Declararse insolvente en Guatemala: Qué harán los cargos claves que asistirán a los “jueces de quiebras”

El reglamento que permitirá aplicar la ley ya está en la última fase de revisión. Se prepara la designación de registrador, subregistrador y secretario para operativizar la ley y agilizar los procesos de insolvencia.

Ximena Fernández

27 de octubre de 2025 | 06:00h

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Registrador, subregistrador y secretario son puestos ya confirmados que se crearán para atender insolvencias. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Para atender los requerimientos de la Ley de Insolvencias, una vez sea aprobado su reglamento, se prevé la creación de tres puestos clave: registrador, subregistrador y secretario general. El registrador será responsable de inscribir a los administradores concursales, quienes actuarán como auxiliares de los jueces en los procesos de insolvencia y volverlos ágiles, según Lisardo Bolaños, coordinador técnico de la iniciativa Guatemala No Se Detiene.

Además, se pretende aprobar alrededor de dos docenas de nuevas plazas, según información del Ministerio de Economía (Mineco). Aunque aún no se conoce con certeza cuáles serán autorizadas, se contemplan cargos de directores, operadores y personal de apoyo.

La Ley de Insolvencias fue aprobada en el 2022; sin embargo, todavía no se ha logrado la validación del reglamento necesario para aplicar dicha ley en el país. Este reglamento abarca dos aspectos clave para su implementación adecuada: el registro y el tarifario de los administradores concursales. El registro operará dentro del Mineco.

Para lograr la creación de estos cargos, se deberá establecer el Registro de Procesos de Administradores Concursales. Esto se conseguirá mediante una reforma al reglamento orgánico interno del Mineco, lo cual, según Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales de esa cartera, se concretará antes de finalizar el año, con el apoyo de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Asimismo, se espera concretar y publicar el reglamento antes de que inicie el 2026, según Larios, quien agregó que esto dependerá de las verificaciones de la Secretaría General de la Presidencia.

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Qué hará cada cargo

Según el decreto 8-2022, de la ley de insolvencias, el registrador, subregistrador y secretarios tendrán las siguientes funciones: 

• Registrador de Procesos y Administradores Concursales: Será la máxima autoridad del Registro de Procesos y Administradores Concursales y tendrá fe pública registral.
  Deberá ser notario con al menos diez años de ejercicio profesional y será nombrado por el ministro de Economía por un periodo de seis años, prorrogable.
  Dado que la función principal del registrador será habilitar e inscribir al personal que participará en los procesos de insolvencia, un aspecto clave será definir los mecanismos para incentivar a abogados, economistas y administradores a convertirse en administradores concursales. “Ellos son clave para agilizar el proceso”, destacó Bolaños.

• Subregistrador de Procesos y Administradores Concursales: Este cargo asumirá las atribuciones que determine el reglamento de la Ley de Insolvencias y podrá sustituir al registrador en casos de falta o ausencia temporal que no excedan los dos meses.
  Al igual que el registrador, deberá contar con un mínimo de diez años de ejercicio profesional como notario y será designado por el ministro de Economía por un periodo de seis años.

• Secretario general del Registro y otros órganos: Su función principal será apoyar el correcto funcionamiento administrativo del registro. También velará porque los actos registrales, los asientos y los documentos electrónicos se realicen con integridad. Tendrá la facultad de emitir certificaciones y las demás atribuciones que se establezcan en el reglamento.
  El secretario será nombrado por el registrador y deberá haber ejercido como notario por lo menos ocho años, además de acreditar una experiencia mínima de cuatro años en entidades públicas.

Tanto el registrador como el subregistrador podrán ser removidos al finalizar su periodo o por ejercer otro empleo distinto al de su función, excepto la docencia. También podrán ser separados si se postulan a un cargo de elección popular, proporcionan información falsa o alterada, cometen actos ilícitos durante su gestión o incumplen las obligaciones establecidas en la ley o su reglamento.

Bolaños enfatizó que se trata de la creación de una nueva institución, lo que hace indispensable un proceso constante de capacitación. “Será necesario construir capacidades”, afirmó, y añadió que se requerirá personal con un perfil general, pero con conocimientos sólidos en derecho administrativo, ya que serán los responsables de desarrollar la entidad y dotarla de capacidad operativa durante sus primeros años.

Además, el registro debería implementarse con un enfoque digital, según Bolaños. A su criterio, en lugar de establecer una institución grande, se debería crear un registro ágil y moderno, en el que la digitalización sea un componente esencial.

Proceso del reglamento

El reglamento concluyó su paso por el Organismo Judicial (OJ), tras recibir dictamen favorable de esa institución. Con la aceptación del OJ, el Ministerio de Economía (Mineco) lo remitió a la Secretaría General de la Presidencia, entidad que también debe revisarlo antes de trasladarlo para su aprobación por parte del presidente Bernardo Arévalo.

Bolaños señaló que debe haber una coordinación directa con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y con la Secretaría General de la Presidencia, así como la realización de reuniones conjuntas para resolver observaciones y aclarar dudas. “Si el proceso se deja fluir de forma tradicional, puede tardar de seis meses a un año”, advirtió.

Para agilizar el procedimiento, Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales, explicó que se conformó una mesa técnica conjunta con la Secretaría General, con el objetivo de abordar aspectos de forma en la redacción del reglamento. “Una vez finalizado ese proceso, el reglamento estará listo para presentarlo al presidente para su aprobación”, destacó la funcionaria.

Larios afirmó que existe la intención y conciencia sobre la importancia de este asunto para avanzar de manera ágil: “Hemos tenido cercanía con la Secretaría General de la Presidencia, que ha mostrado apoyo para avanzar lo antes posible”.

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Siguientes pasos

Una vez aprobado el reglamento, el Ministerio de Economía (Mineco) deberá emitir un acuerdo de aranceles, que funcionará como marco regulatorio para las tasas de servicio del nuevo registro, según explicó Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales. Agregó que este trabajo ya está en proceso.

Asimismo, deberá iniciarse el funcionamiento de nuevas salas o juzgados, lo cual corresponde al Organismo Judicial (OJ). Sobre este punto, Larios indicó que durante junio se capacitó —en alianza con la Escuela de Estudios Judiciales del OJ y con apoyo del Banco Mundial— a jueces y magistrados que ejercen jurisdicción en esta materia.

La viceministra añadió que se tiene previsto continuar con estos procesos de formación, no solo dirigidos a jueces y magistrados, sino también a abogados interesados en casos de insolvencia.

Bolaños recordó que, según el artículo 10 de la Ley de Simplificación de Trámites, debe haber un periodo de 30 días antes de oficializar el reglamento, durante el cual se debe recibir retroalimentación pública. Además, es necesario garantizar la transparencia respecto de dónde estará disponible el documento. “Esto permitirá que los interesados aporten observaciones antes de su aprobación final”, afirmó el experto.

¡Casi 30 trámites! Floricultores piden al Maga acciones para bajar burocracia

Exportaciones de flores, plantas y ornamentales crecen 45% en 2025, aunque persisten obstáculos para importar variedades relacionadas con innovación genética.

Ana Lucía González

23 de octubre de 2025 | 06:00h

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En la empresa exportadora Sunfresh, la poscosecha, las rosas deben clasificarse por tamaño, grado de apertura y calidad: 40 cm, 50 cm y 60 cm, según el largo del tallo. (Foto Prensa Libre : Érick Ávila)

Guatemala ha logrado consolidar un nombre en los mercados internacionales por la calidad, el colorido y la belleza de sus flores y ornamentales. No obstante, el sector enfrenta un desafío: en los últimos cuatro años, las exportaciones de flores, follajes y plantas ornamentales se han mantenido sin mayor crecimiento, con un promedio anual de US$120 millones, según datos de Agexport.

Representantes del sector mencionan una serie de limitantes que golpean la competitividad e innovación, en medio de un mercado global volátil en gustos y preferencias. Algunos de estos obstáculos son los aranceles impuestos por los Estados Unidos desde abril de este año, las restricciones del Pacto Verde europeo, una infraestructura vial deteriorada, el aumento en costos de las navieras, falta de acceso a financiamiento y el estancamiento por la falta de incremento de tierras con riego tecnificado, entre otras.

A esta lista se añade la dificultad en innovación tecnológica, que se encuentra con dificultades de admisión de nuevas líneas genéticas para intercambio comercial internacional. Estos van desde largos trámites, hasta los costos.

En este punto, el presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Flores, Plantas y Ornamentales de Agexport, Miguel Gutiérrez, lamenta que el principal obstáculo hoy día es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). “A partir del actual gobierno, los trámites de importación de material genético vegetativo de países que cuentan con investigación, desarrollo e innovación, resultan prácticamente imposibles. Pasamos de dos a 27 requisitos para importar nuevo material, además del cobro de US$6 mil”, afirma.

Una limitante que preocupa a los agroexportadores, pues ha significado un cuello de botella en el mediano plazo que afecta en el empleo de miles de mujeres en el área rural, un grupo muy representativo en la productividad del sector.

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A pesar de los obstáculos, hay señales de recuperación. Durante el primer semestre del 2025 las flores, follajes y ornamentales registraron ingresos por exportaciones de US$78.1 millones, esto es un crecimiento del 45.6% respecto del mismo periodo del 2024.

MAGA: evalúan reducir costos

El director de Sanidad Vegetal del MAGA, Jorge Mario Gómez, tiene la función de proteger la salud de los cultivos y garantizar la seguridad fitosanitaria del país. Ante el señalamiento de Gutiérrez, sostiene que el cobro exacto es de US$6,250 y no es del actual gobierno, sino que tiene 18 años de existir.

Está regulado en el Acuerdo Ministerial 137-2007, que cobra US$31.25 (numeral 33) por permiso de importación, licencia o autorización de productos hidrobiológicos. Además, por la Ley de Sanidad Vegetal (Decreto 36-98, numerales 2 y 11) y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 745-99, cuando se trata de importación con análisis de riesgo, explica.

Esta ley tiene la observancia de fijar las bases para la prevención, diagnóstico, control y erradicación de las enfermedades y plagas de animales, vegetales, especies forestales e hidrobiológicos con el fin de evitar el ingreso al país de plagas exóticas, su diseminación y establecimiento.

“Además se cuenta con disposiciones administrativas internas del MAGA que establecen que los servicios no subsidiados deben ser cubiertos por los solicitantes, especialmente cuando se trata de productos de interés comercial”, indica Gómez. Reconoce, sin embargo, que es un estudio oneroso, por lo que confía en que las autoridades agilicen la publicación de una nueva tarifa de US$2,500 para que el sector tenga mayor facilidad de importar productos y ser más competitivos en la región.

En cuanto a la exportación, Gómez explica que desde el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA se encargan de emitir certificados fitosanitarios realizando inspecciones en campo o en el punto de salida, y diagnósticos de laboratorio para garantizar que los productos estén libres de plagas y enfermedades.

Considera que la Unión Aduanera entre Guatemala y El Salvador ha facilitado la libre movilización de productos, en donde nuestro país ha sido el más beneficiado, por ser mayor exportador de frutas, hortalizas y plantas ornamentales en la región.

Dos exportadoras con potencial

En Chimaltenango se encuentran dos de las principales fincas productoras y exportadoras de flores, Primarossa y Sunfresh Farms, las cuales cultivan principalmente rosas y otras variedades, en medio de un clima impredecible que va de cálido a frío, favorecida por suelos volcánicos y microclimas. Ambas cuentan con certificación Rainforest Alliance, que garantiza buenas prácticas ambientales y laborales, un requisito indispensable para acceder a los grandes compradores del norte.

En la finca Primarossa, miles de plantas crecen bajo un ambiente controlado de invernaderos que combinan precisión técnica y cuidado artesanal. Enormes estructuras de plástico resguardan miles de bolsas con plantas jóvenes que reciben condiciones ideales de crecimiento: riego exacto y constante, control de humedad, temperatura y monitoreo fitosanitario.

Desde 1995 Primarossa se ha especializado en este cultivo que hoy ofrece una serie de variedades de rosas en catálogo. Cuenta con 50 hectáreas y a lo largo del año emplea de 300 a 400 personas, la mayoría mujeres. “Nos favorece su participación por lo delicado del cultivo y la cosecha”, comenta Julián Muñoz, director general de la finca.
Los desafíos abundan. El clima, que viene con lluvias intensas hasta variaciones de calor, exigen una constante adaptación técnica, aunque asegura que el potencial del país es mayor, y que podría alcanzar hasta 5 mil hectáreas. “Falta inversión en infraestructura y apoyo financiero del gobierno. “Con préstamos o subsidios, el sector podría crecer más, tiene futuro”, asegura Muñoz.

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Sunfresh, arte y técnica en innovación

Fundada en 1998, Sunfresh Farms, se ha ganado un lugar en la producción internacional, compitiendo con los productores colombianos y ecuatorianos.
En los invernaderos, José Augusto Méndez, gerente de producción es responsable de lograr el equilibrio entre naturaleza y tecnología para que cada rosa alcance la longitud exacta que pide el mercado. “El tallo debe medir 55 centímetros y con una malla especial logramos que los botones crezcan rectos y firmes, con un diámetro de 4.5 centímetros”, explica.

La tecnología les permite crear microclimas que controlan humedad y temperatura, con equipo que se activa en forma automática cuando se eleva la humedad relativa en el ambiente.

“Exportamos más de 50 millones de tallos al año”, cuenta Lizzy Montero, gerente de mercadeo y ventas. “Trabajamos con más de 14 variedades y bouquets personalizados.
En 2023, Sunfresh fue reconocida como Mejor Exportador del Año por Innovación, gracias al desarrollo de nuevos estilos de bouquets que conquistaron nichos como los supermercados en Estados Unidos, además de incursionar en Canadá, Centroamérica y Japón.

Montero asegura que la floricultura no es una tarea sencilla en Guatemala. Enumera desafíos como un clima impredecible, altos costos de fertilizantes, infraestructura deficiente y los bloqueos de transporte que complican el acceso al aeropuerto. “El camino no es fácil, pero creemos en el potencial del país. Guatemala tiene microclimas únicos y una ubicación privilegiada. Estamos cerca de lograr que el mundo nos reconozca por la calidad de nuestras flores”, asegura.

Una producción con manos femeninas

Con una trayectoria de 38 años en el país, la Comisión de Plantas Ornamentales, Flores y Follajes de Agexport representa actualmente a 74 empresas productoras y exportadoras que mueven más de 300 especies y alrededor de 3 mil variedades.

Actualmente, el sector experimenta un crecimiento del 30% en el segundo semestre del 2025, a partir de la innovación tecnológica y la ampliación a nuevos mercados, con un potencial de exportación de hasta US$213 millones.

Los cinco principales mercados son: Estados Unidos (US $72 millones), Países Bajos (US $41 millones), El Salvador (US$10 millones), Honduras (US$5 millones) y Alemania (US$4 millones).

Es un sector que genera alrededor de 60 mil fuentes de trabajo estables, 15 mil empleos permanentes, de los cuales el 75% son mujeres del área rural. “Ofrece un modelo productivo que combina el uso de tecnología, biológicos, así como el trabajo manual femenino”, resalta Gutiérrez.

Un invernadero de floricultura requiere sistema de fertirriego computarizado, líneas de goteo microcompensadas, manejo de cortinas retráctiles y ventilación adecuada.

La productividad ha tenido un crecimiento sostenido con alrededor de 3,500 hectáreas distribuidas en la Costa Sur, zona central, oriente, el norte y el occidente del país.

Brigitte Obrock, coordinadora de la Comisión, detalla que el sector se compone de tres grupos: flores de corte, follajes (30%) y las plantas ornamentales (70%).

En cuanto a flores de corte, las principales áreas productoras son Quetzaltenango, San Juan Sacatepéquez, Chimaltenango y Sacatepéquez, aunque la variedad de microclimas favorece la producción a lo largo de todo el territorio, asegura Obrock.

Las rosas son el producto estrella, le siguen los claveles, las orquídeas y los lirios, pero es difícil obtener datos específicos por volumen de exportación de cada flor, que además de embellecer eventos importantes, dan respuesta a tres momentos clave del año: Día de San Valentín, Día de las Madres y Día de Muertos. Otros productos con alta demanda son los esquejes, follajes tropicales y plantas vivas.

Riego, un futuro prometedor

A pesar de que Guatemala tiene una riqueza en recursos hídricos, hay una tradición de mal manejo de riego tecnificado en las producción agrícola, y la falta de políticas de riego palpables desde 1950, indica Gutiérrez, a pesar de que el acceso al agua con tecnología es un pilar estratégico en el desarrollo agrícola y rural, expone. “Ciertamente, en este punto tenemos esperanza con el MAGA, pues lleva a cabo una reestructuración de sus programas de riego, que esperamos tenga impacto en la población”.

Jorge Solórzano es asesor del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del MAGA y experto en riego tecnificado. Explica que la Política Nacional de Riego 2024-2033 se enfoca en cuatro pilares básicos de trabajo: inversión, fortalecimiento institucional, gobernanza y medio ambiente.

“El riego es crucial para la agricultura, puesto que permite duplicar y hasta triplicar la producción de una cosecha al año, lo que mejora la seguridad alimentaria y la producción de excedentes, aunque esto varía según el tipo de cultivo”, comenta.

Al implementarse tecnología, como la fertirrigación, se regula la cantidad adecuada de agua, incrementa cantidad y calidad de la producción. Aunque existen varios tipos de riego, por gravedad, sistemas de bombeo o con aguas subterráneas, parte de los retos para los productores son los altos costos de inversión, los cuales pueden llegar hasta Q120 mil por hectárea, según el sistema.

Una de las técnicas que se implementan desde el MAGA es la conservación de suelos con zanjas de infiltración. Este sistema evita que el agua se pierda en ríos, lagos o el mar y promueve la agricultura regenerativa, al crear microorganismos benéficos en el suelo y su regeneración.

“La política nacional de riego prioriza el Corredor Seco, seguido del norte y sur del país. Vemos un futuro prometedor, debido a una política clara y el interés del gobierno de proveer estos sistemas a nivel nacional”, asegura Solórzano.

Por una transformación integral

El sector flores, al igual que otros sectores productivos del país, necesita avanzar, a pesar de las laceraciones que atraviesa que van desde los salarios, aranceles, infraestructura, certificaciones y más, indica Brigitte Obrock.

Mientras con el MAGA se buscan soluciones técnicas y políticas que apoyen al sector para potenciar al máximo su capacidad productiva, son conscientes de que el mundo avanza. Por lo tanto, ven la necesidad de una transformación integral basada en cuatro acciones clave: incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia en la producción; el desarrollo de nuevas variedades con valor agregado; la promoción de buenas prácticas agrícolas y sostenibilidad; y por último, la búsqueda constante de nuevos mercados y nichos especializados.

