Caso Hogar Seguro: cronología del incendio, implicación de Jimmy Morales y la sentencia

Fuga de internas, intervención de la PNC bajo el mando del expresidente Jimmy Morales y encierro en un aula. Así comenzó la secuencia que terminó en el incendio del Hogar Seguro.

Sandy Pineda y EFE

12 de agosto de 2025 | 17:40h

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Desde la noche del 7 de marzo de 2017, la Policía Nacional Civil intervino por una riña y la fuga de un grupo de adolescentes. La jueza calificó la actuación de los agentes como un uso de la fuerza “desproporcionada”. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El 8 de marzo de 2017, el trágico incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un albergue para menores, resultó en la muerte de 41 adolescentes y dejó a otras 15 con graves quemaduras que tendrían un impacto duradero en sus vidas.

Este martes 12 de agosto de 2025, después de ocho años del hecho y un juicio de un año y medio, la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes dictó sentencia en el conocido “caso Hogar Seguro”.

Seis exfuncionarios fueron condenados a penas de cárcel que van desde 6 a 25 años al ser hallados culpables de homicidio culposo y otros delitos como abuso de autoridad y maltrato a menores de edad.

Durante la audiencia final, la jueza recapituló los hechos ocurridos el 7 y 8 de marzo del 2017, que derivaron en la tragedia.

Uno de los puntos señalados fue el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales, quienes, según la jueza, ingresaron al recinto con armas de fuego y grilletes, una medida innecesaria para contener a adolescentes bajo custodia estatal.

La sentencia fue emitida tras 120 audiencias, donde declararon cientos de testigos y 45 peritos, además de analizarse más de mil documentos.

¿Qué pasó entre el 7 y 8 de marzo del 2017?

El relato judicial permitió reconstruir los momentos previos al siniestro. El 7 de marzo, después de las 13 horas, se produjo una riña entre dos adolescentes en el comedor, lo que desató una serie de incidentes.

Un grupo de niñas logró interactuar con varones, y tras enfrentamientos con el personal del hogar estatal, este solicitó la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC). Ante la ausencia de varios menores, se activaron alertas de búsqueda.

Durante la noche, y tras la reubicación de quienes se habían fugado, las autoridades decidieron dejar el centro bajo control policial.

En la madrugada del 8 de marzo, a las 0.30 horas, se ordenó el reingreso de los menores. Los varones fueron conducidos a un auditorio, mientras que las niñas fueron encerradas en un aula de pedagogía, un espacio sin agua, sin sanitario, con ventanas falsas y barrotes, cuya capacidad máxima, según un fiscal, era de entre 11 y 26 personas. Allí fueron confinadas 56 niñas.

Luego del choque con las fuerzas de seguridad, en manifestación de protesta, las niñas encendieron colchones como medida de reclamo en el aula. Las investigaciones apuntan a que habían denuncias debido a las malas condiciones y abusos que sufrían en el centro.

El hacinamiento, la rápida propagación del fuego y la inacción de las autoridades agravaron las consecuencias. En los últimos nueve minutos del incendio, la temperatura superó los 300 grados centígrados.

Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la lectura de declaraciones que reflejan el abandono institucional. Lucinda Marroquín Carrillo, subinspectora de la PNC y una de las sentenciadas, tenía en su poder la llave del aula, según los hechos investigados.

Cuando se le alertó sobre la presencia de humo dentro del aula, respondió: “Que se quemen esas hijas de la gran puta”.

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Las imágenes presentadas durante el proceso mostraban una pila de cuerpos con quemaduras, lo que sugiere que en su intento de escapar, las niñas se apilaron unas sobre otras sin poder salir.

El recuento de víctimas confirma que 17 murieron dentro del aula, dos en el área administrativa tras ser rescatadas y 21 más en hospitales de la Ciudad de Guatemala. La última víctima falleció en Estados Unidos, adonde fue trasladada para recibir tratamiento especializado por sus quemaduras.

Qué falta por esclarecer

En su resolución, la jueza Cifuentes también ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), debido a su posible responsabilidad en la cadena de mando. Morales habría ordenado el despliegue de agentes armados el día previo a la tragedia, tras la fuga de algunas menores.

