Feci presentará recurso por fallo que benefició a Gustavo Alejos en caso de corrupción

Gustavo Alejos fue beneficiado con el sobreseimiento de cinco cargos por el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

Miguel Barrientos

2 de abril de 2024 | 07:48h

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El exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos ha sido señalado en varios casos de corrupción. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL / Esbin García)

El Ministerio Público informa que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentará un recurso de casación respecto a un fallo del Juzgado de Mayor Riesgo D que benefició al exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos Cámbara en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

La Feci indicó que la Sala Primera del Ramo Penal de Mayor Riesgo resolvió no acoger el recurso de apelación promovido ante la resolución del Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz Toscano, que benefició a Alejos.

Según las autoridades, el Juzgado dictó sobreseimiento a cinco delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo, asociación ilícita, evasión y defraudación tributaria.

Además, la esposa de Alejos, Beatriz Jansa Bianchi y el abogado Rafael Escobar Pereira, también fueron beneficiados con el sobreseimiento de los delitos de lavado de dinero.

El caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero fue presentado en 2021 por la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Según la investigación, Alejos Cámbara habría sido “uno de los principales operadores de la financiación de campañas de distintos partidos políticos”, en las que se habrían cometido delitos como lavado de activos, entre otros.

La investigación también señaló que habría existido una red de personas con “alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas”.

#MPfuerteYfirme
FECI presentará recurso de casación

La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentará recurso de casación luego que fue notificada que la Sala Primera del Ramo Penal de Mayor Riesgo resolvió no acoger el recurso de apelación promovido ante la resolución pic.twitter.com/PkqzHoG0Aq

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 2, 2024

La red habría cambiado de “un gobierno a otro” y habría estado formada, según la Cicig, por exsecretarios privados, empresarios, abogados y políticos.

Alejos Cámbara ha sido señalado en otros casos de corrupción como el IGSS Negociantes de Salud, donde el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal dictó una condena por aceptación de cargos.

El dictamen cierra el proceso penal contra Alejos, al desestimarle los delitos Asociación ilícita, Defraudación tributaria, Cohecho pasivo, Lavado de dinero u otros activos y Evasión, que le fueron imputados en este caso.

El Ministerio Público (MP) asegura que buscará apelar la decisión de la jueza. Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), afirmó que estaba en descuerdo con la decisión que emitió la jueza.

“No estamos de acuerdo con esta resolución en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, a favor del sindicado Gustavo Alejos, con que se le hayan sobreseídos cinco delitos”, dijo Curruchiche a la vez que aseguró que “la resolución será apelada”.

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El fiscal recordó que en una fase previa del proceso, a mediados de 2021, el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero fue clausurado provisionalmente, en ese entonces, por orden de la exjueza Erika Aifán.

“Este proceso había sido clausurado […]. Allí están los audios, donde efectivamente se logra establecer que es la propia jueza Aifán que sugiere que se clausure este proceso a favor de Gustavo Alejos”, afirmó Curruchiche al salir de la sala, en declaraciones a los medios.

El entonces jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, explicó en su momento que Aifán resolvió de esa manera, en respuesta a la petición que hizo la Fiscalía para tener un mayor plazo para incorporar información financiera requerida a Panamá, la cual estaba pendiente de recibirse.

Curruchiche no especificó si esa información finalmente fue incluida al expedientes. Curruchiche se limitó a informar que, una vez los investigadores a su cargo conocieron el caso, posteriormente presentaron la acusación contra Alejos.

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“Nosotros, desde el momento en que tomamos la dirección de la Feci, obviamente ya estaba emplazado el fiscal para presentar su acto conclusivo, ya no había tiempo suficiente para obtener los indicios, y es por eso que hicimos esa acusación”, dijo sin ampliar más detalles.

Acusación contra Gustavo Alejos

La Feci acusó a Gustavo Alejos por su participación en la Red de Poder, una trama que involucra a exfuncionarios, empresarios y abogados en la obtención de contratos estatales y la búsqueda de impunidad.

Según la acusación presentada el 5 de agosto de 2019, Alejos recibió más de US$7 millones de un contratista estatal entre 2011 y 2012, período que abarca la transición entre los gobiernos de la UNE y el Partido Patriota.

La Feci lo señaló respaldándose con 421 documentos de investigación y 67 pruebas materiales.

Se reveló que Alejos habría proporcionado una casa al entonces presidente electo, Otto Pérez Molina, en 2011, presuntamente para asegurarse de recibir favores o beneficios.

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El Tribunal Undécimo ordenó a Gustavo Alejos pagar Q310 mil 900 de reparación digna por los daños cometidos al haber amañado ventas de medicinas al IGSS, en una trama de corrupción que se denominó Caso Negociantes de la Salud, en la que, incluso algunos productos fueron sometidos a modificaciones irregulares, según la investigación.

La audiencia de reparación digna por dicho caso se llevó a cabo este viernes 16 de junio, días después de que Alejos y otros cuatro implicados fueran condenados a penas de prisión conmutables.

Se informó que una vez Alejos cumpla con el pago de la reparación digna obtiene los beneficios de ley por haberse sometido a procedimiento de aceptación de cargos: reducción de pena y conmuta.

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Alejos fue condenado el pasado 14 de junio a ocho años y ocho meses de prisión conmutables por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

Por el delito de asociación ilícita Alejos fue condenado a seis años de prisión, pero rebajada en una tercera parte quedó en cuatro años de prisión conmutables a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias la condena es de dos años de cárcel, que rebajada quedó en un año y cuatro meses y siempre a razón de Q30 diarios.

