Resolución de la CC obliga al Inde a reconectar hidroeléctrica El Cóbano

Un proceso de interconexión de la hidroeléctrica El Cóbano con el sistema de transporte de la planta generadora Aguacapa, propiedad del Inde, comenzará a coordinarse el próximo lunes, luego de que una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenará su reincorporación.

Urias Gamarro

21 de junio de 2025 | 14:13h

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La hidroeléctrica Aguacapa en Escuintla propiedad del INDE aporta al sistema nacional interconectado 90 MW. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Las autoridades del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) informaron que cumplirán con una orden de interconexión de la hidroeléctrica, dictada por los magistrados de la CC.

En conferencia de prensa realizada este sábado 21 de junio, el ministro de Energía y Minas y presidente del consejo directivo del Inde, Víctor Hugo Ventura; el gerente general de esa institución, Luis Adolfo Martínez Díaz, y Julio César Rodas, gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE), declararon que se efectuará la interconexión conforme lo ordena la resolución.

Para que esta reconexión se lleve a cabo, se requirió a El Cóbano formalizar el contrato, ya que solo se suscribió uno para hacer pruebas en febrero del 2015. Además, fue necesario evaluar un punto de reconexión, debido a que el que operaba era irregular y ocasionaba interrupciones varias veces al año. El 5 de septiembre del 2024 provocó una falla de larga duración, con pérdidas considerables para el Inde, declaró Martínez Díaz.

Aseguró que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Electricidad, ante una situación de esa naturaleza, el Inde puede interrumpir la conexión hasta que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) dictamine medidas correctivas y preventivas. Sin embargo, dicho expediente aún no ha sido emitido.

El directivo indicó que se ofreció a la planta El Cóbano un espacio para que habilite su bahía de conexión, denominada así al área destinada a la instalación de los equipos.

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Los funcionarios del sector energético estatal aclararon que convocaron a una reunión con directivos y personeros de la planta El Cóbano tras haber sido notificados de la resolución, pero no acudieron. Por lo tanto, será el lunes 23 de junio cuando se presente una delegación en la planta ubicada en Guanagazapa, Escuintla.

La planta El Cóbano había quedado fuera de los despachos de generación del sistema luego de presentarse fallas en un equipo. Aporta entre 8 y 10 megavatios (MW), mientras que Aguacapa despacha 90 MW.

Ambas hidroeléctricas operan en Guanagazapa, a unos 900 metros de distancia una de otra, y generan suministro bajo el modelo de cascada, utilizando el río María Linda para la producción y despacho.

“Son los grandes baches a resolver”

El ministro Ventura señaló que se están corrigiendo “baches” que tienen alrededor de 15 años, originados por estudios técnicos de ingeniería “muy deficientes” de factibilidad y diseño de la hidroeléctrica El Cóbano.

Alertó que los parámetros bajo los cuales fue diseñada implicarían la inundación de la casa de máquinas de Aguacapa, considerada la segunda planta generadora más importante propiedad del Indey la tercera más relevante a nivel nacional, por lo que “estos son los grandes baches que se están resolviendo”.

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Agregó que no se consideró la conexión ni el acceso al transporte de energía de alta tensión en la línea de 230 MW.

“El Inde, generosamente, les permitió alojarse en la subestación, poniendo en vulnerabilidad nuestro propio sistema, con servicios auxiliares deficientes que provocaron al menos dos fallas al año durante más de una década, hasta la falla catastrófica de septiembre del 2024, que representó la pérdida de alrededor de seis mil megavatios hora de generación y daños monetarios que ascienden a US$2 millones, sin que haya quien los resarza”, afirmó el ministro.

Aclaró que se han prestado servicios que no han sido pagados por más de dos años, pero se acatará lo dispuesto por la CC y se colaborará para cumplir con lo establecido por la CNEE en la resolución del 2013.

“Esperamos que ahora finalmente esa planta cumpla con lo dispuesto en los reglamentos y normas de la industria eléctrica, y que nunca más se ponga en peligro el sistema eléctrico de Aguacapa ni el sistema nacional”, remarcó Ventura.

Tareas por desarrollar

Rodas expresó que se pretende que la conexión sea ordenada, coordinada y segura, tanto para la operación de Aguacapa como para El Cóbano y el sistema nacional interconectado.

Recordó que en la subestación de Aguacapa también operan otros agentes como Jaguar Energy, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac) y las tres unidades generadoras de Aguacapa.

“Se iniciaron gestiones con El Cóbano. Se les requirió una reunión para coordinar la reconexión ordenada por la CC, pero no asistieron. Tenemos autorización del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) para el lunes 23, y ellos se presentarán en la planta y subestación para continuar con las gestiones estipuladas en la resolución”, añadió Rodas.

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Los trabajos de reconexión podrían durar varios días, dado que se trata de un proceso técnico destinado a proteger los equipos de Aguacapa y la subestación, así como garantizar la seguridad del sistema nacional interconectado y de los operadores conectados a esa planta.

“Queremos hacerlo de manera coordinada, porque se trata de una situación de interés nacional que requiere una organización minuciosa para no afectar a otros agentes ni al sistema. Esperamos que en la reunión del lunes en la planta se logre un acuerdo positivo sobre las actividades necesarias para una conexión segura a Aguacapa, conforme a lo instruido por la CC”, concluyó.

INDE incumple orden de reconexión a El Cóbano, afirma abogado constitucionalista

El abogado constitucionalista Stuardo Ralón explicó la tarde de este sábado que existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que estableció un plazo de 48 horas para reconectar a la hidroeléctrica El Cóbano en un punto específico que le fue asignado hace 10 años.

“Hoy en día lo que tenemos es una resolución de la CC que fijó un plazo de 48 horas para que en un punto específico que fue asignado hace 10 años a la hidroeléctrica pudiera ser conectada, y en este momento el INDE ya incumplió con lo ordenado”, remarcó el jurista.

A su juicio, existe un incumplimiento de lo dispuesto por la CC, y debido a esa omisión, la hidroeléctrica El Cóbano presentó una solicitud de debida ejecutoria. El objetivo es evidenciar ante el expediente de amparo que ya se ha desobedecido el mandato, por lo que el tribunal constitucional deberá emitir instrucciones para hacer valer la resolución.

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“Este es el estatus jurídico, es decir, hubo una orden de la CC en un amparo provisional, indicó que hay un punto específico para reconectarse, dio un plazo de 48 horas y esa resolución fue incumplida por el INDE. Ante ese incumplimiento ya se solicitó una debida ejecutoria al tribunal constitucional que conoce el amparo”, reiteró Ralón.

El abogado señaló que llama la atención otro aspecto: pese a la orden de la CC, el INDE notificó por escrito al Administrador del Mercado Mayorista (AMM) que no otorgaba la anuencia para la reconexión ni para el mantenimiento requerido para realizarla.

Al consignar por escrito, después del amparo provisional, que no autorizaba los procesos de reconexión, se dejó constancia del incumplimiento, lo cual —advirtió— podría generar responsabilidades legales para quienes hayan instruido que no se otorgara dicha anuencia.

Ralón también se refirió al comunicado y la conferencia de prensa de las autoridades del INDE, en las que manifestaron su intención de acatar la orden, pero condicionando la reconexión a la discusión de aspectos técnicos.

“La hidroeléctrica El Cóbano estuvo conectada por casi 10 años en ese punto específico en que la corte ya ordenó la reconexión. Por lo tanto, cualquier discusión técnica sobre mejoras o aspectos adicionales que requiera el INDE se puede abordar al amparo de la ley, pero después de cumplir con la reconexión ya ordenada. Lo que no puede hacerse es impedirla para discutir temas técnicos, porque eso evidenciaría una continuidad en el incumplimiento”, concluyó.

-COMUNICADO OFICIAL-

El #INDE da cumplimiento a orden de la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/oOqlK8iRtp

— INDE Guatemala (@INDEGUATEMALA) June 21, 2025

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El Estado de Guatemala deberá pagar US$64.5 millones debido a una demanda que perdió en arbitraje internacional

El fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), refiere que el Estado deberá pagar alrededor de US$65 millones a empresa que construyó hidroeléctrica en Huehuetenango debido a que esta no pudo empezar a operar.

Rosa María Bolaños y Urias Gamarro

2 de abril de 2025 | 02:00h

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El Arbitraje internacional fue planteado por la compañía Energía y Renovación Holding, S.A. en el 2021, contra el Estado de Guatemala ante el Ciadi, mientras que el fallo fue emitido el 31 de marzo del 2025. La compañía señaló que los constantes ataques a los proyectos hidroeléctricos afectaron la inversión.(Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El arbitraje internacional fue planteado por la compañía Energía y Renovación Holding, S.A. en el 2021, contra el Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

El Ciadi es una institución del Banco Mundial para la resolución de controversias.

El laudo o fallo fue emitido por el tribunal el lunes 31 de marzo del 2025, y en este se condena a Guatemala al pago inmediato de una indemnización a Energía y Renovación de US$64 millones 504 mil (unos Q496 millones 680 mil al cambio actual), según consta en el documento, divulgado por la institución,

También se resolvió que el país debe sufragar, además de sus propios gastos, la mitad de los gastos y honorarios incurridos por la demandante, la totalidad de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, así como los gastos administrativos del Ciadi monto que se estima en US$3 millones 931 mil 028.48, a la fecha del laudo.

La cifra podría subir más porque a dichos costos se le debe aplicar los intereses acumulados, a una tasa de interés anual, capitalizable anualmente.

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La empresa había solicitado un monto mayor de indemnización según la información del caso en el laudo, pero luego de diversas revisiones el tribunal estimó que era de US$80 millones 630 mil, sin embargo, se explica que esta no ha cumplido plenamente con su deber de mitigar los daños, por lo que por mayoría considera que el importe de la indemnización por los costos hundidos se le debe reducirse en un 20% es decir, US$16 millones 126 mil, como sanción por el incumplimiento del deber del inversor de mitigar los daños sufridos como consecuencia de la violación del Tratado.

Señalan violación a Tratado Comercial

Según el laudo del Ciadi, se declara que Guatemala violó el artículo 10.06 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá firmado el 6 de marzo de 2002 y en vigor en la República de Guatemala y en la República de Panamá desde el 22 de junio de 2009 (el “Tratado” o el “TLC”), que se refiere a la protección a la inversión.

La reclamación incluye falta de protección y seguridad plenas, violación del trato justo y equitativo (FET), además daños sufridos como resultado de ataques violentos al proyecto y omisión del Estado de brindar protección efectiva.

En el contexto se explica en el documento del laudo, que Energía y Renovación fue fundada en 2012 y que ese año identificó una oportunidad de inversión en un proyecto hidroeléctrico desarrollado por PDH en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

La inversión involucraba la construcción y operación de dos plantas hidroeléctricas llamadas Generadora San Mateo S.A. y Generadora San Andrés y de una línea de transmisión conocida como Línea de Transmisión del Norte.

Según el documento la demandante indicó que, en el 2014, “grupos armados atacaron sus instalaciones, incendiaron su campamento, destruyeron maquinaria y agredieron al personal, lo que habría causado retrasos significativos e incrementado los costos de Proyecto. Los ataques y amenazas se habrían intensificado en los años siguientes, llegando a niveles críticos en 2017 cuando los alegados agresores destruyeron maquinaria y pusieron en peligro la vida de los trabajadores”.

Se agrega que la compañía afirma haber solicitado en múltiples ocasiones la intervención del Estado para garantizar la seguridad en la zona, y aunque el Gobierno reconoció el problema de ingobernabilidad y promovió una mesa de diálogo, los compromisos asumidos en el Acuerdo para la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, firmado en 2018, no se habrían cumplido. Se agrega que la empresa pidió al Estado garantizar el estado de derecho y no se procesó a los responsables de los actos violentos.

En tanto el Estado rechazó las pretensiones de la demandante y considera que actuó con la debida diligencia considerando los recursos que tenía disponibles, se lee en el laudo.

Afectan imagen de país

Carmen María Torrebiarte, presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó que este resultado tiene tres aspectos que hay que considerar.

La primera es la seguridad jurídica, y este tipo de resoluciones internacionales contra el Estado de Guatemala evidencia es la necesidad de contar con una certeza para poder prevenir este tipo de conflictos y regulaciones claras, estables y predecibles. Explicó que mucho de todos estos proyectos grandes de inversión, afectan esa extracción de inversión a la hora de venir que se necesitan y una mala imagen de país.

La segunda consideración es el impacto fiscal, porque estas resoluciones es un costo para las finanzas públicas, “por qué se tiene que pagar por los impuestos de los guatemaltecos”.

“Esa cantidad de impuestos se podrían invertir en cosas de inversión que hacen falta en el país. Volvemos que nos deja una mala imagen confiable”, remarcó.

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Finalmente, al gobierno y al Estado de Guatemala y en general a todos, toca que revisar, así como mejorar los mecanismos de dialogo, cual es la supervisión y cumplimiento de contratos con inversionistas, por lo que es importante evitar los futuros litigios y proteger nacional.

Ahí es cuando volvemos a la reglamentación del Convenio 169, “porque probablemente se tuviera esa reglamentación, hacer adecuadamente, este tipo de demandas no sucederían”.

Riesgos fiscales

El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Julio Héctor Estrada, expresó que es “icónica” esta resolución del laudo, porque comienza a exigir pagos al Gobierno Central, por cosas que hizo, sino que no hizo, y es simplemente por dejar de hacer cosas.

Comentó que haber ignorado temas como haber realizado el trabajo importante para regular y normar las consultas de los pueblos indígenas Convenio 169 o no poder imponer una gobernabilidad razonablemente en los lugares, abre la puerta para continuar otro grupo importante de demandas de proyectos en problemas.

