El presidente estadounidense Donald Trump dijo este lunes que puede “garantizar” que su antecesor, Joe Biden, “no sabía lo que estaba firmando” al final de su mandato, cuando emitió numerosos indultos, utilizando lo que el republicano llama “autopen” (bolígrafo automático).

“Garantizo que (Biden) no sabía nada de lo que estaba firmando, lo garantizo“, dijo Trump hoy tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Ova, al ser preguntado por la prensa sobre unas declaraciones del expresidente en las que insistía en la legitimidad de sus decisiones.

Biden insistió en una entrevista publicada el domingo por The New York Times en que fue él quien decidió los indultos para “mucha gente” al final de su mandato -unas 1 mil 500- y los comunicó oralmente a sus empleados, a quienes autorizó a utilizar el “autopen” para firmarlos, algo que está siendo investigado.

“Miren, (lo del) autopen creo que es quizás uno de los mayores escándalos que hemos tenido en 50 a 100 años. Es un escándalo tremendo”, afirmó Trump, que consideró que ese instrumento sirve, por ejemplo, para contestar a las “miles” de cartas que envían niños de todo el país, pero no debería usarse “para firmar legislación y otras cosas”.

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En el artículo del Times que incluye la entrevista a Biden se especifica que el expresidente “no aprobó individualmente cada nombre en los perdones categóricos que se aplicaron a grandes cantidades de gente”, sino que este aprobó unos “criterios” para determinar las reducciones de sentencia.

No obstante, Biden asegura que sí abordó uno a uno los casos de indultados “de alto perfil” con sus empleados en dos días de reuniones.

TRUMP: “I guarantee Biden knew NOTHING about the pardons signed by the autopen.”

“The autopen is maybe one of the biggest scandals that we've had in 50-100 years.”

The “pardons” are NULL AND VOID!

Buckle up, Schiff, Fauci, and Cheney. pic.twitter.com/5fw6GpXbrQ

— Nick Sortor (@nicksortor) July 14, 2025

En junio, Trump ordenó investigar el supuesto uso del autopen para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante el periodo de Biden en la Casa Blanca, y tanto el magnate como legisladores republicanos argumentan que los empleados del expresidente lo hicieron probablemente para ocultar su “deterioro cognitivo”.

Biden, de 82 años y que está en tratamiento por cáncer, se defendió entonces: “Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa”.

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que promueve las criptomonedas y buscar convertir al país en el líder mundial en lo que concierne a activos digitales.

De acuerdo a la Casa Blanca, la orden permite convertir a EE.UU. en el centro de la “innovación en tecnología financiera digital” al detener las leyes y regulaciones que “han sofocado la criptoinnovación en administraciones anteriores”.

“El crecimiento de la tecnología financiera digital en Estados Unidos no debe verse obstaculizado por regulaciones restrictivas o interferencias gubernamentales innecesarias”, añade un comunicado de la Casa Blanca.

La medida autoriza la creación de un grupo de trabajo liderado por el zar de la Casa Blanca en materia de inteligencia artificial y criptomonedas, David Sacks, y que, entre otras tareas, evaluará la creación de una “reserva estratégica nacional de activos digitales”.

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Este grupo tendrá un plazo de seis meses para hacer recomendaciones a Trump, quien durante la campaña electoral recibió importantes donaciones provenientes de esta industria y prometió flexibilizar su marco legal.

La orden ejecutiva prohíbe el establecimiento de una moneda digital del banco central (CBDC, en inglés) y revoca una medida de la Administración del expresidente Joe Biden, la cual “suprimió la innovación y socavó la libertad económica de Estados Unidos y el liderazgo global en finanzas digitales”, según el comunicado.

Poco después de la firma de esta orden, en la que Trump estuvo acompañado de Sacks, líderes de esta industria saludaron la medida, como fue el caso de la presidenta de la Asociación de Blockchain, Kristin Smith, que en un comunicado señaló que la medida ayudará a convertir a EE.UU. en la “capital cripto del planeta”.

Indultos

El pasado 23 de enero Trump también indultó a 23 activistas antiabortistas que habían sido condenados durante la Administración del demócrata Joe Biden.

El líder republicano, que inició su segundo mandato el pasado lunes, firmó la orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“No deberían haber sido perseguidos. Muchos de ellos son gente mayor. Es un gran honor firmar esto“, dijo.

Su decisión tiene lugar un día antes de que Washington albergue una nueva edición anual de la llamada Marcha por la Vida, que sostiene que el aborto es “el abuso más significativo de nuestro tiempo a los derechos humanos”.