Resaltan también la necesidad de contar con una ley de innovación agrícola, la cual contribuiría a proteger derechos de propiedad intelectual a los obtentores de nuevas variedades vegetales, no solo para las plantas, sino para la agricultura. “El objetivo es incentivar la creación de nuevas variedades. Una legislación así permitiría que empresas y centros de innovación agrícola inviertan y operen en Guatemala, lo cual promovería la generación de tecnología e investigación”, plantea Obrock.
En cambio, Montero, de Sunfresh Farms, se enfoca en posicionar al país en el mapa mundial. “Las flores guatemaltecas no sólo conquistan mercados y corazones por su belleza, color o fragancia; detrás de cada tallo está el talento humano de su gente”, concluye.

Con información de Ximena Santiago.

Congreso: una oportunidad para abrir mercados

Agexport organiza la 4ta edición del Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores que se realizará este 28 de octubre en Santo Domingo del Cerro, Antigua Guatemala. Un espacio para conectar con alrededor de 300 participantes, 50 empresas exportadoras e importadores, productores y proveedores de una industria diversa, lo cual abre la posibilidad para generar nuevos contratos de exportación y fortalecer alianzas estratégicas.

El evento ofrece un amplio programa de conferencias técnicas en temas como control de plagas, irrigación, fertilización, inteligencia artificial en la agricultura, sostenibilidad y cambio climático. Además, giras de campo, exhibición y networking.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

Cómo podría Guatemala garantizar la energía para tener super ciudades inteligentes

El Summit de Energía Renovable abordará ciudades inteligentes e inversiones para atraer nuevas industrias con energía limpia.

Ximena Fernández

23 de octubre de 2025 | 06:00h

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Los territorios inteligentes son uno de los puntos que se tocará en SER 2026 (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Para que Guatemala pueda convertirse en un territorio inteligente, necesita energía. Durante el Summit de Energía Renovable 2026 (SER) se abordará cómo lograrlo de forma sostenible.

Actualmente, en Guatemala hay alrededor de siete municipios que buscan convertirse en territorios inteligentes, según comentó Julio Herrera, director ejecutivo de Red Ciudadana, durante una entrevista a Prensa Libre. Para alcanzar ese objetivo, los municipios necesitan datos y un punto que conecte todo el territorio, según comentó a Prensa Libre María Zaghi, comercializadora del CampusTec.

Para concretar este tipo de proyectos de conectividad, es necesario contar con energía. Así se expuso durante la presentación del SER, realizada el 22 de octubre, en la que se presentó el evento y los principales temas que se abordarán.

En el 2024, la matriz energética finalizó con 66% de generación renovable; sin embargo, la meta establecida en la política energética actual es alcanzar el 80%, externó Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager).

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No obstante, la demanda eléctrica ha crecido a pasos agigantados, el doble de lo que aumenta el Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, González afirmó que se requieren capacidades de generación superiores a las actuales: “Tenemos un país lleno de recursos naturales que nos permitirían seguir instalando generación nueva”.

González argumentó que es necesario contar con inversiones y estrategias para atender dos industrias: la generación y la transmisión. El 23 de abril del presente año se dieron a conocer las licitaciones para la PEG-5 y PET-3, proyectos enfocados en proveer energía al país durante los próximos 15 años. “Esperamos que sea una licitación donde el 50% de la adjudicación de energía sea renovable”, adujo González.

Los cinco puntos clave

Para seguir satisfaciendo las necesidades energéticas de la población, es necesario continuar con la construcción de más plantas generadoras y proyectos de transmisión. Para Alfonso González, debería apostarse por la energía renovable, ya que el país tiene capacidad suficiente para reducir las emisiones de CO₂ y contribuir al combate del cambio climático.

A partir de ello, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), mencionó durante la presentación del SER que se identificaron cinco puntos clave para posicionar a Guatemala como un referente energético.

Además de las ciudades inteligentes, se enfocarán en la transición energética; las megatendencias —entre ellas, la atracción de inversiones de nuevas industrias como la inteligencia artificial y los centros de datos—; la adaptación del país a la nueva demanda energética, y una hoja de ruta para avanzar en la generación de energía renovable.

Según González, si no se impulsa una mayor generación renovable, existe el riesgo de que la matriz se torne más térmica que renovable.

Desafíos para la PEG-5 y PET-3

Ante el rechazo del único oferente para la PET-3, Alfonso González urgió un nuevo proceso de licitación para redes de transmisión. Asimismo, propuso que se comience a plantear la próxima PEG-6 como una licitación que promueva una alta participación de energías renovables.

Para González, este proceso debe estar respaldado por un compromiso de las autoridades, que acompañen a los inversionistas y faciliten la instalación de líneas de transmisión en el interior del país: “Si el gobierno acompañara de una manera formal y estratégica el desarrollo y ejecución de estas inversiones, habría mayor facilidad para conseguir los derechos de paso, por ejemplo, que es uno de los grandes retos de las líneas de transmisión”.

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En cuanto a la PEG-5, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de la Ager, indicó que la participación empresarial conlleva un alto riesgo, especialmente desde el punto de conexión a las redes. Añadió que los supuestos de fuerza mayor actualmente solo consideran “desastres naturales”, por lo que, si un inversionista enfrenta un conflicto con una comunidad durante la construcción de una obra, este no aplicaría como causa de fuerza mayor.

“Por eso creemos que los inversionistas están evaluando muy cuidadosamente sus ofertas técnicas”, destacó Perdomo, quien indicó que estas se presentarán el 12 de febrero del próximo año.

Según González, se espera que durante este año se autoricen 60 proyectos solares de distintas escalas, y un número similar en el 2025.

El SER 2026

El Summit de Energía Renovable 2026 (SER) se celebrará el 5 de febrero de 2026, y en él se abordarán cinco temas centrales, entre los que se incluyen las ciudades inteligentes.

El evento tiene como objetivo posicionar a Guatemala como un referente energético en la región, fortalecer la confianza en el sector eléctrico, reafirmar la certeza jurídica y promover la generación de nueva energía.

Según Perdomo, se espera la participación de más de 500 asistentes, entre ellos funcionarios de gobierno, representantes de organismos internacionales, diplomáticos, empresarios, miembros de la banca, la academia y líderes de opinión.

“Eso es lo que queremos promover en el SER: dar a conocer hacia dónde va el mundo, porque el requerimiento de energía eléctrica no es solo en Guatemala, es mundial, y cada día la modernidad, la inteligencia artificial y la tecnología están requiriendo cantidades de energía mayores que antes”, afirmó Alfonso González.

Sin vuelos comerciales a Xela: Buscan reactivar mesa para subir categoría de aeródromo

El cierre de frecuencias de Tag Airlines dejó sin conexión aérea comercial a Quetzaltenango. Sectores piden reactivar mesa para concretar internacionalización del aeródromo con mejoras de seguridad y de equipo.

Ximena Fernández

22 de octubre de 2025 | 06:00h

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Tag Airlines suspendió la ruta Quetzaltenango-Guatemala por tiempo indefinido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

A partir del 1 de septiembre, Tag Airlines dejó de ofrecer vuelos de Guatemala a Quetzaltenango en el aeródromo de Los Altos, ubicado en Quetzaltenango. Según Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, esto podría deberse a la falta de equipo: “probablemente de aviones”, señaló García.

Fernando Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, indicó que el cierre de la ruta no está vinculado a un problema de infraestructura, sino a una decisión de la empresa privada.

Tras la salida de Tag, las personas que requieran viajar por vía aérea deberán hacerlo mediante vuelos privados, lo cual podría afectar la economía de los usuarios. Según García, un vuelo de Tag podía costar alrededor de US$200 ida y vuelta —lo que se traduce aproximadamente en Q1 mil 600—, mientras que los vuelos privados cuestan cerca de Q2 mil 500 solo por trayecto.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reconoció que Tag suspendió la ruta entre Guatemala y Quetzaltenango, aunque no se cerró de forma definitiva. No obstante, se desconoce cuánto tiempo estará suspendida la operación.

Por otro lado, Suriano aseguró que Tag no les comunicó una razón específica por la cual decidieron retirarse.

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¿Qué se debe mejorar?

Todas las aerolíneas evalúan la rentabilidad según el mercado, así como las condiciones y capacidades aeroportuarias para contar con operaciones seguras. Además, toman decisiones con base en estudios de mercado, evaluación de condiciones aeroportuarias y certeza legal y fiscal, según dio a conocer una fuente del sector a Prensa Libre.

A partir de ello, García mencionó que otras aerolíneas comerciales no se interesan por este mercado, ya que actualmente la pista permite una llegada limitada de 19 pasajeros por vuelo, aunque hay espacio para recibir aeronaves de hasta 60 pasajeros. “Está comprobado que el aeródromo podría recibir aviones de mayor capacidad. No obstante, tampoco contamos con el equipo adecuado”, argumentó García.

El equipo requerido para el aeródromo incluye una unidad de bomberos, que pueda cubrir emergencias o contingencias si fuera necesario.

Según Suriano, lo recomendable sería realizar reuniones con el sector privado. “Las mismas empresas nos han dicho que no hay suficiente demanda local”, afirmó el viceministro, quien recomendó generar una constancia de pasajeros entre el sector privado vinculado a los vuelos y el sector turístico.

Desde la perspectiva privada, para mejorar las condiciones del aeródromo, corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y al empresariado quetzalteco integrar una comisión o mesa técnica. “Como empresarios, no lo podemos hacer solos”, destacó García.

Internacionalización

En febrero del 2025 se puso en marcha un plan para categorizar formalmente al aeropuerto de Los Altos como internacional. La inauguración, según estimaciones, podría realizarse el 15 de diciembre del 2026. No obstante, García señaló que la última reunión se llevó a cabo hace tres o cuatro meses, por lo que el asunto no se ha abordado recientemente.

Para atraer a más aerolíneas y abrir vuelos comerciales, García advirtió que es necesario que el aeródromo esté certificado como internacional y que cuente con todos los requisitos establecidos por las instituciones internacionales que regulan la aeronáutica.

Según Suriano, se requieren elementos fundamentales para lograr esa categoría: bomberos aeronáuticos con el equipo correspondiente, la adquisición de una torre de control, fortalecimiento del recurso humano, así como seguridad, iluminación y equipamiento técnico.

Durante el 2025, según la DGAC, en entrevista con Prensa Libre en marzo del 2025, se buscaría trabajar en la confección de los términos de referencia y en la elaboración de las bases para las licitaciones de ciertos insumos, como la adquisición de una torre de control remota y una motobomba para los bomberos aeronáuticos. También se deberían realizar las definiciones aeronáuticas necesarias para la integración de las comunicaciones del área.

Asimismo, durante la misma entrevista, se mencionó que, este año, se llevaría a cabo la contratación del diseño y desarrollo del aeropuerto, así como la planificación y ejecución de los drenajes pluviales, además del diseño, planificación y construcción del sistema eléctrico completo.

“El atraso de los proyectos de energía repercute en precios altos”

Exministra del MEM Carmen Urízar advierte que las autoridades no pueden dejar solos a los desarrolladores de proyectos renovables para resolver los conflictos sociales que frenan las obras. Deben abordarse en conjunto, sugiere.

Ximena Santiago

21 de octubre de 2025 | 06:00h

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El proyecto solar Santo Tomás enfrenta oposición de grupos y no ha recibido la licencia de la alcaldía de Jalpatagua. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Cuando grupos dentro de una comunidad no permiten el avance de proyectos de energía que ya fueron adjudicados, el Estado no debería descargar toda la responsabilidad en el desarrollador privado del proyecto para que este se logre construir.

Esa es una de las preocupaciones que la exministra de Energía y Minas (2007-2008) y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE, (2012-2016), Carmen Urízar, conversó con Prensa Libre. La conversación se da en el contexto de los proyectos pendientes de la PEG-4 y en la antesala de la PEG-5, esta última, un histórico paquete de contratos por la dimensión de los proyectos.

“Eso creo que es otro de los desafíos que hoy estos proyectos PEG-4 están enfrentando, y que, justamente, ante las puertas de una licitación como la PEG-5 —que es una licitación realmente mayor para el país, la más grande que históricamente se va a desarrollar: más de 1,400 MW—, es por ello que las autoridades, el ministerio, la CNEE y las distribuidoras —que al final son quienes deben comprar esta energía—, pues están trabajando en que estas limitantes –de índole social, comunitaria y ambiental— se puedan resolver.

“Sin eso, creo que los retrasos en proyectos pueden ser muy negativos para el país, porque cada atraso que tenemos es energía que se va acumulando para atender el crecimiento económico, atender los objetivos de productividad y de competitividad que el país necesita” sentencia.

Este es un extracto de la conversación.

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Proyecto solar en Jalpatagua denuncia desinformación y presiones para frenar construcción

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¿Cómo percibe el avance de los proyectos adjudicados en la PEG-4 y sus desafíos?

La última, la PEG-4, fue una licitación relativamente pequeña —podríamos decir—: 235 MW. Ciertamente, se favoreció más a las renovables, lo cual fue muy bueno.

Pero lo que hemos visto es que, en los últimos años, la energía renovable está enfrentando retos importantes, sobre todo de carácter social. En el pasado, en el sector eléctrico, yo recuerdo que se hablaba mucho de riesgos operativos, riesgos técnicos, riesgos financieros… Riesgos que podían ser solucionados fácilmente, no solo con financiamiento, sino también con conocimiento.

Pero hoy, los riesgos que tienen las energías renovables creo que son preocupantes, porque se están enfocando más en los riesgos sociales, comunitarios y ambientales. Riesgos que ya no son tan fáciles de atender por parte de las autoridades ni por los mismos proyectos, y que requieren, realmente, intervenciones conjuntas.

No son riesgos que deban atenderse solo desde el lado público —léase, el gobierno—, y tampoco pueden atenderse de manera aislada solo por los desarrolladores de proyectos.

Es más, desde el 2007, cuando yo estuve en el Ministerio de Energía y Minas —de hecho, yo conformé el Viceministerio de Desarrollo Social, le llamamos en ese momento—, ya desde entonces el tema, incluso del convenio 169, que ha generado las consultas —que podríamos decir bien intencionadas—, a veces han llevado a que se conviertan en obstáculos. Porque son consultas que no solo tratan de identificar los temas que los proyectos deben atender, sino que a veces se han convertido, casi, en una autorización por parte de las comunidades.

¿Qué otros riesgos ve?

Creo que hay riesgos de carácter social, ambiental, comunitario, que deben atenderse de una manera, pues, ahora más novedosa. Porque, obviamente, hay una gobernanza en el país: el Viceministerio de Desarrollo Sostenible —que es parte del Ministerio de Energía y Minas—, y es a quien le compete toda la directriz de la política pública. El Ministerio de Ambiente, sin duda, pero hay una serie de otras instancias.

Y aquí hablo, por ejemplo, de las alcaldías, las municipalidades, que juegan un rol muy importante, no solo en ser aliados, sino también en ser facilitadores en muchos de estos proyectos de energía renovable.

Entonces, en esa gobernanza, no solo el Ejecutivo y los proyectos privados son importantes; hay un rol también para las municipalidades, las autoridades municipales, en convertirse en facilitadores. Y, sin duda, la parte de la comunidad, en donde se ha trabajado mucho en información, precisamente para que no haya una limitación a poder desarrollar los proyectos por desconocimiento.

Y, sin duda, ese atraso repercute en un precio alto. Cuando empezamos a ver que la electricidad aumenta, es precisamente porque se han conjugado una serie de elementos negativos que han retrasado la entrada de estos nuevos proyectos.

Desde el lado del Ejecutivo, es sumamente importante que las autoridades energéticas y ambientales trabajen de la mano. Y eso no es algo nuevo. De hecho, desde el 2007, cuando yo era ministra —en su momento, con la ministra de Ambiente que en ese entonces estaba a cargo de la cartera—, se hicieron esfuerzos por avanzar en una ventanilla única, precisamente para facilitar.

Sin embargo, como en muchos otros temas en el país, hay avances y luego hay retrocesos. Y sabemos que, lamentablemente, la tramitología en nuestro país es un desafío integral y transversal, y creo que lo sigue siendo. Creo que ese es un elemento en donde todavía los desarrolladores de proyectos resienten, y creo que se quisiera una mayor agilidad.

Ahora, hay que entender que, como Ambiente es una cartera transversal, obviamente hay una tramitología que hay que cumplir para todas las actividades del país. Por eso se habla de que, si el objetivo energético es una prioridad para que tengamos competitividad, que tengamos productividad, que el precio eléctrico baje, hay que pensar justamente en esa ventanilla única que pudiera agilizar y facilitar no solo la velocidad de los trámites, sino la cantidad de trámites que hay que realizar.  

Mencionaba el papel de las municipalidades y las autorizaciones. ¿Cómo evalúa actualmente el proceso de obtención de licencias de construcción para estos proyectos?

Creo que ha habido una discusión permanente por esa famosa autonomía municipal, que viene del Código Municipal y que le ha dado, obviamente, a los municipios esa autonomía a sus autoridades, no solo para autorizar los proyectos que consideran prioritarios de acuerdo con sus planes de desarrollo. Pero yo siempre —cuando fui ministra— decía: “Bueno, es que una cosa es la autonomía municipal y otra son los objetivos nacionales”.

Creo que es importante el respeto a esa autonomía municipal, pero esta está subordinada a objetivos nacionales que hay que cumplir. Y esa integralidad, entonces, significa que todos deben apuntar hacia lo mismo. A veces, hay muchas autorizaciones que se dilatan extremadamente. Hay discrecionalidad también en algunas municipalidades.

Y si el objetivo eléctrico, energético, realmente es un objetivo nacional —que es deseable para todos los guatemaltecos—, porque, repito, al final lo que todos queremos es que todo guatemalteco en el país tenga energía, que la tenga de manera confiable… Y confiable significa las 24 horas, no que tengan apagones. Y no apagones de minutos, sino de horas. Porque ninguna fábrica, por ejemplo, se va a instalar al interior del país si tiene apagones de cuatro horas, si tiene mala calidad.

Entonces, a todos nos conviene que haya energía confiable y que su suministro sea accesible al país. Hoy vemos cómo el Ministerio también tiene como un objetivo nacional la electrificación rural. Pero eso depende de que los proyectos se puedan hacer realidad, de que sea fácil ingresar, de que las comunidades permitan el establecimiento de los proyectos, que permitan el desarrollo de las infraestructuras de transmisión y distribución.

Entonces, es una cosa integral. No se puede hablar solo de lo deseable que es la energía renovable, de que aumentemos la diversificación de la matriz.

Respecto al desconocimiento y la falta de información, ¿qué acciones considera necesarias para evitar que este factor sea determinante en la aprobación de una licencia de construcción?

