Once militares están desaparecidos y seis quedaron heridos tras la caída de un helicóptero Black Hawk en el sureste de Colombia, durante una operación contra un grupo guerrillero que se marginó del proceso de paz, informó el Ejército este martes 21 de julio.

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En el aparato viajaban 17 uniformados, “de los cuales seis resultaron heridos y 11 más se encuentran desaparecidos”, señaló el alto mando en un comunicado, sin precisar si la nave se accidentó o fue derribada.

Las autoridades encontraron el helicóptero en un tramo del río Inírida, en el departamento de Guaviare, donde operan rebeldes de las antiguas Farc que siguieron en armas tras la desmovilización del grueso de combatientes en el marco del acuerdo de paz de 2016.

Según el Ejército colombiano, la aeronave participaba en una operación contra las llamadas disidencias de las Farc en un área donde también hay narcocultivos.

El aparato había sido reportado como desaparecido más temprano.

“La comisión de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional se encuentra en el lugar iniciando las investigaciones correspondientes con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos”, agregó la institución en el texto.

La operación se produjo en la región de San Vicente del Caguán, uno de los viejos bastiones de la guerrilla en el sur del país.

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó de la operación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) en contra de una “cuadrilla de narcoterroristas” vinculados a Iván Márquez. 

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Entre los fallecidos estaba alias “Gildardo Cucho”, a quien Duque identificó como “cabecilla” de uno de los llamados Grupos Armados Organizados Residuales que pertenecieron a las FARC.

“Este criminal se dedicaba al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales, y pretendía ser parte de esta estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una guerrilla”, dijo Duque.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, advirtió que los “delincuentes” deben entregarse “o serán vencidos”.

https://twitter.com/GuillermoBotero/status/1167476825192325122

La ofensiva militar es la primera que se conoce luego de que Iván Márquez, Jesús Santrich, Iván Darío Velásquez y otros antiguos miembros de las FARC anunciaron a través de un video el jueves que volvían a la lucha armada contra el gobierno colombiano.

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La decisión de retomar las armas, dijo Márquez al leer un manifiesto, es la “continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana” firmados en 2016.

El video fue publicado en internet casi tres años después de que, en noviembre de 2016, la guerrilla y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) firmaran un acuerdo de paz.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, asegura que “más del 90% de los excombatientes de las FARC están comprometidos con el proceso y esa voluntad de paz debe ser respetada”.

Por su parte, Duque dice que el país no está ante el nacimiento de una nueva guerrilla, “sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas”.

Como es explicable y comprensible, desde ya han comenzado a manifestarse variadas dudas acerca de la validez de muchas de las circunstancias en que se estampó esa firma, entre ellas el lugar donde ocurrió, las concesiones que ello significa, y así un largo etcétera que incluye las intenciones de la guerrilla más antigua de América Latina para cumplir con la entrega de la totalidad de las armas, por mencionar algunas de las más relevantes.

Si bien aún quedan otros grupos irregulares colombianos, hay motivos para confiar que existen bases para la efectiva llegada de la paz a todo ese territorio. Pero lo más importante se refiere a que se pueda hacer realidad el elemento básico del fin de esta guerra interna, esto es el convencimiento de que la vía de las armas no es la forma para establecer cambios sociales y políticos, y que estos deben llegar por medio de la integración a la lucha política, que en las democracias se debe manifestar en última instancia en las urnas y sin ningún tipo de violencia.

Los dirigentes guerrilleros tienen ahora un reto igualmente gigantesco: convencer a los ciudadanos colombianos de que con los votos hagan realidad las propuestas de quienes se han mantenido por tanto tiempo en la clandestinidad y que han basado su fuerza en la sangrienta lógica de la ley de la guerra irregular, cuya principal característica es no tener que obedecer normas que sí se les pueden exigir a las fuerzas armadas. Esto es de fundamental importancia para que luego no se pueda abrir juicio por atrocidades solo a quienes participaron en las filas de las fuerzas regulares.

El papel principal lo tienen los hombres y mujeres de Colombia. Luego de medio siglo de guerra, es imposible encontrar a nadie cuya vida personal no haya sido afectada de manera directa o indirecta, ya sea en un tiempo muy lejano o cercano, sin importar si es habitante de las grandes ciudades o de las poblaciones medianas o pequeñas. Los jóvenes colombianos tienen también la tarea de tratar de comprender cuando los adultos manifiesten frustración porque la paz haya sido firmada en condiciones que no consideren las mejores.

