Impuesto de Circulación 2025: Congreso sigue sin aprobar prórroga a siete días del plazo límite

El plazo para pagar el Impuesto de Circulación 2025 vence el 31 de julio y aún no hay prórroga. ¿Qué advierte la SAT y qué multas aplican si no paga a tiempo?

Glenda Burrión

24 de julio de 2025 | 17:25h

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A pocos días de que venza el plazo para pagar el Impuesto de Circulación 2025, miles de guatemaltecos aún no han cumplido con esta obligación tributaria, detalla la SAT. (Foto, Prensa Libre: Carlos Ochoa)

A solo siete días de que venza el plazo para pagar el Impuesto de Circulación de Vehículos 2025, el Congreso de la República de Guatemala aún no ha aprobado una prórroga oficial, lo que mantiene la incertidumbre a poco más de dos millones de propietarios. 

 Mientras tanto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informa que el 56% del parque vehicular ya ha cumplido con esta obligación tributaria, pero aún hay 2.7 millones de vehículos pendientes. 

El próximo 31 de julio vence el plazo para pagar el Impuesto de Circulación de Vehículos 2025, y hasta ahora el Congreso de la República no ha aprobado una prórroga.

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Congreso no aborda iniciativa de prórroga 

Por tercera semana consecutiva, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso no dedicó tiempo para la discusión de la iniciativa que propone ampliar el plazo para pagar el Impuesto de Circulación de Vehículos, pese a que el tema ha generado gran expectativa entre los contribuyentes. 

• En la primera semana, la comisión no se reunió, y solo se llevó a cabo una mesa técnica enfocada en otra iniciativa. 

• En la segunda semana, durante la sesión del 16 de julio, el presidente de la comisión, el diputado Julio Héctor Estrada, informó que no hubo cuórum suficiente, aunque el tema ya figuraba en la agenda. 

• En la tercera semana, el pasado 23 de julio, la comisión sí se reunió, pero no abordó el tema de la prórroga, según confirmó la Dirección de Comunicación Social del Congreso. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado cuándo será conocida la propuesta. 

SAT llama a evitar dejar el pago para último momento 

El superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, indicó que el 56% de los propietarios ya cumplió con el pago del impuesto, lo que equivale a unos 3.4 millones de vehículos. Sin embargo, aún restan 2.7 millones de automotores pendientes, por lo que hizo un llamado a no esperar hasta el último día.

¿Qué pasa si no se paga el Impuesto de Circulación a tiempo?

Si el contribuyente no realiza el pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) antes del 31 de julio de 2025, se enfrentará a sanciones económicas: 

• Multa del 100% del impuesto omitido: por ejemplo, si debía pagar Q150, la multa será Q150 adicionales. 

• Sanción diaria por mora: a partir del 1 de agosto, se aplicará un recargo diario, calculado así: 
  Impuesto omitido x 0.0005 x número de días de mora. 

Panorama general del parque vehicular en Guatemala 

Según datos de la SAT al 22 de julio de 2025: 

• Total de vehículos registrados: seis millones 115 mil 208 

• Vehículos particulares: dos millones 689 mil 705 

• Motocicletas: tres millones 030 mil 406 

• Vehículos comerciales: 395 mil 097 

Avance de la recaudación 2025

Según datos de la SAT al 22 de julio de 2025: 

• 56% del total ya pagó el ISCV (equivalente a 3.4 millones de vehículos). 

• 44% sigue pendiente (2.7 millones de vehículos). 

• Monto recaudado: Q853.95 millones (un mil 228.50 millones es la meta del año)

¿Qué deben tener en cuenta los contribuyentes? 

1. El plazo vigente vence el 31 de julio de 2025. 

2. Hasta la fecha, el Congreso no ha aprobado ninguna prórroga oficial. 

3. Quienes no paguen antes de esa fecha enfrentarán multas automáticas. 

4. La SAT recomienda pagar lo antes posible para evitar saturaciones en la plataforma.

Más de 25 congresistas demócratas enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, para demandarle que remueva el gravamen del plan presupuestario y fiscal que impulsa el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y que la Cámara Baja debate esta semana.

El presidente del CHC, Adriano Espaillat, denunció en un pronunciamiento que “la propuesta no es más que un ataque directo a las familias inmigrantes”.

“Fiscalizar las remesas – ayudas que apoyan alimentación, albergue y educación de sus beneficiarios – es discriminatorio, económicamente peligroso y moralmente indefendible. Va en contra de los valores americanos y sienta un precedente peligroso”, manifestó Espaillat, quien representa a Nueva York y es de origen dominicano.

La iniciativa aplicaría un gravamen del 5% a las remesas transferidas desde Estados Unidos al exterior, lo que impactaría a países como México, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Haití, pues tan solo en estos últimos tres países estos envíos representan el 30 % de los ingresos nacionales, según el CHC.

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Los demócratas consideraron la medida “discriminatoria” porque los estadounidenses estarán exentos del impuesto, que afectaría a más de 40 millones de personas, incluyendo a residentes con ‘green card’ y otros portadores de visados de no inmigrantes.

El CHC apuntó que “el rechazo ya se ha hecho sentir”, al señalar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ya denunció que el impuesto incumple un tratado vigente desde 1994 para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y México, que recibió un récord de casi US$65 mil millones en remesas en el 2024.

Por ello, los congresistas señalaron que el impuesto “dañaría de gravedad” las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos, “en especial con aquellas naciones que dependen fuertemente de las remesas para sostener sus economías”.

El ingreso de remesas familiares en Guatemala llegó al cierre del 2024 a US$21 mil 512 millones y representa alrededor del 19% del producto interno bruto (PIB), según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

A abril del 2025 los ingresos se registraron en US$1,984.6 millones, y se sitúa como el segundo mes con mayor monto en el año, después de que marzo superó los US$2 mil 003 millones.

Este año el crecimiento de ingresos de remesas al país ha sido a dos dígitos, impulsado por la incertidumbre y temor generados por las políticas migratorias al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.

En Guatemala la Junta Monetaria y el banco central decidieron ajustar al alza las proyecciones de crecimiento de las remesas en el 2025 pasando de 6% estimado inicialmente a 9%, son lo que se situaría en US$23 mil 466 millones, aunque las previsiones de crecimiento económico del país se ajustó a la baja.

Respecto del impuesto del 5% que se impulsa en Estados Unidos, analistas advirtieron que al implementarse un impuesto al envío de remesas en Estados Unidos podrían darse varios escenarios, uno que la persona migrante absorba dicho costo pero que él disminuya su consumo o debe buscar un segundo empleo, o que reduzca el envío y afecte el consumo de sus familiares en Guatemala.

Colegios privados solicitan al Congreso restablecer beneficios para maestros; el Irtra cita impedimento constitucional

Representantes de colegios privados entregaron al Congreso un expediente con firmas de personal de varios centros educativos en el que solicitan que se les incluya en los beneficios del Irtra, mientras el Instituto explica que la Constitución no lo permite.

Glenda Burrión

21 de febrero de 2025 | 18:44h

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El 20 de febrero de 2025, la ACP entregó al Congreso un expediente con más de 2,600 firmas denunciando la violación de derechos laborales por parte del Irtra hacia empleados de colegios privados. (Foto, Prensa Libre: Carlos Hernández)

El 20 de febrero del 2025, representantes de la Asociación de Colegios Privados (ACP) entregaron al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, un expediente respaldado por más de 2 mil 600 firmas de personal docente, administrativo y operativo de 37 centros educativos privados en el que solicitan ser incluidos en los beneficios del Irtra.

En este documento, según los maestros tras la emisión del acuerdo 3-2024 por parte de la Junta Directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (Irtra),  no pueden acceder a los servicios del Instituto.

Jorge Mario Chajón, asesor de la Presidencia del Irtra, explicó que durante el proceso de actualización de la Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) se analizó detalladamente cada artículo y, como resultado, los asesores legales concluyeron que, conforme al Artículo 12 de la ley del Irtra y los Artículos 73 y 88 de la Constitución Política de Guatemala, los centros educativos están exentos de todo tipo de impuestos, incluyendo el de recreación.

Como resultado, al no poder cobrarles dicho impuesto, el Instituto argumenta que los trabajadores de estas instituciones no pueden seguir gozando de los beneficios de este. En otras palabras, el artículo 12 no fue modificado, sino que su aplicación se ajustó para cumplir con las disposiciones constitucionales vigentes. 

La ACP ha solicitado al Legislativo que, en virtud del artículo 168 de la Constitución, cite a los miembros de la Junta Directiva del Irtra para que expliquen las razones detrás del acuerdo 3-2024 y aclaren por qué, si los centros educativos están exentos del pago del Impuesto de Recreación, sí recibieron dichos pagos desde la aprobación de la Constitución Política de Guatemala, en 1986.

Asimismo, proponen una reforma a la Ley de Creación del Irtra, Decreto 1528, para introducir una “contribución voluntaria” que garantice el acceso a la recreación de los trabajadores de colegios privados. 

En respuesta, el presidente del Congreso aseguró que abordarán el tema con celeridad y solicitarán una reunión con representantes del instituto de recreación para abordar el tema.