“Es un llamado a fortalecer al gobierno y en general al estado guatemalteco para que, en el marco de inversiones internacionales, se tenga la fortaleza jurídica y acompañamiento porque si la violación es muy flagrante puede representar en pagos punitivos que desbaratan la capacidad fiscal del estado”, precisó.

El diputado ejemplificó que el mayor riesgo fiscal, es que detrás de este laudo, hay más arbitrajes, en la cual de estado tendría compromisos, por lo que hay que tomarlo en cuenta en la planificación fiscal y reconocer que cierra un poco la capacidad de endeudamiento del país, más conservador, pensando en el futuro que este tipo de conflictos fiscales se pueda materializar, como el de esta ocasión con fallos similares.

“Hay que ser más conservador con el uso del espacio fiscal disponible”, concluyó Estrada.  

Cronología

El estado de Guatemala enfrentaba demandas internacionales como resultado de problemas en varios proyectos hidroeléctricos para construcción y operación.

• El 15 de noviembre del 2021 el Ciadi con sede en Washington, D.C., registró la solicitud de un arbitraje que presentó la compañía Energía y Renovación Holding, S. A., registrada en Panamá.
• El instrumento invocado fue el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica y Panamá.
• La compañía impulsó la construcción del proyecto Pojom II, que también es conocido como San Mateo, para una capacidad de generación de 20 megavatios (MW), con una inversión proyectada en US$48.5 millones (unos Q373.4 millones), así como la Generadora San Andrés, con capacidad de 10.65 MW, por US$27.2 millones (unos Q209.44 millones), según los registros divulgados en el 2019. Los proyectos se ubican en el área de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
• Para febrero del 2021 el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó una ampliación de 72 meses (seis años) para el uso de bienes de dominio público, que es necesario para construir y operar las hidroeléctricas, pero no lograron seguir construyendo e iniciar operaciones.

El comienzo de la conflictividad

• En el área cercana a los dos proyectos hidroeléctricos fue un constante foco de tensión por varios años.
• Una de las razones se debió a que las comunidades de esos municipios se oponen a los proyectos. En algunas ocasiones se registraron manifestaciones o acciones que fueron violentas mientras que en otras son movimientos de resistencia pacífica.
• Además, se reportó desde años atrás la aparición de que grupos armados atacaron las instalaciones, maquinaria y equipo de los proyectos; en casos separados se informó de la muerte de dos personas que se oponían a los proyectos además de un trabajador de las hidroeléctricas.
• En los registros, se indica que, para noviembre del 2018, varias comunidades, autoridades locales y el gobierno firmaron un Acuerdo de Paz y Desarrollo con el fin de detener los actos violentos, pero después hubo otros ataques.

Supuesto incumplimiento

Al consultar en esa ocasión al entonces ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata confirmó que se tenía conocimiento de un posible planteamiento del arbitraje, a lo cual respondió que la empresa desarrolladora que cuenta con capital panameño, no pudo avanzar en estos proyectos por problemas de conflictividad social y ahora “están aduciendo que esos problemas han supuesto un incumplimiento por parte del Estado de Guatemala en las cláusulas que protegen las inversiones, en virtud del TLC con Panamá”.

“Argumentan que el Estado de Guatemala incumplió algunas obligaciones habiendo dado un trato distinto a ese proyecto de inversión respecto a otros, pero eso no es cierto; lamentablemente, la conflictividad asociada a ese proyecto como en otros es real, y hemos hecho esfuerzos para ir resolviendo, por ejemplo, el tema de consultas a los pueblos indígenas”, explicó en esa oportunidad.

La logística de transporte de personal operativo y de combustibles está complicada, pero se está logrando el abastecimiento del sistema de electricidad. “Obviamente, el sector está muy preocupado de tantas medidas y se espera que los bloqueos puedan cesar y que las manifestaciones se lleven a cabo de forma pacífica para que la sociedad pueda funcionar normalmente y no se arriesguen los servicios básicos”, dijo el directivo.

En el caso de Hidro Xacbal, comentó que no tiene información a detalle pero que el 11 de octubre alarmó la presencia e incursión de personas no autorizadas y la generadora optó por resguardar al personal y cesar operaciones, pero se reiniciarán la generación en cuanto sea posible.

Esta generadora está ubicada al norte de la Sierra de los Cuchumatanes, en jurisdicción del municipio de San Gaspar Chajul, El Quiché. Cuenta con dos centrales generadoras con capacidad de 98 megavatios (MW). Jacobs agregó que la información que poseen es que la generadora está verificando la situación para ver si pueden reiniciar operaciones porque hasta el mediodía de este jueves, aún no las habían retomado.

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Según información de medios locales en las redes sociales, en las cercanías la generadora varias personas exigieron mantenimiento adecuado de carretera al Vértice Norte de Municipio y se unieron al Paro Nacional.

El AMM informa sobre la situación

El Administrador del Mercado Mayorista (AMM), ente operador del sistema nacional interconectado de electricidad, confirmó la salida de operación de Hidro Xacbal e indicó que el reporte que recibieron es que la central está ocupada por personas ajenas que tienen reclamos muy particulares, explicó su gerente, Jorge Álvarez.

El ejecutivo dijo que ese caso es el único reportado y que no hay ninguna otra central o subestación en una situación similar, (según información a las 13 horas del jueves).

Consultado al respecto de suspensiones programadas de servicio de electricidad se indicó que fueron cancelados los trabajos de mantenimiento programado en instalaciones de transmisión que implicaban suspensiones del servicio. En cuanto a los trabajos en las redes de distribución, cada empresa hace las publicaciones correspondientes, explicó el ejecutivo.

“El AMM coordina los mantenimientos en instalaciones de transmisión y, en caso de que alguna implique suspensión del servicio de distribución, el transportista o el distribuidor involucrado se encarga de hacer la respectiva publicación para cada caso, que se pueden revisar en sus redes sociales y publicaciones específicas”, dijo Álvarez. De igual forma, el AMM coordina los mantenimientos en instalaciones de generación, sin embargo, estos no ocasionan una suspensión del servicio de electricidad, añadió.

Por ejemplo, para la semana del 8 al 14 de octubre se trabajó en la coordinación de mantenimientos mayores y menores, donde el 84% quedaron programados y de estos, el 48% corresponde a instalaciones de generación y el 52% a transmisión. En el transcurso de la semana, se ha tenido la cancelación de algunos mantenimientos, tanto de centrales generadoras como de líneas de transmisión, por falta de personal, materiales y equipos necesarios para su ejecución, debido a la situación de movilidad en el país, expuso el gerente del AMM.

“Una de las funciones del AMM es la de mantener la continuidad y seguridad en el suministro de energía eléctrica en el país. En este sentido, el AMM lleva un seguimiento en tiempo real de las condiciones de oferta y demanda para asegurar el suministro. Para el efecto, como medidas precautorias dada la coyuntura nacional, se mantiene una comunicación constante con los agentes generadores para tener información actualizada de sus condiciones de disponibilidad”, expuso Álvarez.

“Actualmente, se cuenta con los recursos suficientes para cubrir la demanda de energía en el país. Adicionalmente, para la semana del 8 al 14 de octubre se observa una disminución, dadas las limitaciones de movilidad que se han presentado, lo que está permitiendo contar con la disponibilidad de generación de energía eléctrica que no se está utilizando. A lo anterior, se suma el incremento de las lluvias en los últimos días, que permite un mayor aporte de generación hidroeléctrica, lo cual implica una reducción en la generación térmica que requiere de combustible”.

Continúa la distribución

Además, un aviso de suspensiones de servicio de energía eléctrico en varias comunidades programados para esta semana por parte de Energuate, causó inquietud en la población.

Al respecto, la distribuidora explicó en un comunicado que se trataba de suspensiones ya programadas que se divulgan con antelación, cuentan con la aprobación del AMM y responden estrictamente a criterios técnicos, ajenos a la coyuntura nacional.

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Agregó que se ratifica la continuidad normal del servicio eléctrico en los 298 municipios en su área de cobertura y desmiente publicaciones e informaciones falsas sobre un posible desabastecimiento en todo el país.

“La distribuidora publica todos los sábados del año, en un medio de difusión nacional, los trabajos de mantenimiento previstos para la semana, con el propósito de mejorar la calidad del servicio que reciben 2.3 millones de clientes” y que los anunciados para la semana del 9 al 15 de octubre, son parte de la programación anual. Además, se realizan únicamente donde el acceso para las brigadas sea factible.

El 10 de octubre, la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) también emitió su propio comunicado indicando que es falso que la distribuidora suspenderá el servicio el cual, dijo, se ha prestado de forma regular y sin suspensiones programadas por mantenimiento.

¿Posible estado de emergencia?

Al ser consultado esta semana si el gobierno declarará estado de emergencia para el sistema nacional interconectado en el país, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) respondió que eso “no se tiene previsto”.

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Al respecto Jacobs indicó que “lo que hicimos fue expresarle nuestra preocupación a las autoridades para que se tomen las medidas necesarias para resguardar las operaciones de todo el sistema eléctrico nacional”. En todo caso, explicó que un estado de emergencia del sector obedecería más a un riesgo de desabastecimiento, “pero esa no es la situación en este momento, sino que se trata de un problema de gobernabilidad y de seguridad pública que se debe resolver”.

Por parte del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), se indicó por medio de la oficina de comunicación social que todas las plantas generadoras de su propiedad están operando con normalidad y ninguna enfrenta problemas por bloqueos. La entidad es la propietaria de Chixoy, la hidroeléctrica más grande del país y con un embalse de regulación anual que permite reservar agua para las épocas secas.

Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) explica cómo se compone la oferta recibida en la cuarta licitación de largo plazo para proveer a las distribuidoras, según datos preliminares. La mayoría proviene de recursos naturales y plantas nuevas, entre las que resaltan las solares y las hidroeléctricas, pero también hay otros recursos.

Las distribuidoras buscan contratar 235 megavatios, y en agosto se espera la apertura de ofertas económicas con las empresas que hayan superado la fase técnica actual.

¿Cuál es la oferta que se recibió en la cuarta licitación de largo plazo?

Hubo una participación importantísima de diferentes tecnologías; incluso, hubo propuestas de gas natural tanto con recursos internos como con importados; también se ofreció geotermia y muchísima energía solar y conversiones o complementos de energía solar con plantas existentes. Hay una variedad de propuestas, pero con una orientación muy fuerte a energía solar y otras fuentes de energías renovables.

El 14 de julio se recibieron las ofertas técnicas y aún no hay datos definitivos de los oferentes que hayan llenado los requisitos y pasen a la fase de ofertas económicas, para el 2 de agosto está previsto realizar la subasta inversa.

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Son más de 1 mil 500 megavatios los que se ofertaron con diferentes tecnologías y distintas formas de contratos, aparte de variedad de tamaños de centrales generadoras. Desde muy pequeñas hasta muy grandes. Personalmente me sorprendió que  desde ya, es un proceso muy exitoso.

Ofertas y recursos de generación

Se recibieron 51 ofertas que incluyen 77 centrales de generación con diferentes recursos, según la información preliminar brindada por la CNEE:

• De estos, 1,145.73 megavatios (MW) son de energía con potencia garantizada de los cuales, 857.73 MW son ofertados con plantas nuevas de generación: 251.23 MW con gas natural, 137 con hidroeléctricas, 90 con una combinación de biomasa y solar y 60 con geotermia.
• 288 son de plantas ya existentes, a base de hidro y carbón.
• Entre ambas, hay algunas combinaciones de solar con otras tecnologías como hidro, biomasa, carbón o búnker.
• Y una combinación que incluye solar, hidro y eólica.
• También hay ofertas por 359.55 megavatios solo de energía con plantas nuevas: 329 MW serían con solar y 29 con hidroeléctricas. Y 1 megavatio de plantas ya existentes.

¿Pudo haber influido en el interés en participar, que la última licitación de largo plazo ya tiene más de 10 años de haberse realizado?

Lo atribuyo no tanto a los tiempos, sino al tema de la confianza que se ha desarrollado en la inversión en Guatemala, pero también en el sector eléctrico, en el sentido de que los contratos que se firmaron en su momento se respetan de acuerdo con las cláusulas con las que fueron firmados y toda esa estabilidad genera muchísima confianza.

También está el tema de la transparencia porque en todo lo que se ha hecho o se hace en el sector eléctrico, como está muy regido por las leyes y los reglamentos, se tiene percepción y certeza de transparencia en los procesos. Hasta ahora se han hecho cinco licitaciones de largo plazo; algunas dentro del PEG, y por lo menos 15 licitaciones de corto plazo, y en todas ellas se ha cumplido con los temas, los cronogramas y la calificación de las ofertas. Todo eso le da certeza a las inversiones.

¿En este caso se buscan más que todo precios bajos o seguir modificando la matriz energética?

Las licitaciones, tal como lo establece la ley, prioritariamente se realizan para satisfacer la demanda regulada, con calidad y buenos precios; esa es su función principal. Lo que pasa es que a través de estos procesos se apoya la expansión del sistema generador dándoles a los inversionistas la certeza de esa estabilidad de hasta 15 años en los contratos.

¿Sigue en pie una PEG5 y de cuántos megavatios?

La posibilidad continúa y es necesaria porque hay que sustituir los contratos que se van a terminar en los años 2030 a 2033, y por eso es que se habla tentativamente (aunque todavía hay que afinar los números) de 1 mil 200 megavatios, así que ya comenzaron los estudios ya para definir la PEG5.

¿Qué volumen de recursos renovables y no renovables se requerirá en la siguiente licitación?

Estamos en una etapa de análisis y tal vez es muy temprano para saberlo; además, es importante ver cómo termina el resultado de la PEG4. Una vez hecho eso, vamos a ver cómo queda la composición de la matriz energética en el sistema y con eso tendremos un poco de más claridad.

