El expresidente Alejandro Giammattei asistió este 25 de enero a su primera sesión como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén), un organismo al que criticó reiteradamente y del que en la campaña política que lo llevó a la presidencia prometió desvincular a Guatemala.  

Giammattei fue juramentado como diputado el pasado 16 de enero, junto al exvicepresidente Guillermo Castillo durante una ceremonia realizada de forma virtual.  

Así, Giammattei y Castillo se suman a otros 18 diputados que ganaron su curul el pasado 25 de junio en las Elecciones Generales de 2023.  

El exivicepresidente Castillo no asistió a la reunión del ente regional.  

En la sesión, Giammattei estuvo sentado junto a Raúl Romero, uno de los nuevos diputados y que fue Ministro de Desarrollo Social durante su gobierno.  

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En una publicación en Instagram, Giammattei compartió una foto con Romero y otros diputados y aseguró que “es un honor” integrar el Parlacén y que esta es “una nueva etapa con el mismo espíritu de servicio”.  

Además, agregó que “unidos enfrentaremos los desafíos y construiremos puentes que fomenten el desarrollo regional para un futuro más próspero”. Sus declaraciones actuales se contradicen a las que emitió en 2020.  

En aquel momento, en su primer año de gobierno, aseguró que el Parlacén era obsoleto y anacrónico y dijo que en 2021 iniciaría el proceso para la salida de Guatemala “si los cambios no se dan de lo que debe ser”.  

 

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En esta sesión, deberán elegirse a los representantes de Guatemala en la junta directiva, ya que le corresponde una vicepresidencia y una secretaría.  

Este 16 de enero, el Parlamento Centroamericano (Parlacén) llevó a cabo una sesión extraordinaria virtual para juramentar al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, como diputado de este organismo, así como a su ex vicepresidente, Guillermo Castillo.

La ceremonia tuvo lugar a las 14 horas, marcando el retorno de ambos al ámbito público y el restablecimiento de su derecho de antejuicio.

Fuentes del Parlacén confirmaron que antes de la oficialización de los nuevos cargos, Giammattei participó en una sesión virtual donde los diputados recibieron una detallada inducción sobre el funcionamiento del sistema que utilizarán en el ejercicio del nuevo cargo.

La representación de Guatemala en el Parlacén se conformará con nueve partidos políticos que lograron colocar al menos un diputado de los 20 escaños en disputa.

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Dos de estos escaños serán ocupados por los exfuncionarios Giammattei y Castillo, consolidando su presencia en el ámbito regional y su permanencia en el ruedo político.

Cabe destacar que Giammattei optó por no acudir a la juramentación para el cargo al Parlacén, y presentó una solicitud escrita al organismo regional para convocar una reunión extraordinaria.

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Giammattei justificó su ausencia el domingo 14 a las 17 horas, fecha inicialmente prevista para su juramentación, argumentando su participación en la ceremonia de investidura de Bernardo Arévalo. Sin embargo, tampoco se presentó a dicha ceremonia.

Legado de Giammattei

Antes de su llegada al Parlacén, Giammattei afirmó que dejaba el cargo como presidente “con la frente en alto” durante su discurso en la presentación de su último informe de gobierno.

Sin embargo, su mandato ha sido objeto de críticas por la persecución de opositores políticos, jueces y fiscales, además de escándalos de corrupción.

A pesar de afirmar haber cumplido con sus responsabilidades, Giammattei se despidió con una baja aprobación popular y con promesas de campaña sin cumplir sobre corrupción, desnutrición e infraestructura.

La gestión de Giammattei también se ve empañada por la renovación del mandato al frente del Ministerio Público de Consuelo Porras, sancionada por los Estados Unidos que la señaló de socavar la justicia en Guatemala.

Durante su gobierno, más de 30 funcionarios del sector judicial decidieron exiliarse denunciando una persecución política.

Otro hecho que marcó su administración fue el retiro de visas a 300 guatemaltecos, entre ellos 100 diputados y empresarios. El exmandatario calificó la acción de Estados Unidos como “intervencionista”.

La denuncia de Giammattei generó la reacción de Brian A Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien respondió que conforme a las leyes del país norteamericano tienen “la obligación de sancionar a quienes obstaculizan la democracia o promueven la corrupción”.

El fin de su mandato también se vio marcado por tensiones que atravesó el país por los tropiezos para la toma de posesión de Arévalo, quien anteriormente acusó al MP de intentar llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra.

El expresidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo no fueron juramentados este 14 de enero de 2024 como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacén) como se tenía previsto hacerlo a las 17 horas.

El exmandatario de Guatemala no ha dado una explicación oficial respecto de por qué no asumió su escaño en este ente centroamericano, mientras que Castillo, por medio de una carta, explicó que no lo había hecho por “el acontecer nacional”.

El 12 de enero pasado el exvocero presidencial, Kevin López, afirmó que Giammattei había solicitado una prórroga para ser juramentado como diputado en el Parlacén, procedimiento que estaba programado para este domingo 14 de enero a las 17 horas luego de que entregara el cargo a Bernardo Arévalo de León.

Aquel día, López explicó que había respondido “una carta al presidente de la República en donde solicita la reprogramación de la ceremonia que se tenía contemplada en el Parlacén para el domingo 14 de enero debido a todos los procedimientos de la entrega del cargo, incluyendo las ceremonias correspondientes”.

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Sin precisar fecha, López dijo que el mandatario solicitó la reprogramación de su juramentación para los próximos días de enero.

“No hay ninguna prisa en ese sentido y es por ello por lo que el presidente ha solicitado la reprogramación del evento para los días venideros, debido precisamente a todos los actos que están programados para el 14 de enero”, expuso.

A las 20.00 horas del domingo solo transcendió que tres vehículos oficiales habían llegado a eso de las 17 horas a su residencia en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

Carta a presidenta

El ex vicemandatario Castillo envió una carta a la presidenta del Parlacén, Silvia García Polanco, en la cual le expresaba que “debido al acontecer nacional” no le había sido posible hacer entrega del cargo como vicepresidente de la República de Guatemala “antes de la hora fijada por ese Parlamento Centroamericano para la juramentación del cargo de diputado, tal y como lo establece el artículo 2 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano”.

Castillo le solicitó en la misiva a García Polanco que reprograme “una nueva sesión extraordinaria para que, en cumplimiento de ese Tratado, pueda ser juramentado en el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano”.

Quedan juramentados los 20 diputados titulares del ⁦@PARLACEN⁩. ⁦@GuilleCastilloR⁩ y ⁦@DrGiammattei⁩ no fueron juramentados. Aquí la carta de ⁦@GuilleCastilloR⁩ donde se excusa por “el acontecer nacional”. pic.twitter.com/xJdD3bHaSi

— Alex Rojas (@alexr_pl) January 15, 2024

Antecedente con Jimmy Morales y Jafeth Cabrera

A las 23 horas con 24 minutos del 14 de enero de 2020 dio inicio la sesión donde el expresidente Jimmy Morales fue juramentado como diputado del Parlacén, lo que le otorgó inmunidad por otros cuatro años. Estos se terminaron ya, en medio de la cancelación del partido que lo llevó al poder, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Después de una intensa jornada, el expresidente y exvicepresidente Jafeth Cabrera, lograron ser juramentados como diputados al ente centroamericano, mientras las protestas continuaron afuera del hotel donde se realizó la sesión.

La sesión del Parlamento Centroamericano inició en la sede ubicada en la 12 avenida y 33 calle de la zona 5, sin embargo, la sesión fue suspendida para que la junta directiva de dicho parlamento pudiera asistir a la toma de posesión de Alejandro Giammattei.

Acá puede leer más: En su tercer intento, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera logran ser juramentados como diputados del Parlacen

El Parlamento Centroamericano (Parlacén), recibirá y juramentará a los 22 nuevos diputados de Guatemala el próximo 14 de enero, en una sesión virtual extraordinaria.

Aunque oficialmente nadie confirma en el Parlacén la convocatoria extraordinaria, fuentes de ese organismo regional confirmaron que ya se giró la convocatoria para el próximo 14 de enero, aunque todavía no se ha definido si será antes o después del mediodía.

Esta sesión será convocada únicamente para darle posesión a los 22 diputados guatemaltecos, incluidos el mandatario Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, quienes ya habrían hecho las gestiones ante el área protocolaria del Parlacén para cumplir con los trámites administrativos.

Desde la Presidencia y Vicepresidencia, hasta ahora, no se confirma la decisión de los funcionarios de asumir el escaño al que tienen opción, según el Tratado Constitutivo del Parlacén.

El pasado lunes, el propio vicepresidente Guillermo Castillo, dijo que aún analiza si asumirá su cargo como diputado.

De esta forma, los 22 diputados guatemaltecos —20 electos el pasado 25 de junio- asumirán el cargo y, en el caso de algunos que enfrentan procesos de antejuicio, como el vicepresidente Castillo, por ejemplo, perderá su inmunidad como vicemandatario pero renovará su derecho de antejuicio ahora como diputados centroamericano.