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No obstante, el Irta hizo ver que una reciente reforma aprobada por el Congreso a la Ley de Creación del Irtra no tiene que ver con la disposición en torno al personal de los colegios, sino que esto último surge a partir de un análisis y de lo que establece la Constitución Política de la República.

Reforma en el Congreso

En abril del 2024, el Congreso de la República aprobó el Decreto 9-2024, que reformó la Ley de Creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra).

Estas reformas únicamente se centraron en facilitar los procesos de compra y contratación para nuevos proyectos, además de otorgar nuevas atribuciones a la Junta Directiva del instituto.  

Uso de carnés

Voceros de la ACP explican que, aunque el Irtra había comunicado que los empleados de colegios privados con carnés vigentes podrían utilizarlos hasta su fecha de expiración, sin posibilidad de renovación posterior, a partir del 18 de febrero varios colegios comenzaron a recibir cartas del Instituto de Recreación que sugerían una inhabilitación completa de los carnés. 

La ACP también argumenta que la decisión del Irtra es “arbitraria y discriminatoria”, contraviniendo los principios constitucionales de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, tal como lo establece el artículo 106 de la Constitución.  

La asociación, también, destaca que, durante más de 40 años, los colegios privados han contribuido al Irtra y ahora sus empleados se ven privados de los beneficios de recreación que históricamente han disfrutado.

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Glenda Burrión

30 de enero de 2025 | 16:00h

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El Irtra suspendió la renovación de carnés para trabajadores de colegios privados, generando un debate entre la institución y la Asociación de Colegios Privados sobre la legalidad de la medida. (Foto Prensa Libre: Irtra)

En abril de 2024, el Congreso aprobó el Decreto 9-2024, que afectó a los trabajadores de colegios privados al eliminar el cobro del impuesto al Irtra y dejar de renovar los carnés una vez vencidos.

Esto impactó a muchos docentes, especialmente a aquellos que renuevan su contrato en enero, ya que el acceso a los beneficios de los parques de recreación depende de su relación laboral.

El Irtra argumenta que, por una disposición constitucional, no puede cobrar un impuesto al sector educativo, incluyendo colegios y universidades, y por eso no puede extender los beneficios de recreación a sus trabajadores.

Esto ha generado un debate, ya que la Asociación de Colegios Privados (ACP) sostiene que esta exclusión viola los derechos adquiridos desde hace 40 años, mientras que el Irtra defiende su postura de que la ley no le permite otorgar el beneficio a instituciones exentas del impuesto de recreación.

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Imposibilidad de modificar la ley 

El asesor de la presidencia del Irtra, Jorge Mario Chajón, enfatiza que, aunque se reformara la Ley del Irtra, la exención es un mandato constitucional, por lo que el único camino legal para revertir la decisión sería una reformar la misma Constitución. “Ninguna ley está por encima de la Constitución”, asegura.

Desde su creación en 1962, el Irtra estableció que el aporte financiero provendría exclusivamente de los empleadores, fijando una contribución o impuesto equivalente al 1% de la planilla reportada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss).

En aquel entonces, los colegios privados manifestaron interés en formar parte del sistema y se les incluyó dentro del esquema de aportación. Sin embargo, las universidades quedaron fuera desde un inicio, en cumplimiento del Artículo 88 de la Constitución. 

Chajón comenta que, con la reforma constitucional de 1985, el Artículo 73 amplió la exención a los colegios privados, pero en su momento no se realizó ninguna modificación en la forma en que se les cobraba el impuesto. “Nadie reparó en que debíamos dejar de cobrar el 1% a los colegios, por lo que la relación continuó como si nada hubiese cambiado”, indica. 

En 2024, al revisar la normativa en el marco de reformas a la Ley de Creación del Irtra, el equipo legal de la institución identifica esta contradicción y sugiere suspender el cobro. “Así como los colegios no pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni Impuesto al Valor Agregado (IVA), tampoco podemos cobrarles el 1% para el Irtra”, afirma Chajón. 

No obstante, el instituto de recreación reafirma su compromiso con la comunidad de afiliados en general: “desde hace tiempo hemos implementado medidas para ampliar el acceso de las familias a nuestros parques, como permitir que cada afiliado pueda ingresar con un acompañante externo. Pero, en el caso de los colegios, ahora que somos conscientes del incumplimiento legal, debemos respetar la ley”, agrega. 

Una posible “solución” 

Chajón comparte que, recientemente, durante una entrevista, alguien sugirió la opción de crear o contratar una empresa terciaria (outsourcing) para gestionar todo el personal del colegio a través de esta, preguntándose si podrían incluirlos como afiliados. Según Chajón, si la empresa es creada legalmente y conforme al Código de Comercio, podría brindarse el beneficio, ya que la relación se establecería entre una empresa privada (lucrativa) y el Instituto de Recreación. 

No obstante, las implicaciones legales y laborales de crear una figura empresarial de este tipo, o de contratar a la empresa, deben ser evaluadas con sumo cuidado por cada propietario de los centros educativos. Incluso debería considerar si hacer este cambio podría afectar alguna normativa del Ministerio de Educación (Mineduc).

“Entendemos que son 50 mil empleados de centros educativos, y lamentamos no poder seguir brindándoles el servicio. Sin embargo, cuando se creó el Irtra en 1962, no existía el artículo que excluía a los colegios del pago de impuestos. Luego, al modificarlo en 1985, se incluyó esa exclusión, pero nadie reparó en esto hasta 2024. No se trata de arbitrariedad, simplemente estamos cumpliendo con la ley”, afirma Jorge Chajón. 

Postura de la Asociación de Colegios Privados 

Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala (ACP), expresa su preocupación por la decisión del Irtra. Explica que, después de enterarse por medio del Diario Oficial sobre las modificaciones del 2024, sostuvieron una reunión virtual con un representante del instituto para conocer los motivos de la medida. A partir de ello, el equipo legal de la ACP comenzó a buscar alternativas para que los trabajadores de los colegios no perdieran el beneficio. 

En enero de 2025, la ACP envió una carta a la junta directiva del Irtra para presentar una propuesta y permitir que el personal docente y administrativo de los colegios siguiera afiliado. Sin embargo, la respuesta del Irtra fue negativa y no les concedieron un espacio para reunirse.

“Sabemos que la Constitución prohíbe el cobro obligatorio de impuestos a los centros educativos, pero queremos contribuir de manera voluntaria con el 1% para seguir siendo parte del sistema“, indicó Brown. 

Al proponerles la posibilidad de que los colegios contraten a su personal a través de una empresa terciaria, como se ha sugerido recientemente, Marcos Palma, asesor legal de la ACP, indica que esa posibilidad la habían evaluado pero no la consideran posible por las implicaciones legales que puedan ocasionar:

• El Ministerio de Educación mantiene un control estricto sobre el personal contratado en los centros educativos.
• Las implicaciones laborales podrían verse afectadas por el Ministerio de Trabajo, ya que están reguladas por la normativa vigente.
• Esto podría considerarse como un fraude a la ley

Palma, añade que lo que más les ha desconcertado es que, en ningún momento, ni antes ni después, las autoridades de la institución se acercaron para exponerles la situación: “nos enteramos por la publicación oficial del decreto. Esto da la impresión de que no existe voluntad por parte de las autoridades para negociar o establecer una mesa de diálogo” declara el abogado de la ACP.

Por último Brown, enfatiza que su prioridad es establecer un diálogo con el Irtra para buscar una solución viable. “Nos preocupa el bienestar emocional de nuestros trabajadores, que han disfrutado de este beneficio por décadas”, concluye. 

Alternativas y compromiso del Irtra 

El Irtra mantiene su apoyo a la comunidad educativa, explica Chajón, “anualmente, más de 300 mil estudiantes de todo el país visitan sus instalaciones con entrada gratuita, cubriendo únicamente el costo del almuerzo que es asequible”.

“Nuestro objetivo no es perjudicar a nadie ni generar complicaciones. Simplemente estamos cumpliendo con la ley”, asegura Chajón. También indica que el Irtra evaluará la posibilidad de ofrecer promociones especiales para los colegios, aunque reconoce que no es lo mismo que contar con un carné de afiliado para ingresar con libertad. 

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Más de 50 mil maestros y personal de colegios privados en Guatemala quedaron excluidos de beneficios del Irtra, denuncia la Asociación de Colegios Privados (ACP) y piden a las autoridades del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Iniciativa Privada (Irtra) que reconsideren la decisión.

Glenda Burrión

29 de enero de 2025 | 11:14h

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El parque temático del Irtra Xocomil, ubicado en Retalhuleu, cuenta con piscinas y juegos acuáticos. Es uno de uno de los más visitados. (Foto, Prensa Libre: cortesía Irtra).

En abril de 2024, el Congreso de la República aprobó el Decreto 9-2024, el cual introdujo cambios que impactaron directamente a los trabajadores de colegios privados. A partir de esa fecha, se les dejó de cobrar el impuesto correspondiente al Irtra, y se estableció que los carnés no serían renovados una vez vencieran. 

Es probable que, con el inicio del nuevo ciclo escolar en enero, muchos docentes observaron que los carnés expiraron y no pudieron renovarlos. Esta situación afectó especialmente a quienes renuevan su contratación en el primer mes del año, ya que el acceso a los beneficios del Irtra está vinculado a su relación laboral. 