Entre los contratos que entraron en operación desde el 2015 al 2018, que fueron firmados por 15 años y que tendrán que sustituirse por vencimientos en los plazos mencionados, están el de generación de carbón por Jaguar y varias hidroeléctricas. Pero es complejo el análisis de lo que se tendrá que requerir porque también han cambiado las curvas de carga del sistema ante la demanda de los diferentes segmentos.

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¿Cómo ha cambiado esa demanda?

Hubo un cambio en la composición de la demanda. La no regulada, que es la de los grandes usuarios (donde se ubican muchas industrias) ya está en el orden del 40% del total y la regulada (que se provee por medio de las distribuidoras a los consumidores finales) está entre 55% y 60%.

Esa composición comenzó con 80% regulado (servido por distribuidoras) y 20% no regulado o que no es contratado a través de las distribuidoras (segmento de grandes usuarios o industrias), y eso es importante porque la demanda regulada sigue creciendo, pero también la no regulada también crece a una buena velocidad.

¿Qué significa ese cambio?

El que haya llegado a 40% la demanda de energía no regulada representa que hay más demanda de la industria y otros grandes usuarios.

¿Ese comportamiento cambió antes o después de la pandemia?

Es gradual, se va dando por tasas de crecimiento y se ve cómo se va acelerando el consumo. Es importante porque eso también marca cuánto de la demanda total debe ser contratada a través de las distribuidoras, y es parte de lo que se analiza en las licitaciones, porque del total de la demanda nacional no toda es contratada a través de las distribuidoras.

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¿Por qué ha bajado la exportación de electricidad desde Guatemala?

Los sectores eléctricos son dinámicos, también hay temas de estacionalidad respecto a la cantidad de agua en la región centroamericana; adicionalmente, algunos países como El Salvador, que era uno de los de los mayores importadores de energía de Guatemala, hicieron inversiones en generadoras (especialmente una central de gas natural) y ahí se ve también que  algunas decisiones tomadas políticamente por esos países, terminan impactando el comercio regional de energía.

Durante este invierno bajaron los caudales de los ríos por la poca lluvia que se registró en varias semanas. ¿Esto podría afectar el ajuste de tarifas que entrará en vigencia el 1 de agosto?

Todavía no se han liquidado las operaciones del mes de junio. Aparte de lo que sí llovió, muchos de los contratos de las generadoras para proveerse de generación de energía tienen algunas características que no necesariamente dependen de los precios spot (precio de energía con contrato en el mercado de oportunidad).

A la fecha se ha constituido en la segunda corporación privada más grande del país, al contar con una capacidad instalada de 93 MW y una generación de más de 400 GW. El 80 por ciento de la producción ya está comprometida con contratos Power Purchase Agreement (PPA, por sus siglas en inglés), que son los acuerdos de compraventa de energía entre un generador y un comprador, generalmente por un período de largo plazo.

“Hemos invertido en la generación de energía renovable porque creemos que el desarrollo de nuestro país es posible utilizando de manera sostenible los recursos”. Carlos González, Presidente de la Junta Directiva de Hidroeléctrica Oxec.

Hidroeléctrica Oxec cumple con los estándares de respeto al medioambiente

Los proyectos de energía renovable de Oxec cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad ambiental y social de la industria.

Debido a que la Política Energética de Guatemala, creada en 2008 como política de Estado, establece que la diversificación de la matriz debe priorizar las energías renovables, en 2013 la hidroeléctrica Oxec se trazó la meta de alcanzar para 2027 el 80 por ciento de la generación de energía eléctrica por medio de recursos renovables.

El marco institucional ha sido fundamental para que, en los procesos de licitación de largo plazo conocidos como PEG 1 (2010), PEG 2 (2012) y PEG 3 (2013), Guatemala atrajera inversión en generación de energía nueva y eficiente para el sistema eléctrico y avanzar en el cumplimiento de la meta.

El sector eléctrico ha sumado más de 1,100 MW de capacidad nueva en 86 proyectos, de los cuales el 80 por ciento corresponde a plantas renovables, la mayoría de pequeña escala.  La entrada en operación de estas inversiones en 2015 contribuyó a reducir las tarifas eléctricas de los usuarios.

“Para Oxec es una enorme satisfacción contribuir a alcanzar la meta fijada en la Política Energética, en la que el 80 por ciento de la matriz es energía renovable”. José Ernesto Batres, Gerente General de Hidroeléctrica Oxec.

Beneficios para Guatemala de generar energía renovable

Considerando el amplio potencial con el que Guatemala cuenta para generar electricidad a partir de recursos renovables, tales como la energía calorífica proveniente de la tierra, el viento, el sol, el agua y la biomasa, la Asociación de Generadores de Energía Renovable (AGER) ha analizado distintos escenarios para alcanzar la meta establecida en la Política Energética de Guatemala para el año 2030, la cual proveerá al país los siguientes beneficios:

• Reducción estimada del 27 por ciento del costo de operación de sistema para cubrir la demanda.
• Reducción estimada del 14 por ciento en los costos marginales del mercado en promedio (precios SPOT).
• Reducción de gases de efecto invernadero, estimada en un 62 por ciento.
• Fomento de la inversión y la generación de empleo en el área rural y mejora de la competitividad nacional.

De acuerdo con directivos de la hidroeléctrica Oxec, lo anterior le permitirá al país el cumplimiento de varias de sus políticas públicas y compromisos internacionales.  Algunos de ellos son el Acuerdo de París, en el que Guatemala se comprometió a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 11.2 por ciento, así como avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos al acceso a energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima.

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El túnel es el área por el cual se transporta el agua para hacerla llegar a la maquinaria y generar energía.

Según el instituto la inspección está a cargo de la empresa canadiense Diving Service, la cual fue contratada por medio de una licitación, por el costo de Q11.5 millones.

La planta tiene 37 años de operar, pero la entidad informa que ese tipo de supervisión se hace por primera vez luego de 34 años de funcionamiento sin haberla realizado, aspecto que, explica, permitirá prevenir incidentes en su funcionamiento.

El fin es descartar riesgos en la estructura del túnel de aducción como grietas o alguna fuga que pudiera perjudicar la generación de energía eléctrica en el futuro, agregó la entidad estatal.

Dicho procedimiento es calificado por el Inde como una labor de gran importancia para el país ya que la hidroeléctrica Chixoy representa el 60% del total de la energía eléctrica generada por esa institución y aporta el 15% de la generación nacional.

¿En qué consiste?

La inspección durará cuatro días y consta de las siguientes actividades:

• El recorrido se realizará mediante equipo tecnológico de vanguardia el cual proveerá información e imágenes en tiempo real del interior del túnel.
• Comenzará en la bocatoma, en donde ingresa el agua para ser transportada por el túnel, hacia la chimenea de equilibrio. Esta estructura que sirve para liberar la presión del agua.

• Concluye en la casa de máquinas denominada Quixal, donde el agua se distribuye a los generadores de energía.

Se sustituye con otros generadores

La entidad asegura que la suspensión de operaciones de la hidroeléctrica, según el Inde no pone en peligro el suministro de energía eléctrica ya que la institución garantiza el servicio al comprarle a otros generadores por medio del mercado de oportunidad (mercado para compra y venta de energía sin contrato).

El Administrador del Mercado Mayorista (AMM), operador del sistema eléctrico nacional de Guatemala y encargado de convocar a las plantas que deben empezar a generar según la programación de demanda e imprevistos, confirmó que Chixoy sale de operación completamente para cambio de válvula esférica.

Además, la Unidad 2 de la generadora con carbón Jaguar quedó indisponible después de su mantenimiento por alta vibración, agregó.

El presidente del AMM indicó que la generación faltante por esas suspensiones temporales de operación será sustituida por la importación que hará el Inde, además de la planta Arizona. También están disponibles. Las generadoras con derivados del petróleo Las Palmas, Textiles, ElectroG, Genor, Térmica y Genosa a quiénes se les pidió tomar medidas para abastecerse de combustible.

Por cada hora sin operar la institución dejar de recibir alrededor de US$14 mil, sin embargo, la inspección era necesaria para el país ya que permitirá conocer el estado real del túnel y prevenir incidentes en su funcionamiento, se agregó.

• La importancia de Chixoy es la más grande generadora hidroeléctrica del país con capacidad para 275 megavatios (MW).
• La generación según promedio histórico ha sido de 1 mil 454.34 Gigavatios hora (GWh) según datos divulgados en la página electrónica del Inde.
• Usa el cauce del río Chixoy, la central se ubica en la aldea Quixal, municipio San Cristóbal, Departamento de Alta Verapaz.
• Cuenta con cinco unidades generadoras, con una capacidad máxima de 55 MW cada una.

Tiene un embalse de regulación anual, es decir la generación de energía puede programarse para las diferentes estaciones del año y sirve al país para lograr reservar agua para la época del invierno y cubrir principalmente segmentos de tarifa social.

• El embalse tiene capacidad de 460 millones de metros cúbicos de agua que a través que se traslada por el túnel de aducción de 26 Kilómetros.
• El agua es llevada a las turbinas ubicadas en la casa de máquinas.
• Esta central utiliza una caída neta de diseño de 433 metros y un caudal de diseño por unidad de 15 metros cúbicos por segundo, expone el Inde en su página electrónica.

La hidroeléctrica empezó operaciones en 1983. 

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También explican que obtuvieron algunas opiniones a favor, provenientes de entidades como Conap, contrario a la primera ocasión cuando esa entidad se pronunció en contra del proyecto; explican los documentos que posee de parte del Inab, y exponen presiones en contra que han recibido como empresa.

Uno de los cuestionamientos que han efectuado ciertas entidades estatales son los riesgos que correría el Parque Nacional Laguna Lachuá con el proyecto hidroeléctrico que está aprobado para usar el río Icbolay.

Luego de la suspensión de la licencia en el 2017 ¿cómo retomaron el proceso para aprobar el proyecto?

ES:  La CC lo que suspendió fue la licencia y ésta no es el instrumento ambiental principal. No suspendió la resolución con la cual se aprobó ni el instrumento principal que es el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esos quedaron vigentes.

¿Qué hicieron para retomar los trámites?

ES: Tratamos de gestionar un segundo instrumento que sirve para tener al día vigente la fianza. Al actualizar el expediente lo mandamos a la PGN luego de que habíamos cumplido todo el proceso. Pero PGN volvió a regresarlo al proceso anterior. Entonces solicitamos al Conap e Inab que nos hicieran visitas técnicas en campo porque en los primeros dictámenes que ellos dieron no hicieron visitas al campo, fueron emitidos sobre escritorios muy presionados por el Cecon (Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos).

Conap e Inab opinaron en sus primeros dictámenes que no procedía el proyecto. Dijeron que no estaba en área protegida pero expusieron que usar el río Icbolay afecta parte de los afluentes a Lachuá y luego otras oficinas de esas mismas instituciones emitieron opiniones diferentes indicando que no afectaba ¿Qué influyó en la emisión de opiniones diferentes?

AA: El Conap y el Inab tienen oficinas regionales que son realmente las encargadas, los primeros dictámenes (que establecen que no es procedente) los sacaron aquí en Guatemala sin ir a hacer visitas técnicas. El proyecto y nuestro personal allá nunca fueron visitados por estas personas que hicieron las opiniones desfavorables. Yo creo que fueron presionados para emitir dictámenes desfavorables.

¿Presión de quién?

AA: Aquí hay muchos intereses, es una hidroeléctrica que va a bajar el precio de la energía a nivel nacional, entre más hidroeléctricas han entrado a generar en el sistema nacional la energía ha ido bajando de precio y eso a mucha gente no le conviene. Hay intereses aquí que se están tocando, que es echarnos (en contra) fuerzas políticas.

Le explico lo que se ha dicho: primero se decía que el proyecto estaba dentro de un área protegida lo cual no es cierto. Después, dijeron que el río cruzaba el parque. Los linderos del parque no abarcan la finca donde pasa el río Icbolay ni donde se instalará el proyecto.

Además, el río Icbolay tiene dos hidroeléctricas más, una que se llama Santa Rita y otra que se llama Raaxha que está aguas abajo.

¿Qué es lo que afecta entonces?

ES: Los biólogos, ambientalistas y entidades sociales no hacen referencia que el verdadero riesgo de la Laguna Lachuá son las invasiones que hacen las comunidades por falta de desarrollo, hay varias comunidades metidas en el parque.

AA: Las invasiones que hay aquí son porque la gente vive en extrema pobreza, (vive) únicamente del maíz y ya no alcanza la tierra, entonces la presión social es tan fuerte que la gente está metiéndose a invadir el lugar. No se ha industrializado, desarrollado y ni siquiera luz eléctrica tienen en muchas de esas comunidades, la comunidad de Rocja Pontila no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable y es parte de los acuerdos que como proyecto hemos hecho con ellos.

ES: Se les dará energía gratis. Se les llevará después un desarrollo para crear fuentes de trabajo. La idea es llevar industrias a la frontera para poder poner maquilas y otras (actividades) para evitar la migración, lo que se volvió un problema después de que tuvimos que abandonar el proyecto hace dos años es la migración. De Pontila son 250 familias y de estas ya hay 70 personas que emigraron a Estados Unidos por falta de trabajo.

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¿Las otras dos hidroeléctricas que mencionan ya están operando?

AA: Santa Rita no, pero tiene todas las autorizaciones, empezaron la construcción y la pararon. Y Raaxha sí está operando.

En un documento del expediente se informaba que le darían a cada comunidad Q100 mil anuales mientras opera la hidroeléctrica, ¿de qué se trata?

ES: Hay montos variados, se le darán a unas Q600 mil, a otras Q400 mil, a otras Q100 mil cada una de manera anual. También se le dará gratis la energía eléctrica, en algunos lugares arreglamos 25 kilómetros de caminos porque era casi inaccesible la comunidad.