Inteligencia artificial

Otra de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump es para impulsar la Inteligencia Artificial para convertir, en palabras de su asistente, “convertir a EE. UU. en la capital mundial de IA”.

La orden establece un plazo de 180 días para generar un plan de acción para crear una “crear una política para sostener y mejorar el dominio global de la IA de Estados Unidos”.

Trump además, revocó una orden que fue firmada en 2023 por Joe Biden con el cual buscaba minimizar los riesgos que representa la IA para los consumidores.

La Casa Blanca da a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutará la sentencia de unas 1 mil 500 personas y perdonará a otras 39 condenadas por delitos no violentos.

En un comunicado, las autoridades estadounidenses anuncian que Biden concederá clemencia a casi 1 mil 500 personas, la mayor cantidad en un solo día, quienes han demostrado una rehabilitación exitosa y un compromiso para hacer que sus comunidades sean seguras.

Los beneficiados con la disposición presidencial guardan arresto domiciliario desde la pandemia del COVID – 19 y que se han reintegrado con éxito a sus familias y localidades.

En la nota se especifica que Biden ha emitido más conmutaciones de sentencias en este punto de su presidencia, que dejará el 20 de enero del 2025, que cualquiera de sus predecesores recientes en el mismo momento de sus primeros mandatos.

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Además, informan que en las próximas semanas, Biden tomará medidas para brindar segundas oportunidades significativas y continuará revisando indultos y conmutaciones adicionales.

La decisión se produce apenas 10 días después de que el presidente estadounidense concediera un polémico indulto total e incondicional a su hijo Hunter Biden, encausado en un proceso por posesión ilegal de un arma y fraude fiscal, una medida muy criticada, especialmente por el Partido Republicano e incluso por algunos demócratas.

La decisión eximió a Hunter de una posible pena de cárcel por haber mentido en la declaración de antecedentes al adquirir en octubre de 2018 y después tener durante 11 días un revólver sin reconocer su entonces adicción a las drogas, y le libró también de los nueve cargos por fraude fiscal que se le imputaban y de los que ya se había reconocido culpable.

En su último día en el poder, el presidente Barack Obama había establecido un nuevo récord en cuanto a medidas de clemencia al conmutar las sentencias de 330 presos condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas.

En total, el también demócrata Obama llegó a conmutar las sentencias de 1 mil 715 personas, incluidas 568 que habían sido condenadas a cadena perpetua.

Según informa el New York Times, los indultos beneficiarán a unas 6.500 personas que fueron condenadas por cargos federales de posesión simple de marihuana entre 1992 y 2021 y a miles más que fueron condenadas por posesión en el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington.

En un comunicado, Biden dijo que la medida refleja su convicción de que “nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana”.

“Hay miles de personas que tienen condenas federales previas por posesión de marihuana, a quienes como resultado de estas se les puede negar empleo, vivienda u oportunidades educativas”, dijo. “Mi acción ayudará a aliviar las consecuencias colaterales derivadas de estas condenas”.

Más información en breve.

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El expresidente, que actualmente tiene 79 años, celebró con sus familia la decisión y dijo “Con libertad hay mejor Navidad. Feliz Navidad”.

Lea

Estas fueron las primeras palabras de Alberto Fujimori al salir de prisión

Fujimori cumplió solo 10 años de su condena de 25 por delitos de lesa humanidad durante su gobierno.

Cinco sentencias

El mandato de Fujimori terminó abruptamente a fines del año 2000. El entonces presidente peruano viajó a Brunéi, en el marco de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Desde allí se dirigió a Japón, desde donde renunció a la presidencia del Perú vía fax. En la nación nipona permaneció hasta el año 2005 y, amparado en su doble nacionalidad, pudo evadir las acusaciones judiciales en su contra.

No fue hasta  que Fujimori viajó a Chile, en 2005, que pudo ser detenido y finalmente en 2007 extraditado a Perú para enfrentar acusaciones de corrupción.

Hasta que recibió el indulto por parte de Kuczynski, el exmandatario recibió cinco sentencias.

Usurpación de funciones

La primera sentencia contra Alberto Fujimori se dictó el 11 de diciembre del 2007 al probarse que había ordenado a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor de gobierno Vladimiro Montesinos y desaparecer los llamados ‘vladivideos’, en dónde se mostraba como se sobornaba a dirigentes políticos, de empresas privadas importantes, de comunicación y de gobiernos locales para que se pusieran a disposición del gobierno.