A los guatemaltecos, que ahora vemos las consecuencias de no habernos preparado realmente para la paz firme y duradera, debe alegrarnos lo ocurrido ayer, ya que va en beneficio de Colombia. Pero también hacer votos porque ese gran país hermano no fracase en la tarea de entender que el sacrificio de tantos colombianos será inútil en la medida en que no se luche de manera convencida para obtener el máximo beneficio de que se apague el fragor de las armas.

Las autoridades responsabilizaron del ataque en el altiplano andino al Ejército de Liberación Nacional (ELN) , la segunda guerrilla más grande del país.

Once de los fallecidos pertenecían al ejército y uno más era policía. Seis personas se encuentran desaparecidas, incluyendo dos trabajadores electorales y un guía indígena, informó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Villegas señaló que el grupo transportaba a la capital 130 papeletas electorales de los habitantes de la reserva U’wa para su conteo, luego de la votación del domingo último, en un extremo del popular parque nacional Sierra Nevada del Cocuy.

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“Estaban custodiando la libertad política de nuestros hermanos U’wa”, dijo Villegas en conferencia de prensa, y agregó que un alto comando militar se trasladó al área para supervisar los esfuerzos para localizar a los desaparecidos, así como a los atacantes.

El ELN es una guerrilla de inspiración cubana que había entablado negociaciones exploratorias de paz con representantes del Gobierno durante más de un año, pero al mismo tiempo se rehusaba a emular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (Farc) e iniciar negociaciones formales con la intención de finalizar con más de medio siglo de derramamiento de sangre.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, expresó sus condolencias y dijo que el ataque manchó lo que habían sido las elecciones más seguras que había tenido el país en décadas, con una reducción de 60% de la violencia en relación con los comicios previos del 2011.

La muerte de este guerrillero, identificado como José Amín Hernández, fue catalogada como un “golpe contundente” al ELN, producto de un operativo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, según un comunicado del Ejército.

En el operativo, que permitió tomar por asalto el campamento de Hernández, fue capturado otro guerrillero.

Según las autoridades, el abatido jefe rebelde había ingresado al ELN, segunda guerrilla del país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 1980 y actualmente tenía bajo su mando a cerca de 300 guerrilleros.

Extorsionaba al sector minero

Hernández era señalado de liderar extorsiones al sector minero en la región del Magdalena Medio (centro-norte), así como de participar en actividades de minería ilegal y narcotráfico.

Además, las autoridades le responsabilizan del secuestro de un avión de la aerolínea Avianca en 1999, que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá y llevaba 46 pasajeros a bordo.

Más recientemente, se le acusa de ordenar en enero del 2013 el secuestro de cinco contratistas de una empresa petrolera en el departamento de Bolívar (norte), dos de los cuales eran peruanos y uno canadiense.

El ELN, que cuenta con unos 2 mil 500 rebeldes en sus filas, anunció hace un año que mantenía diálogos exploratorios con el gobierno para instalar una mesa formal de negociaciones de paz, paralela a la que se desarrolla con las Farc en Cuba desde el 2012.

Sin embargo, los acercamientos no han dado resultados concretos aún y esta misma semana la Unión Europea y la Celac, en una cumbre en Bruselas, pidieron al ELN y al gobierno que inicien “cuanto antes” conversaciones formales de paz para poner fin al conflicto armado de más de medio siglo.

El conflicto colombiano, en el que han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, ha dejado al menos 220 mil muertos y más de seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

Los guerrilleros fallecidos pertenecen al cuarto frente del Bloque Magdalena de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , cuyo comandante es alias “Pastor Alape”, uno de los jefes rebeldes que actualmente integran la mesa de negociación en La Habana.

Este ataque militar se suma al bombardeo del jueves contra un campamento rebelde en el departamento de Cauca y en el que se informó habían muerto 26 guerrilleros. Pero este sábado se conoció el hallazgo de otro cadáver, lo que elevó la cifra a 27.

Suspenden cese

Tras esa acción de la fuerza pública, las Farc anunciaron la víspera la suspensión del cese unilateral e indefinido al fuego que había comenzado el 20 de diciembre como una medida para bajar la intensidad del conflicto que suma medio siglo y al cual busca ponérsele fin mediante las negociaciones en Cuba con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde noviembre de 2012.

