Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos en la que argumentan que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.

La acción legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), establece que la implementación de la aplicación CBP One, que la administración del presidente Joe Biden activó este año para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.

“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, apunta el texto legal introducido en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.

El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.

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El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política de desincentivar cruces ilegales.

Este mes las autoridades informaron que entre enero y junio 170.000 personas programaron a través de CBP One una cita para presentarse ante un puerto de entrada.

Sin embargo, decenas de migrantes apostados en ciudades fronterizas de México e imposibilitados para presentarse personalmente ante la frontera en busca de asilo han criticado el recurso desde su activación en enero, al igual que activistas.

Acceder a la aplicación exige tener un teléfono inteligente, internet y electricidad, lo que no es común entre migrantes que realizan largos y peligrosos periplos huyendo de sus países de origen.

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“Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su discriminatoria tecnología de reconocimiento facial ha impedido a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita”, dijeron las organizaciones demandantes este jueves en un comunicado.

El documento legal establece que al devolver a los migrantes que no tengan una cita en la aplicación son expuestos a mayores peligros.

“La nueva política de devolución de la administración Biden es solo la última manifestación del esfuerzo de varios años del gobierno de los Estados Unidos para bloquear el acceso al asilo en la frontera sur”, dijo Melissa Crow, Directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), que representa a las organizaciones y a los migrantes en la demanda.

“Al mantener el asilo detrás de una aplicación de teléfono inteligente inaccesible, la política de devolución viola nuestras leyes, se burla de nuestro sistema de asilo y deja atrás a los refugiados más marginados”, agregó.

Esta demanda es el más reciente desafío legal que enfrenta en materia fronteriza la administración Biden, que se ha enfocado en desarrollar programas y alternativas de migración legal en un intento de disminuir las estadísticas de cruces no autorizados.

El costo de establecer y operar los centros de procesamiento para migrantes en América Latina anunciados el jueves por el gobierno estadounidense, será cubierto en su totalidad por la administración del presidente Joe Biden.

Así lo confirmó el viernes Marta Youth, subsecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EEUU, durante un encuentro con reporteros.

Youth no pudo detallar la cantidad exacta que se invertiría en operar dichos centros.

Los centros de procesamiento abrirán inicialmente en Colombia y Guatemala, sin embargo, el gobierno estadounidense está en conversaciones con otros países de la región para abrir facilidades adicionales, según detalló el jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

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“Guatemala colaborará con la estrategia de abordaje de migración en la región, en conjunto con Estados Unidos, por medio de la implementación de oficinas localizadas en zonas seleccionadas en Guatemala, identificadas de común acuerdo”, expresó la oficina del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei tras el anuncio de EEUU.

El gobierno guatemalteco resaltó que estos lugares de procesamiento “no serán espacios de acogida de refugiados ni albergues”.

La continuación del parole humanitario y la apertura de centros de procesamiento en dos países de América Latina. ¿Cuáles son las otras medidas migratorias que implementará EEUU tras el fin del Título 42? Aquí te contamos.https://t.co/j8SDLNVJbG

— Voz de América (@VozdeAmerica) April 28, 2023

En Colombia, el presidente Gustavo Petro confirmó que acordó con EEUU establecer múltiples centros en el país para garantizar una emigración “ordenada y legal”. El anuncio llega también una semana después de la visita de Petro a Washington, donde fue recibido por Biden en la Casa Blanca.

“Es un mecanismo que va a beneficiar a muchas familias, teniendo también aquí en el país los centros de procesamiento de migrantes. Es una buena noticia para Colombia, una buena noticia para la región”, dijo Luis Gilberto Murillo, embajador de Bogotá ante EEUU, en comunicación escrita.

Por su parte, Youth aseguró que, aunque los centros estén ubicados en Colombia y Guatemala, no solamente se atenderán nacionales de esos países, sino que se procesará los casos de “migrantes de toda la región”.

Los migrantes podrán acceder a estos centros de procesamiento a través de citas que se agendarán de manera virtual en los teléfonos móviles. Una vez allí, las personas se someterán a una evaluación inicial con especialistas para ser referidos a programas de reasentamiento de refugiados y otras vías legales de llegada a EEUU, como el parole humanitario o la reunificación familiar.

Funcionarios estadounidenses confirmaron que los centros de procesamiento para migrantes que se establecerán en #Colombia y #Guatemala tras el fin del #Título42 serán costeados por la el gobierno de #EEUU.https://t.co/BwVBCHtHsr

— Voz de América (@VozdeAmerica) April 28, 2023

El objetivo sería acelerar la preselección de las personas a los programas que sean elegibles, según funcionarios estadounidenses.

Los centros serán implementados por organizaciones internacionales y se espera que tengan capacidad para atender hasta seis mil personas cada mes.

Asociaciones civiles han encontrado excepciones al polémico Título 42 de Estados Unidos, lo que abre una oportunidad para que migrantes mexicanos y centroamericanos en la frontera norte de México crucen al norte y soliciten asilo.

Decenas de familias ingresan a diario desde Tijuana a California para pedir el asilo humanitario con un recurso de excepción al Título 42, una regla de la era de Donald Trump (2017-2021) y ampliada por el presidente Joe Biden para deportar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

Organizaciones como Al Otro Lado y Ejército de Salvación trabajan con albergues de la ciudad para que los migrantes accedan a este recurso, que no les garantiza el asilo, pero sí les da la oportunidad de presentar sus casos.

La mexicana Beatriz Cabrera, su pareja sentimental y los dos hijos de ella, fueron una de las familias seleccionadas después de mes y medio vagando en la ciudad sin saber dónde encontrar ayuda.

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“Después de haber estado navegando, viendo a ver quién nos podía recibir, hoy estamos muy contentas porque nos dan ahora esta posibilidad, porque como somos de la comunidad LGBT pasamos por cosas muy complicadas”, dijo a EFE.

Beatriz contó que ellas salieron huyendo de su natal Guanajuato, estado del centro de México, por las constantes agresiones y amenazas que padecían por su diversidad sexual, por lo que su integridad y la de los menores de edad estaba en riesgo.

Llegaron a Tijuana para solicitar asilo en EE.UU., pero durante un tiempo deambularon por distintas partes hasta que encontraron el albergue Juventud 2000, a un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, donde recibieron refugio y pasaron el fin de año.

Oportunidad anhelada

Mayra Lizeth Vanegas es otra de las personas que, junto con los ocho integrantes de su familia, tuvieron también esta oportunidad.

“Agradezco mucho porque vengo con toda mi familia y llevábamos ya cinco años deambulando por lugares como Tapachula, Quintana Roo, Aguascalientes, y pasamos por amenazas y secuestros”, narró.

Ella compartió a EFE que la familia completa salió de Honduras porque un grupo armado amenazó de muerte a uno de sus hijos.

Pero después, en Tapachula, en la frontera sur de México, también a una de sus sobrinas la secuestraron, por lo que estuvieron moviéndose por distintas ciudades hasta llegar a Tijuana.

En esta ciudad también pernoctaron en la calle hasta que una persona los encontró hace unos días y los llevó al albergue.

“Esa persona es nuestro ángel, mis hijos decían ‘fueron los tres mejores días que hemos tenido’, porque aquí hubo piñatas el fin de año, pastel y regalos”, mencionó.

No se garantiza el asilo

José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, explicó a EFE que desde hace seis meses trabajan en buscar las excepciones legales.

Aunque aclaró que eso no garantiza que vayan a obtener el asilo, porque “tienen que ser casos muy excepcionales”.

Lo que sí representa es “una oportunidad de poder presentar sus solicitudes y no estar en la frontera esperando meses o años como ha pasado con otros migrantes”, dijo.

El activista indicó que, además, este recurso legal también ayuda a los albergues a no tener el espacio saturado y recibir más migrantes.

Sebastián Farías, quien trabaja para la organización Psicólogos Sin Fronteras, compartió que previo a que las personas lleguen al puerto fronterizo El Chaparral, que es por donde ingresan a EE.UU., se les ofrece una charla con psicólogos y abogados,

Ellos les explican el proceso por el que van a pasar una vez que les reciban las autoridades estadounidenses, sepan lo que van a enfrentar y estén preparados también en caso de que sus solicitudes no sean admitidas.

El auxilio de las organizaciones llega después de que Estados Unidos anunció el 5 de enero pasado que acogerá a 30 mil migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero deportará de inmediato al resto bajo el Título 42.

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

El anuncio llega después de meses de debate interno dentro del Gobierno de Estados Unidos y después de que, en 2020, se interrumpieran los pagos de deuda estudiantil como medida de alivio por la pandemia.

“Cumpliendo con una de mis promesas de campaña, mi Administración está anunciando un plan para dar a las familias trabajadoras y de clase media un poco de espacio para respirar”, anunció Joe Biden en su cuenta de Twitter.

Según Biden, se cancelará hasta US$10 mil en deuda de préstamos estudiantiles federales para ciertos prestatarios y hasta US$20 mil para los beneficiarios de la Beca Pell.

Las parejas que ganan US$250 mil al año o menos y que están declarando impuestos en forma conjunta también calificarían para la cancelación de hasta US$10 mil para cada pareja.

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La pausa de pago de los préstamos federales para estudiantes también se extendió hasta el 31 de diciembre de 2022.

Esas medidas beneficiarían a unos 45 millones de estudiantes en el país, de acuerdo con un reporte The New York Times.