A distancia

El Parlacén de manera regular sesiona la última semana de cada mes, en su sede de Guatemala, por lo que el próximo período de sesiones está programado a partir del 29 de enero, donde también se debe elegir a los nuevos integrantes de la Junta Directiva, donde ya pueden competir planillas que integren los nuevos diputados guatemaltecos.

Las sesiones, al igual que la extemporánea del 14 de enero serán virtuales, como han sucedido desde el 2020, cuando se modificó el tratado del Parlacén para permitir sesiones a distancia por la pandemia del coronavirus.

Nueva bancada

En los comicios del pasado 25 de enero también se eligió a los nuevos parlamentarios centroamericanos en representación de Guatemala, cargos que fueron confirmados el pasado 16 de julio.

Nueve partidos políticos lograron colocar por lo menos un diputado de los 20 escaños en disputa.

Quien más curules consiguió fue el oficialista Vamos por una Guatemala Diferente, que tendrá una representación de cinco diputados titulares y otros cinco suplentes.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tendrá cuatro curules titulares e igual número de curules suplentes.

El partido Movimiento Semilla también logró conseguir tres curules titulares y tres suplentes. A Visión con Valores (Viva) y la coalición Valor-Unionista le corresponden dos curules a titulares y otras dos suplentes a cada uno.

Con un escaño titular y uno suplente están el partido Todos, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), Nosotros y Victoria.
La bancada de Guatemala tiene asignadas dos curules reservadas para el presidente y vicepresidente saliente, quienes deben decidir voluntariamente si las ocupan.

Aunque el pasado lunes el viceperesidente Castillo dijo que aún analiza si ocupará su escaño, desde el Parlacén han indicado que ya inició el trámite administrativo para la acreditación del cargo el próximo 14 de enero, cuando entregue el cargo.

Entre críticas

El Parlacén ha sido objeto de críticas en varios países por la poca incidencia política a beneficio de la región. También por albergar a políticos cuestionados con señalamientos de corrupción en sus países.

Panamá, por ejemplo, ha sido el país que más recientemente criticó la inmunidad que inviste a sus diputados, cuando el organismo acogió a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli como diputados suplentes.

La cancillería panameña, en agosto pasado, volvió a colocar sobre la mesa la necesidad de reformar el Parlacén.

En Guatemala el Parlacén también ha sido objeto de críticas. Incluso, el actual presidente, Alejandro Giammattei, ofreció la salida del país de este organismo, como una de sus promesas de campaña.

Bancada titular de Guatemala

Vamos
• Raúl Romero Segura
• Karla Andrea Martínez Hernández
• María Eugenia Castellanos Pinelo
• José Salomón Herrera Funes
• Stuart Romero Villatoro Perdomo
Unidad Nacional de la Esperanza
• José Estuardo Vargas Morales
• Édgar Antonio De León Torres
• Karla Lisbeth Gutiérrez Herrera
• Alejandro José García Osorio
Movimiento Semilla
• Juan Gerardo Guerrero Garnica
• Manuela Alvarado López
• Pedro Pascual Godoy Méndez
Visión con Valores
• Roberto Rodrigo Armando Castillo Barrientos
• Lilian Judith Ordoñez Morales de Lara
Valor-Unionista
• Ana Ingrid Bernat-Cofiño
• Mónica Scarlett MacDonald Gallardo de Rosales
Todos
• Nery Oswaldo Medina Ricco
Voluntad, Oportunidad y Solidaridad
• Carlos Alberto Barreda Taracena
Partido Nosotros
• Marta Lidia Zuleta Santos de González
Victoria
• Ana Piedad Gómez Morales

Guillermo Castillo, vicepresidente de la República, desconoce si al terminar su período tomará su curul en el Parlamento Centroamericano (Parlacén). A su decir, el tema aún está en análisis.

“En eso estamos, analizándolo, hay muchos planes que tenemos en la vida, hay tiempo para definirlo”, aclaró.

De no integrarlo, perdería la inmunidad que le confiere pertenecer al Parlamento. El vicepresidente Castillo actualmente tiene una solicitud de retiro de antejuicio pendiente de resolver en el Congreso, originada de una denuncia de 2020 presentada por Nimrod Israel Estévez González.

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“Yo no puedo ir al Parlacén solo porque tengo una petición de retiro de inmunidad, no debería de ser esa la situación”, insistió.

Además, declaró que la denuncia es espuria y no tiene argumentos jurídicos para prosperar, por lo que no le preocupa.

“Ese antejuicio, como ustedes saben, de la forma mas espuria se planteó; no se sostiene jurídicamente, así que seguimos haciendo el proceso de defensa”, resaltó.

Parlacén

El Parlacén se integra por 132 diputados divididos en bancadas, cada una en representación de los países que los eligieron.

Son 20 diputados electos de cada uno de los Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la Republica Dominicana, a quienes se deben integrar los expresidentes y exvicepresidentes de cada uno los países citados.

Sin embargo, el Tratado Constitutivo del Parlacén, en su artículo 2, establece que el escaño de los exmandatarios es opción, es decir, el presidente y vicepresidente salientes de cualquiera de los países miembros pueden renunciar al derecho de ocupar un escaño en el parlamento.

“Los funcionarios a los que se refiere el inciso segundo y tercero de este artículo -presidente y vicepresidente-, podrán renunciar de la calidad que se les otorga”, se lee en el artículo.

La razón de que el binomio saliente integre el Parlamento es para que las experiencias que obtuvieron en el Ejecutivo sean aprovechadas en la integración centroamericana.

En la Bancada Guatemala, la única ocasión en que no ha asumido el binomio saliente fue en el 2009, cuando Óscar Berger y Eduardo Stein, a través de una misiva a la Junta Directica, renunciaron al cargo.

De acuerdo con los registros del Parlacén, desde su constitución en 1991, es la única ocasión que la bancada de Guatemala no ha sido integrada por el binomio presidencial saliente.

Este lunes se desarrolló la reunión de Transición del Consejo Nacional para la Vivienda de la vicepresidencia de Guatemala en la cuál se entregó la memoria de labores interanual hacia el equipo técnico del nuevo gobierno.

Eduardo Aguirre Cantero, Gerente de Relaciones Institucionales de Cementos Progreso, presentó las 20 políticas que se han intentado aplicar en los últimos 2 gobiernos (6 años).

De ellas, 10 han tenido mucho avance, 6 han iniciado relaciones estratégicas y 4 han tenido poco o nulo avance.

Según el Consejo, el 72% de las familias guatemaltecas no tiene la capacidad de pagar una cuota de vivienda por lo que el reto más complejo que enfrentará el nuevo gobierno será el financiamiento para el desarrollo de la vivienda.

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“Actualmente lo que hace falta, ambas han sido aprobadas por Segeplan, una va más avanzada, solo necesita la aprobación del consejo de ministros, esto es lo que nosotros tendríamos que avanzar” explicó Karin Herrera, vicepresidenta electa.

Añadió que, de no aprobarse el presupuesto en el Congreso y tener que trabajar con el erario anterior, el avance en la implementación de la política sería lento.

“Se puede avanzar, quizá no al ritmo que quisiéramos y esperando poder avanzar más rápido a partir del 2025” agregó.

La propuesta de inversión del Movimiento Semilla en su punto 1 planea “la existencia de una vivienda digna y ampliación de servicios públicos en los hogares“.

En ella se establece que se impulsarán formatos financieros para ampliar el acceso de las familias a viviendas dignas, la propuesta de inversión para vivienda y la ampliación de servicios públicos sumará 22 millardos.

De esa inversión destaca:

• Provisión para el apoyo a la producción de vivienda digna a la que de le asigna 4.0 millardos
• Programa de piso de cemento y revocado de paredes 600 millones
• Ampliación de cobertura de agua potable del 88 al 95%, 650 millones .

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El vicepresidente actual, Guillermo Castillo, indicó que la política sufrió muchos procesos conforme avanzó su gestión y prácticamente solo queda pendiente la aprobación, pero si lo que se quiere es más vivienda, se necesitan más recursos y dotarlos al Ministerio de Comunicaciones.

La vivienda es el primer paso para que las familias salgan de la pobreza. Hoy asistimos a la Reunión Anual del Consejo Nacional para la Vivienda (CONAVI) que preside la Vicepresidencia.

La #NuevaPrimavera trae viviendas dignas. #LoMejorEstáPorvenir pic.twitter.com/gyowJX1gc7

— Karin Herrera (@KarinHerreraVP) November 13, 2023

“El gobierno tiene recursos para apoyar a las personas pero es oportuno mencionar que si se dan las alianzas público privadas esto facilita mucho más la posibilidad de realizarlo”, indicó Castillo.

Andrea Villagrán, presidenta de la comisión pesquisidora que conoce el caso de solicitud de retiro de inmunidad contra el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, ha dicho este miércoles que la persona denunciante desistió de la misma.