Por el delito de cohecho activo la sentencia es de cinco años, pero por la rebaja en una tercera parte es de tres años y cuatro meses. Además, una multa de Q33 mil 333.33.

Alejos y los otros cuatro condenados amañaron la adjudicación de contratos por medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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La sentencia fue dictada mediante la figura de aceptación de cargos por parte de Alejos y los otros implicados.

En esa audiencia del 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal también aceptaron cargos los ahora sentenciados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud.

También José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS.

Barrientos Montepeque fue hallado culpable de asociación ilícita y tráfico de influencias; mientras que Alejandro Enrique Toledo Paz es autor responsable de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo.

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Juan Pablo Muralles Morán fue encontrado culpable de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencia. César Estuardo Hernández Monroy cometió los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.

El Tribunal a Barrientos Montepeque por asociación ilícita lo condenó a seis años de prisión que rebajada en una tercera parte queda en cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios. Por tráfico de influencia se le condenó a dos años en prisión y que rebajada corresponde a un año y cuatro meses conmutables también a razón de Q30 diarios.

Alejandro Enrique Toledo Paz por asociación ilícita fue condenado a seis años de prisión, que rebajada queda en cuatro años conmutables, también a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias dos años de cárcel, pero rebajada es de un año y cuatro meses a razón de Q30 diarios.

Por cohecho activo la pena ya rebajada es de tres años y cuatro meses de prisión conmutables, siempre a razón de Q30 diarios. Además, debe pagar una multa de Q33 mil 333.33.

Juan Pablo Muralles Morán por el delito de asociación ilícita recibió condena de seis años de prisión, pero rebajada son cuatro años siempre a razón de Q30 diarios.  Por tráfico de influencia la condena rebajada en una tercera parte quedó en un año y cuatro meses, también a razón de Q30 diarios.

Mientras que por cohecho activo la pena rebajada es de tres años y cuatro meses conmutables a razón de Q30 diarios. También le impusieron multa de Q33 mil 333.33.

César Estuardo Hernández Monroy fue condenado por asociación ilícita a seis años de prisión, pero por la aceptación de cargos es de cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios, por cohecho pasivo tres años con cuatro meses a razón de Q30 diarios. Multa de Q33 mil 333.

La condena accesoria para los cinco sentenciados es de inhabilitación especial para obtener cargos, empleos con el Estado y comisiones públicas por el periodo de cinco años.

El fallo de la Alta Corte se conoció este miércoles 27 de abril, en el cual se detalla que eliminó el delito de financiamiento electoral no registrado en un caso de financiamiento a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Según los señalamientos del Ministerio Público, Alejos habría aportado Q500 mil a la UNE mediante un cheque en mayo de 2015.

Alejos ahora quedará ligado a proceso por el delito de asociación ilícita.

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El 23 de diciembre de 2021, la Corte de Constitucionalidad también benefició a Sandra Torres, secretaria general y excandidata presidencial de la UNE, quien también era señalada de financiamiento electoral no registrado.

Torres fue señalada por el Ministerio Público en un caso de financiamiento de Q19.5 millones no reportados al Tribunal Supremo Electoral en la campaña presidencial de 2015.

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La exprimera dama fue señalada de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, delitos por los que guardó prisión varios meses, hasta que recobró su libertad.

Según argumentó Torres, cuando fue beneficiada por la Corte de Constitucionalidad, los hechos por los que era señalada ocurrieron en 2015 y el delito por el que se le acusaba fue creado en 2018.

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“Con esto queda claro que este fallo cierra el caso en mi contra, demuestra mi inocencia de la persecución política que he sufrido por más de dos años y cuatro meses. Quiero ser clara y contundente que este fallo emitido por la alta Corte es eminente que se violó el artículo 15 de la Constitución, que una ley no puede ser retroactiva; se violó también el principio de legalidad y varios derechos como la presunción de inocencia y a un debido proceso”, argumentó en diciembre de 2021.

Alejos recobró su libertad en julio pasado, pero quedó bajo arresto domiciliario luego que la jueza Erika Aifán declarara la clausura provisional en el caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”; sin embargo, con la nueva resolución en el caso “Financiamiento UNE” podrá desplazarse a cualquier parte del territorio nacional.

La resolución de la jueza Domínguez determina que Alejos deberá presentar un informe mensual sobre sus ubicaciones.

Alejos también está vinculado en los casos de corrupción “Red de Poder”, “Transurbano”, “Cooptación del Estado”, “Negociantes de la Salud” y “Comisiones Paralelas 2020”.

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El exfuncionario recobró su libertad, pero la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) trata de incorporar al caso otros medios de prueba que fueron solicitados fuera del país.

También se informó que Alejos Cámbara logró la libertad debido a que en los otros procesos que se le siguen también había sido beneficiado con medida sustitutiva.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, fue incluido en la Lista Engel que el Departamento de Estado de EE. UU. publicó el jueves 1 de julio del 2021. Esa lista es uno de los instrumentos que Washington utiliza en su lucha contra la corrupción, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras.

El miércoles 8 de septiembre, la jueza pesquisidora, Anabella Cardona, recomendó a la CSJ no retirarle el derecho de antejuicio a Castellanos, quien ha sido implicada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en el referido caso.

El 16 de julio 2020, el MP presentó denuncias contra operadores de justicia que figuran como candidatos a ocupar magistraturas para la próxima administración del Organismo Judicial (OJ).

Todos ellos señalados por los cargos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.

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El 5 de agosto 2021, el pleno de la CSJ resolvió que diez magistrados señalados por la Feci, en el caso Comisiones Paralelas 2020, continuarán con inmunidad, según una resolución.