El 15 de abril, las FARC dieron muerte en Cauca a 10 militares y causaron heridas a otros 20, lo que obligó a Santos a levantar la orden que días antes había dado de suspender los bombardeos a los campamentos rebeldes.

La guerrilla y el gobierno han alcanzado a la fecha acuerdos parciales sobre asuntos agrarios, participación política y lucha contra el narcotráfico. Siguen conversando sobre la reparación de las víctimas, la reintegración de los rebeldes a la vida civil y el abandono de las armas.

En tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo este sábado que su Gobierno está listo para acelerar las negociaciones de paz con las Farc en Cuba porque el país necesita acabar con medio siglo de conflicto armado.

En un acto de entrega de casas populares en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, Santos afirmó que sólo con un acuerdo de paz podrá haber un alto el fuego bilateral y definitivo, como el que pide la guerrilla.

“Tenemos que tomar decisiones para acabar esta guerra lo más pronto posible. Y yo estoy listo a acelerar las negociaciones para obtener ese cese al fuego bilateral y definitivo a la mayor brevedad posible”, señaló el mandatario.

Prensa Libre, en su sección Internacional, dió a conocer pormenores de este conflicto desde su fundación. En su edición del 14 de noviembre de 1966 daba a conocer una alianza que los dos grupos guerrilleros de la época pactaron para hacer frente al gobierno colombiano.

Los grupos guerrilleros denominados “Ejército de Liberación Nacional” (ELN) y “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), según la prensa colombiana, eran apoyadas y subvencionadas por el comunismo internacional. Acordaron unificar sus esfuerzos contra las instituciones democráticas con el apoyo del castrocomunismo.

De acuerdo con el diario bogotano “El Tiempo”, en un editorial de la época comentaba el hecho que que existe un propósito criminal del comunismo, más exactamente del castrismo, pues es desde Cuba de donde viene el aliento a estas organizaciones delictuosas.

El ELN opera en el departamento de Santander, al norte de Bogotá, en tanto las FARC, concentran sus actividades en las montañas del departamento del Huila y el Tolima, al sur de la capital.

Ideologías

Según la nota periodística, el ELN está apoyado por el comunismo colombiano que sigue la línea pro-Pekín, y en sus filas figuró hasta su muerte el ex sacerdote Camilo Torres.

Las FARC son de orientación soviética y están dirigidas por Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda, alias “Tiro Fijo”, (fallecido), antiguo delincuente, quien tiene en su haber, entre otros crímenes, el asesinato de unas monjas misioneras y una emboscada en la que perecieron 16 militares.

Acciones

Las autoridades militares colombianas se aprestan a una rápida campaña para terminar definitivamente con esos grupos y con la amenaza que representan para la seguridad del país.

“Esta organización (refiriéndose al ELN), en lugar de entrar en sintonía con el desescalamiento y la búsqueda de la paz, ha continuado, y hasta incrementado, sus actividades delictivas. Por esa razón, vamos a intensificar nuestras operaciones militares y de policía en su contra”, manifestó el jefe de Estado en un discurso al país.

Según el mandatario, al cabo de ese mes de suspensión de bombardeos se hará una nueva revisión del cumplimiento del cese unilateral de hostilidades por parte de las Farc “y, de acuerdo con sus resultados, decidiremos si continuamos con esa medida”.

En su discurso en cadena de radio y televisión, el gobernante advirtió de que, en todo caso, el Gobierno no renunciará a los bombardeos si ve que hay una “amenaza inminente” sobre una población por parte de las Farc.

“La fuerza pública seguirá cumpliendo su obligación de proteger a todos los colombianos y no va a descuidar un solo centímetro de nuestro territorio”, afirmó.

De la misma forma, aclaró que la suspensión temporal de los bombardeos no significa que no puedan ocurrir enfrentamientos con las Farc durante operaciones de patrullaje y de control militar del territorio porque “son las reglas de juego”.

Santos recordó que cuando tomó la decisión de negociar con la principal guerrilla colombiana se acordó hacerlo en medio del conflicto, lo que no impide que se puedan tomar medidas para reducir la intensidad de la guerra como la anunciada hoy.