Aparte del proyecto de electricidad, y que se les brindará energía gratis, tenemos planes para turismo, para reforestación, para siembras de cultivos que son más rentables y que son compatibles como bosques como cacao, café robusta. Queremos ayudarles a organizar sus proyectos.

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AA: El proyecto se puso de acuerdo con las comunidades y obtuvimos ya todos los derechos de las tierras para poderlo realizar. Un aspecto muy importante es que todos los proyectos hidroeléctricos hacen simbiosis con los bosques y todas las hidroeléctricas en el mundo protegen su cuenca, sembrando y protegiendo sus bosques. Y, esos ingresos que se obtienen al generar energía eléctrica, muchos se van para proteger su fuente de energía. Cuando nosotros estuvimos allá pagamos guardabosques para cuidar esos bosques privados que había en esta finca y cuando tuvimos que abandonar el proyecto la gente repartió esas zonas y ya las volvieron agrícolas, cortaron el bosque.

Adquirimos una parte del terreno para el proyecto, el resto son las fincas privadas de ellos; lo que pasa es que ellos por la presión y la presión demográfica, van teniendo hijos y teniendo más familia, entonces empiezan a cortar los bosques.

ES: También hubo un factor que influyó mucho en que ellos dividieran la finca. Llegaron los campesinos liderados por un exdiputado, que prefiero no mencionar, a decirles que les iban a invadir esas tierras porque no las tenían habilitadas. Imagínese, como campesinos protegen su bosque y les deberían de haber dado un reconocimiento. Después vino la presión de estas personas que dicen que son propueblo a decirles que les iban a invadir sus tierras y entonces se las repartieron. Ese fue el resultado del problema al que nos metieron por no habernos dejado desarrollar la hidroeléctrica.

Una de las críticas que surgieron es que el proyecto se aprobó por el MEM un día antes del cambio de Gobierno…

ES: Llevamos 10 años en este proceso (de trámites y autorizaciones) de la hidroeléctrica.  Dicen que el gobierno anterior nos favoreció, pero ni nos hubiera favorecido desde el primer mes o el primer año nos hubiera dado la licencia.

AA: Desde el año 2010 estamos tratando de hacer este proyecto, a nosotros no nos ha favorecido nadie.

ES: Precisamente porque no nos hemos prestado a mordidas y extorsiones, porque no es nuestra forma de actuar.

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Pero generó dudas que el ministro de Energía y Minas (Luis Chang) firmó el acuerdo para aprobar el proyecto un día antes de retirarse del cargo por el cambio de Gobierno…

ES: He estado encargado del proyecto por cuatro años, les pasé todos los videos de la comunidad y le dije que nos iba a dejar a medias (el proyecto), porque no le dimos ni un centavo. No les dimos un solo centavo, sino que se logró a pura base de demostrar y convencer sobre las características del proyecto. Si no, no nos hubiéramos tardado todo el gobierno de Jimmy Morales.

Ingeniero Asturias, también leímos en otros medios de comunicación que (la aprobación) podría ser por su relación de parentesco (primo) con el entonces ministro de Gobernación Enrique Degenhart Asturias y con el hermano Ernesto Degenhart Asturias. ¿Qué sucede en este caso?

AA: Le voy a aclarar eso, ellos no tienen absolutamente nada que ver en este proyecto. La gente lo ha utilizado difamando el proyecto por mi relación de parentesco con ellos, pero ni siquiera con el exministro hablé en todo el período del Gobierno pasado. Llevo seis años de no hablar con él. No hay ningún tipo de relación ahí.

¿Con el hermano del exministro cuál es la relación?

AA: Con el hermano yo sí me hablo muy de vez en cuando por temas familiares nada más, no tienen ninguna relación con esta empresa.

¿Él es inversionista de esta empresa?

AA: No es inversionista. Ninguno de los dos.

¿Ustedes tres (Asturias, Sandoval y Lemus) son inversionistas?

ES: Somos parte de los inversionistas, pero no somos los únicos. No hay gente política, no hay gente sucia, le puedo decir que el proyecto está limpio. Somos empresarios emergentes, como le comenté yo vengo de la agricultura y Aurelio ha sido un técnico que ha instalado maquinaria.

AA: Tengo 25 años de instalar maquinaria para hidroeléctricas, a mí me conocen en el medio porque llevo vendiendo maquinaria para hidroeléctrica para mucha gente en toda Centroamérica y en Suramérica.

ES: Ni siquiera es inversionista mayoritario, pero han hecho creer que el proyecto es de él y que él es un magnate porque trabaja en la hidroeléctrica.

Y, ¿sobre una foto que se divulgó en un medio acerca de que estaba acompañando al señor Samuel Morales (hermano de Jimmy Morales) durante la campaña política del 2015?

AA: Sí, eso es cierto.

ES: Fue casual.

AA: Así es. Pero nosotros no teníamos ningún tipo de relación más que querer hacer nuestro proyecto.

ES: Hay una realidad que uno no puede esconder y es que a cada uno le toca que acercarse a los funcionarios, casi que a rogarles, que les autoricen las cosas, porque como dijo el presidente que quedó ahorita (Alejandro Giammattei), cada papelito vale.

Pero si uno no quiere pagar, sino que lo hace por convicción ese es el resultado de 10 años (de trámites). Si va (a ver) a dictámenes de las Cortes, de la CC, dictámenes del ministerio de otros proyectos que han salido mucho antes sobre esos no hay escrutinio, pasaron de noche, entonces creemos que es injusto que se nos esté satanizando solo porque ahorita está de moda que no queremos hidroeléctricas. Es contradictorio porque los ecologistas no quieren hidroeléctricas

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AA: Pero no atacan nunca las carboneras (que es) de la generación realmente contaminante.

ES: Es inverosímil porque el país que más hidroeléctrica tiene en el mundo es Noruega y Suecia, vienen a financiar aquí a las oenegés para que estén en contra de las hidroeléctricas. No es posible, es una contradicción, que uno dice, si verdaderamente están en favor del ambiente por qué se oponen a las hidroeléctricas y no a las carboneras ni generadoras con diésel y búnker. En cambio, en nuestro proyecto, solo tenemos un muchacho cuidando el proyecto. No tiene armas, solo su machete. La comunidad nos sacó porqué ellos mismos cuidan el proyecto.

AA: Sí, la comunidad es la que protege el proyecto. Porque si no hay proyecto no va a haber energía eléctrica para la comunidad, ni agua potable, ni proyectos de desarrollo.

¿La comunidad sigue apoyando?

ES: Estamos dando beneficios de la comunidad Pontila. Nosotros adquirimos (terrenos) lo mínimo que necesitábamos y le vamos a demostrar la franja tan angosta que es.

Esto es la base técnica con lo que nosotros logramos demostrar según ley, que el proyecto no tenía efectos negativos. La ley indica que cuando no está en área protegida el que tiene la última palabra es el Ministerio de Ambiente.

En documentos del 2015 y 2016 el Conap declara no procedente el proyecto con base a opiniones de la regional de las Verapaces, pero es la misma oficina que en el 2019 se pronunció a favor.  ¿Qué pasó en estos cuatro años para el cambio de opinión?

AA: Al declararlo no procedente los forzaron de acá (las oficinas de Guatemala).

ES: El dictamen que se emitió a favor se puede constatar en campo, no va haber un dictamen anterior que vaya punto por punto aclarando por qué sí o por qué no. Cómo va a ser que antes decían que estábamos adentro del parque con el proyecto, cuando está demostrado que no estamos. Dicen que el río Icbolay alimenta la laguna, cuando está demostrado que no.

Pero el primer dictamen fue negativo (en el primer documento)…

ES: Por presión del Cecon (Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos).

AA: Hicimos una presentación en el Consejo Directivo del Conap en el 2015 o 2016, aún estaba el ministro (Sydney) Samuels (en el MARN), fue a principios del gobierno pasado, y el Cecon llevó a un biólogo que es esposo de la suplente en la Junta Directiva del Conap, ahí hubo conflicto de intereses, pero siempre lo llevan ahí.

Entonces se oponían a todo, porque disque habían leído el estudio. Decían también que el proyecto era un plagio de un estudio de la Laguna El Tigre y después estaban diciendo que era un plagio de la Laguna El Pino. Pero resulta que el estudio biótico para el proyecto lo hizo un catedrático de la Universidad de San Carlos, maestro de todos ellos (que forman el Conap), Mamerto Gómez, que además fue decano de la facultad de biología.

Cuando reactivaron la solicitud de las licencias acudieron de nuevo al Conap y al Inab pero no a las sedes centrales sino a otras oficinas de esas instituciones. ¿Cómo fue el trámite para lograr las opiniones favorables?

ES: Cuando tuvimos el revés en la CC y vimos que solo era la licencia la afectada, hicimos una actualización y ahí es donde está la confusión, el proyecto anterior ya no existe, este es un proyecto nuevo, es un trámite nuevo que tiene una licencia nueva, que tiene un dictamen nuevo.

AA: Es un Estudio de Impacto Ambiental actualizado, se hace una nueva resolución sobre esa actualización, (aspecto) que lo permite la ley, y sobre eso nos dieron una nueva licencia.

¿Cuándo se actualizó se corrigieron algunas medidas?

AA: Se subsanaron las cosas que había dicho la Corte (de Constitucionalidad) y por lo cual estaba suspendido. Como que el Inab y el Conap estaban en contra y el convenio 169 (de la OIT referente a consultas a comunidades indígenas en el área de influencia).

ES: Nos pidieron que estos dictámenes tenían que ser favorables, entonces lo que hicimos fue solicitar una comisión para que fuera a verificar (el proyecto).

Pero el EIA sigue apareciendo con el mismo número 139-2015 ¿por qué?

• AA: Lo que se hizo fue actualizarlo en el 2019. Dejamos que se venciera el plazo de la licencia que había suspendido el juez, la cual era por dos años, del 2016 al 2018. Luego solicitamos una nueva licencia. El Conap había puesto un recurso de oposición ante el MARN pero lo perdió, y el MARN con ese fundamento nos emitió una nueva licencia una vez se venció la que el juez había suspendido.
• Se siguió el trámite en el MEM, y ese ministerio estuvo revisando técnicamente el proyecto, después hizo la consulta comunitaria a los pueblos indígenas bajo el convenio 169 y mandó el expediente a la PGN para que esta le diera una asesoría jurídica.
• La PGN dijo que necesitaba que se pidiera una opinión al Conap y al Inab porque estas entidades anteriormente habían dado opinión negativa. Primero fuimos como empresa a pedirles a ellos (Conap e Inab) una nueva evaluación. Ellos fueron al campo, hicieron un análisis técnico y emitieron sus opiniones.
• Eso se le presentó al Ministerio de Energía, después ellos lo mandan otra vez, ya con estas opiniones, a la PGN. Sin embargo la procuraduría les dice: no nos gusta solo eso, queremos que actualicen el expediente porque es el mismo expediente con el EIA y con la resolución anterior. Piden eso a pesar de que el juez (en el 2017) solo suspendió la licencia, no todo lo demás.
• Hicimos la actualización de todo el expediente, clarificando todos estos datos, con un documento de 250 páginas, con todas las pruebas, con las mediciones, las actas del medido original del Parque (Nacional La Laguna), donde están los linderos con planos del RIC (Registro de Información Catastral), con las coordenadas que aparecen en el plan maestro. Estas coordenadas demuestran que estamos fuera del (área) Ramsar y aunque esté fuera parte se explica que Ramsar también promueve las hidroeléctricas y los humedales artificiales.
• Esa nueva actualización la enviamos al Ministerio de Medio Ambiente, ellos nos emiten una nueva resolución y se envía al Ministerio de Energía y Minas para actualizar el expediente con la tercera licencia, y entonces proceden a enviarlo a PGN. La Procuraduría General de la Nación les dice que es de ellos (del ministerio) la decisión de otorgar o no el uso de bienes de dominio público.

Se ha cuestionado también el tema de que se trata de un área declarada dentro de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). ¿Qué solucionaron de eso?

ES: Lo que dice Ramsar respecto al sistema de clasificación de obras en Ramsar: se aceptan reservorios, diques, represas hidroeléctricas, como humedales artificiales que vayan buscando mejorar las condiciones del área. Son estándares internacionales. Entonces, todos los técnicos anteriores habían dicho lo contrario, de que íbamos a afectar, pero no se estaba diciendo la verdad. No le han puesto atención a los datos de las coordenadas que comprueban que no es área protegida ni área Ramsar.

Es curioso que en dos resoluciones (del Conap y del Inab) en donde dicen que no, ellos aceptan que está fuera del área protegida y que le corresponde al MARN la decisión, pero entonces por qué se siguen metiendo si le corresponde al Ministerio de Ambiente. Eso es algo político, no sabemos si es un tema de ideología, pero nosotros estamos en orden, hemos sido muy respetuosos de la Ley, hemos tratado de que no se corrompa el proyecto, por eso nos ha costado muchísimo, si nos hubieran favorecido hubiera salido como otros proyectos en un mes, dos meses, tres meses.

¿El área donde están los sumideros es parte del Parque?

AA: No, además es propiedad privada.

En uno de los informes del Conap se menciona que no es positivo que se bloquee el paso de agua a los sumideros ¿Que les dijeron?

AA: No se va a bloquear. El agua va a pasar para usarla en la hidroeléctrica.

ES: La meseta de arriba, donde está (la comunidad de) Faisán, cuando hay inundaciones muy fuertes se inunda, porque ese sumidero no deja pasar más de un caudal de 250 metros cúbicos, y a veces llueve mil metros cúbicos en ese río. Entonces el proyecto también va ser un alivio para esas comunidades.

Es necesario diferenciar es que hay dos procesos diferentes de solicitud de autorización de licencia, y nos los están mezclando, no tiene que ver uno con el otro.

