisiones las sesiones y discusiones que tenga el Consejo, para únicamente dejar la votación fuera de cámaras y cumplir con el voto secreto.

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), consideró que ese tema ha levantado mucho debate, por lo que se necesita una postura clara del CSU. “Lo ideal es que lo discutan.

Esa discusión sí puede ser pública y transparente, para saber cómo van a realizar la votación”.

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Contra reloj

El tiempo es otro factor importante. Echeverría dijo que se puede hacer un buen trabajo en 20 días, aunque el Consejo tendrá que destacar por mantener orden y una información bastante fluida.

“Con el proceso a 20 días, el CSU tendrá que tomar en consideración los plazos de convocatoria, de revisión de expedientes, entrevistas, y sí pueden hacerlo en 20 días, pero de una forma muy ordenada y con bastante comunicación. Es un tiempo apretado, pero sí es factible”, refirió.

Aunque Marroquín tiene una opinión más crítica por el tiempo que impuso la CC en su resolución, y consideró que es imposible conocer a detalle a todos los candidatos que vayan a presentarse.

“Es muy complicado hacer una elección en 20 días, porque hablamos de la CC; una empresa se lleva hasta un mes para procesos de contrataciones. Yo sí considero que el tiempo es muy poco para hacer una evaluación o entrevistas para conocer a los aspirantes; tendrán que ver la forma, algo corto”, puntualizó.

La nueva CC ya está por cumplir su primer año de funciones y fue presidida por el magistrado Roberto Molina Barreto, designado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Durante los primeros 12 meses de periodo la CC emitió diversas acciones que validaron reformas legales, modificaron el Código Penal y no otorgaron amparos que buscaban reactivar procesos de antejuicios.

Lo anterior ha hecho que existan opiniones a favor y en contra del trabajo constitucional, que a criterio del presidente saliente ha sido objetivo, sin sesgos ni ningún tipo de presiones políticas.

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Ya está por cumplir su año de presidencia en la CC. ¿Qué tipo de Corte recibió y cuál es la Corte de deja?

Yo he sido magistrado en cuatro Cortes, recuerdo en 2016 la Corte que quedó muy balanceada, muy consciente de la finalidad que tiene la CC, y ahora que regresé prácticamente a ser primer presidente de la octava magistratura, si le digo con toda franqueza, encontré una Corte muy deteriorada, muy politizada.

Muy dada a invadir funciones de los organismos del Estado, muy dada a meterse a contiendas ideológicas, empresariales, económicas y sí, creo que recibí una Corte muy cuestionada en el aspecto puramente constitucional

Este año hemos querido rescatar aquella credibilidad que tenía la Corte durante 35 años. Creo sinceramente que lo hemos logrado en buena parte, obviamente usted sabe que este país se mantiene muy conflictivo y de muchos intereses y no dudo que todavía hay parte de la población que sigue desconfiando de la Corte.  

Fue un primer año, de cambios. ¿Cómo ha sido el trabajo con el resto de los magistrados titulares y suplentes?

En esta magistratura pues la única persona que sí tenía experiencia es la magistrada Dina Josefina Ochoa; los nuevos magistrados merecen todo mi respeto pero la jurisdicción constitucional es muy difícil de comprender. 

Nos llevamos de una manera maravillosa, de mucho respeto, pero por supuesto siempre hay discusiones de orden jurídico porque es muy difícil a veces distinguir en donde realmente la Corte tiene competencia y en donde invade competencias de los otros organismos. 

Precisamente la mala costumbre que dejó la séptima magistratura pues como que hubiera tentación de seguirlo haciendo por parte de las siguientes magistraturas, porque se sienten que pueden gobernar y que pueden decidir cuándo no es esa la función de la CC, sino al contrario, dejar que los organismos del Estado hagan lo propio sin que uno tenga que interferir. 

Hace un año ofreció quitar esa percepción que algunos tenían de la CC como una “corte celestial”. ¿Ya no se ve a la CC así?

Yo pienso que sí, porque por lo menos este año que yo he sido presidente le puedo decir primero que somos una Corte absolutamente independiente, no nos hemos sometido ni a las órdenes del capricho de ninguno de los tres poderes del Estado. 

No nos hemos sometido ni a las órdenes ni al menú de ninguna organización gubernamental, no gubernamental o grupos sociales, y hemos cumplido estrictamente lo que nos manda la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, que es de rango constitucional. 

Nueva CC empezará su periodo sin designación de magistrada titular de la Usac ni el binomio del Cang. https://t.co/B6mqR75hgI

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 13, 2021

La CC dejó sin efectos amparos que frenaban las reformas a la Ley de Oenegés, recientemente un informe de Amnistía Internacional mencionaba que esa decisión fue desacertada porque es una norma inconstitucional.  ¿Cómo fue el debate para tomar dejar sin efecto los amparos?

Lo que se hizo fue dejar en suspenso temporalmente unas normas en la Ley de Oenegés, pero precisamente porque esta Corte considera que esas normas, como estaban redactadas, atentan contra la Constitución, entonces diferente a pensar de qué nuestra resolución es inconstitucional, la resolución lo que hace es evitar la aplicación de una norma que pueda llegar a ser totalmente inconstitucional. 

Esa es la función de la Corte, si hay una norma de carácter ordinaria como la que usted menciona, que va en contra de los principios constitucionales o de las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos uno la tiene que suspender, entonces es todo lo contrario, la Corte no está para quedar bien con nadie. 

En septiembre del año pasado también declararon con lugar de manera parcial una inconstitucionalidad que presentó el abogado Julio García Merlos que relajó las penas de cárcel para 62 delitos, algo que a juicio de analistas favorece a condenados por corrupción. ¿Puede explicar cómo entendió la CC esta conmuta para darle validez legal?

Primero la Corte no legisla, la Corte lo que hizo en esa resolución es declarar inconstitucional la disposición de una norma ordinaria que prohibía las medidas de poder cumplir esas penas, las penas no fueron modificadas.  

Lo que pasa es que por el derecho de igualdad no puede una legislación, aplicando las normas penales o convencionales, decir al capricho de la norma que unos pueden conmutar sus penas y otros no. 

Porque no hay una proporcionalidad, al contrario, la normativa convencional menciona que debe haber una igualdad de condiciones a aquellos que son condenados por delitos con la misma pena y el Derecho penal moderno no es el carcelero de hace 50 años. 

A la CC se presentan amparos por solicitudes de antejuicio que no pasan en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se tiene la percepción que la CC frena esos antejuicios. ¿Cómo ven esos comentarios ciudadanos?

En los últimos días veo que todos los medios de comunicación dicen que la CC impide la investigación de magistrados que han sido antejuiciados, la CC no resuelve antejuicios, quien resuelve antejuicios con o sin lugar es la CSJ.  

Lo que hace el Ministerio Público es estar inconforme en contra de esas resoluciones y vienen a pedir amparo, lo que ha hecho la Corte es no otorgar el amparo provisional porque no hay ninguna información, ninguna causa para otorgar un amparo provisional, eso no quiere decir que en sentencia pueda otorgársela el amparo al Ministerio Público.

El Congreso no ha podido hacer la elección de magistrados a CSJ y Cortes de Apelación, varios diputados mencionan que se debe a un problema legal que dejó la anterior CC. ¿Han ingresado acciones legales para resolver este tema?

No, porque está dotado, o sea, yo le decía al principio que recibí una Corte absolutamente invasiva de las funciones de otros órganos y en efecto, ese es un buen ejemplo, la séptima magistratura emitió una sentencia que está absolutamente firme, que es la que ha impedido elegir a la CSJ desde el 2019.  

¿Entonces, qué más se puede hacer? esperar y encontrar una creatividad institucional que tenga el país para poder desentrampar esta elección, pero esta Corte no puede anular la resolución, no podría anular una sentencia firme. No hay ninguna acción pendiente que resolver. 

Yo esperaría que en algún momento ideal políticamente las instituciones del Estado encargadas se sienten a encontrar la forma de cumplir esa sentencia, posiblemente la Corte podría contribuir en algo, en orientar a través de una consulta que se le pudiera hacer para buscar una forma.

Esta semana se conoce que la CC ordena repetir la elección de magistrado titular designado por el CSU  de la USAC. ¿La CC no estaba de acuerdo con la designación de Gloria Porras?