Según la acusación de la Feci, los señalados también habrían influido en elección de cortes de Apelaciones y CSJ.

Con esta resolución, el MP no podrá investigar a los magistrados por este caso.

Según la investigación de la Feci, una red integrada por políticos, jueces, abogados y particulares influenció en las comisiones de postulación para la elección de CSJ y salas de Apelaciones.

El 16 de julio 2020, el Ministerio Público (MP) presentó denuncias contra operadores de justicia que figuran como candidatos a ocupar magistraturas para la próxima administración del Organismo Judicial (OJ).

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Los jueces y magistrados denunciados gozan de inmunidad, por lo que cualquier sospecha tuvo que haberse presentado respetando las garanticas del funcionario.

Una primera fase de este caso llevó a prisión a Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”, pero la manipulación para las cortes nacionales se extendieron a tal punto que una investigación mantiene detenidos a varios integrantes de las comisiones de postulación que integraron las nóminas, de las que se espera sean las próximas autoridades de la CSJ.

#AHORA | La jueza pesquisidora, Anabella Cardona, ha recomendado a la Corte Suprema de Justicia no retirarle el derecho de antejuicio a la jueza, María Eugenia Castellanos, quien ha sido implicada por la Feci en el caso #ComisionesParalelas2020. pic.twitter.com/1vRjtNAHhF

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) September 8, 2021

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Pero el primer obstáculo que enfrentan estas diligencias de antejuicio es que las autoridades del órgano encargado de tramitarlas son quienes han sido denunciadas. Por eso es necesario que los ocho magistrados se aparten del caso y el Pleno de la CSJ se constituya con suplentes, según juristas consultados.

Aunque esa alternativa también despierta algunas dudas. La Ley Orgánica del OJ explica que si un magistrado titular de la CSJ se inhibe de un caso será sustituido por un suplente, dígase los presidentes de las Cortes de Apelación, y de ser necesarios más suplentes se acudiría a convocar a los magistrados vocales de las salas cercanas al perímetro de la ciudad.

Los antecedentes de las actuales Cortes de Apelación tampoco transmiten confianza a algunos abogados. Reportes de la Feci dan cuenta que magistrados de la Sala Segunda y Cuarta Penal figuran en la lista de personalidades que se reunió con Gustavo Alejos, una de las personas en quien gira la investigación del Caso Comisiones Paralelas 2020.

También pesan resoluciones judiciales recientes que favorecieron a exfuncionarios que fueron sentenciados por investigaciones de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Por ejemplo Gustavo Mendizabal, exmagistrado de CSJ, cumplirá cuatro de seis años de prisión que había recibido como condena, así mismo Pedro Muadi, expresidente del Congreso, tiene que cumplir ocho años de cárcel de los 30 que un tribunal dictó en su momento.

Los magistrados titulares de la CSJ que habrían manipulado la nómina de candidatos para las Cortes de Apelación y que han sido denunciados son: Silvia Patricia Valdés, Felipe Baquiax, Silvia García, Vitalina Orellana, Nery Medina, José Pineda Barales, Sergio Pineda y Manuel Duarte.

Asimismo, Ranulfo Rafael Rojas, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Nester Vásquez, quien recién asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ambos formaron parte del pleno de la CSJ cuando se trabajó en la nómina de candidatos para las salas de Apelaciones y, según la Feci, habrían participado en la manipulación de los resultados.

Actualmente la mayoría de las denuncias ya fueron elevadas a la CSJ, a la espera que la Cámara de Amparo y Antejuicios proponga sean incluidos para una próxima discusión de Pleno del OJ.

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Piden excusas

Quienes se deben de apartar de conocer los antejuicios no son únicamente los ocho magistrados titulares que están siendo denunciados, a criterio de Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas, los magistrados de sala con algún antecedente sospechoso también se tienen que apartar del proceso.

“Es preocupante el estado de la justicia en estos momentos porque desde las cúpulas, tanto de la CSJ como de la CC, se dan mensajes de favorecer a ciertas redes de impunidad. Desde ahí vemos que es fácil que las Salas de Apelaciones se plieguen a estas posturas que van en línea muy clara de favorecer y perjudicar a sectores independientes, es difícil, pero aun así la demanda ciudadana es que cumplan su deber”, resaltó.

Por su parte Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, coincide en ese punto. “Caemos al factor de que hay algunos magistrados de sala que también han sido señalados, que han sido cuestionados por dictar resoluciones expresas a favor de ciertos personajes, entonces lo esperable es que también se vayan inhibiendo los magistrados de Salas de Apelaciones que tienen, por lo menos, cuestionamientos en el marco de la investigación”.

Guerra judicial

Aunque comparte el mismo criterio, que los magistrados denunciados se deben inhibir de conocer sus propios antejuicios, Alfredo Siekavizza, constitucionalista, considera que todas estas denuncias forman parte de una estrategia judicial para hacerse con el control de uno de los poderes de Estado.

“Idealmente lo que deberíamos ver es que los magistrados que están siendo objeto de retiro de antejuicio deberían de excusarse de conocer sus propios casos, para no caer en lo que hemos visto con la CC de los denominados auto amparos. Lo que estamos viendo ahorita, naturalmente, es la guerra jurídica entre dos grupos que están peleando por el poder”, señaló.

Mientras tanto Francisco Quezada, investigador del Centro de Estudios Economicos Nacionales (Cien), asegura que lo primordial es enviar esos expedientes al Congreso, sin repetir precedentes negativos que se vieron en la pasada CC.

