El número de familias sin servicio de energía pasó de 272 mil 126 según el índice de acceso a la energía del 2016, el último informe divulgado por el Ministerio de Energía y Minas, a 287 mil 437 según datos elaborados por esa entidad con base al Censo efectuado en el 2018 en el país.

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Gabriel Velásquez, Director de Planificación Energética y Minera del MEM dijo que el índice de acceso a la energía del 2016 (presentado en ese entonces con el nombre de índice de cobertura eléctrica) era de 92.06% y que se trataba de una proyección, mientras que según el dato que se deriva censo en mención el índice bajó a 91.23%.

Los datos se dieron a conocer durante la presentación del Plan de Electrificación Rural para el período del 2020-2032 al referirse a la situación de ese servicio en el país.

El índice de acceso a la energía se refiere al número de usuarios que tiene acceso a ese servicio ya sea conectado a la red que forma parte del sistema de electricidad del país o por medio de sistemas aislados como paneles solares o microredes (con microhidroeléctricas), explicó Velásquez.

Añadió que existe otra medición llamada índice de cobertura eléctrica que se refiere solo a los usuarios conectados a la red de sistema nacional eléctrico del país y que al 2019 se sitúa en 88.07%.

La meta es llegar a 95% en el 2027 y al 99.9% de cobertura en el año 2032, según se detalla en el plan en mención.

Alta Verapaz, es el departamento con menor acceso a la energía en el país con 44.36%, seguido por Petén, Baja Verapaz, Izabal y Quiché.

Según el ministro de Energía y Minas, Luis Chang la baja en los indicadores se debe a que hace falta más inversión para ampliar el servicio además que no se logró la aprobación el Congreso de la iniciativa para electrificación rural, por lo que con el plan indicativo se identificaron las áreas con falta de servicio, pero también las oportunidades de demanda de energía al conectar a esos usuarios y opciones de financiamiento.

El @mem presentó el Plan de Electrificación Rural para el período 2020-2032. El objetivo es definir prioridades e impulsar acciones para mejorar la cobertura de electricidad del país. La meta es llegar al 95% de cobertura en el 2027 @Economia_pl pic.twitter.com/1ERWj3Elst

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) December 4, 2019

El préstamo que se refiere Chang es uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$55 millones que se buscaba destinar para electrificación rural pero no se aprobó en el Congreso. En una reunión por diferentes entidades en agosto pasado se habló que se buscaría ampliar esa posibilidad a US$100 millones, pero a la fecha no se ha concretado.

Con base al número de viviendas que aún no cuentan con servicio de energía eléctrica se estimó la energía y potencia no suministradas a esos hogares y dato que asciende a 443.7 Gigavatios hora (GWh) por año y la potencia en 88.8 Megavatios (MW).

El costo de esa energía no suministrada representaría un costo de Q5 mil 856.6 millones, según los datos del MEM.

Cuánto se necesita para electrificar todo el país

Las estimaciones del ministerio refieren que para llegar dar acceso a la energía para el 99.9% de hogares se requerirían entre US$450 millones (unos Q3 mil 379 millones) y US$480 millones (Q3 mil 604 millones) según datos mencionados por Chang y Velásquez.

¿Qué contiene el plan?

Para iniciar el plan se establecieron 20 municipios como prioritarios, entre estos la mayoría de Alta Verapaz.

• Alta Verapaz: Santa María Cahabón, Panzós, San Agustín Lanquín, Cobán, Sehanú, San Miguel Tucurú, San Pedro Carchá, Chisec, Tanahú, Chahal, Fray Bartolomé de las Casas, San Juan Chamelco, Santa Catarina La Tinta, Raxruhá y Tactic.
• Huehuetenango: La Libertad, Colotenango, Santa Bárbara, San Ildefonso Ixtahuacán.
• Quiché: Santa María Nebaj

La priorización se ha basado en indicadores socioeconómicos como consumo de leña, porcentajes viviendo en pobreza, índice de desarrollo humano y de pobreza multidimensional, mientras que entre los indicadores técnicos se toman en cuenta número de usuarios sin acceso al servicio de energía eléctrica, acceso a los sistemas de transporte y distribución de energía.