No es la CC la que no está de acuerdo con la designación de Gloria Porras es la Ley de Amparo y Exhibición Personal la que prohíbe haberla elegido como la eligieron, obviamente la CC cuando es requerida, porque no es de oficio, lo que hace es revisar el procedimiento que tuvo el Consejo Superior  Universitario (CSU) y el CSU informó a la Corte la forma en que fue electa.  

Y es precisamente en contravención a la ley constitucional de amparo que dice como el CSU debe elegir a sus representantes, lo dice claramente que debe ser en voto secreto y dice claramente que debe ser preferentemente con experiencia de docente. 

Muchos creen que decir preferentemente es si les da la gana, no, es obligación del CSU elegir a alguien que es docente.

Pero si hay docentes están obligados a elegir a un docente, la ex magistrada Gloria Porras no lo era y fue electa en forma pública y eso lo informa el propio CSU, por lo cual está viciado su elección y la Corte lo único que hace es su obligación de decir, bueno, si en efecto fue electa en forma inconstitucional y por eso debe repetir el procedimiento.

Pero algo muy importante, porque yo sé que la inconformidad ahora porque hablan que el suplente fue electo en la misma manera, y no tengo duda de que fue así, sin embargo a él nunca lo impugnaron y aquí aclaro, la Corte no resuelve de oficio. 

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La presidencia constitucional es tan solo de un año. ¿Qué quiso hacer en estos 12 meses y quedará como un proyecto inconcluso?

Yo lo que siempre he querido es que deje de haber abuso del amparo y para eso he bregado mucho porque se suspendan amparos o se nieguen una manera expedita. El 80% de los amparos que presentan aquí son improcedentes, son retardatorios, son espurios. 

Pero no lo hace solo los abogados también lo hace la SAT, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación. El amparo está para proteger al ciudadano de los abusos de poder, ahora son las instituciones del Estado las que vienen a pedir amparo después de perder todo el debido proceso.  

Si alguna frustración tengo yo es porque no ha habido cultura en el gremio de abogados institucionales o de litigio libre, de que no hay que utilizar el amparo para entorpecer la justicia en Guatemala.

¿Cuáles son esos grandes temas pendientes que dejara a la próxima presidencia de la CC y a los que se debe poner atención en el próximo año?

Pues realmente demostrarle a la población de que esta Corte es absolutamente independiente, que no está al servicio ni al menú de ninguno de los tres poderes del Estado, ni a favor de ningún grupo de la sociedad civil. 

Hay percepción de que antes esta Corte estaba al servicio de Hellen Mack y ahora la percepción es que está al servicio de Fundación Contra el Terrorismo, ninguna de estas situaciones es cierta, acá se le da la razón a quien la tenga sea quien sea, pero no por capricho o al menú, ni mucho menos por sesgo.

A la nueva presidenta, Dina Ochoa, le toca presidir una CC en medio de un proceso electoral ¿Qué papel cree que va a jugar la CC para las elecciones generales del 2023 y cómo garantizar a la población la imparcialidad de los magistrados?

Mire el tribunal encargado del proceso electoral no es la CC, es el Tribunal Supremo Electoral, la CC no debe intervenir y mucho menos para interferir en la democracia.

La séptima magistratura descalificó en forma arbitraria candidaturas, descalificó procedimientos invadiendo las funciones de otros organismos, lo único que debe hacer la CC, si es requerida, es velar por el debido proceso electoral y no impedir la democracia y que sea el pueblo quien elija.

Por supuesto que no se puede permitir candidaturas que realmente tengan elementos para poder tener prohibición de participar, pero no en una manera caprichosa o violando Derechos Humanos, descalificando candidatos para favorecer a otros. 

Pero lo que tiene que haber es tolerancia de que esta Corte no puede resolver a favor o en contra de intereses sectarios, sino que únicamente cumplir con su función de respaldar el orden constitucional.

En una entrevista difícilmente se puedan abordar todos los temas que tocó la CC en un año. ¿Hay algo que le gustaría agregar?

Yo esperaría que mi colega Dina Josefina Ochoa, a quien respeto y tiene mucha experiencia judicial de muchos años, realmente pueda seguir representando este ente haciendo valer a la población esa independencia. 

No puede haber justicia, no puede haber estado de Derecho si no hay absoluta independencia, no dejarse cooptar por nadie, aquí es válido y doctrinalmente lo que se llama el principio de ingratitud. 

Fuimos electos por algunos organismos, pero eso no significa que esos órganos designantes nos puedan sesgar a resolver a favor o en contra de ellos o de otros organismos, se rompe el cordón umbilical para que nosotros los magistrados en forma independiente e imparcial, resolvamos. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló este martes 29 de marzo la designación de Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular ante esa Corte y le ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) que repita el proceso de elección desde la convocatoria; sin embargo, la designación del magistrado suplente, Rony Eulalio López Contreras, “queda incólume”.

La resolución de la CC se deriva de dos amparos promovidos por la Fundación Contra el Terrorismo y Juan José Sandoval Saucedo, quienes argumentan irregularidades en el proceso de elección del representante de la Usac ante la CC, pues criticaron que, aunque la ley establece que la votación debe ser secreta, en este caso no fue así, por lo que esos procedimientos que fueron declarados con lugar.

Por lo anterior, la CC ordena “dejar sin efecto el procedimiento que realizó el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala para la designación de la abogada Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad”, para el período 2021 2026.

La resolución detalla que ese procedimiento debe quedar sin efecto desde la creación del acuerdo de fecha 27 de enero de 2021, el cual contiene la convocatoria del proceso de elección.

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Ahora, el CSU deberá repetir el proceso en un plazo de 20 días contando a partir de la fecha de notificación de la resolución de la CC y se recalca que, con base a los reglamentos vigentes, se debe “seleccionar preferentemente” a profesionales que sean docentes universitarios y que la votación debe ser secreta.

En una parte de la resolución la CC es clara en decir que “deberá ser electo para magistrado titular, preferentemente un profesional con experiencia en la docencia universitaria” y hasta donde se sabe, con esto Gloria Porras no podría postularse de nuevo por no impartir clases en esa casa de estudios.

Agrega que al cumplir con los requisitos se “inicie el procedimiento para la realización de una nueva convocatoria y con posterioridad, luego de agotadas las fases y cumplidos todos los requerimientos previstos” en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad “efectúe el acto de elección que procede, para designar a la o el Magistrado titular de esta Corte”, para el período 2021-2026, y “prosiga con las etapas siguientes”.

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En tanto, la CC “deniega el amparo solicitado por Juan José Sandoval Saucedo, en cuanto a lo relacionado al proceso de designación del abogado Rony Eulalio López Contreras como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad (…) por lo considerado en este fallo, queda incólume”.

“Se previene al Congreso de la República abstenerse de efectuar la juramentación derivada del procedimiento de designación que se deja sin efecto”, señala el fallo.

La CC recomienda que “para que el proceso a llevarse a cabo por parte del Consejo Superior Universitario sea válido deberá observar, entre otros requisitos insoslayables, primordialmente, que la convocatoria que se realice de nueva cuenta se haga con una anticipación no menor de 15 días, se publique en el Diario Oficial y en dos diarios de mayor circulación”.

Agrega que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de “ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional, deberá ser electo para magistrado titular, preferentemente un profesional con experiencia en la docencia universitaria, lo que implica que de presentarse aspirantes que incumplan el requisito frente a aquellos que sí la cumplan o que puedan demostrar mayor mérito docente, serán estos últimos aquellos sobre los que debe recaer la designación”.

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo de 2021 para el período 2021-2026. Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

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El Congreso, manejado por el oficialismo, se ha mostrado reacio a juramentar a Porras; no así con otros magistrados afines a la Junta Directiva, como Néster Vásquez y Claudia Paniagua, que fueron juramentados a toda prisa el 3 de junio de 2021, a pesar de que tenían varios recursos pendientes de resolverse.

En agosto del año pasado, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos compartió mediante un mensaje su preocupación por la decisión de la CC de impedir la juramentación de Gloria Porras como magistrada a esa Corte.

“Compartimos la preocupación de los ciudadanos guatemaltecos con la decisión del 18/08 de la Corte de Constitucionalidad, que impidió nuevamente la juramentación de un magistrado debidamente electo”, dice el mensaje de la entidad gubernamental estadounidense.