El ala más progresista del Partido Demócrata y las organizaciones que representan a minorías raciales llevan meses presionado a Biden para que perdone toda la deuda estudiantil o al menos una parte, según un reporte de Telemundo Washington.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.

I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I

— President Biden (@POTUS) August 24, 2022

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, le había pedido a Biden que perdone US$50 mil a cada estudiante, pues hay algunos que tienen deudas que superan los US$100 mil, e incluso hay quienes adeudan US$200 mil.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, advirtió sobre el riesgo de una posible “tercera guerra mundial”, de acuerdo con el medio Infobae.

“Biden confía en los reportes de inteligencia que prepara todos los días Jake Sullivan –su consejero de Seguridad Nacional-, y durante un almuerzo servido en Los Ángeles compartió esos reportes secretos con los líderes que participaron de la Cumbre de las Américas”, dice la nota.

“Tengo información clasificada que no puedo contar, pero el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grande. Las consecuencias son inimaginables. Ninguno de los que está acá se puede imaginar la consecuencia de esta guerra”, dijo Biden, citado por ese medio.

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“Estamos en un mundo muy lastimado. Tengo una mirada muy pesimista de Putin. Yo lo conozco mucho. Sé que no puedo esperar mucho de él. Tengo poca expectativas”, agregó.

Según Infobae, la inesperada advertencia de Biden fue dada ante los mandatarios Justin Trudeau (primer ministro de Canadá), Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Iván Duque (Colombia), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Guillermo Lasso Mendoza (Ecuador), Pedro Castillo (Perú) y Philip Davis (Bahamas), entre otros, quienes “escucharon en silencio” las declaraciones de Biden.

“La información clasificada que compartió Biden impactó sobre todos los líderes regionales que concurrieron al almuerzo reservado. Putin ya utilizó armas químicas y bacteriológicas en Siria, tiene un arsenal de miles de ojivas nucleares y no se descarta que use el hambre para causar un daño de consecuencias distópicas sobre los continentes más pobres del mundo. Es decir: África y América Latina”, consigna el medio.

Biden confirmó que Estados Unidos distribuye billones de dólares en Asia para balancear a China y en Europa para contener a Rusia. Y luego reconoció que América Latina se queda afuera de los aportes financieros que se podrían hacer desde Washington al sur del continente.

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Biden y el premier canadiense participarán del G7, y la posibilidad de la tercera guerra mundial será analizada durante un encuentro que organiza Alemania para fin de mes. Allí participará también Alberto Fernández, presidente argentino, “que propone un acuerdo regional para proveer alimentos y energía a todo el mundo”.

“Entre Brasil y Argentina hacemos el 45% de las proteínas de América, y si a eso le sumamos Estados Unidos, estaríamos en condiciones de suministrar alimentos a nivel global. Contando además que Argentina tiene la energía que el mundo va a demandar”, dijo el presidente durante el almuerzo, citado por Infobae.

La semana pasada se desarrolló la Cumbe de las Américas, un encuentro político con líderes del continente encabezado por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.

Pero la reunión no tuvo el eco esperado, pues varios mandatarios de la región decidieron ignorar la invitación, entre ellos el guatemalteco Alejandro Giammattei.

El presidente de Guatemala recientemente dijo que no asistió al encuentro porque se había sentido presionado por algunos representantes del Departamento de Estado de los EE. UU., ya que aseguró que han tratado de interferir en decisiones de Estado.

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Pero una publicación del medio estadounidense New York Times explica que la administración Biden buscó que Giammattei asistiera, incluso habrían enviado una comitiva especial para convencerlo a él y a otros líderes de la zona, como Nayib Bukele, de El Salvador.

“En el período previo a la Cumbre de las Américas, la administración de Biden luchó para evitar la vergüenza de un boicot por parte de líderes clave, solo para encontrar que sus propuestas fueron rechazadas”, cita la publicación.

La fricción que existe entre el gobierno de los Estados Unidos y la región Centroamericana no había sido tan marcada, pero ahora tres mandatarios decidieron no aceptar una invitación directa de los más altos funcionarios norteamericanos.

“La vicepresidenta Kamala Harris llamó a la líder de Honduras para convencerla de que viniera. Se enviaron ayudantes de alto nivel para tratar de convencer a los líderes de El Salvador y Guatemala. Nada funcionó.”, añade la nota.

¿Dan la espalda a EE. UU.?

“Un golpe para Biden en un momento en que buscaba proyectar unidad y propósito común en todo el hemisferio occidental”, es otra de las citas que documenta la publicación al evaluar los efectos políticos de la ausencia de los presidentes.

Giammattei ha necesitado de donaciones, en buena medida de Estados Unidos, para poder mantener un cuestionado plan de vacunación para la pandemia, a criterio de expertos en el área salubrista.

Pero al momento de escuchar las observaciones de este país, concretamente aquellas que cuestionan la lucha contra la corrupción, la postura del mandatario es un rotundo rechazo.

“El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que no iría a la cumbre un día después de que Blinken dijera que la elección del fiscal general por parte de su gobierno estaba involucrada en una “corrupción significativa””, cita la nota del Times.

María Consuelo Porras fue reelecta por el presidente Giammattei  para seguir al mando del Ministerio Público (MP). Hizo su elección pese al rechazo de organizaciones sociales y de un señalamiento público de corrupción que le hizo el Departamento de Estado de aquel país al incluirla en la Lista Engel.

Pese a la ausencia de Giammattei, el Gobierno de Guatemala delegó una comitiva a la cumbre encabezada por el canciller Mario Búcaro, algo que parece a fin de cuentas cumplir con la diplomacia internacional que espera Biden.

“La administración Biden ha dicho que se puede lograr mucho sin presidentes en la mesa, ya que los ministros de Relaciones Exteriores enviados en su lugar son igualmente capaces de firmar acuerdos”.

Pero la ausencia de Giammattei y de otros presidentes como El Salvador y Honduras, a criterio de expertos, hace dudar sobre la futura relación estrategia y comercial de EE. UU. con la región centroamericana.

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Sin pronunciarse

Se envió una consulta al departamento de Comunicación Social de la Presidencia, para verificar si la comitiva que menciona el New York Times quiso hablar con el gobernante, pero no ha sido posible obtener una respuesta.

La vicepresidenta Kamala Harris anunció hoy más de US$1 mil 900 millones en nuevos compromisos del sector privado para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica, más del doble del valor de las inversiones iniciales del sector privado en respuesta a su Llamado a la acción, se menciona en una hoja informativa que hizo pública la Casa Blanca este martes 7 de junio.

El comunicado menciona que “Como parte de su función de abordar las causas profundas de la migración desde Centroamérica, en mayo de 2021, la Vicepresidenta lanzó el Llamado a la acción para que las empresas y las empresas sociales asuman compromisos significativos para promover oportunidades económicas para las personas de la región. Esto es en apoyo a la Estrategia de EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración que el vicepresidente lanzó en julio de 2021″.

El anuncio de este martes se basa en el que hizo el vicepresidenta Harris en diciembre de 2021 de US$1 mil 200 millones en compromisos del sector privado. “Los compromisos agregados bajo esta iniciativa ahora suman más de $3.2 mil millones. En conjunto, estas inversiones están creando un ecosistema de oportunidades y ayudando a brindar esperanza a las personas de la región para construir vidas seguras y prósperas en sus hogares“, se lee en el documento.

“La Administración Biden-Harris reconoce que el desarrollo a largo plazo en el norte de Centroamérica requiere más que los recursos del gobierno de los Estados Unidos. Por esta razón, el vicepresidente Harris hizo un llamado al sector privado para que aproveche sus recursos y experiencia para apoyar el crecimiento económico inclusivo en el norte de Centroamérica. En el transcurso del año pasado, el Vicepresidente convocó a directores ejecutivos y líderes filantrópicos para avanzar en este esfuerzo, y lo hará nuevamente en los márgenes de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en eventos organizados por la Asociación para América Central y la Cámara de Comercio” se lee en el comunicado.

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Las nuevas empresas

Según la información de la Casa Blanca, 10 empresas y organizaciones anunciaron importantes nuevos compromisos este 7 de junio y se unen a las 30 empresas que ya han invertido desde el lanzamiento del Llamado a la acción en mayo de 2021

Agroamerica: Una corporación familiar de alimentos e ingredientes sostenibles, invertirá más de $100 millones en seis nuevos proyectos que generarán 1 mil empleos permanentes con salarios dignos en el norte de Centroamérica durante los próximos 5 años.

Según la Casa Blanca, los proyectos futuros incluyen una refinería de ingredientes alimentarios, una plantación de banano de 600 hectáreas, una gran plantación y planta de procesamiento de aguacate, y la expansión de una planta de procesamiento de ingredientes naturales.

Agroamérica espera reducir drásticamente el desperdicio de alimentos en la región al tiempo que presenta una línea de negocios innovadora para pequeños e independientes productores de materias primas y frutas tropicales producidas en Centroamérica.

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COATL: una empresa de servicios digitales invertirá US$35 millones en El Salvador para expandir el acceso rural a Internet de alta velocidad durante los próximos 5 años al expandir y operar una red rural de banda ancha altamente confiable sobre las líneas eléctricas de alta potencia existentes. Este trabajo permitirá el acceso equitativo a un ecosistema digital en áreas rurales, posibilitando la educación en línea, la inclusión financiera y los servicios electrónicos.