Villagrán dio a conocer la información en un mensaje en sus redes sociales.

“Acaba de ingresar a mi despacho una notificación por parte del denunciante en contra del Vicepresidente Guillermo Castillo en donde manifiesta que desiste de la denuncia“, escribió Villagrán en X (antes conocida como Twitter).

Aún con ello, Villagrán dice que incorporará esa pieza al expediente, y aclara que el trabajo de la comisión pesquisidora continúa.

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El pasado 8 de noviembre, el Congreso de la República integró la comisión pesquisidora que conocerá la solicitud de retiro de inmunidad en contra del vicepresidente de Guatemala.

La comisión, además de contar con Villagrán, también está conformada por Napoleón Rojas, de UCN, secretario; Rudy Pereira, de FCN, vocal; Julio César Longo, de FCN, vocal; y Rudy González, de Viva, vocal.

De acuerdo a la denuncia, se pretende investigar al vicepresidente debido a un supuesto nombramiento ilegal de una funcionario.

Pese a ese desistimiento, la comisión pesquisidora debe terminar su trabajo y presentar un informe ante el pleno del Congreso.

La funcionario es Ángela Figueroa e iba a ser nombrada como titular de la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio.

Dicha acusación fue calificada por el mismo vicepresidente de “espuria” y que se llevó a cabo con “meros fines políticos”.

Acaba de ingresar a mi despacho una notificación por parte del denunciante en contra del Vicepresidente @GuilleCastilloR en donde manifiesta que DESISTE de la denuncia.

Incorporaré esta pieza al expediente. Aclarando que el trabajo de la Comisión Pesquisidora continúa.

— Andrea Villagrán (@AVillagran502) November 10, 2023

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Moisés Galindo, vocero del Ministerio Público, fue cuestionado sobre si hubo participación del MP respecto a las acciones del denunciante, a lo que negó la participación de la entidad.

“En virtud de que se trató de una querella, la cual, de conformidad con lo establecido en la Ley en Materia de Antejuicio, fue presentada directamente ante el órgano jurisdiccional competente”, señaló Galindo.

Durante la vigésima tercera sesión ordinaria adicional del segundo periodo de ordinario del Congreso de la República, los diputados eligieron, por sorteo, a los integrantes de la comisión pesquisidora que conocerá el antejuicio contra el vicepresidente de Guatemala, César Guillermo Castillo Reyes.

Castillo Reyes será investigado por una denuncia que planteó en su contra Nimrod Israel Estévez González el 31 de julio de 2020. La Corte de Constitucionalidad (CC) abrió la puerta para esto porque le revocó un amparo que le había otorgado con anterioridad.

La denuncia está relacionada con el nombramiento de Ángela Marina Figueroa Molina, que de forma interina ocupó la jefatura de la  Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), después de la renuncia del titular Óscar Conde, que pasó a un viceministerio de Gobernación.

A finales de julio de 2020 la CSJ admitió para su trámite el antejuicio promovido por Estévez González en contra de Castillo Reyes y ordenó remitir las actuaciones al Congreso de la República.

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La presidenta: Andrea Villagrán

Andrea Beatriz Villagrán Antón nació en la Ciudad de Guatemala el 2 de enero de 1992. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Rafael Landívar.

Llegó al Congreso por el partido Bienestar Nacional (Bien) en las Elecciones Generales de 2019. En los pasados comicios logró su reelección con el Movimiento Semilla.

Como diputada ha sido integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia y las comisiones legislativas de educación, ciencia y tecnología; cultura; transparencia y probidad; y la de relaciones exteriores.

El secretario: Napoleón Rojas

Carlos Napoléon Rojas Alarcón nació en la Ciudad de Guatemala el 4 de enero de 1991. Es un bachiller en computación egresado del colegio cristiano Verbo; con estudios de administración de empresas en ESI Guatemala, y el quinto semestre en la Universidad del Istmo.

Llegó al Congreso en 2016 por el distrito de Santa Rosa. Fue electo con el desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN), de Mario Estrada, que cumple una condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Y en las pasadas elecciones logró su tercera reelección con el partido Vamos.

Fue asistente del Congreso en el renglón 022 en el 2013, y dos años antes fue su primera experiencia como candidato a diputado por Santa Rosa.

Rojas es hijo del militar retirado del mismo nombre, quien fue sindicado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser un colaborador del expresidente Alfonso Portillo para trasladar Q120 millones saqueados del Ministerio de la Defensa. 

Los vocales: Rudy Pereira, Julio César Longo y Rudy González

Rudy Berner Pereira Delgado nació en El Estor, Izabal, el 4 de enero de 1971. Es perito contador graduado de la Escuela de Comercio de Cobán, Alta Verapaz, distrito al que representa y ha sido diputado desde 2008 con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) primero, luego con el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Fue presidente de Junta Directiva e integrante de las comisiones de previsión y seguridad social, y vivienda. Logró en las pasadas elecciones su reelección con el partido Nosotros, cuyo presidenciable fue Rudy Guzmán, yerno de Sandra Torres.

Guzmán está casado con Nadia de León, actual diputada del Parlamento Centroamericano y quien logró un escaño en el Congreso por la lista nacional.

Tiene estudios en administración de empresas en la Universidad Galileo. De 1999 a 2000 y de 2004 a 2008  fue coordinador del Fondo de Inversión Social (FIS).

Pereira Delgado fue inscrito por el TSE en 2019 por FCN Nación, en la casilla casilla 1, pese que había una investigación en su contra por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

El congresista, junto con otros siete diputados de esa agrupación política, fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de haber insultado en 2016 a Estela Ventura, gobernadora de Alta Verapaz, durante una citación.

La acusación revelaba que “la hicieron sentir indefensa por ser mujer”, y le gritaron “¡india estúpida! Así se ha hecho, así se hace y así se hará”, por lo que la gobernadora, quien salió llorando de la cita, decidió denunciarlos el 11 de abril del 2016, agregando que le dijeron que “no fuera tonta, las cosas se realizan de forma política y no democrática”.

Julio César Longo Maldonado nació en San Marcos el 17 de febrero de 1957, distrito al que representa. Es perito agrónomo. Desde el 2012 es legislador en el Congreso de Guatemala. Llegó por la Unidad Nacional de la Esperanza y también perteneció al Movimiento Reformador.

Conforme al sorteo, he sido elegida como Presidenta de la Comisión Pesquisidora que conocerá el antejuicio al Vicepresidente de la República de Guatemala.

Asumo está responsabilidad con objetividad, siendo respetuosa de la ley. pic.twitter.com/2dS2D0iJtD

— Andrea Villagrán (@AVillagran502) November 8, 2023

En esta legislatura representa al partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y no consiguió reelegirse.

Ha sido segundo secretario de la Junta Directiva y también subjefe de bancada. Ha integrado las comisiones legislativas de pequeña y mediana empresa, gobernación, agricultura, ganadería y pesca, cooperativismo y oenegés.

Rudy Wostbeli González Cardona nació el 1 de febrero de 1963 en San Marcos. Antes de ser diputado fue asesor de un subjefe de bancada del partido Visión con Valores y cobró poco más de 170 mil al año.

En 2020 llegó al Congreso por la misma agrupación política y en lista nacional. En las pasadas elecciones buscaba reelegirse por el partido Prosperidad Ciudadana, pero quedó fuera por la suspensión de esa organización que postulaba a Carlos Pineda como presidenciable.

El 2 de marzo del 2022 el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad para ser investigado por tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y asociación ilícita.

La fiscalía contra la corrupción lo vinculó con el caso de su secretario, Elder Morales, detenido en flagrancia cuando cobraba una comisión a dos personas que habían sido contratadas en el Fondo Social de Solidaridad, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, bajo el renglón 029. En ese lugar trabajaba su hija en el área de comunicación.

Desde que ocurrió esto el partido Viva quitó de la jefatura de bancada a González Cardona y nombró a Aníbal Rojas en su lugar.

El Congreso de la República integró este miércoles 8 de noviembre la comisión pesquisidora que conocerá el expediente por medio del cual se busca retirar la inmunidad al vicepresidente Guillermo Castillo, a quien se pretende investigar por un supuesto nombramiento ilegal de una funcionaria, acción que el vicemandatario calificó de “espuria” y de tener “fines políticos”.

Por medio de un comunicado, Castillo explicó que la denuncia interpuesta en su contra en junio de 2020, por un supuesto nombramiento ilegal de Ángela Figueroa como titular de la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio, carece de fundamentos; sin embargo, el expediente fue enviado al Congreso, donde este miércoles se integró la pesquisidora.

La comisión pesquisidora quedó integrada por la diputada Andrea Villagrán, de la bancada BIEN, como presidenta; Napoleón Rojas, de UCN, secretario; Rudy Pereira, de FCN, vocal; Julio César Longo, de FCN, vocal; y Rudy González, de Viva, vocal.

Esta comisión tiene en sus manos el destino los fueros de Castillo, pues sus integrantes deben analizar el proceso contra el vicemandatario y definir si debe perder su inmunidad para ser investigado en un proceso penal regular.