“Muchas veces se exige que la CSJ saque de circulación un trámite de antejuicio, quienes se vieron favorecidos lo aplauden o a veces la CSJ lo traslada y quienes se vieron perjudicados la critican, eso se debe a la falta de certeza que generó la CC en diferentes épocas, la CSJ no puede conocer antejuicios de facto que no le competen, le competen en este caso al Congreso, para bien o para mal”, indicó.

Las opciones para suplentes

Sala Primera Penal: Este órgano judicial desempeñó un papel clave para que el juez Mynor Moto, actual prófugo de la justicia, pudiera ser juramentado como magistrado constitucional. La sala otorgó un amparo provisional en donde se ordenó al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) oficiarlo como ganador. Moto iba  a sustituir al fallecido Bonerje Mejía.

• Fredyn Ferández, Presidente.
• Aura Marina Mancilla, Vocal I.
• Carlos Rodríguez Meza, Vocal II.

Sala Segunda Penal: En marzo de 2020 esta sala resolvió reducir la sentencia condenatoria de Gustavo Mendizabal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El exmagistrado había recibido una condena de seis años de prisión inconmutables por haber influenciado a favor de Roxana Baldetti, para que en el año 2014 obtuviera un amparo que le permitió dirigir al extinto Partido Patriota. La sentencia se redujo a cuatro años de prisión conmutables. La misma sala también fue la encargada de reducir la sentencia condenatoria al expresidente del Congreso, Pedro Muadi, que fue encontrado culpable en el Caso de las Plazas Fantasma del Congreso. El exlegislador deberá de cumplir ocho años de prisión y ya no los 30 años que había recibido.

• Gustavo Dubón Gálvez, Presidente.
• Roaldo Isaías Chávez, Vocal I.
• Eduardo Galván Casasola, Vocal II.

Sala Tercera Penal: Tribunal que rechazó la solicitud de antejuicio promovida por Feci y la extinta Cicig en contra del fallecido Álvaro Arzú, expresidente y exalcalde capitalino, que fue señalado en las negociaciones  presuntamente ilícitas de Byron Lima Oliva.

• Jaime González Dávila, Presidente.
• Beyla Estrada Barrientos, Vocal I.
• Zonia de la Paz Santizo, Vocal II.

Sala Cuarta Penal: En esta sala penal se encuentra  el magistrado Jorge Antonio Valladares, quien a su vez fue el juez pesquisidor en el proceso de antejuicio que promovió la Feci contra el diputado Felipe Alejos. Los agentes investigadores solicitaban el retiro de inmunidad a Alejos para profundizar en las sospechas del Caso Traficantes de Influencias, pero la recomendación del pesquisidor a la CSJ fue que no había  sospechas suficientes para recomendar el retiro de la inmunidad. Valladares recientemente también  recomendó no retirar la inmunidad al magistrado de Sala, Romeo Monterrosa, denunciado en el Caso Comisiones Paralelas 2020.

• Néctor de León Ramírez, Presidente.
• Jorge Antonio Valladares, Vocal I.
• Eliza Victoria Pellecer, Vocal II.

Sala Primera de Mayor Riesgo: Este órgano judicial se encuentra encabezado por la magistrada Anabella Cardona, expresidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia y de la Asociación de Jueces y Magistrados. Cardona cuestionó en todo momento el trabajo de la desaparecida Cicig cuando la dependencia de Naciones Unidas promovía solicitudes de antejuicio contra jueces y magistrados.

• Anabella Cardona, Presidente.
• Mynor Oxom Paredes, Vocal I.
• Marvin Reyes Lee, Vocal II.

Sala Segunda  de Mayor Riesgo: Según investigaciones de Feci el presidente de la sala, Harold Ortiz, figura entre las autoridades judiciales que visitó a Gustavo Alejos, implicado en el Caso Comisiones Paralelas 2020.  Esta misma sala, pero integrada con suplentes, beneficio al exdiputado Armando Escriba anulando el proceso en su contra dentro del Caso Construcción y Corrupción.

• Harold Ortiz Pérez, Presidente.
• Edwin Roberto Ruano, Vocal I.
• Santos Sajbochol, Vocal II.

Sala Primera de Femicidio: En esta sala era integrante la actual magistrada Constitucional, Dina Ochoa, y el actual vocal, Henry Elías, promovió señalamientos contra el Procurador de los Derechos Humanos a lo interno del Congreso de la República. Actualmente diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo analizan el documento que busca una eventual destitución a Rodas.

• Noé Ventura Loyo, Presidente.
• Henry Elías Wilson, Vocal I.

Por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución, el Ministerio Público presentó ayer 10 solicitudes de retiro de antejuicio en contra de magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Los hechos denunciados son, según la Fiscalía, por el papel que habría jugado la actual CSJ en la comisión de postulación para nuevos magistrados de salas de Apelaciones, en una trama denominada Comisiones Paralelas 2020.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), los magistrados de la CSJ se comunicaron con Gustavo Alejos antes de votar para la integración de las nóminas de candidatos. Como parte de las evidencias presentó una lista que expone la aparente negociación y que fue hallada en la residencia de la abogada Jeniffer Dell’Aqua, una de las procesadas.

Los denunciados son la actual presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, y los magistrados titulares Felipe Baquiax, Silvia García, Vitalina Orellana, Nery Medina, José Pineda Barales, Sergio Pineda y Manuel Duarte.

Asimismo, Ranulfo Rafael Rojas, actual presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y Nester Vásquez, quien ayer asumió como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ambos formaron parte del pleno de la CSJ cuando se trabajó en la nómina de candidatos para las salas de Apelaciones y, según la Feci, habrían participado en la manipulación de los resultados.