Además, surgieron nuevas interrogantes tras los peritajes toxicológicos realizados a los cuerpos de las víctimas. En varios se hallaron niveles elevados de midazolam, diazepam, morfina, etanol, metanol e incluso fentanilo.

Ante esta revelación, la jueza solicitó al Ministerio Público investigar “las circunstancias por las cuales, a través de peritajes toxicológicos, se encontraron drogas terapéuticas o de abuso como midazolam, diazepam, entre otras, en los cadáveres” de las adolescentes.

El propósito, dijo, es determinar si esas sustancias formaban parte de tratamientos psiquiátricos, si fueron administradas en hospitales o si su origen fue otro. La sentencia marca un paso en el largo camino hacia la justicia, pero el caso del Hogar Seguro continúa abierto en busca de verdad y responsabilidad institucional.

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MP solicita condenas entre 4 a 131 años de prisión contra exfuncionarios por caso Hogar Seguro

El MP solicita que los sindicados en el caso Hogar Seguro sean condenados por los delitos que se les imputan.

Óscar García y Elmer Vargas

22 de mayo de 2025 | 12:39h

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Audiencia en la que el MP pidió condenas contra los señalados en el caso Hogar Seguro. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

El Ministerio Público (MP) en el juicio contra exfuncionarios por el caso Hogar Seguro solicitó que los sindicados reciban condenas por los hechos que se le señalan, la solicitud fue efectuada este jueves 22 de mayo por el fiscal Edgar Gómez de la Fiscalía de Femicidio.

El 8 de marzo de 2017 se registró la muerte de 41 niñas y adolescentes en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El día de la tragedia, las 56 menores (41 muertas y 15 heridas) estaban bajo llave en un aula del recinto que se ubicaba en el kilómetro 25 de la carretera a San José Pinula.

Condenas solicitadas

Para Carlos Rodas, quien era secretario de Bienestar Social, el fiscal solicitó dos años por cada una de las 56 víctimas incluidas las que sufrieron heridas, total 112 años por maltrato contra personas menores.  

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Además, cuatro años por incumplimiento de deberes, cinco por abuso de autoridad y la prohibición de ejercer como abogado por ocho años. Homicidio culposo ocho años inconmutables y dos años por lesiones culposas. En total solicitó 131 años de prisión.  

Contra Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el MP pidió dos años por cada una de las víctimas incluidas las que sufrieron heridas, total 112 años por maltrato contra personas menores.

También cuatro años por incumplimiento de deberes, cinco por abuso de autoridad y prohibición de ejercer como abogado durante ocho años. La fiscalía también pidió ocho años inconmutables por homicidio culposo y dos años por lesiones culposas para hacer un total de 131 años.

Para Harold Augusto Flores, exprocurador de la niñez, el fiscal solicitó dos años por cada una de las víctimas incluidas las que sufrieron heridas, total 112 años. Además, cuatro años por incumplimiento de deberes y prohibición de ejercer como abogado durante cuatro años.

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El fiscal también pidió ocho años inconmutables por homicidio culposo y dos años por lesiones culposas.

Brenda Julissa Chamán, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato, podría recibir  dos años por cada una de las víctimas incluidas las que sufrieron heridas, total 112 años por maltrato contra personas menores.

Según lo solicitado, se le podrían sumar cuatro años por incumplimiento de deberes, ocho años inconmutables por homicidio culposo y dos años por lesiones culposas.

Para leer más: “Las almas de nuestras hijas están allí todavía”: las madres que buscan justicia por el incendio en el hogar infantil de Guatemala

Mientras que Lucinda Eva Marroquín, ex subinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), podría ser sentenciada a dos años por cada una de las víctimas incluidas las que sufrieron heridas, total 112 años por maltrato contra menores. Además, ocho años inconmutables por homicidio culposo y dos por lesiones culposas.  

Para Luis Armando Pérez Borja, ex subcomisario de la PNC, el fiscal pidió dos años por cada una de las víctimas incluidas las que sufrieron heridas, total 112 años por maltrato a menores. También solicitó cinco años de presión por el supuesto delito de lesiones culposas. En total podrían ser 117 años de cárcel.  