Tanto Chang como Velásquez explicaron que, aunque se detalla la priorización de 20 municipios, poseen los datos de todos para tomarlos en cuenta en las diferentes modalidades de financiar la inversión.

Aquí se incluye posibilidades de inversión por donaciones, préstamos, del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) además que se permite a las distribuidoras de electricidad conectar a usuarios más allá de los 200 metros de distancia de la red que poseen, proyectos que se reconocerán como inversiones dentro cargo que se cobra a los usuarios en la tarifa por distribución de energía, incluso según el plan se ha considerado la posibilidad  de un subsidio para la entidad ejecutora pero las obras deberán ser verificadas por el MEM y crear un equipo técnico en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Maynor Amézquita, vocero de Energuate, dijo que las distribuidoras Deocsa y Deorsa desde 1998 han pasado desde 600 mil usuarios conectados hasta 1 millón 900 mil en el 2019. Sin embargo, mencionó que debido al crecimiento de la población se tiene que seguir invirtiendo en electrificación urbana y rural para que seguir mejorando los indicadores de cobertura.

Ministro de energía evita hablar de denuncias

El ministro de Energía Luis Chang, evitó responder a periodistas acerca de las denuncias que surgieron de posibles ilegalidades en los cambios a la forma de calcular la tarifa de energía eléctrica de varias distribuidoras según criticaron diputados al Congreso.

Los parlamentarios cuestionaron el martes 3 de diciembre del 2019 que los directores actuales de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) hicieron supuestamente de forma ilegal cambios al Valor Agregado de Distribución en especial de Energuate. Mientras la CNEE argumento que no hicieron cambios a esos valores.

Chang dijo que la CNEE es el ente que tiene la facultad para calcular las tarifas de energía.

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El primer estudio latinoamericano sobre la capacidad de los países para combatir la corrupción arroja a Guatemala en el penúltimo lugar de entre ocho países evaluados. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), elaborado por la organización empresarial Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la firma consultora Control Risks da al país una calificación de 4.55 sobre 10 puntos posibles.

Las tres subcategorías analizadas para dar este punteo incluyen: Capacidad legal; Democracia e instituciones políticas; y Sociedad civil, medios y sector privado. El índice CCC fue creado para abarcar desde la independencia judicial hasta el entorno de los medios de comunicación social.

Cada subcategoría incluye además 14 variables como la independencia y eficiencia de las agencias anticorrupción, el acceso a la información pública y la transparencia gubernamental o los procesos legislativos y de gobierno.

“Una oleada anticorrupción ha arrasado América Latina en los últimos cinco años, llevando a figuras poderosas a la cárcel e impactando los resultados electorales. El Índice CCC nos da una herramienta comparativa para entender mejor este fenómeno y para destacar por qué algunos países han tenido mayor éxito al enfrentar el problema de la corrupción sistémica”, señaló Roberto Simon, Director Senior de Políticas Públicas de AS/COA.

Los países evaluados

En el índice CCC, Chile ocupa la primera posición con 6.66, lo que significa que es considerado como el país con mayores posibilidades de sacar a la luz, castigar y detener la corrupción, entre los ocho evaluados. Le siguen Brasil con (6.14), segundo; Colombia (5.36) y Argentina (5.32) en un empate virtual por el tercer lugar; Perú (5.17) en el cuarto lugar; México (4.65) en la quinta posición; Guatemala en el sexto lugar (4.55) y Venezuela en la última posición con (1.71).

Los ocho países dentro del estudio representan el 90 por ciento del PIB en Latinoamérica, entre ellos Guatemala, la economía más grande de Centroamérica. Geert Aalbers, Socio Senior en Control Risks, firma consultora coautora del estudio: “Las compañías están interesadas en qué tan bien equipados están los países para combatir la corrupción, y cómo lo están haciendo efectivamente”.

Los indicadores del CCC fueron armados con dos tipos de fuentes: datos disponibles al público generados o recopilados por instituciones reconocidas y una encuesta propia generada por expertos en riesgos y anticorrupción seleccionados por AS/COA.