El tema de información, yo creo que también, ya por muchas décadas, tanto las autoridades como los desarrolladores han entendido que debe ser parte de los proyectos. El Ministerio de Energía, por eso, tiene un Viceministerio de Desarrollo Social, porque es parte de su labor esa transferencia de conocimiento, de información.

Si nos vamos por el lado del Ministerio de Ambiente, usted sabe que, justamente para lograr la autorización de un EIA, este va a requerir también que los desarrolladores hayan ofrecido información a las comunidades, a los pobladores del lugar donde se va a desarrollar el proyecto.

Las municipalidades también hacen lo suyo. Es decir, todo lo que hoy cae dentro de ese tema de responsabilidad social empresarial es parte de lo que hoy los gremios y las autoridades saben que deben desarrollar si quieren ser bien recibidos por la comunidad.

Es más, hoy usted oye a muchos desarrolladores hablar de la política del buen vecino. Si uno va a llegar a desarrollar un proyecto, pues quiere ser bien recibido por los vecinos, y eso implica dar información. Y creo que tanto las autoridades como los desarrolladores tienen hoy un protocolo, tienen la forma de llegar, de dar información que debe ser permanente. No solo debe ser en el desarrollo del proyecto.

Un proyecto tiene fases: desde que se empieza a gestar la parte de planificación, cuando se construye, cuando se opera y también cuando uno se retira. Y eso lo vemos en muchos proyectos.  Pero, aun así, lo que a veces en la práctica se ve es que las comunidades también, lamentablemente, son influenciadas por grupos de interés con otro tipo de agendas. Agendas de las que se benefician ellos.

Hoy ya no solo es importante tener financiamiento, tener el know-how técnico de cómo desarrollar una tecnología específica, sino tener profesionales que, en el área sociológica y de comunidad, estén en capacidad del diálogo y de llevar esa información.

Pero debemos ser muy sabios en identificar a esos grupos que, a veces, manipulan a la comunidad. Y, justamente, creo que hay que evidenciar ante la comunidad que esos no son objetivos legítimos que el país deba favorecer.

El robo de energía y todos estos temas tan negativos para el sector deben desaparecer. Y parte de eso es que la comunidad entienda que los grupos que favorecen todo eso no son legales, y no son objetivos que, en el largo plazo, van a hacer que el país esté mejor.

¿Cómo percibe el hecho de que se den de baja contratos antes de ser ejecutados? ¿Qué imagen está dando Guatemala en el caso de Río Hondo 2?

En el caso de ese proyecto —y que, fundamentalmente, fue por temas sociales—, yo creo que, definitivamente, cualquier proyecto que sea, no importa que sea Río Hondo o que hubiera sido otro, no son noticias buenas, ni internacional ni nacionalmente.

Como país y como guatemaltecos, yo creo que deberíamos sentirnos hasta tristes, porque son inversiones que toman riesgos, inversiones que han tratado de desarrollar proyectos justamente para atender necesidades que el país ha estructurado a través de su política energética, para lograr que todos tengamos electricidad.

Entonces, creo que son malas noticias. Y, justamente por ser malas noticias, creo que ninguno de nosotros quiere que se repliquen.

Aquí es donde la certeza jurídica es sumamente importante. Algo que vale la pena resaltar es que Guatemala, de hecho, en su sector eléctrico, sí ha sido un sector bastante desarrollador, que ha promovido la certeza jurídica, que trata de ver a futuro y de generar reglas claras.

Pero, sin duda, estos casos aislados no son nada positivos. Mi opinión es que no es deseable replicarlos, y eso implica atender lo que los ha motivado: esos desafíos sociales, comunitarios, municipales de los que hemos hablado, y que es donde, justamente, creo que la PEG-5 está teniendo esa fase de replanteamiento.

Creo que no es nada deseable —ni para los desarrolladores, ni para las autoridades, ni para el país— que, como usted dijo, proyectos se den de baja por las motivaciones que hemos conversado.

Cuando un proyecto realmente entra, yo creo que toda la intención es que se concrete, porque, cuando un proyecto se vuelve realidad, todos vamos a estar mejor: va a haber energía, energía asequible. Y ese es, realmente, el gran norte que el país ha tratado de seguir desde el 2007, con las políticas energéticas que se han ido diseñando.

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¿Qué riesgos existen si los contratos de la PEG-4 no logran cumplirse en los plazos establecidos?

El riesgo más importante es que se va a acumular más necesidad de energía para la PEG-5. Hablábamos de que la PEG-5 es la licitación más voluminosa que históricamente ha estructurado el país, y eso se debe a varias razones.

Por un lado, se están venciendo contratos anteriores que hay que sustituir. Pero, además, entre la PEG-3 y la PEG-4 hubo un plazo muy largo en que el país no realizó licitaciones. Entonces, se nos acumularon las necesidades.

Si viéramos al país como una empresa, cuando en una empresa a alguien se le olvida hacer las compras, luego hay que salir a comprar de emergencia. Y eso es muy negativo, porque uno no compra con la cabeza, sino que a veces hay que comprar con el corazón, porque hay que satisfacer rápidamente la demanda. Y a veces lo que hay no es lo más adecuado a lo que se había previsto.

Eso es lo que la PEG-4 —creo— y los retrasos en varios proyectos nos pueden ocasionar: arriesgar que en la PEG-5 haya una necesidad de volumen mayor y que tengamos que comprar no necesariamente lo que el país había previsto.

¿Cuáles son las acciones y en manos de quién están para atender estos desafíos?

Los desafíos, prácticamente, van enfocados en temas sociales. Es decir, cómo logramos que las comunidades no se opongan a los proyectos. Y eso significa reforzar los esfuerzos de información tanto del lado de las autoridades energéticas y ambientales como de los desarrolladores.

Pero hay temas que sí implican decisiones concretas, como los trámites. Ahí creo que hay mucho por hacer, tanto por parte del Ministerio de Energía, de la mano de Ambiente, como de otras entidades. Porque, cuando hablamos de Ambiente, estamos hablando también de otras instituciones que están dentro de esa cartera o vinculadas, como CONAP o INAB.

Hay un tema también, por ejemplo, con la SAT. Para los proyectos de energía renovable, recordemos que Guatemala tiene la Ley de Promoción de Energía Renovable, que realmente es una ley que descansa sobre incentivos tributarios que la SAT debe aprobar. Ahí también hay que repasar si hay algo por hacer: si los tiempos son los que deben ser o si pueden ser más expeditos.

El país tiene ya desde hace varios años identificada la ruta que debe seguir un proyecto. Este se activa con el EIA y luego debe pasar por otras instancias: CONAP, INAB, SAT, Ministerio de Energía.

No es un tema de reto solo para un ministro; es para muchos. Pero, repito, cuando hay un objetivo nacional —y por eso existen los gabinetes— debe haber integralidad en las decisiones, coordinación y, sobre todo, compromiso. Si los objetivos quieren cumplirse, entonces hay que trabajar para que todos tomen decisiones en una línea similar. No puede ser que uno vaya para un lado y otro retrase, porque entonces las cosas realmente se frustran.

El ministro de Energía tal vez puede querer y ser muy ágil, pero otra persona u otra instancia puede no tener claridad sobre eso. Entonces, creo que es integral; debe trabajarse desde muchos puntos de vista. Hay una coordinación público-privada que es fundamental, y el eje que va a lograr que todo el mundo trabaje en la misma línea es que se entienda que es un objetivo de nación. No es solo una política sectorial, sino que es deseable para todos.

Y aquí basta con ver lo que dice la Constitución: establece que la electricidad es algo de utilidad nacional, es un derecho humano.

¿Volar a Cobán? Empresas podrían instalar vuelos comerciales a Alta Verapaz

La construcción de una terminal aérea, el remozamiento de la pista y un nuevo muro perimetral permitirán habilitar viajes económicos hacia la capital. TAG y Mundo Maya Volando han mostrado interés en operar rutas.

Ximena Fernández

17 de octubre de 2025 | 18:00h

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Rutas comerciales podrían operar en el aeródromo de Cobán al mejorar la infraestructura. (Foto Prensa Libre: Cortesía DGAC)

A partir de las mejoras que se buscan en el aeródromo de Cobán —como la construcción de una terminal aérea, el remozamiento de la pista y la construcción de un muro perimetral—, dos empresas estarían interesadas en ofrecer vuelos comerciales entre Cobán y la capital. Esto, según Diego Fernández, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, quien reveló que las empresas serían Mundo Maya Volando y TAG.

“El potencial que un territorio como Alta Verapaz tiene para elevar su competitividad y desarrollarse en todo el ámbito de negocios es sumamente importante”, destacó Fernández. A pesar de ello, hay aerolíneas que no pueden operar directamente una ruta aérea, pues necesitan cumplir con regulaciones de seguridad y disponer de los espacios adecuados para aterrizaje y operación, según Fernández.

De enero a septiembre del 2025, se registraron 11 mil 849 pasajeros en el aeródromo, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Además, dicha terminal se encuentra en segundo o tercer lugar a nivel nacional en recepción de vuelos, según Fernández, quien asegura que, a partir de las mejoras, los pasajeros podrían aumentar entre 40% y 60%.

Estos trabajos son vitales para que nuevas aerolíneas vean en la terminal de Cobán una oportunidad para operar vuelos con más conexiones hacia el occidente, norte y altiplano del país, afirmó Eduardo Arriaza, planificador de proyectos del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

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Nuevos vuelos comerciales

Uno de los retos que enfrenta Cobán actualmente es la ausencia de vuelos comerciales. En su lugar, operan vuelos privados con boletos de alto costo, valuados entre Q1 mil 200 y Q1 mil 800 por un viaje hacia la capital, y entre Q2 mil y Q2 mil 500 por el regreso a Cobán, según Diego Fernández.

Los sectores de salud, turismo y negocios son los que más requieren transporte aéreo, indicó Fernández, quien explicó que este medio permitiría ahorrar hasta cinco horas de trayecto, ya que el vuelo dura alrededor de media hora. Por esta razón, se plantea como primer paso establecer una ruta entre Cobán y la capital.

No obstante, Arriaza mencionó que el objetivo es captar el interés del sector privado para abrir nuevas rutas desde Cobán hacia distintos aeródromos del país.

“Al momento de tener una empresa con vuelos comerciales, definitivamente los precios serían más bajos”, afirmó Fernández, quien señaló que actualmente las tarifas turísticas aumentan si se suma el traslado aéreo.

Según Fernández, el comercio y las inversiones han crecido en la región, lo que ha llevado a varias empresas a enviar a sus gerentes o personal hasta ese lugar, incrementando así la cantidad de pasajeros.

Asimismo, el sector salud también se ha visto afectado por la situación actual, pues en casos de emergencias médicas se debe recurrir al traslado aéreo de pacientes. A esto se le conoce como “vuelos ambulancia”, explicó Mynor González, encargado de aeródromos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien añadió que el aeródromo podría utilizarse para llevar pacientes hacia la capital.

¿Por qué se debe mejorar?

El turismo podría beneficiarse del mejoramiento del aeródromo de Cobán. Fernández lo comparó con un producto de calidad que debe exhibirse a los visitantes o turistas.

“Yo, como empresario del sector turístico, tengo alianzas con empresas que ofrecen vuelos. Eso me permite ir a vender mi destino turístico a otro país y ofrecer conectividad aérea”, afirmó Fernández, quien añadió que los visitantes también se beneficiarían, ya que ahorrarían tiempo y podrían conocer más lugares.

En el ámbito de negocios, el uso de transporte aéreo resulta esencial para que los empresarios puedan ir y volver en el mismo día, destacó González. Explicó que, en la actualidad, se pierde un día completo solo en el trayecto, sin contar el tiempo que se requiere para realizar gestiones en la región y luego emprender el retorno.

“Estamos interesados en mejorar las condiciones del aeródromo para que los visitantes cuenten con instalaciones dignas: que haya servicios sanitarios y lugares para sentarse cómodamente”, afirmó Arriaza.

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Las tres áreas de mejora

Para elevar la competitividad en el sector de Alta Verapaz, Fernández informó que se ejecutarán tres proyectos, los cuales, según González, contribuirán a brindar un mejor servicio a los pasajeros y a cumplir con los estándares necesarios de seguridad operacional. Las obras serán desarrolladas en conjunto por el sector privado, la DGAC, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el Inguat y con apoyo de la municipalidad de Cobán.

1. Construcción de un muro perimetral. Estará a cargo del sector privado y la municipalidad de Cobán, y tiene como objetivo cercar el área del aeródromo para garantizar seguridad perimetral y evitar el ingreso de personas, animales u objetos en zonas operativas. Esto permitirá mayor seguridad en las maniobras de aterrizaje y despegue. El presupuesto estimado es de Q850 mil solo en materiales de construcción.
   Fernández aseguró que la municipalidad colaborará con los permisos de obra y aportará la mano de obra, mientras que el sector privado donará los materiales.
2. Construcción de una terminal aérea. Este proyecto está bajo la responsabilidad del Inguat, que actualmente elabora los planos arquitectónicos. Dichos planos deberán ser aprobados por Segeplan para su incorporación al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con el fin de contratar posteriormente a la empresa ejecutora, en cumplimiento con las normas aeronáuticas.
   González advirtió que será necesario demoler el espacio existente para levantar la nueva estructura. Según Eduardo Arriaza, los trabajos preliminares incluirán demolición, construcción de muros, cubierta, losas, e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y especiales. Actualmente, el Inguat trabaja en la cuantificación y elaboración del presupuesto.
3. Remozamiento de la pista de aterrizaje. A cargo de la DGAC en coordinación con el CIV, este proyecto contempla la renovación de la cinta asfáltica y la señalización. Según González, continúan las gestiones con el CIV para definir los tiempos de ejecución y el presupuesto correspondiente.
   Por otro lado, Eduardo Arriaza comentó que el Inguat también se encargará de la remodelación del área de servicios para el personal operativo. “El personal operativo y administrativo debe contar con instalaciones dignas para poder hacer su trabajo”, afirmó. Añadió que se brinda apoyo en el remozamiento de espacios comunes, comedor, habitaciones y servicios sanitarios.

El proyecto, según Fernández, debería estar finalizado a finales del 2026, aunque esto dependerá de la construcción del muro perimetral, la adjudicación de la empresa que construirá la terminal aérea y la planificación relacionada con el remozamiento de la pista de aterrizaje y la señalización.

Además, Arriaza indicó que la nueva terminal podría estar terminada durante el primer cuatrimestre del 2027, tomando en cuenta los plazos de licitación y aprobación del equipo.

Guatemala podría tener nuevas rutas y una gran autoridad de transporte con el plan vial de KOICA

Las propuestas buscan ordenar el tránsito en 17 municipios con una autoridad única, nuevas rutas y un transporte integrado que conectaría más puntos en el área metropolitana.

Ximena Fernández

17 de octubre de 2025 | 06:00h

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El transporte público en Guatemala podría tener nueva autoridad metropolitana con tres opciones que propone el plan Koica, para conectar hasta a 17 municipios. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Plan Koica podría generar un transporte integrado, una nueva autoridad y nuevas rutas, según Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie.

El 26 de septiembre se entregó oficialmente el “Plan maestro de movilidad para el área metropolitana” —conocido también como Plan Koica— al Organismo Ejecutivo. El proyecto fue desarrollado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), junto con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Este plan buscará mitigar la congestión vehicular en los 17 municipios del área metropolitana, a partir de dos ejes: uno de infraestructura y otro de movilidad. En este último se plantean propuestas que buscarán crear una autoridad de transporte metropolitano para ordenar el tránsito en Guatemala.

Los 17 municipios son los siguientes: San Juan Sacatepéquez, San Raymundo, Chuarrancho, San Pedro Sacatepéquez, Mixco, Chinautla, San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, Villa Nueva, Ciudad de Guatemala, Palencia, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Amatitlán, Villa Canales y Fraijanes.

Si se cumple de forma efectiva, el tráfico en el área metropolitana podría mejorar, según Héctor Flores, gerente general de Emetra, quien destacó que el crecimiento urbano que han tenido tanto el municipio de Guatemala como los municipios aledaños refuerza la necesidad de una autoridad que articule la movilidad mediante coordinación interinstitucional.

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4 puntos que podrían cambiar con el Plan Koica

1. Conectar a 17 municipios

Los ciudadanos podrían contar con un nuevo sistema de transporte integrado que recorrería los 17 municipios del departamento de Guatemala, con el objetivo de mitigar la congestión vehicular en el área metropolitana. Este sistema tendría una alta capacidad operativa.

2. Autoridad de Transporte Metropolitano

Se busca la creación de una autoridad encargada del transporte público masivo municipios involucrados, según Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie.

Esta entidad definiría el diseño de nuevas rutas, así como los tiempos de llegada y salida del transporte público que conectará diversos sectores del área metropolitana.

“Es una de las piezas centrales de la construcción para un nuevo modelo de administración de la movilidad y el transporte. Estamos hablando de una necesidad urgente”, destacó Héctor Flores, gerente general de Emetra.

3. Rutas de metrobús y otros medios

Se establecerían nuevas rutas y estructuras para el transporte público, a partir de la autoridad propuesta. También se contempla ampliar las rutas existentes y desarrollar rutas alimentadoras, posiblemente mediante más unidades de Transmetro u otros vehículos similares, según De la Cruz. Añadió que la Anadie puede apoyar con la estructuración de proyectos, aunque enfatizó que este asunto es competencia municipal.

El plan Koica plantea algunas posibles rutas, como la extensión del Metrorriel hacia Palencia y Villa Nueva, y la conexión de líneas desde Mixco, el Obelisco y Santa Catarina Pinula con el Metrorriel. Estas rutas, sin embargo, son solo propuestas, aclaró la Anadie.

Actualmente, las líneas de transporte se organizan según las necesidades de cada municipio. Por ello, la nueva autoridad tendría la responsabilidad de proponer una visión integral que fomente la creación de rutas largas y cortas, con paradas estratégicas y conexiones con otros medios de transporte, explicó Flores.

4. Un mismo sistema de tarifas para todos los municipios

El plan contempla la implementación de un sistema tarifario unificado, que incluiría transbordos y centrales de transferencia. También se busca renovar la flota de transporte público mediante unidades eléctricas.

Flores considera que la autoridad propuesta debe encargarse de evaluar los recursos ya existentes en materia de transporte, con el fin de mejorar su eficiencia y lograr un funcionamiento efectivo del sistema, utilizando los insumos disponibles.

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¿Cómo debería ser la nueva autoridad de transporte?

La autoridad que rija el transporte público metropolitano debería contar con un alto grado de autonomía, tecnificación y con una planificación que trascienda los periodos de gobierno de cuatro años, según Fernándo Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Asimismo, debería establecer su propio régimen de servicio civil. “En Guatemala no tenemos una ley de servicio civil. La institucionalidad de este es demasiado débil, casi inexistente”, subrayó Suriano, quien añadió que es necesario incorporar elementos que obliguen a las municipalidades a vincularse al plan.