Con la proximidad de la Semana Santa, muchos trabajadores de colegios podrían estar ya organizando las actividades y eventos programados para esas fechas. 

La postura de la ACP sobre la exclusión 

La ACP sostiene que el Irtra fue creado como un beneficio social para todos los trabajadores del sector privado sin distinción. En su comunicado, la asociación califica la decisión de la entidad como “arbitraria” y contraria a los principios constitucionales y las leyes laborales vigentes. 

Desde hace 40 años, los docentes y personal de colegios privados han gozado de estos beneficios, que incluyen el acceso a centros recreativos financiados con aportes de los empleadores del sector privado. Su exclusión, según la ACP, representa un retroceso en la calidad de vida y bienestar integral de estos trabajadores. 

Ante esta situación, la ACP insta a las autoridades del Irtra a reconsiderar su postura, privilegiando el diálogo como vía para resolver las diferencias y reinstalar los beneficios de recreación para los docentes y personal administrativo y operativo de colegios privados, en cumplimiento con la ley. 

Irtra justifica la exclusión por disposición constitucional 

Por su lado, las autoridades del Irtra explicaron en un comunicado que la institución fue creada por iniciativa de la empresa privada de Guatemala con el objetivo de brindar a sus trabajadores espacios de recreación sana y familiar. 

Según el Irtra, desde su fundación se estableció que las empresas que contribuirían con el impuesto de recreación debían ser entidades lucrativas y legalmente constituidas. Además, argumentan que la Constitución de la República de Guatemala, en sus artículos 73 y 88, exime al sector educativo del pago de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepciones. 

El Irtra sostiene que, debido a esta disposición constitucional, no puede legalmente cobrar un impuesto al sector educativo, incluyendo colegios y universidades, lo que justifica la exclusión de sus trabajadores del beneficio de recreación. 

El tema ha generado un debate entre los sectores involucrados. Mientras la ACP insiste en que la exclusión es una violación de los derechos adquiridos por los docentes y personal administrativo, el Irtra mantiene su postura de que la ley no le permite extender el beneficio a instituciones exentas del pago del impuesto de recreación.

Cambios en el Irtra: Trabajadores de colegios privados ya no gozarán del beneficio por razones legales

En abril de este año, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 9-2024, que actualiza las reformas a la ley de creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Iniciativa Privada (Irtra). Este cambio otorga mayor libertad en la gestión y administración del instituto. 

Glenda Burrión

3 de septiembre de 2024 | 16:33h

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las reformas a la ley de creación del Irtra otorga mayor libertad en la gestión y administración del instituto. (Foto Prensa Libre: Irtra)

En redes sociales ha circulado que en la reforma recientemente aprobada se incluyó un cambio en el artículo 12 de la ley del Irtra y se excluyó a los colegios.  

No obstante, Jorge Mario Chajón, asesor de la presidencia del Irtra, aclara que esto no es así. Explica que, desde la fundación de instituto se dictaminó que las entidades que se dedican a actividades sin fines de lucro o labores sociales, como asociaciones, fundaciones, iglesias, organizaciones no gubernamentales (ONG) y centros educativos, están exentas del pago del impuesto de recreación. 

El asunto es que, tras la aprobación del Decreto 9-2024, la institución realizó un estudio legal profundo para elaborar nuevos reglamentos y manuales internos adaptados a la nueva reforma aprobada por el Congreso. 

Uno de los hallazgos fue que los colegios están catalogados como centros de cultura y gozan de exención de toda clase de impuestos y arbitrios, de acuerdo con el Artículo 73 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto significa que el Irtra no puede exigirles el pago de la cuota de afiliación, ni los patronos dueños de colegios pueden optar por pagarla de forma voluntaria. 

Con mucho pesar, comenta Chajón, los directivos debieron excluir a los colegios como parte de sus afiliados, dejando de cobrarles la cuota y, por lo tanto, estos centros ya no podrán contar con este beneficio. 

Para facilitar la transición y no perjudicar de manera inmediata a los colegios afiliados, los empleados que posean carné vigente podrán continuar disfrutando de los beneficios hasta su fecha de expiración. Una vez vencido el carné, ya no se renovarán. 

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Cambios acordes a las necesidades  

El Irtra no forma parte de los ingresos o egresos del Estado, ya que sus recursos son propios. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas Públicas aún debía autorizar la ejecución presupuestaria. La adhesión a los procesos estatales limitaba y retrasaba las gestiones, además de incrementar los costos debido a las largas esperas para la aprobación, explicó Ricardo Sinibaldi en una entrevista con Prensa Libre en marzo pasado.   

Jorge Mario Chajón destacó la importancia de estas modificaciones, calificándolas como un hito que otorga mayor libertad y autonomía a la institución. Enfatizó que los cambios están enfocados en mejorar tanto el proceso administrativo como el de operación. En síntesis, los cambios son:

• Establecer nuevas atribuciones e integración para la Junta Directiva, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión y el cumplimiento de sus funciones.  Al momento de la formación del Irtra, se determinó que la Junta Directiva estaría compuesta por 8 representantes titulares de diversas instituciones, representando a 5 sectores diferentes.  Sin embargo, algunas de estas entidades ya no existen, y la junta ha estado incompleta. Por ello, se considera necesario actualizar su estructura para que refleje la realidad actual. 

• Facilitar los procesos de compra y contratación para la ejecución de nuevos proyectos, otorgando a la institución mayor libertad para realizar inversiones y planes de expansión. Anteriormente, el Irtra debía adherirse a los procedimientos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. 

#AHORA: los diputados discuten por artículos y redacción la #Iniciativa6314, que promueve reformas a la Ley de Creación del @IRTRAfelicidar.

#XLegislatura pic.twitter.com/ze0DP8yqAI

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) April 4, 2024

A partir de ahora el instituto emitirá el carné para sus afiliados correspondientes sin costo alguno. Las reformas permitirán acelerar los tiempos y optimizar los costos de los proyectos, Chajón compartió algunos de estos son:

• Centro de Recreación de Agua Caliente, en El Progreso. Hasta el momento, solo se ha utilizado el 15 por ciento del terreno. En un plazo de 3 años, se desarrollará un nuevo centro recreativo que incluirá un hotel, un área termal, un restaurante, zonas para actividades mecánicas, y espacios para juegos y actividades al aire libre. Con esto, se espera ocupar el 100 por ciento del terreno. 

• Xocomil, en Retalhuleu. En 2 años se espera que el centro duplique su espacio. La temática para la nueva área será la danza maya, que incluirá la construcción de juegos mecánicos, piscinas, y un restaurante a la carta. 

• Mundo Petapa, también se remodelará y se espera la incorporación de una pista de patinaje sobre hielo, un área de espectáculos y un centro de entretenimiento familiar. Y a en 5 años se espera que cuente con un centro comercial.  

• En 8 años se espera la inauguración de aeropuerto de categoría internacional en Retalhuleu. 

Historia del Irtra 

En 1962, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores de Guatemala (Irtra) mediante el Decreto 1528. El primer parque que abrió sus puertas fue Amatitlán; le siguió, Agua Caliente en El Progreso; y el tercero, Mundo Petapa en la ciudad de Guatemala.

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De acuerdo con los datos proporcionados por Mario Chajón, al 01 de septiembre del 2024 el Irtra ha recibido la visita de más de 2.5 millones de asistentes. De este total, el 70 por ciento es afiliados. La asistencia se desglosa de la siguiente manera: 

• Parque Mundo Petapa: 912 mil 976 

• Parque Acuático Xocomil: 747 mil 970 

• Parque de diversiones Xetutul: 583 mil 861 

• Parque de aventuras Xejuyp: 167 mil 047 
• Parque Amatitlán: 140 mil 132 

Tan duras son las consecuencias, que algunos expertos argumentan que ante una situación tan excepcional, se requieren soluciones excepcionales, como, por ejemplo, la creación de un “impuesto a las ganancias extraordinarias” de las empresas, inspirada en un gravamen que se aplicó durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Básicamente, este impuesto -uno de los muchos que se han sugerido en estos meses- apunta a que todas aquellas empresas que han aumentado sus ganancias durante el período de la pandemia, paguen más impuestos.

¿Qué empresas?: las grandes farmacéuticas y las firmas tecnológicas, entre muchas otras compañías, cuya rentabilidad se ha disparado desde que el coronavirus se propagó por el mundo.

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“Es hora de revivir el impuesto a las ganancias extraordinarias en tiempos de guerra para evitar el enriquecimiento oportunista“, argumenta Reuven Avi-Yonah, profesor de Derecho y director del Programa Internacional de Impuestos de la Universidad de Michigan.

“Es inadmisible que algunas corporaciones se beneficien. La mayoría está perdiendo por la pandemia y todos nosotros, los contribuyentes, estamos gastando dinero para ayudar a la gente que más lo necesita”, le explica a BBC Mundo.

Economistas como Emmanuel Saez y Gabriel Zucman -cercanos al autor francés Thomas Piketty-, y algunos abogados expertos en política tributaria también consideran la idea atractiva.

El objetivo, indican, es que el gigantesco costo económico de la pandemia sea un esfuerzo compartido.