Gloria Castro, exdefensora de la Niñez, podrían enfrentar una pena de cuatro años por incumplimiento de deberes.

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Además de declarar el Día Nacional de las Víctimas  del Hogar Seguro, el decreto se concede una pensión vitalicia a cada una de las 15 niñas sobrevivientes.

Dicha pensión será por Q5 mil mensual durante los primeros tres años de vigencia de la ley y a partir del cuarto será por el equivalente al salario mínimo mensual establecido para los trabajos no agrícolas.

También se ordena a los ministerios del Ejecutivo para que realicen las coordinaciones correspondientes para la inclusión gradual de las víctimas como beneficiarias de los distintos programas sociales considerando la edad en la que pueden ser aptas para el beneficio.

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Los fondos para cubrir el pago de las pensiones saldrán de los recursos propios del Organismo Legislativo. También se aprobaron algunos mecanismos de transparencia para el gasto de la pensión.

Por ejemplo, mientras las víctimas sean menores de edad será la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia la que deberá administrar la pensión y enviar un informe mensual sobre su ejecución.

Cuando las beneficiarias sean mayores de edad, tendrán que entregar un informe cuatrimestral all Pleno del Congreso de la ejecución de la pensión vitalicia.

El decreto también contempla situaciones para una suspensión temporal o definitiva de la pensión. La suspensión temporal se hará efectiva cuando se deje de enviar los informes cuatrimestrales de ejecución o negligencia en el uso de los recursos.

Mientras que para la supresión definitiva del beneficio se hará para aquellas que cometan actos ilícitos y hayan sido condenadas en sentencia firme.

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Más actividad

El Congreso también aprobó por artículos y redacción final la ratificación del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972.

Pese a que varios diputados han dicho que es un punto muy importante la sesión plenaria se suspendió antes de que comenzara la discusión por artículos y redacción final de ley Temporal para la Agilización de la Ejecución del Libramiento de la Cabecera Departamental de Chimaltenango.

Este punto también ha sido relegado en anteriores sesiones plenarias y pese a que en las discusiones anteriores del proyecto se mencionaba que era prioritario no ha podido ser aprobado por el pleno del Congreso.

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La iniciativa 5420, que ahora quedó pendiente en su redacción final, busca que cada 8 de marzo se conmemore el Día Nacional de las víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El proyecto también propone que las 15 menores sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro, sean beneficiadas con una pensión vitalicia que podría ser de unos Q5 mil durante los primeros tres años y luego bajaría para ser igual que el salario mínimo.

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De la misma forma la iniciativa busca que las niñas sobrevivientes sean incluidas en los distintos programas sociales del Ejecutivo para que sean beneficiarias de estos.

Poco avance

Durante la sesión plenaria celebrada la tarde de este martes también avanzó en primer debate el dictamen de la iniciativa 5367, la cual busca aprobar la Ley Temporal para la Agilización de la Ejecución del Libramiento de la cabecera  departamental de Chimaltenango.

No fue posible conocer en primer debate la Ley para el Fortalecimiento de la Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.

Esto ocurrió debido a que en el momento en el que se llegó a este punto en la agenda no había 105 diputados presentes en el Hemiciclo, por lo que no fue posible darle trámite a la iniciativa.

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Tampoco prosperaron dos mociones privilegiadas presentadas por diputados de la bancada Alianza Ciudadana.

La primera fue la propuesta por la diputada Delia Bac, quien pidió que se aprobara un punto resolutivo  para instar al Ministerio de Gobernación a que agilice la aplicación del control telemático.Esta propuesta recibió solamente 37 votos a favor.

En el razonamiento de votos, la diputada Bac, visiblemente molesta, reprochó a sus colegas no haber votado por la moción y dijo que esperaba que nunca alguno de sus compañeros sufriera porque algún familiar o ellos mismos tuvieran que enfrentar la prisión preventiva.

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Otra moción que no prosperó fue la expuesta por el diputado Marvin Orellana, quien pidió que el pleno fijara una fecha para que el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, llegara al Congreso a explicar por qué no se aplica aún el control telemático.