Fundación Terra; una fundación independiente financiada con aportes de Terra Inversiones, que trabaja en los sectores de energía, petróleo, retail e inmobiliario, invertirá US$24.5 millones en nuevos programas durante 5 años.

Estos programas apoyarán la educación secundaria, el acceso digital, el emprendimiento y la conservación del medio ambiente, incluidas becas para dar tutoría a 40 mil estudiantes en El Salvador, Guatemala y Honduras en matemáticas y español, lo que promoverá la inclusión financiera.

Brecha inc.: Gap Inc. está comprometida con el abastecimiento en América Central, y su producción actual en América Central respalda aproximadamente 8 mil 200 puestos de trabajo de fabricación en la región ocupados principalmente por mujeres. Gap Inc. planea aumentar su abastecimiento en América Central en aproximadamente US$50 millones por año, para un compromiso de crecimiento total de $150 millones para 2025, como parte de su estrategia para aumentar la resiliencia de la cadena de suministro mediante la deslocalización de más producción al Hemisferio Occidental. Estas mayores compras de la región respaldarán aproximadamente 5.000 puestos de trabajo adicionales en América Central.

Milicom: una empresa de telecomunicaciones invertirá $700 millones para expandir y mantener sus redes móviles y de banda ancha en Guatemala, Honduras y El Salvador durante los próximos dos años. Esta inversión impulsará los esfuerzos de Millicom para acelerar el crecimiento económico en la región a través de una mayor conectividad, ya que las tasas de penetración de banda ancha en estos mercados están muy por debajo de los promedios regionales. Además, las inversiones de Millicom se realizarán en línea con Race to Zero, la campaña respaldada por la ONU destinada a promover una recuperación saludable, resiliente y sin emisiones de carbono.

Pantaleón: un conglomerado que incluye inversiones en agroindustria y bienes raíces, invertirá $9.4 millones para financiar la fase inicial de un parque industrial de 1 mil 200 acres en la Costa Sur de Guatemala. Una vez terminado, se espera que el parque albergue una combinación de negocios de fabricación, logística y distribución, entre otros.

San Mar: un mayorista de ropa con sede en EE. UU., aumentará sus compras de productos fabricados en el norte de América Central en US$500 millones para 2025. Estas compras respaldarán el suministro de productos a los más de 60 mil clientes de San Mar, la gran mayoría de los cuales son pequeñas empresas estadounidenses dedicada a la manufactura ligera doméstica.

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La mayor capacidad requerida para este crecimiento conducirá a la creación de 4 mil empleos adicionales de tiempo completo en Elcatex, un fabricante de ropa con sede en Honduras propiedad en parte de SanMar.

Unifi: una empresa que produce hilos reciclados y sintéticos, estableció su operación de fabricación y venta en El Salvador (Unifi Centroamérica) en 2010 y ha invertido en El Salvador y la región desde entonces. Unifi está realizando importantes inversiones en la capacidad de huella e innovación de su operación en El Salvador y se ha comprometido a invertir US$15 millones durante los próximos cinco años para ampliar la capacidad, mejorar la eficiencia y reducir el uso de energía.

La inversión incluye una nueva e innovadora tecnología de texturizado que aumentará la producción de hilo de poliéster de la compañía en El Salvador en un 40 % y respaldará la capacitación continua y el crecimiento laboral en la región.

Visa: invertirá más de $270 millones en los próximos cinco años para expandir la inclusión financiera y la infraestructura digital, con el objetivo de incorporar 6.5 millones de personas y 1 millón de pequeñas y medianas empresas (PYME) al sistema financiero formal en Guatemala, El Salvador, y Honduras.

Visa se centrará en ayudar al sector financiero local a implementar tecnología de pago innovadora, mejorando las capacidades financieras de los ciudadanos mientras impulsa la eficiencia en áreas clave de la economía, que incluyen: agricultura, desembolso digital de subsidios gubernamentales y remesas, al mismo tiempo que amplía la educación financiera para ciudadanos y pymes. , aumentando así la aceptación de los pagos digitales y atrayendo a más personas a la economía formal.

Yazaki: Yazaki North America, un productor de componentes automotrices, invertirá US$110 millones adicionales para contratar a más de 14 mil nuevos empleados en Guatemala y El Salvador para fines de 2026. Esto se basa en un anuncio reciente de invertir US$10 millones en una nueva fábrica en Guatemala, que está programado para comenzar la producción con sus primeros 1 mil empleados en enero de 2023. Yazaki NA proporciona arneses de cables eléctricos para General Motors, Ford, Stellantis y otros fabricantes de automóviles a nivel mundial.

Las nuevas inversiones son parte del plan “Llamada a la Acción” y se suman al anuncio que hizo la vicepresidenta en diciembre de 2021 de 1.200 millones de dólares en compromisos del sector privado, en los que participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso y MasterCard.

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Según el comunicado de la Casa Blanca, el Llamado a la Acción comenzó con solo 12 empresas y organizaciones y ahora incluye 40 empresas y organizaciones que se han comprometido a invertir en la región, representando servicios financieros, textiles y prendas de vestir, agricultura, tecnología y telecomunicaciones, y organizaciones sin fines de lucro. Además, el Llamado a la Acción ha generado una nueva colaboración entre las empresas participantes, impulsando aún más el impacto de la iniciativa.

Reconocen que se requiere más recursos

La Administración Biden-Harris, según le dijo un funcionario de la Casa Blanca a EFE, reconoce que el desarrollo a largo plazo en el norte de Centroamérica requiere más que solo los recursos del Gobierno de los Estados Unidos.

Además, Kamala Harris, encargada de hacer frente a los problemas que han generado la llegada masiva de inmigrantes a la frontera estadounidense, hará un llamado al sector privado para que aproveche sus recursos y experiencia para apoyar el crecimiento económico inclusivo en el norte de Centroamérica.

Otro punto clave de la agenda de hoy de la mano derecha del presidente Joe Biden será el anuncio de nuevos compromisos del gobierno de EE. UU., empresas del sector privado y organizaciones para apoyar el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina.

La vicepresidenta y la Alianza para Centroamérica presentarán “In Her Hands” (En las manos de ella), una iniciativa del sector privado para empoderar, capacitar y proteger a las mujeres en el norte de Centroamérica y en todo el hemisferio occidental.

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De acuerdo con el funcionario, este proyecto conectará a más de 1,4 millones de mujeres con el sistema financiero y la economía digital, acelerará la participación de las mujeres en la agroindustria, capacitará a más de 500 mil mujeres y niñas en habilidades laborales básicas y promoverá la paridad de género toda la región.

Por último, Harris presentará este martes el Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC, por sus siglas en inglés), una iniciativa de 50 millones de dólares que será administrada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de dar a los jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras un camino hacia un futuro empleo.

La IX Cumbre de las Américas arrancó ayer en la ciudad de Los Ángeles en medio de la polémica por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua por parte de Estados Unidos, país anfitrión.

La Casa Blanca de Estados Unidos publicó el 19 de abril una hoja informativa con la actualización de la estrategia de ese país para abordar las “causas profundas de la migración en Centro américa”.

El documento menciona que la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, ha liderado la estrategia de las causas fundamentales, que alinea los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. para abordar los factores económicos, de gobernabilidad y de seguridad de la migración irregular desde Centroamérica.

“La estrategia integral de la Administración Biden-Harris combina importantes recursos del gobierno de los EE. UU. con importantes inversiones del sector privado para apoyar el desarrollo a largo plazo de la región”, se lee en el comunicado.

Añade que para avanzar en la estrategia, Harris se reunió con líderes regionales y viajó a Guatemala, México y Honduras para lanzar nuevas iniciativas que aborden de manera sostenible las causas raíz de la migración.

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“La vicepresidenta también reunió a líderes del sector privado a través de su iniciativa Llamado a la acción que ha generado más de US$1 mil 200 millones en compromisos para crear nuevos empleos y oportunidades para las personas de la región.  Además, ha atraído a colaboradores de todo el mundo para generar nuevos compromisos”, se recuerda en la hoja informativa.

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Añade que estos son esfuerzos son a largo plazo, pero que bajo el liderazgo de la vicepresidenta Harris, la Administración Biden-Harris está viendo un progreso significativo hacia la creación de esperanza para las personas en Guatemala, El Salvador y Honduras de que se puede encontrar una vida mejor en su propio país.