Agrega que la elección de Porras se dio “en un proceso que había sido revisado y ratificado en forma cuidadosa por la institución electora de acuerdo con la ley guatemalteca”.

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“Este fallo es perturbador, ya que respalda las mociones presentadas por una organización con un historial documentado de socavar los procesos democráticos”, agrega el mensaje.

El uso transparente y juicioso del proceso legal es fundamental para el estado de derecho necesario para la prosperidad, la seguridad y el buen gobierno”, enfatiza.

Se intentó conocer una postura de la Usac, pero en el Departamento de Comunicación Social informaron que no han sido notificados y por ende no se pueden pronunciar al respecto; además, se llamó al rector en funciones, Pablo Oliva, pero no respondió su teléfono celular.

La Corte de Constitucionalidad (CC) lleva ocho meses sin contar con el titular designado por la Universidad de San Carlos para el periodo 2021 – 2026, debido a una serie de impugnaciones que rodean la elección de Gloria Porras.

Ella fue electa mediante una votación pública del CSU, y algunos que cuestionan el procedimiento, como Fundación contra el Terrorismo (FCT) aseguran que se violó una de las principales normas de la Usac.

Aseguran que la votación debe de ser secreta y que por consecuencia dicha elección a favor de Porras no tendría valides, estas dudas han hecho que la abogada no pudiera asumir el cargo.

Incluso por recursos legales minutos antes a la juramentación que hizo el Congreso de la República, el Pleno de diputados decidió no juramentarla para evitar problemas legales.

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Pero los abogados de la organización AC, Edie Cux y Manfredo Marroquín, consideran que la acción del Congreso fue arbitraria y olvidó el derecho de defensa de la magistrada electa mediante un proceso transparente.

Para lo cual presentaron una acción de amparo ante la CC que pretendía fuera suficiente para que obligara al Congreso a juramentar a Porras, para que luego pudiera asumir su magistratura constitucional.

Pero una reciente sesión del Pleno de la CC rechazó el amparo afirmando que no existen los abusos y arbitrariedades señaladas por los abogados, respaldando de esa manera al Congreso que negó juramentar a Porras.

En esa sesión constitucional se contó con la presencia de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Nester Vásquez y Leyla Lemus; junto a los suplentes Luis Rosales y Claudia Paniagua.

La Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos compartió este viernes 20 de agosto, mediante un mensaje, su preocupación por la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de impedir nuevamente la juramentación de Gloria Porras como magistrada a esa corte.

“Compartimos la preocupación de los ciudadanos guatemaltecos con la decisión del 18/08 de la Corte de Constitucionalidad, que impidió nuevamente la juramentación de un magistrado debidamente electo”, dice el mensaje de la entidad gubernamental estadounidense.

Agrega que la elección de Porras se dio “en un proceso que había sido revisado y ratificado en forma cuidadosa por la institución electora de acuerdo con la ley guatemalteca”.

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“Este fallo es perturbador, ya que respalda las mociones presentadas por una organización con un historial documentado de socavar los procesos democráticos”, agrega el mensaje.

“El uso transparente y juicioso del proceso legal es fundamental para el estado de derecho necesario para la prosperidad, la seguridad y el buen gobierno”, enfatiza.

El miércoles último (18/08), la CC otorgó amparo provisional a la Fundación Contra el Terrorismo y a Juan José Sandoval Saucedo con lo que ordena al Congreso abstenerse de juramentar a Porras como magistrada titular por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos.

En la resolución, la CC señala “la amenaza, futura y cierta, que la autoridad cuestionada juramente y de posesión al cargo de magistrado de la CC al representante del Consejo Superior Universitario al infringir el procedimiento constitucional para elegirlo y que se encuentran recurso(s) pendientes de ser resuelto”.

Previo a resolver, el 3 de agosto recién pasado la alta Corte solicitó varios documentos, que van de la mano con los argumentos que presentó la referida Fundación en su amparo.

También pidió presentar copia íntegra de las resoluciones mediante la cuales se decidió respecto de los recursos de reposición interpuestos, como presentar las partes conducentes de las actas en las que conste la forma en que se analizó el requisito consistente en acreditar experiencia docente universitaria, de los participantes en el proceso de designación de magistrados para la CC, período 2021-2026, por parte de ese órgano.

El 12 de agosto, el Congreso dejó en suspenso nuevamente la juramentación de Gloria Porras, debido a una enésima demanda contra la Universidad.

En esa ocasión, Lucrecia Marroquín de Palomo, vicepresidenta del Legislativo, dio lectura a la notificación remitida por la sala quinta de lo Contencioso Administrativo, en la cual acepta para su trámite la denuncia presentada contra la elección de Porras.

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Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo último, para el período 2021-2026.

Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

El Congreso, manejado por el oficialismo, se ha mostrado reacio a juramentar a Porras; no así con otros magistrados afines a la Junta Directiva, como Néster Vásquez y Claudia Paniagua, que fueron juramentados a toda prisa el 3 de junio último, a pesar de que tenían varios recursos pendientes de resolverse. 

We share Guatemalan citizens’ concerns with the Constitutional Court's 08/18 decision, which again prevented the swearing in of a duly elected magistrate in a process that had been carefully reviewed and affirmed by the electing institution in accordance with Guatemalan law.(1/2)

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 20, 2021

This ruling is disturbing as it supports the motions filed by an organization with a documented history of undermining democratic processes. Transparent & judicious use of legal process is fundamental to the rule of law necessary for prosperity, security, & good governance. (2/2)

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 20, 2021

La única vacante en la Corte de Constitucionalidad (CC) sigue siendo el puesto de titular electo por el Consejo Superior Universitario (CSU). Acciones legales volvieron a complicar la juramentación y posterior toma de posesión de la electa Gloria Porras.

Pero el amparo provisional abre la posibilidad para que todo el acto celebrado por la Universidad de San Carlos (Usac) quede sin efecto, por consecuencia también quedaría anulada la magistratura suplente que actualmente ocupa Rony López, exsecretario del Ministerio Público (MP).

Al menos esa es la intención de la Fundación Contra el Terrorismo que señala al CSU de violar el voto secreto para la elección constitucional, evento en el que fueron electos Porras y López.

La lectura de dos expertos en la rama legal coincide que este extremo se podría dar al momento que la CC emita un amparo en definitiva, ya el nombramiento de los dos profesionales se celebró de la misma manera.

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Sin embargo, hasta ahora, López continúa en el puesto como suplente mientras que a Porras se le ha impedido ser juramentada y tomar posesión del cargo como magistrada constitucional.

La profesional actualmente se encuentra fuera de Guatemala, pero explicó que todavía no ha recibido una notificación por el reciente amparo provisional que bloquea, nuevamente, que asuma el cargo.

“El uso combinado y coordinado de estas estrategias busca impedir que se cumpla la ley. Sin embargo, sigo creyendo en la Constitución y en el sistema de justicia, por lo que continuaré realizando todas las acciones a mi alcance para revertir estas decisiones ilegales e ilegítimas”, señaló.

Porras añadió que se está asesorando con un grupo de abogados de los Estados Unidos para responder legalmente a todas las resoluciones judiciales que le impiden asumir el puesto de magistrada.

Nueva elección

La reciente resolución fue bien recibida por Ricardo Méndez Ruiz, titular de la Fundación Contra el Terrorismo, quien asegura que la decisión del Pleno de la CC se encuentra apegada a Derecho.

Pero asegura que los siguientes pasos a seguir es esperar que la CC no cambie sus criterios, ya que lo ideal es que se solventen todos los problemas legales que ocasionó la Usac con una elección fuera de la ley.

“Lo que debería de proceder es que el CSU repita el proceso apegándose a la ley. Aquí también hay otro asunto importante, pero a pesar de ser un amparo provisional debe de pensarse en la responsabilidad penal parte de algunos miembros del CSU por su responsabilidad en este proceso viciado, algunos aducen que así se han llevado las votaciones en los últimos años, pero es de recordarles que el error no es fuente de Derecho”, argumentó.

Méndez Ruiz considera que aunque no existe un tiempo estimado para que la CC resuelva en definitiva, lo prudente es que esa resolución no se dilate demasiado, ya que permitiría al país consolidar una certeza jurídica que asegura es necesaria.

“Yo no veo porque deba de variar el amparo, espero que nos lo otorguen totalmente en breve por el bien del país, por la certeza jurídica que tanto necesita Guatemala para crear puestos de trabajo debido a que es necesario que el país sea atractivo para la inversión extranjera”, refirió.