Sin embargo la moción de Orellana solo recibió 30 votos a favor por lo que no prosperó. Ambas mociones fueron presentadas minutos después de que el pleno guardara un minuto de silencio por la muerte del exdiputado Manuel Barquín.

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Hace ocho meses se produjo un incendio en una institución estatal de protección y abrigo de niñez y adolescencia, denominada “Hogar Seguro Virgen de la Asunción”. En el organigrama del Estado, este Hogar aparece conectado directamente con la Secretaría de Bienestar Social y esta, a su vez, con la Presidencia de la República. El primer conteo de aquel 8 de marzo fue de 19 adolescentes calcinadas; horas después las cifras habían subido a 41, más otras 15 sobrevivientes, en condiciones lamentables. En total, 56 adolescentes directamente afectadas por un hecho que aún no termina de esclarecerse. Fuerzas policiales (PNC) dentro del Hogar “cuidaron” el aula donde se quemaron las jóvenes, cuya puerta estaba cerrada por fuera, con candado. Por instrucciones superiores, tenían órdenes de no moverse de allí. Una de las características de un Estado terrorista es que defiende de día un orden jurídico que luego en la clandestinidad profana y usa a sus agentes para ejercer torturas y cometer violaciones de derechos humanos, incluso desapariciones. Dos días después del hecho, el entonces relator contra la Tortura dio declaraciones en el Congreso de la República que todos escuchamos y quedaron en acta: meses antes del incendio, él había denunciado ante el Ministerio Público casos de violaciones y otro tipo de torturas dentro del Hogar.

E Hogar ha sido cerrado y los restantes casi 600 niños, niñas y adolescentes que estaban dentro entonces han sido relocalizados o reintegrados. Relocalizados en otros centros que no cuentan, en general, con las condiciones adecuadas para su atención y protección integral; reintegrados casi siempre a familias directas o sustitutas que viven en las mismas condiciones no idóneas de antes. El 16 de octubre, la Corte de Constitucionalidad resolvió con lugar un recurso de apelación interpuesto y solicitó a la autoridad cuestionada que en cinco días tomara las acciones pertinentes, para luego informar a la CC en un plazo de 10 días cómo se garantizarán los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su cuidado, debiendo velar especialmente por la salud mental y física de aquellos que estuvieron internados el día de los hechos denunciados.

Algunas de las jóvenes sobrevivientes, más allá de las pesadillas y los traumas severos que padecen, han perdido nariz, orejas, dedos de pies y manos, incluso piernas o brazos. De aquí en adelante, la complicación será aún mayor para ellas, porque el relato contemporáneo de Guatemala sigue hablando de marginación, exclusión, falta de oportunidades, violencia y casi un 70% de pobreza. De hecho, somos el único país de América Latina que no ha podido bajar en dos décadas las cifras de pobreza, y uno de los 10 países del mundo más violentos y desiguales.

No deja de hacerme ruido lo escuchado luego del incendio, de la boca de muchas buenas personas: “son mareras, bueno está que se quemaran de una vez”. Ni aún siendo mareras se justificaría una masacre como la que se dio en el Hogar Virgen de la Asunción; pero además, no lo eran. Eran adolescentes como cualquier otra, que tuvieron la mala fortuna de nacer entre la pobreza y la violencia. Si los adolescentes en condiciones “normales” y dignas son casi siempre un desafío para sus familias, imaginemos lo que significa criarlos sin dinero y muchas veces sin educación, en zonas “rojas” urbano marginales o áreas rurales empobrecidas, con padres y madres que deben trabajar largas jornadas fuera de casa o les toca criarlos solos. Un acto de heroísmo en esta cultura de la pobreza, tan apreciada por quienes ejercen el terrorismo de Estado.

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El testimonio de los menores que sobrevivieron a la tragedia

El caso se encuentra en la etapa intermedia y se han intentado adherir nuevos querellantes, como la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, que pidió que a los procesados se les sumara el delito de tortura por las denuncias que hicieron los internos una noche anterior a la tragedia y la forma en como los sometieron cuando los menores intentaron escapar.

La solicitud de la asociación mencionada fue rechazada por el juzgado, sin embargo el proceso continuará y será en los siguientes días cuando se conozca el testimonio de las niñas sobrevivientes de la tragedia.