En cuanto a los recursos, Suriano enfatizó que la nueva autoridad debería tener autonomía financiera, de modo que el presupuesto se maneje de forma estable y constante, lo cual permitiría financiar obras, logística y personal técnico.

Para la creación de esta entidad, existen tres rutas legales posibles, según Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie, quien explicó que la duración del proceso dependerá del camino jurídico que se elija. “Nosotros ya analizamos posibles rutas legales; hay algunas a corto plazo y otras a mediano plazo”, indicó.

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• Creación por decreto: Esta sería la opción con mayor sustento legal. La autoridad se conformaría por una junta directiva integrada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y las municipalidades involucradas. Al establecerse mediante decreto, contaría con presupuesto propio y estructura organizativa.
  De acuerdo con Karla de la Cruz, subdirectora de Estructuración y Contratación de la Anadie, esta solución sería de mediano plazo, ya que debe pasar por el Congreso de la República.
  “En Guatemala hemos sido poco exitosos en crear instituciones sólidas”, señaló Fernándo Suriano, viceministro de Transporte del CIV, quien opinó que la institucionalidad debería establecerse por decreto y ser dirigida por una persona con amplio conocimiento de la Constitución Política de la República y del Código Municipal.
  Para Suriano, la entidad debería funcionar como una macroinstitución que abarque a todos los municipios involucrados en el plan de transporte.

• Coordinación por acuerdo gubernativo: Este mecanismo requiere el aval de las 17 municipalidades involucradas, del CIV y del Ministerio de Finanzas Públicas. Según De la Cruz, esta sería la vía más rápida, aunque no la más sólida en términos legales.
  Uno de los principales retos, según Suriano, radica en la regulación del uso del suelo. Por ello, considera necesario que la autoridad cuente con suficiente respaldo jurídico para declarar bienes privados como públicos, cuando sea necesario para el desarrollo del sistema.

• Nueva mancomunidad metropolitana: La tercera opción es la conformación de una mancomunidad del área metropolitana, a la cual el Congreso podría asignar presupuesto. Esta se enfocaría exclusivamente en la regulación del transporte dentro del departamento de Guatemala.
  Según Suriano, las mancomunidades pueden ser una vía operativa viable, aunque requieren de voluntad política por parte de todas las municipalidades. “Ahí creo que hay retos, porque hasta en temas de transporte y logística les ha costado ponerse de acuerdo”, señaló.

Esta autoridad tiene que superar una serie de obstáculos para poder llevarse a cabo, externó Suriano. En cuanto al marco jurídico, el viceministro destacó que debe crearse de manera sólida y que perdure en el tiempo. Por otro lado, mencionó el aspecto técnico, dentro del cual se debe buscar recurso humano especializado que trascienda un periodo de gobierno.

Como tercer punto, Suriano mencionó el reto financiero: cómo será financiada y cómo logrará la autonomía financiera necesaria. Además, el viceministro destacó el manejo político, y como último punto señaló el aspecto comunicacional, necesario para que la población comprenda qué es viable y qué debe cederse para alcanzar un bien común.

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La infraestructura

Anadie podría participar dentro del plan vial, afirmó De la Cruz.

Próximamente, se debería realizar una primera reunión a cargo del CIV para definir cómo se llevarán a cabo cada una de las obras —siendo estas dos circunvalaciones y tres vías radiales—. Estas últimas cuentan con el potencial para realizarse mediante alianzas público-privadas, destacó De la Cruz, quien externó que las circunvalaciones deberán ser implementadas por la nueva Dirección de Infraestructura Prioritaria (DIPP).

“Esos son los proyectos que nosotros podemos hacer —sobre los radiales—. Los tendríamos que llevar a factibilidad y visitarlos, pero este es un trabajo de todos, no solo de Anadie”, reafirmó De la Cruz.

Anadie depende de que el CIV solicite su participación en el proyecto. Al recibir la solicitud, se comenzaría con el análisis y el sometimiento al consejo para su priorización, según De la Cruz.

Si todo avanza a nivel nacional, De la Cruz afirmó que se podrían asignar los fondos y comenzar con las licitaciones en 2027: “Los estudios se licitarán el otro año, se priorizan los proyectos y, si el CIV los pide, se asignan los fondos”.

Turismo rural con sentido: cómo atraer al visitante que busca más que fotos

Grupos relacionados con el turismo rural dan cuenta de que el visitante que busca este tipo de destinos pernocta más, valora la cultura y paga un precio justo. Infraestructura, servicios y formalidad son retos.

Valeria Ruiz

16 de octubre de 2025 | 06:00h

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El Parque Ecológico Senderos de Alux, en Sacatepéquez, es uno de los espacios cercanos a la ciudad que permite una conexión diferente con la naturaleza. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos)

San Juan del Obispo, en Sacatepéquez, recibe al visitante con fachadas de colores y el ir y venir de artesanos que ofrecen vinos, jaleas y recetas que han pasado de generación en generación. No es casualidad que este poblado haya sido reconocido como “pueblo pintoresco”: allí, la gestión turística se organiza, regula su capacidad de carga y articula a vecinos y emprendedores para que el flujo de visitantes no erosione la vida local. El caso ilustra qué significa, en la práctica, hacer turismo rural.

En Guatemala, el turismo rural abarca toda actividad turística fuera de las grandes urbes. Es un paraguas amplio que incluye visitas a áreas naturales gestionadas por el sector público —como parques nacionales o municipales—, experiencias de turismo comunitario —cuando la comunidad es anfitriona y gestiona servicios como hospedaje, alimentación y guianza—, así como productos ofrecidos por propietarios privados —fincas, granjas, haciendas— que abren sus puertas al visitante.

Claire Dallies, directora de la Maestría en Turismo Sostenible en la Universidad del Valle de Guatemala, lo resume así: el turismo comunitario está dentro del turismo rural, y la diferencia clave está en “quién administra el territorio”.

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Más experiencias que multitudes

Las fuentes consultadas coinciden en que el auge reciente no solo se refleja en el volumen, sino también en la calidad de la experiencia.

Puntualmente, la presidenta de la Asociación Nacional de Turismo Rural y Comunitario (Asoturgua), Aura Figueroa, reporta un crecimiento cercano al 8% y, sobre todo, un cambio hacia un visitante que pernocta más, valora la cultura y paga un precio justo.

“No buscamos turismo masivo”, enfatiza. El objetivo es atraer a viajeros con mayor poder adquisitivo, capaces de dejar un impacto económico directo en la comunidad, por ejemplo, pagando por textiles originales o panes cuyo proceso completo merece retribución digna.

Dallies añade dos tendencias globales que favorecen al campo guatemalteco: la experiencialidad —cocinar con cocineras locales, aprender a tejer o a teñir con tintes naturales, cosechar y catar café, caminar con intérpretes locales— y el bienestar: “la naturaleza y el vínculo humano que ofrece el mundo rural ayudan a reducir el estrés y a regenerar relaciones con el entorno”.

Desde el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la asesora Lucila Pérez recuerda que los principales destinos turísticos del país, como Tikal o la cuenca del lago de Atitlán, se encuentran dentro de áreas protegidas. “Nuestro mandato es asegurar que el turismo sea compatible con la conservación”, explica. Para ello, el Conap ha creado instrumentos normativos y convenios con comunidades para que estas puedan participar de la actividad y beneficiarse con servicios como guianza, transporte, alimentación o alojamiento.

Modelos que funcionan

Pérez cita como ejemplo el parque nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo, en Petén. Allí, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Yaxhá reúne a más de 12 comunidades que ofrecen transporte terrestre y acuático, guía de naturaleza, venta de alimentos, elaboración de mermeladas e incluso alquiler de equipo para acampar y observar fauna. “Es un modelo de gestión turística de la mano con las comunidades y el gobierno”, asegura.

Figueroa, por su parte, destaca la experiencia de la red Viviente Verapaz, que estandariza servicios en Alta Verapaz, y la “Ruta Cobán”, que integra emprendimientos comunitarios en torno a la naturaleza y el café. Dallies agrega ejemplos como el corredor del bosque nuboso, los circuitos emergentes en San José Pinula o el aprovechamiento del flujo turístico en polos consolidados como Atitlán y Retalhuleu.

Para Diego Fernández, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport, el atractivo radica en que el visitante “busca vivir la esencia de la gastronomía, las artesanías y las tradiciones en origen”. Y enfatiza: “Si el 60% del país es rural, prácticamente toda Guatemala es potencial”.

Brechas de competitividad

El diagnóstico es compartido entre academia, sector privado, comunidades y autoridades.

En primer lugar, la infraestructura turística. “Es el reto número uno”, afirma Fernández, mientras Pérez reconoce que, en parques como Yaxhá, se han perdido contratos con tour operadores por lo difícil del acceso en temporada de lluvia.

Otro punto crítico es la capacidad de carga y la seguridad. Figueroa advierte que mejorar carreteras sin gestión puede dañar ecosistemas, como ocurrió en Semuc Champey, considera. Pérez insiste en que es clave regularizar a los guías para evitar accidentes y extravíos.

En cuanto a la tecnología y los medios de pago, Pérez señala la necesidad de implementar cobros en línea y estadísticas que permitan mejorar la gestión. Fernández subraya la baja conectividad digital en áreas rurales, que frena tanto la operación como la promoción. También pesa la falta de capital humano.

“Hay una brecha en hospitalidad, guianza e idiomas”, dice Dallies. Figueroa añade la falta de formación en administración y finanzas para que los emprendimientos sean sostenibles.

En materia de gobernanza, la ausencia de organizaciones gestoras de destino (OGD) reduce la coordinación entre actores. “Las alianzas con municipalidades y los consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes) son clave”, insiste Fernández.

Finalmente, el relevo generacional es otra preocupación. Asoturgua advierte que la migración y la falta de interés de los jóvenes amenazan la continuidad de oficios y proyectos turísticos.

Planes sobre la mesa

Desde el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el director de Desarrollo del Producto Turístico, Iván Azurdia, asegura que el país está diseñando un Plan de Turismo 2026-2036 con “una metodología participativa” que ONU Turismo ha decidido replicar en otras partes del mundo. “Empezando en las áreas rurales, en los departamentos más alejados, como Huehuetenango, Petén e Izabal, y recogiendo en talleres de cocreación las opiniones, quejas, sueños y propuestas de la ciudadanía”, explica.

El plan busca ser un documento de todo el sector turístico y no solo del Inguat, asegura, con indicadores medibles, revisiones periódicas y una transformación interna de la institución hacia un Inguat 2.0, digital y eficiente. “Tenemos que dejar de trabajar en montañas de papel y pasar a sistemas integrados, transparentes y consultables desde cualquier punto del país”, insiste Azurdia.

En el corto plazo, la entidad asegura que trabaja en 90 proyectos de inversión pública, que incluyen ciclovías, miradores, observatorios astronómicos y mejoras en sitios arqueológicos. Pero Azurdia es claro: “Sin carreteras, tratamiento de aguas residuales ni manejo de basura, no podemos hablar de turismo sostenible. Es como invitar a alguien a tu casa y recibirlo con goteras y sin ventanas”.

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Participación comunitaria

Lucila Pérez recuerda que el Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas, obliga al Conap a coordinar con el Inguat y el Ministerio de Cultura y Deportes para asegurar que el turismo sea compatible con la conservación que se persigue. Parte de esa labor es socializar normativas, establecer reglas claras para operadores y promover convenios con comunidades.

Un reto central es lograr que todos los guías en áreas protegidas se registren y cumplan la normativa. “Nuestro objetivo no es limitar la posibilidad de trabajo, sino garantizar seguridad y evitar impactos negativos”, señala.

Entre las acciones a corto plazo, el Conap prepara la Guía de viaje por las áreas protegidas de Guatemala, un catálogo de 63 destinos abiertos a la visita, con información sobre actividades, accesos, contactos y recomendaciones. “Queremos invitar al visitante nacional y extranjero a que nos apoye en la conservación al conocer y disfrutar de estas áreas”, explica Pérez.

Hoy, el turismo aporta entre el 5% y el 6% del PIB. ¿Podría llegar al 20% o al 30%? “Tal vez sí, y solo si se resuelven los problemas de conectividad, saneamiento y articulación estatal”, afirma Azurdia.

A nivel global, ONU Turismo registra que el 59% de los países prioriza el turismo rural y que el 96% proyecta un mejor futuro para este segmento. En el ámbito nacional, el Inguat anticipa 27.2 millones de viajes domésticos en el 2025, un caudal que podría alimentar circuitos rurales si se consolidan rutas y servicios.

Hoja de ruta

Entre los desafíos más importantes se encuentran la infraestructura vial, la capacitación, la promoción, el acceso a la tecnología e infraestructura turística básica.

Fernández menciona que las carreteras rurales están en mal estado. “Es poco el mantenimiento que se les da; si vemos las rutas nacionales o las priorizadas, hoy no están muy bien. Las carreteras que los llevan a conectar esta ruralidad con los centros urbanos son importantes; es necesario atenderlas y darles prioridad”, comenta.

A esto se suman los problemas de acceso a telecomunicaciones, internet, y servicios digitales y financieros en áreas lejanas. “Hay lugares donde no hay mucha señal telefónica y menos de internet; esto es importante para las personas que no pueden desconectarse al 100% y puedan seguir comunicadas”, explica Fernández.

Por otro lado, está la falta de estándares de calidad en la prestación de servicios en áreas rurales. Dallies afirma que la clave del turismo está en la calidad del servicio. “Podemos tener atractivos extraordinarios, infraestructura hotelera y restaurantes bonitos, pero si el servicio, es decir, la relación del anfitrión hacia el visitante, no es óptima, definitivamente el comentario no será positivo”, añade.

Otro desafío es la promoción. “Es un desafío fuerte, porque generalmente se publicitan los mismos lugares: Petén, Antigua Guatemala, Semuc Champey y el lago de Atitlán como los cuatro principales, y no se les da el mismo interés ni la misma cobertura para mostrar lo que tienen para el mundo otros destinos emergentes”, detalla Figueroa.

A esto se suma la baja calidad de la infraestructura turística básica. “Generalmente nos enfocamos en que el sendero esté bonito, transitable, que haya flora y fauna, pero esto conlleva una infraestructura que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, tener baños, pero que no contaminen; contar con buen manejo de desechos sólidos, que se pueda cumplir con esto para no contaminar el ambiente”, explica Figueroa.

Finalmente, la desarticulación del Estado. Azurdia señala que una de las grandes quejas es la falta de coordinación entre ministerios e instituciones de gobierno. “Hacemos planes y acciones aisladas, que no están conectadas”.

“Las alianzas son la fórmula para recorrer planes de 10 o 15 años”, insiste Fernández, de Agexport. Figueroa pide compromiso de las municipalidades y una publicidad bien dirigida; Dallies recomienda diagnosticar y planificar antes de promover; Pérez subraya que las comunidades son aliadas de la conservación, y Azurdia advierte que, sin inversión en infraestructura y coordinación estatal, el país seguirá perdiendo oportunidades.

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Opinión: Guatemala no necesita inventarse un relato turístico porque ya lo tiene

¿Y si el próximo gran motor económico de Guatemala estuviera en sus comunidades más pequeñas?

María Mercedes Ravanales

16 de octubre de 2025 | 05:59h

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Vista panorámica de San Cristobal El Alto, Alta Verapaz, un destino de turismo comunitairo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

En medio de volcanes, lagos, cafetales y tradiciones milenarias, se está gestando una revolución silenciosa: el turismo rural y comunitario.

Este segmento se vincula con paisajes agrícolas, actividades de naturaleza y formas de vida tradicionales. El comunitario, por su parte, es gestionado directamente por familias o asociaciones locales, donde el turismo complementa su actividad principal, como la agricultura o la artesanía. Ambos modelos promueven una conexión genuina entre el visitante y la comunidad, generan ingresos y fortalecen la identidad local.

De esa cuenta, el turismo rural y comunitario no es solo una alternativa turística: es una estrategia de país para generar empleo, fortalecer el tejido social, proteger el medioambiente y rescatar el orgullo cultural. En consecuencia, no se trata de un turismo de paso, sino de uno que transforma.

Este modelo turístico, más allá de dejar divisas, dignifica a las comunidades, ya que empodera a las comunidades anfitrionas, genera empleo, protege el medioambiente y fortalece el orgullo cultural. Reconoce que el alma de Guatemala está en sus pueblos, y que allí se encuentra también la oportunidad de desarrollo sostenible de la que tanto hemos hablado.

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El potencial que ya existe

Según el Plan Estratégico de Turismo Rural y Comunitario de Guatemala 2024-2028 (INGUAT), el 90% del turismo que se realiza en nuestro territorio ocurre en áreas rurales. Este dato, lejos de ser anecdótico, debería ser el punto de partida de una política de Estado, pues revela un potencial inmenso para convertir cada rincón del país en una experiencia inolvidable. ¿Por qué seguir concentrando la promoción en los destinos clásicos, si cada lugar tiene experiencias únicas por ofrecer?

Desde las fincas de café en Alta Verapaz hasta las tradiciones vivas de San Cristóbal El Alto, Guatemala está llena de tesoros aún invisibles al turismo masivo. Y lo que está en juego no es solo atraer visitantes, sino generar empleo digno, aliviar la presión en algunos destinos, frenar la migración, proteger el medioambiente y, sobre todo, devolver el orgullo cultural a quienes durante siglos lo han resguardado.

Mucho más que un viaje

El turismo rural se vincula con paisajes agrícolas y modos de vida tradicionales; el comunitario, con la gestión directa de familias o asociaciones locales. Ambos modelos generan una conexión genuina entre el visitante y la comunidad. No se trata de un souvenir, sino de compartir una cosmovisión, una forma de vivir y de resistir.

Como país, debemos asumir que este modelo no es una alternativa secundaria, sino una estrategia de desarrollo. ONU Turismo ya lo señala: el turismo rural es un catalizador para la agricultura, la cultura y la sostenibilidad. Y Guatemala no puede quedarse atrás.

Lo que ya está funcionando

No hablamos de teorías. Hay experiencias exitosas que inspiran:

• Rupalaj K’istalin, en Santiago Atitlán, donde se aprende sobre medicina ancestral y pesca tradicional.
• Pueblo Jardín San Cristóbal El Alto, con talleres de cocina, huertos y vistas espectaculares.
• MayaTrek, en Petén, que combina arqueología, caminatas y convivencia con comunidades mayas.

Cada ejemplo demuestra que cuando las comunidades son protagonistas, los resultados son tangibles: más ingresos, más cohesión social y más visitantes que regresan transformados.