Hasta ahora, gobiernos y bancos centrales han inyectado miles de millones de dólares para reactivar el consumo, responder a la falta de respiradores y camas, ayudar a las familias más vulnerables, a los desempleados y a las empresas afectadas por la paralización de la actividad económica.

Y una parte importante del gasto fiscal ha sido financiado con deuda que podría llegar a convertirse en una bomba de tiempo.

La gran duda es qué va a pasar cuando se acaben los subsidios de emergencia y no existan nuevos puestos de trabajo, dónde vivirá la gente que no puede pagar el arriendo o la hipoteca de su casa, o qué harán las personas con la despensa vacía. Preguntas que siempre surgen en momentos de crisis, tal como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial.

La historia de un impuesto de guerra

En la época del conflicto, los gobiernos buscaron todos los caminos posibles para financiarlo y uno de ellos fue el impuesto a las ganancias extraordinarias, aplicado por países comoReino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Italia y Estados Unidos.

Aunque tenía variantes y excepciones dependiendo de cada país, el objetivo era el mismo: contribuir al pago de la guerra y evitar que algunas empresa se beneficiaran, mientras el resto estaba en la ruina.

En el caso británico, al ver que algunos sectores estaban obteniendo una alta rentabilidad –particularmente los fabricantes de armas– el gobierno introdujo un impuesto a las ganancias extraordinarias (comparadas con las ganancias que tenía la empresa en antes de la guerra) de 50%.

Esa tasa fue aumentada al 80% en 1917 y fue eliminada en 1921. En aquella época no hubo mucha resistencia, ya que las personas lo asumían como parte de su “deber patriótico”.

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Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, este gravamen volvió a ser implementado, con una tasa de 100% para las ganancias extraordinarias producto del conflicto.

El gobierno lo utilizó junto a otros impuestos para financiar parte de los gastos de la guerra. Reino Unido no gozaba de una buena salud económica, y requería utilizar todas las opciones a su alcance. En ese sentido, la medida fue considerada un éxito porque logró recaudar lo que se esperaba.

Sin embargo, el gasto bélico era tan gigantesco, que la principal vía para conseguir fondos no fue la recaudación tributaria, sino el endeudamiento fiscal.

“Reino Unido quedó en la bancarrota luchando en la guerra”, escribió Margaret MacMillan, profesora de Historia Internacional en la Universidad de Oxford.

Estados Unidos siguió el mismo camino

En 1918 Estados Unidos también decidió aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias que, en una escala progresiva, llegó hasta un máximo de 80%. Y en la Segunda Guerra Mundial, llegó a ser de 95%.

Gravaba las ganancias directas e indirectas vinculadas con la guerra, mientras que la rentabilidad obtenida dentro de los niveles previos al conflicto armado se mantenía a la tasa corporativa normal de 21%.

“Fue un impuesto considerado exitoso. Recaudó una gran cantidad de ingresos públicos y fue políticamente popular.”, le dice a BBC Mundo Avi-Yonah.

El dinero recaudado por el gravamen contribuyó al financiamiento de los gastos bélicos y al posicionamiento de Estados Unidos como una de las grandes potencias en el nuevo orden mundial.

¿Nacional o internacional?

En Europa también existen voces que apoyan la propuesta de aplicar este gravamen de guerra en la actualidad.

“Hay empresas aprovechándose de la pandemia. Este impuesto es un asunto de solidaridad nacional“, afirma George Turner, director de la organización británica sin fines de lucro TaxWatch, en diálogo con BBC Mundo.

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Pero frente a la idea de promover la solidaridad nacional, hay académicos que sostienen que este impuesto solo puede tener éxito si se aplica internacionalmente.

“La economía covid es como la economía de guerra”, le comenta a BBC Mundo Allison Christians, experta en Derecho Tributario de la Universidad McGill, en Montreal, Canadá.

El problema, advierte, es que este impuesto probablemente no funcionará si se implementa a nivel nacional porque las empresas transfieren sus capitales a países con bajos impuestos.

Es por eso que Christians propone un impuesto a las ganancias extraordinarias que se implemente a nivel global para evitar la fuga de capitales.

“Una idea ridícula”

Pero no todos apoyan el impuesto extraordinario.

“Ese tipo de idea es ridícula”, sostiene Chris Edwards, director de Estudios Tributarios del Cato Institute, en Washington, D.C, en diálogo con BBC Mundo.

El problema en una situación como la actual, dice, no es el exceso de ganancias, sino la escasez de ganancias en millones de pequeñas y grandes empresas, que debido a la crisis están despidiendo personas y reduciendo la inversión.

Según él, “subir impuestos durante una recesión no tiene sentido”, ni desde una perspectiva conservadora, ni desde una liberal-keynesiana.

Al final, argumenta, todos los impuestos corporativos recaen de alguna manera sobre las personas, ya sea como accionistas, trabajadores o consumidores.

Si en este contexto de pandemia un gobierno quiere aumentar los ingresos fiscales, agrega, es más simple y transparente hacerlo directamente con las personas -y preferiblemente eliminando complejas deducciones y créditos-, no aumentando las tasas, advierte.

“La historia tiende a repetirse”

Scott Hodge, presidente del centro de análisis estadounidense Tax Foundation, experto en política tributaria, presupuesto federal y gasto público, explica que históricamente el objetivo del impuesto a las ganancias extraordinarias ha sido penalizar a las empresas por su rentabilidad o recuperar las ganancias obtenidas a través de contratos gubernamentales durante el período de emergencia.

El problema, indica, es que en épocas de guerra “esos impuestos finalmente se aplicaron a la mayoría de las empresas”, incluso a aquellas que no tenían conexión con el conflicto bélico.

“Terminó desincentivando el emprendimiento y perjudicando a la economía“, apunta.

De hecho, argumenta, la última vez que el gobierno estadounidense aplicó este tipo de impuesto, fue cuando los precios del petróleo se dispararon a fines de la década de los 70 y principios de los 80.

Y en esa ocasión, afirma, el impuesto deprimió a la industria petrolera nacional y recaudó mucho menos ingresos de lo previsto.

“Deberíamos esperar un resultado similar” si se aplica un nuevo impuesto a las ganancias pandémicas dirigido a las empresas tecnológicas y farmacéuticas, opina Hodge.

“La historia fiscal tiende a repetirse”.

Hasta ahora, han surgido distintas propuestas para crear algún tipo de “impuesto covid” que permita financiar los enormes gastos de la crisis.

Muchas apuntan a gravar temporalmente los ingresos o la riqueza de las personas que tienen más dinero, mientras dure la crisis económica derivada de la pandemia. El debate de fondo sigue siendo, ¿quién va a pagar el costo de la pandemia?.

Y esa pregunta seguirá dando vueltas, probablemente, por un largo tiempo.

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Se incluye vehículos particulares, motocicletas y vehículos comerciales.

En el año se ha logrado recaudar Q562.58 millones de los Q920.20 millones previstos en la meta.

Del total de la meta anual se había proyectado Q798.57 solo en julio.

La SAT reitera el llamado a los contribuyentes que no dejen para el último momento el pago del ISCV, refirió por medio de la oficina de relaciones públicas.

Además recordó que a partir del 1 de agosto se estarán inhabilitando los vehículos que cumplen tres años de morosidad. En esta situación hay unos 85 mil vehículos, según datos de la semana pasada, agregó esa entidad.

Recuerde cómo pagar el impuesto de circulación

El ISCV debe pagarse del 1 de enero al 31 de Julio de cada año, sin multas.

Luego de ese plazo el contribuyente deberá pagar multa del 100% sobre el ISCV del impuesto correspondiente al 2018.

Además los vehículos que a esa fecha completen tres o más períodos de morosidad de ese impuesto serán inhabilitados por la SAT.

• El contribuyente puede consultar el monto que debe pagar de impuesto en el portal de la SAT.
• Dicho tributo se paga con el formulario Declaraguate SAT-4091 llamado Vehículos Circulación.
• El Contribuyente debe generar la Boleta SAT-2000 y posteriormente pagarla en un banco ya sea en ventanillas o en servicio en línea si la entidad bancaria brinda esa opción.
• Antes de realizar el pago del ISCV debe estar solvente de las infracciones de tránsito. En este enlace de la SAT puede verificar solvencia de multas de tránsito.
• Algunas entidades bancarias piden al contribuyente el boleto de ornato, y otras la tarjeta de circulación.

La multa se puede rebajar hasta 75% si el contribuyente después de vencido el plazo ordinario se presenta voluntariamente a pagar.

La tabla, para el ISCV fue autorizada en el acuerdo 27-2017 de  SAT esa misma se usa para el IVA de enajenación de vehículos (acuerdo 28-2017).

En esa lista aparece el impuesto a pagar según las reformas del 2012  que va desde el 0.2% hasta el 2% sobre el valor imponible del automotor incluido en dicha tabla.

Sin embargo la SAT aclara que para efectos del pago del ISCV “se debe aplicar el 50% de reducción sobre el monto del impuesto determinado en esta tabla; según Artículo 5 Decreto 1-2013”.