Una “imagen mixta”

En el caso de Guatemala el estudio apunta, en su análisis por país, que presenta una “una imagen mixta de la lucha contra la corrupción (…) lo que refleja el impacto positivo de los Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como así como la reacción política a los recientes avances anticorrupción y la desafíos profundos de la gobernabilidad”.

Los puntajes de Guatemala, reseña el estudio “son particularmente bajos en variables relacionadas con el funcionamiento de su democracia”. Según esta evaluación solo Venezuela tiene peores indicadores en calidad general de la democracia.

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Dos de los punteos más bajos, entre las variables analizadas, para el caso de Guatemala, son: Independencia y recursos para la Fiscalía e investigadores (3.25) y Procesos legislativos y de gobierno (1.75). Según Gavin Strong, analista de Guatemala de Control Risks, interpretaron estos resultados “como una falta sistemática como una gran falta de voluntad política por parte de la clase política guatemalteca”.

Para Strong “existe una notable oposición a la lucha contra la corrupción dentro del propio Congreso – ejemplificado durante los últimos años por el llamado “Pacto de Corruptos” – y el Ejecutivo. Esta situación se refleja no sólo en la falta de recursos dirigidos hacía la Fiscalía sino también en los esfuerzos del Ejecutivo por socavar su trabajo”.

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Por otra parte, las variables mejor calificadas se encuentran agrupadas en: Independencia de las agencias anticorrupción y eficiencia (6.00) y Cooperación internacional (7.5), en la subcategoría capacidad legal; por una parte y Calidad de la prensa y periodismo de investigación (6.35), en la subcategoría de sociedad civil, medios de comunicación y sector privado.

Strong comentó al respecto: “hay elementos dentro de las agencias anticorrupción, como el Ministerio Público; la comunidad internacional, representada por la CICIG, y los medios de comunicación, y la sociedad civil, que sí tiene la voluntad para asegurase que la lucha contra la corrupción siga en pie en Guatemala”.

Perspectivas

Respecto a la baja calificación en la variable “Independencia y recursos para la Fiscalía e investigadores”, con una calificación de 3.25 puntos. La vocera del Ministerio Público, Julia Barrera indicó: “Por el momento el Ministerio Público no ha tenido acceso al documento que hace la evaluación, nos gustaría poder revisarlo para establecer los parámetros del estudio. El Ministerio Público ha emprendido una lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde la Fiscalía Especial contra la Impunidad con el acompañamiento de la CICIG y desde la Fiscalía contra la Corrupción, se han realizado investigaciones cuyos resultados han permitido develar estructuras incrustadas en el Estado a todo nivel”.

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Para Cristhians Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, los bajos números de Guatemala en “independencia judicial y eficiencia” (4.22 sobre 10) “muestra claramente que el diseño institucional no permite a los operadores de justicia ser un contrapeso al poder político”.

A partir de los casos de corrupción revelados del 2015 a la fecha, señala Castillo, “nos dimos cuenta del nivel de cooptación de la justicia, cómo está no responde a la ley si no a los que buscan la impunidad, la clase política”.

Respecto a los bajos punteos en “Acceso a la información pública y transparencia gubernamental” (4.3 sobre 10), el presidente de Acción Ciudadana, Edie Cux, dijo. “ese punteo es el reflejo de que somos una sociedad de opacidad, a pesar de que hay una Ley de Acceso a la Información Pública fuerte, que incluso ha ayudado a presentar casos de corrupción, la mayoría de las autoridades no le presta atención y cuando personas individuales se acercan a las autoridades a solicitar información de forma sistemática se les ha negado”.

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La peor calificación de Guatemala, en la variable Procesos legislativos y de gobierno (1.75), refleja la debilidad institucional “los últimos años había una percepción de que se había avanzado bastante en el tema, pero vemos un retroceso en la lucha contra la corrupción, los delitos administrativos, y con la finalización de Cicig esta área está debilitada”.