Los retos

Por supuesto, no todo está resuelto. El turismo rural y comunitario necesita infraestructura, conectividad y promoción inteligente. Se requiere apoyo gubernamental real y un sector privado dispuesto a apostar por algo más que el beneficio inmediato.

También hacen falta créditos accesibles, capacitación del capital humano y plataformas de comercialización que posicionen estas experiencias en el mapa global.
Pero lo esencial ya está: comunidades dispuestas a abrir sus puertas y viajeros que buscan autenticidad, propósito y experiencias genuinas.

Los actores que lo hacen posible

Hablar de turismo rural y comunitario es también hablar de alianzas. Ningún esfuerzo aislado puede sostenerse sin la participación de múltiples actores. Las comunidades son el corazón del modelo: abren sus puertas, comparten sus tradiciones y muestran al visitante una forma distinta de ver el mundo. El gobierno tiene la responsabilidad de generar las condiciones básicas —infraestructura, promoción, políticas públicas— que garanticen que estas iniciativas prosperen.

El sector privado, por su parte, debe entender que su papel no se limita a ofrecer transporte u hospedaje, sino a integrar experiencias comunitarias en sus paquetes y apoyar su desarrollo. La cooperación internacional y las organizaciones sociales son aliados clave para aportar financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Solo si todos estos actores caminan juntos podremos hablar de un modelo sostenible que trascienda el discurso y se traduzca en resultados reales.

Estoy convencida de que Guatemala tiene en sus manos una oportunidad única. El turismo rural y comunitario puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible, identidad cultural y empoderamiento local. No es una moda ni un discurso bonito: es una necesidad urgente.

El país que heredemos dependerá de cómo hoy pongamos en valor a nuestras comunidades. Si seguimos viendo el turismo como una industria para unos pocos, perderemos la riqueza más grande que tenemos: la vida cotidiana de quienes mantienen vivas las tradiciones, los saberes y la tierra.

El futuro del turismo en Guatemala no está solo en los destinos tradicionales, los grandes hoteles ni en las postales repetidas. Está en los telares de Totonicapán, en los cafetales de Cobán, en las caminatas al amanecer en Huehuetenango, en la sonrisa de una niña que explica cómo su madre prepara el atol blanco.

Guatemala no necesita inventarse un relato turístico: ya lo tiene, y está en sus pueblos. El reto es decidir si lo apoyamos y lo convertimos en política de Estado, o si lo dejamos seguir creciendo de manera aislada, pese a los obstáculos.

El turismo rural y comunitario no es solo una opción. Es el futuro. Y ese futuro empieza hoy, en cada comunidad que decide abrir sus puertas y en cada visitante que elige viajar con sentido.

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5 ciberdelitos cuya redacción podría dejar impune a estafadores digitales, según expertos 

Experta en temas penales ve mala redacción y ambigüedades legales sobre inteligencia artificial en la Ley de Ciberseguridadd que se discute, y que podrían dejar impunes a estafadores digitales.

Ximena Fernández

14 de octubre de 2025 | 06:00h

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Ley de ciberseguridad podría dejar de lado la prevención civil. Para enmendarlo, es necesario contar con diálogos entre diferentes actores. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La apropiación de identidad ajena, la falsificación informática y el abuso de dispositivos son algunos de los ciberdelitos incluidos en la Ley de Ciberseguridad que no benefician del todo al usuario. Esta situación podría desembocar en la impunidad de ciertos delitos o generar confusión al momento de aplicar la norma, según Marta Paola de la Cruz Bianchi, directora legal de Novales Abogados.

La iniciativa 6347, conocida también como Ley de Ciberseguridad, recibió críticas después de haber superado la primera y segunda lectura en el pleno. Sin embargo, los expertos consideran que aún podría corregirse para mejorar la seguridad de todos.

Para lograr enmiendas y garantizar mayor protección a los usuarios guatemaltecos, es necesario que se promueva un diálogo entre el sector público, la academia y los actores privados. “Nadie va a pelear con la ciberseguridad. Pero es preocupante que, bajo su sombra, se estén creando una serie de instituciones nuevas y facultades cuestionables”, advirtió un especialista de un bufete que analizó la ley pero que prefirió no ser mencionado.

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Los cinco delitos mal tipificados

El principal problema en la tipificación de delitos contemplados en la iniciativa es la mala redacción y su desactualización frente a los avances tecnológicos actuales, según De la Cruz.

Para De la Cruz, los delitos incluidos en la ley fueron redactados de forma repetitiva, ambigua o sin considerar todos los casos posibles, lo que podría perjudicar a los ciudadanos que resulten vulnerados por delincuentes cibernéticos.

“Una cosa es que aparezca que esté vigente una norma y otra cosa es que pueda ser ejecutada de forma adecuada”, señala De la Cruz.

Entre los ciberdelitos contemplados en la ley, De la Cruz menciona cinco de especial importancia para la seguridad de los usuarios y cuya deficiente redacción podría generar perjuicios.

1. Apropiación de identidad ajena

Este delito sanciona la acción de suplantar la identidad de otra persona en internet. No obstante, no contempla las consecuencias jurídicas de los actos cometidos por el delincuente mientras usurpaba dicha identidad. Esto implica que, si una persona estafa a otra utilizando el nombre de alguien más, el único delito sancionable sería la suplantación, y no la estafa, ya que esta, al haberse cometido por medios digitales, no está tipificada en el Código Penal, según De la Cruz.

Para mejorar este artículo, es necesario ampliar su redacción e incluir las consecuencias derivadas de los delitos vinculados con la suplantación, como la estafa cibernética, destaca De la Cruz.

2. Falsificación informática

La redacción de este delito es limitada. De la Cruz señala que el artículo solo menciona los verbos “introducir, alterar, capturar, borrar o suprimir”, por lo que excluye nuevas formas de manipulación digital vinculadas con la evolución tecnológica, como el uso de inteligencia artificial.

“Si el delincuente realiza cualquier otro tipo de acción que no esté entre esos verbos, ya no podríamos incluirlo en el delito de falsificación informática”, argumenta De la Cruz. Esto significa que, si alguien es víctima de manipulación digital mediante otras formas, no podría denunciar formalmente el delito.

3. Ataque a la integridad de los sistemas informáticos

Este delito, según la iniciativa, solo contempla ciertas formas de acceso a sistemas de información, lo que excluye otros mecanismos posibles. En particular, no considera que estos ataques puedan ejecutarse mediante inteligencia artificial.

La abogada señala que este tipo de intrusión no necesariamente es cometido por personas físicas. Al no incluir a sistemas automatizados, el delito podría quedar impune.

4. Abuso de dispositivos

Este artículo repite en su mayor parte la redacción y los verbos del delito anterior, de fraude informático, lo que genera confusión al momento de aplicar la norma o investigar el caso, ya que no se distingue con claridad de qué delito se trata, señala De la Cruz.

Cada delito, según la experta, debería contar con verbos propios, redacción específica y formas claras de comisión, para evitar ambigüedades en su interpretación.

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5. Fraude informático

Este delito no está desarrollado ni adaptado a la realidad actual de las estafas digitales. Para la abogada, la normativa no ofrece una protección adecuada a las personas potencialmente afectadas, ya que necesita una actualización conforme a las necesidades de la población guatemalteca.

Asimismo, advierte que Guatemala carece de herramientas informáticas suficientes para llevar a cabo las investigaciones penales requeridas en este tipo de delitos.

Otros problemas

Por otra parte, la ley se enfoca principalmente en la seguridad nacional, lo que deja desprotegidos a los usuarios más vulnerables, como los niños, adultos mayores y pequeñas empresas. Sigfrido Lee, investigador asociado al CIEN, señala que las grandes compañías cuentan con recursos para contratar ciberseguridad privada, mientras que los sectores más frágiles necesitan una red de protección más amplia.

La seguridad nacional no equivale a la seguridad civil, explica Lee, quien advierte que, al asignar a una entidad militar la responsabilidad de dar seguimiento a los ciberdelitos, la protección no será abordada desde una perspectiva ciudadana.

Además, la ley no garantiza la protección de datos sensibles como la correspondencia, los documentos o cualquier comunicación digital. “Creo que es importantísimo que en cualquiera de estas dos situaciones, sea ciberseguridad o ciberdefensa, se respete esto”, subraya el especialista de una firma de abogados.

Este colaborador también advierte que los ataques cibernéticos, aunque puedan originarse fuera del país, pueden ejecutarse mediante infiltraciones en servidores locales. Esta situación podría ser utilizada como pretexto para acceder a dichos servidores con el fin de investigar, poniendo en riesgo información sensible.

Soluciones

Si estos problemas no se corrigen, los ciudadanos guatemaltecos tendrán una falsa sensación de protección. En su lugar, el analista advierte que el país contará únicamente con un ente investigador con amplias facultades, pero sin capacidad real de prevenir la comisión de delitos.

Un país inseguro implica la pérdida de inversiones que podrían traducirse en más y mejores empleos para la población. Lee señala que este será uno de los costos más altos, ya que los inversionistas no percibirán a Guatemala como un lugar con garantías mínimas de seguridad.

Ager: “alcaldes y Cocodes pueden ser héroes o tropiezo para sus comunidades”

Gremial de generación renovable llama a autoridades a cambiar “el sentido de urgencia” en las obras que tienen que ver con nueva energía. “Sin luz, no se puede hacer nada” dice.

Ximena Santiago

10 de octubre de 2025 | 10:26h

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La serie de contratos conocida como PEG-4 incluye proyectos con generación renovable, tanto eólica como solar. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Hay una relación directa entre la tramitología para obtener una licencia ambiental y el riesgo de no cubrir la demanda de energía que el país necesita.

De acuerdo con Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) un permiso que podría obtenerse en cuestión de 90 días se puede llevar de seis a ocho meses.

Su visión es que el Ejecutivo no cuenta con todos los recursos para poder agilizar los permisos, porque, por ejemplo, puede haber solo un responsable para atender 50 solicitudes de licencia.

Lea también: País necesita más energía para invertir y crecer

Este es un extracto de la conversación que González tuvo con el equipo de Prensa Libre y Guatevisión.   

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¿Cómo perciben el avance de las nuevas plantas generadoras incluidas en la PEG-4?

Desde la Ager, hemos estado viendo muy de fuera los proyectos de la PEG-4, ya que, de alguna u otra forma, no nos corresponde jugar un rol activo en el desarrollo de estos proyectos.

Lo que sí tenemos conocimiento es que algunos están todavía en la fase de permisos, desarrollo y otros que tienen cierto nivel de avance, con algún tropiezo en dicho avance, pero, en general, entendemos que el proceso de la PEG-4 y la entrada en operación de estas nuevas plantas va bien.

¿Cuáles son los desafíos para ejecutar proyectos de generación de energía?

En carne propia he vivido el desarrollo de los proyectos de generación renovable. Primero, no necesariamente es una falta de información, sino que muchas veces hay información con malas intenciones —para decirlo como es—, con intereses particulares. Y es ahí donde los desarrolladores tenemos que llegar con muchísima transparencia a ganarnos la confianza de los vecinos de un proyecto.

Al final, estas comunidades alrededor —o los vecinos— van comprendiendo que no hay ninguna mala voluntad en llegar a instalar un proyecto de generación en un lugar en particular, sino más bien una iniciativa de desarrollo no únicamente para el negocio como tal, sino también para los vecinos.

Las energías renovables tienen una particularidad, y es que nosotros no nos podemos inventar dónde poner los proyectos o escoger con mucha precisión dónde instalar uno, porque los proyectos se desarrollan donde está el recurso. Somos de las pocas industrias que verdaderamente vamos al interior del país a hacer desarrollo, a generar empleo, a que cambie el entorno alrededor de donde hay un proyecto.

Hay muchísimos ejemplos donde se ha agregado un gran valor alrededor de los proyectos de generación renovable. Ese es, digamos, como la primera parte.

Luego están las autoridades, que también se pueden convertir en héroes, llevando y apoyando estas iniciativas empresariales en sus municipios, que, a la vuelta, traen un retorno en impuestos para la alcaldía, tanto en licencias de construcción como en el IUSI (Impuesto Único Sobre Inmuebles).

Al mismo tiempo, son ingresos que se van transformando en la multiplicación de la economía, aunque sea en pequeña escala dentro del municipio. Así que las autoridades municipales o locales —incluyendo los Cocodes— se pueden convertir en grandes héroes desde sus comunidades, o se pueden convertir en grandes piedras de tropiezo.

¿Qué tan ágil es el proceso de licencias y permisos ambientales para que los proyectos puedan avanzar?

Es un calvario, esa es la palabra adecuada. Yo creo que no hay un desarrollo que no sufra la tramitología. Ahora, una licencia ambiental que podría obtenerse en cuestión de 90 días se puede llevar de seis a ocho meses.

Y aquí no solo hay que señalar, sino que, cuando vamos a explorar un poquito, también vemos que las entidades no tienen todos los recursos necesarios; el Ejecutivo no cuenta con todos los recursos para poder agilizar los permisos.

Entonces, resulta que hay un responsable para atender 50 solicitudes de licencia. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de resolverlo? Del ministerio mismo. Y sí, es un obstáculo, realmente, porque va pateando —literalmente— para atrás el inicio de obra de cualquier proyecto.

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Eso lo sufrimos no solo los generadores de energía renovable: es cualquier proyecto que se quiera hacer de infraestructura privada. Así que esa es una parte donde el sentido de urgencia y la agilidad deberían ser considerados dentro de las instituciones, de tal manera que no solo se piense en el trámite per se, sino también en el efecto que conlleva retrasar una obra.

En Guatemala tenemos un crecimiento de la demanda de consumo de energía eléctrica bien importante: crece el doble que el producto interno bruto. Cada día hay más demanda, y la capacidad que tenemos instalada es la que es.

La única manera de ir paleando el crecimiento de la demanda es instalando proyectos nuevos de generación. En la medida en que todos los permisos se atrasen más y no se les dé la agilidad que se les debe dar, corremos el riesgo de que nos llegue el agua a la nariz y regresemos a una época que la gente joven no conoció, pero en los 80 teníamos racionamientos de energía eléctrica.

Así que corremos el riesgo de llegar a esos extremos, y mucho tiene que ver con el tiempo que se tardan los permisos.

¿Qué riesgos existen si los proyectos no logran completarse en el tiempo previsto?

El riesgo más grave es el desabastecimiento de energía eléctrica, y ese es el que nos preocupa a todos. Hoy estamos en un mundo donde, verdaderamente, no se puede hacer nada si no tenemos energía eléctrica.

Si en Guatemala el PIB crece a razón de 3% a 3.5%, el consumo de energía eléctrica supera el 7% de crecimiento. Y si no instalamos más energía eléctrica, más generación, pues lo que va a pasar un día es que, como decimos coloquialmente los chapines, no hay luz.

Así que el riesgo no afecta únicamente a las grandes empresas, como a veces se piensa; esto es una cosa que nos va a pegar a todos los guatemaltecos. Las actividades más básicas se hacen con energía eléctrica, empezando por la educación, la salud… No se puede atender luz sin energía eléctrica. Miren los caos que han pasado en los hospitales públicos cuando se han quedado sin energía eléctrica.

¿Cuáles son las acciones necesarias para agilizar la construcción de nuevos proyectos de generación de energía?

La primera es la promoción de más procesos de licitación. Los procesos de licitación buscan atraer inversión nueva, nacional o internacional —no importa—, pero el proceso de licitación tiene que motivar la instalación de nuevas plantas de generación eléctrica.

Lo mismo pasa con la transmisión de energía: se debe motivar que se instalen nuevas redes de transmisión en todo el país. Si no ocurre, va a pasar lo mismo que con el tráfico en la ciudad: las líneas de transmisión se saturan y no llega el servicio con la calidad, el volumen o la cobertura que debe llegar.

Entonces, los procesos de licitación son bien importantes. Eso lo debe seguir promoviendo el Estado, y también debe seguir promoviendo que las distribuidoras los hagan de manera más frecuente.

La PEG-5 es bien relevante porque resulta ser el proceso de licitación más grande de la historia de Centroamérica. Estamos hablando de adjudicar 1,550 MW en un solo proceso.

Algunos opinamos que hubiera podido ser más fácil manejarlo en tres o cuatro procesos distintos. Así que, muy rápidamente, saliendo de la PEG-5, debe venir la PEG-6, aunque sea con un volumen de demanda mucho menor.

Y el acompañamiento de las autoridades en el desarrollo de los proyectos. Es decir, te adjudican una planta en algún lugar del interior y anda a ver cómo resolver los problemas comunitarios, sociales, de ausencia del Estado, con las municipalidades, las autoridades locales.

Por supuesto que es responsabilidad nuestra resolverlo, pero también del Estado. Si el Estado no participa activamente, en conjunto con nosotros, para resolver que los proyectos salgan adelante, el impacto lo va a sentir toda la población.

Autopartes, sector electrónico y semiconductores son la apuesta para atraer inversión a Guatemala

El país apuesta por fortalecer industrias existentes y atraer nuevos sectores, como alta tecnología y semiconductores.

Ximena Fernández

10 de octubre de 2025 | 06:00h

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Durante el panel participan funcionarios de gobierno y empresarios de la región, quienes comparten sus experiencias en atraer inversión. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Guatemala tiene una ubicación estratégica para integrarse en cadenas globales de valor, especialmente en el sector automotriz, destacó Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes de México, quien mencionó que el país puede aprovechar las oportunidades que ofrece el nearshoring. González indicó que el sector automotriz ha crecido 44% en cuatro años.

“Si se fortalece la infraestructura, la logística y la capacidad técnica, Guatemala puede convertirse en un socio regional clave dentro de la industria de autopartes”, afirmó González.

Esta conversación se llevó a cabo durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), realizado el 9 de octubre del 2025 y organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, en el que el panel conformado por Nery Ramos, presidente del Congreso de la República de Guatemala; Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía; Jessica Bedoya, fundadora de Lara Thon; Carlos Sánchez, director general de New World, y González, comentó sobre las oportunidades que tiene el país para atraer inversiones.

Durante el panel se mencionó que Yazaki demuestra que Guatemala es capaz de competir en dicho sector si existe una adecuada coordinación. Asimismo, se destacó que la disponibilidad de energía y la planificación industrial son claves para fortalecer la confianza de los inversionistas.

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Atraer mejores y mayores inversiones

Guatemala cuenta con un plan de atracción de inversiones, que contempla, a corto plazo, el fortalecimiento de industrias ya establecidas en el país, como la manufactura ligera, los alimentos procesados, los textiles y la industria de bebidas.

A mediano plazo, Valeria Prado, viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, destacó que se priorizarán los sectores electrónicos, los centros de servicios y el área de salud. A largo plazo, el objetivo es atraer a la industria de alta tecnología, la manufactura avanzada y los semiconductores.