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Nuestra solidaridad con los compatriotas que perdieron a sus seres queridos por la erupción del Volcán de Fuego y que sus terrenos prácticamente quedaron sin poder usarse, ya que están soterrados bajo toneladas de flujo volcánico. Sumamente lamentable la situación y para no complicar la condición de los damnificados, las municipalidades que cobran y administran el impuesto único sobre inmuebles (IUSI) deben tomar acciones inmediatas respecto al valor de los inmuebles ya que para disminuir o dejar sin valor esos inmuebles se deben seguir y aplicar las disposiciones legales que la ley respectiva les otorga, porque si los valores sobre los cuales se pagaba el IUSI permanecen iguales, seguirá generándose el mismo valor del impuesto territorial, perjudicando así a la población que fue afectada. La Ley del IUSI y las disposiciones conexas en materia del impuesto sobre inmuebles, faculta a las municipalidades emitir la disposición legal correspondiente, tendente a rebajar los valores de los mismos.

El decreto 15-98 que es el que contiene la Ley del IUSI, le da la potestad a las municipalidades para determinar una nueva base imponible para el cálculo del impuesto, en este caso, establecer un nuevo valor a los inmuebles afectados por el desastre ocasionado por el volcán. El artículo 4 dispone que para considerar el decremento del valor de los inmuebles, los factores pueden ser hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales. Otra de las figuras legales con que cuentan las municipalidades es la facultad que les otorga el artículo 5 de hacer avalúos directos de los inmuebles, conforme el manual de avalúos elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas y mediante los procedimientos previamente aprobados por el Concejo. Adicional a las normas indicadas, también se cuenta con la disposición del artículo 7 que se refiere a la disminución del valor del inmueble y este establece que en caso que un inmueble sufriere deterioro que produzca disminución parcial de su valor, por causas comprobables, el propietario podrá presentar la solicitud al ente administrador, para que se modifique el valor en la matrícula fiscal, una vez verificados los hechos. Para los casos del desastre ocasionado por el volcán, el inconveniente de este procedimiento es que la solicitud la debe presentar el afectado, pero en las actuales circunstancias las personas afectadas no están pensando en este tema, razón por la cual la o las municipalidades deben tomar la iniciativa, a efecto que los propietarios o poseedores no tengan problemas con el pago del referido impuesto, ya que mientras no se decreten las disposiciones legales correspondientes, el valor de los inmuebles permanecerá en los registros correspondientes y obviamente causando también el IUSI.

Otra de las ayudas que se puede brindar a los afectados sería la iniciativa por parte del Congreso de la República, a efecto que emita una ley concediendo la exoneración del IUSI para los lugares afectados, entre tanto las municipalidades realicen la actualización del valor de los respectivos inmuebles tendentes a disminuir el valor de los mismos y que en algunos casos podría ser la disminución total y con ello se estaría liberando a los afectados del pago del referido impuesto.

Es importante indicar que la disminución del valor del inmueble, la puede solicitar cualquier propietario o poseedor del mismo, si considera que el bien ha sufrido deterioro que menoscabe el valor declarado en la matrícula fiscal.

POR SI SE LO PERDIO

Venezuela vuelve la normalidad poco a poco

Bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela vive una tormenta financiera aliñada por la caída en los precios y la producción del crudo -su principal fuente de financiación- y más recientemente por las sanciones que han impuesto gobiernos como el de Estados Unidos y Canadá.
Todo ello, junto a la depreciación acelerada del bolívar frente a otras monedas, ha hecho que los precios de los productos suban semanalmente y que los bancos privados y públicos amanezcan a diario colmados de decenas de ciudadanos que necesitan billetes para operaciones que siguen sin permitir el pago electrónico.
Frente a esta realidad el Ejecutivo insiste en culpar a la oposición, al “imperialismo” y a los empresarios del sector privado de mantener en conjunto una “guerra económica” y un “cerco financiero” contra la Revolución Bolivariana, en el poder desde 1999 y con el monopolio en el manejo de las divisas desde 2003.
Aunque la gubernamental Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) no reconoce déficit alguno en las cantidades actuales de efectivo, ha emprendido una afanosa campaña para promover la migración de las transacciones mercantiles a las plataformas digitales.

No obstante, la escasez de dinero físico se evidencia en el día a día de los venezolanos con las colas a las afueras de los bancos -que distribuyen los billetes de forma racionada-.
También se evidencia en el hecho de que ciudadanos particulares ofrecen, cada vez con más frecuencia, entregar efectivo a cambio de del pago de un monto superior vía transferencia electrónica.
Estos particulares puede cobrar, por ejemplo, hasta 150 mil bolívares por entregar un billete de cien mil bolívares.
Quien irremediablemente necesite papel moneda y no disponga del tiempo para cazarlo en entidades financieras verá en el mercado del efectivo una solución expedita, que ahora es ofrecida en círculos sociales y en redes digitales como Facebook, Instagram y Twitter.

Venta de billetes

Anuncios como “Compro billetes de cien mil bolívares” o “vendo efectivo al 25 por ciento” circulan por la nube y se llenan de comentarios de internautas venezolanos interesados en sacar una ganancia de los billetes que tienen, u obtener los que necesiten pero abonando por canales electrónicos un monto superior al que recibirán en físico.
Si bien los habitantes de las 23 entidades federales y del Distrito Capital necesitan en igual medida el efectivo para pagar el transporte público, la gasolina o los servicios de estacionamiento, en las ciudades fronterizas la demanda es mayor dada la operatividad de las casas de cambio.
Estos espacios, principalmente ubicados en la ciudad colombiana de Cúcuta -fronteriza con el estado venezolano de Táchira-, manejan montones de bolívares que a diario son convertidos en unos pocos pesos para quienes cruzan la frontera en búsqueda de comida, remedios o quieren emprender rumbo hacia otros países.
El oficialismo ha dicho que existen “mafias” que operan desde Colombia para extraer los billetes venezolanos y “hacer daño” a la economía, por lo que durante el último año ha endurecido los controles en estas zonas donde las cantidades de dinero físico son evaluadas por militares, y a veces confiscadas.
Otra acción tomada por el chavismo ha sido la fiscalización de miles de comercios para evitar la venta de billetes a través del cobro de comisiones y en este empeño ha multado y detenido varios establecimientos y propietarios, respectivamente.
Esta práctica polémica, sin embargo, sigue registrándose pero con más discreción.
Sin embargo, nada de lo hecho hasta ahora por la Administración de Maduro ha detenido la profundización de la crisis económica y, con ello, la escasez de efectivo se ha acentuado.
Con todo, la inflación acumulada en Venezuela hasta noviembre de este año que alcanzó el 1.369 por ciento, según datos del Parlamento, no ha impedido que algunos hallen rentabilidad en unos billetes devaluados.

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¡Ya no caben! A diario hay 761 carros más en la calle

La mayoría se encuentra en esa lista por el adeudo del Impuestos sobre circulación de vehículos (ISCV) que no han efectuado los propietarios actuales.

Explicó que, aunque se hizo la operación del negocio, nunca se hizo el cambio de propiedad, por lo que ellos siguen apareciendo como propietarios en el registro fiscal de vehículos.

Eso implica que algunos importadores asumieran el pago total del ISCV.

Las estadísticas del primer mes de vigencia de la exoneración de multas, recargos e intereses, —20 de mayo al 20 de junio—, 25 mil 455 contribuyentes se regularon en el ISCV y el recaudo fue de Q14 millones.

Dejadez

Escalante reconoció que el problema se empeoró a los importadores, al estar en rojo en SAT, que no les permite hacer gestiones.

“Por hacer rápido la venta, uno entregaba el carro, con la idea de que el propietario haría la gestión de traspaso; sin embargo, eso nunca ocurrió y las consecuencias están ahora impactando”, dijo.

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El directivo explicó que la mayoría corresponde a vehículos comercializados desde el 2007 a la fecha, con unidades que superan el valor de Q20 mil.

La gremial identificó por lo menos tres razones, del por qué los propietarios no hicieron la enajenación.

1. Los carros han sido o fueron utilizados para fines delictivos, como transporte de drogas y dinero, secuestros así como extorsión.
2. Los compradores se vieron involucrados en algún percance que provocó destrucción total o parcial.
3. Los carros tienen fallas y los compradores ya no los usan.

Algunos importadores, dijo, han optado por desactivar —dar de baja— los carros, pero luego surgen las amenazas entre ambos.

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Jorge López Ovando, intendente de Atención al Contribuyente, explicó que existen fallas, porque el propietario actual debe ser quien tenga el reconocimiento y no otras personas.

“Existe una propuesta de modernizar el registro fiscal de vehículos y solucionar este problema, porque es de años”, dijo.

Además, la municipalidad le envió las notificaciones a una casa desocupada, por lo que supo de la situación semanas después de lo ocurrido y al cuando presentó recursos de revisión y revocatoria, le fueron denegados bajo el argumento que se habían vencido los plazos.

Sempé asegura que el monto de lo cobrado por la comuna ronda los Q100 mil y se le negó la petición de pagar según el avalúo anterior.

Sempé afirma que presentó denuncias y recursos en el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y solicitó apoyo al presidente Jimmy Morales, al Congreso y al presidente del Colegio de Abogados, pero solo la PDH respondió.

“Esto me afecta emocional y económicamente. Hago un llamado a quienes son afectados por el cobro arbitrario de la municipalidad para que presenten sus denuncias”, señala Sempé, quien considera que hay muchas más personas en tal situación.