La PGN no emitió visto bueno, argumentando que había encontrado incongruencias en los dictámenes. ¿Podría atrasarse el proceso ya que el MEM tiene 30 días para analizar y firmar el contrato?

AA: Ya no tiene 30 días. Ellos están obligados a trasladarnos por ley el contrato, sino va haber incumplimiento de parte de ellos. PGN solo está dando una opinión y le está dejando toda la facultad al ministerio para tomar la decisión. Entonces es el ministro y el Ministerio el que tiene que tomar la decisión.

El ministerio estaba tratando de dejarle la decisión a la PGN, pero no es esta entidad la que tiene que tomar la decisión, sino que es el Ministerio de Energía y Minas, y ya lo hizo al aprobar el acuerdo gubernativo (019-2020).

Al haber dos dictámenes diferentes de Conap, la PGN habla de incongruencias en los documentos ¿el MEM pudiera decidir consultarle de nuevo y aplazar la firma?

AA: No puede hacerlo. Hay un acuerdo ministerial en el que se basa el reglamento de cómo se debe de dar la autorización. Es el Manual para el trámite de solicitudes de autorización para utilizar bienes de dominio público, instalaciones de centrales generadoras y otras cosas. La Dirección (General de Energía) en un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de publicación, tenía que haber elaborado la minuta de contrato y remitirla al departamento de asesoría jurídica.  Ese plazo ya pasó porque la publicación fue el 27 de enero (del 2020).

Ya, en este nuevo gobierno el ministerio publicó el acuerdo (de aprobación) y ya nos pasó un machote del contrato. Les remitimos ese documento con todos los pormenores de la empresa y del proyecto para su revisión. Ellos ya deberían de haberlo pasado y nos deben de llamar para suscribir ese contrato.

El envío del machote del contrato sí fue dentro del plazo, lo que ya se venció es el plazo de los 15 días (al sumar los 10 días para envío del contrato y 5 de revisión de asesoría jurídica), y ya nos tuvieron que haber llamado para firmar el contrato. El artículo 22 del manual dice que, sin exceder del plazo de 30 días, posteriores a la publicación del acuerdo ministerial, la administración solicitará la presencia del adjudicatario para la suscripción del contrato ante el ministerio. No nos han llamado.

La excepción que establece es por causa del adjudicatario, que en este caso es la empresa, si no le fuera factible elaborar el contrato se levantará el acta respectiva, la cual se adicionará el expediente y se remitirá a la Dirección para su archivo y efectos procedentes.

Es decir, el ministerio no tiene ahorita ninguna otra opción más, entonces nos tiene que llamar para suscribir ese contrato con nosotros, porque si no, hay incumplimiento de deberes, así de sencillo. Y nosotros los vamos a demandar si ellos no cumplen con esto, estamos en nuestro derecho.

El MEM respondió que el plazo se vence en 30 días hábiles después de la fecha de la publicación del acuerdo de autorización…

A criterio de nuestros abogados el plazo vence el 27 de febrero, porque las normativas dicen días contados (calendario o corridos) a partir de la fecha de publicación y no días hábiles.

ES: Insisto que son dos procesos distintos, que en ley el MARN no tenía por qué haber consultado a Inab ni a Conap, eso estaba clarísimo, y se le ha dado un tinte político (a este proyecto) que no se lo merece. Es un buen proyecto, es sumamente ecológico, que tiene muchas bondades para le región, saca del subdesarrollo y de la migración a muchas personas. Eso es lo que ofrecemos, le ofrecemos trabajo y le hemos cumplido a la gente porque ya le hemos invertido más de Q12 millones en carreteras, dos centros de salud, un instituto. Les hemos dado dinero para proyectos que ellos han decidido, para esto vamos entregando casi Q2 millones.

Respecto a la consulta comunitaria. ¿En cuántas comunidades se hizo?

AA: Se invitaron las 7 comunidades del área de influencia participó PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos), representantes de los pueblos Q´eqchies, la Universidad de San Carlos, Universidades privadas, la municipalidad. Fue un proceso como de seis meses. Se ha cumplido con todo.

CL: Se hicieron dos consultas. Una cuando no estaba el árbitro, que es el MEM, antes de que lo regulara la CC, y todo mundo estuvo de acuerdo. Luego buscando la certeza jurídica se hizo la consulta ya con el árbitro, que es el MEM, y los dos procesos están totalmente documentados.

¿Qué impacto pueden tener las posturas en contra emitidas por Conap e Inab?

ES: voy a decir algo que es bien importante. Si en este proceso, que está fuera del área protegida, se está pronunciando Conap e Inab, ahora cualquier proyecto que no esté en área protegida le va a dar armas a Conap e Inab para interferir y eso no es lo que dice la ley, eso no se debe interpretar antojadizamente.

AA: Pero el Inab ya nos ha dado dos dictámenes a favor. La Ley dice que se debe sacar un dictamen técnico del Inab si se necesita hacer cambio de uso de suelo para hacer el proyecto. Como el proyecto está en una zona ya agrícola, ya fueron a medir dos veces, primero en el 2014 y en el 2019, y volvieron a decir lo mismo acerca de que no hay necesidad de cambio de uso de suelo.

Se ha informado públicamente en varias ocasiones que Alfonso Alonzo, entonces ministro de Ambiente, usó un helicóptero de la hidroeléctrica Rocja Pontila. ¿Por qué se dio esa situación?

AA: El helicóptero él lo alquiló, así como nosotros lo alquilamos en su momento. El helicóptero ya no lo estamos alquilando más nosotros. Es de una empresa panameña, y nosotros lo alquilábamos bastante. Ahora lo tiene Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG). Lo ha usado muchísima gente, y nosotros ya no lo estamos usando.

¿En ese momento el exministro tuvo algún contacto con ustedes?

Ningún contacto con nosotros en ese momento. Cuando fue lo del ministro Alonso sí nosotros utilizábamos el helicóptero, pero él lo utilizaba alquilado. Nosotros hicimos un contrato de alquiler con esa empresa, eso ya salió en una investigación, la empresa se llamaba Usmalia.

La consulta es ¿si al mismo tiempo que ustedes lo alquilaban también alguna otra persona o empresa lo podría alquilarlo para su uso?

Muchas personas lo alquilaron también.

Características y diferencias de opiniones según argumenta la empresa

Los ejecutivos de la empresa argumentan de la siguiente forma detalles del proyecto y por qué, según las pruebas que ellos tienen, están en desacuerdo con dictámenes de Conap e Inab que no aprueban el proyecto:

• “Hay una zona donde el río desaparece, ahí hay unos sumideros, que es una montaña en propiedad privada, luego vuelve a salir el río más abajo, pero en la misma comunidad, luego entra 1 mil 950 metros a una comunidad que se llama Mansión del Norte y vuelve a salir. El Conap decía que el área de Mansión del Norte estaba dentro del parque lo cual demostramos que no era así.
• También decían que el río alimentaba la Laguna, que la iba a secar, pero el único río que alimenta la Laguna es el río Peyán, y luego sale de la laguna, pero ahí se llama río Lachuá o Tzetoc. Este va a desembocar aguas abajo donde está la hidroeléctrica de Raaxha. No tiene nada que ver un río con el otro.
• Cuando demostramos eso, entonces empezaron con un argumento totalmente falaz y antitécnico de que como era una zona de karst, de roca caliza, y había muchas filtraciones de agua, que el río alimentaba la laguna por filtraciones, por cuevas subterráneas que se desconocían, cosa que también es imposible porque la Laguna está en la cota 172 sobre el nivel del mar y el río Icbolay sale en la coba 161 metros sobre el nivel del mar.
• La cota del proyecto está más de 10 metros abajo que la laguna, y si el río la alimentara tendría que haber un tipo de sistema de bombeo natural para que suba el agua, cosa que no existe. Si hubiera comunicación de vasos de un lugar a otro, sería al revés y la laguna ya se hubiera drenado.
• Además, la laguna no está en una zona de karst, sino que es un área de sedimentos, el karst termina en las montañas según se detalla en los mapas geológicos y los mapas cartográficos y lo demostramos. Y, el río Peyán está muy retirado del río Icbolay.
• Decían que el río se metía en el parque, pero no es así. La zona donde está el proyecto es una finca privada de la comunidad Mansión del Norte. Esta comunidad llegó a acuerdos con el proyecto (Central Rocja Pontila) después de cuatro años de estarlo socializando y junto con otras siete comunidades van a obtener beneficios del proyecto.
• La comunidad Mansión del Norte le dio al proyecto derechos de las tierras para hacer el proyecto a cambio de estos beneficios que van a obtener. Al final vienen siendo socios del proyecto. Se destinarán Q60 millones para proyectos”.

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Según el documento entregado a la Corte de Constitucionalidad (CC) el acuerdo en mención viola 7 artículos de la Constitución como el 1, 3, 12, 44, 66, 97 y 154.

Estos se refieren a la protección de la vida humana, el derecho de defensa, el debido proceso, la certeza jurídica, el ambiente, el equilibrio ecológico y las personas. Además, refiere que se afecta el orden y la gobernabilidad no obstante el crecimiento de la conflictividad social, según se explica en el documento.

Así como las facultades que la ley establece para los funcionarios y la responsabilidad que los cargos conllevan.

“El problema es que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas jugaron la vuelta a la resolución que la Corte de Constitucionalidad dio anteriormente, volvieron a sacar la licencia sin tomar en cuenta lo que la CC resolvió” dijo el jefe de bancada Carlos Barreda.

En el documento se argumenta que las aprobaciones de ambas carteras se dieron a pesar de que existen dictámenes en contra del proyecto emitidas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab). La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió dictamen en el cual no brindó el visto bueno a la aprobación del proyecto por de parte del MEM debido a las incongruencias en las opiniones del Conap y del Inab porque la empresa agregó documentos donde esas mismas instituciones emiten dictámenes favorables.

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La Une agregó que luego de ser suspendida la primera licencia ambiental se realizó una consulta comunitaria, pero el MARN creó un nuevo expediente con otro número por lo que consideran que es necesaria otra consulta.

Empresa defiende proyecto

Por parte del proyecto Central Rocja Pontila, respecto a la inconstitucionalidad planteada, se indicó que los políticos se están oponiendo al desarrollo de la zona, aspecto que no es congruente con el discurso que brindan.

Se agrega que la Laguna Lachuá no será afectada y que el proyecto no se ubicará en área protegida y tampoco está como área Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional). “Lo único que han dado los políticos a esa zona es pobreza y migración”, se agregó.

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Con base al Estudio de Impacto Ambiental, EIA-0139-2015, que aprobó el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), este mismo ministerio autorizó la licencia ambiental 06904-2016 para el proyecto hidroeléctrico Central Rocja Pontila, con capacidad para 40 megavatios.

Tanto el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB), emitieron dictamen desfavorable entre el 2015 y el 2016. Sus opiniones iban dirigidas al daño que el uso del caudal del río Icbolay podría causar a la Laguna Lachuá, ya que afectaría el afluente hacia este lugar y a su área de influencia. En el caso del instituto agregó riesgos al ecosistema del área que posee fauna y flora.

En junio del 2017 fue suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) y en forma definitiva en noviembre de ese mismo año, luego de un amparo presentado por representantes de varias comunidades.

Meses después la empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A. reactivó su solicitud en el MARN el cual se otorgó dos nuevas licencias, una identificada como 07518-2018, sobre la cual el MEM empezó a consultar su situación jurídica para emitir la autorización de bienes de uso de dominio público.

En medio de ese proceso se presentaron diversos documentos, incluso algunos que, siendo de las mismas instituciones se contradicen en lo dictaminado. Finalmente, el MARN emitió licencia ambiental como 08136-2019 con vigencia del 18 de diciembre del 2019 al 17 de diciembre del 2021.

Para el proceso reiniciado en el 2018 el MEM consultó de nuevo al Conap y al Inab, a la PGN y a la empresa interesada.

Dos opiniones diferentes de Conap

El Conap le respondió mediante el informe técnico legal conjunto del 28 de octubre del 2019, en el cual ratifican su postura emitida en el 2016 respecto de opinión no procedente. Sin embargo, refieren que es el MARN el ente rector respecto a instrumentos ambientales por lo que si se emite una nueva licencia dentro del proyecto “es competencia y responsabilidad estricta del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales”. Este oficio fue firmado por Horacio Ramírez, director de Gestión Ambiental del Conap, por Juan Francisco García de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Conap, y con el visto bueno de Óscar Alexander Gaitén, director de dicha unidad.

Mientras que el INAB envió su respuesta mediante el Informe Técnico-CEFE-01/2019, firmado por Silvia Anaité López Alquijay, jefe de conservación de ecosistemas forestales estratégicos y con el visto bueno de José Gilberto Cifuentes, director de Manejo y Conservación de Bosques. Con este ratifican la opinión emitida el 7 de enero del 2016 “debido a que se mantienen las mismas condiciones”. El documento de esa fecha detalla 8 debilidades del EIA para el proyecto lo establece como no procedente. Y, también refieren que si se emite una nueva licencia es bajo responsabilidad del MARN.

La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A. envió un oficio al MEM argumentando que cumplieron con todos los requisitos. Entre estos menciona que, aunque el Conap y el INAB emitieron opinión estas no deben verse vinculada a la decisión final del ente rector en instrumentos ambientales (en este caso el MARN).

Sin embargo, para fortalecer su postura, la firma recurrió a otras direcciones u oficinas de las dos entidades en mención, y logró posturas a favor del proyecto. La empresa solicitó a la Dirección de Análisis Geoespacial del Conap la ubicación del proyecto y el dictamen otorgado el 25 de octubre del 2019 es que está fuera.