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El documento añade que los aspectos más destacados hasta la fecha incluyen:

• Las iniciativas estadounidenses están brindando a las micro y pequeñas empresas acceso a US$100 millones en financiamiento para apoyar la recuperación económica en la región.
• Para combatir la pandemia de covid-19, el Gobierno de los EE. UU. ha entregado más de 15 millones de vacunas sin costo de forma bilateral y en asociación con COVAX a países del norte de Centroamérica.
• El Gobierno de los EE. UU. ha proporcionado US$26.4 millones a El Salvador, US$81.5 millones a Guatemala y US$57.1 millones a Honduras para apoyar la lucha contra la covid-19.
• El apoyo del Gobierno de los EE. UU. a las empresas del sector privado ayudó a crear más de 70 mil puestos de trabajo.
• La iniciativa Centroamérica Local de US$300 millones del Gobierno de los EE. UU. está empoderando a las organizaciones locales para abordar los factores que impulsan la migración irregular.
• El apoyo estadounidense al sector agrícola de la región está generando mayores ingresos para las familias campesinas y los productores.
• El financiamiento adicional de los EE. UU. para los programas de alimentación escolar está mejorando la seguridad alimentaria de las madres y los niños en el norte de Centroamérica.
• Una nueva Fuerza Operativa Anticorrupción del Departamento de Justicia, que fue anunciada por la vicepresidenta Harris en junio de 2021, prioriza los enjuiciamientos contra actores corruptos en la región.
• Las sanciones estadounidenses y las restricciones de visas están dirigidas a los perpetradores de corrupción y abusos graves contra los derechos humanos.
• La capacitación estadounidense profesionalizó a más de 5 mil policías civiles en toda la región.
• Una nueva fuerza operativa para prevenir el tráfico de migrantes y la trata de personas, que fue anunciada por la vicepresidenta en junio de 2021, está desbaratando las operaciones de tráfico y ya imputó a ocho líderes de organizaciones de tráfico de personas.
• Los programas estadounidenses están apoyando a las víctimas de la violencia de género, los sobrevivientes de la trata de personas y los menores migrantes no acompañados.
• Los nuevos programas y becas del gobierno de los EE. UU. están mejorando el acceso a la educación para casi 18 mil migrantes potenciales/que regresan y jóvenes en riesgo.
• Las asociaciones del gobierno de los EE. UU. con organizaciones locales están aumentando las oportunidades de generación de ingresos para miles de mujeres y niñas indígenas.
• Los programas de los EE. UU. están empoderando a las mujeres empresarias para que inicien y amplíen sus negocios en toda la región.
• El gobierno de los EE. UU. está apoyando a jóvenes en riesgo en toda la región para fortalecer su capacidad de resistir el reclutamiento de pandillas.
• La nueva programación en el norte de Centroamérica se centra en aumentar la acción colectiva para abordar el trabajo infantil y forzado, y mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores de la región.

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Apoyo de entidades privadas.

El documento también añade que como parte del llamamiento a la acción que hizo la vicepresidenta Harris a las empresas privadas para que apoyen con inversión en los países de Centro América, se han logrado las siguientes inversiones.

• Microsoft está conectando a cuatro millones de personas a banda ancha en toda la región, con más de un millón ya conectado hasta la fecha.
• Nespresso invertirá US$150 millones para duplicar el número de agricultores con los que trabaja en la región y comenzará a adquirir café de El Salvador y Honduras.
• Mastercard está incorporando a cinco millones de personas a la economía financiera formal mientras digitaliza un millón de micro y pequeñas empresas.
• Parkdale Mills está invirtiendo US$150 millones para respaldar una nueva planta de hilado en Honduras y una instalación existente en Virginia, lo que generará 500 puestos de trabajo en cada ubicación.
• PepsiCo está invirtiendo al menos US$190 millones en el norte de Centroamérica hasta 2025 para mejorar sus plantas y ampliar las rutas de distribución.
• Grupo Mariposa está brindando acceso a crédito y servicios digitales a más de 70 mil propietarios de pequeñas empresas.

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Las visas, disponibles desde este viernes 28 de enero, apuntan a apoyar a los empleadores estadounidenses que enfrentan “daños irreparables” por falta de trabajadores y que buscan contratar personal hasta el 31 de marzo de este año, según un comunicado del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

“El DHS está tomando medidas para abordar las necesidades de nuestra economía al poner a disposición de los trabajadores 20.000 visas H-2B adicionales”, dijo el titular del departamento, Alejandro Mayorkas.

“Estamos brindando a los empleadores los recursos y el apoyo necesarios para mantener sus negocios al tiempo que ampliamos las vías legales de entrada a Estados Unidos”, agregó.

Estados Unidos emite actualmente un máximo de 66.000 visados H-2B por año fiscal, que va del 1 de octubre de un año calendario hasta el 30 de septiembre del siguiente. Esta es la primera vez que pone a disposición visas H-2B adicionales en la primera mitad del año fiscal.

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El DHS dijo que del total de visas suplementarias, 13.500 estarán disponibles para trabajadores que ya recibieron una visa H-2B durante uno de los últimos tres años fiscales.

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Las 6.500 visas restantes, que estarán exentas del requisito de trabajador que regresa, quedan reservadas para ciudadanos haitianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

Tomorrow, 20,000 additional H-2B temporary nonagricultural worker visas will become available for the first half of fiscal year (FY) 2022.

Read more about this announcement from DHS and @USDOL https://t.co/Jx13YaSy6V

— Homeland Security (@DHSgov) January 27, 2022

La jefa de la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda Internacional al Desarrollo (USAID), Samantha Power, celebró la noticia al llegar a Honduras como parte de la delegación estadounidense que asiste a la asunción presidencial de Xiomara Castro.

“¡ENORME! Por primera vez, el DHS está poniendo a disposición visas H-2B adicionales en la primera mitad del año fiscal gracias al crecimiento récord del empleo en Estados Unidos”, tuiteó.

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El programa de trabajadores temporales no agrícolas H-2B fue creado por el Congreso de Estados Unidos para permitir que empleadores del país traigan a personas que no son ciudadanas estadounidenses para cubrir puestos temporales.

“Como parte de su papel de abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris,  anunció siete nuevos compromisos como parte del  Llamado a la acción  que lanzó el 27 de mayo para que las empresas y las empresas sociales asuman compromisos nuevos e importantes para abordar de manera sostenible la causas fundamentales de la migración mediante la promoción de oportunidades económicas”, informó en un comunicado de prensa la Casa Blanca, este 13 de diciembre de 2021.

El documento revela que las siete empresas que firmaron el compromiso de inversión son:

• CARE International
• Cargill
• Parkdale Mills
• JDE Peet’s
• PriceSmart
• PepsiCo
• Grupo Mariposa (empresa guatemalteca)

El documento también detalla que las empresas Mastercard, Microsoft y Nespresso, que habían anunciado compromisos iniciales en mayo pasado, también anunciaron nuevas acciones en la región.

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Agrega que, como resultado, las empresas y las empresas sociales han invertido más de US$1.2 mil millones en respuesta al lanzamiento del llamado a la acción por parte de la vicepresidenta.

El anuncio de estos nuevos compromisos para Centroamérica lo hizo la vicepresidenta Harris durante sus palabras de clausura en un evento virtual organizado conjuntamente por el Departamento de Estado y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en colaboración con la Asociación para Centroamérica, que atrajo a más de 1 mil 300 líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de todo el mundo.

Nuevas generaciones

Grupo Mariposa (integrado por las empresas cbc, beliv, bia y apex) cree que esta alianza tiene un enfoque innovador impulsado en gran parte por el sector privado y tomó la decisión de participar porque comparte el compromiso de apoyar el crecimiento económico inclusivo en Centroamérica, señala un comunicado de esa compañía.

“Grupo Mariposa tiene así mismo, el compromiso de contribuir a crear las condiciones para erradicar la pobreza multidimensional. Esta iniciativa, que inició en sus unidades de negocios, va más allá de pagar buenos salarios a los colaboradores e incluye programas para mejorar el acceso a la salud, nutrición, vivienda, educación y el desarrollo de emprendimientos familiares. Como parte de su compromiso con la prosperidad y el bienestar compartirá las mejores prácticas de este programa con clientes, empresas y otras partes interesadas”, agrega el documento.

Juan Pablo Mata, CEO de Grupo Mariposa, quien participó en la reunión de los integrantes de la alianza convocada por Harris, señaló: “Hay una nueva generación de líderes empresariales que quieren ser parte de la solución, somos una nueva generación de jóvenes que están seguros de que las empresas pueden jugar un papel transformador para desencadenar el desarrollo económico social e inclusivo en nuestra región. Junto a las empresas que forman parte de la alianza y las que se unan en el futuro, podemos aprovechar nuestras capacidades, experiencia, tecnología y compromiso para crear mejores oportunidades para que los guatemaltecos y centroamericanos vivan con prosperidad en sus propios países”.

En tanto, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo en su cuenta de Twitter que su país “está utilizando todas nuestras herramientas diplomáticas para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica y la región”, una de ellas la iniciativa promovida por la vicepresidenta Harris para promover la inversión privada en la región.

The U.S. is using all our diplomatic tools to address the root causes of migration in Central America and the region. Today's event hosted by @VP to promote private investment in the region will drive inclusive economic growth and good governance. https://t.co/w54diwgUzD

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 13, 2021

Las empresas que se unen al programa

Grupo Mariposa

Grupo Mariposa es una empresa guatemalteca de alimentos y bebidas con operaciones en toda América Latina. Grupo Mariposa proporcionará a más de 70 mil tiendas de barrio (‘tiendas’), que sirven como importantes centros comunitarios, con acceso a crédito y herramientas digitales para mejorar la gestión administrativa. Apoyará a 3 mil 500 pequeñas y medianas empresas (PYME) con acceso a telemedicina, educación y conectividad a Internet, impactando a más de 200 mil personas y expandiendo las soluciones de atención médica y telemedicina a 2 mil comunidades remotas.

Además, invertirá más de US$10 millones para aumentar su huella de café, creando más de 500 nuevos puestos de trabajo y apoyando a más de 400 pequeños y medianos productores de café para aumentar la productividad y el potencial de ganancias.