Rechazo a la forma

El constitucionalista Carlos Molina Mencos, quien ha ganado 23 casos —en diferentes instancias—, relacionados con el IUSI en contra de la Municipalidad de Guatemala, asegura que este tipo de casos ocurren en diversas comunas, pero que es la capitalina que más incurre en la reevaluación de inmuebles a través de un procedimiento que califica como “ajeno a la Ley”.

Mencos argumenta que la municipalidad está facultada para valuar la propiedad una vez que administre el impuesto, pero la de Guatemala constituyó un fideicomiso y con esto delegó a un tercero esa administración y por ello pierde esa facultad.

Además estima que se debe hacer un avalúo directo al inmueble, pero la comuna toma un fotografía aérea para “estimar” el valor.

El experto agrega que según la Ley, todo avalúo que incremente el valor del impuesto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, pero la comuna emitió un acuerdo, que no fue publicado y con el que faculta al subdirector de catastro para aprobarlo.

Mario Fuentes, abogado, refuerza la explicación sobre errores cometidos en los avalúos, y afirma que por esto también ha ganado casos en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad contra la comuna capitalina.

Según Fuentes, la forma de valuar de la municipalidad no se ajusta a la Ley del IUSI, pues en lugar de efectuarse por cada propiedad se hace por zonas, y pese a que se considera “ilegal”, las autoridades de la comuna continúan con esta práctica.

Reunión del Concejo

En las reuniones que el Concejo Municipal capitalino efectuó el 6 y 8 de febrero pasado, se presentaron 17 recursos de revocatoria a las resoluciones emitidas por la subdirección de Valuación Inmobiliaria Municipal de la Dirección de Catastro y Administración del IUSI, de las cuales se aprobaron dos, otras tres se aprobaron de forma parcial y 12 fueron rechazadas.

Durante el 2016, en la PDH se recibieron 10 denuncias relacionadas con este impuesto, y en lo que va del año se ha presentado una. Cuatro de las quejas tienen que ver con exceso de cobro, una por avalúo ilegal, una porque no se da mantenimiento a las calles y una porque no se le acreditó el pago, entre otras.

Recaudación

Según el Portal de Gobiernos Locales del Ministerio de Finanzas, la municipalidad capitalina recaudó entre el 2008 y el 2015, Q2 mil 290.1 millones por concepto de IUSI.

En la página no existe registro de lo que ingresó por este impuesto en el 2016 ni de lo que va en el presente año.

La cifra recaudada se incrementó en 195% en siete años, pues en el 2008 lo reportado fue de Q188. 7 millones, y para el 2015 la recaudación subió a Q367.2 millones.

Procedimiento real

El ingeniero Manuel Salguero explica que para determinar el valor de un inmueble se recurre a dos acciones: la valuación y la tasación.

El primero de ellos, de acuerdo con Salguero, es para “emitir una opinión sobre el valor, cualquiera que sea”, algo que se puede hacer sin necesidad de ver la propiedad y solo tomando en cuenta el sector en el que se ubica. La tasación, por otro lado, se efectúa por un perito que ingresa y mide el inmueble.

“Las municipalidades lo que hacen es una valuación y estiman un valor, pero la Ley dice que la persona puede impugnar y presentar el avalúo que considere”, señala el profesional.

Salguero reitera que la obligación de toda municipalidad es “poner en el documento de notificación que es un estimado”.

El experto explica que el propietario del inmueble debe contratar un valuador, cuyo informe debe ser aprobado por el Concejo y hay posibilidad de una reducción del 75% del valor comercial de la propiedad, lo que mitigaría el impacto financiero a la persona.

El Impuesto Único sobre Inmuebles es un “impuesto especial”, pues el 80% de lo recaudado se debe utilizar para inversión en agua, calles e iluminación, por ejemplo, y el 20% para funcionamiento.

Usuarios comentan

Prensa Libre preguntó en su cuenta de Twitter ¿Qué opina del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI)?. Estas son algunas de las respuestas:
Claudia de Torres aseguró: “No es parejo, yo pago Q100 mensuales y los de enfrente pagaron “85 por 5 años”.

Claudia Pérez indicó: “La estrategia de las municipalidades para agenciarse de fondos, aunque después lo utilicen para pirotecnia como @netobran”.

Para Francisco Martínez, el IUSI “está a la muy discreción de las munis y son tasas abusivas”.

Germán López opinó que el IUSI “es un impuesto que los ricos no pagan como es debido”.

Juan Manuel Aquino respondió que este impuesto “carece de hecho generador”.

El usuario identificado como @michaelVW8318  señaló que “no se ve en qué lo invierten, nada más en el bolsillo de los que tienen puestos altos en las municipalidades”.

Para @andrinogt, “el IUSI debería ser aplicado con una tasa más baja de la actual de acuerdo al sueldo vigente”.

Sergio Trujillo opina que simplemente “es un robo”.

Todo lo actuado está en ley

La postura de la  Municipalidad capitalina es que todo lo actuado está en Ley, pues se apega al manual de avalúos aprobado,  e incluso hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad a favor de los procedimientos y el uso de dicho manual.

Además, se explica de parte de la comuna que el procedimiento permite que el contribuyente presente el recurso de revocatoria si no está de acuerdo con los resultados del avalúo. Dicha solicitud se debe respaldar con documentos que justifiquen la petición.

“La gente  tiene  que acercarse a plantear su inconformidad. Hay anuencia para atender los casos”, señala Carlos Sandoval, vocero de la municipalidad.

El uso del fideicomiso tampoco es impedimento para hacer un avalúo, indicó Sandoval, pues el proceso de generación y práctica del avalúo no tiene relación con la administración del recurso obtenido con el IUSI.

“El avalúo termina en el valor fijado para la propiedad,  cualquiera que sea, allí se termina el proceso. Después puede ser que el contribuyente no pague, u otras cosas, pero el cobro y la disposición de los recursos es algo diferente”, explica el vocero.

Para la comuna, la mayor dificultad para recaudar el IUSI se da cuando no se reporta la compra venta de un inmueble y las notificaciones llegan al dueño anterior, mientras que el actual no se da por enterado.

Conozca sobre el IUSI

• La Ley del IUSI estipula, en el artículo 11, las tasas que se aplican al valor del inmueble.
• Si el valor inscrito del inmueble es hasta de Q2 mil, el vecino está exento del impuesto.
• Si el inmueble tiene un valor de Q2 mil 1 a Q20 mil, el impuesto es de 2 por millar anual.
• Cuando el valor sea de Q20 mil 1 a Q70 mil, se pagará 6 por millar.
• Si el inmueble tiene costo de Q70 mil 1 en adelante, se pagará 9 por millar cada año.
• La municipalidad debe enviar la notificación del nuevo avalúo y esta primera notificación debe ser personal. Si no ocurre de esa forma el vecino puede solicitar la nulidad de la notificación.
• El vecino puede interponer una impugnación ante la municipalidad si no está conforme o de acuerdo en la forma de valuar su propiedad. Si la impugnación es denegada, podrá recurrir a la solicitud de revocatoria.
• El plazo para interponer los recursos administrativos  es de ocho días.
• Se  debe  buscar asesoría legal.

Además de equipo, talleres de capacitación y adquisición de insumos para la planificación familiar.

Según los datos de la CNAA, han recibido en los últimos cinco años Q286 millones. El año pasado los ingresos por el impuesto a estas bebidas fue de Q51 millones y lograron ejecutar Q40.1 millones.

“Por cada Q1 invertido en servicios de planificación familiar, el Ministerio de Salud Pública ahorra Q14.35 en servicios de atención de complicaciones materno infantiles”, indica un estudio de la CNAA.

Planificación familiar

El uso de métodos anticonceptivos modernos aumentó en 44 por ciento en los últimos. La última medición determinó que el 48.9 por ciento de la población sexualmente activa usó entre 2014 y 2015, protección moderna, mientras que un 11.7 empleó técnicas tradicionales.

De acuerdo con la CNAA en el área rural también observaron un aumento en el uso de los anticonceptivos que hoy en día se producen. Los datos indican que el 43.2 por ciento usó uno el último año, mientras que la medición del 2008 al 2009 era 36.2.

Las cifras revelan que los servicios públicos son los principales proveedores de servicios, al mismo tiempo que explica que la necesidad insatisfecha de atención se redujo.

Como parte de los servicios que brindan con el impuesto a las bebidas alcohólicas está la atención a madres, que hasta el 2013 la mortalidad materna bajó a 113, mientras que en 2007 fueron 140 y el 2000 153 mujeres.

La convocatoria dijo, se llevará a cabo en octubre pero será un proceso largo que duraría seis meses y los resultados se conocerán en el 2017.

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La activación de la discusión de la política fiscal surge tres semanas después que el presidente Jimmy Morales, decidió retirar la Reforma Fiscal del Congreso.

Metodología

Estrada explicó que la dinámica de debate se llevará a cabo en las Jornadas de Presupuesto Abierto Multianual.

El acercamiento, explicó el funcionario tendría el acompañamiento de representantes de varios organismos internacionales y otros participantes.

“Aun no tenemos la metodología para resolver la parte de ingresos, pero queremos cosas buenas e innovación y la meta es discutirlo en seis meses”, dijo sin dar mayores detalles, si podrían haber nuevos gravámenes.