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¿Peligra la justicia?

Aunque la situación de la CC parece no aterrizar en cuatro meses desde que se tendría que haber renovado toda su magistratura, estos eventos no generan un golpe para la administración de la justicia constitucional.

Eso según el análisis de Edgar Ortiz, de Fundación Libertad y Desarrollo, quien asegura que por fortuna la ley permite la continuidad de los magistrados salientes en situaciones como estas, evitando que la CC quede desintegrada.

Pero aunque no exista un problema legal, la forma en que como se percibe al máximo órgano de justicia en Guatemala si puede traer algunas opiniones no tan favorables.

“Queda desprestigiada por las accidentadas circunstancias de este proceso de elección, sobre todo porque estamos hablando que la discusión es elegir en público a un representante del CSU y eso es lo que a mí me preocupa, no me preocupa la persona sino la institución, entiendo que quien se puede oponer en todo caso son los electores porque el voto secreto es una garantía para quien vota, pero ahora queda ese precedente de que el voto debe de ser secreto”, indicó.

Por su parte Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), estima que la CC no peligra, pero es necesario que se resuelvan todos esos problemas que impiden una renovación total de la plana constitucional.

“Aquí hay un pecado de origen y es la reiteración ilegal del CSU puesto que se hace un proceso de selección vulnerando un artículo de la ley de amparo porque no se hizo una votación secreta, esto fue impugnado así como que la licenciada Porras no tenía carrera docente dentro de la Usac, estos dos aspectos fueron conocidos por el CSU pero los consejeros insistieron en que era válido cometer el error que cometieron”, precisó.

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó amparo provisional a la Fundación Contra el Terrorismo y a Juan José Sandoval Saucedo con lo que ordena al Congreso abstenerse de juramentar a Gloria Porras como magistrada titular por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos.

En la resolución, la CC señala “la amenaza, futura y cierta, que la autoridad cuestionada juramente y de posesión al cargo de magistrado de la CC al representante del CSU al infringir el procedimiento constitucional para elegirlo y que se encuentran recurso(s) pendientes de ser resuelto”.

Previo a resolver, el 3 de agosto recién pasado la alta Corte solicitó varios documentos, que van de la mano con los argumentos que presentó la referida Fundación en su amparo.

También pidió presentar copia íntegra de las resoluciones mediante la cuales se decidió respecto de los recursos de reposición interpuestos, como presentar las partes conducentes de las actas en las que conste la forma en que se analizó el requisito consistente en acreditar experiencia docente universitaria, de los participantes en el proceso de designación de magistrados para la CC, período 2021-2026, por parte de ese órgano.

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Además, acreditar con la documentación pertinente, la forma en que se acreditó que al momento de la votación y calificación de los expedientes se le dio el valor y se tomó en consideración dicho requerimiento.

El 12 de agosto, el Congreso dejó en suspenso nuevamente la juramentación de Gloria Porras, debido a un nueva demanda contra la Universidad.

En esa ocasión, Lucrecia Marroquín de Palomo, vicepresidenta del Legislativo, dio lectura a la notificación remitida por la sala quinta de lo Contencioso Administrativo, en la cual acepta para su trámite la denuncia presentada contra la elección de Porras.

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Con esta notificación, que se informó fue recibida en esa ocasión, quedaba por enésima vez en suspenso la juramentación de la magistrada, sumado ahora este amparo otorgado por la CC.

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo último, para el período 2021-2026.

Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

Desde el 2018, la CC no ha estado integrada al cien por ciento. Todo comenzó con la renuncia de María Consuelo Porras como magistrada suplente para asumir como fiscal general.

Gloria Porras se pronuncia

Gloria Porras por medio de un comunicado informó: “No he sido notificada de la nueva acción legal contra mi juramentación como magistrada electa a la Corte de Constitucionalidad”

Añadió que “Sin embargo, el Consejo Superior Universitario ha confirmado reiteradamente su decisión de elegirme, una decisión cuyo fondo no puede ser examinado por la Corte de Constitucionalidad como parte del acto reclamado en este amparo. Menos aún es una decisión sujeta de ser examinada por un procedimiento contencioso administrativo”.

Señaló que el uso combinado y coordinado de estas estrategias “busca impedir que se cumpla la ley. Sin embargo, sigo creyendo en la Constitución y en el sistema de justicia, por lo que continuaré realizando todas las acciones a mi alcance para revertir estas decisiones ilegales e ilegítimas”.

En el comunicado afirmó que para ello, “contaré con el acompañamiento del bufete estadounidense Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP, que ha aceptado representarme y apoyarme en el proceso para hacer valer mi derecho a asumir el cargo como magistrada”.

Amparo

El Congreso de la República dejó en suspenso nuevamente la juramentación de Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) designada por la Universidad de San Carlos, debido a un nueva demanda contra la Universidad.

Con un Congreso reducido y antes de la aprobación del orden del día, Lucrecia Marroquín de Palomo, vicepresidenta del Legislativo, dio lectura a la notificación remitida por la sala quinta de lo Contencioso Administrativo, en la cual acepta para su trámite la denuncia presentada contra la elección de Porras.

Con esta notificación, que se informó fue recibida este miércoles, queda por enésima vez en suspenso la juramentación de la magistrada.

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La demanda fue presentada por el abogado Roberto Estuardo Morales Gómez y fue avalada por los magistrados de la Sala Quinta, con lo que se fija un plazo de 15 días a la Usac para evacuar la audiencia.

Cumplida la lectura, el jefe del Congreso, Allan Rodríguez, levantó de nuevo la sesión por falta de cuórum. 

Tras una serie de recursos interpuestos contra la designación de Porras, el Consejo Suprior Universitario los rechazó y confirmó a Porras como magistrada titular el 2 de julio último, a fin de que sea juramentada por el Congreso.

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Sin embargo, el legislativo se ha mostrado reacio a hacerlo, como no lo fue el caso de Néster Vásquez y Claudia Paniagua, afines a la Junta Directiva, que fueron juramentados a toda prisa, a pesar de que tenían recursos pendientes en su contra por resolverse.

La Corte de Constitucionalidad (CC) fijó un plazo al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos previo a resolver el amparo de Fundación Contra el Terrorismo que busca impedir la juramentación de Gloria Porras como magistrada.

La alta Corte solicita varios documentos, que van de la mano con los argumentos que presentó la referida Fundación en su amparo.

La CC fija el plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la presente resolución, para que el CSU cumpla con presentar copia certificada de los escritos mediante los cuales evacuaron audiencia quienes intervinieron en el trámite de los recursos de reposición.

Pide presentar copia íntegra de las resoluciones mediante la cuales se decidió respecto de los recursos de reposición interpuestos, como presentar las partes conducentes de las actas en las que conste la forma en que se analizó el requisito consistente en acreditar experiencia docente universitaria, de los participantes en el proceso de designación de magistrados para la CC, período 2021-2026, por parte de ese órgano.

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También acreditar con la documentación pertinente, la forma en que se acreditó que al momento de la votación y calificación de los expedientes se le dio el valor y se tomó en consideración dicho requerimiento.

Ordena que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, remita copia certificada completa del proceso.

Desde el 2018, la CC no ha estado integrada al cien por ciento. Todo comenzó con la renuncia de María Consuelo Porras como magistrada suplente para asumir como fiscal general.

El abogado Juan José Sandoval Saucedo presentó este jueves 29 de julio un nuevo amparo contra la elección de Gloria Porras y Rony López Contreras como magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La acción legal fue planteada contra el Congreso de la República por haber juramentado a López a pesar de haberse señalado supuestas ilegalidades del Consejo Superior Universitario (CSU) en la elección de sus representantes ante el máximo tribunal.

Esa acción también frenaría la juramentación de la abogada Gloria Porras, quien no tomó posesión por varios recursos legales en su contra.

Tanto Porras como López fueron designados magistrados titular y suplente de la CC, respectivamente, el 4 de marzo recién pasado, pero Porras no pudo asumir el cargo el 14 de abril debido a varios recursos legales en contra de su elección.

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Pese a que el CSU ya notificó al Congreso para que procediera con la juramentación de Porras, ese organismo solicitó más información al respecto, por lo que la situación de la profesional no ha variado.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac) confirmó  el 2 de julio a Gloria Porras como magistrada titular de la CC.