Fue condenado a 6 años de prisión por este delito.

Barrios Altos, La Cantuta y secuestros

El 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia y se le impuso 25 años de prisión al expresidente por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta y de 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, en abril de 1992.

Delito de peculado

También en el 2009, Fujimori reconoció el delito de peculado al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. La Sala le impuso 7 años y 6 meses de cárcel por este delito.

Delito de corrupción

En el 2015 recibió su cuarta condena relacionada a los delitos de corrupción , es decir, al espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra de congresistas tránsfugas. El tribunal le impuso seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima de ‘chuponeo’.

‘Diarios chicha’

El 8 de enero de 2015, la Cuarta Sala Penal Liquidadora sentenció a Alberto Fujimori a ocho años de prisión por haber desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los ‘diarios chicha’ (periódicos amarillistas) que apoyaron su segunda reelección.

Se salva de ser acusado de matanza

Además del indulto, Kuczynski concedió a Fujimori la gracia presidencial “para todos los procesos penales a la fecha que se encuentren vigentes”, según la resolución de su indulto publicada hoy en la edición impresa del diario oficial El Peruano.
Esa gracia presidencial conlleva que Fujimori se salve de ser procesado y juzgado por el caso Pativilca, donde al exmandatario se le acusa de ser responsable de la matanza de seis personas en 1992 a cargo del grupo militar encubierto Colina.

El primer fusilamiento registrado en el país data de 1840, cuando el presidente de la República, general Rafael Carrera, envió al paredón a Roberto Molina, alcalde de Quetzaltenango, quien fue ejecutado junto con sus concejales.

Historia de la pena de muerte en Guatemala

Repaso de las diferentes ejecuciones en el país

Durante el gobierno de Jorge Ubico (1931-1944), el control sobre la población se mantuvo por políticas represivas y hábiles.  La aplicación de la ley fuga, el control de las cárceles —las cuales estaban atestadas tanto de criminales comunes como de presos políticos— y el fusilamiento fueron parte de ese régimen.

Las ejecuciones continuaron, sobre todo en los regímenes militares, en contra de asesinos y violadores.

Estas eran paralelas a la política contrainsurgente aplicada a líderes estudiantiles, sindicales y opositores, quienes eran ejecutados extrajudicialmente.

Durante el régimen de facto de Efraín Ríos Montt, el fusilamiento fue aplicado por los polémicos Tribunales de Fuero Especial, que ejecutaron, según registros, a 15 personas. 

La última ejecución por fusilamiento tuvo lugar el 13 de septiembre de 1996, con gran atención mediática, al punto de haber sido televisada en directo.

Esto hizo que se pasara de las armas a la inyección letal.

Esta situación obligó a las autoridades a solicitar la reforma del decreto 234 del Congreso, emitido en 1946, que indicaba el procedimiento de las ejecuciones y sustituir el fusilamiento por la aplicación de la inyección letal para darle un trato más humano al condenado.

El 29 de julio de 1997 fue inaugurado el  Módulo Letal, en el que se aplicaría el nuevo tipo de ejecución.

El 10 de febrero de 1998 se ejecutó a Manuel Martínez Coronado, primero por inyección letal, por la masacre de una familia.

• Lea además: La primera ejecución por medio de inyección letal

Las últimas ejecuciones datan del 29 de junio del 2000, de dos secuestradores, también mediante inyección letal.

Brasa de mano en mano

Luego de las últimas ejecuciones, el presidente Alfonso Portillo eliminó en el 2001 la facultad del Ejecutivo de aplicar el indulto. El tema se retomó en el  2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, cuando el Congreso intentó por medio de un decreto la reactivación de la pena de muerte y el indulto presidencial. Sin embargo, Colom vetó la ley por considerarla inconstitucional.

• Lea también: En 1996 propusieron sustituir el fusilamiento por la inyección letal

El tema de la pena de muerte ha sido utilizada por los políticos para sus campañas electorales. Por ejemplo, Manuel Baldizón y Zury Ríos prometían aplicarla, si llegaban al poder.

El actual presidente, Jimmy Morales, dijo abiertamente que aplicaría la pena de muerte. El diputado oficialista Marcos Yax presentó el 9 de agosto de 2017 una iniciativa en el Congreso para reactivar la aplicación de la pena capital.