El sector privado organizado, sindicatos y otros grupos de la sociedad civil, han expresado su apoyo a la discusión.

La convocatoria se da en el marco del debate del proyecto del Presupuesto 2017.

Algunos tienen 20 sanciones como La casa de los Sueños, en Antigua Guatemala; el Hotel Dormidero Maya en Flores, Petén; o Hotel Las Vegas ubicado en Nebaj, Quiché, que sumó 19.

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El resto presenta entre 11 a 16 sanciones.

Infracciones

La multa máxima es de Q1 mil, según el artículo 41 de la Ley Orgánica del Inguat y Chajón refiere que detectaron en las listas una alta reincidencia, puesto que los establecimientos prefieren pagar esa multa, pero siguen sin inscribirse y cumplir con las obligaciones que incluyen el cobro al usuario y posterior traslado del impuesto de 10% sobre las tarifas de hospedaje.

El director cree que es necesario modificar la ley para hacer más fuertes estas medidas.

La legislación también establece que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Inguat deberán efectuar revisiones de los libros y registros de las personas afectas y las empresas recaudadoras de los impuestos que se establecen para comprobar su cumplimiento.

Además regula otros procesos por suspensión temporal de servicios y cancelación definitiva.

La actual administración del Inguat —ente que se encarga de la recaudación del impuesto por hospedaje—, anunció en julio que busca lograr un convenio con la SAT para que esa institución efectúe el cobro.

Aunque de manera oficial, la SAT prefirió no dar mayores detalles.

En el 2012, las administraciones que tenían a cargo en ese momento el Inguat, buscaron ese cambio pero no se concretó.

Ingresos

En el primer semestre del 2016 el Inguat recibió Q55.2 millones por el impuesto de hospedaje, 4.2% más que en el mismo período del año pasado.

En el listado de los 25 hoteles que más recursos han trasladado por ese concepto destacan varias firmas prestigiosas en la zona 10 capitalina, la Antigua Guatemala o en Sololá.

Entre los cinco primeros están Hotel Intercontinental, Hotel Camino Real, Hotel Barceló, Holiday Inn y el Clarion Suites, ubicados en la Ciudad de Guatemala.

Presa Libre intentó obtener la versión de establecimientos mencionados entre los más multados. En La Casa de los Sueños, no se logró comunicación, en el Hotel Dormidero Maya indicaron que no se encontraba la persona que podría hablar al respecto.

Mientras que para Hotel Las Vegas y Hotel América no se localizaron datos o contacto en internet y en páginas amarillas. En tanto en Casa Capuchinas se quedó a la espera por correo electrónico.

En el Inguat también se deben registrar los establecimientos como los autohoteles, los cuales también aparecen en las listas de negocios sancionados.

Monterrey y Parejas aparecen con 13 multas cada uno y Candilejas con 11.

Mientras que el autohotel Omni aparece entre los 25 que más impuesto de hospedaje han trasladado al Inguat con Q412 mil 718.90 reportados de enero a junio del 2016.

Para efectuar el pago, primero se debe generar un formulario de declaración en el portal de la SAT en el sistema Declaraguate.

Ese sistema ha funcionado, pero diversos usuarios empezaron a quejarse en las redes sociales de que se tarda varios segundos más que en un día normal y por momentos hasta minutos, para generar los documentos necesarios para el pago, y en ocasiones da error.

Sin embargo, señaló la SAT, la lentitud también se debe a los servicios que usa el contribuyente y a los servidores de instituciones bancarias que reciben transacciones.

En el caso de consulta de multas de las diferentes  policías municipales de tránsito, que se puede hacer por medio del portal de la SAT, solo mostró problemas el enlace con el municipio de Palencia.

Al respecto, la SAT respondió, por medio del Departamento de Comunicación Social, que ha realizado recordatorios del pago del ISCV con el fin de que no se dejara para último momento ese trámite.

Además, manifestó que en estos días del mes, debido al calendario tributario, también se realizan declaraciones de otros impuestos, y “por lo tanto, el sistema se congestiona”, admitió la SAT.

“Desde horas de la mañana se reportó al Departamento de Informática, y se ha estado trabajando en el tema, pero la afluencia al sistema es muy alta”, agregó la institución.

Multa del 100% y descuento del 75%

El martes 2 empieza a correr multa de 100% por falta de pago, pero hay descuento.

La SAT informó que a partir del 2 de agosto corre una multa del 100%del ISCV, además del pago de intereses. Sin embargo, los contribuyentes que efectúen el pago en forma voluntaria después tienen derecho a una rebaja del 75% de la multa.

El pago se hace por medio del sistema de Declaraguate, el cual de forma automática calcula la multa y el descuento, se explicó.

Para qué gestiones se debe estar al día en el pago

Se debe tener al día ese pago para poder efectuar trámites en el Registro Fiscal de Vehículos, como traspasos, reposición de distintivos, modificaciones, cambio de uso, activación o inactivación, entre otros.

Además, las policías municipales de tránsito emiten sanciones.

Pendientes

Datos de la SAT refieren que al 31 de julio ya habían pagado el ISCV el 84.1% de propietarios de las unidades registradas en el parque vehícular.

Según la SAT, de enero a julio ingresaron por ese impuesto Q645.1 millones de 2 millones 215 mil 179 contribuyentes, el 84.1% de la meta del año.

Datos al 31 de julio revelan que solo en este mes ingresaron Q302.3 millones de una meta de Q372 millones por este tributo.

Aún  hacían falta de pagar el ISCV, a esa fecha, 406 mil 843 vehículos particulares, además de 474 mil 308 motocicletas y 69 mil 344 vehículos comerciales.

“Conocemos que hay casos de evasión y no todos los hoteles en el país cuentan con un registro contable”, admitió Chajón durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial.

El funcionario no quiso dar detalles sobre la escala de evasión que puede existir, y aseguró que en el país operan más de 60 mil hoteles, desde los de cinco estrellas hasta pequeños establecimientos.

En el 2012 se impulsó la idea de que la SAT se hiciera cargo de esa recaudación, pero el plan no prosperó.

Parte de la recaudación del impuesto hotelero (2%) se usa para financiar al Inguat.

Chajón calificó de “positiva” la intervención en el hotel Camino Real por un adeudo tributario, y aseguró que esa situación no impactará en sus operaciones.

“Esperamos que no perjudique, porque la firma intervenida es una de las más grandes del país”, subrayó Chajón.

El incremento se produce en relación al mismo período del 2015.

Datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) refieren que el 2.1% significó Q378.8 millones más que en el primer cuatrimestre del 2015, cuando se ubicó en Q17 mil 443.9 millones.
“La brecha a abril se incrementó y rebasó los Q700 millones; sin embargo, mejoró la capacidad de recaudación con respecto a los últimos tres meses”, afirmó ayer el superintendente Francisco Solórzano Foppa durante una reunión con empresarios de la Cámara Oficial Española de Comercio (Camacoes).

Según el funcionario, solo en abril, el crecimiento fue de 3.8%, mientras que en meses anteriores la tasa no pasaba del 1%.
Solórzano Foppa resaltó que la perspectiva para mayo y los siguientes meses es que el crecimiento de la recaudación tenga un comportamiento del 4% al 6%, eso sin tomar en cuenta el pago extraordinario que realizó la semana pasada la empresa Aceros de Guatemala (AG), por Q782.9 millones.

“Si se suma el pago de AG en mayo, vamos a superar la meta por mucho. Somos conscientes de ello y vamos a llevar dos estadísticas, una sin el pago, en la cual tendremos déficit, y la otra, incluida”, afirmó Solórzano.

Los análisis de la SAT señalan que la brecha —impuestos programados pero no cobrados— se podría ubicar a mayo entre Q200 y Q300 millones.

La meta de captación para el 2016 es de Q53 mil 850 millones, y en el cuatrimestre se alcanzó el 33% de ese total.

Bajo estudio

Solórzano Foppa no descartó la posibilidad de que se hagan otras solicitudes a juzgados sobre intervenciones a empresas que mantienen adeudos con el fisco.
“En este momento no podemos decir si vamos o no con esto. Hay varias denuncias que llevan varios años tramitándose”, reconoció.

Agregó que se realizan procesos conciliatorios con los contribuyentes para que se pongan al día con el fisco, porque la ley lo faculta.

Explicó el superintendente que de todos esos procedimientos determinarán la decisión de intervenir o no a las firmas y que de esa manera paguen los gravámenes que dejaron de cumplir.

En todo caso, afirmó que en los últimos días —luego del caso AG— han recibido pagos millonarios por parte de empresas que se han puesto al día, los cuales corresponden a ajustes de procesos administrativos normales.

Analistas fiscales expresaron a Prensa Libre que la medida de intervención que llevó a cabo la SAT fue “sana”, porque logró el cometido de recuperar dinero para el fisco.

En la actualidad, la cadena de farmacias Galeno se encuentra intervenida por un adeudo tributario de Q29 millones, de los cuales ya realizó un ajuste de Q9 millones, informó la SAT.

Velásquez enumeró muchas necesidades de las instituciones del sector justicia, como ampliar la cobertura.

“Esto, naturalmente, requiere recursos. ¿De dónde va a sacar el país los recursos para que el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) crezcan?”, cuestionó.