Las 10 solicitudes de desafuero ingresaron a Gestión Penal en la Torre de Tribunales, que tendrá a su cargo trasladarlas a juzgados de Primera Instancia, como dicta la Ley en Materia de Antejuicio, para que se notifique a los sindicados. Posteriormente, los expedientes deben ser elevados a la CSJ, a la que corresponderá decidir si los señalamientos son infundados o tienen sustento. En este último caso, se trasladarán al Congreso para que los conozca.

Por ser la CSJ el primer filtro para el citado procedimiento, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, opinó que es conveniente que los ocho magistrados titulares señalados se inhiban de conocer las denuncias en su contra y que el pleno judicial se integre con magistrados suplentes, para evitar un conflicto de interés.

La solicitud de desafuero contra los 10 magistrados se presentó un día después de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció en su visita a Guatemala la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción en el Triángulo Norte.

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Deben ser investigados

Aunque los magistrados en mención habrían incurrido en delitos mientras formaban parte de un organismo de Estado, en la actualidad dos ellos fungen ahora en la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, respectivamente.

“Las máximas autoridades están implicadas; llegó el momento donde se rebalsó el vaso. Siempre han habido denuncias y claridad que en la elección de estas máximas autoridades hay tráfico ilícito. Hay buenos jueces que han sido electos con el buen canal, pero también hay otros donde ha habido grupos que están siempre detrás de estas elecciones y lograron cooptar estas comisiones de postulación”, expresó Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

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El trámite

El hecho de pedir el desafuero de magistrados de la CSJ en funciones es un proceso inédito para el país. Sectores de la sociedad civil y juristas señalan que dar trámite a los procesos sería un síntoma positivo para la salud del sistema de justicia.

José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), espera que estos procesos puedan seguir su camino y no exista ningún conflicto de interés en el trámite de remitirlos el Congreso.

“Creo que aquí vamos a estar en un escenario, como se ha hablado anteriormente, de conflicto de intereses, porque los magistrados de la misma CSJ no pueden, o no deberían, conocer la causa de su propio -retiro de- antejuicio. En este caso pueden suplir los magistrados de salas de Apelaciones, este sería el trámite, y si se llegan a enviar al Congreso necesitarían de una mayoría calificada de 107 votos”.

La opinión generalizada es que las denuncias deben llegar al Congreso para su análisis, independientemente de si la CSJ decide conocerlas con suplentes o titulares.

La Ley en Materia de Antejuicio contempla que si ingresa alguna solicitud de este tipo al Congreso durante el período de receso parlamentario se tendrá que integrar la comisión pesquisidora con diputados que conforman la Comisión Permanente, cercana al oficialismo y bloques aliados.

En este caso, quedarían fuera legisladores de la oposición en torno a la labor de coordinar las diligencias de análisis y evaluación de las denuncias.

Édgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, considera que todas las responsabilidades legales por estas denuncias van a recaer sobre los diputados, ya que parte de esto se debe a que el Congreso no ha renovado el OJ.

“Estamos otra vez como en el círculo del perro que se muerde la cola, porque por un lado no nombrar a una CSJ hace que estos magistrados gocen de antejuicio. Si el Congreso nombra mañana a los nuevos magistrados se termina el problema y no hay antejuicios que tramitar. Entonces, todo el poder recae en estos momentos en el Congreso, ya que al no elegir nueva CSJ, garantiza inmunidad a estas personas”, expuso.

Echeverría, Ortiz y Quezada coinciden en que estas solicitudes de retiro de inmunidad deben prosperar para despejar cualquier duda sobre el proceso de renovación del OJ. Si la CSJ decide no admitirlo a trámite, la Fiscalía podría pedir a la CC un amparo provisional.

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Por medio de un oficio, Alejos Cámbara informó al Juzgado de Mayor Riesgo D y al Ministerio Público (MP) que ha sido presionado y amenazado por Reyes, quien, según él, le ha dicho que lo trasladará a otra área de la cárcel de Mariscal Zavala, donde guarda prisión.

“Durante las últimas semanas he venido sufriendo una presión de parte del señor ministro de Gobernación, quien ha venido poniéndome en mal con los demás reclusos y amenazándome con trasladarme a un área de bartolinas”, dice una parte del escrito enviado por Alejos.

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Asegura que esas presiones se han dado durante visitas que Reyes ha hecho a esa prisión, y que le genera dudas sobre si esa es una atribución que le corresponde, pues entiende que los traslados de reos son responsabilidad del director del Sistema Penitenciario, por lo que lo califica como “una cuestión puramente antojadiza” porque no tiene ningún problema con reclusos.

Asegura que un traslado de ese tipo violaría sus derechos y pondría en peligro su vida, aunque no especifica por qué. Además, solicita que se le concedan las medidas de seguridad necesarias para su caso.

Niega señalamientos

En tanto, Gendri Reyes, ministro de Gobernación, negó este jueves 13 de mayo los señalamientos hechos por Alejos y asegura que en su calidad de ministro de Gobernación no ha tenido contacto con los reos de ninguna prisión.

Además, dijo que en el Sistema Penitenciario (SP) lo que se hace es fortalecer las medidas de control en los ingresos a las prisiones, y que esto se implementa en todas las cárceles del país y no solo en Mariscal Zavala.

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“No tengo conocimiento de ese tema. Lo que se está haciendo en el SP es poder tener más control. Se mandó a instalar cámaras de vigilancia para poder controlar tanto los ingresos y las salidas de las cárceles. En ningún momento he tenido contacto con los privados de libertad. En mi calidad de ministro de Gobernación he ido (…) no solo a Mariscal Zavala sino a varias cáceles del país para supervisar las acciones que le corresponden al SP”, dijo Reyes.