Prado indicó que desde el Ministerio se ha impulsado una agenda de simplificación y digitalización de trámites, en coordinación con los sectores público y privado. En este marco, la viceministra resaltó que se realizan esfuerzos para crear una ventanilla única de comercio e inversión que permita ejecutar procesos de forma ágil y con interoperabilidad.

“Queremos no solo atraer nueva inversión, sino promover la reinversión y el empleo formal de calidad”, destacó la funcionaria, quien señaló que se espera una inversión extranjera directa que este año podría superar los US$1,800 millones. El plan es atraer industrias con mayor nivel de sofisticación, según Prado.

Retos

“No podemos seguir atrayendo solo el 1.6% frente al 3% de países más pequeños que el nuestro”, argumentó Nery Ramos, presidente del Congreso de la República de Guatemala.

Ramos indicó que la inversión extranjera directa representa una oportunidad para fortalecer los recursos del país. No obstante, advirtió que sin certeza jurídica, estabilidad política e instituciones sólidas, Guatemala no podrá atraer inversión.

Carlos Sánchez, director general de New World, señaló que es necesario contar con coordinación institucional, incentivos específicos e infraestructura logística eficiente, especialmente en los puertos.

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Guatemala se posiciona como un destino atractivo para la inversión extranjera, gracias a su entorno macroeconómico estable, fuerza laboral capacitada y matriz energética renovable, afirmó especialista.

Ximena Fernández

9 de octubre de 2025 | 16:48h

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Juan Esteban Sánchez, director de Invest Guatemala, aborda las siete claves para invertir en el país. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Talento humano, energía diversa y zonas económicas especiales son algunas de las principales razones por las que vale la pena invertir en Guatemala.

Juan Esteban Sánchez, director de Invest Guatemala, señala que la inversión extranjera directa es el medio para transformar el país. “Debemos seguir insistiendo en que tenemos que trabajar juntos para posicionar a Guatemala como un país que aprovecha las oportunidades”, afirmó Sánchez.

Así se destacó en un video presentado durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), realizado el 9 de octubre del 2025, y organizado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala.

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Las 7 razones para invertir

1. Entorno macroeconómico favorable para la inversión: El producto interno bruto (PIB) del país supera los US$280 mil millones. Asimismo, con un tamaño de mercado accesible que multiplica por 120 el de la economía guatemalteca. El país cuenta con una inflación mesurada y controlada, un tipo de cambio estable y una recaudación tributaria en crecimiento.
   El país también ha mejorado en las tres calificadoras de riesgo más reconocidas, lo que significa que está a un peldaño de alcanzar el grado de inversión.
2. Fuerza laboral: Actualmente, 11 millones de guatemaltecos integran la fuerza laboral, lo que permite aprovechar el bono demográfico.
   En cuanto al nivel educativo, el 20% cursa formación técnica, el 17% maestrías o doctorados, y el 10% carreras de ingeniería. Asimismo, en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), se capacitan 466 mil personas al año, con mentores especializados y maquinaria de última tecnología.
3. Matriz energética diversificada y compromiso con la sostenibilidad: Guatemala cuenta con 3 mil 500 megavatios de capacidad instalada, y más del 65% de su matriz energética proviene de fuentes renovables.
   “Estamos trabajando en mantener las tarifas más competitivas de la región, para lo cual se lanzaron procesos de licitación abierta para ampliar la generación y la infraestructura de transmisión”, se indicó en el video, según el cual las inversiones en conjunto superarán los US$5 mil millones.
4. Corazón logístico de América: Guatemala cuenta con dos aeropuertos internacionales, ocho aeródromos y tres puertos —dos en el Atlántico y uno en el Pacífico—. Además, dispone de doce aduanas terrestres que colindan con México, El Salvador y Honduras.
   La cercanía con Estados Unidos permite vuelos directos de tres horas. También se destaca que el 30% de la población en ese país comparte el mismo huso horario que Guatemala.
5. Zonas y desarrollo industrial: El país ha invertido en la construcción de parques industriales en la zona centro-sur, a lo que se suman una docena de zonas francas que funcionan como plataforma de exportación con régimen preferencial.
   En el video se indica que se busca la creación de una nueva ley de inversiones, con el fin de estandarizar y fortalecer los incentivos para atraer capital extranjero. “El mercado interno de Guatemala crece con un dinamismo espectacular, gracias al sistema de ciudades en las cuales se concentra hoy el 36% de la población y el 65% del PIB”.
6. Reglas claras y favorables para la inversión: Guatemala es considerada la democracia más sólida de Centroamérica, lo que implica reglas claras que brindan certeza a los inversionistas.
   En el país se trabaja de forma coordinada entre los sectores público y privado para fortalecer la gobernabilidad. El video señala que existen instancias en las que empresarios y funcionarios impulsan una visión de largo plazo, orientada al desarrollo.
7. Guatemala es un buen lugar para vivir: “Tenemos una ciudad pujante que crece a pasos agigantados”, se afirma en el video. Esta condición convierte a la metrópoli en la más grande de Centroamérica.
   El país ofrece a los inversionistas opciones modernas de vivienda y acceso a servicios médicos de primer nivel.

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A pesar de estos puntos positivos, Juan Esteban Sánchez menciona que es necesario mejorar en aspectos como la certeza jurídica, la infraestructura, una energía confiable, la cobertura digital y la ampliación de redes de transmisión.

Sánchez afirmó que actualmente ya se atiende a todas las empresas instaladas en el país que buscan crecer. “Hoy estamos ante una oportunidad histórica y decisiva: convertir a Guatemala en uno de los vecinos más atractivos para la inversión en América”, concluyó.

Proponen ventanilla única y más apoyo estatal para construir plantas y torres de energía

Sector pide reducir burocracia y brindar mayor acompañamiento estatal y municipal en proyectos adjudicados en el programa de contratos conocido como PEG-4. Digitalizar gestiones y especializar alcaldías son propuestas.

Valeria Ruiz

9 de octubre de 2025 | 06:00h

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El grupo de contratos de la PEG-4 se caracteriza por privilegiar fuentes renovables como hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas. En total participaron más de 15 empresas. (Fotoarte Prensa Libre: Freepik)

Simplificar y digitalizar los trámites, crear una ventanilla única para el sector Energía y fortalecer a los ministerios de Ambiente y Energía con personal técnico adicional para agilizar la evaluación ambiental son acciones críticas para que los próximos proyectos energéticos concluyan su etapa de construcción y entren en operación en el tiempo preestablecido. También se requiere mayor apoyo de las municipalidades, con trámites específicos para el sector.

Ese es el consenso entre actores —expertos y empresas— consultados en el marco de los proyectos de la cuarta licitación del Plan de Expansión de Generación (PEG-4). Se trata de contratos adjudicados desde el 2023, cuyas plantas deberán comenzar a operar entre el 2026 y el 2028, según la tecnología y el avance de cada obra. Fuentes como la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) estiman una inversión de US$400 millones en un proceso diseñado para asegurar 235 megavatios (MW) de nueva capacidad, con el objetivo de abastecer a las distribuidoras Energuate y EEGSA mediante contratos de hasta 15 años.

Este grupo de contratos se caracteriza por privilegiar, en alto porcentaje, fuentes renovables como hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas. En total participaron más de 15 empresas, que comprometieron cerca de 400 MW de nueva capacidad.

Sin embargo, tras la adjudicación, el panorama muestra avances desiguales. Algunos proyectos avanzan conforme al cronograma, mientras que otros enfrentan retrasos por trámites ambientales, ausencia de permisos municipales claros, conflictividad social y restricciones en la red de transmisión.

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Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas, indica que la mayoría de los proyectos de la PEG-4 “están en tiempo, especialmente los solares. Pero hoy se están yendo a modalidad híbrida. Una hidráulica pequeña está agregando paneles solares. Y esto dependerá de la visión que tenga el propietario: si le pone baterías o no le pone baterías”.

Ventanilla única y acompañamiento

Hay consenso en que una de las principales limitaciones para el desarrollo está en el área ambiental. Otto Armas, gerente de Proyectos de Enernova, explica que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) enfrenta una alta congestión de expedientes y carece de suficiente personal técnico para evaluarlos con rapidez. “Los estudios que presentan los inversionistas suelen ser muy completos, pero la institucionalidad no tiene capacidad suficiente para analizarlos con agilidad. Cada mes de retraso significa pérdidas económicas y riesgos para el Estado”, señala.

Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), considera que “muy rápidamente, saliendo de la PEG-5, debe de venir la PEG-6, aunque sea con un volumen de demanda mucho menor. Luego que el Ejecutivo nos apoye con una ventanilla única, por llamarla de alguna manera”.

Añade que esta ha sido una iniciativa “que hemos tenido durante muchos años: que haya una ventanilla única con expertos en energía eléctrica para resolver los temas ambientales y normativos por el lado del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Y esta unidad, digamos, muchas veces la excusa es el financiamiento o el presupuesto, pero eso se resuelve. Necesitamos mucha voluntad política”, señala.

Para González, también es clave el acompañamiento de las autoridades en el desarrollo de los proyectos. “Es decir, te adjudican una planta en algún lugar del interior y anda a ver cómo resuelves los problemas comunitarios, sociales, de ausencia del Estado, con las municipalidades, las autoridades locales. Por supuesto que es responsabilidad nuestra resolverlo, pero también del Estado”, indica. Y complementa: “Si el Estado no participa activamente en conjunto con nosotros para resolver que los proyectos salgan adelante, el impacto que tiene es sobre toda la población”.

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A esta saturación se suma la complejidad de cumplir con la normativa técnica de conexión al Sistema Nacional Interconectado (SIN), que exige pasos largos y poco claros. Según Armas, los tiempos de espera en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) son prolongados y la información no siempre está disponible.

Raúl Buscayrol, expresidente de la Cámara de Industria y representante de la gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica, recuerda que Guatemala acumula más de 4 mil trámites en distintas instituciones. En el caso de la energía, esto se traduce en una larga espera para licencias ambientales, permisos municipales y autorizaciones de conexión. “El problema no es solo el tiempo que se pierde, sino la discrecionalidad. Al no ser procesos digitales, transparentes ni trazables, se abre espacio a la subjetividad y, en algunos casos, a la corrupción”, advierte.

La consecuencia inmediata, señala, es que el país corre el riesgo de incumplir contratos. “Si se adjudican proyectos, pero no logran construirse por trabas burocráticas, terminaremos en arbitrajes internacionales. Eso echaría por la borda la certeza jurídica que históricamente ha distinguido al sector eléctrico guatemalteco”.

Beatriz Lara, gerente regional de Energía de Progreso, considera que la gestión social debe verse como un componente estructural de los proyectos. “No basta con cumplir trámites. El gobierno debe acompañar a los inversionistas en el diálogo con comunidades, porque estos proyectos son para el bien del país y no pueden quedar atrapados en disputas locales”, afirma.

Según la ejecutiva, las municipalidades juegan un papel crucial, al conocer las necesidades de cada territorio, pero requieren apoyo del Estado para transmitir con claridad los beneficios.

Socializar y especialización municipal

Otro obstáculo señalado por los desarrolladores es que muchas municipalidades carecen de normativa específica para obras eléctricas y aplican criterios de construcción civil a proyectos que, en su mayoría, son mecánicos o eléctricos. Esto, explica Armas, deriva en la creación de figuras administrativas improvisadas que encarecen los proyectos y alargan los cronogramas.

“Se idean licencias de construcción sin una métrica congruente, lo que genera costos adicionales y atrasos”, sostiene. En algunos casos, la falta de información ha llegado al punto de atribuir a las plantas solares impactos en la agricultura o en la disponibilidad de agua.

Ante este panorama, Buscayrol propone digitalizar y simplificar los trámites, de modo que sean transparentes, trazables y objetivos. Lara, por su parte, enfatiza la necesidad de acompañar a los inversionistas en la gestión social, con un rol más activo del Estado en la construcción de consensos.

Armas llama a fortalecer la capacidad técnica del MARN y de la CNEE para evaluar expedientes con mayor agilidad, además de reformar las normativas municipales y capacitar a los gobiernos locales en asuntos energéticos.

Para Lara, no se puede dejar de lado la infraestructura para transmisión y transporte de energía. Compara la situación con una autopista que no está lista para recibir el tráfico: “Podemos tener plantas listas para operar, pero si no hay líneas de transmisión suficientes, la energía se quedará estancada”. La inversión en infraestructura de transporte eléctrico, advierten los expertos, debe avanzar en paralelo con la nueva generación para evitar cuellos de botella que frenen el desarrollo.

Para Castro, el tema de la educación al llegar a las comunidades es “fundamental”. “Si usted llega a una comunidad, primero hay que buscar amistad. En San Mateo Ixtatán hay un ejemplo claro de que comenzaron a trabajar y la comunidad los sacó. Después le pusieron una demanda al Estado y el Estado tiene que pagar una millonada.

“Por ejemplo, hay una subestación en Camotán que tiene tres años de estar construida y no se puede energizar porque falta un tramo de cinco kilómetros por ahí. La gente no deja pasar la línea. El problema es para el país porque, a la larga, esa subestación, al terminar la concesión que tiene la empresa, esos activos pasan a poder del Estado de Guatemala”, ejemplifica.

Según Castro, de los 16 contratos hay uno que ya no existe: el del proyecto Río Hondo 2. “Este proyecto no caminó y está fuera. Nos quedan 15 proyectos. De esos, 12 son nuevos y están teniendo ampliaciones; se están volviendo modalidad híbrida. Si eran plantas que generaban con combustible fósil, les agregan paneles solares; entonces tienen la modalidad híbrida y pueden optar a un contrato más largo”, indica.

El caso más crítico es el de Río Hondo, según informó, ya que no suscribió el contrato y perdió la garantía que había presentado para respaldar su oferta. Esto implica que este proyecto ya no sigue adelante, porque sin contrato firmado no hay obligación de construir ni derecho de vender la energía adjudicada.

“Si seguimos a este ritmo, nos podemos quedar sin energía eléctrica para atender la demanda del país, y eso sería desastroso. Venimos de una época en la que podíamos hasta exportar energía eléctrica al resto de países de Centroamérica. Actualmente, tenemos una falta de educación, comunicación y socialización de estos temas, y hay mucho por hacer. Hoy la demanda se acerca peligrosamente a la oferta y, si no se agilizan los proyectos, Guatemala podría quedarse sin energía suficiente para atender la demanda del país”, advierte Buscayrol.

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Proyecto solar en Jalpatagua denuncia desinformación y presiones para frenar construcción

Pese a tener licencias ambientales vigentes, alcaldía del municipio de Jutiapa no ha dado los pasos para que la obra avance, aduciendo oposición de grupos de pobladores. Empresa valora desviar inversión a otra región del país.

la Redacción

9 de octubre de 2025 | 06:00h

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El proyecto Santo Tomás se plantea como una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia máxima de 100 MW para inyectarse al Sistema Nacional Interconectado. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El proyecto solar Santo Tomás es una de las 11 plantas nuevas de generación de energía licitadas en el 2023 para la PEG-4.

De acuerdo con un comunicado de Solar El Progreso, responsable del desarrollo de la obra, “algunos actores sociales y políticos han manipulado la información y difundido desinformación sobre el proyecto, motivados por intereses ajenos al bienestar comunitario, generando tensión en la zona. Pese a ello, la mayoría de los líderes comunitarios y varios concejales municipales han expresado su respaldo al proyecto, reconociendo sus beneficios en empleo, desarrollo económico, educación y sostenibilidad ambiental, aunque muchos prefieren no hacerlo público, por temor a represalias y presiones locales”.

El proyecto Santo Tomás se plantea como una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia máxima de 100 MW para inyectarse al Sistema Nacional Interconectado. Estará ubicada en el kilómetro 98.5 de la carretera a El Salvador, en Jalpatagua, Jutiapa, donde se instalarán 255 mil 556 paneles solares.

Según la resolución CRIE-31-2024, emitida por la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), que aprueba la conexión del proyecto a la Red de Transmisión Regional (RTR) de Guatemala, este ya cuenta con licencias ambientales tanto para la planta solar Santo Tomás como para la línea de transmisión y la subestación Santo Tomás. Dichas licencias vencen el 30 de mayo del 2026 y el 26 de enero del 2026, respectivamente.

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Pese a que se otorgaron las licencias respectivas, además de que no se han otorgado los permisos municipales pertinentes, “representantes de la empresa han sido objeto de presiones indebidas, las cuales han sido documentadas y denunciadas ante las autoridades competentes”, continúa el comunicado.

Posturas

Armando Vásquez, alcalde de Jalpatagua, afirmó a Prensa Libre que este proyecto ya se lo habían propuesto al jefe edil anterior. “Al parecer, por algunas circunstancias no lograron llegar a ningún acuerdo. Creo que se manejó mal la información con las comunidades”, indicó.

Según el actual jefe edil, existe cierto “temor”, porque se ha difundido la idea de que los paneles solares pueden ocasionar “que el municipio sea más caluroso” o que les “quiten espacio a los agricultores”. “A ellos les habían dicho que, si pasaba un pájaro encima de los paneles solares, se quedaba pegado, o que, si había ganado alrededor, se iba a morir; y nos fuimos dando cuenta de que no era así”, dijo Vásquez.

El alcalde aseguró que este asunto se ha tratado en reuniones con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Según Fernando Castro, viceministro de Energía y Minas encargado del área energética, si se busca avanzar, habrá que esperar un cambio de autoridades o en la mentalidad de la población.

Vásquez, en cambio, sostuvo que “la decisión radica exclusivamente en lograr consensos con las comunidades”.

Proyecto: “Sí hay dialogo”

El comunicado del Proyecto Santo Tomás afirma: “Se ha implementado desde 2019 un proceso sostenido, transparente y participativo de información y diálogo con las comunidades del área de influencia, en cumplimiento de la normativa nacional y los principios de responsabilidad y respeto que guían nuestras operaciones”.

“A lo largo de estos años, la empresa ha llevado a cabo talleres, reuniones, entrevistas y asambleas comunitarias con los Cocodes de las comunidades de San Francisco, Tierra Blanca, El Retozadero y El Aceituno, así como presentaciones ante el Concejo Municipal de Jalpatagua y visitas de intercambio a proyectos solares en operación, con participación de autoridades locales y comunitarias”, añade el texto.

Indica que “esto ha permitido brindar información técnica y ambiental, atender inquietudes y fortalecer la confianza con los vecinos, reafirmando el compromiso de Solar El Progreso con el desarrollo local, la educación, la agricultura familiar y la protección ambiental”.

Consultado al respecto, Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), explicó: “El alcalde, en nuestros municipios, juega un rol bien importante, y en muchos casos es a quien la gente le hace caso. Entonces, si el alcalde es proactivo y se vuelve un promotor de fuentes de trabajo, de proyectos de responsabilidad social empresarial, va a ser héroe de su comunidad. Pero si se vuelve una piedra de tropiezo con el simple hecho de no hacer algo para que el proyecto salga adelante, pues las cosas van a seguir como están”.