“Tiene —el país— que buscar la fórmula. Y la manera como un Estado obtiene recursos es mediante los impuestos”, añadió el jurista colombiano.

Las declaraciones las dio al terminar una reunión en la Secretaría de la Paz (Sepaz), donde manifestó interés por conocer más de los compromisos de los acuerdos de paz.

“De manera que es necesario que se examine en el tema tributario cuáles son las posibilidades del país para poder cubrir estas necesidades”, resaltó Velásquez.

Todo está vinculado, agregó, con el proyecto del Diálogo Nacional por la Reforma de la Justicia que, en una primera etapa, busca una reforma constitucional.

“Y estamos hablando solo del tema de justicia. No tengo ni siquiera mandato para referirme a las otras grandes necesidades que el presidente ha expresado públicamente; por ejemplo, en temas de salud, educación o alimentación”, subrayó el jefe de la Cicig.

Impuesto específico

En noviembre del año pasado, Velásquez sugirió un impuesto específico para dotar de recursos a las instituciones de justicia, como se había hecho en Colombia.

La propuesta específica era gravar los grandes patrimonios con un porcentaje para el sector justicia, lo cual desató las críticas y el rechazo de varios sectores, no solo del privado.

El mes pasado, el gobernante Morales afirmó que en lugar de un impuesto específico, prefería dar prioridad a un diálogo nacional.

De acuerdo con Antonio Malouf, presidente en funciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), un impuesto específico con destino específico no repercute en resultados adecuados.

“Si se dedican los recursos a obtener un MP muy fuerte, luego viene que los juzgados no alcanzan porque la Corte Suprema de Justicia no tiene recursos. Entonces, si tuvieran los recursos y hay muchas personas involucradas, lo que no alcanzará son las cárceles”, opinó.

Malouf agregó: “Si tuviéramos un Estado fuerte cuyos impuestos lleguen a donde deberían de llegar, no habría problema en ampliar la base tributaria, y dentro de toda esa fórmula, obviamente el sector justicia y sus instituciones podrían tener más recursos”.

Aspiración del país

El jefe de la Cicig explicó que, de acuerdo con los índices de criminalidad, puede establecerse una “necesidad escalonada” en el establecimiento de fiscalías municipales, de manera que pueda llegar el MP a una cobertura nacional, “porque esa tiene que ser una aspiración del país”, que todo municipio de Guatemala tenga una agencia del órgano investigador.

Recordó que la Fiscal General hizo un estudio acerca de urgencias y necesidades de cada municipio para definir dónde debería comenzar esa ampliación y dónde finalizar.

“La Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene un número insuficiente de agencias fiscales para atender las casi seis mil investigaciones anuales que se generan por una cantidad similar de homicidios al año. Hay tan pocas agencias fiscales de la Fiscalía Anticorrupción que no permite, con éxito, adelantar una lucha contra la corrupción”, enfatizó Velásquez.

Agregó que el fortalecimiento institucional del MP supone que debe haber un crecimiento simultáneo del Organismo Judicial (OJ), porque el número de jueces en Guatemala está casi a la mitad de la media latinoamericana.

“Igualmente que es necesario fortalecer órganos de investigación: la Deic, pero también la Dicri, como en la necesidad de ampliación de la capacidad de esos órganos de investigación, y se requerirán más defensores públicos, por lo que habría que ver cuáles son las futuras necesidades del IDPP”, apuntó el comisionado.

Deuda de arrastre

El órgano investigador solicitó para el 2016 un presupuesto de Q1 mil 833.5 millones, pero fueron asignados Q1 mil 500.7 millones. Aparte de eso, el MP tiene una deuda de arrastre de Q238 millones del 2013, 2014 y 2015.

Esa deuda es producto de no haber recibido el presupuesto completo durante esos ejercicios fiscales, informó Julia Barrera, vocera de la Fiscalía.

“El presupuesto que se había requerido para este año era para la ejecución de algunos proyectos que tienen que ver con la cobertura del MP en el país, porque estamos presentes únicamente en el 10 por ciento del territorio nacional”, explicó Barrera.

Añadió que del presupuesto anual, casi Q1 mil millones, representan la planilla de trabajadores.

Estructura insuficiente

• El jefe de la Cicig abogó ayer por reformar todo lo referente a la carrera judicial y al consejo que lo regula, por considerar que, como está la estructura actualmente, que llega hasta jueces de Primera Instancia, “es absolutamente insuficiente” y no garantiza independencia.
• Mencionó el proyecto de ley de la carrera judicial que está en el Congreso y que iría acompañado de una reforma constitucional.
• “Lo que se plantea es que el Consejo esté integrado por siete personas. Un representante de la CSJ que no es magistrado sino representante elegido por el pleno, un magistrado de Apelaciones nombrado por sus pares, un juez de Primera Instancia nombrado por jueces y un juez de Paz. Y que estos cuatro elijan a otros tres especialistas externos que no sean de la CSJ”, explicó Velásquez.

Cacif

• Por la creación de empleos dignos que a su vez generen tributos abogó el presidente en funciones del Cacif, Antonio Malouf. “Los recursos han sido mal utilizados y el guatemalteco de a pie no ha querido pagar sus impuestos personales. Los impuestos personales son más bajos en Guatemala. En Cacif estamos proponiendo crear trabajos dignos. Cuando las personas tienen un trabajo  pueden tener un mejor ingreso y  con ello  tributar”, explicó Malouf.

Congreso

• Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó que retomarán la discusión de la iniciativa que se presentó hace un año y que buscaba la creación de un impuesto temporal para financiar al sector justicia. “El año pasado, el presidente anterior  solicitó opinión a instituciones, pero no tuvo respuesta. Volveremos a pedir su criterio técnico”, indicó.

Esa ley elevaba del 2 % al 6.5 % el impuesto que grava las compras entre las empresas matrices y sus filiales en la isla, lo que se conoce en inglés como “transfer pricing” .

Walmart alegaba que esa subida -que solo afectaba a esta empresa en todo la isla- prácticamente ponía en jaque su supervivencia en Puerto Rico, ya que los impuestos que tenía que pagar prácticamente se duplicaban y eran superiores a su ganancia neta.

Cargos directivos de la empresa en la isla consultados por Efe ya daban por segura una victoria en los tribunales, argumentando que se trataba de una cuestión de “sentido común” y que la ley se había hecho explícitamente para gravar las operaciones de Walmart.

Para Fusté, con la aprobación de esa ley el Gobierno de Puerto Rico violó principios constitucionales estadounidenses relacionados con igual protección de las leyes, comercio interestatal y relaciones federales.

La decisión judicial tiene lugar después de que el pasado febrero se celebrara un juicio en la corte federal en el que las partes expusieron sus argumentos.

Por parte del Gobierno puertorriqueño compareció el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien reconoció que la ley, que se hizo con la presión de la actual crisis fiscal, sólo afectaba a Walmart, compañía de la que esperaba cobrar cerca de US$6 millones este año.

El Gobierno argumentaba además que el Tribunal Federal de San Juan debía rechazar la demanda de Walmart sobre la base de la Ley Butler, que establece que los tribunales federales de distrito no tienen jurisdicción para actuar en pleitos donde se cuestionan impuestos estatales.

Walmart argumentó, por su parte, que con la nueva ley la carga impositiva que tenía que soportar en la isla era la más elevada que debía afrontar en todo el mundo y criticaba que la legislación no afectara a ninguna otra compañía más que a ella.

La empresa -que cuenta en la isla con 55 tiendas de las marcas Supermercados Amigo, Supercenter, Sams Club, Walmart y Súper Ahorros, y emplea a unas 15 mil personas- rehusó este lunes hacer declaraciones a la espera de estudiar en profundidad la decisión judicial.

En su escrito, el juez también hace referencia a las dificultades financieras que afronta el Gobierno de la isla, con una Hacienda que en junio de 2016 registrará déficit en su cuenta principal de casi mil millones de dólares.

Ello explica, según apunta, que el Gobierno de Puerto Rico haya puesto en vigor “leyes y regulaciones que aseguran efectivamente que un gran contribuyente sea obligado a pagar un impuesto inconstitucional y luego reclamar un reembolso de millones de dólares” .

“No nos agrada nada impedir bajo estas circunstancias vías de ingresos que van directamente al presupuesto general de Puerto Rico” , apunta el juez, que recuerda que “nosotros también somos ciudadanos de esta isla y también tenemos que sufrir las consecuencias de este desorden financiero en el horizonte” .

Sin embargo, “el Gobierno no debe depender de impuestos que no le corresponden para tratar de pagar los servicios esenciales” a la ciudadanía, subrayó el magistrado.

“Sólo una nueva dedicación hacia la competencia en el Gobierno, la honestidad en la Administración y la transparencia absoluta en nuestros asuntos nos puede llevar adelante. De lo contrario, Puerto Rico, como un barco en una tormenta con el casco ya colapsando, no podrá ser salvado de forma alguna” , finaliza el juez.

En su opinión, “la analogía con un barco que se hunde es apropiada” ya que, como dijo, “si el barco se hunde, el desastre es para las personas a bordo” .

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció  que apelará la decisión de Fusté, de quien apuntó que con su decisión “le quitó 100 millones al pueblo de Puerto Rico para dárselos a Walmart” .