Mientras que a la Dirección Regional Verapaces (DRVE) de ese Consejo le respondió el 28 de octubrea la empresa que según una inspección de campo el proyecto se encuentra fuera del área protegida de la laguna además que por los lugares donde se ubican el río y el proyecto, no puede haber flujo de ese río hacia la Laguna, agrega que tampoco se encuentra dentro del área reconocida como sitio Ramsar (reconocimiento internacional de humedales).

El documento fue firmado por el director regional Pablo César Valdéz Aguilar.

Sin embargo, en el documento 121-2015 emitido por la misma DRVE en el 2015, si bien mencionaba que el proyecto no estaba en un área protegida se estableció que sí se contravenía el Plan Maestro del Parque Nacional de la Laguna Lachuá, debido al área en que se propone colocar la toma de agua del cauce del río Icbolay es un lugar donde el río conecta en un espacio de sumideros y luego surge en el lugar denominada El Renacimiento.

La oficina de Comunicación de la oficina central del Conap emitió un comunicado el 30 de enero del 2020 recordando que en el 2016, mediante dos resoluciones se emitió dictamen no procedente para el proyecto y el cual sigue en vigencia. Agregó que no fue consultado sobre un nuevo instrumento ambiental. La opinión anterior se basa en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por al Empresa y aprobada por el MEM en el 2015.

Las posturas del INAB

Respecto al INAB, la compañía buscó la opinión de la Dirección Regional II (Las Verapaces e Ixcan). Esta oficina le respondió a la empresa que la proyecto no presenta cobertura forestal por lo que no es necesario un plan de aprovechamiento para cambio de uso de suelo, además le recomienda con qué plantas efectuar la reforestación que el proyecto propone. Agrega que la restauración que se pretende efectuar contribuirá al desarrollo y mejora de la diversidad de la región, por lo que es factible su ejecución”.

El documento fue emitido en Cobán Alta Verapaz el 30 de octubre del 2019 y fue firmado por Ulicer Cleotilde López Armas, coordinador técnico; y con el visto bueno del director regional, Carlos Ernesto Archila Cardona.

Presentan oposición en el MEM

Sin embargo, Leocadio Juracán, representante de varias comunidades que en el 2017 accionaron contra la primera licencia, presentó, junto a otros comunitarios una oposición ante el MEM por la nueva licencia cuestionando las incongruencias en los dictamenes y cuestionan que la empresa recurra a oficinas regionales para lograr respuestas favorables a los proyectos.

PGN: no dio visto bueno, hay posturas incongruentes

Luego de ser consultada por el MEM, la Procuraduría General de la Nación emitió el 2 de diciembre del 2019 su dictamen y no le dio el visto bueno a los dictámenes del MEM para aprobar la hidroeléctrica.

Citó en su análisis los argumentos por las diferentes partes del proceso, incluyendo el dictamen conjunto favorable (877-IX-2019), en el que el Departamento de Desarrollo Energético de la Dirección General de Energía, así como la Unidad de Gestión Socioambiental y la Unidad de Asesoría Jurídica del MEM, indican que es procedente la autorización del proyecto.

Sin embargo, la PGN hace ver que incongruencia en las posturas emitidas en los diferentes documentos emitidos por el Conap y el INAB.

En el requerimiento que hizo el MEM a esas dos entidades debieron abordar todos los elementos necesarios con el objeto de no generar incertidumbre, independientemente que las dependencias sean en la ciudad de Guatemala o se trate de direcciones regionales”, agrega el documento firmado por Carlos Eduardo Anleu Jiménez, abogado y consultor legal de la PGN. El dictamen del del abogado de la Procuraduría tiene el visto bueno de Luis Joel Recancoj Mejía, director de consultoría y el Procurador Luis Donado Vivar.

Agrega que si bien se permite autorizar una nueva licencia siempre que las circunstancias varíen, pero considera que no se efectuaron modificaciones, y lo actuado carece de certeza debido a que se presume que los escenarios de fondo que motivaron dejar en suspenso la primera licencia no se corrigieron para la segunda.

Cita que tanto el INAB como el Conap respondieron al MEM que las condiciones se mantienen, menciona que la empresa que solicita la aprobación del proyecto, incorporó otras ponencias de ambas instituciones incluyó otros documentos la cuales según refiere la PGN no son contradictorias con las anteriores, “sí denotan cierto tipo de incongruencia al existir pronunciamientos disímiles de las mismas dependencias” de esas dos entidades.

Decisiones de diferentes entes

La autorización definitiva para usar los bienes de dominio público para instalar la generadora en la Aldea Rocja Pontila que se ubica en el municipio de Cobán, Alta Verapaz, fue aprobada el 13 de enero del 2020 mediante el Acuerdo 019-2020 del MEM, un día antes del cambio de gobierno, y fue firmado por el entonces ministro Luis Chang.

Las actuales autoridades del MEM analizan el expediente ya que el acuerdo, publicado el 27 de enero del 2020, establece que dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación de dicho documento deben firmar el contrato.

En el documento de la PGN se menciona que el viceministro de ambiente del MARN argumentó que en la sentencia donde se suspendió definitivamente la primera licencia emitida en el 2016, no se prohíbe la extensión de una nueva licencia, ni agregan requisitos para otorgarla.

La empresa añade que se subsanó las razones por las que se suspendió la licencia anterior, porque se efectuó por el MEM la consulta a los pueblos indígenas según el convenio 169 de la OIT.

Tanto las nuevas autoridades del MEM como el MARN indicaron que se pronunciarán luego de haber analizado el expediente en su poder, postura similar asumió el Conap.

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Además, el Inab hace ver la responsabilidad que tiene el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que a ese ente también le había informado en el 2016 acerca de que el proyecto no era procedente, y aún así le brindó la licencia ambiental en ese mismo año.

En el informe técnico enviado al MEM por ese instituto el año pasado se expone que “es importante mencionar que es responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- dentro de las facultades que la Ley le otorga en materia ambiental, la aprobación o no del instrumento ambiental para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico “Central Rocja Pontila”.

En la conclusión del caso el Inab ratificó al MEM su opinión emitida mediante el 7 de enero del 2016 debido a que se mantienen las mismas condiciones. En esa ocasión se determinó que el proyecto no es procedente y que se detectaron al menos 8 debilidades en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado al MARN.

Entre los efectos que ha determinado el Inab refieren que el Parque Nacional Laguna Lachuá y su área de influencia forman parte de un humedal de importancia internacional denominado por la Convención Internacional de Humedales RAMSAR, por jugar un papel esencial para proveer y mantener la calidad del agua de la Región, explicó Gilberto Cifuentes, Director de Manejo y Conservación de Bosques del Inab, datos que se incluyeron en el informe técnico CEFE-01/2019.

Se explica que el Humedal comprende una red de ecosistemas acuáticos como la Laguna Lachuá, el río Peyán, el río Icbolay y planicies inundables temporales.

El proyecto en mención fue autorizado el 13 de enero del 2020 con el acuerdo 19-2020 firmado por el entonces ministro de Energía Luis Chang, para ubicar su central en la Aldea Rocja de Cobán, Alta Verapaz, y aprovechar el afluente del río Icbolay por 50 años.

La cartera de energía ahora tiene hasta el 6 de marzo para analizar el caso y firmar el contrato, según ese documento.

Inab añade en su documento que uno de los ríos más importantes de la región a nivel biológico, ecológico y para el mantenimiento del recurso hídrico es el río Icbolay.

Se explica que este consiste en una corriente superficial que drena y corre por el sistema hídrico que se encuentra dentro del Parque Nacional Laguna Lachuá.

A eso se añade “la belleza paisajística que lo caracteriza, incluye las lagunetas del Faisán, donde se sumerge para aflorar en el área comprendida como Reserva Forestal de la comunidad Rocja Pontilá”, se agrega.

En esa área específica del país el Inab entra como un ente coadministrador en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) explica Cifuentes.

El humedal, como El Parque Nacional de la Laguna Lachúa, es un ecosistema donde la cuestión hídrica es muy importante donde hay una serie de ríos confluyen en generan el humedal, y son importantes desde el punto de vista geológico y ecológico para el mantenimiento del ecosistema. En el lugar se desarrolla una serie de vegetación muy importante para mantener esas condiciones, agregó.

Se emite opinión analizando el contexto del sistema que se está protegiendo añadió al explicar que “basados en esto nos manifestamos en su momento manifestando nuestra preocupación porque este tipo de proyecto de alguna manera iba a afectar las condiciones de lo que denominamos el caudal ecológico. Eso significa la cantidad de agua para poder mantener las condiciones sin alterar el ecosistema” referente a la primera opinión emitida en el 2016 y que se ratificó en el 2019.

¿Es vinculante la opinión del Inab y del Conap?

Consultados un ingeniero ambiental y un abogado experto en temas ambientales explicaron que las opiniones, dictámenes técnicos de entidades como el Conap y el Inab son vinculantes y los entes consultores deben respetarlas.

Explicaron que en el artículo 29 del Reglamento de Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental (Recsa) contenida en el acuerdo 137-2016 y sus reformas, se habla de las opiniones vinculantes. Aunque el artículo en mención se refiere a los plazos que podrán ser prorrogados según las circunstancias propias del expediente “tales como opiniones de otras entidades que son vinculantes referidas en el artículo 29 y 30 del presente reglamento”.

• En estos, el artículo 29 menciona al Conap, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), el Inab y el MEM.
• Se agrega que en el caso de los proyectos, obras, industrias o actividades relacionadas a las funciones del MEM, previo a la aprobación por parte del MARN el ente que lo impulsa deberá obtener opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad.
• Si el expediente no tiene esas posturas los entes respectivos, el Ministerio de Ambiente debe remitir los expedientes a dichas dependencias, para que brinden su opinión, añade el artículo en mención.

El abogado consultado indica sin embargo que si luego de darse una opinión desfavorable a un proyecto, en este caso como el Inab, esa institución puede presentar denuncias si se empieza a hacer construcciones del proyecto.

Consultados al respecto del tema tanto el MEM como el MARN indicaron que no se pronunciarán al respecto en este momento porque el expediente se encuentra en Análisis.

El acuerdo con el cual fue aprobado el uso del río Icbolay entró en vigencia el 27 de enero del 2020 y refiere que el contrato deberá firmarse entre el MEM y la empresa dentro de 30 días hábiles.

En la página electrónica de la Central Rocja Pontila se explica que el cauce de 11 kilómetros que intervendrán del río Icbolay para la hidroeléctrica, pasa sobre la finca Pontila y un pequeño tramo de 0.3 kilómetros pasa en tierras de la Comunidad Mansión del Norte. La empresa indica en el sitio electrónico que ambas comunidades están de acuerdo con que se efectué el proyecto. Además sostiene que el proyecto “está completamente fuera de áreas protegidas” y que la Laguna de Lachuá está a una distancia de 12 kilómetros del proyecto, “este no toca área protegida” y que el río Icbolay no entra al parque, tampoco es afluente de la Laguna”.

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Dicha aprobación se efectuó el 13 de enero del 2020 por el acuerdo 19-2020, un día antes del cambio de gobierno, por el entonces ministro de Energía y Minas, Luis Chang, y otorga la autorización de usar el cauce del río Icboy por 50 años.

El acuerdo, basado en la Ley General de Electricidad y su reglamento, establece que en el plazo de 30 días luego de cobrar vigencia se debe firmar el contrato. Se contabilizan días hábiles por lo que el plazo vence el próximo 6 de marzo del 2020.

Respecto del caso el actual ministro, Alberto Pimentel dijo que al asumir el cargo encontraron que el acuerdo estaba para publicación en el Diario de Centro América, aspecto por el cual decidieron evaluar el expediente de ese proyecto.

En la revisión inmediata se encontró que el expediente está completo ya que consta que hay una resolución ambiental favorable y una licencia ambiental.

También consta que las autoridades anteriores del viceministerio de Desarrollo Sostenible efectuaron el proceso de consulta comunitaria en el 2019, según información del MEM.

¿Qué han encontrado?

“Administrativamente el expediente está terminado y por tanto, en virtud del mandato legal, lo que correspondía es la publicación del acuerdo ministerial” dijo el funcionario.

Sin embargo, agregó que no conocen las razones que llevaron al ministerio de Ambiente a emitir un dictamen favorable, eso “es algo que el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tendrá que investigar a fondo” ya que el ministerio de Energía no tiene facultad legal para cuestionar esa licencia.

El MARN “es el que nos tiene que decir si esa licencia fue aprobada conforme a todos los procedimientos legales o no”.

Ahora el MEM está efectuando una revisión exhaustiva de lo actuado en ese caso el mismo ministerio, análisis que prevé poder conocerlo en los próximos días.

Agregó que la entidad que ahora dirige no tiene facultad para suspender la autorización a menos que se encuentre que los documentos del expediente que conoció el MEM estuvieran falseados de alguna manera, pero mencionó que hasta ayer no tenía evidencias que haya algo incompleto o falso y si no hay evidencias de anomalías “en ley estoy obligado a autorizar la escritura” añadió Pimentel.

“Para operar una central hidroeléctrica, más allá de los estudios técnicos, como cualquier proyecto tiene que contar con una licencia ambiental vigente. Si esa licencia fuera revocada por algo que el Ministerio de Ambiente encuentra que fue anómalo, entonces en ese supuesto no tendríamos facultad legal para firmar la escritura o si en nuestra revisión interna encontramos que las consultas (comunitarias) realizadas el año pasado no se efectuaron, pero tampoco tengo elementos para afirmarlo” explicó el titular de la cartera de Energía.

MARN también evalúa licencia otorgada

El MARN se informó por medio de la oficina de Comunicación Social que “es un tema que en estos momentos se encuentra en análisis, luego de que el ministro Mario Rojas solicitara una revisión sobre lo actuado por la anterior administración” en este expediente.

También se realiza un diagnóstico sobre la situación en que se encuentra la institución, se añadió.

¿Por qué han surgido dudas del proyecto?