Finalmente, con el apoyo de SOPHIA Oxford, Inc., un socio sin fines de lucro de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), Grupo Mariposa adoptó el Índice de Pobreza Multidimensional (MDI) de las Naciones Unidas como una medida semestral del bienestar de sus empleados, yendo más allá de los salarios para incluir los accesos a la atención médica, la nutrición y la educación.

Grupo Mariposa expandirá este programa para crear las condiciones para erradicar la pobreza multidimensional con el apoyo de los empleados y sus familias para reducir sus deudas, perseguir el espíritu empresarial y acceder a la educación y la atención médica.

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PepsiCo

Una empresa global de alimentos y bebidas con una presencia de muchos años en Guatemala, El Salvador y Honduras. PepsiCo opera directamente su negocio de alimentos con un centro de fabricación regional en Guatemala, emplea a más de 4 mil personas directamente y genera al menos 6 mil 800 puestos de trabajo indirectos adicionales a través de su cadena de suministro.

PepsiCo espera invertir al menos US$190 millones en el norte de Centroamérica hasta 2025, incluso con mejoras en su infraestructura y plantas de fabricación; expansión de nuevas rutas de distribución; Proyectos de TI; e inversiones alineadas con su agenda “Pep +” (PepsiCo Positive). Esto incluye la difusión de prácticas agrícolas regenerativas en siete millones de acres (que es aproximadamente el tamaño de toda la huella agrícola de la empresa).

Cargill

Cargill ha operado en Centroamérica por más de 50 años, con 10 mil empleados trabajando en la región. Como parte del llamado a la acción, Cargill invertirá US$150 millones adicionales durante los próximos cinco años con la intención de mejorar los medios de vida de los agricultores y desarrollar la resiliencia económica en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Las inversiones de la compañía tendrán como objetivo crear empleos y apoyar a los productores, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en las cadenas de suministro de proteínas y nutrición animal. Cargill también contribuirá con al menos US$10 millones durante tres años a asociaciones que apoyan directamente a los agricultores y las comunidades agrícolas, y mejoran la seguridad alimentaria a través de programas de alimentación escolar y nutrición comunitaria.

Los nuevos esfuerzos comerciales y filantrópicos de Cargill ampliarán el apoyo a más de 19 mil agricultores, 52 mil MIPYMES y más de 25 mil niños y miembros de la comunidad en El Salvador, Guatemala y Honduras.

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Parkdale Mills

Con una nueva inversión de US$150 millones, Parkdale Mills, uno de los mayores proveedores de hilados y productos de consumo de algodón en el mundo, construirá una nueva instalación de hilado en Honduras y apoyará una instalación existente en Virginia, con la esperanza de brindar a los clientes con fuentes para comprar 1 millón de libras de hilo por semana dentro de la región y aumentar la capacidad de recuperación de la cadena de suministro de EE. UU.

La inversión está destinada a apoyar a aproximadamente 500 empleados en cada ubicación y aumentar el crecimiento indirecto del empleo en Honduras y en los Estados Unidos, particularmente en la industria algodonera estadounidense en 18 estados. La inversión también incluye $ 24 millones en nuevas inversiones en energía solar, recuperación de agua y sistemas HVAC energéticamente eficientes.

CARE Internacional

CARE es una organización internacional humanitaria que ha trabajado con el Estado, USAID y DOL. CARE está anunciando un Centro para la Equidad de Género de US$50 millones en Centroamérica enfocado en mujeres y jóvenes y diseñado para llegar a 500 mil mujeres y sus familias, impactando a dos millones de personas en total.

El Centro apoyará programas públicos y privados en la región, ampliando los que funcionan, para apoyar la inclusión financiera, el empoderamiento económico de las mujeres (incluida la protección de los derechos laborales y el apoyo al espíritu empresarial), mejores resultados agrícolas y reducciones en la violencia. En particular, CARE apoyará a las empresas que se unan al Llamado a la Acción con asistencia técnica para garantizar que se aplique una perspectiva de género a los nuevos programas e inversiones.

PriceSmart

Opera 49 clubes de almacén de compras de membresía al estilo estadounidense en 12 países y las Islas Vírgenes de los EE. UU. Y abrió su quinta tienda en Guatemala en octubre. PriceSmart ha operado en Guatemala, El Salvador y Honduras durante 22 años. Con cerca de 2 mil empleados y 700 mil miembros en el norte de Centroamérica, ha sido durante mucho tiempo un socio de USAID, incluido más recientemente para anunciar un nuevo compromiso como parte de la Iniciativa Guatemalteca de Innovación para el Desarrollo y el Emprendimiento (GEDI) de US$56 millones, que la vicepresidenta anunció en junio.

Sobre la base de ese anuncio, PriceSmart se compromete a brindar apoyo adicional a GEDI, y este apoyo, junto con otros socios de GEDI, llegará al menos a 500 emprendedores con servicios de apoyo empresarial para ayudarlos a crecer y crear empleos en áreas de alta emigración.

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JDE Peet’s

JDE Peet’s, la compañía de café y té más grande del mundo, es un socio de USAID desde hace mucho tiempo. Los planes de JDE Peet de aumentar su apoyo financiero a los pequeños agricultores de la región en un 40%.

Este apoyo se brindará a través de la implementación de una nueva serie de programas de sostenibilidad en todo el cinturón cafetero de Centroamérica, en alianza con Coffee Alliance. Los nuevos programas de apoyo incluirán conocimientos técnicos, destinados a permitir una mayor productividad, la adaptación a los efectos del cambio climático, la diversificación de los ingresos y un mejor acceso a los mercados y al crédito.

Como resultado de este aumento, JDE Peet’s asignará un total de US$2.7 millones durante los próximos cuatro años, para expandir el alcance de su Programa Common Grounds en la región.

Coffee Alliance es una asociación público-privada entre USAID, JDE Peet’s, CoHonducafe (el mayor exportador de café de Honduras), la Fundación CoHonducafe y el Grupo Cadelga (el mayor proveedor de insumos agrícolas de Honduras). La mayor contribución de JDE Peet permitirá a Coffee Alliance llegar a 10,000 hogares de pequeños productores de café adicionales, duplicando su presencia activa en la región.

Frutos de los compromisos

El comunicado también explica que los resultados de los primeros compromisos de empresas que se unieron al proyecto ya están dando frutos.

Microsoft catalizó el desarrollo de centros de capacitación en acceso digital, energía limpia fuera de la red y acceso de banda ancha que cubren una población de 1.1 millones de personas. La empresa involucró a más de 100 mil personas en la capacitación en habilidades técnicas y digitales blandas.

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Nespresso trabaja con más de 1 mil 200 granjas en Guatemala para mejorar los medios de vida en la región. La compañía anunció su primer abastecimiento de café de Honduras y El Salvador, con planes para aumentar las actividades en la región para la próxima temporada de cosecha. Esto es parte del compromiso de la compañía de apoyar la economía de la región con un mínimo de US$150 millones para gastar en compras de café, primas de precios y asistencia técnica para 2025.

Mastercard negoció y firmó un memorando de entendimiento para una Alianza de País Digital con el Ministerio de Economía de Guatemala, acelerando su trabajo para incorporar a cinco millones de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras a la economía financiera formal y habilitar a un millón de micro y las pequeñas empresas para acceder a los sistemas de gestión y pago en línea.

“Espero trabajar con usted para ampliar nuestra cooperación específicamente aumentando la inversión en el sur de México y el norte de Centroamérica”, expresó Biden en su misiva fechada el 6 de octubre.

El presidente de Estados Unidos respondió así a la carta que López Obrador le envió el mes pasado para insistir en que Estados Unidos apoyara la ampliación de sus programas sociales en Centroamérica para mitigar el flujo migratorio.

El secretario de Estado, Antony Blinken, entregó la respuesta el viernes pasado durante su visita a México al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien la leyó este lunes durante la rueda de prensa matutina de López Obrador.

Biden agradeció al Gobierno mexicano la “financiación e implementación” del programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro y de reforestación Sembrando Vida, dos planes de López Obrador implementados en México y exportados a Centroamérica.

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Afirmó que Estados Unidos “también está poniendo a prueba programas de transferencias de efectivo condicionadas en la región” y quiere “considerar una posible actividad pilota conjunta” con México.

“Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración: la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la desigualdad”, afirmó Biden.

Aseguró que su Gobierno ha “intensificado” su compromiso con Centroamérica, de modo que en el último año Estados Unidos “ha proporcionado más de US$600 millones en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras”.

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También dijo que ha pedido al Congreso US$861 millones adicionales del presupuesto de 2022 para Centroamérica y que a través de varios programas se está abordando la inseguridad económica y la violencia en esos países.

El presidente de Estados Unidos recordó que redirigió “los recursos del innecesario muro fronterizo” hacia la inversión en la modernización de los puertos terrestres para mejorar la identificación de las personas con derecho al silo y desechar “rápidamente a las que no la tienen”.

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La región registra en los últimos meses un flujo migratorio histórico con 147 mil indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212 mil indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

Desde la pasada administración de Donald Trump, el Gobierno mexicano ha cooperado con el de Estados Unidos desplegando militares en la frontera con Guatemala para frenar a los migrantes a la vez que López Obrador ha reivindicado mayores inversiones en Centroamérica.

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El fallo de hoy bloquea la decisión de un juez federal en el Distrito de Columbia que dictaminó a mediados de septiembre que es ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho de asilo aplicándoles una regulación destinada a proteger la salud pública, denominada Título 42.