Para Cux, estos indicadores son coherentes con “el retroceso en la agenda anticorrupción, que ha llevado incluso a modificar el Código Penal para beneficiar a acusados, emitir acuerdos para la expulsión de la Cicig e incluso bordear con un llamado a romper el orden constitucional, por parte de funcionarios, al no acatar decisiones de las cortes”.

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El rubro que registró alzas en marzo fue el de los derivados del petróleo, según las cotizaciones realizadas y que mide el comportamiento de 89 materiales y servicios que se utilizan en la construcción.

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El IPCM detalla que 28 productos registraron alzas, 19 bajas y 42 se mantuvieron estables o sin variación.

Fredy Gómez, subgerente del INE informó que los precios que registraron alzas se encuentran los realizados a los combustibles y que esto se asocia al comportamiento de precios de esas materias primas, que también han registrado variaciones al alza en el mercado.

Los que suben

• La gasolina regular (88 octanos), registró una variación al alza del 8.94%
  El asfalto virgen subió un 7.44%
  El bunker, un 4.25%.
  El minicargador frontal con 3.97%
  El diésel con 3.97%

“Esos fueron los materiales que registraron las alzas y que son parte de los 89 productos”, afirmó.

Los que bajan

Con respecto a los productos que registraron bajas, están:

• La grasa lubricante con una caída de 6.09%
  Varilla de 3/8”, largo 20” (grado 60), 3.15%
  Varilla 3/8 (grado 40), una baja del 2.48%
  El ladrillo tubular 2.38%
  La tubería de PVC 18” 1.78%.

Este es el tercer informe que presenta el INE luego de hacer la medición de precios de los materiales de la construcción, en el área metropolitana.

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El INE no publica los precios y solo difunde la variación porcentual.

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El indicador que más progresó en Guatemala fue el del ingreso per cápita, lo que muestra una vez más cómo la riqueza que se genera en el país si tendría el suficiente potencial para sacar a todos mínimamente de la pobreza extrema aún en las condiciones actuales, si no fuera por la enorme desigualdad que impera. Esto se muestra al ajustar el IDH por esta variable: el país pierde cerca del 30% de su valor de IDH. Si se reacomodara el ranking mundial con base en este parámetro, Guatemala pasaría del puesto 127 al puesto 173, posicionado entre Etiopía y Yibuti, países con bajo desarrollo humano ubicados en África del Este.

Las pérdidas de valor de IDH —que mide la expectativa de vida al nacer, el promedio de escolaridad, y el ingreso per cápita— se dan por desigualdades en el nivel de ingreso —32%— y desigualdades en la escolaridad promedio —35%—. Según este índice, para el 2018 la escolaridad promedio esperada para Guatemala debió ser 10.8 años de estudio; pero solo se alcanza a tener 6.5 años en promedio: ¡Esto significa que la escolaridad promedio de la población apenas si equivale a cursar completar la primaria! Además, el IDH para las mujeres es más bajo que el de los hombres —0.630:0.665— y dicha diferencia obedece principalmente a que el ingreso per cápita de las mujeres es ostensiblemente más bajo.

Al revisar los indicadores de calidad del desarrollo humano que ahora produce también la Oficina Mundial del IDH, y que toman en cuenta la disponibilidad de servicios de salud, educación y que mejoran condiciones de vida, se observa que Guatemala se ubica en el grupo de países que ofrecen menor calidad de desarrollo. Esto se debe, esencialmente, al colapso de su capacidad de prestar servicios públicos: salud, educación, agua, saneamiento, energía eléctrica, y de promover el empleo.

Como el índice de desarrollo humano es un indicador que mide los cambios de largo plazo, no es posible atribuir la ralentización de la progresión del IDH a la gestión actual; sin embargo, sí se asocia mínimamente, a la gestión anterior, pues hasta el año 2015 el IDH venía progresando a ritmo más acelerado. No es difícil de entender que el saqueo despiadado del Estado y la falta de inversión en el bienestar de la gente que caracterizaron los años previos al estallido de la crisis del 2015, se vean reflejados ahora en el IDH. Imaginemos entonces lo que se puede esperar de esta medida en un par de años, cuando se refleje la falta de inversión y de ejecución del gasto público del gobierno actual.