La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá S.A. presentó solicitud del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013 y debió repetirlo en varias oportunidades hasta que en el 2016 le fue aprobada la licencia ambiental. En el 2017 fue suspendida en forma provisión por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Sin embargo en el 2016 hubo posturas de otros entes ambientales como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Instituto NacionaI de Bosques (Inab) acerca de que el proyecto ponía en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Laguna Lachuá, también ubicado en Alta Verapaz.

El Estado declaró como un área protegida dicho Parque Nacional y su área de influencia que incluye el río Icbolay. Fue aceptado en mayo del 2006 como un humedal de importancia ante la Convención Internacional Ramsar, habiendo sido aceptada el 24 de mayo de 2006.

En la página electrónica del proyecto se explica que Añaden que el cauce de 11 kilómetros intervenido del río Icbolay, pasa sobre la finca Pontila y un pequeño tramo de 0.3 kilómetros en tierras de la Comunidad Mansión del Norte y que ambas comunidades están de acuerdo con que se efectué el proyecto. Además que que el proyecto “está completamente fuera de áreas protegidas” y que la Laguna de Lachuá está a una distancia de 12 kilómetros del proyecto, “este no toca área protegida” y que el río Icbolay no entra al parque, tampoco es afluente de la Laguna”.

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Es propiedad de la entidad Proyecto de Desarrollo Integral Pontila, S. A. la cual logró la autorización definitiva para usar los bienes de dominio público para instalar la generadora en la Aldea Rocja Pontila que se ubica en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.

El plazo es de 50 años, según el documento del MEM publicado el 27 de enero del 2020 en el Diario de Centro América.

Establece que dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación de dicho acuerdo, el MEM y la sociedad deberán suscribir el contrato correspondiente, de no hacerlo en el período en mención el acuerdo caducará.

Entre otras obligaciones dentro de 20 días después de firmado el contrato la sociedad debe constituir el seguro de caución por US$300 mil.

¿Qué hará la nueva administración?

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel indicó que al asumir la cartera encontraron el Acuerdo Ministerial 019-2020 con el que se autoriza el proyecto hidroeléctrico en mención y que con ese documento el trámite del expediente fue finalizado durante la administración pasada.

La administración actual, a su cargo, examinó de forma exhaustiva lo actuado dentro del expediente administrativo y encontró que en este consta la aprobación del MARN para dicho proyecto, agregó en su respuesta brindada por medio de la oficina de comunicación social.

Además, expuso que encontraron las evidencias de que el Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM llevó a cabo el proceso de consultas con las comunidades del área de influencia.

Por ello, tomando en cuenta el estado del expediente y en  cumplimiento de la Ley General de Electricidad y su reglamento, el MEM “habrá de autorizar el contrato respectivo” siempre y cuando la entidad propietaria del proyecto hidroeléctrico cumpla con todos los compromisos adquiridos según esa resolución y el acuerdo ministerial correspondiente, se añade en la respuesta.

Cuestionamientos y defensa del proyecto

Cuestionamiento ambiental

La empresa Proyecto de Desarrollo Integral Central Rocja Pontilá S.A. presentó solicitud del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013.

• Las autoridades de ese entonces del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Escuela de Biología de la Universidad San Carlos (Usac) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) opinaron, luego de analizar el EIA que el proyecto pone en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Laguna Lachuá, ubicado en Alta Verapaz.
• La empresa debió presentar en varias ocasiones dicho estudio y le fue aprobado en noviembre del 2016, en ese entonces el viceministro del MARN era Alfonso Alonzo.
• El Estado declaró como un área protegida dicho Parque Nacional y su área de influencia que incluye el río Icbolay. Fue aceptado en mayo del 2006 como un humedal de importancia ante la Convención Internacional Ramsar, habiendo sido aceptada el 24 de mayo de 2006.
• En junio del 2017 la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró la suspensión provisional la licencia ambiental.

La empresa defiende su postura en el sitio electrónico

Se consultó a la empresa, por medio de los contactos registrados de la oficina de Fedeagro y por medio del sitio electrónico del proyecto, acerca de la autorización del MEM, sin embargo, no respondieron a la solicitud.

• En la página www.centralrocjapontila.com se informa que el proyecto se ubica “completamente en tierras privadas de la Finca Rocja Pontila”. Se agrega que utilizará aguas del río Icbolay, afluente del río Chixoy, y cuyo cauce ya es utilizado por otras Hidroeléctricas.
• Añaden que el cauce de 11 kilómetros intervenido del río Icbolay, pasa sobre la finca Pontila y un pequeño tramo de 0.3 kilómetros en tierras de la Comunidad Mansión del Norte y que ambas comunidades están de acuerdo con que se efectué el proyecto.
• Además, se refiere en ese sitio electrónico que el proyecto “está completamente fuera de áreas protegidas” y que la Laguna de Lachuá está a una distancia de 12 kilómetros del proyecto, “este no toca área protegida” y que el río Icbolay no entra al parque, tampoco es afluente de la Laguna”.

Seguirá proyecto geotérmico

Además, con el acuerdo 398-2019 dicho ministerio aprobó la modificación de la cláusula cuarta del contrato de autorización definitiva para utilizar bienes de dominio público para la instalación de Centrales Generadores Geotérmicas, fechado el 11 de enero del 2016, de la entidad Geotermina Oriental de Guatemala, S. A.

La modificación se debe a que el 26 de diciembre del 2019 el MEM determinó que la entidad subsanó un incumplimiento contractual en el cual había incurrido referente a los plazos establecidos para la finalización de la obra y el inicio de operación comercial de la generadora denominada Cerro Blanco.

Respecto a este proyecto, el ministro de Energía respondió que el expediente también completó durante la administración anterior. Luego de revisarlo se determinó que la resolución del mismo se trata sobre la prórroga del contrato de autorización de uso de bienes de dominio público, aprobado con acuerdo del 26 de diciembre de 2019, indicó.

Además, se evaluó que se aprobó con los trámites que establece la ley y que el expediente se encuentra completo por lo que “corresponde otorgar la escritura de prórroga del contrato en caso la propietaria del proyecto cumpla con los puntos de la resolución ministerial que autorizó la misma”.

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Mesa de Competitividad de Alta Verapaz teme retroceso en caso de Hidroeléctrica Renace

La abogada Ana Gabriela Roca manifestó ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que están en contra de los resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el amparo otorgado en definitiva a comunitarios de Sa Pedro Carcha, Alta Verapaz, al considerar que la autorización de Renace se dio en 1991 y el convenio 169 entró en vigor en 1997.

“Si confrontamos 1991 y 1997 era imposible que el Ministerio de Energía y Minas pudiera autorizar una consulta conforme a una ley que no existía en ese momento. Y aparte el estado de Guatemala al aprobar ese convenio hizo la reserva de que no iba a aplicarse de manera retroactiva y que no afectaría los derechos adquiridos”, explicó la abogada.

La profesional manifestó que la hidroeléctrica ha implementado proyectos que han apoyado con la reducción del 32 por ciento en desnutrición crónica en niños menores de 5 años; reducción del 46 por ciento en embarazos adolescentes y 15 por ciento de aumento en la reinscripción escolar en primaria y básicos. Asimismo, se redujeron en un 23 por ciento las infecciones respiratorias y en un 13 por ciento las enfermedades diarreicas y se ha aumentado en un 206 por ciento los jóvenes con habilidades técnicas.

“Si la Corte confirma la sentencia sería por demás temeraria ya que mandaría un mensaje de que no hay medida administrativa que se aplique después de la entrada al convenio 169”, refiere la profesional.

Mantiene apoyo

El líder comunitario, Ernesto Bo Xol indicó que desde que está la empresa Renace desde hace 25 años se empezó poco a poco a ver el cambio en las comunidades cercanas al río Cahabón.

“En la actualidad contamos con proyectos que benefician a la niñez y la juventud, se han construido edificios escolares y como miembros de las comunidades queremos que el desarrollo siga de lo contrario regresaremos a la pobreza. La empresa ha venido dando oportunidades laborales por lo que apoya para evitar la migración, además queremos que llegue la electricidad como en otras comunidades cercanas al proyecto”, señaló Bo Xol.

Gerardo López representante del Administrador del Mercado Mayorista indicó que de darse la posibilidad de suspenderse la operación del complejo hidroeléctrico se estarían perdiendo la generación de 240 megavatios.

“Eso quiere decir que habría una merma y que la Ley General de Electricidad nos obliga a buscar una siguiente fuente para poder satisfacer ese consumo. El precio del kilovatio se obtiene al transformar carbón o derivados del petróleo cuyos precios están dictaminados por merados internacionales y eso haría que la generación sea más cara y eso se reflejaría en las facturas de los guatemaltecos”, dijo el abogado.

El abogado, Joel Mayén, en representación de la Procuraduría General de la Nación manifestó que la institución no está en contra de los pueblos indígenas, sino al contrario se trabaja con los ministerios en implementar la sentencia emanada por la Corte de Constitucionalidad sobre las consultas comunitarias y así evitar posibles demandas al estado de Guatemala.

“En resolución de grado no se hizo constar de manera fehaciente la violación de derechos constitucionales, es importante recalcar que la apelación versa únicamente de la continuidad de los proyectos hidroeléctricos en mención. De suspenderse los proyectos podrían poner al país en una posición de déficit energético al Estado de Guatemala en el sentido que los proyectos que se están cuestionando representan el 16 por ciento de la energía que se genera en Guatemala”, dijo el abogado del Estado.

El profesional afirmó que de suspenderse las operaciones podrían representar problemas al estado de Guatemala y también podrían generar demandas las cuales se tratan de evitar, por lo que pidió que se deniegue la apelación a las comunidades y que otorgue la apelación a Renace revocando la sentencia de grado y denegando el amparo solicitado.

Rechazan proyecto

Ana Rutilia Ical quien fue a la que la Corte Suprema de Justicia le otorgó el amparo indicó que ella tiene el derecho como ciudadana impugnar los permisos otorgados por parte del Ministerio de Energía y Minas a la empresa Renace por haber violado el derecho de consulta al pueblo q’eqchi’ cuando se concesionó el río Cahabón por 50 años.

“La CSJ nos notificó el 4 de julio y reconoce al otorgarme el amparo que se violó el derecho de consulta establecido en el convenio 169 de la OIT, la Constitución Política y otras normas nacionales. También restituyó el derecho al pueblo q’eqchi’”, dijo Ical.

La comunitaria agregó: “En ese amparo no suspende las licencias de proyecto hidroeléctrico que realmente es el objeto del amparo. Por lo que estoy aquí que el recurso de apelación planteado se declare con lugar y que se suspenda inmediatamente los proyectos renace.

“No es delito acudir a las cortes por hacer vales nuestro derecho ya que se nos ha criminalizado por hacerlo, incluso nos han llevado a la cárcel, por lo que pido en nombre mío y en nombre del pueblo q’eqchi’ que se suspenda la operación del proyecto”, dijo Ical.

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En un comunicado manifestaron que podría estar en riesgo una operación de más de 20 años de antigüedad que es previa a la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “abriendo la puerta a que se pueda suspender cualquier empresa que brinda un bien público, afectando a la población del país, a la economía y a la seguridad jurídica”.

En el documento enfatizaron que con estas acciones, la CC pone en riesgo el desarrollo de miles de comunidades del departamento de Alta Verapaz, dado que gracias a las acciones que se han impulsado desde la Mesa de Competitividad Local, han generado más de US$70 millones en inversiones nuevas, y la creación de cientos de empleos que han ayudado al departamento a reducir la pobreza y a generar una estrategia de desarrollo urbano.

Agregaron que las actuaciones políticas de la CC están poniendo en riesgo el suministro de energía y podrían generar un alza al costo de la electricidad, ante una posible suspensión judicial de Renace, debido a que representa el 16% de la matriz energética del país y la ofertada más barata para la tarifa eléctrica en las últimas licitaciones públicas, lo que permitió contar con tarifas bajas y así percibir beneficios para la economía familiar.

La Mesa de Competitividad de Alta Verapaz está integrada por diferentes sectores empresariales, de sociedad civil y de las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Alta Verapaz, que tienen como objetivo fortalecer la productividad de los municipios de Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz.

Los integrantes esperan que la Corte de Constitucionalidad comprenda la gravedad de sus acciones y no atente contra el desarrollo del pueblo Q’eqchi´ y el bienestar de Alta Verapaz.

Antecedentes

A inicios de julio del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó a las partes su decisión de que se debe realizar una consulta a las comunidades del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Renace en Alta Verapaz, aunque en este caso no se ordenó la suspensión de operaciones.

El complejo hidroeléctrico Renace inició hace varios años, pero en el 2019 empezó a operar comercialmente la fase cuatro. Los empresarios han indicado que invirtieron US$800 millones en todo el complejo, el cual tiene capacidad de generar 301 megavatios (MW).

En este caso el MEM también analiza qué procedimiento sigue.

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El Marn realizó la primera entrega de Sello Ambiental y Premio Nacional en Producción Más Limpia otorgado a 10 empresas que han impulsado incentivos por medio de técnicas, prácticas o métodos innovadores en producción más limpia.

Carlos Mérida, gerente de Medio Ambiente de Renace dijo que “con este Sello Ambiental, Renace reafirma su compromiso de realizar acciones que cuiden y respeten el medio ambiente de San Pedro Carchá”.

Renace realiza una inversión aproximada de US$1 millón de forma anual, para el desarrollo de la estrategia de gestión ambiental, que beneficia a 29 comunidades Q’eqchi´ vecinas al proyecto.

Se consideran tres aspectos importantes para la implementación de dicha estrategia:

• El Cumplimiento Legal, orientado a cumplir con los más de 550  compromisos legales ambientales de la normativa nacional;
• Implementación de Mejores Prácticas, que consiste en la ejecución de  acciones que van más allá de un compromiso ambiental y velan por conservar los espacios en su estado original y por último;
• La Trascendencia Ambiental, que es el desarrollo del proyectos de adaptación al Cambio Climático, cuyo legado para el departamento de Alta Verapaz, es de suma importancia para su flora y fauna.