La orden del juez federal Emmet Sullivan debía entrar en vigor este jueves.

Pero la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia suspendió la orden de Sullivan, la cual hubiera requerido que el Gobierno federal procesara a todas las familias migrantes con hijos conforme a las leyes de inmigración, lo que les permite buscar asilo u otras formas de protección humanitaria.

El Gobierno de Biden ha defendido la política del Título 42, argumentando que su aplicación es necesaria para evitar brotes de covid-19 dentro de las instalaciones de detención migratoria.

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En su fallo reciente, emitido en respuesta a una demanda de inmigrantes y defensores de los inmigrantes, Sullivan consideró que, teniendo en cuenta, “la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar (la pandemia), este tribunal no cree que el contagio de la covid-19, durante el trámite en la frontera, no pueda mitigarse de manera significativa”.

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La aplicación de esta regulación, muy criticada por grupos de activistas y de defensa de los derechos civiles, es una de las pocas del Gobierno Trump que siguen vigentes ya con Biden en la Casa Blanca.

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En los primeros 11 meses del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha efectuado 1.541.651 detenciones de migrantes en la frontera sur, de los cuales 937.628 fueron expulsados bajo el Título 42.

Los últimos vuelos estadounidenses salieron del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai a las 15:29 hora del este de EE.UU. (medianoche del 31 de agosto en Kabul), fecha límite acordada con el Talibán para la salida.

“La retirada de esta noche significa tanto el final del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después del 11 de septiembre de 2001″, dijo el general Frank McKenzie, que supervisó el operativo.

El general hizo el anuncio desde el Pentágono después de que las últimas tropas enviadas para evacuar a estadounidenses y afganos en riesgo tras el regreso del Talibán al poder despegara desde Kabul.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá a la nación este martes para explicar su decisión de no prolongar la presencia de sus tropas en Afganistán.

EL mandatario dio las gracias a todos los implicados en las tareas de evacuación en los últimos 17 días y recordó a los 13 soldados estadounidenses que murieron en un ataque con bomba en el aeropuerto de Kabul la semana pasada.

Una nueva era comienza en Afganistán

Por Barbara Plett Usher, BBC News Wilmington

Después de 20 años, la guerra en Afganistán ha terminado.

El principal comandante militar de Estados Unidos en la región, el general Kenneth McKenzie, dijo que el último avión C17 había salido de Kabul con el embajador de Estados Unidos a bordo.

Así terminó una operación masiva para evacuar a más de 120.000 personas en poco más de dos semanas: estadounidenses, extranjeros y muchos afganos.

Pero dejó a su paso el tipo de tragedia que marcó al país durante la guerra.

El Pentágono dijo que está investigando informes de un ataque con un dron dirigido a un posible atacante suicida en las últimas horas de la operación y que dejó al menos 10 civiles muertos.

El general McKenzie señaló que a pesar de que la misión militar terminó, la tarea diplomática para ayudar a aquellos que no pudieron salir antes de la fecha límite continúa.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que espera que los talibanes mantengan sus promesas de dejar que la gente se vaya, incluidos los afganos que apoyaron la guerra.

También estableció en términos generales las expectativas sobre la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos y el acceso humanitario, uniéndose en un conjunto de reglas básicas para participar en esta nueva etapa en Afganistán.

“Angustia de la partida”

En las últimas semanas, Estados Unidos evacuó a unas 120.000 personas -estadounidenses, afganos y de otras nacionalidades- de la capital afgana.

McKenzie enfatizó que el costo de la misión total fue alto, con más de 2.400 militares estadounidenses muertos en dos décadas.

También rindió homenaje a los 13 soldados estadounidenses muertos en un atentado suicida reivindicado por ISIS-K, la rama afgana del autodenominado Estado Islámico, en el aeropuerto de Kabul la semana pasada y dijo que su sacrificio debe ser honrado.

“Hay mucha angustia asociada con esta partida. No sacamos a todos los que queríamos sacar. Pero yo creo que si nos hubiéramos quedado otros 10 días, no habríamos conseguido evacuar a todos”, dijo McKenzie.

Cuando las últimas tropas estadounidenses se retiraron de Kabul, se escucharon los disparos de celebración de las fuerzas pro-talibanes sobre la capital afgana.

En los 20 años de presencia estadounidense en Afganistán, más de 800.000 militares estadounidenses y 25.000 civiles prestaron servicio en el país.

La decisión del juez, emitida a última hora del viernes y de la que informó este sábado la cadena CBS News, da al Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden siete días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el MPP.

Biden suspendió nada más llegar al poder en enero las inscripciones en ese programa, impulsado en 2019 por el Gobierno de su predecesor, Donald Trump (2017-2021), y por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.

En febrero, el Gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el MPP y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón el viernes a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado al Gobierno de Biden en abril por su decisión de acabar con el programa.

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Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.

El magistrado consideró que el fin de esa política daña los intereses de Texas y Misuri, porque los migrantes que se liberen en Estados Unidos a la espera de sus citas ante tribunales migratorios pueden recurrir a servicios sanitarios o educativos en el país.

Kacsmaryk ordenó al Gobierno de Biden restaurar el programa al menos hasta que encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal”, y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, pueden entrar en EE.UU.

Si el Gobierno de Biden apela la decisión y el litigio se alarga, es posible que la batalla acabe en el Supremo, que en marzo de 2020 ya dio la razón a Trump y le permitió seguir implementando el MPP, aunque no entró a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política.

En ese caso, la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, sigla en inglés) presentó una demanda contra la política por considerar que violaba las obligaciones estadounidenses en materia de migración y asilo, al enviar a los migrantes al norte de México, donde podían ser víctimas de redes de trata o secuestrados para exigir un rescate.

La decisión del juez llega cuando siguen subiendo las llegadas de indocumentados a la frontera sur de EE.UU.: en julio, las autoridades estadounidenses detuvieron en la frontera sur a 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años.

En un comunicado de la Casa Blanca, Biden dijo que el Departamento de Justicia apelará el fallo del juez Andrew Hanen de Texas, y agregó que “solo el Congreso puede garantizar una solución permanente al otorgar un camino a la ciudadanía para los Dreamers”.

Instituido por el expresidente Barack Obama en 2012, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cubre a unas 700.000 personas conocidas como “Dreamers”. Para muchos, Estados Unidos es el único país que han conocido.

Los protegidos por el DACA recibieron un alivio temporal en junio de 2020 cuando la Corte Suprema dispuso que la administración Trump no había proporcionado una justificación suficiente para sus intentos de poner fin al programa.

Al dejar en claro que se pronunciaba principalmente sobre cuestiones de procedimiento, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad a nuevas impugnaciones.

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En su fallo, el juez Hanen del Tribunal federal de distrito en Houston dijo que Obama excedió su autoridad cuando instituyó el DACA a través de una orden ejecutiva, a la que calificó de “ilegal”. Dispuso que el gobierno debe dejar de aceptar personas en el programa, aunque aún podría recibir solicitudes.

Hanen indicó que su decisión no requiere que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia “tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier destinatario, solicitante o cualquier otra persona de DACA que de otra manera no tomaría”.

La decisión tampoco afectó de inmediato la situación de las personas que ya habían sido aceptadas en el programa.

Para solicitar la protección de DACA, que también permite el derecho a trabajar, los solicitantes deben haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años.

Asimismo, deben asistir a la escuela o haberse graduado de la escuela secundaria o equivalente, o haber sido dados de baja honorablemente del ejército y no tener antecedentes penales.

En 2017, el entonces presidente Donald Trump intentó desmantelar el DACA alegando que era inconstitucional, lo que provocó una larga batalla judicial que terminó en la Corte Suprema. El DACA sobrevivió y fue reinstalado en diciembre pasado.

El turno del Congreso

Desde que asumió el cargo, Biden ha buscado fortalecer el programa, así como iniciar una reforma migratoria más amplia.

En un tuit el sábado, Obama se hizo eco del llamado de Biden al Congreso a encontrar una solución permanente para los “Dreamers”.

“Durante más de nueve años, los DREAMers han visto a los tribunales y a los políticos debatir si se les permitirá permanecer en el único país que muchos de ellos han conocido. Ya es hora de que el Congreso actúe y les dé la protección y la certeza que merecen”, escribió en la red social.

Después del fallo del viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: “Los demócratas piden a los republicanos en el Congreso que se unan a nosotros para respetar la voluntad del pueblo estadounidense y la ley, para garantizar que los Dreamers tengan un camino permanente hacia la ciudadanía”.

Si tienen menos de 50 años, tal vez no recuerden cuando Japón iba a conquistar el mundo.

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, mucha gente estaba obsesionada con el éxito económico de Japón y temía el declive estadounidense. Las secciones de supuesta no ficción de las librerías de los aeropuertos estaban llenas de volúmenes con guerreros samuráis en sus portadas, que prometían compartir los secretos de la gestión japonesa. Michael Crichton publicó una novela de gran éxito, “Sol naciente”, sobre la amenaza inminente del dominio japonés, antes de pasar a los dinosaurios.

La japonofilia/japonofobia se hizo presente en las políticas públicas en forma de un llamado generalizado a favor de que las políticas nacionales se concentraran en la industria, con un gasto gubernamental y quizás proteccionismo para impulsar a las industrias del futuro, en particular la producción de semiconductores.