Constataremos pronto cómo la prioridad que el gobierno de Morales le puso a luchar contra la Cicig se traducirá en más hambre, más pobreza, más desnutrición y jóvenes sin oportunidades que terminarán, inevitablemente, buscando su futuro en otra parte. ¡Vaya forma de dispararse en el pie!

karin.slowing@gmail.com

Siendo la corrupción un fenómeno que supone el ocultamiento deliberado de actividades ilícitas, las percepciones sobre la corrupción, en buena medida, son el resultado del conocimiento que los ciudadanos obtienen a partir de escándalos, investigaciones —académicas o propias de los órganos de investigación judicial—, y procesos judiciales. De acuerdo con este IPC, Guatemala —con un punteo de 28 sobre 100— es el cuarto país con mayor percepción de corrupción en América Latina y el Caribe, solo superado por Nicaragua, Haití y Venezuela. A nivel global, Guatemala está entre los 40 países con mayor percepción de la corrupción.

En contraste, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur y Suecia ocupan las primeras posiciones en el ranquin global. Estas naciones han logrado obtener a lo largo del tiempo, punteos en el IPC que oscilan entre 84 y 92 puntos sobre 100. Lo primero que tienen en común es que en estas naciones hay un sistema económico y social que eleva el bienestar de toda la población, que genera igualdad. Esto dota a los ciudadanos de una sólida identidad social, les proporciona confianza sobre su entorno y, en especial, sobre la justicia, lo que favorece su participación en la comunidad.

Estos países también comparten cuatro elementos en su lucha anticorrupción. Primero, la transparencia en la gestión de la administración pública, aunada a una constante veeduría ciudadana sobre la relación entre actores públicos y privados. Segundo, la institucionalización de la ética por medio del sistema educativo y, puntualmente, en la construcción de una cultura de servicio civil basada en el respeto de la ley. Asimismo, son Estados que cuentan con marcos legales y de conducta que indican a las personas y empresas cómo actuar para evitar actos de corrupción (conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude, entre otros).

Tercero, una administración pública con controles precisos para lograr el buen funcionamiento de la administración pública y una fiscalización efectiva sobre la utilización de recursos públicos, realizada por contralorías de cuentas, procuradurías de derechos humanos u oficinas anticorrupción. En ese sentido, la institucionalidad pública anticorrupción es el cuarto elemento. Esta puede tomar la forma de agencias independientes o unidades específicas dentro de las fiscalías generales, teniendo como fin investigar y llevar ante la justicia cualquier hecho de corrupción.

En Guatemala, la lucha contra la corrupción aún está en una primera fase, la de conocer los casos y enfrentarlos ante la justicia. Sin embargo, consolidar una cultura que desprecie y castigue la corrupción requiere avanzar en reformas profundas: un piso de protección social que aleje a todas las personas de la incertidumbre y les garantice una ciudadanía social; reparar y mejorar el sistema de justicia y el servicio civil; políticas que mejoren la gestión y transparencia de los asuntos públicos; institucionalizar el rol de la ciudadanía, fortalecer el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos y modernizar la Contraloría General de Cuentas. La tarea no es sencilla, requiere una reforma fiscal, y por consensos ciudadanos y políticos. Por ello es vital comenzar ahora.

jmenkos@gmail.com

El indicador lo reveló el índice de precios al consumidor (IPC) de abril pasado.

“Fue el rubro de gasto que más aumentó en el último año, lo que significa que las personas que tienen un crédito de consumo, sobre todo de tarjeta de crédito pagaron más por intereses y recargos”, explicó el economista Érick Coyoy.

Por lo general, los alimentos son los que más aumento muestran, pero en abril fue el crédito de consumo.

Curiosamente, un aumento similar registró el IPC en abril del 2016, pero en esa ocasión el efecto del indicador fue a la inversa, es decir que fue ese rubro el que más se redujo.

Un año después la tendencia cambio, según el IPC, que mide las variaciones promedio de precios.