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Una noche previa a la tragedia

Guerra adelantó que cuando declaren las menores, la audiencia se realizará a puerta cerrada para no vulnerar el derecho de las niñas, la diligencia se tiene prevista para el 18 de agosto.

Ambos centros, administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), están a cinco minutos de distancia en carro, y a otros cinco minutos está la colonia más cercana: Brisas del Valle 2.

Ahí hay calles amplias y asfaltadas, tranquilas, con uno que otro niño jugando en las banquetas, tiendas de abarrotes, varias viviendas de lámina y otras pocas con segundo piso.

Algunos vecinos que mantenían abierta su puerta accedieron a relatar lo que vieron en el pasado, el día de la fuga de 50 menores -7 de marzo- y la desgracia del incendio un día después.

Pedro Sarat es mototaxista y anduvo cerca del Hogar la tarde del 7 de marzo, cuando muchos menores escaparon, mientras otros protagonizaban una protesta contra los malos tratos y alimentación.

Dos niñas llegaron con él y le rogaron llevarlas a San José Pinula, con tal  de alejarse del Hogar Seguro. “Las niñas me dijeron llorando que les hiciera favor”.

Pedro accedió y las llevó a su destino. Le pidieron Q10 prestados para continuar su camino. Esa tarde del 7 de marzo también vio cómo un grupo de menores que quiso fugarse fue capturado. No le queda duda: “Sí han sufrido allí”.

La vida continúa para Pedro. “Cuando paso por el lugar me da tristeza, recuerdo que todos los cuerpos estaban ahí”.
José Guillermo Muñoz fue testigo de cosas sospechosas en el Hogar Seguro. “Todo eso ya se sabía, se sabía lo que iba a suceder. Yo voy a la iglesia todos los días, me voy a las 7 de la noche y regreso a las 10… A veces a esa hora sacaban a las niñas”, narra.

A veces eso pasaba en autopatrullas. “¿A dónde las llevaban? saber…quizás a prostituirlas, era lo que más se oía”, dice Muñoz.

María Antonia Muñoz, otra de las vecinas Brisas del Valle 2, recuerda que a veces veía a un menor pedir dinero afuera del Hogar Seguro, y de quien, asegura, era bien portado y lo dejaban salir porque sabían que iba a ingresar. “Se mantenía sentado en una casita que está ahí y pedía dinero, se estaba sentado pero no se iba”.

Jerónimo Muñoz vive en el camino hacia el correccional Etapa 2 y cuenta que en los 16 años que tiene de vivir ahí no ha visto fuga de los menores en conflicto con la ley, pero sí de Hogar Seguro.

En una oportunidad, una menor le pidió permiso para cruzar el área y escapar más rápido del área, pero optó por no ayudarla para no verse involucrado.

Muñoz solía llegar en algunas ocasiones a cortar los árboles que estaban a punto de caerse en el Hogar Seguro y recuerda que los menores le pedían ayuda porque la comida que ahí les daban era mala.

Aún recuerda lo que le decían: “Ayúdenos, hombre, es que aquí nos dan mala comida”.

“Desgraciadamente, uno, como padre, no educa bien a sus hijos”, reflexiona.

Doña Deina Monterroso, de 88 años, tiene una forma particular de ver la situación. “El amor de madre es tan grande que yo jamás hubiera llevado a una mi hija a ese lugar”, dice, al tiempo que la indignación se apodera de ella.

“Ahí deberían de hacer un hospicio. Si las mamás no pueden criar a sus hijos, entonces ¿por qué aceptan a un hombre? A las madres de esos hijos hay que castigarlas”, razona doña Reina pues cree que hay quienes fuerzan las situaciones para que sus hijas sean llevadas a hogares estatales para no hacerse cargo de ellas.

Ante la tragedia ocurrida la mañana del 8 de marzo último, en algo coinciden los vecinos entrevistados: el área en la que los vecinos viven es tranquila, pero en los ambos centros estatales nadie sabe con certeza lo que ocurre en su interior.

La resolución de la jueza fue apelada por la misma SBS, al objetar un punto que menciona “un gallinero” como un lugar físico donde se vejaba e incluso torturaba a niños, cuya existencia no está comprobada por esa institución.