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Junto a Paiz y Gálvez también seguirán en prisión preventiva Juan Salvador Soto Estrada, Olga del Rosario Alfaro Pineda y Luis Fernando Ruiz Ramírez, quienes también están implicados en el caso.

En tanto, Aifán otorgó medidas sustitutivas a Henrry Giovanni Dubón, por su disposición a colaborar en el caso, mientras que Jennifer Dell’aqua Lima recibió arresto domiciliario por enfermedad.

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“Al conocer la petición relacionada con medidas de coerción, la juez de mayor riesgo D, al ser acreditados los peligros procesales advertidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, emitió auto de prisión preventiva contra los procesados: Carlos Estuardo Gálvez Barrios, Juan Salvador Soto Estrada, Olga del Rosario Alfaro Pineda, Luis Fernando Ruiz Ramírez, Murphy Olimpo Paiz Recinos”, señala la Fiscalía.

Agrega: “A los procesados, Jennifer Candelaria Dell´Acqua Lima y Henry Giovanni Dubón Ruano, les fueron conferidas las medidas sustitutivas de arresto domiciliario en su propia residencia sin vigilancia, autorización para salir de su residencia únicamente para recibir atención médica, arraigo y prohibición de comunicarse con coimputados”.

El Ministerio Público (MP) señala a Paiz y Gálvez de promover candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones. Se les imputa los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y violación a la Constitución.

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El MP señaló a Murphy Paiz y Estuardo Gálvez de interfirieron de manera anómala en el proceso de selección de los magistrados de Cortes. Por esta causa también fueron implicados los otros procesados, según la Fiscalía.

El caso Comisiones Paralelas 2020 señala cómo abogados que pertenecían a esta comisión de postulación pactaron con el operador político Gustavo Alejos Cámbara mientras éste guardaba prisión preventiva en un sanatorio privado ubicado en la zona 2 de la capital.

La comunicación con Alejos se mantuvo desde febrero 2020 a la fecha, según explicó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para negociar las listas de aspirantes que ahora está siendo discutida en el Congreso de la República.

EE. UU. detalló que ambos fueron sancionados con base en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos, Global Magnitsky, (Ley Magnitsky) que persigue a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y de actos de corrupción en el mundo.

¿Pero que significan esas sanciones y qué repercusiones pueden alcanzar?

El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) indicó que todas las propiedades e intereses de Gustavo y Felipe Alejos que se encuentran en EE. UU., o bien sea que estén en posesión o control de personas estadounidenses, quearán bloqueadas.

También se bloquea cualquier entidad que sea de su propiedad, directa o indirectamente, o si es propietario del 50 por ciento o más.

Las regulaciones de la Ofac por lo general prohíben todas las transacciones estadounidenses, dentro del país, o en tránsito, que involucren cualquier propiedad de las personas sancionadas, e impide la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios en favor de estos.

Es la “muerte financiera”

La Ley Magnistky se aplica a aquellas personas vinculadas por las autoridades de EE. UU a las violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

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Dada su naturaleza que limita cualquier relación financiera de los sancionados con EE. UU. es considerada como una “muerte financiera”, puesto que ninguna entidad de ese país, incluso bancos o empresas emisoras de tarjetas de crédito, pueden hacer negocios con estas personas o sus empresas.

Asimismo, las instituciones financieras estadounidenses no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. En Guatemala, prácticamente, todos los bancos e instituciones financieras tienen flujos de transacciones con sus pares en EE. UU.

En síntesis, una persona que es sancionada no puede hacer transacciones financieras ni de negocios con empresas locales ni estadounidenses.

Tienen bienes

El internacionalista Jorge Wong considera que tanto Gustavo como Felipe Alejos tienen algún tipo de bien en EE. UU., ya sea a sus nombres o de testaferros, porque de los contrario este país no hubiera aplicado la Ley Magnitsky.

Añadió que la aplicación de esta ley es un instrumento de lucha contra la corrupción, pero también político, y en ese sentido destacó que las sanciones se anunciaron el mismo día que la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, habló con el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, para buscar soluciones a la migración irregular.

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EE. UU. está “poniendo sobre la mesa cuál va a ser la prioridad de Kamala Harris en la búsqueda de una solución en el país”, indicó Wong. “Eso es una señal de que la propuesta de la lucha contra la corrupción va en serio”.

Repercusiones

El analista político Christians Castillo dice que las sanciones hacia a los Alejos es un mensajes “claro y contundente” de EE. UU. ya que, a través de la Ofac, inmoviliza el dinero, “lo que más le duele a los corruptos”.

“Todos aquellos que quieran o decidan continuar apoyando la corrupción, ahí tienen el ejemplo”, subrayó Castillo porque ni “Gustavo Alejos con toda la influencia y poder que ha tenido en los años recientes ha logrado romper el brazo de la justicia que lo alcanzó”.

En cuanto al diputado Felipe Alejos, Castillo dice que el mensaje que también busca enviar EE. UU. es para todos aquellos que utilizaron sus servicios, como las estructuras empresariales que operaban bajo su amparo, en el caso en el que presuntamente intermedió para beneficiarlos con la devolución del crédito fiscal, un caso por el cual el Ministerio Público (MP) lo señala, pero que no ha logrado que los tribunales le retiren el derecho de antejuicio.

“Ahora vemos como EE. UU. sube el todo y utiliza todos los instrumentos necesarios para mandar el mensaje de que las cosas no están bien”, dijo.

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Busca socios

Para Castillo, EE. UU. todavía espera en el Gobierno de Guatemala a un socio confiable, por esa razón espera que al “mover los hilos” en el Ejecutivo puedan moverse también los del Congreso.