El Consejo declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la designación de Porras por esa casa de estudios, informó Guatemala Visible en su cuenta de Twitter.

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Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada por causa de dos amparos provisionales hasta ese momento contra los procesos de su designación.

El primero, el 9 de abril de 2021, fue otorgado por una sala a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación.

El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazado por el consejo sancarlista.

La @CC_Guatemala recibió un nuevo amparo contra la designación de los magistrados electos por la @usacenlinea. La medida busca que Gloria Porras no sea juramentada y que el suplente, Rony López, sea separado del cargo. El amparo fue presentado por Juan José Sandoval Saucedo.

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) July 30, 2021

El presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, se refirió este miércoles 28 de julio a la juramentación de Gloria Porras como magistrada de la CC, así como a las manifestaciones convocadas para este jueves 29 de julio.

Explicó a La Red Noticias que el expediente de la magistrada Gloria Porras, designada a la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Universidad de San Carlos y quien debe ser juramentada por el Congreso, contiene varios documentos ilegibles.

“Hemos solicitado al Consejo Superior Universitario (CSU) que nos pueda ampliar el informe y tener más claridad en lo que ellos manifiestan”, informó.

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Dijo que el CSU se refiere a cinco amparos en trámite “pero no nos dan la certeza o la definitividad del estatus de esos cinco amparos, por lo que hemos también requerido esa información”.

Tras su confirmación como magistrada titular a la CC por el CSU el 2 de julio de 2021, Porras no ha podido ser juramentada en el Congreso.

Respecto de las manifestaciones de este jueves, Rodríguez dijo a La Red Noticias que los ciudadanos tienen derecho a hacerlo “toda vez, en el ejercicio de sus derechos no perjudiquen a los derechos de los demás guatemaltecos.

“Hay que tomar en cuenta que, posterior a la pandemia, los efectos económicos negativos que afectaron a nivel mundial nos siguen golpeando como país, y lejos de impedir el crecimiento económico con estas actividades, deberíamos de buscar las maneras de reactivar la economía”, dijo el diputado.

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Enfatizó a los manifestantes que “lo hagan de una manera pacífica, pero sobre todo resguardando la vida, la salud y utilizando la mascarilla, que es lo mas importante” para evitar un mayor contagio del coronavirus.

Rodríguez criticó que, entre quienes “lideran la indignación hay muchos políticos y compañeros diputados y mucho político frustrado también que encabeza este movimiento”.

Desde el 2018, la Corte de Constitucionalidad (CC) no ha estado integrada al cien por ciento. Todo comenzó con la renuncia de María Consuelo Porras como magistrada suplente para asumir como fiscal general.

Desde entonces Guatemala no ha contado con sus cinco magistrados constitucionales titulares y sus cinco suplentes, a pesar de ser el órgano judicial de mayor rango en el país y cuyo objetivo es velar por el resguardo de la Constitución.

En abril, con la renovación de la magistratura, parecía que la Corte volvería a estar completa, pero acciones legales evitaron que el pasado 14 de abril asumieran todos los profesionales designados y electos.

Para Nester Vásquez y Claudia Paniagua, titular y suplente elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), los obstáculos legales se extendieron por unas semanas, pero para la designación titular del Consejo Superior Universitario (CSU) la demora ya se extendió por más de tres meses.

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Actualmente la disputa legal se encuentra en la CC. Una acción de amparo de la Fundación Contra el Terrorismo señala aparentes vicios del CSU en la sesión en que fue electa Gloria Porras.

Para resolver dicha acción, el pleno constitucional solicitó a la CSJ un informe circunstanciado y debe determinar si existen otras impugnaciones en el Organismo Judicial (OJ).

Otro documento también fue solicitado, pero al CSU, para determinar si la elección de su magistrado titular se desarrolló mediante voto secreto, como lo estipula la legislación nacional.

Estas diligencias están en curso y de ellas dependerá si Porras toma posesión del cargo.

Sin prisas

Aunque existe una batalla legal en curso en la integración de la CC, también pesan los criterios políticos. Depende del Congreso incluir en una de sus sesiones, ordinaria o extraordinaria, la juramentación de Porras.

Sin embargo, a los diputados no les urge hacerlo, incluso la situación podría aplazarse tanto como la elección de magistrados para la CSJ, según la lectura de Sebastián Morales, integrante de Guatemala Visible, organización que ha dado seguimiento a la renovación de la CC.

“Sí corre ese riesgo, porque, por un lado, tenemos un Congreso que no actúa con ninguna prisa en este tipo de circunstancias. Ya la CC encontró su equilibrio con el Congreso. No haría mucha diferencia si estuviera Gloria Porras, porque ya tienen la mayoría en las demás sillas. Entonces no hay un sentido de urgencia de parte de los órganos políticos, y por otro lado no hay tampoco una exigencia para que se resuelva lo antes posible. Ojalá y sí, porque no es sano para el sistema del país tener esas demoras”, señaló.

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Édgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, también teme un atraso indefinido, aunque considera que la verdadera complejidad y retrasos se encontrarán en el campo legal, y no en el político.

“Lo más importante aquí es determinar si —la CC— dará amparo provisional o no. Eso creo que va a determinar todo en lo que tiene que ver en términos de tiempo. Si la CC considerara que, dadas las condiciones, amerita otorgar un amparo provisional y deja en suspenso la juramentación de la magistrada Porras, entraríamos en una espiral compleja porque se suspendería su juramentación. Ahora, si no otorgan amparo provisional, la juramentación de esta persona debería continuar y el amparo debería seguir su curso en vía paralela”, explicó.

Independientemente de los obstáculos políticos o legales que existan, José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional, opina que es urgente que la situación se resuelva pronto pero, sobre todo, de manera objetiva y sin sesgos.

“Es una situación que se debe atender con la premura y la importancia que merece. De igual forma está la duda sobre la juramentación en el Congreso. Probablemente colegas abogados argumentarán que el amparo no es un medio de impugnación, que es una interpretación correcta; entonces hay que definir las líneas que se van a establecer o usar en casos posteriores, y no manipularlos o interpretarlos acorde a la persona, por simpatía o falta de simpatía que se tenga ante determinada persona”, señaló.

Que repitan elección

El objetivo de la Fundación Contra el Terrorismo es que el CSU repita su elección. Ricardo Méndez Ruiz, jefe de la entidad impugnante, señaló que ese órgano académico violó el artículo 155 de la Ley de Amparo, que ordena que la designación de la Usac se debe celebrar en una sesión secreta.

Tienen buenas expectativas ante la admisión a trámite de su acción de amparo, que esperan que, junto a los informes que solicitó la CC, eviten la juramentación de Porras.

“Se acabó la época de los amparos exprés otorgados por la anterior magistratura de la CC. Nos damos cuenta por medio de esta notificación que la CC está agotando todas las instancias antes de proceder a resolver si otorga o no el amparo que nosotros solicitamos. Eso es una muestra de una actuación independiente e imparcial de la Corte, esa es la manera en que la CC debería actuar siempre”, dijo Méndez Ruiz.

Añadió: “Al no juramentarse a la señora Gloria Porras como magistrada de la CC, quedaría esa vacante que, por ley, el CSU tendrá que elegir o designar a un magistrado que constitucionalmente está obligado a designar. El proceso tendría que repetirse, definitivamente”.

La Universidad de San Carlos (Usac) informó este jueves que el Consejo Superior Universitario (CSU) envió la respectiva notificación al Congreso para que sea juramentada Gloria Porras, magistrada titular designada por esa casa de estudios para la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo, informó que no pudo notificarse la ratificación, ya que el Congreso se encontraba cerrado.

“Nos apersonamos al Congreso de la República siendo las 13 horas con 30 minutos (…), no se logró informar porque el Congreso tiene una circular donde indica que no se recibe documentación hasta la fecha establecida en la circular que está prendida en el portón”, explicó José Luis Quintanilla, asesor jurídico de la USAC.

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La Usac informó que, al no lograrse la notificación, se levantará un acta de los sucedido.

La casa de estudios también denunció que los guardias impidieron el ingreso del asesor Quintanilla. 

“Los guardias de seguridad del Congreso de la República no quisieron permitir el ingreso; se les preguntó si había algún correo electrónico para enviar la información y explicaron que no hay dirección electrónica para enviar notificaciones”, explicó.