Castro declaró, por su parte: “El alcalde había dicho que sí. Luego, el Concejo Municipal dijo que no. En este caso, pesa más el Concejo”.

Pero el comunicado en mención advierte de que, “si no se permite el desarrollo del proyecto en Jalpatagua, la empresa trasladará su inversión a otra región del país, llevando con ella el empleo y desarrollo que este proyecto representa, y deducirá las responsabilidades legales correspondientes frente a quienes obstaculicen un proyecto que cumple con todos los requisitos técnicos, sociales y ambientales establecidos por la ley.

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Proponen agilizar 10 trámites para negocios de alimentos, medicinas y cosméticos 

El MAGA, MSPAS y MARN son las tres carteras priorizadas para corregir la barrera de trámites del Estado que tienen que ver con la facilitación del comercio.

Ana Lucía González

2 de octubre de 2025 | 06:00h

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Analistas señalan la importancia de medir los procesos en el sector público para saber si se avanza y evitar acciones aisladas, pese a que se han digitalizado más de 900 trámites. (Foto Prensa Libre: Freepik)l

Hace seis meses, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el Informe de Estimación Nacional de Comercio 2025, sobre barreras al comercio exterior. El documento identificó una serie de obstáculos a la inversión en múltiples socios, entre estos, Guatemala, en el que señala una serie de barreras no arancelarias relacionadas con las licitaciones públicas, regulaciones técnicas, fitosanitarias, aduaneras, de propiedad intelectual, y otros procesos burocráticos que obstaculizan la inversión estadounidense en el país.  

El informe fue uno de los argumentos del presidente Donald Trump para imponer barreras arancelarias del 10% a Guatemala, lo cual ha presionado al país al gobierno a apresurarse para enmendar este rezago. 

Las fallas comienzan desde trámites largos en la importación, barreras en el comercio, compras del sector público, propiedad intelectual, servicios, inversión, derechos laborales y otras que fueron identificadas por el USTR. En respuesta, la ministra de Economía, Gabriela García, reconoció estas barreras “no arancelarias” y ofreció avances en el corto plazo.  

Las tres carteras identificadas con alta prioridad para corregir estas barreras técnicas, con trámites largos y engorrosos, fueron el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Ambiente (MARN). Sin embargo, el rezago alcanza también al Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sin excluir a casi todo el Ejecutivo, municipalidades y demás instituciones del Estado que atraviesan la misma problemática.  

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Ana Isabel Antillón, líder de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, resume la situación con este ejemplo: “En el MSPAS te piden completar un formulario en Google, pero tienes que convertirlo a PDF, lo imprimes y luego se entrega en ventanilla, ¿de qué sirve la tecnología entonces?”, cuestiona. 

Sigfrido Lee, analista del Cien, subraya la importancia de medir los procesos para saber si se avanza y evitar acciones aisladas que no cambian el resultado total. Destaca la digitalización como una herramienta crucial para transparentar, agilizar y hacer accesibles los procesos, eliminando excusas para la informalidad. “La digitalización debe ir acompañada de una transformación”, aclara.

La queja del principal socio comercial del país ha puesto sobre la mesa la importancia de una discusión postergada en un eje básico de la transformación digital: trámites que no se simplifican. Analistas, funcionarios de gobierno y sector privado, exponen sus puntos de vista y plantean soluciones para una problemática difícil de cuantificar en tiempos y costos, pero con el objetivo común de concretar una meta trazada hace más de una década: una Nación 100% digital.

Trámites, un eslabón básico 

De acuerdo con el documento “El fin del trámite eterno”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2018, el trámite es la unidad más pequeña de la política pública. Desde obtener una partida de nacimiento, registrar una propiedad o abrir un negocio, es lo que conecta a los ciudadanos y a las empresas con su gobierno. La agilidad de los mismos tiene un impacto positivo en el clima de negocios, la percepción ciudadana y el acceso a servicios de primera necesidad. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, la palabra “trámite” es sinónimo de dolor de cabeza.

Un ejemplo de esta situación es el Viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS. Una de las direcciones – con el mismo nombre – tiene a su cargo tres departamentos relacionados: control de alimentos, productos farmacéuticos y afines; y control de establecimientos de salud.

Estos departamentos se vinculan con la industria exportadora para otorgar una serie de permisos relacionados con alimentos, medicamentos y cosmética, higiene personal o de casa. 

Este es el detalle: 

Trámites clave de alimentos e importaciones

• Registro Sanitario de Alimentos y renovación de registro
  • Tiempo anterior:
    • Nuevo: 1 mes
    • Renovación: 1 mes
    • Alto riesgo (pasa por LNS): 4 meses
      
  • Tiempo actual:
    • Nuevo: 3 semanas
    • Renovación: 1 mes
    • Alto riesgo (pasa por LNS): 2 a 3 meses
• Certificación Sanitaria de Importación (importante para exportadores por la importación de materia prima)
  • Tiempo anterior:
    • Apostillado: 3 semanas
    • Sin apostilla: 1 semana
    • De un día a otro
  • Tiempo actual:
    • Apostillado: 1 mes
    • Sin apostilla: 1 semana

Certificado de Libre Venta

• Tiempo anterior: 1 día
• Tiempo actual: 1 día

Trámites clave de medicamentos y productos afines

• Registro Sanitario de Medicamentos
  • Tiempo anterior:
    • Registro nuevo: 10 meses
    • Modificación de registro: 6 meses
  • Tiempo actual:
    • Registro nuevo: 14 a 24 meses
    • Modificación de registro: 10 meses
• Renovación de Registro Sanitario
  • Tiempo anterior: Renovación de registro: 8 meses
  • Tiempo actual: Renovación de registro: 12 meses
• Registro sanitario de producto afín
  • Tiempo anterior: Registro nuevo: 1 a 3 meses
  • Tiempo actual: Registro nuevo: 7 a 9 meses
• Renovación de registro sanitario
  • Tiempo anterior: 1 mes
  • Tiempo actual: 5 a 7 meses
• Certificado de libre venta de medicamentos / productos afines / plaguicidas
  • Tiempo anterior: 10 días
  • Tiempo actual: 15 días
• Inspección de buenas prácticas de manufacturas de medicamentos
  • Tiempo anterior: 4 meses
  • Tiempo actual: 5 meses
• Inspección de buenas prácticas de manufacturas laboratorios afines, naturales, oficinales y fábricas
  • Tiempo anterior: 2 meses
  • Tiempo actual: 4 meses

El departamento de prensa respondió que estos tres departamentos evalúan alrededor de 300 mil solicitudes anuales, entre aprobadas y rechazadas. En cuanto a la digitalización, en agosto se implementó el Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT), además de próximos lanzamientos en octubre y noviembre para avanzar en la transición de trámites físicos a digitales. 

Reconocen que los trámites más críticos para el sector privado son las licencias sanitarias, los registros sanitarios y los permisos de importación de productos regulados. “Actualmente se desarrollan nuevos sistemas informáticos, acompañados de capacitaciones y talleres con el objetivo de reducir tiempos de respuesta y fortalecer la eficiencia en la gestión”, indicó la oficina de prensa del MSPAS por escrito, aunque no se concretó la entrevista presencial. 

El Comisionado de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), Edie Cux, señala que se ha avanzado, aunque admite que el MSPAS ha enfrentado retos en la implementación de la simplificación. Sin embargo, dicha comisión les ha brindado acompañamiento, y en octubre esperan liberar trámites relacionados con medicamentos y tarjetas de salud. 

“En el Ejecutivo hemos pasado de 23 trámites simplificados a 840 en agosto de 2024, más 13 adicionales en los Ministerios de Gobernación y Salud; en total alrededor de 950 trámites en línea, algunos 100% digitales que cumplen los criterios del BID”, asegura Cux.

Ven falta de voluntad política

Otra situación que muestra el bajo desempeño es la inscripción de una sociedad. Fue el caso de un inversionista mexicano que solicitó registrar su nueva empresa a través del e-portal. Esta debía ser revisada por la SAT en tres días hábiles. Por un problema en la creación de la agencia virtual del representante legal, el trámite quedó inconcluso, atribuyendo la falla a un “colapso del sistema”. 

Este y otros tropiezos siguientes demoraron la inscripción de la empresa hasta cuatro semanas, con costos adicionales para el inversionista, sin que existiera un canal institucional que explicara con claridad los motivos de cada demora, de acuerdo con una  segunda fuente del sector privado que pide no ser citada. 

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Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, coordina cinco registros adscritos, siendo el Mercantil el que opera con mayor volumen. En el 2024, se inscribieron más de 380 mil operaciones. Y en el curso de este año, los cinco registros suman más de 500 mil inscripciones.  

Asegura que ya están interconectados con entidades como la SAT y el Renap, en donde el 95% de los trámites en los cinco registros ya están digitalizados. “Parte de las dificultades no es por falta de voluntad, sino una revisión normativa, además de recursos financieros para modernizar las plataformas y mejorar formas de pago, con soluciones tecnológicas en el corto plazo”.

Por su parte, Luis de la Roca, registrador mercantil, explica que los tiempos de tramitación promedio son de dos días para empresas y comerciantes individuales; y seis días para sociedades mercantiles. 

“Este registro tiene el 100% de sus trámites digitalizados, puesto que cada vez más usuarios usan los servicios en línea”, indica. Están interconectados con la SAT y el RENAP. Para reducir tiempos y evitar rechazos se implementan una serie de acciones, como la digitalización, con hasta el 83% de sociedades inscritas en forma digital. Modernización, a través de la mejora continua de plataformas; simplificación de requisitos, como “eliminar fotocopias”, guías registrales, capacitaciones, implementación de inteligencia artificial para el 2026, que evitará rechazos de expedientes y un chat interactivo que mejore la eficiencia de los servicios.  

Discusión postergada 

De acuerdo con Antillón parte de las razones de este rezago se debe a una discusión que no se ha tenido por muchos años, donde el funcionario público debería ejercer una función más sustantiva, como el análisis de expedientes, en vez de limitarse a recibirlos y poner un sello.  

“Hace falta voluntad política y visión de la atención del ciudadano como prioridad para todos los servicios. Esto alcanza a todas las instituciones, en donde las quejas de los ciudadanos tienen un impacto en tiempo, costos y movilidad”, expone. Además, parte de la problemática es que los trámites digitalizados funcionan en los ministerios como islas, sin comunicar información con el resto de instituciones. Esto hace que se pierda competitividad, para los ciudadanos y como país, comenta. 

Para Lee, parte del problema es que se corrió con cumplir con la ley y digitalizar los formatos, pero no se corrigieron los procesos. “Esto lleva a automatizar los vicios de los procesos, en lugar de simplificarlos primero”, señala. 

Considera que la falta de transparencia en la publicación de los tiempos de los trámites por parte de cada ministerio contribuye a una percepción negativa, a pesar de que pueden darse mejoras parciales. Así, un empresario puede tardar entre seis y 18 meses en iniciar operaciones porque, aunque tenga permisos de algunas instituciones como la SAT o el Registro Mercantil, le faltan los del Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente.

Cita el caso de un migrante en Los Ángeles que no puede comprar una casa en Guatemala sin viajar al país, a pesar de que la firma electrónica podría facilitar este proceso. Enfatiza que el problema no es la digitalización, sino los procesos. “El país falla en que, a pesar de tener trámites digitales, aún se requiere la presencia física en ventanillas”, subraya Lee.

Cacif: “Hay impacto económico”

Para el presidente del Cacif, Charles Bland, los avances en la simplificación de trámites en Guatemala han sido pocos, a pesar de la insistencia. De esa cuenta, la lentitud en los procesos, trámites y resoluciones tiene una serie de impactos económicos, como que las empresas pequeñas deben dedicar una parte importante de sus recursos a personal para gestionar, lo que les resta competitividad y posibilidades de desarrollo. 

“Aunque no hay indicadores específicos de las pérdidas económicas, la tramitología encarece los productos para el consumidor final”, asegura Bland.

En el afán de proponer mejoras, comenta que Cacif ha tenido acercamientos con el Ministerio de Economía, de Salud y otros para apoyar la digitalización y facilitación de trámites, buscando que los requisitos sean mínimos, fáciles de cumplir y con tiempos claros. 

“La razón de la persistencia de muchos trámites, incluso digitalizados, se atribuye a una cultura burocrática donde se le da más importancia al proceso que al resultado. Por eso se busca un balance de trámites mínimo necesario, lo que aumentaría la competitividad del país”, asegura. 

A lo que Lee añade que la competitividad en general – aranceles, infraestructura, trámites – facilita incursionar en nuevos mercados. 

Un nuevo modelo de gobernanza 

Para Antillón debe darse una actividad interconectada, interoperabilidad, en donde la entidad coordinadora -GAE- tenga un rol vinculante con estándares, indicadores de desempeño y otros. 

El Comisionado de la GAE es consciente de este necesidad y añade que para que los trámites sean efectivos una vez simplificados y digitalizados, dicha Comisión promueve estándares como la trazabilidad de la información, ciberseguridad, interoperabilidad, pasarelas de pago, resultados electrónicos y el uso de firma electrónica avanzada.

Para abordarlo, anuncia la firma de un apoyo para el gobierno de Guatemala para fortalecer la gobernanza electrónica con la Unión Europea, e implementada con Estonia, por un monto de 2 millones de euros no reembolsables. 

Consciente de esta limitación, propone tres soluciones para los próximos meses enfocadas en: propiciar la conversación sobre protección y gobernanza de datos; seguimiento a entidades clave como Salud, Agricultura y Ambiente, para mejorar los controles de calidad y por último, actualizar el Acuerdo Gubernativo de la GAE para fortalecer la coordinación y rectoría.  

Charles Bland considera que para avanzar, se necesita la voluntad de los ministros y la presión del presidente para que la digitalización y la facilitación de trámites sean una prioridad, ya que la falta de agilidad en los registros afecta la economía. “La colaboración del sector privado está disponible, pero la presión debe venir desde el gobierno”.  

Con información de Ximena Santiago. 

Línea temporal de la GAE

• Los primeros esfuerzos por la rendición de cuentas y digitalización del país comenzaron en el 2012, con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret). La instancia perdió fuerza y con la crisis política se debilitó. Posteriormente fue desactivada. En el 2016, el gobierno de Jimmy Morales crea la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) que sustituyó a la Copret con el fin de promover de nuevo el gobierno digital. 
• Uno de sus cuatro ejes de trabajo es la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, amparado en el Decreto 5-2021, concebido para modernizar la gestión administrativa del Estado. 
• Edie Cux, coordinador y director ejecutivo de la GAE, indica que esta ley establece un seguimiento general para dicho ente, excepto los relacionado con el comercio exterior, que es competencia del Ministerio de Economía.   
• La GAE tiene un presupuesto ordinario de Q14 millones en 2025. Parte de sus limitaciones es que no tiene un rol vinculante, sino de asesor en el Ejecutivo. “La ley otorga facultades, pero no una rectoría con capacidad de control, regulación y sanción; apostamos por la gobernanza para fortalecer sus capacidades y vinculación política con las autoridades, lo cual es clave para avanzar”, asegura Cux.  

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Opinión: Digitalizar registros públicos es clave para generar confianza

Llevar los trámites a lo electrónico es una acción que debe ir más allá de la digitalización: urge liderazgo con visión institucional y enfoque ciudadano.

Christian Villatoro

2 de octubre de 2025 | 05:58h

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La resistencia a la modernización, la brecha digital, la corrupción y, en algunos casos, los propios sindicatos de los registros públicos han retrasado por años la incorporación de medios digitales en esas instituciones. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los registros públicos desempeñan un papel importante en la sociedad. En ellos se inscriben actos y hechos jurídicos de trascendencia que, al estar debidamente registrados, generan la certeza jurídica correspondiente en un Estado de derecho.

Diversas situaciones, como el nacimiento, el matrimonio, la muerte, los derechos de propiedad sobre un bien inmueble o la constitución de una sociedad anónima, se inscriben en el Registro Nacional de las Personas, el Registro General de la Propiedad y el Registro Mercantil.

El objetivo de las inscripciones registrales es brindar seguridad y certeza jurídica a situaciones de carácter social y económico que pueden surgir en la vida de las personas, como las mencionadas anteriormente. La información contenida en los registros permite que cualquier persona conozca el contenido de las inscripciones, por ejemplo, el estado civil de una persona o si un bien inmueble está hipotecado.

Hasta hace algunas décadas, los registros públicos realizaban las inscripciones de forma manuscrita en libros compuestos de varios folios. Estos documentos debían conservarse en buen estado para resguardar la información y emitir certificaciones cuando fueran requeridas. Sin embargo, estaban expuestos a las inclemencias del tiempo, lo que ocasionaba deterioros inevitables y, en algunos casos, pérdidas irreparables por incendios o inundaciones.

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No resistirse a la modernización

Esa forma de llevar los registros ocasionaba que los trámites demoraran semanas o incluso meses, lo cual afectaba directamente a los usuarios, al desarrollo de los negocios y, por supuesto, a la inversión, tanto nacional como extranjera, ante la ausencia de certeza legal.

La resistencia a la modernización, la brecha digital, la corrupción y, en algunos casos, los propios sindicatos de los registros públicos han retrasado por años la incorporación de medios digitales en esas instituciones. Sin embargo, con el tiempo se han logrado superar algunos de esos obstáculos.

Con la llegada de la tecnología a mediados de los años noventa comenzó la era de la digitalización. Se inició con el escaneo de los libros antiguos para resguardar todas las inscripciones que contenían, y se generaron varias copias de esa información para garantizar la seguridad de los usuarios. También comenzó el uso de los registros electrónicos.

Este primer paso se dio en el Registro General de la Propiedad, institución pionera en el uso de la tecnología en Guatemala. Posteriormente fue replicado por el Registro Mercantil, los registros civiles —a través del Registro Nacional de las Personas— y otras entidades que hoy se encuentran en etapa de actualización.

Transparencia y rapidez

La modernización y el acceso remoto a los registros han significado eficiencia, rapidez y transparencia en la tramitación de solicitudes, al tiempo que brindan seguridad y confiabilidad a esas instituciones.

En el Registro General de la Propiedad, actualmente es posible presentar documentos en forma electrónica para solicitar su inscripción. El testimonio de la escritura pública es escaneado y suscrito con la firma electrónica avanzada del notario, para luego ser cargado en la plataforma creada para ese fin. Los aranceles e impuestos pueden pagarse mediante banca electrónica o con tarjetas de crédito o débito, según el caso. Una vez completada la inscripción, las razones pueden descargarse desde la página web sin necesidad de acudir al Registro, lo cual resulta útil para los usuarios, sin importar en qué departamento del país se encuentren.