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Se pronuncia

Castillo por su parte detalló que la Contraloría General de Cuentas analizó el nombramiento de Figueroa y no encontró anomalías.

Castillo concluyó que entregó sus pruebas de descargo al poder Legislativo y que espera que el proceso en su contra sea detenido por considerarlo de índole “político”.

Desde 2020, el vicepresidente Castillo tomó distancia del presidente, Alejandro Giammattei, y exhibió sus diferencias con él al solicitarle una renuncia conjunta por señalamientos de corrupción contra su Administración.

El próximo 14 de enero, Giammattei y Castillo entregarán sus cargos a Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, en las elecciones celebradas este año para el periodo 2024-2028.

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Vicepresidencia de Guatemala dice que petición de retiro de inmunidad contra Guillermo Castillo es espuria, ilegítima y política

Con información de EFE

La Vicepresidencia de Guatemala publicó este 8 de noviembre un comunicado en el que señala que la denuncia que originó el proceso de retiro de inmunidad al vicemandatario de la República, Guillermo Castillo, es espuria, ilegítima y política.

En el comunicado de la Vicepresidencia, en el cual nunca aparece el nombre de Guillermo Castillo, se señala que el 10 de julio de 2020 se originó la denuncia penal contra el vicemandatario, pero sin ninguna prueba ni medio de convicción atendible.

En la denuncia se menciona que el funcionario “efectuó un nombramiento ilegal en la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), por cuanto la persona designada no llenaba los requisitos establecidos en la Ley”.

Señalan que la mencionada denuncia es espuria, ilegitima y política, por las razones siguientes.

• La Contraloría General de Cuentas en revisión efectuada al Ejercicio Fiscal 2020 de la Senabed, analizó el nombramiento en referencia, solicito informes, corrió audiencias y como resultado final no confirmó hallazgo alguno, lo que significa que ésta es una acción administrativa juzgada y de ninguna manera una acción penal, como pretenden calificarlo quienes han intervenido en el proceso de antejuicio. Con ello se dejaría sin materia la denuncia planteada.
• No obstante lo anterior, es oportuno señalar que tanto el denunciante como las autoridades que han sustanciado el expediente no advirtieron lo siguiente:

1. Que el nombramiento -temporal, se efectuó conforme a lo establecido en la Ley de Extinción de Dominio que señala: Por ausencia definitiva del Secretario General, se designará una persona para completar el periodo original de tres años. Ese nombramiento temporal tuvo lugar, debido a que en el mes de junio de 2020, el secretario general de Senabed, presentó su renuncia al cargo faltando dos meses del periodo para el que fue elegido en 2017.
2. Que la profesional nombrada sí llenaba las calidades y requisitos que exige el Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio -pruebas documentales obran en el expediente- y fue únicamente por dos meses para completar el periodo original del anterior secretario general.
3. Que previo al nombramiento en referencia, se inició en abril de 2020 el proceso público de concurso por oposición (convocatoria, integración de comisión revisora, entrevista de candidatos, etc.) que finalizo con el nombramiento de un nuevo secretario general para el periodo de 3 años, contados a partir del 7 de agosto del 2020, quien ocupó en definitiva ese cargo.

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“Vale la pena resaltar que el 20 de julio de 2020, según Acta 07-2020, el vicepresidente de la República informó al Pleno del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed), sobre el nombramiento temporal, que por 2 meses se había realizado. No obstante ser esta una facultad vicepresidencial, no se recibió alguna objeción, recomendación u opinión en contrario. Asimismo, en esa sesión se informó a Conabed sobre el estado del concurso por oposición para la designación del nuevo secretario general para el periodo 2020-2023”, se lee en el comunicado.

El documento agrega que por esos motivos se concluye que el nombramiento se realizó con fundamento en normas vigentes y recayó en un profesional que cumplía los requisitos necesarios para optar a ese cargo.

Es por eso que esta situación ha sido calificada como un juicio político “que es a todas luces espurio e ilegitimo”.

El comunicado agrega que el expediente de retiro de inmunidad está en el Congreso de la República para que continúe su trámite.

La Vicepresidencia afirma que el Congreso ya tiene conocimiento de los hechos antes descritos, dadas las acciones ante ellos planteadas, las que deben ser resueltas antes de que se instale la comisión pesquisidora.

Conocerá el caso

El Congreso de la República conocerá en la plenaria de este miércoles 8 de noviembre dos solicitudes de retiro de derecho de antejuicio en contra de funcionarios del Organismo Ejecutivo. La primera denuncia es en contra de Guillermo Castillo, vicepresidente de Guatemala, y la segunda contra Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones.

Mediante sorteo, usando una tómbola, la Junta Directiva deberá de seleccionar a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora, en donde la única persona que queda fuera del sorteo es el presidente del Congreso, los otros 159 diputados son elegibles.

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 Rechaza denuncia

El vicepresidente de la República Guillermo Castillo aseguró el martes pasado que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada que dio pie al proceso no se sostiene jurídicamente.

“Se refiere a un nombramiento que se hizo por dos meses en el año 2020 en consecuencia de que el secretario general de esa época renunció para irse a otra posición” refirió el vicemandatario.

Además, en su defensa explicó que el nombramiento del secretario general de la Senabed debe llevar un proceso de comisión de postulación según su ley orgánica en el artículo 15, pero debido a que se quedó sin vacante ese puesto por dos meses, la ley establece que por ausencia definitiva se puede nombrar a una persona solamente para terminar el período.

Castillo añadió que de ser citado al Congreso asistirá para informar y hacer los descargos respectivos.

La inmunidad del vicepresidente Guillermo Castillo está en manos del Congreso de la República, que podría agendar para las sesiones de la semana la solicitud de antejuicio en su contra.

La denuncia contra el vicepresidente no es nueva. El caso se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2020, y el 31 de julio de ese año el antejuicio fue admitido para trámite.

La defensa del vicemandatario presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenó la denuncia, pero al ser revocado el amparo, la solicitud de antejuicio siguió su curso y el expediente llegó al Organismo Legislativo, listo para que se conozca.

En corrillos parlamentarios trascendió la semana pasada que la intención de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, es agendar para esta semana el antejuicio contra Castillo.

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Rivera ha estado ausente de las últimas reuniones de jefes de bloques, pero luego de que ingresó el antejuicio al Organismo Legislativo convocó a la instancia para el martes 7 de noviembre.

El caso contra Castillo obedece a un nombramiento, aparentemente irregular, en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), denuncia presentada por el abogado particular Nimrod Israel Estévez.

El caso tendrá que ser expuesto ante el pleno, y al momento de continuar con el trámite, mediante una tómbola se seleccionará a cinco diputados para que integren la comisión pesquisidora.

Esta mesa legislativa tendrá que recibir la ratificación de la denuncia, conocer las pruebas de descargo de Castillo y posteriormente redactar un informe, en el que recomiende al pleno que se le retire o no la inmunidad. Esta recomendación no es vinculante, la decisión final depende de la mayoría parlamentaria.

El primer diputado seleccionado mediante el sorteo, según lo fija la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, presidirá la comisión y debe convocar a las reuniones de trabajo.

Opiniones legislativas

Aunque mañana mismo puede agendarse el antejuicio para la sesión del próximo miércoles, pareciera que aún no hay consensos para decidir el futuro legal de Castillo.

Óscar Chinchilla, jefe de bloque de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), por ejemplo, dijo que, como congresistas, deben hacer lo que les manda la ley, sin fijar una posición clara sobre cómo votaría en caso de que se someta a discusión el tramite del antejuicio.

“Este antejuicio ya se venía dilucidando en las cortes, ahora se remite al Congreso de la República y lo que toca es cumplir con lo que manda la ley; hay que entrar a conocerlo”, dijo.

Para otros diputados como Walter Félix, jefe de bloque de URNG–Maíz, podría haber “serías intenciones de fondo” en querer tramitar un antejuicio cuando la gestión del vicepresidente está a menos de tres meses de finalizar.

“Yo creo que esto va dentro de la agenda que intentan impulsar en este momento algunos sectores para bloquear el relevo presidencial. Entonces, si esto es así, me parece que lo están acelerando”, afirmó.

La teoría que plantea Félix ha sido compartida por otras personalidades en el Congreso y fuera de este organismo, según declaraciones de Román Castellanos, subjefe de Movimiento Semilla.

Castellanos es claro en calificar esto como rumores, y al no tener ningún fundamento, no ve un escenario en el que sea probable.

Respecto de que se someterá a discusión el antejuicio de Castillo, el legislador de Semilla indicó que, como bancada, analizarán el caso antes de tomar una postura.

“No sé si al final del año se retomen las sesiones. No sé qué tanto podría prosperar a esta altura”, comentó el diputado.

¿Estrategia?

Aunque no existan fundamentos para un antejuicio a estas alturas del mandato del vicegobernante, el analista político independiente Renzo Rosal considera que podría tratarse de una acción de ciertos sectores para tratar de impedir la toma de posesión de las nuevas autoridades.