Tras una serie de recursos interpuestos contra la designación de Porras, el CSU los rechazó y confirmó a Porras como magistrada titular el 2 de julio último, a fin de que sea juramentada por el Congreso, que se ha mostrado reacio a hacerlo, como no fue el caso de Néster Vásquez y Claudia Paniagua, afines a la Junta Directiva, que fueron juramentados a toda prisa, a pesar de que tenían recursos pendientes en su contra por resolverse.

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CC admite amparo contra juramentación

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió este jueves una acción de amparo presentado contra la juramentación de Porras por la Fundación contra el Terrorismo.

Esa fundación argumenta que CSU “no cumplió con la ley, al no efectuar una votación secreta y no privilegiar la docencia universitaria”.

Los abogados de Gloria Porras, Moisés Rosales y Alejandro Rodríguez, ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que ya fueron notificados de la resolución del Consejo Superior Universitario (CSU) que la confirma como la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad.

Porras no pudo ser juramentada el 13 de abril de este año ya que el Congreso argumentaba que el CSU tenía que haber conocido antes las impugnaciones presentadas contra ella.

El 2 de julio, el CSU informó que declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la designación de Porras y confirmó su elección. Ahora, los abogados de la magistrada electa indican que ya no existe ningún recurso pendiente dentro de este órgano que impida que ella pueda tomar posesión de su puesto.

Una vez el Congreso sea notificado de la resolución del CSU debería de convocar a sesión plenaria para la juramentación de Porras.

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“Con esto se cumple la condición que el Congreso impuso el 13 de abril cuando no realizó la juramentación de la magistrada Gloria Patricia Porras, por lo que debe de convocar de urgencia” agregó Rosales.

Aunque en el Organismo Judicial aún hay cinco amparos pendientes, según los abogados, éstos no frenan la juramentación de Porras, porque aún no han sido resueltos. También dijeron que no existe ninguna causa activa que pueda impedir que la magistrada electa pueda ser juramentada y tomar posesión

Uno de estos amparos es promovido por la Fundación Contra el Terrorismo y otro por la abogada Amanda Santizo.

Abogados de #GloriaPorras dan a conocer que ya fueron notificados de la resolución del #CSU que confirma la designación de Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad por lo que queda en manos del @CongresoGuate convocar para su juramentación – @prensa_libre

— Mariajosé España (@mespana_pl) July 8, 2021

A decir de Rodríguez, en los próximos días estarán actualizando las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la seguridad de Porras cuando arribe al país.

De igual forma, indicaron que Porras no utiliza redes sociales y piden a la población que no hagan caso de publicaciones que se hacen en algunas cuentas que dicen tener su nombre y que fueron creadas por terceras personas y por motivos que desconocen.

Pablo Oliva Soto, actual rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) indicó que la decisión del CSU en la sesión del 23 de junio del 2021 confirma de forma unánime la designación de Porras como magistrada titular en la Corte de Constitucionalidad (CC). La decisión responde a la resolución de uno de los recursos interpuestos en contra de su elección.

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Sin embargo, mencionó que quedan pendientes cinco recursos más. Precisó que son amparos pendientes de resolver en órganos judiciales.

Al ser consultado si estando estos pendientes se puede juramentar a Porras en el Congreso, respondió que “según Jurídico hay que resolver primero” y agregó que “eso, quizá, lo deberían responder en el Congreso”.

Ahora, agregó, dependen de las resoluciones de las acciones pendientes, por lo que no hay un cronograma y por el momento el CSU está a la espera.

Luis Fernández, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y especializado en Derecho Constitucional, es del criterio de que la Usac ya agotó el proceso de impugnaciones y la única acción legal que cabría es un nuevo recurso de amparo por la nueva resolución emitida por el CSU.

Respecto a los cinco amparos que menciona el rector en funciones, Fernández refirió que habría que ver si suspendieron el acto de elección de Porras para el cargo. Agregó que todo indica que no la suspendieron, porque si no el CSU se hubiera quedado en espera de la resolución final de estos, pero por el contrario ya se pronunció confirmando la elección. “No hubo tal suspensión y esto me indica que ya es procedente la juramentación”, resaltó el exmagistrado.

No obstante, advirtió que “lo más seguro es que grupos inconformes van a plantear amparo contra el CSU”, y si se da el caso considera que se incorporarían todos los demás que ya existan para que el pronunciamiento en uno valga por todos.

Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, opinó que según el estatus de los aspectos legales hasta este sábado 3 de julio, Porras ya puede ser juramentada y asumir el cargo en la CC porque ya se resolvieron todas las impugnaciones planteadas.

Referente a cinco acciones pendientes mencionados por Oliva, Ortiz explicó que la Ley de Amparo dice que alguien no puede asumir cuando estén pendiente de resolverse las impugnaciones, y que son conceptos que usan abogados, por lo que a su criterio lo resuelto por el CSU responde a impugnaciones. Pero los amparos son procesos legales distintos que no son un medio de impugnación, por lo que no cuentan como tales.

En este caso cita precedentes, como el reciente para la juramentación y toma de posesión de Nester Vásquez Pimentel, las cuales se llevaron a cabo aunque todavía había amparos pendientes de resolver.

“En el caso de Nester Vasquéz, el Congreso no esperó a que la gente apelara. Si nos guiamos por lo que se hizo con en el Congreso, la deberían de juramentar y tomar en cuenta ese precedente”, agregó.

José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional (MCN) refirió que no ha leído la resolución del CSU, pero expone dos elementos en esta elección que se deben tomar en cuenta en futuras elecciones.

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El primero, es la preferencia académica, ya que en la Ley de Amparo, donde se señalan los requisitos especiales para los magistrados de la CC, se establece que habrá preferencia del órgano que lo designe -por experiencia o desarrollo profesional- y eso anteriormente se había entendido y usado por parte del CSU como que se iba a votar por alguien con experiencia académica o catedrático universitario para tener diversidad tanto académica como judicial en la CC.

Refiere que según tiene conocimiento esa fue la razón de la impugnación que provocó revisar la elección de Porras.

El segundo punto que menciona es que si bien se señala que la elección debe ser secreta, si eso aplica también para el CSU o si eso se podría aplicar también para el Colegio de Abogados. “Son dos puntos importantes que espero, porque no he visto la resolución, que se hayan fundamentado correctamente”, dijo Echeverría.

Expuso que en la situación actual sí pudiera ser juramentada por el Congreso, sin embargo, dijo que es probable que exista alguna impugnación de materia judicial a través de un amparo por quienes se pudieran haber visto afectados con tal resolución, por ejemplo, algunos de los otros postulantes que consideraban que ellos si tuvieran ese criterio de academia que señala la ley.

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“Si no hay amparo o acción que retrase o someta a una revisión en materia constitucional o judicial la resolución del Consejo, sí pudiera ser juramentada, pero si lo hay probablemente vaya a demorar más tiempo su nombramiento”, añadió.

Al ser consultado si Porras podría tomar posesión con los 5 amparos pendientes de resolución en otros órganos, Echeverría comentó que es complejo porque bajo los parámetros que ha tenido la misma Corte, creería que no podría.  Pero, agregó, que se ha visto criterios diferente tanto entre el Congreso y la Corte en cada situación, lo cual afecta la certeza jurídica entonces no me atrevería decirle de momento si pueda suceder o no”.

Respondió que de momento MCN no está preparando, ni tienen prevista alguna acción legal.

Decisiones recientes

• Luego de 12 horas de votación, el 4 de marzo del 2021 el CSU reeligió a Gloria Porras como magistrada titular de la CC.
• El Congreso no juramentó a Gloria Porras el 13 de abril junto a los otros electos para magistrados titulares y suplentes, porque ese organismo había sido notificado de un amparo a favor de otros postulantes, que no permitía la juramentación de ella. El amparo era para que el CSU conozca las impugnaciones presentadas durante en proceso de elección, también que aceptado para su trámite un amparo presentado por Guatemala Inmortal, representada por la abogada Amanda Santizo y que buscaba frenar la juramentación de Porras.
• La CC, conformada por los nuevos magistrados, confirmó el 26 de abril que, por unanimidad, resolvieron sin lugar dos apelaciones del CSU contra los amparos de las salas Sexta y Primera de lo Contencioso Administrativo de fechas 9 y 12 de abril últimos contra el proceso de designación de magistrado titular.
• El 6 de mayo la CC opinó que Porras no gozaba de antejuicio.
• A diferencia de Porras, el Congreso sí juramento a Mynor Moto en enero del 2021 aunque tenían procesos legales pendientes. La gestión de Moto era para completar el período 2016-2021 elegido por el Colegio de Abogados.
• También, el 3 de junio el Organismo Legislativo juramentó a Nester Vásquez como titular, y a Claudia Paniagua como suplente, para el período 2021-2026 en la CC, aunque se cuestionó que había pendientes de resolverse recursos de apelación presentados ante la Asamblea de Colegios Profesionales y encontrándose acciones de amparo en trámite.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac) confirmó este viernes 2 de julio a Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC). 