Otros registros también son ejemplo del uso eficiente de la tecnología. Entre ellos se pueden mencionar el Registro Mercantil, el Registro de Garantías Mobiliarias, el Registro Nacional de las Personas y el Registro de la Propiedad Intelectual.

El Registro Mercantil fue el primero en autorizar a los notarios el uso de la firma electrónica avanzada. Hace más de diez años, se implementó el sitio web www.minegocio.gt. que permitió gestionar a distancia la inscripción de sociedades mercantiles. Este sistema facilitaba el registro de una sociedad en un plazo de entre ocho y quince días hábiles. Sin embargo, aún era necesario acudir de forma presencial al registro para presentar los documentos originales, entregar sus copias y recoger las razones y patentes, lo que restaba eficiencia al proceso.

En la actualidad, el Registro Mercantil ha avanzado considerablemente en el uso de la tecnología. La inscripción de una sociedad mercantil puede hacerse completamente en línea y se efectúa de forma simultánea en la Superintendencia de Administración Tributaria. Usualmente, el trámite se completa en un plazo que rara vez excede los tres días hábiles, lo cual representa un avance positivo para el clima de negocios en el país.

Revertir el rezago

No obstante, no todo es favorable. Algunos registros se han rezagado significativamente en la modernización de sus procesos, por lo que deberán tomar medidas urgentes para ponerse al día con esa tarea pendiente, que sin duda afecta tanto a los usuarios como al país.

Todo esfuerzo encaminado a mejorar la gestión de los registros públicos es plausible. En la medida en que los ciudadanos perciban un sistema transparente y eficiente, aumentará la confianza en las instituciones. Esto contribuirá a fortalecer el Estado de derecho y generará certeza jurídica, abriendo paso a una mayor inversión, tanto nacional como extranjera.

Debemos ser conscientes de que los avances tecnológicos en esta época son constantes. El acceso remoto a los registros, el uso de la firma electrónica avanzada y la digitalización de documentos ya no son suficientes. Nos encontramos en una nueva etapa, en la que la incorporación de la inteligencia artificial plantea un nuevo desafío.

Como reto legal, será necesario afrontar posibles reformas legislativas que permitan la incursión en nuevas tecnologías. Esto generará debates en torno a la seguridad y fiabilidad de los medios empleados, y exigirá una especial atención en la protección y resguardo de los datos personales, información privada que será manejada por sistemas de inteligencia artificial.

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“No es si habrá o no ciberataques, sino cómo nos vamos a recuperar cuando ocurran”

Experto del Cien Sigfrido Lee ve gobernanza débil en la ley de ciberseguridad que se discute en el Congreso, además de criticar la reserva total en adquisiciones que establece y la desproporción en las penas, que incluso superan las aplicadas a delitos contra la vida.

Ximena Fernández

1 de octubre de 2025 | 05:00h

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El énfasis punitivo desplaza la prevención y la coordinación interinstitucional, factores clave frente a ataques cibernéticos son claves, según analistas de la ley de ciberseguridad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuatro grupos de expertos advirtieron que el dictamen de la Iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, presenta riesgos por tener un modelo centrado en seguridad nacional, militarización y opacidad en la fiscalización. En este contexto, Sigfrido Lee, analista investigador de Alianza por un Congreso Eficiente —uno de los tanques que publicó su análisis— amplió a Prensa Libre puntos que preocupan desde la sociedad civil la regulación que se busca aprobar.

La iniciativa ya superó la primera y segunda lectura en el flujo legislativo en el Congreso de la República.

Otros organismos que se pronunciaron fueron la Mesa de Certeza Jurídica de la Iniciativa Guatemala No Se Detiene, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y el bufete de abogados ALTA. Señalan que la gobernanza propuesta carece de coordinación clara entre instituciones y excluye a la sociedad civil, la academia y al sector privado, lo que debilita la legitimidad del ente rector y aleja la iniciativa de las buenas prácticas internacionales.

Este es un extracto de la conversación que Lee tuvo con Prensa Libre, en la que indica que uno de los temas que preocupa es la falta de protocolos en la estructura macro del texto.

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¿Qué implicaciones ven en que el Ministerio de Defensa tenga un rol permanente en la ciberdefensa por encima de una autoridad civil que se ha visto en otros sectores?

El problema es bastante complicado. No se trata solo de la injerencia de la parte militar sobre la civil, sino también del abandono completo de esta última, porque la ciberseguridad únicamente se está viendo como un problema de seguridad nacional.

No es únicamente la subordinación de la seguridad civil a la seguridad de fronteras o militar, sino también el descuido hacia la seguridad ciudadana al no considerarla debidamente.

Lo primero es hacer una revisión profunda de la gobernanza de la ciberseguridad. Actualmente está muy parcializada y no se encuentra explicada con claridad. Por eso sugerimos que este proyecto regrese a la comisión respectiva para ser discutido y que se aborde integralmente la gobernanza, tomando en cuenta los distintos matices que implica la ciberseguridad.

¿Y cuáles considera que podrían ser esos matices o esos puntos clave que podrían incluirse?

Todo lo que es la seguridad civil. Por ejemplo, cómo se va a proteger a las poblaciones civiles en la medida en que cada vez se incorporan más en la digitalización. Ese es un tema muy importante: la prevención y el seguimiento a situaciones civiles de vulnerabilidad en ciberseguridad.

Otra de las críticas que se ha visto en los últimos días es sobre las adquisiciones bajo reserva, ya que la ley lo permite. ¿Qué riesgos observa usted a partir de esta disposición?

Entendemos que en estos temas de ciberseguridad deben existir ciertas reservas en la implementación de muchos protocolos. Sin embargo, que todas las adquisiciones sean libres tampoco corresponde. Ahora resulta que hasta la compra de escritorios de estas instituciones está bajo reserva. Creo que ahí se excedieron en la cobertura de esas excepciones.

Aunque compartimos que debe haber ciertas excepciones para la divulgación de información sensible, estas tienen que estar mucho mejor reguladas de lo que están actualmente. Aquí simplemente se excedieron en el alcance de esas excepciones.

¿Qué tipo de controles de auditoría o supervisión considera usted necesarios para que estas compras puedan mantener esta transparencia?

No hay ninguna excepción; simplemente todas sus compras quedan exceptuadas. Muchas instituciones del gobierno ya mantienen bajo reserva buena parte de sus temas de ciberseguridad, pero aun así siguen siendo debidamente fiscalizadas.

La SAT y la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, tienen fuertes medidas de ciberseguridad que afectan a muchos actores al mismo tiempo. Manejan con mucha reserva gran parte de esta información, pero esto no los hace exentos de una debida fiscalización.

¿Cuáles considera que pueden ser los controles de auditoría o supervisión que pueden utilizarse dentro de esta ley?

Lo que hay que aclarar bien es qué está exento y qué no lo está. No es que todo quede exento. No es que la compra de una computadora o de equipo, o la adquisición de software, quede fuera de fiscalización. Eso tampoco. Lo que sí corresponde es buscar mejores prácticas en cuanto a la reserva de información, sin dejarlo como si todo quedara totalmente exento. Existen buenas prácticas en este tema, no solo a nivel mundial, sino que incluso en Guatemala se pueden identificar muchas de ellas.

¿Cuáles considera que deberían ser estas obligaciones preventivas mínimas que debería asumir el Estado para garantizar una verdadera política de prevención en ciberseguridad?

Hay varios puntos. Estamos de acuerdo en que se aborde la tipificación de estos delitos, pero en esa tipificación ya se cometen varios errores. El primero es que muchos delitos todavía no quedan lo suficientemente bien definidos.

El segundo es un exceso de persecución penal que va contra principios reconocidos por la Constitución y por el derecho internacional en cuanto a la proporcionalidad de los castigos. Pensar que castigos más duros harán mejor la situación no es correcto; no se trata de eso.

En cuanto a prevención, es importante avanzar en el establecimiento de buenas prácticas y en contar con la institucionalidad que garantice su implementación en materia de ciberseguridad. Muchas veces esto depende más de una buena coordinación interinstitucional que de una persecución penal, lo cual requiere esquemas sólidos de gobernanza. Aquí vemos cómo todo se acumula hacia ese primer gran problema: la debilidad de gobernanza que se ha señalado.

¿Cuáles son esas buenas prácticas de las que se ha hablado?

Una de las mejores prácticas es compartir información. Cuando ocurre un ataque, generalmente las personas o instituciones se sienten avergonzadas. Lo que debe hacerse es compartir que eso está sucediendo, cómo sucede y desde dónde ocurre, para que los demás actores en el ecosistema puedan prepararse y defenderse de ataques que tienden a masificarse. Ese es un tema muy importante, que requiere compartir información y contar con una buena gobernanza.

Otra buena práctica son los protocolos de recuperación ante un ciberataque. La cuestión no es si habrá o no ataques, sino cómo nos vamos a recuperar cuando ocurran. Para ello se necesitan protocolos claros de resguardo de información, reinicio de operaciones y mecanismos para no interrumpir la continuidad. Y en la propuesta actual no se observa un espacio en el que esto se esté contemplando.

Además de establecer estos protocolos, ¿cómo recomienda que debe ser el seguimiento a esta implementación?

Hay distintos niveles de responsabilidad que deben aclararse: temas nacionales, locales y sectoriales. Es precisamente esa coordinación la que se necesita para atender todos estos aspectos. Mucho depende también del seguimiento y de las responsabilidades que se asuman en cada etapa. La pregunta clave es: ¿quién asume qué en cada etapa? Esto es muy importante.

Gran parte de ello debe trasladarse a los reglamentos, pero tiene que quedar definido en la estructura organizacional, la cual no vemos claramente identificada en este marco legal. Lo que buscamos es que se fortalezca, y por eso insistimos en revisar a fondo la estructura de gobernanza que plantea esta legislación.

En caso de que esta ley se regrese a comisión para una reevaluación, ¿cuáles serían las enmiendas prioritarias?

Realmente hay que hacer una revisión completa de la ley. La gobernanza es un tema muy importante y, además, deben revisarse las consecuencias penales que se están proponiendo. Ese marco penal tiene bastantes debilidades y es necesario evaluarlo.

¿Cuál sería una mejor forma de poder desarrollar las consecuencias penales?

El problema es que no todas las figuras penales que se tipifican están suficientemente desarrolladas y se incumple con el principio de proporcionalidad de las penas. Se trata de delitos patrimoniales, no de delitos contra la vida, y en muchos casos las sanciones incluso superan a las previstas para delitos contra la vida.

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Ley de ciberseguridad: “Es una ley penal en blanco que no clarifica lo que se quiere sancionar”

Según Ana Antillón, de Guatemala No Se Detiene, la Ley de Ciberseguridad que discute el Congreso no define cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Si un caso llega a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos, explica.

Ximena Fernández

30 de septiembre de 2025 | 05:00h

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Según expertos como Ana Antillón. es necesario revisar las penas de la Ley de Ciberseguridad, ya que algunas podrían resultar "excesivamente altas". (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuatro grupos de expertos advirtieron que el dictamen de la Iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, presenta riesgos por tener un modelo centrado en seguridad nacional, militarización y opacidad en la fiscalización. En este contexto, Ana Isabel Antillón, de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene —uno de los centros que publicó su análisis— amplió a Prensa Libre puntos que preocupan desde la sociedad civil la regulación que se busca aprobar.

La iniciativa podría ser conocida en tercera lectura este martes 30 de septiembre en el pleno del Congreso de la República.

Otros organismos que se pronunciaron fueron la Alianza por un Congreso Eficiente, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y el bufete de abogados ALTA. Señalan que la gobernanza propuesta carece de coordinación clara entre instituciones y excluye a la sociedad civil, la academia y al sector privado, lo que debilita la legitimidad del ente rector y aleja la iniciativa de las buenas prácticas internacionales.

Este es un extracto de la conversación que Antillón tuvo con Prensa Libre, quien aboga por revisar penas y conceptos de los ciberdelitos que tipifica el dictamen.

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¿Cuáles son los vacíos que ven a nivel de certeza jurídica en el texto de Ley de Ciberseguridad?

Hemos identificado algunos desafíos en el texto de la ley respecto a su concepción y estructura sobre cómo debe llevarse a cabo la ciberseguridad, partiendo del órgano de coordinación.

Encontramos que las entidades encargadas de coordinar acciones de prevención de ataques cibernéticos suelen ser de carácter civil o con gobernanza mixta, es decir, con participación del sector público, privado y de la sociedad civil, porque es un tema que involucra a todos. Muchas de las infraestructuras digitales relevantes para estos procesos pertenecen al sector privado.

Por otro lado, la normativa también incluye los denominados ciberdelitos, es decir, delitos cometidos en el ciberespacio. La forma en que están regulados actualmente amerita una revisión, pues deberían abordarse como reformas al Código Penal. Además de enfocar la redacción en ese sentido, es necesario revisar las penas, ya que algunas podrían resultar excesivamente altas y generar desproporción, como ya lo han señalado ciertos centros especializados.

Asimismo, la redacción hace referencia a otros delitos contemplados en el Código Penal que no concuerdan. Incluso, uno de los artículos mencionados ya fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad.

¿Cuáles considera que deben ser los mecanismos de control ciudadano?

La efectiva rendición de cuentas, si se maneja desde un marco de seguridad nacional, no es viable, porque la información quedaría siempre como reservada, aun cuando cierta parte de ella es útil para las entidades de la sociedad civil. Esa información permite conocer de dónde provienen los ataques y preparar a instituciones, sector privado, empresas y organizaciones para responder, ya que también pueden ser víctimas. En consecuencia, el proceso de rendición de cuentas ante el Congreso de la República se dificultaría en cierto nivel. Claro está, hay asuntos que son de seguridad nacional y que la Constitución protege.

Sin embargo, sí existe un nivel de información que debería manejarse y al cual la población puede tener acceso. Otro aspecto preocupante es el de las compras públicas, que también se consideran de carácter reservado.

Para usted, ¿qué tipo de modelo de autoridad de ciberseguridad sería más adecuado para Guatemala, tomando en cuenta las experiencias de otros países?   

El tema de la gobernanza es, en general, una decisión política que debe asumir el país. Sin embargo, es una discusión en la que deben participar distintas entidades: la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones públicas.

Desde nuestra perspectiva, podría adoptarse un modelo que dependa, por ejemplo, de un Ministerio de Gobernación. No obstante, nos sentimos más cómodos con la creación de una nueva entidad autónoma que lleve este control. También podría ubicarse en otro ministerio, siempre que exista un consejo con participación de los actores mencionados. La academia, en particular, tiene hoy mucho que aportar: universidades con carreras, estudios y publicaciones sobre el tema. En Guatemala, la academia tiene un valor importante y debería ser parte de la toma de decisiones.

Otro aspecto que se ha criticado bastante en esta ley, y que usted misma mencionaba, es el de las compras públicas bajo reserva. ¿Cuáles son los problemas o los principales retos que podrían enfrentarse a partir de tener las compras públicas bajo reserva?  

Se puede conocer que se está adquiriendo cierto tipo de tecnología, pero las características específicas son las que se vuelven reservadas. No todo el proceso de compra, sino únicamente las especificaciones técnicas. De lo contrario, no habría manera de saber qué tipo de software o hardware se está comprando, ni tampoco a quién o a qué país se adquiere esa tecnología.

Las compras pueden ir desde computadoras hasta software muy sofisticado. En ese sentido, considero que deberían establecerse criterios claros para definir qué adquisiciones corresponden realmente a seguridad nacional.

Para efectos de las compras, la propia Ley de Contrataciones del Estado debería contemplar estas características. Actualmente, por ejemplo, el Ejército compra sin estar sujeto a reservas. Por ello, es necesario precisar en qué casos una compra puede catalogarse como de seguridad nacional y quién tiene la potestad de hacer esa clasificación.

¿Cómo considera que podrían redactarse de mejor manera estos tipos penales para que respeten la ley que se tenía con anterioridad?

Como país debemos fortalecer la asistencia técnica legislativa de calidad para los diputados, facilitándoles ejercicios de derecho comparado y mostrando cómo otros países aplican estas normas. Existen convenios internacionales que contemplan este tipo de delitos y sería útil reflexionar sobre su redacción, pensando en una verdadera política criminal. Guatemala cuenta con expertos en derecho penal que pueden ayudar a redactar tipos penales más precisos y evitar leyes penales en blanco, como sucede en la propuesta actual. En delitos como propiedad intelectual, abuso sexual o pornografía infantil, se hace referencia a otras normas, sin definir en el propio texto cuál es la conducta delictiva.

En cuanto a prevención, una de las críticas recurrentes es que la ley se centra en sancionar una vez cometido el delito, pero no establece un régimen preventivo. Para ello, es necesario invertir en formación y desarrollo de capital humano, así como fortalecer equipos técnicos en las instituciones. También deben realizarse ejercicios controlados que pongan a prueba los sistemas, identifiquen debilidades y permitan ajustes, además de establecer protocolos y estándares mínimos que las instituciones deben cumplir para mantenerse alertas ante posibles ataques.

La generación de boletines sobre tecnologías y orígenes de los ataques es fundamental. Asimismo, debería contemplarse la aplicación de sanciones administrativas si no se cumplen los protocolos establecidos. De esa manera, se cerrarían los espacios que facilitan la comisión de delitos cibernéticos. Y, si estos ocurren, entraría en vigor la parte sancionatoria ya prevista como reformas al Código Penal.

¿Cuáles son los delitos, o analizando la tipificación de ciberdelitos que se menciona en la ley que usted considera que tal vez podrían redactarse de una mejor manera?  

Todos los delitos necesitan una revisión de redacción para mejorarse e incorporarse con mayor claridad. Sin embargo, me preocupan especialmente dos artículos. El artículo 13, que se refiere a los delitos de propiedad intelectual, establece un aumento de las penas, pero remite directamente a la ley de propiedad intelectual. Por eso insisto en que es una ley penal en blanco: no define en el propio texto cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Este es muy específico, y necesitamos tipificar con claridad la conducta que se desea sancionar. De lo contrario, cuando llegue a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos.

El otro es el artículo 14, sobre pornografía infantil. Señala que cuando se utilizan sistemas informáticos o tecnologías de la información para cometer delitos tipificados en ciertos artículos del Código Penal, se aplican sanciones. Sin embargo, hace referencia, por ejemplo, al artículo 196, que ya fue declarado inconstitucional dentro del expediente 1021-2002.

Ese tipo de situaciones se encuentran en el dictamen, por lo que se requiere una revisión completa de toda la normativa.

¿Considera necesario que se regrese esta propuesta de ley a comisión para su reevaluación y ajustes necesarios?

Creo que la mejor forma de hacer una discusión más detallada, como le mencionaba, tomando en cuenta los aportes de diversas entidades, sería facilitar el retorno del dictamen a la comisión.