De esa forma, agregó, hasta el momento no se han escuchado mensajes de confrontación desde Washington, mientras que, por parte de Guatemala, no ha habido más que algunas “rabietas” de Giammattei por ciertos temas puntuales, como cuando se quejó de poca ayuda de EE. UU. cuando comenzaba la pandemia.

Sin embargo, la prueba de fuego, subraya el politólogo, será la elección del próximo fiscal general, ya que el MP es una institución clave para la lucha contra la corrupción que apoya EE. UU.

“Si Giammattei no se ajusta a los lineamientos y parámetros que EE. UU. ha venido buscando en el MP, como un socio en el combate a la migración, la corrupción y el narcotráfico, puede haber un resquebrajamiento de fondo que podría poner en riesgo la relación entre ambos países”, señaló Castillo.

Además, no duda en que las sanciones dadas a conocer este lunes ya tienen repercusiones pero que posiblemente muchas de ellas se manejen con discreción ya que la muestra contundente la dio EE. UU. con actores que ya “nadie responde por ellos”, en el caso de los Alejos, pero que con “otros actores que estén irrespetando o transgrediendo los límites de la relación, les harán llegar los mensajes que importantes” para que enmienden sus acciones.

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De no obtener frutos con estas acciones, EE. UU. podría pasar a un segundo nivel que es el que “todos los guatemaltecos esperan”, dice Castillo, o sea, podría dar a conocer nombres de diputados, ministros y otros funcionarios señalados de corrupción, como lo hizo este lunes con Gustavo y Felipe Alejos.

Intereses en común

En cuanto a que también Reino Unido se sumó a sanciones, en este caso en contra de Felipe Alejos, Wong considera que este país ha tenido una relación histórica con EE. UU. y ahora, ya fuera de la Unión Europea, “tiene más poder de discrecionalidad” para ejercer su política exterior.

“Hay objetivos en común, esto para Guatemala significa que los dos países están interesados en apoyar” cualquier iniciativa que tienda a evitar la migración irregular, destacó el internacionalista, quien no duda en calificar esta apertura a cooperar como “una oportunidad de oro” para que el país obtenga beneficios económicos y para la comunidad migrante, por ejmplo.

No son los primeros

Antes de la designación de Gustavo y Felipe Alejos, el exdiputado Julio Juárez Ramírez también era parte de la lista de sancionados por la Ley Magnitsky, y quien también figuraba en a la lista Ofac.

Desde que se incluyó en esa lista las entidades financieras y empresas dejaron de tener relaciones comerciales y de negocios a nombre del exlegislador.

Juárez Ramírez es señalado de la muerte del periodista Danilo López, hecho ocurrido el 10 de marzo del 2015. Su juicio comenzó el pasado 16 de noviembre, pero todavía no hay un veredicto. En octubre de 2017 Sergio Waldemar Cardona fue condenado a 30 años de prisión inconmutables por el mismo crimen.

Alejos se encuentra en prisión preventiva desde el 28 de diciembre del 2015, luego de haber estado prófugo durante poco más de dos meses, y aunque está privado de libertad, en estos últimos seis años las acusaciones en su contra se siguen acumulando.

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Hasta ahora, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) ha presentado seis acusaciones. La última detalla cómo Alejos abandonó la prisión preventiva que cumplía en un sanatorio privado de la zona 2 capitalina para reunirse con políticos, aspirantes a magistrados e integrantes de comisiones de postulación, supuestamente para manipular la elección de cortes.

Empresario con ventaja

Alejos Cámbara nació en la capital guatemalteca, en 1968. Su familia es originaria de Retalhuleu. Es ingeniero agrónomo y sin embargo su carrera la forjó como empresario, en la industria farmacéutica, para luego incursionar en el mundo político.

Es hermano del exconstituyente, exdiputado de la UNE y fundador del partido Todos, Roberto Alejos Cámbara.

En publicaciones de Prensa Libre en años anteriores se tiene registrado que el primer acercamiento que tuvo Gustavo Alejos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se dio cuando su primo Enrique Alejos Close fue nombrado por Álvaro Arzú como presidente de la junta directiva de esa institución. De eso hace más de 20 años.

Durante los años en que trabajó en la industria farmacéutica logró formar una red de operadores para corromper a funcionarios y manipular el mercado, a fin de favorecer a sus empresas.

Fue la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Feci las que lograron confirmar ese extremo. Por eso el primer caso penal en el que fue señalado es el de Negociadores de la Salud, por haber recibido considerables sumas de dinero como pago por liderar desde afuera del Seguro Social la compra de medicamentos e insumos a favor de ciertas compañías.

Según la investigación, Gustavo Alejos se reunió de manera organizada con proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS para incrementar su patrimonio, en detrimento de las finanzas de esta institución, a través de manipular los procesos de compra.

Las pesquisas detallan que la organización delictiva utilizó diferentes mecanismos, entre los cuales destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de fármacos, a fin de promover la compra a sus proveedores, al punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia del producto era solo para dos.

Gustavo Alejos fue parte de la empresa J.I. Cohen, propiedad de Jack Irving Cohen, hasta el 2014. Sus farmacéuticas son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma.

La primera agrupación política en la que tuvo participación financiera fue el Partido de Avanzada Nacional, cuando Arzú llegó a la presidencia de la República. Continuó con la Gran Alianza Nacional, con Óscar Berger, y luego pasó a la UNE, con Colom. En esta última oportunidad su intervención fue más activa y abierta.

La Contraloría General de Cuentas reportó que Gustavo Alejos Cámbara tenía un patrimonio de US$180 millones. Él se reconoció públicamente como propietario de un jet, un yate que le vendió a Roberto Arzú —hijo del expresidente—, un apartamento en Miami, EE. UU., y una casa que le alquilaba a Otto Pérez Molina cuando este era gobernante del país.