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El Consejo declaró sin lugar los recursos interpuestos contra la designación de Porras por esa casa de estudios, informó Guatemala Visible en su cuenta de Twitter.

Ahora notificarán sobre la decisión al Congreso de la República para su juramentación, que se encontraba detenida. 

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo último, para el período 2021-2026.

Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada por causa de dos amparos provisionales hasta ese momento contra los procesos de su designación.

El primero, el 9 de abril de 2021, fue otorgado por una sala a favor de Edwin Rueda Masaya, exaspirante a magistrado de la CC por el CSU, quien accionó así después de que el CSU rechazara sin entrar a conocer una impugnación.

El segundo es el amparo provisional del 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo a favor de Roberto Estuardo Morales Gómez, también exaspirante a magistrado que presentó recurso de reposición que fue rechazado por el consejo sancarlista.

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Tampoco asumieron en ese momento los magistrados Nester Vásquez y Claudia Paniagua, electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Sin embargo, el 3 de junio último, el Congreso de la República juramentó a Vásquez y a Paniagua, pese a varios fallos pendientes de resolverse, según denunciaron abogados y partidos de oposición.

La única silla vacante en la CC pertenece a la Usac, pero parece que la casa de estudios no tiene prisa en ocuparla. A casi dos meses que asumió la nueva magistratura constitucional poco, o nada, se sabe de la forma en que el CSU está trabajando para resolver las impugnaciones que impidieron a su electa asumir como magistrada titular el pasado 14 de abril.

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Ese hermetismo puede ser confundido con indiferencia o desintereses, según explicaron representantes de las organizaciones sociales que fiscalizaron el proceso de renovación de la CC para el periodo 2021 -2026, tribunal constitucional que cuenta ya con cuatro de cinco magistrados titulares.

Par José Echeverría, integrante del Movimiento Cívico Nacional (MCN), la Usac está fallando debido a que ya tendría que haber fijado una postura por cualquiera de las que parecen ser las únicas dos alternativas: Defender la elección de Gloria Porras o repetir el proceso de votación para subsanar los posibles errores.

“Yo creo que el actuar en general del CSU ha sido deficiente teniendo en cuenta el contexto por el cual ha transcurrido está elección. Hay tres factores que pudieran estar afectando la falta de actuación; la ausencia de un rector y por consecuencia la falta de un liderazgo dentro del CSU; si puede existir también cierto temor o desconocimiento sobre qué procede y cómo actuar (por sanciones administrativas y hasta penales); el tercer factor es un elemento de preferencia sobre una designación, puede que tengan preferencia y por lo mismo no quieren entrar a conocer los temas pendientes”, explicó.

Rectores sin agenda clara

El 26 de febrero pasado una investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) reveló que existía una orden de captura contra el rector de la Usac, Murphy Paiz, por su posible participación en el Caso Comisiones Paralelas 2020. El académico se encontraba liderando la sesión del CSU para la designación de su representante ante la CC, reunión que se vio obligado a abandonar para solventar su situación legal.

Horas más tarde los máximos representantes de la Universidad desarrollaron una reñida ronda de votaciones donde tan solo perfilaban los nombres de Gloria Porras y Omar Barrios como los favoritos, finalmente Porras fue electa como magistrada titular de parte de la Usac; esa decisión fue impugnada y el CSU, hasta donde se tiene conocimiento, no ha resuelto las inconformidades legales.

Por la ausencia del rector la ley orgánica de la Usac estipula que ocupará el cargo de manera interina el decano de mayor edad, pero desde ese momento ya han desfilado cuatro profesionales de diferentes unidades académicas sin que se conozcan las soluciones o alternativas al problema.

“Están en una posición muy arriesgada de tomar una decisión que sienten que no les corresponde originalmente, creo que eso complica la toma de decisiones porque al no saber bien cuál puede ser el impacto de la decisión probablemente los rectores en funciones optan por abstenerse y tratar de postergar el tema para que sea alguien más quien tome el futuro de la designación y hasta de fijar la comunicación institucional”, comento Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible.

Morales añadió que otro de los problemas que ven en la Usac es la falta de una comunicación institucional que permita conocer los pasos que está tomando el CSU ante un tema de peso e intereses nacional; por su parte el equipo de comunicación social de la Usac informó que la postura del CSU es no brindar declaraciones ante el tema y que la evolución de cada impugnación debe ser requerida por medio de la unidad de información pública.

¿Se vulneró la autonomía de la Usac?

Para Andrés García, secretario general adjunto de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), la investigación que comenzó el Ministerio Público (MP) contra algunos consejeros por una denuncia, que califican de espuria, está sirviendo para intimidar a la Universidad y restarle autonomía.

“El CSU está siendo indiferente de la situación que está pasando. Hubo mucha división durante ese proceso de elección de magistrado titular, lo que genera también indiferencia de los consejeros en estos momentos que no llegan a las sesiones del CSU, no les está importando resolver este proceso a pesar que ya pedimos una solución pronta, tanto para tener certeza como para que se defina la autonomía de las decisiones de la Usac”, resaltó.

Quien coincidió en ese punto fue Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas. “El CSU está sufriendo presiones muy directas, una de ellas fue la citación que el MP hizo a varios de sus integrantes tras una denuncia espuria, además reciben ataques los estudiantes en miras a no rechazar las impugnaciones presentadas en contra del proceso, es decir están presionando fuertemente al CSU para que repita la elección y así favorecer al candidato oficialista que era Omar Barrios”.

En este tema el equipo de Comunicación Social de la Usac se limitó a responder que “solo citaron a dos”. Alianza por las Reformas considera que si la elección se repite difícilmente Gloria Porras vuelva a conseguir apoyo debido a las presiones que han sufrido integrantes del CSU.

A penas la semana pasada asumió como magistrado titular Nester Vásquez, juramentación y toma de posesión que despierta dudas de los sectores fiscalizadores del proceso ya que consideran que en este caso también existen impugnaciones pendientes.

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La octava magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) arrancó el pasado 14 de abril, tribunal que comenzó con obstáculos y contratiempos sus cinco años de gestión debido a que dos de los magistrados electos no pudieron asumir.

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Uno de ellos es Néster Vásquez Pimentel, electo mediante votación por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), cuyos resultados fueron impugnados y a la fecha la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, que conoce del recurso, no se ha pronunciado.

Esa vacante no era sorpresa, incluso el Congreso de la República no tomó en cuenta a los representantes del Cang al elaborar el proyecto de ley para la toma de posesión de la magistratura; se sabía que la resolución podía dilatarse.

El segundo caso es el referente a Gloria Porras, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU). Un amparo provisional a último minuto frenó su juramentación y, como consecuencia, no pudo asumir el puesto el pasado 14 de abril.

Ese caso no se quedó únicamente en impugnaciones. Una denuncia que ingresó en el Ministerio Público (MP) abrió una investigación contra el CSU por aparentes errores en la sesión en la que Porras fue electa magistrada.

Dicho expediente se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, quien citó a los máximos representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), pero estos decidieron no llegar. Al mismo tiempo, mediante un comunicado, la casa de estudios superiores rechazó cualquier tipo de presión que busque modificar los resultados de su elección.

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Incertidumbre rodea al Cang

La organización Guatemala Visible, que fiscalizó el proceso de designación en los cinco órganos electores, tiene conocimiento de que la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales ya avanzó y conoció las impugnaciones.

Se trató de conseguir la postura del presidente de la Asamblea, Milton Santizo, pero no atendió las llamadas telefónicas. Situación simular se dio cuando se trató de conseguir la versión del Cang, a través de su nuevo presidente, Fernando Chacón.