“Una acción de carácter político, aunque se le intenta colocar el traje de un asunto legal”, explicó el analista.
Para Rosal, se debe estudiar en detalle los tiempos y las posibles repercusiones en caso de que al vicepresidente le retire el Congreso la inmunidad.

“Forma parte de este hilo, de este juego de dominio que pretendería obligarlo a que sea destituido o que presente su renuncia”, añadió.

Esta nueva estrategia, a criterio del analista, tiene como fin bloquear procesos democráticos.

Agregó: “Tomando en cuenta la vacancia, se puede nombrar a una persona todavía más cercana al oficialismo vigente, nombrarlo a cargo temporal”.

Ese sería un esfuerzo más, de acuerdo con el analista, de parte de algunos actores para complicar los resultados electorales.

“Están empecinados en que no tome posesión el binomio electo”, insistió Rosal.

Quien no logra identificar el fondo de la denuncia y el paso de este antejuicio es el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Quezada prefiere ser cauto en sus declaraciones y no pinta escenarios devastadores para la democracia.

“Me cuesta pensar en algo de fondo. Quizá que, ante la falta del presidente, no quisieran que Castillo asumiera, ya sea que Giammattei renuncie o se enferme”, comentó.

Aunque se intentó obtener la opinión del vicepresidente Guillermo Castillo al respecto, no fue posible contactarlo.

Durante una reunión este jueves 26 de octubre en la que participó el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, y la vicepresidente electa, Karin Herrera, 17 organizaciones de comunidades indígenas pidieron la creación de un nuevo ministerio de pueblos indígenas.

El documento fue entregado a Castillo y a Herrera y será trasladado a Bernardo Arévalo, presidente electo, para que lo incluya en su plan de gobierno que comienza en enero de 2024.

El proyecto presentado se desglosa del plan de gobierno que planteó el partido Movimiento Semilla durante la campaña electoral y en cada punto se agregó la participación de los pueblos indígenas que representan más del 60% de la población en el país, informó Telma Suchí, de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas.

Mientras que el vicepresidente Castillo indicó que durante su gestión no hubo ninguna propuesta para la creación de un nuevo ministerio y el planteamiento deberá ser analizado por el gobierno entrante.

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Añadió que las organizaciones indígenas hicieron un planteamiento con 10 puntos para pedir que se apoye la educación, la salud, que se den nombramientos a población indígena y otros temas que son importantes que Herrera conozca.

Dijo que el planteamiento de las organizaciones es que se siga considerando la creación del ministerio para asuntos específicamente de pueblos indígenas.

Añadió que durante su gestión han sido escuchadas las necesidades de los pueblos indígenas, que son más de 6.5 millones de la población guatemalteca y al menos 3.5 millones son mujeres.

Amplió que cuando se habla de pobreza, de desnutrición y falta de acceso a oportunidades, “pues tiene rostro, tiene apellido y en estos casos son de mujeres, mayoritariamente mujer rural indígena, pues todo el sentido del mundo que se les siga dando la atención que ellos requieren”.

La vicepresidenta electa, Karin Herrera, aseguró que la creación del ministerio dependerá del presupuesto que apruebe el Congreso para los próximos años.

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“Se va a promover el diálogo y producto de ese diálogo esperamos que se pueda tener como resultado lo que es posible realizar durante este tiempo con el presupuesto que sea aprobado con el Congreso. Del Congreso va a depender mucho lo que se pueda realizar en favor de las poblaciones desatendidas por décadas y años”, resaltó.

Agregó que los pueblos indígenas han estado desatendidos durante décadas y la propuesta que ahora hacen es válida.

Destacó que los pueblos deben ser escuchados en las mesas de diálogo y analizar las propuestas.

Telma Suchí, de la Red de Organizaciones de Mujeres Indígenas, amplió que han revisado el plan de trabajo que el Movimiento Semilla presentó en la campaña electoral.

“Consideramos importante la implementación de un ministerio de pueblos indígenas, porque este sería un ente que estaría en el mismo nivel de los demás ministerios, lo que pretendemos es que para los pueblos indígenas realmente se tenga un presupuesto que responda a las necesidades”, expresó.

Esta propuesta se basa en los conocimientos en el ámbito comunitario y las necesidades de la población indígena.

Añadió que los pueblos seguirán en la lucha para que realmente se concretice la igualdad, pues no hay justicia social. Dijo que las manifestaciones son para expresarse contra la corrupción.

Tema de la transición de mando

En otro tema, el vicemandatario resaltó que siguen avanzando con el proceso de transición en la Vicepresidencia.

Dijo que lo que tiene que ocurrir el 14 de enero de 2023 es lo que manda la Constitución.

“El 14 de enero fue la voluntad popular que haya un nuevo binomio que está electo, que tome posesión y para eso es que se está dando el proceso de transición, así que mi deseo como ciudadano y funcionario es que en esa transición democrática y en esa alternabilidad de autoridades, el 14 de enero asuma don Bernardo Arévalo y Karin Herrera en los puestos para los que el pueblo los eligió”, indicó.

Agregó que las manifestaciones son parte de las exigencias y planteamientos populares. “Estoy convencido que el 14 de enero hay una transición y que ellos tomarán posesión, no esperaría otra cosa”, añadió.

Agregó que más que respaldar las manifestaciones, “lo que nos corresponde a nosotros es requerir que se de el cumplimiento a nuestro mandato constitucional y lo que se ha solicitado en manifestaciones; en algunos planteamientos es que se respete esa voluntad popular, entonces yo lo que creo es que la Constitución debe prevalecer y que se tome posesión el 14 de enero”.

Respecto de la solicitud de las organizaciones indígenas de pedir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, el funcionario dijo que “ha sido muy respetuoso, posiciones de la Vicepresidencia que forma parte de uno de los poderes del Estado, pues no deja de alterar los ánimos y de las situaciones que se estén dando. Yo lo que estoy haciendo con mi equipo de trabajo es cumplir con lo que la Constitución me manda y en eso seguiremos trabajando y soy muy respetuoso de la independencia de las distintas instituciones de Estado”.

Le preguntaron si hay una persecución contra el equipo de Arévalo y Herrera, respondió que no sabe y lo que más desea que ellos tomen posesión el 14 de enero.

Karin Herrera dijo que la transición se lleva a cabo en la parte técnica y se va avanzando; sin embargo, “no podemos obviar estos obstáculos que nos presentan estos actores, este pequeño grupo que se aferra al poder y que estamos viviendo una serie de ataques a través de net centers  que desinforman, comparten parcialmente la información con el fin de confundir a la población o dar difamaciones y mentiras, esto es otra parte de los obstáculos que estamos viviendo además de toda la parte legal y en el Organismo Judicial que nos roba tiempo para dedicarnos al cien por ciento en este avance en el proceso de transición”.

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“Ahora que el 14 a las 14 horas del 2024 nos entreguen el poder, pues será que cumplan con la palabra ofrecida por el presidente Alejandro Giammattei”, indicó.

En el tema del diálogo con sectores, resaltó que van con paso firme de cara a lo que hay hacer para reconstruir el país y el desarrollo. Reconoce el liderazgo de las autoridades ancestrales y por el momento no ha socializado el resultado del diálogo.

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) no le otorgó un amparo al vicepresidente Guillermo Castillo, quien buscaba dejar sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justica (CSJ) que, en julio del 2020, le dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio, informaron este miércoles 27 de septiembre fuentes judiciales.

Con la resolución de la CC, el fallo de la CSJ queda en firme y ahora le corresponde al Congreso de la República conocer el expediente del vicemandatario para hacer un análisis y determinar si debe o no retirarle la inmunidad que goza por su cargo.

Fuentes de la CC señalaron que “respecto del expediente 2519-2020, este Tribunal resolvió denegar el amparo solicitado por César Guillermo Castillo Reyes, en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia, revoca el amparo provisional oportunamente otorgado”.

Agregan que “lo anterior en virtud que del estudio de las constancias procesales, este Tribunal establece que la Corte Suprema de Justicia, al emitir el acto reclamado, no ocasionó vulneración alguna a los derechos del postulante, en tanto que al admitir para su trámite las diligencias de antejuicio, se limitó, conforme al correcto ejercicio de sus atribuciones, a establecer la existencia o no de motivaciones espurias, políticas o ilegítimas en el planteamiento de la denuncia presentada en su contra”.

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La CSJ dio trámite el 31 de julio de 2020 a una solicitud de retiro de inmunidad contra Castillo, la cual fue promovida por el abogado Nimrod Estévez González.

En esa oportunidad Castillo dijo que la acción legal tenía que ver con el nombramiento que hizo de una abogada para que, de forma interina, ocupara la jefatura de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por renuncia de su titular, Óscar Conde, para ocupar uno de los viceministerios de Gobernación a partir del 7 de agosto de 2020.

En esa fecha, el vicemandatario dijo a Prensa Libre que la solicitud de retiro de inmunidad era espuria y política, de lo cual da cuenta que, según información que poseía, hubo cuatro magistrados de la Suprema que votaron en contra.

Por lo anterior, el 2 de agosto de 2020, Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio.

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El proceso de retiro de inmunidad está regulado por la Ley en Materia de Antejuicio.

El artículo 17 establece que el Congreso de la República debe conocer los antejuicios promovidos contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días después de su recepción, iniciará el trámite.

El Congreso procederá de la manera siguiente:

• El pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
• En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, formada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.
• El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
• Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
• La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

De las instituciones y personajes de gobierno a los que la población aprueba, el Ejército es el mejor evaluado, según la Encuesta Libre 2023 realizada del 14 al 23 de abril del 2023 por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión.

Siete de cada 10 de los encuestados expresaron que las fuerzas armadas hacen un buen trabajo. Desde el 2011, la institución ha sido bien evaluada en esta medición, sobre todo en el nivel de confianza se evidencia un crecimiento, pues de ese período a la fecha tiene una mejora de 11 puntos porcentuales, ya que pasó de 47% al actual 58%.

Para Gabriela Carrera, politóloga de la Universidad Rafael Landívar, estos resultados no sorprenden, pues, desde los años 2000, en las encuestas de cultura política el Ejército es uno de los actores en que los guatemaltecos más confían.

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Señala que esta es una de las pocas instituciones públicas estatales que logra tener presencia física en todo el territorio nacional, y esa cercanía con la población abona al nivel de aprobación que obtiene. Pero es muy clara al decir que cuando se habla del Ejército no se trata de las cúpulas jerárquicas, sino más bien de los soldados que están presentes en distintos territorios del país.

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Eddie Cux, de Acción Ciudadana, menciona que ha habido una estrategia por parte de los gobiernos para fortalecer la imagen del Ejército, y por eso aparece limpiando carreteras después de un derrumbe o asistiendo a la población tras un desastre natural o patrullando las calles.

“No es su función la seguridad cívica o ciudadana, que corresponde a la Policía, pero frente a la inseguridad que enfrenta la gente -robos, asaltos, delincuencia común-, ver al Ejército en estos espacios hace que tenga mayor credibilidad; obviamente, esto es aprovechado por los candidatos para ofrecer medidas de seguridad que involucren a la institución”, dice Cux.

La falta de seguridad es uno de los principales problemas que la población enfrenta, como lo manifestó el 23.3% de los encuestados, y la Policía debiera ser la institución en que las personas muestren mayor confianza para remediar la situación. Sin embargo, tiene una desaprobación del 60.5%.

Tanto Carrera como Cux opinan que, pese a tener presencia en el territorio nacional, en los últimos gobiernos la institución se ha debilitado, a lo que han contribuido los constantes cambios en su cúpula y los señalamientos de corrupción entre sus filas, situación que no ha ocurrido con el Ejército, que mantiene su estructura y no se le relaciona con actos corruptos.

“Las prácticas de corrupción que están instaladas dentro de la institución policial y en el imaginario del guatemalteco, es decir, las mordidas y las anécdotas que surgen en los retenes hacen grande la brecha de confianza que hay entre la sociedad guatemalteca y las fuerzas del orden público”, agrega Carrera.

Autoridad local

La Encuesta Libre 2023 evidencia el índice de aprobación que tienen los alcaldes en sus comunidades. La evaluación general les otorga un 37.5% a estos actores, y entre este grupo, la región que otorga un mayor personaje es la capital -46.7%-, mientras que la calificación decae en el área rural, con un 37.4%.

En este último período de gestión, los resultados podrían reflejar la evaluación del trabajo de los gobiernos locales de cuatro años. La politóloga indica que muchas veces ese trabajo no responde a las demandas más sentidas de la comunidad, como servicios públicos y carreteras, lo que repercute en que la confianza de la gente sea negativa hacia los alcaldes.

“Hay un debilitamiento de la imagen de los alcaldes porque no han sabido responder a las necesidades básicas de la población, pero también la alta corrupción que se ve en las alcaldías”, explica Cux.

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Rechazo a Fiscalía

En opinión de los encuestados, tanto el Ministerio Público (MP) como la fiscal general, Consuelo Porras, tienen una baja aprobación.

Siete de cada 10 desaprueban a la institución, que, si bien en la medición del 2019 mostró una mejora en el nivel de confianza entre la población, los números de este período muestran un descenso.

Para Carrera, este resultado es producto de las decisiones de la política de investigación penal que la fiscal general ha implementado, como también el retroceso en varios casos de corrupción y el cuestionado papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo cual ha generado malestar y desaprobación entre la sociedad guatemalteca.

La población no califica de manera positiva al MP, pero el trabajo de Porras tiene un mayor rechazo. El 85.5% de los entrevistados lo desaprueba.

A criterio de Cux, la fiscal general es la figura visible del MP y sus acciones debilitan la imagen de la institución.

El Organismo Judicial tampoco resultó bien evaluado, el 82.7% de los encuestados le otorgó un bajo nivel de aprobación.

Los entrevistados califican esto como “preocupante”, pues es uno de los pilares fundamentales de la democracia en cualquier país, y es importante la confianza y legitimidad del sistema judicial ante la población. Pero la no renovación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que debieron ser sustituidos hace tres años por el Congreso, podría estar minando en la confianza que los guatemaltecos tengan en la institución.

Vicepresidente, mal visto

La gente desaprueba el trabajo del presidente de la República, Alejandro Giammattei, y la evaluación del vicepresidente, Guillermo Castillo, no es nada alentadora.

Al presidente lo reprueba el 88.6% de los guatemaltecos encuestados, y para su compañero de fórmula el rechazo es aún mayor, 90.8%.

Cux indica que este resultado es reflejo de cómo la población vio la gestión de Giammattei durante la pandemia del covid-19, pero también el aumento del gasto público, que no se traduce en mejoras para la población, a lo que se suma el incumplimiento de las promesas que lo llevaron a la silla presidencial. Los casos de corrupción que rodean su gestión también influyen en esa baja credibilidad hacia su mandato.

Respecto de Castillo, la politóloga refiere que en los últimos gobiernos la figura del vicepresidente ha estado ausente, en un papel “completamente anónimo”, y pareciera que la tónica se mantendrá, traducida en “una marginación de la toma de decisiones colegiadas dentro del binomio presidencial”.

La institución con la mayor desaprobación de las 10 evaluadas es el Congreso de la República, que se ubica en el último lugar, pues solo el 8.9% de la población aprueba su trabajo, ya que, mientras aprueba iniciativas para proteger la vida y la familia, por ejemplo, permanece indiferente hacia temas relacionados con el derecho a la alimentación, a la salud y la educación, según la politóloga. Esta actitud les pasa factura con la poca aceptación de la ciudadanía a su labor.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, encabeza la delegación internacional de ese organismo que este jueves 8 de diciembre se reunió con el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, para analizar la situación de la libertad de prensa en Guatemala.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales de la Vicepresidencia, la reunión fue “con el objetivo de abordar la situación sobre libertad de prensa en el país”.

Además, señala que “se trataron temas relacionados con el próximo proceso electoral, la situación de defensores de derechos humanos en el país, protección social a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad e independencia judicial y procesos que actualmente se siguen”.

Agrega que, además, “se compartió el trabajo que se realiza desde los Gabinetes Económico y Social y otros mecanismos de coordinación interinstitucional a cargo de la Vicepresidencia.

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La SIP, con sede en Miami, Florida, EE.UU., anunció en un comunicado que la misión permanecerá en Guatemala los próximos jueves y viernes, en una iniciativa que sigue a un mandato de la institución aprobado durante su Asamblea General de octubre pasado.

Además, los representantes de la organización se reunirán con la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, y el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Ramiro Alejandro Contreras Escobar.

La comitiva de la SIP, que incluye a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, y a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la misma, asistió a la audiencia pública donde el periodista Jose Rubén Zamora, encarcelado desde julio pasado bajo la acusación de supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, fue enviado a juicio.

La agenda de la SIP incluye un encuentro con un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, representantes de medios, de grupos de defensa de los derechos humanos y diplomáticos, entre otros.

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En su último informe sobre la libertad de prensa en Guatemala, la SIP había denunciado un “ambiente de animadversión contra la prensa”, además de aprobar una resolución en la que se subrayaba que “se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno”.

La SIP se refirió a los casos de Zamora y Flora Silva, presidente y gerente financiera de elPeriódico, respectivamente, detenida como parte del proceso en su contra; Juan Luis Font, de “Con Criterio”, y Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, víctimas, según la organización, de acoso judicial.

La lista de denuncias en Guatemala incluye ataques a la credibilidad del periodismo vía redes sociales, amenazas y riesgos para ejercer periodismo en provincias, intentos de aprobar leyes para limitar la libertad de expresión y prensa, además de limitación a las fuentes de información.

La organización señala respecto a la entrevista solicitada con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que ésta fue denegada con el argumento de tratarse de un caso judicial y bajo investigación fuera de su competencia.

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El presidente y el vicepresidente de la República son los máximos jerarcas del gobierno central. Pese a ver sido electos como una pareja de fórmula, en dos años de gobierno han protagonizado más de una docena de conflictos que evidencia las tensiones entre ambos.

Durante la campaña electoral, el hoy binomio presidencial, Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, alzaban juntos las manos en medio del vitoreo. Subían a los podios, se daban la mano y se presentaban como el tándem presidencial.

Pero la cadencia entre ambos gobernantes tardó apenas tres meses en quebrantarse. En abril de 2021, el vicepresidente Castillo salió públicamente a la defensa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), institución a la que el presidente había intentado desacreditar por supuestamente no colaborar en el manejo de la pandemia.

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Desde entonces, se sumaron a la lista una docena de conflictos públicos relacionados a las restricciones por la crisis sanitaria, destituciones de funcionarios públicos, integración de las cortes del país y el Centro de Gobierno, una entidad de interés para el presidente Giammattei pero que el vicepresidente calificó de innecesaria.

Los reclamos públicos que Castillo hizo a Giammattei tentaron a la oposición a confiar en que Castillo podía ser una figura de poder que hiciera contrapeso a la alianza oficialista. Pero, rápidamente, los pronunciamientos del vicepresidente perdieron fuerza y su liderazgo se vio mermado.

Calificación

La falta de liderazgo en la conducción de gobierno motivó a dos tanques de pensamiento a calificar la gestión del vicepresidente con un punteo de 61 sobre 100. Se evaluaron cuatro rubros. En cuentadancia obtuvo 70 puntos; en gerencia de la cartera, 60; en gestión de la pandemia, 58 y en calidad de gasto 56.

“El vicepresidente Castillo ha tenido experiencia en el sector público. Sin embargo, su administración y agenda ha sido paralela a la del presidente Giammattei, lo que ha impedido tener un rol trascendente dentro del Gobierno y su margen de trabajo es limitado, aunque ha tenido una vinculación con varios actores sociales”, expuso el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional (Cindere), uno de los centros que realizó la evaluación.

En esto coincide el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), que advirtió cómo, cada vez más, la vicepresidencia se convierte en una figura intrascendente.

“La Constitución Política le asigna (al vicepresidente) un papel clave en la coordinación de gabinetes de Gobierno, sin embargo, se observa una falta de liderazgo y de empoderamiento en ese ejercicio y poca explicación con relación a resultados de su gestión. Se ha quedado como una figura intrascendente”, razonó el Ipnusac.

Considera, además, que Castillo no ha mostrado firmeza en sus posiciones de gabinete, ni la conducción de los programas de gobierno que le corresponden y tampoco ha impulsado criterios técnicos y en la planificación para el monitoreo del programa de gobierno y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el segundo al mando del gobierno dirige dos gabinetes de desarrollo social y económico, consejos nacionales de seguridad alimentaria, vivienda, ciencia y tecnología y bienes en extinción de dominio y tres comisiones de trabajo en temas de industrias extractivas, lavado de dinero y adicciones y tráfico de drogas.

“Al ser una institución que funciona como articuladora con secretarias, consejos, gabinetes específicos y ministerios la vicepresidencia presenta un acceso dinámico y practico a los diferentes recursos que coordina y dirige”, afirmó Cindere.

En cuanto a la pandemia, estima que el vicepresidente tampoco ha tenido un rol trascendental en la estrategia gubernamental.  Sin embargo, en sus informes de trabajo destaca la atención de grupos afectados por la pandemia, como mujeres, juventud y municipalidades.

Divisiones

Rigoberto Dueñas, dirigente sindical, considera que la vicepresidencia no ha sido eficiente para resolver los problemas sociales del país. “Lamentablemente por los incidentes que ha habido con el presidente de la República no se ha enfocado en los problemas nacionales, sino más en los de carácter personal”, dijo Dueñas.

Recordó que uno de los gabinetes que el vicepresidente lidera es el de seguridad alimentaria y nutricional, pero este durante la presente administración no se han visto avances. Al contrario, las muertes por este flagelo aumentaron y el presupuesto estatal para combatirlo se ha reducido.

El pastor César Ayala, presidente de la Alianza Evangélica, ve lamentable las fisuras que se han producido en la relación del binomio presidencial y considera urgente que ambos se reconcilien. “El problema que vemos es que esa discrepancia y pleito entre ellos hace que el trabajo se diluya y pierda fuerza porque no pueden enfocarse en trabajar como equipo. Cada uno jala su carreta en la dirección que le conviene o se siente más cómodo”, dijo.

A su criterio, Castillo debe reorientar sus esfuerzos y procurar una reconciliación con el presidente. “No podemos tener un gobierno dividido. Como dice el dicho popular, divide y vencerás. Debe haber una reconciliación por amor a Guatemala”, comentó.

Por su parte el cardenal Álvaro Ramazzini coincide con que el distanciamiento entre el binomio presidencial no ha ayudado al país y ha afectado al país en general.

“Yo esperaría que ellos arreglen sus problemas personales y haya armonía. Esa es una actitud adulta de gente comprometida en buscar el bien del país. Yo he visto que le vicepresidnete ha hecho lo que debe hacer según lo que la Constitución le permite hacer, pero ese deberían resolverlo como personas maduras”, dijo Ramazzini.

Afirmó que los conflictos entre ellos no ayudan a nadie. “Cada uno pensará que hace lo que debe hacer, pero pierden de vista que sus problemas son un gran agujero que se da en una democracia incipiente como esta”, dijo Ramazzini.

Mientras que Luis Alfonso Bosch, presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), considera que si bien el vicepresidente ha mostrado avances técnicos en las secretarías y consejos en los que participa, no ha tenido el liderazgo esperado en el gabinete.

“Creemos que la ausencia de su liderazgo en el gabinete del Consejo de Ministros ha debilitado la imagen del gobierno y complicado el desarrollo de la agenda del Ejecutivo”, dijo Bosch.

Agregó que uno de los retos del vicemandatario es acercarse ale quipo de trabajo del gobierno. “Debe acercarse al equipo de trabajo que lo llevó al puesto. Reconocemos que el vicepresidente es una persona de bien y estamos seguros que podrá encontrar el camino para reencausar el trabajo del equipo que él ayudó a conformar”, dijo Bosch.

Se consultó a la vicepresidencia qué acciones realizaría para retomar el liderazgo en el gabinete, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

En su segundo informe anual de labores destacó logros en los gabinetes de desarrollo social, económico, en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, Comisión Presidencial contra el Lavado de Dinero y Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, entre otros.

“Desde los gabinetes específicos de desarrollo social y económico, consejos, secretarías y otras instancias vinculadas a la Vicepresidencia se ha alcanzado resultados que redundan en beneficio de la población”, reza el informe.

Emebd:

El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, emitió un comunicado durante el mensaje de Alejandro Giammattei a la nación este viernes en el que expresa su inconformidad con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas el estado de Calamidad, porque no fueron analizadas a profundidad. 

En un mensaje a la población, el mandatario informó que, debido al alza de casos de coronavirus en el país, se decretaban nuevas restricciones en el país, entre ellas el estado de Calamidad. 

Sin embargo, Castillo explicó que fueron convocados este mismo viernes a sesión de Consejos de Ministros para requerir la aprobación de un estado de Calamidad, pero que votó en contra.

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“Ha sido una preocupación de mi parte privilegiar la salud y la vida de los guatemaltecos. Mi voto fue en contra de dicha disposición”, expresa Castillo.

Agregó que las disposiciones decretadas hoy fueron conocidas mediante lectura “sin dar tiempo a que se realizara un análisis de las mimas y conocer sus implicaciones y efectos”.

“En consecuencia, no podemos avalar normativas que se desconocen a profundidad; prueba de ellos las diversas interrogantes que fueron expuestas durante la sesión”, agregó.

El vicepresidente explica en el texto que en otras ocasiones ha manifestado que “no es necesario decretar regulaciones como las establecidas en la Ley del Orden Público, para definir restricciones que pueden ser aprobadas a nivel presidencial o por el Ministerio de Salud”.

Dijo que las medidas como un estado de Calamidad conllevan a la limitación de una serie de garantías constitucionales, que incluso pueden ser “utilizadas en forma indebida para otros propósitos”.

Criticó que de marzo de 2020 a la fecha se han decretado estados de Prevención, de Sitio y de Calamidad “sin que ello advierta una mejoría en la contención de la pandemia o la adecuada y oportuna dotación de más hospitales, insumos, equipos y vacunación masiva para la población.

Castillo también hace referencia al cuestionamiento que se ha hecho de los mecanismos en que se adquirió la vacuna rusa Sputnik V, lo que califica como una “errática gestión del manejo de la pandemia”.