Dentro de los aportes de la estrategia medioambiental, Renace garantiza el control ambiental en sus operaciones con monitoreos periódicos de aire, ruido, calidad de agua flora y fauna.

También, con la implementación de huertos familiares, diversificación de cultivos y el capacitaciones ambientales para alumnos y maestros en las comunidades de San Pedro Carchá.

Además, cuenta con la certificación de la Norma ISO 14,001:2015 enfocada a la protección y conservación del medio ambiente, que implementa en conjunto con un  programa de gestión integral de residuos para garantizar la reducción en la generación de estos y su mejor disposición final.

Debido a  este último programa, se han logrado retirar 10 toneladas  basura del río Cahabón, de forma anual.

Se han producido más de 340 mil plantas en sus viveros forestales y con la generación de energía limpia por medio de la hidroeléctrica, se dejó de emitir 128 mil toneladas CO2, lo que equivale a eliminar del ambiente lo contaminado en un año por 500 mil carros.

El Complejo Hidroeléctrico Renace, perteneciente a la Unidad de Energía de Corporación Multi Inversiones, cuenta con 4 centrales en cascada.

Con una generación de 301 MW de energía pura, limpia y renovable entregados al Sistema Nacional de Electrificación, Renace suministra aproximadamente el 16% de la demanda energética del país, lo que lo convirtiere en el complejo hidroeléctrico privado más grande de la región centroamericana.

La hidroeléctrica implementa Programas de Desarrollo Social Sostenible y Medioambientales que velan por la equidad, la dignidad humana, el cuidado de la biodiversidad y la protección y restauración de los ecosistemas.

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Los pobladores confirmaron que el pasado viernes se reunió un grupo de 50 personas y comenzaron las protestas, sin embargo, este sábado el número de inconformes creció y decidieron bloquear el paso de vehículos en las aldeas Bella Linda, Ixquisís y la carretera que conduce hacia el río Espíritu.

Efectivos de la PNC informaron que se encuentran en el área, aunque no han ingresado hasta donde ocurren las protestas para evitar una confrontación, por lo que están a la espera de que los representantes de los manifestantes acepten comenzar un diálogo.

“Desde tempranas horas, nuevamente se observó la presencia de un grupo de personas con gorros pasamontaña, quienes pusieron en primera línea a niños y mujeres. Según información proporcionada por comunitarios, los hombres, quienes se presume, provienen de Santa Cruz  Barillas, se escondieron en matorrales. Otro grupo se apostó desde hoy con llantas y piedras, en el crucero de la aldea Ixquisis”, denunció la empresa Energía y Renovación en un comunicado.

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Problemas

El pasado 9 de enero fueron destruidos postes de suministro eléctrico que surten las instalaciones de la hidroeléctrica Energía y Renovación. Según los reportes de la PNC un grupo de personas utilizó un picop rojo para movilizarse y cortar con máquinas cinco postes de aluminio.

Las imágenes divulgadas mostraron a un grupo de hombres armados que custodia a quienes destruyen los postes. El grupo está en desacuerdo con la operación de la hidroeléctrica en el sector. El año pasado manifestantes causaron destrozos en las instalaciones de la hidroeléctrica Energía y Renovación y un empleado de la empresa murió luego de haber sido atacado cuando regresaba a su vivienda.

Luego de los disturbios ocurridos el 9 de enero, Érick Villatoro, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, al ser consultado por el convenio de paz firmado en noviembre del año pasado y en el que no participó el grupo opositor, dijo que la inconformidad continúa, pese al acuerdo entre algunas organizaciones.

Resaltó que los opositores a la hidroeléctrica no han participado en la mesa de diálogo, por lo que no reconocen lo acordado. Villatoro aseveró que se ha privilegiado el diálogo para que las partes involucradas alcancen acuerdos, pero ha sido difícil obtener resultados.

La empresa pidió a las autoridades accionar de manera inmediata. También manifiestan que  persisten las amenazas de ataques contra las fuerzas de seguridad y personal ubicado en el campamento del proyecto.

“Como empresa hacemos un llamado a las autoridades para que restablezcan la paz y garanticen el respeto a los derechos humanos de las comunidades que recientemente suscribieron el Acuerdo para la Paz y Desarrollo de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango”, publicaron.

En los disturbios de enero fueron derribados cinco postes de esa empresa.

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El reconocimiento se otorgó por la integralidad que ofrece la estrategia de valor social compartido que Renace desarrolla desde hace siete años en Alta Verapaz.

“Esta estrategia busca apoyar todas las etapas críticas de desarrollo de la persona por medio de la implementación de siete programas de desarrollo sostenible, concatenados, coherentes y sistemáticos en 29 comunidades Queckí que habitan la cuenta del Río Cahabón, en San Pedro Carchá”, indicó la empresa mediante un comunicado.

“El reto que significa construir grandes obras de ingeniería en zonas rurales, marginadas, mayoritariamente indígenas, en Guatemala es inmenso, pero a la vez es una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento”, señaló Juan Carlos Méndez, director general de CMI Energía.

Finaliza fase IV

“Este reconocimiento coincide con otro hito importante para Renace, ya que durante esta semana se finalizó la construcción de la fase IV y última del complejo hidroeléctrico, la cual tomó unos 36 meses de edificación a cargo del Grupo Cobra, de España, indicó la empresa”, enfatizó Renace.

“Esta fase inyectará al sistema nacional 55 megavatios (MW) adicionales de energía limpia para el beneficio de la competitividad del país y de todos los guatemaltecos, ya que apoya de manera fuerte la reducción de las tarifas eléctricas al consumidor final y apoya la consecución del objetivo número 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que busca que todos tengamos acceso a energía limpia y sostenible”, concluye el comunicado de Renace.

La fase cuatro del proyecto hidroeléctrico Renace recibió en octubre del 2015 la autorización definitiva para uso de bienes de dominio público, como el cauce de los ríos Canlich y Cahabón, por 50 años.

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La planta tendrá una capacidad de 85 megavatios (MW) de generación, dividida en dos etapas: una de 20 MW y otra de 65 MW, que funcionarán en sistema de cascada.

El proyecto se ejecuta en la finca Xicacao, en las aldeas Rubelcruz y Sesalché 2, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

La obra es parte de un complejo de hidroeléctricas con que la generadora privada se propone alcanzar una capacidad instalada de 306 MW.

La inversión calculada de todo el proyecto, propiedad de Recursos Naturales y Celulosas (Renace), parte del grupo Multiinversiones, es de US$760 millones.

Sumando cada fase, cuando empiece a operar Renace se convertirá en la hidroeléctrica más grande del país, con varias unidades instaladas en cascada —usan los mismos ríos a varios kilómetros de distancia—.

En la actualidad, la más grande es Chixoy, propiedad del Estado.

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La suspensión indefinida del proyecto hidroeléctrico obedece a que el llamado Plan de Expansión de la Generación determinó que el ICE tiene la capacidad instalada para la solventar la demanda eléctrica de la próxima década, explicó Cañas en una conferencia de prensa este viernes.

Por ello, también se aplazarán varios proyectos en ejecución, como el geotérmico Borinquen 1, que estaba previsto que entrara en operación en el 2024 pero ahora se proyecta para el 2026, y se reprogramarán estudios de preinversión de otras iniciativas energéticas.

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Cañas indicó que la demanda eléctrica de Costa Rica ha venido reduciéndose en los últimos años debido a factores como la incorporación de nuevas tecnologías, el cambio en los patrones de consumo, las políticas de eficiencia energética, la migración de la industria de procesos de manufactura a servicios, y la contracción económica.

La matriz eléctrica de Costa Rica está conformada por recursos renovables: agua, viento, geotermia, biomasa y sol. Esta combinación ha permitido que el país sobrepase el 98 por ciento de generación renovable en su sistema eléctrico nacional en los últimos cuatro años.

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“Nos vamos a enfocar como sector eléctrico en los negocios de convergencia, tenemos que trabajar más de la mano en ofrecer nuevos servicios, redes inteligentes y en migrar a todos nuestros clientes a medición inteligente y mantener nuestra matriz renovable, es algo que vamos a mantener, así como enfocarnos en el transporte eléctrico”, dijo Cañas.

De acuerdo con las proyecciones de la demanda eléctrica, en el Plan de Expansión de la Generación, las condiciones actuales de la demanda eléctrica no justifican desarrollar grandes proyectos de generación a mediano plazo.

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El Inde expone que no posee competencia legal para realizar negociaciones con la Comunidad La Campana ya que los entes facultados son la Comisión Presidencial del Diálogo, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Derechos Humanos (Copredeh) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) y como observador la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

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Por ello hace un llamado a las personas de esa comunidad para continuar con el diálogo y que se llegue a una conclusión “satisfactoria para ambas partes”.

Sin embargo advierte que “de no alcanzarse acuerdos en esta mesa de diálogo, el Inde se verá obligado a tomar acciones legales pertinentes para proteger la infraestructura de la Hidroeléctrica” la cual es patrimonio del Estado.

Las generadoras propiedad de dicha institución además contribuyen al aporte para la tarifa social.

Piden que se cumpla con resarcimiento

Los pobladores mencionaron hace dos semanas que decidieron tomar las instalaciones mencionadas como una medida de presión al Gobierno ya que indican, ha incumplido acuerdos logrados con anterioridad para lograr apoyo para sus comunidades.

La semana pasada la PDH hizo un llamado a los pobladores de La Campana y a las autoridades del Gobierno para mantener un diálogo con el fin de solucionar las diferencias.

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Además, indica que es necesario e importante que el Gobierno cumpla con acuerdos adquiridos previamente en mesas de negociación que a la fecha han omitido.

La PDH indica que en noviembre del 2017 el Gobierno y la comunidad firmaron un acuerdo marco de reparación integral pero luego de un año el Estado ha incumplido ya que no ha emitido el Acuerdo que Gubernativo para aprobar el acuerdo en mención.

Derivado de ese incumplimiento las comunidades están manifestando en la hidroeléctrica y pudiera verse afectado el funcionamiento de esta y afectar la generación de energía. Menciona que Chixoy es la más grande del país.

Hace un llamado al Gobierno para dar una respuesta a la comunidad para emitir las acciones pendientes, y a la comunidad para que manifieste de forma pacífica.

En febrero de este año comunitarios también manifestaron de forma similar, amenazaron con quemar la bocatoma de la Hidroeléctrica, si no se aprobaba el acuerdo Gubernativo para que se les pague el resarcimiento por Q34 millones por haber construido el embalse en sus tierras.

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La firma del acuerdo de reparación en septiembre del 2017 tiene el objetivo de hacer el pago por pérdidas de uso de la tierra de la localidad, además la población se compromete a mantener el diálogo.

Política de reparación

Con el acuerdo gubernativo 378-2014  El Gobierno aprobó la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy

• Esa política fue firmada entre el Ejecutivo y la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocacich).
• Beneficiará a 27 comunidades de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Para la reparación serán invertidos Q1 mil 200 millones por la vulneración de sus derechos.
• El documento establece que la misma se debe cumplir entre el 2015 y 2029.
• En octubre del 2015 se realizó el primer pago pero de forma parcial.
• Se continuó con algunos pagos pero a la fecha hay atrasos en el proceso.

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Por parte de la cooperativa Monte Blanco asisten a la mesa de diálogo dos indígenas que no hablan español, no saben a qué van ni saben que quieren. Los asesora una abogada, que también es asesora de la Federación de Cooperativas de las Verapaces, que instruye a los representantes de Monte Blanco a decir que la hidroeléctrica se encuentra en tierras ancestrales. De pronto, el Gobernador Departamental le informa a la empresa que Monte Blanco le ha comunicado que se “rompe el diálogo” porque la empresa los ha amenazado. La firma ha dejado de operar desde hace cuatro meses, provocándole pérdidas de US$1.7 millones.

El lunes 30 de julio, llega a la hidroeléctrica Sac Já una turba duplicada de unas 400 personas, hombres encapuchados, mujeres y niños. Con violencia, agreden y secuestran a los policías, lanzan al barranco a unas mujeres policías y se dedican a la destrucción, que la empresa estima en US$1 millón. La turba pone a las mujeres y niños al frente, mientras los encapuchados agreden a los policías y les roban las armas. Con la destrucción y el “conflicto”, la empresa acumula pérdidas de US$2.7 millones, equivalente a Q20 millones. Tiene deudas con varios bancos y está al borde de la quiebra, mientras que las múltiples comisiones y procuradurías, “llaman al diálogo”. Las oenegés de siempre, denuncian que no debe “criminalizarse la protesta”.

El primer mensaje que queda absolutamente claro es que el crimen paga, queda impune, se victimiza y conduce al diálogo, escenario propicio para la extorsión legalizada. Aquí no hay tal protesta, es un acto criminal meticulosamente planificado por manipuladores profesionales que persiguen sus propios fines. De ninguna manera puede verse este caso como una protesta pacífica con reclamos legítimos. Es intimidación pura, agresión violenta y destrucción de propiedad privada. Aquí no corresponde diálogo fantoche; tiene que aplicarse la ley con rigor y prontitud.

Este no es un caso único, es uno de muchos que ocurren cotidianamente en el territorio de Guatemala. El sistema premia y protege a estas organizaciones criminales, “aparatos clandestinos” —y no me refiero a las mujeres y niños que ponen al frente— que curiosamente, ciertas agencias internacionales vinieron a Guatemala a investigar y desarticular. Tristemente, en lugar de desarticularlos se toman fotos con ellos en cócteles y eventos. Aquí no hay misterio, está todo clarísimo.