El hilo en las Cortes

En diciembre del 2020, la Feci entregó la sexta acusación contra Gustavo Alejos, por haber abandonado el sanatorio donde guardaba prisión preventiva para concertar reuniones que le permitieran cooptar la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones.

El 8 de abril último, la misma fiscalía confirmó que utilizaría a Gustavo Alejos como testigo protegido en este caso, en el que también están implicados el juez Mynor Moto —prófugo—, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, y el ex rector de esa casa de estudios Estuardo Gálvez.

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El jefe de esa fiscalía, Juan Francisco Sandoval, confirmó la declaración de Alejos pese a que hubo alegatos formulados por la defensa del caso, los cuales no fueron avalados por Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Según Sandoval, el testimonio de Alejos sirve para nutrir la investigación en tanto el caso se desarrolla en la etapa de primera declaración ante el juzgado.

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En este caso están implicados Mynor Moto, quien tiene orden de captura; Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos (Usac); Estuardo Gálvez, exrector de la Usac, así como abogados y exaspirantes a magistrados de Apelaciones.

Según la investigación de la Feci, los sindicados configuraron una estructura que influyeron en la lista final de aspirantes a magistrados judiciales para que una vez en el cargo pagaran mediante trueques, específicamente impunidad.

A pesar de dar testimonio en este caso, Alejos enfrenta cinco procesos penales de corrupción, Red de poder, corrupción y lavado; Negociantes de la salud, Cooptación del Estado, Financiamiento ilícito UNE y Transurbano.

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Alejos, quien tiene problemas de fibrosis, presentó síntomas similares a los de covid-19, por lo que obtuvo autorización para hacer el test en el Hospital General San Juan de Dios.

Comunicación Social del referido hospital informó que Alejos fue trasladado por orden de juez a través del Sistema Penitenciario (SP) hacia el Centro de Atención de Pacientes con Enfermedades Respiratorias Emergentes.

Añadió que el paciente fue atendido por el personal médico y paramédico. Según el expediente clínico, el paciente presentaba dolor de garganta asociado a cuadro febril, tos seca, malestar articular y diarrea.

Agregó que se le practicó una prueba de hisopado y los resultados fueron trasladados al juzgado respectivo. El hospital confirmó que Alejos no ameritó ser ingresado.

Gustavo Alejos, quien es señalado en varios casos de corrupción, permanece en la cárcel de Mariscal Zavala.

Este lunes el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla tenía que comparecer en una audiencia por una recusación al juez Miguel Ángel Gálvez, pero no asistió.

Debido a la ausencia de Bonilla, su abogado expuso que fue por prevención por que su cliente no sabe si está contagiado debido a que tuvo interacción con otros reos de Mariscal Zavala.

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El fallo de ese órgano considera que “no hay ilegalidades que investigar” en la conducta de Aifán, algo que ya había recomendado previamente la Supervisión General de Tribunales.

Aifán preside el caso Red de poder, corrupción y lavado, donde Alejos está procesado por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y defraudación tributaria. Aparte, tiene otro proceso en ese juzgado por evasión, al haber salido del hospital privado donde estaba internado, para supuestamente influir en la elección de cortes que no avanza en el Congreso.

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El Ministerio Público informó que los delitos imputados a Alejos son a asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y defraudación tributaria.

La Feci tiene contra Alejos 421 medios de investigación documental y 67 medios de investigación material que sostienen la acusación.

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Al momento de la presentación del caso, el 5 de agosto de 2019, la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron que Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de José Maynor Palacios Guerra, contratista del Estado, entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, es decir entre el último año de gobierno de la UNE y el primero del Partido Patriota.

De las operaciones de esta red se desprende que Alejos le dio en 2011 a Otto Pérez Molina, para entonces presidente electo, una casa en la 19 avenida 3-90, zona 15, para, según la investigación, “garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios”.

Alejos, secretario privado del presidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012, y conocido por ser operador de cortes, está ligado a proceso por los casos Transurbano, Negociantes de la salud, Financiamiento UNE, Cooptación del Estado y Red de poder, corrupción.

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Según se detalló al MP, el “privilegio” para el uso de la oficina del alcaide se basó en una petición que hizo Alejos, además aseguran que ello no es un “beneficio”, sino que únicamente se le prestó la oficina de la alcaidía de Mariscal Zavala para reunirse con sus abogados.

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Alejos podrá utilizar esta oficina administrativa durante 1 año.

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Gustavo Alejos guarda prisión y está procesado en cinco casos de corrupción,  Negociantes de la Salud, caso Cooptación del Estado, caso Transurbano -evento Prepago-, caso Financiamiento Ilícito UNE, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado).

El lunes 8 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una designación pública contra Alejos en la que lo señala de haber cometido actos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colom, y como consecuencia, lo declaró no elegible para ingresar al territorio estadounidense. La medida también aplica para su familia en primer grado.

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El tribunal confirmó lo resuelto en el amparo provisional del 6 de agosto contra la Sala Tercera de Apelaciones que había fallado a favor de Alejos con esa medida sustitutiva.

Dicha sala había confirmado una resolución anterior del Juzgado Séptimo respecto a que Alejos se había presentado a enfrentar cargos y por tanto no había riesgo de fuga.

Alejos Cámbara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012, empresario y conocido como operador para influir en la elección de corte,s se encuentra ligado a proceso penal en cinco casos distintos: Negociantes de la salud, Cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento ilícito UNE y Red de poder, corrupción y lavado.