“Fue el único punto por el cual la Secretaría apeló la sentencia, porque admitir la existencia de un lugar que no nos consta es admitir que efectivamente hubo estos hechos que se sindican a la Secretaría”, explicó el jefe de esa entidad, Carlos Rodas.

Agregó que no se apeló otro punto referente a la contratación de profesionales bajo estándares internacionales, y que en esa resolución se les ordenó la contratación de más de 10 odontólogos.

“¿Dónde los ubicamos? No hay una necesidad tan grande. Tenemos programas de salud preventiva y curativa. Hemos cumplido ciento por ciento con la contratación, remodelación de centros, incremento de profesionales, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, pedagogos, maestros, enfermeras”, añadió.

Igual debe cerrarse

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) abogaron por un cierre progresivo del Hogar Seguro, a pesar de la resolución del juzgado.

Gloria Castro, defensora de la Niñez y Adolescencia de la PDH, aseguró en febrero último que esa institución visitó el centro el 6 de enero y 10 de febrero, con el fin de verificar si la SBS cumplía con los cambios ordenados por la jueza Vásquez.

“En la reingeniería del hogar nos indicaron que el personal no conoce muchos avances, únicamente tienen conocimiento de un nuevo manual de procedimientos, el cual lo tienen en digital, pero no nos lo proporcionaron. Ha sido poco lo que se ha avanzado”, comentó Castro en esa oportunidad.

No obstante, la PDH constató la compra de literas y colchonetas, mejoras en los baños y algunas decoraciones, debido a que las pésimas condiciones de higiene eran una de las razones por las que promovían el cierre.

Asimismo, el CNA apeló la sentencia del juzgado, al insistir en que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no reúne los requisitos necesarios para abrigar a niños y adolescentes.

El Consejo recomendó a la SBS implementar un proyecto para el cierre progresivo del hogar de protección, por considerar que las condiciones de hacinamiento y vulneración de derechos de los niños y adolescentes abrigados “se mantienen”.

Además de las malas condiciones físicas en las instalaciones, ubicadas en San José Pinula, las instituciones que objetan la continuidad de ese centro advirtieron sobre las múltiples denuncias de menores en cuanto a abusos físicos y sexuales, señalamientos que fueron reforzados por varias fugas de albergados.

Desde el 2015

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recordó en sus redes sociales que el 7 de noviembre del año pasado recomendó el cierre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por el incumplimiento de recomendaciones hechas en el 2015, año en el que comenzó a destaparse el problema que enfrentaban los menores. “Este centro cuenta con una población de 800 niñas, niños y adolescentes, quienes están en condiciones deplorables, debido al hacinamiento en el  lugar”, comunicó la Procuraduría.

Continuar proceso

Desde el año pasado se trabajaban procesos de “desinstitucionalización” de los niños para desahogar el hogar, proceso que debe continuarse, expuso la procuradora general de la Nación, Anabella Morfín.

“En septiembre y octubre eran aproximadamente 720 niños, niñas y adolescentes que estaban, y habíamos logrado, a través de procesos de desinstitucionalización, reducirlos a aproximadamente 580 menores”, explicó Morfín.

“Dada la gravedad de la situación solicité medidas cautelares a la CIDH para que, de urgencia, se evite más daños y se proteja a niñas, niños y adolescentes en ese hogar”, explicó el procurador.

De León indicó que desde el 2013 que emitieron resoluciones por lo malo de las condiciones en las instalaciones de Virgen de la Asunción, no se han visto cambios.

A la CIDH se pide que ordene al Estado brindar seguridad perimetral por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), específicamente la subestación 13..5.2 de la Comisaría 13, a favor de las niñas, niños y adolescentes internos en el Hogar Virgen de la Asunción.

También que las autoridades de ese centro y la Procuraduría General de la Nación velen por el interés superior de los menores, mediante una clasificación y separación inmediata de los albergados.

La PDH solicita que el ministerio de Finanzas se asegure que el hogar cuente con los fondos indispensables para su adecuado funcionamiento cuanto antes.