“Lo que trascendió es que ya la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales resolvió las impugnaciones y tendrá que verse qué es lo que decidan, en más o menos 15 días o una semana. Es un poco incierto qué es lo que vaya a suceder, porque no se conoce mucho al respecto, pero es algo que se ve bien, ya que no es deseable para nada que el proceso se siga postergando más. Todo debe ser resuelto lo más pronto posible”, señaló Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible.

De momento, la representación de los abogados ante la CC pesa sobre los hombros de María Cristina Fernández, suplente que lleva el rol de titular desde la muerte del magistrado Bonerge Mejía.

CSU Sesionará la próxima semana

Luego de la captura del rector Murphy Paiz, involucrado en el Caso Comisiones Paralelas 2020, la ley de la Usac estipula que el puesto queda de manera interina en el decano de mayor antigüedad, pero desde ese momento ya han pasado tres rectores interinos.

El primero de ellos fue Gustavo Taracena, decano de la facultad de Veterinaria, quien luego de vencer su puesto como decano y no ser renovado tuvo que ser reemplazado por Walter Ramiro Mazariegos, decano de Humanidades, quien aduciendo temas de salud decidió alejarse; actualmente quien ocupa la rectoría en funciones es Jorge Orellana, decano de la facultad de Ciencias Médicas

Según el departamento de Comunicación Social de la Usac, el rector en funciones no puede dar declaraciones referentes a los recursos relacionados con el pasado proceso de designación de magistrado constitucional, debido a que existen diligencias judiciales pendientes, como la investigación a cargo del MP.

Pero según la Usac se estaría programando una reunión del CSU el próximo miércoles, donde podrían ser analizadas las opciones que tiene la universidad para resolver los problemas y definir su representación ante la CC.

¿Repetir el proceso?

Las alternativas que tiene la Usac se resumen solo a dos, según las organizaciones que fiscalizaron el proceso de renovación de la CC, pero llegar a cualquiera de ellas no será nada fácil, principalmente por todo lo que generó su designación.

La investigación a cargo del MP contra el CSU es rechazada por 57 organizaciones sociales como un auténtico “hostigamiento”, según un comunicado divulgado en las redes sociales, debido a que esas indagaciones podrían vulnerar la autonomía universitaria e intimidar a los consejeros.

Pero José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), resaltó que el principal problema que generan los vacíos dentro de la Corte es la incertidumbre.

Según él, pareciera que se repite parte del problema que está afectando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que además de estar fuera de su periodo está incompleta y estima que se tiene que dejar de lado el apoyo o rechazo ha determinado candidato para que tan solo pesen los argumentos legales.

“Para dotar de certeza se debería de tener una resolución judicial, de carácter constitucional, porque la repetición de la elección sin una verificación constitucional pudiera alimentar esta falta de certeza, porque alguien podría presentar otra acción y eso pudiera seguir alargando esta situación, nosotros creemos que lo ideal para seguir con el proceso es que se tenga en firme una resolución”, señaló.

Repetir la designación sería lo peor, según Elvin Díaz, integrante de Alianza por las Reformas, quien califica de hostigamiento la investigación del MP contra los integrantes del CSU.

“Quisiéramos que se respete la autonomía universitaria, para que el CSU goce de total independencia en sus decisiones respecto de lo que corresponda con estos recursos; que el MP no interfiera en esas decisiones”, advirtió.

Por solicitud de la Comisión Pesquisidora que funciona en el Congreso de la República se solicitó un informe a la Corte de Constitucionalidad (CC) para conocer el estatus de Gloria Porras, designada por la Universidad de San Carlos para un nuevo periodo en el máximo tribunal, pero ella no fue juramentada el pasado 14 de abril por un amparo provisional que impidió el trámite.

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Lo anterior despertó dudas entre los congresistas que integran la mesa de trabajo y en su última reunión del pasado 26 de abril acordaron pedir la opinión de la propia CC, para saber si podían seguir desarrollando su trabajo o por el contrario, debían de remitir el expediente hacia el Organismo Judicial (OJ).

La Comisión acostumbra reunirse los lunes pero esta semana no fueron convocados, a pesar que el informe de la CC fue enviado el pasado 3 de mayo. La respuesta que dio Roberto Molina Barreto, presidente de la CC, a los diputados es clara: “No goza de antejuicio”.

El fundamento para dicha respuesta se encuentra respaldado en los artículos 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como en el 168 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, según cita el documento.

Que añade que los magistrados de la CC gozan de inmunidad, pero para tener dicha calidad se requiere que “el profesional designado debe ser juramentado y tomar posesión del cargo, situación que no ocurre con la profesional Gloria Patricia Porras Escobar, quien no fue juramentada y, por ende, no ha tomado posesión del cargo, por lo que actualmente no ostenta calidad de magistrada de esta Corte: de ahí que no goza de antejuicio”, cita el informe firmado por el magistrado Molina Barreto.

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Discutirán hasta el 10 de mayo

El diputado Mario Taracena, presidente de la Comisión Pesquisidora e integrante del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), confirmó que ya recibió el documento, pero dijo que no lo ha estudiado todavía y que será presentado hasta la sesión del próximo lunes.

No quiso adelantar ninguna opinión para no desobedecer las políticas de trabajo que estableció la Comisión, “no le puedo anticipar nada hasta que la Comisión no lo conozca, es un arreglo que hicimos de no adelantar nada hasta que no lo conozcamos, por respeto a los compañeros”, se excusó el congresista.

Por su parte Daisy Guzmán, Secretaria de la Pesquisidora e integrante del bloque oficial Vamos, dijo desconocer si la CC ya había entregado el documento y que en caso la respuesta oficial sea que Porras ya no tiene inmunidad, sería algo que tendrían que notificar al Pleno para acordar la vía legal a seguir.

MP con luz verde

Con la reciente aclaración que hace la CC, la Comisión Pesquisidora debe de centrar sus esfuerzos en el magistrado Francisco de Mata Vela, quien es el único de los dos denunciados que goza de inmunidad, según el informe.

Lo que implica que la denuncia contra Gloria Porras puede regresar al OJ para que gestión penal le asigne un juzgado, o bien los denunciantes pueden acudir nuevamente al MP para presentar una segunda denuncia que permita cualquier diligencia de investigación.

Según Alfredo Siekavizza, constitucionalista, ahora los agentes fiscales podrían solicitar una medida cautelar, como lo es un arraigo, hasta una orden de captura, si los indicios de la investigación así lo permiten.

“La causa contra la magistrada Porras de antejuicio ya no tienen ningún efecto, ella ya puede ser perseguida penalmente por esos delitos, el antejuicio ya no tiene razón de ser contra ella en este momento (…) la ley se aplica y el MP está a cargo de hacer cumplir la ley, para eso tiene la persecución penal, en este caso los delitos que se le imputan en antejuicio son de carácter penal, ya hasta podría solicitarse una orden de detención pero esto depende del proceso de investigación que siga el MP”, señaló.

La denuncia

En 2019, la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN) presentó un antejuicio en contra de los magistrados de la CC, Bonerje Mejía (quien falleció el 5 de septiembre de 2020), Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, luego de que estos otorgaran un amparo provisional en mayo de 2018 que impidió al Gobierno de Guatemala expulsar al embajador de Suecia, Anders Kompass, del país.

Semanas antes, la cancillería guatemalteca solicitó a Suecia que cambiara al embajador justificando que, en una actividad pública, Kompass se había referido a la sociedad guatemalteca como “corrupta”.

Las declaraciones del diplomático ocurrieron en una actividad pública el 11 de enero de 2018, cuando hacía pública una donación de 9 millones de dólares a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

“Es cierto que (decir que) la cultura es mala no es muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto. Ni tan poco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por eso es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas y disfuncionales y no la gente”, dijo Kompass en esa oportunidad.

Diversas organizaciones de sociedad civil y diputados de oposición cuestionaron a las autoridades de cancillería por malinterpretar de forma maliciosa las declaraciones del embajador, quien en diversas ocasiones manifestó su apoyo a la CICIG.

A criterio de la ADN, al otorgar el amparo provisional, los magistrados incurrieron en prevaricato, un delito que comete un juez que “a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”, según el artículo 462 del Código Penal.

La ADN argumentó que el fallo de los magistrados violó la Constitución y restringió las atribuciones que tiene el presidente de la República de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales.