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Alcaldías adeudan más de Q398 millones al Infom para financiar obras locales

Los fondos se han utilizado para construir hoteles, mercados, cementerios y, en algunos casos, para adquirir maquinaria pesada.

Fátima Najarro

16 de septiembre de 2025 | 00:05h

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La construcción de mercados, cementerios y un hotel figuran entre los proyectos municipales que se financian con fondos del Infom. (Foto Prensa Libre: Tomada del perfil de Bernardo Arévalo / Red social Facebook)

Entre 2024 y 2025, las municipalidades han recibido las asignaciones más altas de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para proyectos públicos.

No obstante, 43 alcaldías recurrieron al Instituto de Fomento Municipal (Infom) para financiar algunas obras, y en total contrajeron deudas por Q398 millones.

Los préstamos vigentes fueron adquiridos en ese mismo período, según registros oficiales del Infom. Algunas jefaturas ediles solicitaron financiamiento para más de una obra y por distintos montos. Este año, la asignación de los Codedes superó los Q12 mil millones.

El 89% de los créditos vence en 2027 y, en la mayoría de los casos, deben pagarse en un plazo máximo de tres años.

La Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, recibió Q30 millones de préstamo para construir un hotel de tres niveles y 32 habitaciones, además de adquirir un convoy de perforación de pozos.

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Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), al municipio que ejecutará el proyecto hotelero se le asignaron Q115 millones del aporte constitucional y otros Q32 millones provenientes del Consejo de Desarrollo.

En segundo lugar, la alcaldía de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, tiene vigente un préstamo de Q20 millones, a pesar de haber recibido Q108 millones del aporte constitucional y de los Codedes. Los fondos se destinarán a la construcción de un mercado central, una terminal de buses y un cementerio.

En ese mismo departamento, la comuna de Fray Bartolomé de las Casas también solicitó un crédito de Q20 millones, que se suma a los Q97 millones disponibles para obras y servicios. El préstamo será utilizado para construir un mercado municipal.

San José Chacayá, Sololá, es uno de los municipios con menor presupuesto: Q23 millones del situado, según el Sicoin, y Q14 millones de los Codedes. Esta alcaldía tiene cuatro préstamos que totalizan Q3.7 millones, para mejorar el sistema de agua potable en un caserío y ampliar una escuela primaria.

Deudas históricas

Algunas alcaldías también arrastran deudas antiguas con el Infom. La Municipalidad de Coatepeque, Quetzaltenango, debe Q53 millones de un crédito concedido en 1998, que vence en diciembre del 2028.

La Gomera, Escuintla, posee un crédito de Q2.5 millones otorgado en 2018, con vencimiento en 2028. Y Catarina, San Marcos, mantiene desde 2004 una deuda de Q14.5 millones, que deberá saldarse en 2029.

Facilidades de ejecución

Los alcaldes recurren al financiamiento del Infom debido a la limitada capacidad para generar ingresos propios, especialmente en las alcaldías pequeñas. Además, los trámites son menos complejos que los requeridos para ejecutar obras con fondos de los Codedes, según explicó Christians Castillo, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac).

“Desgraciadamente, las municipalidades carecen de recursos y talento humano con conocimientos en finanzas públicas y capacidad para gestionar recursos. Se conocen muchos casos de defraudación porque quienes aprenden a manejar la administración de los fondos municipales suelen estafar a varias alcaldías”, advirtió Castillo.

Agregó que existe un relajamiento institucional, con entidades apáticas en el cumplimiento de sus funciones. Subrayó que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) debe capacitar a los cuadros municipales y fortalecer sus capacidades en coordinación con las Secretarías de Coordinación Ejecutiva y de Planificación y Programación.

El experto recordó que muchas alcaldías tienen deudas con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y que este tipo de endeudamiento, junto con el del Infom, evidencia una limitada capacidad administrativa y financiera. La dependencia del situado constitucional y la falta de ingresos propios dejan las finanzas municipales sin liquidez, pues las deudas están atadas a ese aporte, afirmó.

“Hay una debilidad en la capacidad de recaudación de las municipalidades”.

Christians Castillo, Ipnusac.

“Hay una debilidad en la capacidad de recaudación de las municipalidades. Aunque tienen mecanismos para generar ingresos propios, evitan utilizarlos, lo que las hace sumamente dependientes del situado constitucional, que para muchas es la única fuente de financiamiento”, señaló.

A diferencia de los fondos del situado constitucional o de los Codedes, los créditos del Infom no están sujetos a restricciones en cuanto a su uso. Es decir, pueden destinarse a cualquier tipo de obra o adquisición municipal.

Sobre el Infom

El Infom dispone de cerca de Q251 millones anuales para financiar obras municipales, como parte de sus funciones. No obstante, su proyección es colocar Q375 millones para mantener sus finanzas a flote.

El año pasado, cuando Karin Slowing asumió como titular del Instituto, indicó que las finanzas del Infom estaban en números rojos, en parte por la baja colocación de préstamos. En esa ocasión, mencionó que apenas se habían otorgado Q23 millones.

Municipalidades deben actualizar los estudios para construcción de plantas de tratamiento

Algunas jefaturas ediles han solicitado préstamos al Infom para proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales.

Fátima Najarro

24 de agosto de 2024 | 05:00h

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Al menos 93 municipalidades no han realizado ningún estudio de tratamientode aguas. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas).

A pesar de que una inconstitucionalidad mantiene detenido el Reglamento de Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, que estipula, entre otras obligaciones,   construir plantas de tratamiento municipales,   más de 240 municipalidades ya cumplieron con   los estudios técnicos, según  datos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Las municipalidades debían tener los estudios técnicos en mayo de este año, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) una inconstitucionalidad presentada a finales de mayo y resuelta en junio. Con esta decisión quedó de nuevo   en suspenso el cumplimiento del reglamento, que se ha postergado desde su aprobación en 2006.

El Progreso, Izabal, Quiché y Zacapa han cumplido con dichos estudios, mientras que   Totonicapán, Escuintla y Jalapa tienen un avance menor del 25 por ciento en ese ordenamiento.

Los datos del MARN hasta mayo dan cuenta de que 247 comunas   han efectuado los estudios respectivos; sin embargo, la base de datos hace la aclaración de que no se toma en cuenta la fecha de vencimiento.

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De acuerdo con el reglamento, los estudios deben actualizarse cada cinco años y las municipalidades están obligadas a revisar la vigencia de estos para actualizarlos. El precio de los estudios oscila entre Q75 mil y Q85 mil, pero depende de la cantidad de desfogues y plantas de tratamiento en función.

Sin acuerdos

La normativa ha sido motivo de disputas entre la Anam y el Ejecutivo, debido a que el presidente de la Asociación, Sebastián Siero, ha mencionado que las municipalidades no cuentan con las capacidades financieras para su aplicación y  no reciben  suficiente apoyo del gobierno central. La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, ha asegurado que han tenido acercamientos con diferentes alcaldes directamente, no por medio de la Anam.

Algunas alcaldías sí poseen plantas de tratamiento, como la de San Manuel Chaparrón, Jalapa, que tiene una en el casco urbano, pero el alcalde, Ricardo Sandoval, reconoce que no se planificó de la mejor manera, por lo que no cubre el caudal respectivo.

“Entonces esto viene a afectar, porque hoy por hoy estamos buscando las salidas y las mejoras para estas plantas, pero que sí son presupuestos muy altos que hasta el momento se tendría que hacer a través de un préstamo con instituciones bancarias o con el Instituto de Fomento Municipal (Infom) para el desarrollo de estos proyectos”, comentó el jefe edil.

El alcalde de San Cristóbal Totonicapán, Carlos Say, afirmó que poseen algunas plantas, pero necesitan más. Uno de los problemas en la localidad es que ahí desembocan líquidos provenientes de San Francisco El Alto, Totonicapán, donde operan varias industrias de tintorería.

Además,  varios municipios no  cuentan  con plantas de tratamiento ni sistemas de alcantarillado, como  algunos de los asentados a   orillas del Lago de Atitlán.

Recientemente, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae) informó que en el departamento se trabaja con tres municipios sobre el tratamiento de aguas residuales.

Por otro lado, la Mancomunidad de la Cuenca del Río Motagua   busca formas de financiamiento para trabajar en el deterioro de sus aguas.

“Estamos trabajando para buscar la forma de gestionar recursos y poder revertir ese deterioro tan grave que tiene el Río Motagua”, dijo   Guadalupe Reyes, alcalde de Palencia, municipio de Guatemala.

Préstamos

Algunos jefes ediles acuden al Instituto de Fomento Municipal (Infom) en busca de financiamiento, como   Sandoval, quien asegura que también estudian otras fuentes.

El Infom registra de 2017 a la fecha cinco préstamos de diferentes jefaturas ediles para proyectos de tratamientos de agua.

Masagua, Escuintla, solicitó Q4 millones en el 2017  para el tratamiento de aguas; Conguaco, Jutiapa, requirió Q2 millones 400 mil en 2018, para la planta de tratamiento; San Manuel Chaparrón, Jalapa, pidió en 2018 un crédito por Q5 millones para las plantas de tratamiento de desechos sólidos y de  aguas.

  El Jícaro, El Progreso, obtuvo en 2020 un préstamo por Q15 millones para diferentes proyectos, entre los cuales se encuentra la planta de tratamiento de aguas residuales; Guazacapán, Santa Rosa, solicitó Q2 millones 300 mil, con el objetivo de construir la planta de tratamiento en 2020, y un año después la alcaldía de la cabecera  de Chiquimula requirió Q9 millones 500 mil para la compra del terreno donde se construiría el sistema de aguas residuales.

Presidenta del Infom explica las amenazas de muerte de las que han sido víctimas

En las últimas semanas las autoridades del Infom denunciaron amenazas de muerte dirigidas a la cúpula de la institución.

Fátima Najarro

23 de julio de 2024 | 05:00h

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Dentro del edificio del Instituto de Fomento Municipal (Infom) hace algunas semanas aparecieron notas con amenazas hacia las autoridades de la entidad. Karin Slowing, presidenta de la junta directiva del instituto relata cómo fueron los hechos y a qué se pudo deber.

¿Cómo fueron los eventos el día que denuciaron las amenazas?

El jueves 27 de junio venía en camino porque todo pasó muy temprano. Cuando me llamó el gerente, y me dijo que teníamos una situación muy urgente, él no sabía que yo estaba cerca de la oficina. Me anticipó que habíamos recibido amenazas.

¿De qué forma fueron las amenazas?

Por lo por la forma del edificio no hay escaleras anexas. Entonces, en el cubo de escaleras que articula los siete niveles que tiene el edificio habían dejado regadas creo que fueron entre seis y siete cartas escritas a mano.

Eran de papel bond, normal, manuscritas. Con palabras soeces y amenazas explícitas de muerte dirigidas específicamente a mí, no por nombre, sino por cargo, eso fue interesante.

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Fue por cargos al gerente, a mí, a la subgerente y a la directora de recursos humanos.

El gerente viene muy temprano, calcula él que entró alrededor de las siete de la mañana y subió al despacho. Media Hora después le notificaron que habían en ese momento habían puesto en las gradas las notas y que había gente leyéndolas.

Cuando yo entré al Infom ya no no estaban las notas en las gradas. El jefe de seguridad las habían mandado a retirar las notas.

¿Se presentó una denuncia?

Si, a eso de las ocho yo llamé al presidente que estaba en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. A las once de la mañana vino -al Infom- la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) hicieron la investigación y al día siguiente el gerente fue al Ministerio Público a hacer la denuncia.

¿Se solicitó seguridad al Ministerio de Gobernación?

Solicitamos al al Ministerio Gobernación que nos apoyaran para reforzar la seguridad perimetral, primero del área porque es un sector peligroso respecto a asaltos, pero además la seguridad de ingreso al edificio.

Al final no son amenazas a nosotros, es el personal en su conjunto del Infom el de planta central que está en riesgo.

Y pedimos que se que hagan el análisis de vulnerabilidad para ver cuánta más seguridad hay que meter, tanto seguridad personal como seguridad institucional. En esa etapa estamos.

¿Antes de los mensajes que recibieron ocurrió algún otro evento similar?

Unas semanas antes, vine a recibir a una alcaldesa, cuando entramos al despacho había ahí en la entrada del despacho una gran mancha como de polvo y parecía raro porque el eso fue el lunes que ella vino y el viernes se había cerrado la oficina y yo no vine el fin de semana.

Cuando salía a despedir a la alcaldesa en la sala de espera del despacho notamos que tenían marcas blancas de manos, como de hombre. Llamé al jefe de seguridad, vinieron a revisar la oficina y habían marcas blancas también en la mesa.

No había nada más, no se había perdido nada, todo estaba en orden, pero el obviamente alguien entró al despacho. También la puerta de la gerencia estaba medio abierta y no tenía por qué haber estado así, porque tiene que quedar bien cerrada.

sospechamos que alguien entró al despacho y simplemente dejar un una notificación de que habían entrado. Lo reportamos con el MP, pusimos denuncia y fuimos a ratificarla.

¿Tiene alguna hipótesis sobre decisiones que se hayan tomado que puedan haber desencadenado ese comportamiento?

Uno de los principales problemas que teníamos era la sobrepoblación de personal. Entonces hubo que retirar bastante personal. Fueron alrededor de sesenta personas, un poco más. La mayoría contrato 029 y sobre todo no se hizo arbitrariamente.

El gerente ha venido haciendo un proceso de evaluación del funcionamiento de las unidades y de quién funciona y las decisiones sobre ese personal que no estaba realmente aportando mucho a la institución no se hicieron arbitrariamente.

Obviamente es una decisión, siempre la más difícil de todas en una institución, y por ahí pensamos que ese es uno de las cosas que podría estar detrás. Este año lo que estamos haciendo es estabilizando que haya presupuesto para funcionar los servicios básicos y tratando de solventar cosas para ya el año entrante poder, si se aprueban el el presupuesto en el Congreso, poder invertir.

¿Se hizo algún movimiento en el personal de seguridad?

El que estaba antes -jefe de seguridad- del anterior gobierno fue sustituido, entró en nuevo jefe y también fue amenazado.

¿Cómo han reforzado la seguridad mientras se termina de realizar el análisis de vulnerabilidad?

Ahora tenemos hay un guardia de seguridad que tiene que acompañar a los visitantes que vienen al despacho. La unidad -del Mingob- que se dedica a cuidar funcionarios estaba ocupada, tenía ya los guardias están asignados a diputados todo eso que que se hizo público ahora, entonces no tenían disponibilidad.

Estamos gestionando guardias con la unidad que cuidar edificios públicos de la Policía Nacionla Civil. Ya lo solicitamos, estamos esperando que gobernación nos pueda asignar por lo menos un pequeña unidad.

Sí queremos reforzar nuestra seguridad, pero necesitamos la seguridad privada, peor ahorita no podemos hacerlo. También la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) nos ha orientado en algunos aspectos.

El ingreso al edificio también fue fortalecido con algunas medidas, porque entran por la misma puerta quienes se dirigen a las oficinas de la Asociación Nacional de Municipalidades.

Autoridades del Infom denuncian amenazas de muerte y Arévalo ordena investigación

Las amenazas de muerte contra funcionarios del Infom llegaron de forma escrita y alcanzan al cuerpo de seguridad de la institución.

César Pérez Marroquín

28 de junio de 2024 | 15:12h

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Sede del Instituto de Fomento Municipal. (Foto Prensa Libre: Tomada del Facebook del Infom)

Autoridades del Instituto de Fomento Municipal (Infom) informaron que fueron objeto de amenazas de muerte, las cuales llegaron a la institución de forma escrita, un hecho que fue condenado por el presidente Bernardo Arévalo, quien ordenó al Ministerio de Gobernación que profundice en la investigación.

Las amenazas en contra de las máximas autoridades y el cuerpo de seguridad del Infom llegaron el pasado 27 de junio de forma escrita a las instalaciones de la institución, se informó por medio de un comunicado de prensa.

“La Junta Directiva y la Gerencia rechazan las amenazas de muerte recibidas el día de hoy -jueves- y reafirman su compromiso con la transparencia y el desarrollo de las Municipalidades”, detalla el comunicado del Infom.

El documento agrega: “La Presidencia del Infom y la Gerencia condenan enérgicamente este tipo de acciones que buscan intimidar a todo el personal de la Institución. Estos actos cobardes han sido denunciados a las autoridades respectivas y se deducirán responsabilidades ante la ley”.

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En el documento el Infom reitera que seguirán trabajando “incansablemente por la transparencia del gasto público” y por la implementación de reformas necesarias en la institución.

“EI Infom no se dejará amedrentar por amenazas y seguirá adelante con su misión de fortalecer el poder local y promover el desarrollo municipal integral”, concluye la misiva.

Se trató de conocer la opinión de Karin Slowing Umaña, presidenta de la junta directiva del Infom, respecto a las amenazas y si estás se refieren a algún caso en específico, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

Ordena investigación

Ante las amenazas contra funcionarios del Infom, el presidente Bernardo Arévalo se pronunció en redes sociales y condenó esas acciones.

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“Condeno enérgicamente las amenazas dirigidas al personal del @infom_guatemala. Todo mi respaldo a @karin_slowing_u y su equipo en su valiente lucha contra una minoría corrupta. He ordenado al @mingobguate investigar a fondo estos actos cobardes. No están solos y no cederemos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Se consulto a Presidencia si tenían registró de otros casos de amenazas en contra de funcionario, pero se centraron en el caso del Infom, al hacer referencia sobre la investigación por parte del Ministerio de Gobernación.

“El Infom presentó ya la denuncia a donde corresponde y Ministerio de Gobernación ya inició proceso de investigación”, señaló el Ejecutivo.

El Ministerio Público por su parte informó que ninguna fiscalía ha recibido alguna denuncia respecto a ese caso.

“Por el momento no ha ingresado ninguna denuncia a la Institución sobre el tema al cual hace referencia”, respondió el MP.

Condeno enérgicamente las amenazas dirigidas al personal del @infom_guatemala. Todo mi respaldo a @karin_slowing_u y su equipo en su valiente lucha contra una minoría corrupta.

He ordenado al @mingobguate investigar a fondo estos actos cobardes. No están solos y no cederemos. https://t.co/hbOJDgiYt4

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 28, 2024

Karin Slowing: es una crisis profunda -en el Infom- por desprecio a la función pública

La titular de la entidad reconoce el reto para recuperar la entidad, que es el objetivo por el cual el presidente Bernardo Arévalo la designó.

Fátima Najarro

13 de mayo de 2024 | 05:00h

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El Infom es una institución de apoyo municipal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Al frente del Instituto de Fomento Municipal (Infom) está Karin Slowing quien tiene la tarea de mejorar el funcionamiento de la institución que tiene más de 70 años de existir. En entrevista con Prensa Libre, la presidenta de la Junta Directiva de la entidad comentó el reto que tiene por una sobrepoblación de trabajadores, sentencias judiciales por pagar e insolvencia financiera.

Fue hasta en los últimos días de marzo que Slowing fue nombrada al frente del Infom, después de poco más de dos meses de haber sido designada en la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam).

Dicha comisión fue creada durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el cual tiene según sus estatutos el fortalecimiento en la relación entre entidades del gobierno y las municipalidades

Slowig recalcó la necesidad de reformar la entidad y hacer cumplir su mandato de financiar municipalidades con recursos reducidos, para que el agua y saneamiento sean prioridad en los proyectos que se planifican en las localidades.

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¿A qué se debió el cambio de la Copresam al Infom?

La razón fundamental de eso es que el presidente, Bernardo Arévalo, planteó la necesidad de evaluar si la Copresam tenía alguna utilidad o no. Cuando yo entré, eso fue mi primera labor, hacer una evaluación de para qué servía.

Lo primero que se hizo fue presentarle la evaluación de ese diagnóstico casi al mes. Determinamos en la discusión que la Copresam sí tiene una utilidad de corto plazo, por lo menos, que es ser una ventanilla en la que puedan llegar los alcaldes y agilizar sus trámites con el Ejecutivo, en lugar de andar de ministerio en ministerio.

Entonces, se acordó ahí que Copresam iba a quedar como una ventanilla de gestión y las funciones de agua y saneamiento vienen aquí -al Infom-. Se decidió que yo me viniera para acá porque anticipábamos que la situación institucional no era muy buena.

¿Cuál es la primera evaluación del Instituto luego de las semanas que tiene al frente?

El desafío siempre es fuerte, especialmente en un contexto como en el que estamos, en el cual hay un abandono y aún en el que estamos, un deterioro institucional profundo.

Si bien esta es una institución que tiene casi setenta años de existir, una institución que fue pensada para apoyar y servir a las municipalidades encontramos una situación muy difícil en términos de insolvencia financiera, de sobrepoblación institucional, de una gama de problemas de gestión no resueltos.

Todo eso, pues, no permite que uno de buenas a primeras venga a pensar en que va a implementar el mandato institucional. Tiene un patrimonio financiero desde su constitución, con el cual se dan préstamos a las municipalidades y la institución vive de los intereses y un mandato vinculado a la función de ejecución de proyectos de agua y saneamiento.

Encontré una institución desfinanciada, una institución que prácticamente no había colocado más de, por lo menos una proyección, de Q375 millones que tiene que colocar en el año de préstamos, solo se han colocado Q23 millones, con conjuntos de obligaciones legales por despidos, destitución, reinstalaciones que es un fenómeno que está matando a todo el sector público.

Es una crisis profunda de la institución por abandono, por negligencia, por abuso, por desprecio a la función pública. Lo que el presidente me ha pedido, es levantar la capacidad institucional del Infom para que cumpla el mandato, porque si algo ya constaté también es que la municipalidad sí lo necesita.

¿Tienen deuda por sentencias judiciales?

Es una dinámica bien perversa que hay, que, por un lado, pues tiene esa dimensión de que necesitamos revisar toda la estructura de servicio civil del estado. Y por el otro que ya se es casi un modus operandi para desfinanciar a las instituciones.

Todavía no puedo decir -el monto que se adeuda- porque es la evaluación que se está haciendo, pero sí es significativa porque nos dejaron indicado es que solo los últimos cuatro años pagaron Q17 millones.

Volviendo al tema de los préstamos, ¿cuántas municipalidades buscaron financiamiento?

En este momento solamente tenemos más o menos 20 municipalidades ya con un contrato nuevo de préstamo en marcha. Todos son préstamos pequeños. Cuando hablo de pequeños son de menos de Q5 millones o Q7 millones, que se pagarían en este ciclo de gobierno.

Ya en este mes tenemos intenciones de crédito que si salen nos llevan a un compromiso de más de Q30 millones.

¿Cree que será posible llegar a la meta de Q375 millones?

Sinceramente todavía no lo sé. El Infom tuvo un vacío. Entonces todo el tema de proyectos y de programación de obras, se ha hecho un poco lento este año. Va a depender de la forma en la que las municipalidades reactiven su propia dinámica que les permita a ellas definir cuánto más pueden pedir prestado para seguir avanzando.

El Infom integra la Junta Directiva del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, ¿cómo encontraron esa institución?

No estoy yo, hay otra persona delegada del Infom. No tengo más información al respecto.

Cuánto ganan los presidentes de entidades del Estado comparado con el salario de Bernardo Arévalo

Los presidentes del Ejecutivo, Legislativo, Organismo Judicial y entidades autónomas distribuyen su salario en diferentes rubros.

Enrique García

24 de abril de 2024 | 16:38h

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Presidentes del Organismo Judicial, Oscar Cruz; Ejecutivo, Bernardo Arévalo; y Legislativo, Nery Ramos. (Foto Prensa Libre: @BArevalodeLeon))

Al menos 11 presidentes en el que figuran el de los tres poderes del Estado, así como otras entidades autónomas cobran en conjunto Q824 mil 640 mensuales, que en un año superan los Q9 millones. Estos gastos se distribuyen entre salario base, bonificación por antigüedad y profesional, otros incentivos, gastos de representación, bono promedio y mensual, dietas, por ser integrantes de junta directiva y dietas por diferentes cargos que ocupan dentro de la administración pública.

En el caso del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) suma a su salario lo que recibe como alcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala; y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, gana más de Q70 mil mensuales.

El presidente Bernardo Arévalo, es quien más recibe, Q148 mil 838. Este se distribuye entre sueldo base, gastos de representación y un bono mensual, se suma los viáticos que varían mensualmente.

Aunque el mandatario anunció este 23 de abril, que a partir de junio se aplicará una reducción del 25% de su salario nominal, por lo que ganará Q100 mil 855.

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Otras remuneraciones

En la nómina le sigue, el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Vásquez, quien gana Q118 mil 625. El actual presidente de la Anam, Sebastián Siero, recibe en conjunto con los dos cargos que ocupa Q109 mil 592.

En tanto que el presidente del Organismo Judicial, Oscar Cruz, se le distribuye entre salario base, bonificación profesional, gastos de representación y un bono mensual para recibir en total Q103 mil 975.

Este es el salario total sin descuentos que recibe cada uno de los presidentes. La información fue obtenida como información pública de oficio, en el portal de Acceso a la Información que tiene cada entidad.

Karin Slowing Umaña es designada como representante del presidente ante el INFOM

El gobierno también nombra a la sustituta de Karin Slowing en la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales.

Julio Román

25 de marzo de 2024 | 16:49h

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Karin Slowing Umaña fue designada como representante del presidente ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento. Municipal (INFOM). (Foto Prensa Libre: COPRESAM)

En un comunicado de prensa, la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales informó que el presidente Bernardo Arévalo de León, designó a Karin Slowing Umaña como su representante ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Fomento. Municipal (INFOM).

Se menciona que esta designación es con el objetivo de fortalecer sus capacidades y labor en el desarrollo municipal y que la decisión tiene como propósito impulsar una gestión eficaz y transparente en beneficio de las municipalidades.

“El presidente Arévalo de León ha sido enfático en la importancia de revitalizar el papel del INFOM como actor fundamental en la promoción del desarrollo municipal, lo cual implica brindar asistencia técnica, administrativa y financiera para contribuir al progreso de los municipios y recuperar la confianza de los alcaldes en la institución”, se lee en el comunicado.

Se agrega que el cargo que deja Slowing Umaña en la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (COPRESAM), lo asumirá  la actual subdirectora ejecutiva Alida Adelina Arana Vicente.

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“Ambas designaciones representan otro paso para materializar la visión del presidente Arévalo de León, de que el desarrollo se construye desde, con y para la población”, se menciona en el comunicado.

Disputas por junta directiva del plan de prestaciones

Expresidente de Anam no entrega la dirección del PPEM, que supera los Q300 millones de aportes municipalistas.

Fátima Najarro

12 de marzo de 2024 | 05:05h

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El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, fue electo presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades este año. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El Plan de Prestaciones del Empleado Municipal (PPEM) no ha logrado integrar a su junta directiva, debido a recursos legales que impiden la toma de posesión del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero.

La junta directiva es presidida por el alcalde que representa a la Anam, según la Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal. A él lo acompaña un representante de la Asociación Nacional de Empleados Municipales, uno del Instituto de Fomento Municipal y uno nombrado por el Ministerio de Trabajo.

El anterior presidente de la Anam y actual alcalde de El Jícaro, El Progreso, Francisco Mejía, interpuso dos amparos para evitar que Siero tome posesión del cargo.

Aunque los togados de los juzgados sexto y noveno de Instancia Civil resolvieron no otorgar el amparo provisional, Siero aún no asume.

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Además, Siero apeló la resolución de los amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que aún se encuentra pendiente. A ello se suma una denuncia penal contra Mejía por no querer entregar la presidencia del PPEM.

“Justamente esta semana, ya estamos preparando una denuncia penal por prolongación de funciones, ya que lo que ellos están haciendo en el Plan de Prestaciones es ilegal”, aseguró el presidente de la Anam hace algunos días.

También comentó que, en el memorial que presentaron en la CC por la apelación, piden a la Corte que certifique lo conducente por no permitir que asuma el cargo en la junta directiva.

“Hay que llegar a hacer toda esa reingeniería y ese rediseño, porque el PPEM lo tenía la anterior administración de Vamos como su botín político”, agregó Siero.

Se trató de establecer comunicación con Mejía, pero no fue posible al cierre de esta edición.

Institución

El plan funciona desde 1968, y es una entidad autónoma. De acuerdo con la información pública de oficio de la institución, el presupuesto asignado a la entidad es de Q313 millones 926 mil.

Pero también percibe presupuesto de los aportes de las municipalidades y de los trabajadores que deseen contribuir a ese fondo. Cabe resaltar que la Municipalidad de Guatemala no participa en el PPEM, pues cuenta con su propio programa de prestaciones.

Hace unos cuatro años, el PPEM manejaba cerca de Q600 millones en la reserva del presupuesto para las futuras previsiones, aunque no es certero el dato, pues fuentes cercanas al plan dan la cifra de Q900 millones para el 2024.

Los beneficios incluyen pensión por vejez o retiro por tiempo de servicios, pensión por invalidez y prestaciones en caso de fallecimiento.

Son cerca de 340 empleados los que tiene la entidad, de los cuales casi el 50 por ciento son personal que presta servicios profesionales o técnicos temporales.

Los miembros de la junta directiva devengan Q2 mil en dietas por cada sesión.

Control

El PPEM estuvo bajo el mando de Mejía durante los últimos cuatro años, quien es alcalde desde el 2012. Llegó con el desaparecido partido Frente Republicano Guatemalteco, luego ganó su primera reelección con Libertad Democrática Renovada, en el proceso del 2019 ganó con Prosperidad Ciudadana y de nuevo se reeligió el año pasado con el partido Vamos.

Mejía se mantuvo cercano al partido oficialista en la administración de Alejandro Giammattei. En la asamblea extraordinaria del 2022, ambos ofrecieron la construcción de un edificio para los alcaldes y el año pasado se le descontó a cada municipalidad Q15 mil para la compra del inmueble.

A pesar de que Vamos ya no tendrá la presidencia de PPEM, sí tendrá influencia, pues el suplente de Siero es Daniel Chavajay, alcalde de San Juan La Laguna, Sololá, tal como lo confirmó el sololateco.

Llegó a la alcaldía con Vamos y es cercano al diputado Allan Rodríguez.

Impugnaciones

El analista en temas municipales, Dámaso Rosales, comentó que no da un buen mensaje respecto de transparencia que el anterior presidente de la Anam busque prolongar sus funciones.

“La junta directiva, al no estar constituida en su totalidad, puede ser madera de ciertas impugnaciones”, advirtió el experto.

La junta directiva puede reunirse con el 75 por ciento de quorum, aprueba decisiones por mayoría de votos y en caso de empate es el presidente el que tiene voto doble.

Rosales resaltó que el PPEM es de importancia, pues los empleados municipales pueden obtener los beneficios cuando los requieran.

Además, son de relevancia las inversiones que haga la junta directiva con los fondos, pues se deben hacer “buscando el bien común, en beneficio del plan”, reiteró el entrevistado.

La Subcontraloría de la Calidad del Gasto realizó más de 3 mil hallazgos de los cuales 50 resultaron en denuncia ante el Ministerio Público (MP) y la cifra total de los supuestos fondos malversados es de Q506 millones 912 mil 848.56.

El pasado lunes 29 de mayo, se describieron ocho casos de hallazgos de la referida Subcontraloría, sin embargo, entre los informes de los hallazgos figuran otros casos que pasaron desapercibidos.

Entre los cuales se encuentran los 72 automóviles de los cuales no se conoce el paradero del Instituto de Fomento Civil (Infom), ubicación de los comedores sociales en donde no hay niveles alto de desnutrición gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y transferencias de subsidios a beneficiarios fallecidos en la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

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Flotilla de autos desaparecida

Las entidades del Estado requieren automóviles para sus funciones, pero en algunos casos pareciera que el mantenimiento y supervisión de estos no es prioritario.

Uno de los casos es del Infom en el que no se pudo explicar la falta de una flotilla de automóviles. Al momento que los auditores de la CGC acudieron a la entidad en agosto del 2022, 72 autos que figuraban en el inventario no fueron puestos a la vista del equipo de profesionales.

De acuerdo con el informe, la visita se realizó el 30 y 31 de agosto, pero el 29 la persona con funciones de encargado de inventarios describió un listado de los autos que no se encontraban en las instalaciones debido a que supuestamente habían sido robados.

La CGC señala que no fueron presentadas las denuncias en el MP ni documentos que prueben el robo de los bienes o la baja en el inventario. De la misma manera, no se tenía Título de Propiedad, Tarjeta de Circulación ni Tarjeta de Responsabilidad, a pesar de que el Impuesto de Circulación fue pagado por la entidad.

Los extraviados son 51 vehículos que pertenecen a la Unidad de Administración Financiera (UDAF) y los otros 21 a la unidad ejecutora del Programa de Acueductos Rurales.

La CGC estableció la responsabilidad mancomunada en Q5 millones 833 mil 974, y se interpuso una denuncia en el MP en contra de ocho personas, quienes son:

1. Aida Raquel Ávila Sólis, directora administrativa; Claudia Beatriz Velásquez de Gordillo, directora administrativa
2. Francisco López Mejía, encargado de inventarios en la unidad ejecutora del programa de acueductos rurales
3. José Álvaro García de León, auditor jefe del Instituto de Fomento Municipal
4. Luis Emilio Cano Zapet, contador del área de ingresos y egresos
5. Mariano Alfredo González Gutiérrez, director administrativo
6. Marvin Rogelio García, asistente administrativo financiero de la dirección administrativa con funciones de encargado de inventarios
7. Pedro Raymundo Velasco, director administrativo
8. Rosa María Estrada Silva de Orozco, directora administrativa

La entidad argumentó que a los vehículos que pertenecen a la Programa de Acueductos Rurales con placa oficial no se pagó el impuesto ya que por ser del Estado el monto a pagar es cero. También que de acuerdo a los trámites que solicita la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para dar de baja un auto es necesario estar solventes del impuesto de circulación.

De la misma manera, en la respuesta de los involucrados indican que la problemática con los autos persiste desde el 2021 y las acciones tomadas al respecto y los documentos respectivos fueron trasladados a los auditores de la CGC al momento de la visita. Y señalan faltan de pruebas por parte de los auditores.

Asimismo, que el título de propiedad de algunos de los vehículos no está a nombre del Infom y que debido a la antigüedad respecto al ingreso del bien a la entidad no se cuentan con actas para resolver la problemática que fue tratada de solventar desde 2020.

En otro caso similar, relacionado al poco control sobre los bienes, los auditores de la CGC sancionaron a tres personas de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por deficiencias en el control y supervisión de los bienes muebles dados en uso provisional.

La CGC señala que no se conoce que acciones se tomaron para dar cumplimiento al mantenimiento de los autos otorgados, según los informes respectivos.

Los autos son siete que fueron otorgados al Ministerio de Gobernación (Mingob), 15 al MP, siete al Ministerio de la Defensa (Mindef), 11 al Organismo Judicial (OJ), dos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y 13 de la misma Senabed.

Además, que en los informes revisados tampoco se conoce cómo se procedió ante los vehículos que no fueron puestos a la vista de los supervisores de la Secretaría, entre lo que se mencionan siete del Mingob y dos de la Senabed.

De esos nueve se lee en el informe que si fueron puestos a la vista a los auditores de la CGC por lo que “los responsables de la supervisión no ejercieron un control eficiente sobre los mismos”.

Además de otros nueve autos que fueron entregados al OJ y no se encontraban en los informes de la Secretaría y otros tres que usaba la misma Senabed, pero no aparecían en los informes de supervisión.

En la contestación de la entidad se señala que se solicitó al Mingob, MP, Mindef, OJ, PGN y Senabed que fueran puestos a la vista los bienes y que el mantenimiento depende de la entidad que hace uso del automóvil.

Justifican que los técnicos hicieron informes por falta de mantenimiento y los que no fueron puestos a la vista, pero se desconoce que sucedió luego por parte de las autoridades de la Secretaría. Y sobre los autos que no aparecían como otorgados, señalan que el 29 de abril fue la visita de los profesionales de la CGC y los autos fueron dados en mayo y junio, es decir después de la auditoría.

La CGC sancionó a Pablo José Cárdenas Alvarado y Rodolfo Enrique Palma Portillo, ambos con el cargo técnico profesional IV con Q7 mil 500, además de la directora de control y registro de bienes, Evelyn Carolina Morales Ruiz, con Q25 mil.

Desde que inició el año, las entidades del Estado han destinado Q106 millones 318 mil 529 en 346 autos nuevos. Entre los ministerios que más gasto en el rubro tiene son el Mindef, el OJ, el Ministerio de Educación, Mingob, la empresa Portuaria Quetzal, el Banco de Guatemala, el Ministerio de salud y Asistencia Social, a Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Oficina nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Sanción por comedores solidarios

El ministro, Héctor Melvyn Caná Rivera, fue sancionado por la CGC con una multa de Q3 mil 193.25 por deficiente gestión en la ejecución del programa Comedor Social. En el momento donde se dieron las acciones señaladas fungía como viceministro de protección social. Además, el exministro de desarrollo social, Raúl Romero Segura por Q4 mil 375.

Junto a ellos fueron sancionadas otras cinco personas, entre ellas Lesbia Magaly Antonia Duarte Martínez, viceministra de protección social, con un monto de Q3 mil 193.25; Luisa Fernanda Calderón Aguilar, subdirectora de comedores con Q4 mil; y Carlos Miguel Torres Sique, director de prevención social con Q5 mil.

Asimismo, Julisa Mercedes Gonzáles Samayoa y Karla María Melgar Arquía, ambas encargadas de control de alimentos con Q1 mil 750 cada una. El monto total por las sanciones es de Q23 mil 261.50

De acuerdo con el informe de la CGC, de los 79 comedores que hay en funcionamiento, 46 no cumplen con los criterios necesarios para ser instalados en el área donde se encuentran.

Es decir, se requiere por ley que se encuentren en lugares donde los niveles de desnutrición sean alta o muy alta, pero en realidad están en municipios donde el nivel es medio o bajo según los datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).

En el informe la Contraloría determina que los funcionarios no verificaron, coordinaron o dirigieron correctamente el programa para que los comedores estuvieran localizados conforme a la focalización geográfica necesaria.

También que se validaron los dictámenes técnicos de la ubicación, no se garantizó la prestación de servicios y no se observó que los usuarios cumplieran con los requisitos.

En el descargo, los funcionarios sancionados aclaran que para la apertura de los complejos se tomaron en cuenta otros criterios de ubicación, también establecidos en ley, como la cercanía a hospitales, a estaciones de buses guarderías, a centros educativos, el censo de talla, situación epidemiológica de desnutrición, el Índice De Vulnerabilidad A La Inseguridad Alimentaria Y Nutricional (Ivisan), proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) e índices de pobreza rural.

De acuerdo con el informe, los 46 comedores están ubicados en San Jerónimo, Baja Verapaz; El Jícaro y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; Guanagazapa, La Democracia, Palín y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; San Juan Sacatepéquez, Lo De Carranza y San Pedro Ayampuc, Guatemala; Malacatancillo, Huehuetenango.

Además en Los Amates, Morales, Izabal; Monjas, Jalapa; La Blanca y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos; Casillas, Chiquimulilla, Pueblo Nuevo Viñas y Taxisco, Santa Rosa; Cabañas, Gualán, Teculután y Estanzuela, Zacapa; y Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Los anteriores están categorizados con nivel medio por la Sesan, aunque en la respuesta de los sancionados se contrasta con el porcentaje de desnutrición crónica y la pobreza rural por municipio.

Entre los que poseen nivel bajo por la Sesan y cuentan con un comedor son San Antonio La Paz, Sanarate y Morazán, El Progreso; Nueva Concepción, San José, Tiquisate y San Vicente Pacaya, Escuintla; San José del Golfo, Palencia y Fraijanes, Guatemala; cabecera departamental de Huehuetenango; Puerto Barrios, Izabal; Atescatempa, Jutiapa.

También Esquipulas Palo Gordo y la cabecera departamental de San Marcos; Cuilapa, Santa Rosa; Río Hondo, San Diego, Usumatlán y la cabecera de Zacapa; y Poptún, Petén.

Pagos a beneficiarios fallecidos

En la Secretaría de Bienestar Social (SBS) la CGC detectó que en el programa de Subsidios Familiares correspondientes a adolescentes y niñez con discapacidad se realizaron transferencias bancarias a personas fallecidas, ya fueran administradores o beneficiarios. El monto asciende a Q29 mil 509.

Las transferencias sucedieron en lapsos de uno a diez meses después de la fecha de defunción registrada en el Registro Nacional de las Personas (Renap). Cuatro casos corresponden a los gestores que fallecieron y otros 26 casos en los que falleció el beneficiario.

Los montos que fueron transferidos en cada caso luego del fallecimiento de la persona varían entre Q177.42 hasta los Q4 mil 822.58.

La CGC buscaba sancionar a cuatro personas, pero después de que presentaran sus argumentos el hallazgo fue confirmado solo para Reyna Elena Lemus Cifuentes, jefa del departamento de subsidios familiares de la Dirección de atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad con una sanción de Q20 mil; y a Etel Sabrina Granados Jiménez, directora de la misma unidad con Q36 mil de multa.

En los argumentos se señalaba que se siguieron los lineamientos y la capacidad instalada que consta de cuatro trabajadores sociales para ingreso de solicitudes y supervisiones y un técnico en trabajo social, quien es el único supervisor fijo.

“Es casi imposible con la capacidad instalada en este momento la realización de un monitoreo constante o de más de una supervisión al año a los más de mil 792 beneficiarios”, se lee en la respuesta de las personas señaladas.

De la misma manera, se indicó que una gran parte de las defunciones fueron inscritas hasta 58 días después por parte de los familiares o encargados.

En cuanto a cuando fallece el administrador del subsidio, no hay un procedimiento regulado en la institución, aunque en las cuentas bancarias siempre se solicita designar a un sustituto. La responsabilidad del subsidio corresponde al administrador, en caso este fallezca por consecuencia es eximido.

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Estas presiones habría recibido la Anam para apoyar a Jimmy Morales

Según el  jefe edil de San Diego, Zacapa,  “hay voces descontentas de muchos alcaldes en el país” debido a las declaraciones de Escobar.

Martínez asegura que Escobar lo señala de gestionar entre alcaldes manifestaciones a favor del presidente Jimmy Morales. “Es una aseveración totalmente falsa porque el presidente nunca me ha pedido el apoyo o que hagamos un movimiento de alcaldes a su favor”, declaró Martínez.

Escobar respondió a lo dicho por Martínez y referirse a un  comunicado de prensa publicado por la Anam, pero afirmó que este no  generó pugna entre los alcaldes. “Ningún alcalde salió a hacer declaraciones tan efusivas como las han hecho ellos”, dijo en relación al señalamiento de Martínez, y a la petición para que Escobar renuncie hecha por Enrique Arredondo,  alcalde de Nueva Santa Rosa.

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Además, dijo que sus declaraciones fueron porque se conocía a través de los medios que los alcaldes estaban preparando manifestaciones a favor del gobierno de Morales “indicando que los alcaldes íbamos a acarrear gente”.

“Algunos alcaldes me hablaron de eso y yo les hablé que no era oportuno que participaran en este tipo de manifestaciones porque hasta el momento no tenemos punto qué tocar, en todo caso nuestra obligación la mantenemos firma y nuestra postura de defender la institucionalidad del país”, aseveró Escobar.

¿Por qué?

Martínez dijo a  La Red que “el gran Problema de Edwin Escobar es que el presidente de la República me nombró como el presidente de la Junta Directiva del Infom”. En la actualidad, Escobar,  es el vicepresidente del Insituto de Fomento Municipal, pero funge como presidente, por ausencia del presidente. “La raíz de todo es que le quitaron el Infom a Edwin Escobar”, dijo

“Es tan inmaduro Edwin Escobar que al día de hoy no ha convocado a reuniones de Junta Directiva del Infom para que yo no tome posesión”, aseguró.

“El presidente (Jimmy Morales) puede nombrar a quien quiera como  presidente del Infom, esa es su facultad, siempre y cuando cumpla con la ley”, respondió Escobar, quien también expuso que Juan Pablo Ligorría cuando fue presidente del Infom, presentó una denuncia contra Martínez “porque su nombramiento, aducían ellos era ilegal. Yo me opuse a que fuera una denuncia penal, sino que fuera en todo caso administrativa”, aseguró Escobar.

Escobar reiteró en que el nombramiento de Martínez fue revocado una vez y que “el Ejecutivo hizo algo para volverlo a nombrar”.

Escobar mencionó que envió una carta al presidente Morales para exponerle los argumentos que, según la Ley Orgánica del Infom, impiden el nombramiento de Martínez “es un nombramiento que no cumple con los requisitos de ley”, argumentó.

Martínez detalló que una de las principales funciones del Infom es dar crédito a las municipalidades y que, por tener aspiraciones presidenciales, al referirse a Escobar, este podría estar buscando quedar bien con los alcaldes “para facilitarles los créditos, para ayudarles en algunas situaciones técnicas que el lnfom da, sería una herramienta importante para alguien que tenga alguna aspiración como la que él tiene”.

Al ser cuestionado si esos mismos intereses podría tener él o el presidente Morales, Martínez dijo que no le interesaba más que seguir siendo el alcalde de San Diego y que Morales tenía a todo el Gobierno, no solo al Infom,  “por si él  quisiera sacar algún provecho político como lo hace cualquiera”.

El presidente de la Anam recomendó al Ejecutivo que pida a la Procuraduría General de la Nación que emita un dictamen respecto al nombramiento de Martínez.

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La publicación de Escobar agradece como primer punto a los alcaldes y alcaldesas que no se prestaron a “acarrear” ciudadanos para que fueran parte de una “manifestación claramente manipulada, lo que se evidenció en el fracaso de convocatoria del pasado sábado 5 de mayo de 2018″.

El comunicado afirma que no existe división en el movimiento municipalista, y explica que la mayoría de los jefes ediles en el ejercicio de su libertad personal, tienen claridad respecto a que no desean formar parte de ninguna acción que atente contra el poder democrático del país.

También, hizo un llamado a la opinión pública a que se mantenga una observación permanente sobre este intento anti-democrático y denuncien cualquier presión para ser partícipes de estrategias provenientes de sectores.

Alcalde pide la renuncia de Escobar

El alcalde Enrique Arredondo de Nueva Santa Rosa quien compitió este año por la presidencia de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), solicitó este sábado la renuncia del presidente Edwin Escobar Hill, alcalde de Villa Nueva, por haber declarado que algunos jefes ediles movilizarían personas ayer para protestar en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Por medio de un comunicado de prensa, el alcalde Arredondo rechazó que el fuera el organizador para movilizar personas este sábado y protestas frente a la sede de la Cicig en la zona 14.

“Mi determinación de hacer responsable al alcalde Escobar que derive de forma planificada en la alteración del orden público o de hechos violentos el día de hoy, y que maliciosamente puedan ser achacados a alcaldes municipales, reservándonos el derecho de accionar penalmente”, cita el comunicado que emitió el jefe edil.

El motivo de la diferencia

La pugna política surge cuando vendedores del mercado La Terminal de la zona 4, realizaron una manifestación en apoyo al presidente Jimmy Morales y luego una protesta del sector magisterial, la semana recién pasada.

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Escobar Hill, declaró que emisarios del mandatario le han solicitado efectuar marchas a favor de Morales y que el alcalde Isaías Martínez, de San Diego, Zacapa, fue quien sugirió montar una masiva marcha.

“Yo dije que no podía apoyar al presidente (Morales) con malas decisiones, porque está mal asesorado”, subrayó Escobar Hill.

El pasado jueves Martínez, fue nombrado como presidente del Instituto de Fomento Municipal (Infom).

Martínez comentó que entró en conflicto con Escobar y con el presidente. Recordó que, al siguiente día, salió un comunicado de Anam que “está alejado de la realidad, engañó a los alcaldes pero a los medios de prensa dice otras cosas diferentes, un periódico vespertino publicó que estaba a favor del MP y Cicig y en contra del presidente, si está en otra posición es porque no lo nombraron donde él quería”.

Escobar Hill también denunció que el Congreso de la República, le han pedido sumarse al apoyo al mandatario.

Por medio de comunicados de prensa las municipalidades de Cobán, Tucurú, Santa Catalina La Tinta y Moyuta, negaron que movilizar personas a la capital, como se circuló en redes sociales.

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Unepar, que está adscrita al Instituto de Fomento Municipal (Infom), tiene a su cargo una función que también han adoptado las municipalidades y los consejos de desarrollo. A la Unidad se abocan comunidades que no tienen servicios básicos. Cada dos años Unepar concluye un 0.22 por ciento de los proyectos —10 en promedio—, si le asignan suficiente presupuesto.

La Unidad tiene cuatro programas, el de preinversión, donde hacen los estudios técnicos. Gestión social revisa lo necesario para la obra en la comunidad. Desarrollo y ejecución es el último paso.

A esa burocracia se suma que Unepar no puede actuar en ningún terreno que no esté a nombre del Estado, por lo que antes de comenzar, las propiedades donde instalan pozos, drenajes o agua potable, deben ser escrituradas a nombre de la municipalidad u otra entidad gubernamental.

En ejecución

Este año hay en ejecución 16 proyectos, ocho vienen del 2016, es decir que son de arrastre. Además, ocho nuevos que solo alcanzarán la fase administrativa, lo físico será hasta el 2018.

Unepar cuenta con dos modalidades de ejecución, una es más rápida que la otra. La denominada por “contratación” ha representado muchos problemas para la Unidad, al extremo de que hay proyectos del 2008 que no han sido terminados ni liquidados, tienen desembolsos económicos pero las empresas no continuaron las obras. La otra es por “administración”, más rápida y con menos complicaciones, compran materiales y al año siguiente los usan.

Se quejan

Gladys Padilla, directora del programa de desarrollo y ejecución de Unepar, explicó que para la entidad el mayor obstáculo es el presupuesto.

“Nos dan para funcionamiento, casi todos los años son Q20 millones, este año dieron Q14 millones, pero es para salarios y prestaciones”, explicó.

Padilla confesó que con esos recursos la Unidad logra elaborar expedientes para tener un banco de proyectos de donde elegir cuando tengan recursos.

“El año pasado se logró que Finanzas diera Q11 millones adicionales, este año fueron Q4 millones, pero el dinero es autorizado en los últimos meses del año, entonces hay que correr en el tiempo que queda”, manifestó.

Duplicidad

Para este año el Gobierno tenía presupuestado Q2 mil 159 millones para inversión en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, las prioridades eran agua y saneamiento, que tenía 594 proyectos con un monto de Q669.7 millones.

Al comparar el total de proyectos programados par ejecutar por el Gobierno, con los que Unepar termina cada año, representa un 1.7 por ciento. “Es una duplicación absurda, no de obra sino de gasto”, opinó Manfredo Marroquín, presidente de la junta directiva de Acción Ciudadana.

Según el experto en transparencia, las entidades como Unepar, creadas el siglo pasado, tenían como espíritu ejecutar lo que los ministerios no tenían capacidad.

El objetivo era que tuviera un 10 por ciento de gasto en funcionamiento con personal técnico altamente calificado, y un 90 por ciento de inversión, pero con el tiempo y el paso de los gobiernos, la condición se invirtió.

“Es una condición en todos los fondos sociales que quedan. Es una primera tarea para el gobierno que tenga claridad, pero todos se acomodan y lo ven como un bolsón, no los desmantelan porque se acomodan a usarlos”, explicó Marroquín.

En el 2010 fue cuando más ejecutó Unepar, según Padilla, en total hubo 25 proyectos porque le dieron el dinero a las municipalidades; sin embargo, algunas optaron por no desarrollar las obras, sino gastar los recursos en otros destinos.

“Todas esas unidades ejecutoras, incluyendo los fondos sociales, cayeron en los vicios de la corrupción”, insiste Marroquín, quien añade que en su momento recomendaron el cierre del Fondo Nacional para la Paz y otras unidades similares.

Desarrollo

A Unepar se abocan para pedir varios proyectos, las solicitudes más recurrentes son agua potable, y hasta hace un tiempo letrinas, pero ya no son instaladas, en cambio ahora, colocan inodoros lavables.

La mayoría de las peticiones son de comunidades de Quetzaltenango, Sololá, San Marcos, y en menor cantidad del oriente.

Godoy, además, continúa siendo el comisionado presidencial de desarrollo urbano, competitividad local e infraestructura crítica, cargo que desempeña ad honorem desde febrero de 2016.

Como presidente del Infom tampoco recibirá un salario mensual, sino que únicamente devengará con base en las dietas.

Luego de ser juramentado, dijo a la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) que una de sus prioridades en su nuevo cargo es el fortalecimiento institucional de las municipalidades, especialmente en la agenda urbana.

“Forma parte de una estrategia donde el presidente (Jimmy Morales) nos designó para fomentar el concepto de la agenda urbana que tiene que ver con alcaldes y municipalidades”, manifestó Godoy.

Añadió que su designación servirá para armonizar el trabajo con los alcaldes, siempre con una visión de propuesta urbana.

Bienvenido al nuevo Presidente de INFOM. Quique Godoy. Le deseamos muchos éxitos en su gestión. https://t.co/WbhMoblQe1

— INFOM (@infom_guatemala) May 29, 2017

El funcionario adelantó que el Infom capacitará a alcaldes para que las municipalidades estén preparadas para recibir a “un flujo de casi 8 millones de guatemaltecos” que van a migrar del área rural a la urbana en los próximos 15 años.

El proyecto Agenda Urbana GT fue lanzado por el Programa Nacional de Competitividad en Guatemala (Pronacom) en 2016, y busca definir el modelo de desarrollo de Guatemala.

Los compromisos financieros que tienen las municipalidades podrían impedir a nuevos alcaldes un comienzo cómodo para la administración, y bloquear la agenda de proyectos que planificaron y prometieron a los vecinos durante la campaña electoral del 2015.

Según las estadísticas, hay 338 comunas —en el país hay 340 municipios— que deberán hacer pagos para saldar la deuda contraída, excepto Sipacate, Escuintla, y Santiago Petatán, Huehuetenango, por su creación después de los comicios del 6 de septiembre.

Créditos

En los registros de la Anam y del Infom se detalla que las corporaciones municipales contrajeron la deuda a través de préstamos para construcción de mercados, carreteras, escuelas, edificios ediles e implementación de sistemas de agua entubada. También adquirieron nuevos créditos para pagar otros préstamos a través de una negociación de deuda.

La comunas con más deuda con el Infom son Coatepeque, Quetzaltenango, con Q40 millones 288 mil 440; Catarina, San Marcos, con Q11 millones 290 mil 238; e Ixcán, Quiché, con Q11 millones 220 mil.

Asimismo, hay 11 municipalidades que tienen obligaciones de pago con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los créditos fueron contraídos entre el 2002 y 2008. La deuda es de Q64 millones 749 mil 95 y se detalla que los recursos se gestionaron para la construcción de acueductos, mercados, sistemas de drenajes y edificios municipales.

La corporación más endeudada con el BID es Gualán, Zacapa, con Q10 millones 701 mil 970.

Al parecer, durante muchos años, la adquisición de deudas por medio de préstamos se volvió una práctica común en las corporaciones municipales, así lo refleja un registro del Infom en el que se detalla que 95 comunas obtuvieron créditos con bancos privados entre el 2000 y el 2013.

La deuda de las municipalidades con la banca privada es de Q380 millones 877 mil 604, y el vencimiento del pago de los 95 préstamos fueron acordados en fechas en que ya no estaban en funciones las autoridades que los adquirieron.

Con el IGSS

Los compromisos financieros no solo se han generado a través de créditos. También la morosidad en el pago de la cobertura médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se agregó al endeudamiento.

Del total de municipalidades, 330 corporaciones ediles le deben Q550 millones 387 mil 947 —según datos actualizados hasta agosto del 2015—.

La lista de los deudores del IGSS la encabeza la comuna de Guatemala, pues su morosidad es de Q261 millones 432 mil 605, y sigue Mixco, Guatemala, con Q30 millones 59 mil 229.

Este compromiso financiero con el Seguro Social representa el 30 por ciento del total de las deudas que tienen las corporaciones.

Suman Electricidad

La pesadilla en las municipalidades no termina con crédito y morosidad en el IGSS, ya que el compromiso financiero se extiende por la falta de pagos a la Empresa Eléctrica de Guatemala y Energuate.

La deuda a las empresas de electricidad ha sido contraída por 338 corporaciones, y la cifra es Q234 millones 810 mil 731. El retraso representa el 17 por ciento de la obligación financiera.

La comuna de Malacatán, San Marcos, tiene una deuda del servicio de electricidad por Q21 millones 382 mil 800, el compromiso económico más elevado. Luego sigue San Pedro Ayampuc, Guatemala, con Q17 millones 847 mil 958, y Tecún Umán, San Marcos, con Q10 millones 520 mil.

El Desafío

Entre los grandes desafíos de las autoridades locales está el pago de los créditos que se adquirieron en administraciones anteriores.

Según los registros, hay comunas que tienen préstamos con tres entidades financieras diferentes. Uno de esos casos es el de Melchor de Mencos, Petén. Sus obligaciones se desglosan así: Q370 mil 209, al Infom; un crédito por Q9 millones 12 mil 694, con el BID; y Q6 millones 408 mil 731, con la banca privada.

Las autoridades ediles más endeudadas son Guatemala, con Q261 millones 432 mil 605; Coatepeque, Quetzaltenango, con Q40 millones 288 mil 440; Catarina, San Marcos, con Q31 millones 251 mil 899; Mixco, Guatemala, con Q30 millones 59 mil 229; y Zacapa, con Q26 millones 700 mil 219.

Para evitar el aumento desproporcionado de la deuda, la Anam implementa proyectos de administración de recursos. Además, una reforma al Código Municipal en el 2010 limita las fechas de plazo para pagar los préstamos que se obtengan.

Saldo

Las 23 municipalidades que solicitaron préstamos hasta la fecha tienen un saldo de Q42.9 millones.

Entre los proyectos que deben cumplir las comunas, según el objetivo de los préstamos, se encuentran pozos mecánicos, mantenimiento de alumbrado público, ampliación de salones municipales y el mejoramiento de calles, entre otros.

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