Después, Japón desapareció casi por completo de la conversación de Estados Unidos y, si acaso, solo se le citaba como un ejemplo de estancamiento económico y décadas perdidas. Y entramos en una era de arrogancia autocomplaciente, motivada por el dominio de las empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos.

A decir verdad, los fracasos de Japón han sido, en cierto modo, tan exagerados como sus éxitos anteriores. La nación insular sigue siendo rica y tecnológicamente sofisticada; su lento crecimiento económico refleja sobre todo la baja fertilidad y la inmigración, que han ocasionado una disminución de la población productiva. Ajustando la demografía, las economías de Japón y Estados Unidos han crecido más o menos al mismo ritmo en los últimos 30 años.

En cualquier caso, parece que nos estamos adentrando a una nueva era de preocupaciones sobre el lugar que ocupa Estados Unidos en la economía mundial, esta vez impulsadas por el temor a China. Y estamos escuchando nuevos llamados a favor de las políticas industriales, que he de admitir no me convencen del todo. Sin embargo, en esta ocasión, las razones para la acción gubernamental son mucho más inteligentes que en la década de 1980 y, por supuesto, bastante más inteligentes que el nacionalismo económico de la era de Donald Trump, al que se parecen de manera superficial.

Lo que me lleva al informe de 250 páginas sobre las cadenas de suministro que el gobierno de Joe Biden publicó hace unos días. Se trata de uno de esos informes que pueden resultar importantes, aunque poca gente los lea. ¿Por qué? Porque ofrece una especie de plantilla intelectual para la elaboración de políticas; al momento de redactar la legislación y las normas, ese informe y su análisis serán un trasfondo que ayudará a dar forma a los detalles del gasto y las regulaciones.

Ahora bien, la economía mundial ha cambiado mucho desde los días en que los ejecutivos estadounidenses intentaban reinventarse como samuráis. Los países solían fabricar cosas como coches y aviones; hoy en día fabrican partes de cosas, que se combinan con otras partes de cosas que se fabrican en otros países y que acaban ensamblándose en algo que los consumidores quieren. El ejemplo clásico, y a estas alturas un tanto trillado, es el iPhone, ensamblado en China a partir de piezas procedentes de todas partes.

El gran crecimiento de las cadenas de suministro que se extienden por todo el mundo no es nuevo, pero los acontecimientos recientes han puesto de relieve los peligros asociados a la producción fragmentada.

El informe de la Casa Blanca se centra en cuatro sectores: los chips semiconductores, las baterías, los productos farmacéuticos y los minerales de tierras raras que son tan importantes para la mayoría de las tecnologías. La economía moderna utiliza chips casi en todo y la producción de chips está muy globalizada.

Así que nos encontramos con una situación en la que la producción de autos en Estados Unidos se está viendo afectada debido a que la sequía en Taiwán y el incendio de una fábrica en Japón afectaron el suministro de estos componentes minúsculos pero esenciales. Además, gran parte del suministro mundial de tierras raras procede de China, cuyo régimen no se caracteriza por su timidez a la hora de hacer valer su peso.

Y el nacionalismo de las vacunas —los países que limitan la exportación de vacunas y componentes clave para fabricarlas— se ha convertido en un verdadero problema en la era del covid-19.

El informe se centra en gran medida en las cuestiones de seguridad nacional, que siempre se ha considerado una razón legítima para alejarse del libre comercio. Incluso está consagrada en los acuerdos internacionales. El expresidente Donald Trump dio mala fama al argumento de la seguridad nacional al abusar de él (en serio, ¿el aluminio canadiense es una amenaza para Estados Unidos?). Pero no hay que ser trumpista para preocuparse por nuestra dependencia de las tierras raras chinas.

Dicho esto, el informe sobre la cadena de suministro va mucho más allá del argumento de la seguridad nacional, ya que aboga por la necesidad de conservar la fabricación nacional en una amplia gama de sectores para mantener nuestra competencia tecnológica. No es un argumento absurdo, pero es muy abierto. ¿Dónde se detiene?

Una cosa está clara: si pensaban que el resurgimiento del nacionalismo económico era una mera aberración trumpista, se equivocan. El gobierno de Biden no se va a meter en tonterías como la obsesión de Trump por los desequilibrios comerciales bilaterales, pero no va a volver a la aceptación ciega de la globalización que ha caracterizado a la mayoría de las políticas estadounidenses desde hace décadas. ¿Llevará esto a una nueva era de guerras comerciales? Tal vez no, pero no esperen muchos acuerdos comerciales importantes en los próximos años.

La cadena estadounidense de noticias CNN publicó este 20 de abril que la Casa Blanca, sede del gobierno de Estados Unidos, planea una amplia gama de planes migración antes de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Centroamérica, la cual incluiría presionar a Guatemala para que aborde temas de gobernabilidad, que van desde la inversión hasta la corrupción.

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El reporte periodístico detalla que el gobierno de Joe Biden está “considerando presionar a Guatemala para que aborde los problemas de gobernabilidad en el país, que van desde la inversión hasta la corrupción”, según una fuente familiarizada con las deliberaciones en la Casa Blanca.

Este sería solo una de las delicadas negociaciones que se espera de la vicepresidenta Kamala Harris tenga que liderar para frenar la crisis migratoria que se vive en el sur de la frontera de Estados Unidos, a donde a diario llegan miles de migrantes centroamericanos.

Según el reporte de CNN, el Departamento de Estado, en coordinación con otras agencias federales, está sopesando una lista de prioridades para abordar la migración irregular antes de la visita de Harris a Guatemala, que ella misma anunció.

Las prioridades de Estados Unidos incluyen una reforma legislativa diseñada para mejorar las condiciones en el país, reforzar la seguridad fronteriza en la región y aumentar los vuelos de remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo la fuente a la cadena de noticias.

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Según ese medio, esta es una negociación de alto riesgo para la vicepresidenta Harris, quien fue elegida por Biden para liderar los esfuerzos en Centroamérica para frenar la migración irregular, que cada día lleva a miles de personas a la frontera de Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida y que derivado de esa crisis, se están agotando los recursos de EE. UU. para afrontar ese tema.

Según le dijo a CNN una fuente familiarizada con la visita de Harris a Guatemala, y también México, esta no se realizará sino hasta mediados de mayo.

Harris recorrió una fábrica el pasado lunes en Carolina del Norte y dijo en relación a la crisis migratoria: “Estamos progresando, pero seamos muy claros, este es un tema complicado y complejo que en realidad ha sido un problema durante mucho tiempo y el trabajo que estamos realizando ahora es un trabajo que va a requerir mucho tiempo. compromiso permanente más allá de las administraciones”.

La vicepresidenta también se ha reunido con expertos en una mesa redonda virtual en la que se dedicó a escuchar y aprender e hizo preguntas sobre el tema de migración, pero no proporcionó información sobre estrategias específicas, le dijo la fuente a CNN.

Además, mencionó que Harris “está muy concentrada” en lidiar con las causas fundamentales y en ver qué proporcionaría “esperanza” a las personas de la región centroamericana en el corto plazo.

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Buscan información sobre la región

Según el informante de la cadena CNN, detrás de escena, la Casa Blanca le ha encargado a los departamentos y agencias federales que recopilen información sobre temas relacionados con la región centroamericana, que incluye grupos de trabajo para combatir la corrupción y el contrabando hasta asistencia humanitaria para establecer centros de recursos para migrantes.

Esta estrategia también incluye explorar la expansión del programa de menores centroamericanos, que permite que ciertos jóvenes de la región que están en riesgo vivan en EE. UU., y proporcionar más fondos para apoyar inversiones en energía renovable.

Según CNN, todos estos esfuerzos permiten establecer que toda la administración del gobierno de EE. UU. está enfocado en abordar urgentemente los problemas de Centroamérica, pues muchos de los migrantes que llegan al país van huyendo de las condiciones deterioradas en sus países.

La pandemia generada por el coronavirus ha impactado fuertemente en la región, pues en Latinoamérica han aumentado las cifras de muertes y contagios, lo que impacta en la economía de los países.

Aunado a esto, Centroamérica fue azotada por dos devastadores tormentas y se espera una disminución en el crecimiento económico y que eso empeore la desigualdad de ingresos y pobreza en la región, según el Servicio de Investigación del Congreso.

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CNN también hace referencia a la reciente entrevista que ofreció el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a la cadena de televisión ABC, en la que aseguró que la gente migra “porque no tiene trabajo, hogar, salud, educación ni seguridad”. Además, que ha hablado con Biden y Harris sobre los muros de prosperidad para frenar el flujo migratorio.

La semana pasada la vicepresidenta Harris citó la corrupción, el estado de derecho, la agricultura, la inseguridad alimentaria y los problemas de derechos humanos como factores que contribuyen a la migración masiva en la región.

“Todos somos muy claros. El trabajo que tenemos el potencial de hacer en el Triángulo del Norte no se evidenciará de la noche a la mañana, de ninguna manera. Estamos analizando cuestiones que se han estado elaborando durante mucho tiempo”, dijo.

Además, la vicepresidenta dijo que la semana pasada habló con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, durante su visita a la Casa Blanca, sobre cómo ese país puede ayudar en la región. Además, se está trabajando con las Naciones Unidas para trabajar con aliados para renovar el enfoque en la región”.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha lanzado una cruzada contra las grandes empresas a las que quiere aumentar el tipo impositivo del 21% al 28%, y que busca extender al ámbito internacional con su propuesta de un impuesto mínimo global de sociedades presentada esta semana al G20.