El alto el fuego unilateral e indefinido de las Farc es una de esas medidas por parte de la guerrilla, dijo Santos al subrayar los avances conseguidos en las negociaciones de paz que desde noviembre de 2012 se celebran en La Habana.

El presidente destacó, además, el reciente anuncio de las Farc de no reclutar más a menores de 17 años y el acuerdo que se logró el pasado fin de semana para poner en marcha el desminado humanitario en Colombia.

“El gobierno y las Farc hemos acordado solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación” de minas sembradas en zonas rurales en el marco del conflicto armado, dijeron las partes en un comunicado leído por el diplomático cubano Rodolfo Benítez, cuyo país es garante del proceso de paz para Colombia junto a Noruega.

Benítez indicó que las partes adoptaron este histórico acuerdo “en el marco del desescalamiento para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos de explosivos de guerra”.

“A partir de hoy el gobierno y las Farc trabajaremos conjuntamente para limpiar algunos territorios rurales”, declaró por su parte el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle.

“Nuestro objetivo principal con esas conversaciones es poner fin al conflicto evitando así víctimas futuras (…), por eso la propuesta de desminado es un primer paso, pero un paso gigante hacia la paz”, añadió.

Las partes hicieron este anuncio al cerrar su trigésimotercer ciclo de pláticas de paz en La Habana, que buscan poner fin a un conflicto armado de medio siglo que ha dejado 220 mil muertos y 5.5 millones de desplazados, según cifras oficiales.

Este acuerdo es el primer resultado del trabajo de una “subcomisión” conjunta integrada por generales y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que inició sus labores hace dos días en La Habana, sede de los diálogos de paz para Colombia desde noviembre de 2012.

Confianza entre combatientes enemigos

“Entregamos hoy al país un acuerdo humanitario que inicia la limpieza y descontaminación de nuestros campos”, dijo el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez.

“Es satisfactorio poder expresar que efectivamente la subcomisión técnica que trata de temas tan trascendentales como el cese al fuego bilateral y definitivo, y el mutuo compromiso de la dejación de las armas ha comenzado a andar a buen ritmo, concitando una franca aproximación y confianza entre combatientes” enemigos, agregó.

Seis jefes militares, encabezados por el mayor general Javier Flórez, participaron en la primera reunión de trabajo con los comandantes rebeldes de este equipo conjunto, creado para que haga propuestas a los negociadores “plenipotenciarios” de ambas partes para un cese definitivo de hostilidades.

Según el acuerdo, el gobierno y las Farc “seleccionarán un número inicial de sitios que serán objeto de una primera fase” de desminado, en un proceso que se realizará en “un marco de diálogo con las comunidades”.

“Será un trabajo en el que participarán miembros de las Farc, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura de acuerdo con la ley”, precisó De la Calle.

Este acuerdo “es un hecho concreto de paz”, declaró a la AFP el académico colombiano, Jairo Libreros.

Para el politólogo Ariel vila, que es coordinador del Observatorio Paz y Reconciliación de Colombia, el acuerdo “muestra que se está avanzando en el tema de desescalar el conflicto y que poco a poco de aquí a agosto o septiembre a un cese bilateral”

– 11 mil víctimas –

La delegación de paz del gobierno había fustigado en febrero a la guerrilla por no comprometerse activamente en la limpieza de los campos minados que existen en 668 de los mil 100 municipios de Colombia.

Desde 1990 las minas antipersonales han dejado 11 mil 6 víctimas, entre muertos y heridos, según el general retirado óscar Naranjo, uno de los negociadores del gobierno, en una entrevista publicada en enero en el diario colombiano El Tiempo.

El gobierno y la guerrilla están debatiendo actualmente (desde hace siete meses) el complejo tema de la reparación a las víctimas y el desarme es el siguiente punto de la agenda.

Márquez dijo este sábado que estamos “listos para redactar acuerdos sobre víctimas del conflicto”.

Las partes han consensuado hasta ahora tres de los seis puntos de la agenda y desde el 20 de diciembre las Farc mantienen una tregua unilateral por tiempo indefinido, al que el gobierno no se ha sumado porque piensa que eso sería aprovechado por los rebeldes para reforzarse militarmente.

Las delegaciones de paz iniciaron este sábado un receso y volverán a la mesa de diálogo el 17 de marzo.