Otra medida pedida a la CIDH es que la Secretaría de Bienestar Social (SBS), de urgencia, resuelva el hacinamiento de los menores internados y asegure la óptima ejecución del presupuesto asignado al hogar.

“Que los jueces y juezas de niñez y adolescencia velen por el interés superior del niño y cumplan con la Política Institucional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, analizando cada caso en particular y estableciendo las medidas de protección idóneas para cada uno”, indica la carta enviada  a la CIDH.

La Comisión Interamericana no tiene un plazo fijo para resolver, debido a que procede un estudio profundo que implica solicitar información al Estado y, seguramente, visitas de campo para comprobar las denuncias.

“Los plazos varían. Por ejemplo, cuando solicitamos medidas para la fiscal general, tardaron de 20 a 22 días en otorgarlas, y cuando pedimos lo mismo para el juez Miguel Ángel Gálvez, pasaron tres meses”, precisó el magistrado de conciencia.

La PDH, además, enumera las denuncias que ha recibido del Hogar Virgen de la Asunción, totalizando 45 desde 2012.

La carta dirigida a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH va acompañada de una amplia descripción del problema y detalle de los hallazgos en dicho hogar, como el “colapso e insuficiencia” que tienen las instalaciones, porque su capacidad es para 400 menores de edad, pero hay 800 albergados.

Asimismo, menciona que hay 15 adolescentes varones internados que están en conflicto con la ley penal.

“Existen indicios de maltrato hacia las niñas, niños y adolescentes por parte de las y los monitores”, denuncia la PDH en la solicitud, entre otras situaciones.

El 5 de noviembre último, la SBS destituyó al director de Protección Especial Residencial del cuestionado hogar, después de encontrarse a tres de las adolescentes evadidas del lugar.

Solo entre el 15 de mayo y el 30 de octubre, sumaban 47 menores evadidas del hogar.

Mareny Mérida, secretaria de la SBS, refirió que a través de una mesa técnica se analizan para encontrar un lugar adecuado para realizar el traslado de los adolescentes, y se  considera la posibilidad de que puedan permanecer dentro del centro en otras instalaciones mientras se efectúan las remociones.

Afirmó que para el próximo año solicitaron una ampliación presupuestaria de Q75 millones, pero para hacer las remociones requeridas por la jueza deberán gestionarse a través de la coordinación interinstitucional con otros actores.

En cuanto a que se tenga a adolescentes que están bajo la protección de la SBS con otros que han tenido conflicto con ley pero ya cumplieron su sanción, Mérida refirió que “Al Hogar Seguro han ingresado perfiles de menores que han cumplido su sanción en un centro de privación para adolescentes y porque son menores de edad y no han logrado los jueces ubicarlos en la familia y la Procuraduría General de la Nación con su familia nuclear o una familia ampliada, los remite al Hogar virgen de la Asunción, a pesar de múltiples solicitudes de parte de la Secretaria de Bienestar Social para los señores jueces que puedan  considerar otro tipo de familia”, afirmó.

Mérida agregó que las familias de acogimiento temporal ha sido un proyecto que ha reforzado la Primera Dama de la Nación para permitirles permanecer a los menores en una familia que pueda acogerlos en tanto se resuelve su situación jurídica, antes de ser institucionalizados porque no cuentan con más hogares como para hacer esa separación.

“En el hogar tenemos a los niños clasificados por sexo, por edad, mas no podemos tener la separación por perfiles porque es un hogar de protección en donde todos gozan de libertad”, indicó.

Resaltó que trabajan de manera coordinada, sociedad civil y SBS para unir esfuerzos y darles la menor opción y alternativa a los jueces para que los niños puedan estar con mejores condiciones de vida.

En cuanto que la falta de ropa y zapatos en algunos hogares, refirió que como consecuencia del gobierno de transición existieron algunas instrucciones en cuanto a la contención del gasto, en la cual no se contempla la compra de ropa, zapatos y uniformes.

La secretaria explicó que están conscientes de que tienen esa necesidad, pero se apoyan en donaciones, ya que aunque la vestimenta es un derecho de los niños,  tiene que priorizar las medicinas, ya dentro del hogar hay muchos niños y adolescentes que requieren de un tratamiento psiquiátrico que tiene un costo alto.