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El nuevo plan trata de quebrar “la carrera a la baja” en materia de impuestos corporativos a nivel internacional, en palabras de su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y establecer “sistemas fiscales estables y justos”.

Para eso, Yellen ya ha presentado una iniciativa al G20 (que aglutina a las principales economías avanzadas y en desarrollo) para establecer una tasa mínima global de sociedades del 21% y limitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales.

Biden pretende aplicar impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos contables, los que reportan a los inversores, a diferencia de los ingresos que se reportan a la Hacienda estadounidense.

También fortalece la normativa para evitar las llamadas “inversiones fiscales”, mediante las cuales grandes empresas se fusionan en busca de radicar la sede en el país con un trato fiscal más favorable y canalizar hacia allí parte de los beneficios logrados en EE. UU. para reducir el pago de impuestos.

La apuesta de Biden ha sorprendido por su ambición, particularmente con la renovada voluntad de liderazgo internacional de Washington.

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CAMBIO DE 180 GRADOS

“Lo positivo también es el efecto de arrastre que esto pueda tener: la opción de armar un modelo fiscal en base a defender el valor económico real y no la competencia artificial y artificiosa por quien paga menos. Proteger antes el empleo que a los grandes inversores. Un cambio de 180 grados”, explicó a Efe Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de la ONG Oxfam.

Supone, además, revertir una de las principales herencias dejadas por su predecesor, Donald Trump (2017-2021), quien hizo de los agudos recortes de impuestos uno de sus ejes en política económica con una reducción de la tasa a las corporaciones del 35 % al 21 %.

“Ese recorte fue más de lo que buscaban las empresas: aunque se suponía que la base impositiva para las corporaciones se ampliaría mediante la eliminación de las deducciones, muchas corporaciones grandes todavía no pagan impuestos”, analizó en una entrevista con Efe el profesor asociado de Economía de la Universidad de San Diego, Alan Gin.

En su opinión, la decisión más efectiva sería colocar la tasa corporativa en el 28 %, pero lo “más probable que suceda” es un aumento al 25 %.

Ante esta situación algunas empresas estadounidenses podrían intentar reubicarse, pero, según el profesor Gin, las ganancias de productividad debido al plan de modernización de infraestructura de Biden, valorado en más de 2 billones de dólares, deberían producir una ganancia neta en el empleo.

This isn’t complicated. pic.twitter.com/4Fei10Vjih

— President Biden (@POTUS) April 10, 2021

ABIERTO A NEGOCIACIÓN

Consciente de la necesidad de recabar amplio apoyo dado la mínima mayoría demócrata en el Senado, Biden, veterano político con más de tres décadas en el Congreso de EE. UU., mostró también su lado pragmático al mostrar su disposición a la negociación.

“El compromiso es inevitable. Estaremos abiertos a buenas ideas en negociaciones de buena fe. Pero no estaremos abiertos a no hacer nada. La inacción no es una opción”, dijo esta semana Biden al defender su plan.

Con esta subida de impuestos, que recaudaría 2.5 billones de dólares en 15 años, el mandatario busca financiar su voluminoso plan de modernización de la avejentada infraestructura en EE. UU., especialmente en el sistema de transporte, y su transición hacia una economía sustentada en las energías renovables.

El debate pasará ahora al Congreso donde los republicanos ya han asegurado que si bien podrían apoyar la inversión en infraestructura, pero con un alcance más limitado, lo que no están dispuestos es a aumentar los impuestos.

“Si podemos ponernos de acuerdo sobre cuál es la definición de infraestructura, puede haber un camino hacia adelante. Pero tiene que ser financiado de manera creíble, no a través de una completa eliminación de la reforma fiscal de 2017”, señaló Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, en rueda de prensa esta semana.

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ACOGIDA POSITIVA DE GRANDES EMPRESAS

La propuesta ha sido acogida con buenos ojos por parte de grandes empresas, tradicionalmente opuestas a cualquier subida impositiva, y por los estados que sufren las consecuencias de la escasa inversión federal.

De hecho, Amazon, el gigante del comercio electrónico, respaldó la apuesta de la Administración Biden, y señaló que “requerirá concesiones por todas las partes, tanto en los detalles sobre qué se incluye como en la forma en que se pagará”.

“Nosotros apoyamos una subida del tipo del impuesto de sociedades”, apuntó en un comunicado el jefe de Amazon, Jeff Bezos, quien rara vez ofrece declaraciones públicas, y confió en que el Gobierno y el Congreso alcancen un compromiso “equilibrado” que “mantenga o mejore la competitividad de Estados Unidos”.

Por su lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha declarado que el plan de Biden sería “un cambio de las reglas del juego” para sul estado, el más poblado de EE. UU.

Como ejemplo citó el impulso del uso del transporte limpio mediante una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos e incentivos para comprar automóviles de ese tipo serán “cruciales” para mejorar la calidad del aire y lidiar con la crisis climática en California.

Además, la CBP detuvo en marzo a un récord histórico de menores que llegaron a la frontera solos, un total de 18 mil 890, el doble que en febrero y la cifra máxima para un solo mes desde que la agencia empezó a contabilizar esos datos en 2009.

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El mes pasado, los agentes fronterizos de Estados Unidos interceptaron en total a 172 mil 331 indocumentados en el linde, un aumento del 70.6 % respecto a los 101 mil 028 de febrero de este año, según los datos actualizados este jueves por la CBP.

Esas cifras evidencian la gravedad de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, donde la llegada de indocumentados no ha dejado de aumentar desde mayo de 2020 y se ha disparado desde que el presidente de EE. UU., Joe Biden, asumió el poder en enero.

De los más de 172 mil migrantes interceptados en marzo, un total de 168 mil 195 fueron “aprehendidos” por la CBP al cruzar irregularmente, mientras que otros 4 mil 136 llegaron a las garitas de ingreso de la frontera, donde en muchos casos son declarados “inadmisibles”.

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La cifra de 168 mil 195 detenidos en zonas entre puertos de entrada es la mayor en un solo mes desde marzo de 2001, cuando la CBP arrestó a 170 mil 580 indocumentados, según datos oficiales de la agencia revisados por EFE.

Ese récord inédito en dos décadas, sumado al máximo histórico en la llegada de menores solos, aumentará la presión sobre el Gobierno de Biden, cuyo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita este jueves por tercera vez la frontera sur, al desplazarse a El Paso y McAllen, en el estado de Texas.

Mayoría de adultos

La mayoría de las detenciones en la frontera en marzo fueron de adultos que viajaban solos, un total de 99 mil 659; mientras que 53 mil 782 fueron miembros de familias o menores acompañados.

El 60 % de los arrestados en la frontera en marzo, un total de 103 mil 900, fueron expulsados inmediatamente en virtud del llamado “Título 42”, una medida amparada en la pandemia de la covid-19 que se instauró bajo el Gobierno del expresidente Donald Trump y que Biden ha mantenido en pie.

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Esa norma permite a Estados Unidos expulsar inmediatamente a los adultos que viajan solos y las familias con niños mayores de 7 años.

En marzo, el 28 % de los afectados por el “Título 42” ya habían cruzado antes la frontera y habían sido deportados en virtud de la misma medida, según los datos.

En cuanto a los menores que llegaron solos, la cifra de 18 mil 890 supera el anterior récord marcado en mayo de 2019, que era de 11 mil 475; y está también muy por encima del máximo de 10 mil 620 alcanzado en junio de 2014, en pleno auge de la crisis migratoria que ocupó ese año al Gobierno del expresidente Barack Obama.

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El Ejecutivo de Biden ha recibido críticas porque muchos menores que han cruzado la frontera se han quedado más tiempo del permitido por ley en centros de detención gestionados por la CBP, que no están diseñados para niños.

De los 18 mil 890 menores solos detenidos en marzo, 15 mil 843 procedían del Triángulo Norte de Centroamérica, entre ellos 8 mil 366 de Guatemala, 5 mil 907 de Honduras y 1 mil 570 de El Salvador; mientras que 2 mil 452 eran mexicanos y otros 595, de otras nacionalidades.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que concuerda con la afirmación de que su par ruso Vladimir Putin es un “asesino” y advirtió que “pagará las consecuencias” por presuntamente tratar de socavar su candidatura en las elecciones de 2020, según una entrevista difundida el miércoles por la cadena ABC.

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Interrogado por el periodista que le pregunta si piensa que el presidente ruso “es un asesino”, Biden responde “Sí, lo pienso”.

La declaración marcó un gran contraste con la firme negativa de su predecesor, Donald Trump, a decir algo negativo sobre el presidente ruso.

Biden dijo que había hablado con Putin en enero después de asumir el cargo.

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“Tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien”, dijo Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017)

“Le dije ‘te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate'”, dijo Biden.

Biden no especificó si se refería a la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses o a otros comportamientos que Estados Unidos cuestiona, como el envenenamiento y encarcelamiento del opositor ruso Alexéi Navalni.

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Rusia reaccionó con furia a los comentarios de Biden sobre que Putin es un asesino.

“Biden ha insultado a los ciudadanos de nuestro país con su declaración”, escribió en su canal de Telegram el presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin, quien añadió que los ataques a Putin son “ataques a nuestro país”.