Se buscó la opinión de la exdiputada y excandidata presidencial Zury Ríos y de Lucrecia Marroquín de Palomo, quienes recientemente presentaron al Congreso una iniciativa para reactivar ese castigo, pero la primera no contestó las llamadas a su teléfono y la segunda, la comunicación a sus redes sociales.

Hace algunas semanas surgió una iniciativa de ley, impulsada por varios ciudadanos que sostienen que la sociedad tiene la capacidad de autodepurarse al ejecutar la referida sanción, la cual está contemplada en el artículo 18 de la Constitución.

La normativa señala que la pena de muerte no se podrá imponer a  mujeres, personas mayores de 60 años, reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos y reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.

El tema se volvió polémico desde el 2000, un mes después de que Alfonso Portillo Cabrera asumió la Presidencia.
En ese entonces el Congreso discutía un anteproyecto de ley para eliminar el indulto presidencial como último recurso de un reo condenado a morir.

Inyección letal

En aquel momento se practicaba la pena capital con inyección letal, definida por el decreto 100-96 (1996), el cual modificó el procedimiento de ejecución por fusilamiento, contemplado en el decreto 234 emitido en 1945.

El diputado Juan José Porras, de Visión con Valores, y uno de los ponentes de la normativa señaló que se establecen procedimientos para el indulto presidencial y explicó que la pena de muerte está vigente para algunos delitos y que el pacto de San José solo impidió que se aplique a otros.

“No se ha podido ejecutar porque no existe un mecanismo legal para el indulto, por eso es que se presentó la iniciativa, pues creemos que si está vigente la pena de muerte debe de aplicarse”, afirmó Porras.

Recurso de gracia

Desde la época de Portillo dejó de ejecutarse la pena capital, derivado de la suspensión de indulto presidencial, que dejó un vacío legal.

En ese momento, así como en los últimos días, se apeló a las normas contempladas en la Convención sobre Derechos Humanos —Pacto de San José—, que establecen que solo se podrá aplicar la pena capital en los países que no la hayan abolido y por los delitos más graves.

Además, se indica que el condenado a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena.

La Convención sobre Derechos Humanos es un conjunto de normas del derecho internacional que fue emitido en Costa Rica en 1969, y del cual Guatemala es parte desde 1978.

Vacío legal

Ronald Arango, del bloque Todos, dijo que hay una laguna legal generada por la falta de procedimientos para el indulto y recordó que el país es signatario del convenio de San José.

“Soy de las personas que se indignan con la violencia que vive el país, pero las naciones desarrolladas han abolido la pena de muerte”, manifestó.

Amílcar Pop, de Winaq, explicó que la pena de muerte perdió vigencia y su aplicabilidad por los avances que ha tenido la CIDH y que  luego de que Guatemala firmó el pacto de San José, las reformas que se plantearon para aplicarlo al secuestro y violación no lograron tener vigencia, pues las normas internacionales y convenios son superiores a la ley local.

“La figura de pena de muerte existe, pero los convenios internacionales son superiores al derecho interno. Al aplicarlo se corre el riesgo de ejecutar inocentes”, refirió Pop.

Ernesto Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional, aseguró que los países más civilizados ejecutan la pena de muerte. “¿De qué forma vamos a someter a la delincuencia que mata a una niña de 8 años?”, cuestionó.

El gobierno de Juan Manuel Santos anunció en noviembre el perdón de la pena a 30 rebeldes de las Farc, condenados por rebelión y delitos menores.

Santos justificó la medida como un gesto de confianza hacia el proceso de paz que negocia con las Farc desde hace tres años, y con el que las partes buscan terminar con más de medio siglo de lucha armada.

El 25 de diciembre, la organización comunista denunció las “trabas y la indolencia”  de funcionarios colombianos para concretar la orden presidencial.

Al rechazar los señalamientos, el gobierno de Santos afirmó que estaba agilizando los trámites de excarcelación y pidió a las Farc “más moderación y menos pelea”.

En su comunicado, el grupo rebelde coincidió en que “no es momento de escalamientos verbales, ni presunciones de mala fe”, pero subrayó que tampoco de “ambages innecesarios”.

“¿Cuánto más debemos esperar para que se haga efectivo el indulto? ¿Tardará tanto que llegarán primero ordenes de libertad condicional, vencimiento de términos o penas cumplidas para nuestros prisioneros?”, cuestionó.

Ambas partes reanudarán el miércoles sus conversaciones en La Habana, Cuba, con miras a firmar la paz el 23 de marzo.

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