¿Qué pasó?

El encarecimiento del pago de intereses en los créditos de consumo como lo registra el IPC en abril tiene un fundamento.

Para explicarlo hay que remontarse al 8 de marzo del 2016, cuando entró en vigencia la Ley de Tarjetas de Crédito, que entre sus objetivos fijaba un tope a la tasa de interés hacia los cuentahabientes.

En ese entonces, las empresas emisoras empezaron a emitir cobros y recargos adicionales a los usuarios, lo que provocó que algunos clientes devolvieran la tarjeta como reacción.

Por otro lado, las compañías de manera artificial empezaron a disminuir precios a manera de estimular el mercado que respondió como estrategia para no perder clientes.

El crédito al consumo en su mayoría es por el uso de la tarjeta de crédito, pero existen otros créditos específicos para personas individuales y jurídicas —empresas—.

“La banca registró un cambio, porque los que participábamos como oferentes en las tarjetas de crédito se reguló las tasa de interés y se disminuyó”, recuerda Héctor Nájarro, director corporativo de Finanzas del Banco de los Trabajadores (Bantrab).

El ejecutivo explicó que se tuvo que dar cumplimiento —en ese entonces— con la normativa vigente, por lo que el resultado que refleja el IPC en abril es atípico.

En ese momento se tuvo que hacer los ajustes que se indicó en la ley, pero en general durante el año el crédito al consumo fue positivo, afirmó Nájarro.

La Corte de Constitucionalidad suspendió la referida normativa el 30 de marzo del 2016.

Baja incidencia

Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala, dijo que aunque el reporte del INE refleja que la variación por gasto básico de los créditos al consumo fue de 73.76% en abril, dentro de la canasta que conforma el IPC, el rubro incide en 0.02% por lo que su efecto es bajo en total.

“La variación en abril fue significativa por la tasa de interés en los créditos en el consumo y algunas instituciones elevaron sus tasas como efecto de que la FED elevó el indicador”, dijo.

Además explicó que hay expectativas que la Reserva Federal de los Estados Unidos continúe elevando, lo que puede encarecer el costo del dinero a futuro y Guatemala no puede escapar de esa tendencia mundial.

Al respecto, Nájarro explicó que en un año la tasa de interés promedio ponderada en los créditos al consumo registró un leve incremento que pasó del 22.86% a 23.17%.

“Los créditos al consumo es lo que esta marcando el paso en Guatemala y en los primeros cuatro meses mantiene un crecimiento”, afirmó Nájarro.

La Superintendencia de Bancos reportó que el crédito al consumo era de Q54 mil 314 millones al 31 de marzo.

Estabilidad

Según la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados, divulgada por el Banguat, de enero a mayo el índice no ha variado, se ha mantenido estable y sin dejar de estar por arriba del 60%.

“El índice se ubica en la zona de expansión, por encima del 50%, por lo que se espera un dinamismo en el ritmo de la actividad económica para los próximos seis meses”, detalla el informe del panel.

Análisis

Para Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), no fue sino hasta septiembre del año pasado cuando los agentes económicos retomaron confianza.

“Lo satisfactorio es que ya se levantó el indicador, pero, sin duda, afectó la crisis política, que bajó las expectativas. En ese tiempo, una calificadora de riesgo cambió a negativa su percepción por lo que estaba pasando”, expresó González.

En cuanto a la baja de mayo, comparada con abril del 2016, el analista la cree temporal. “Es cierto que se descubrió lo malo, pero lo positivo es que se va a hacer justicia y las expectativas deberían de mejorar”, concluyó.

Juan Alberto González, economista y catedrático universitario, aseguró que en el ambiente hay algunas expectativas negativas por la caída de precios de materias primas, lo que frena el interés de inversión de los empresarios a nivel mundial.

Asimismo, las expectativas de crecimiento global también se han ajustado, pero a la baja.

“Comparado con el año pasado, la percepción económica es mejor, lo que está en el ambiente es un poco más de lo mismo, son casos que ya habían sido expuestos”, apuntó el catedrático universitario.