Enfatizó que la forma de mitigar los efectos de la pandemia “no es restringiendo garantías”, sino por medio del masivo proceso de vacunación a toda la población. Criticó que la mayoría de vacunas con que el país ha contado hasta hoy se haya obtenido gracias a donaciones.

Castillo finaliza la misiva diciendo que solicitó que el presidente ordene inmediatamente la cancelación de todas las compras y preparativos para conmemoración del Bicentenario en el país.

“Las condiciones económicas, sociales y sanitarias del país en este momento no privilegian que el Gobierno distraiga atención y recursos en la celebración del mismo”.

Guillermo Castillo, vicepresidente de Guatemala se reunió este miércoles 16 de junio con periodistas de varios medios de comunicación en donde abordó distintos temas nacionales como la lucha contra la corrupción, el manejo de la pandemia del coronavirus, la vacunación y también sobre el presidente Alejandro Giammattei.

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Al ser cuestionado sobre el distanciamiento entre el vicemandatario y el presidente Giammattei, Castillo respondió que el rompimiento viene desde la campaña política, porque hubo unos roces por algunas situaciones que se dieron.

Dijo que ese distanciamiento no afecta de ninguna forma el trabajo de él ni el de Giammattei, porque ambos están haciendo el trabajo que les corresponde y coordinan en los aspectos básicos y necesarios, como el Consejo de Ministros.

Aclaró que esta situación no afecta a la población, porque la ley es clara y él está cumpliendo con sus designaciones.

También fue consultado sobre su ausencia en reuniones importantes par el país, como la venida de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y afirmó que la decisión de no invitarlo a ese encuentro fue del presidente Giammattei y que habría que preguntarle a él por qué no lo invitó.

Reconoció que en ese tipo de reuniones la persona con la que se debe tener el encuentro es el presidente.

También afirmó que no han tenido oportunidad de reunirse a solas con Giammattei para tratar estos temas y que la pandemia y otros problemas también ha complicado el trabajo en el Gobierno.

Vacunación

Castillo también se refirió a la vacunación en Guatemala y dijo que la personas que están más vulnerables a contagiarse de covid-19 deben tener prioridad en los procesos de vacunación.

Expresó que hay personas que no han llegado a vacunarse y otras no la han recibido porque se han agotado en los puestos de vacunación, pero que la ministra ha hecho lo correcto y que cuando estén disponibles las vacunas los grupos excluidos deben ser atendidos con prioridad.

Resaltó la ola de contagios que se está dando en el país es debido a que hay relajamiento entre la población y porque no se cumplen con los protocolos de bioseguridad ni hay controles.

Se refirió al transporte público en el que se ve que va regresando a la normalidad, pero esta se puede dar si se toman las medidas de bioseguridad.

Reconoció que el suministro de vacunas va a ser lento, porque hay algún tema de gestión que pudo haberse hecho con más antelación y también porque las empresas a las que se les está comprando ha hecho entregas tardías, pero una vez rebasado esos inconvenientes esperaría que todos se vacunen.

Además, hay demanda mundial por obtener las vacunas y eso complica a muchos países para acceder a los biológicos.

Al ser cuestionado si la población no quiere vacunarse o el problema es que  no hay vacunas, Castillo dijo que él sí ha escuchado a personas que son reacias a inmunizarse, pero la mayoría si quiere hacerlo.

“Lamento que muchas personas hayan llegado a los puestos de vacunación, hagan cola y luego de haber estado unas horas les digan que ya no hay vacunas, pero eso se debe resolver”, afirmó Castillo.

Dijo que es responsabilidad del Gobierno hacer una campaña adecuada para invitar a la vacunación y también es responsabilidad del gobierno dotar de los biológicos a los centros de vacunación.

Confinamiento

“Todo mundo debe ser vacunado. Es una premisa que tenemos como país y yo espero que las vacunas vengan con mayor frecuencia y mayor cantidad de dosis para que se puedan suministrar a las personas, porque de otra forma no vamos a poder tener esa vuelta a nuestras actividades económicas y sociales”, dijo Castillo.

Dijo que entre tanto eso ocurre o ya estando las personas vacunadas, la población debe aprender a convivir con las medidas de bioseguridad y la productividad.

“Yo no soy muy amigo de los confinamientos o los cierres de país, porque estamos afectando al sector económico, a las personas que viven todo los días, no solo de un empleo formal, sino de las actividades que realizan como emprendedores sino en otras que realizan”, explicó.

El vicemandatario dijo que ha sostenido reuniones en el Gabinete Económico y el Banco de Guatemala ha informado que el país es uno de los que se pronostica que más va a crecer en este año, y que eso es exclusivamente es debido al sector productivo de primer nivel, que incluye empresarios y trabajadores.

Refirió que hay mucha expectativa de que este año haya más inversión extranjera en el país y también inversiones locales, pues ya hay mejores muestras en el desempeño económica.

Corrupción

El vicepresidente Castillo fue consultado sobre el aparente ataque contra las entidades que luchan contra la corrupción, a las declaraciones de Giammattei en un canal internacional sobre la ideología de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci) y el trámite que le dio la Corte de Constitucionalidad a las denuncias de algunas inconstitucionalidades la creación de esa fiscalía.

“Más allá de estar desmantelando a los órganos de investigación y de control que nosotros tenemos en el país, lo que debemos hacer es fortalecer sus capacidades y sus aspectos económicos”, afirmó el funcionario.

Afirmó que luego de la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) y su trabajo con el MP, la corrupción se sofisticó.

Expresó que antes de Cicig muchas personas pensaban que la justicia nunca les iba a llegar, pero cuando se empezaron a develar casos de corrupción los que cometen estos actos se sofisticaron y que si hay funcionarios que están cometiendo actos de corrupción ya no lo hacen tan a las claras como ocurría antes y por eso es necesario fortalecer los entes de investigación.

“Yo le tengo un aprecio muy especial al fiscal Sandoval y gracias no tengo problemas con nadie…pero creo que al señor fiscal, y a otras agencias del Ministerio Público, se le debe dar las condiciones necesarias para que en esta época de sofisticación de la corrupción ellos puedan hacer de mejor forma su trabajo”, dijo el funcionario.

Agregó que ve negativo este tipo de ataques contra los entes que tienen que ayudar a resolver la corrupción en el país.

Afirmó que también tiene fe en el trabajo de la Contraloría General de Cuentas y debe hacer esfuerzo para que los casos que se denuncian puedan ser investigados.

Hizo referencia a que se gastaron Q7.4 millones en compra de pruebas falsas para detectar covid-19, las autoridades de Salud hicieron la denuncia, pero hasta el momento no se sabe qué pasó con el caso y eso puso en peligro la vida de muchas personas.

Independencia judicial

Castillo se refirió al tema de independencia judicial y dijo que él fue magistrado del Organismo Judicial y cree que es un deber de todos los poderes del Estado y otros órganos de control  respetar esa independencia y que no se van a lograr resolver problemas del país si hay injerencia de un poder a otro.

Fue cuestionado por reuniones que ha habido en varios lugares entre altos mandos del Ejecutivo y jueces, magistrados, diputados para recibir órdenes o coordinar alguna acción y el vicepresidente respondió que a él a ese tipo de reuniones no lo convocan, y si lo hicieran no iría.

Dijo que él se ha enterado de estos encuentros por los medios de comunicación y la filtraciones.

“Sí los poderes del Estados no quieren verse afectados o con la duda de su imparcialidad lo mejor es evitar ese tipo de reuniones. Cada quien tiene sus funciones y en algún momento yo sí creo que deben de coordinarse alguna acciones y si para eso se están reuniendo tiene sentido, pero si es para otro tipo de decisiones que afecten la independencia sino también el desenvolvimiento de las acciones normales del Estado, todo el mundo lo va a ver de forma adversa”, expresó.

El vicepresidente Guillermo Castillo, presidente en funciones, invitó a dos relatores de Naciones Unidas para que evalúen la situación de los defensores de los derechos humanos y la independencia judicial.

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En misivas firmadas el 19 de abril, Castillo giró invitación a Diego García Sayán, relator sobre la independencia de magistrados y abogados, y a Mary Lawlor, relatora sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos.

La carta a García Sayán expresa que, en el contexto de la integración y elección de las más altas cortes judiciales, “se hace necesario proteger nuestro sistema de posibles interferencias de poderes externos que limiten el cumplimiento de los fallos judiciales”, para lo cual le solicita que pueda conocer las condiciones de trabajo de magistrados, jueces y otros actores.

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En cuanto a Lawlor, Castillo aboga para que ella pueda venir “a fin de conocer las condiciones de trabajo de las y los defensores y el papel de las instituciones relacionadas con la seguridad y los derechos humanos”.

Castillo preside el Ejecutivo hasta el 22 de abril, cuando se espera que arribe el presidente Alejandro Giammattei, quien visitó Andorra, España, con motivo de la 27 Cumbre Iberoamericana, en un contexto de estado de Prevención para evitar contagios de covid-19, al que Castillo se opuso, evidenciando un capítulo más de las diferencias entre el binomio presidencial.