¿En qué consiste la iniciativa de ley para agilizar devolución del crédito fiscal?

El Gobierno presentará al Congreso una iniciativa de ley que establecerá un plazo máximo de 60 días hábiles para devolver el crédito fiscal, con el fin de dinamizar la inversión y reactivar la economía.

Carlos Gómez

27 de octubre de 2025 | 17:00h

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El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, informa en el Palacio Nacional de la Cultura algunos aspectos que contendrá la propuesta de ley para la devolución del Crédito Fiscal. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

El Organismo Ejecutivo presentará en los próximos días al Congreso una iniciativa de ley con el objetivo de agilizar la devolución del crédito fiscal y reactivar la economía, según lo dio a conocer el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

El funcionario destacó que la meta es establecer un plazo máximo de 60 días hábiles para la devolución del crédito fiscal, mediante un procedimiento único y un fondo específico.

A criterio de Menkos, esto representa un paso significativo para desbloquear recursos que dinamizan la inversión y el empleo. El titular de la cartera del Tesoro anunció que esta propuesta de ley se presentará en las próximas dos semanas, y su objetivo es facilitar y agilizar el proceso de devolución de impuestos a los contribuyentes.

Menkos aseguró que la agilización de estas devoluciones es una “prioridad” del presidente Bernardo Arévalo, ya que se busca convertir recursos que permanecen “ociosos” en capital de trabajo para las empresas.

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Resultados y cambio estructural

El ministro también presentó algunos resultados, y señaló que entre el 2024 y el 22 de octubre del 2025, el Gobierno ha devuelto Q1 mil 228.5 millones en impuestos. También indicó que se ha logrado reducir en más de 40% la cartera de devoluciones pendientes heredada de la administración anterior.

“Durante la administración del presidente Arévalo hemos logrado disminuir en más de 40% el saldo de impuestos pendientes de devolver que encontramos al inicio de la administración”, afirmó Menkos.

Destacó además que la lentitud de este proceso ha sido identificada por el Gobierno de Estados Unidos como una de las ocho barreras no arancelarias que afectan el comercio, con el riesgo latente de imposición de tributos. Por ello, para corregir el problema de raíz, se requiere un cambio en la ley.

Fundamentos de la nueva ley

La iniciativa que se presentará al Legislativo se basa en varios aspectos clave, según el ministro de Finanzas:

• Procedimiento único y estandarizado: establecerá un trámite claro y uniforme para todas las solicitudes, eliminando la discrecionalidad y la complejidad burocrática que actualmente ralentizan el proceso.
• Plazo máximo perentorio: fijará un tope de 60 días hábiles para que el Estado complete la devolución del crédito fiscal, brindando certeza jurídica y financiera a los contribuyentes.
• Fondo específico en el Banco de Guatemala: se creará un mecanismo financiero que permitirá separar una parte de los recursos de la recaudación en un fondo exclusivo, lo que garantizará liquidez para atender las devoluciones sin afectar otras obligaciones del Estado y acelerará el pago.

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Impacto económico

Menkos argumentó que esta medida tendrá un profundo impacto económico. Al devolver el dinero a los contribuyentes de forma ágil, se inyectará liquidez directa a la economía nacional. Estos recursos permitirán a las empresas invertir en expansión, adquirir maquinaria, contratar personal y fortalecer sus operaciones, generando un círculo virtuoso de mayor actividad económica, más empleo y, en última instancia, más bienestar para las familias guatemaltecas.

“Vamos a corregir esto a través de una ley que va a permitir establecer un procedimiento único y estandarizado. Así vamos a cumplir también con el principio de igualdad que establece la Constitución de la República”, indicó.

Se prevé que esta propuesta, compuesta por unos 10 artículos, cuente con un amplio respaldo en el Congreso, al tratarse de una reforma técnica y necesaria que beneficiará al sector productivo y a la economía nacional en su conjunto, afirmó el titular de la cartera del Tesoro.

Impuesto a herencias en Guatemala: cuánto se paga hoy y qué propone la iniciativa que busca eliminarlo

El Congreso de Guatemala evalúa eliminar el impuesto a herencias, legados y donaciones, buscando proteger el patrimonio familiar y simplificar los trámites legales. Conozca todos los detalles sobre la iniciativa en la nota.

Glenda Burrión

1 de octubre de 2025 | 09:30h

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La iniciativa de ley 6376 busca eliminar el impuesto a herencias, legados y donaciones de bienes inmuebles en Guatemala, que puede generar pagos desde Q500 hasta más de Q25,000 según el valor de la propiedad. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

En el 2024 se presentó la iniciativa de ley 6376, que busca la derogación total del Decreto 431, normativa que regula el Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones de bienes inmuebles en Guatemala.

La iniciativa recibió un dictamen favorable con modificaciones el 16 de diciembre por la Comisión de Economía y Comercio Exterior y, para el 2025, ha sido incluida en la agenda legislativa, aunque todavía está pendiente de discusión en primer debate ante el Pleno del Congreso.

El objetivo principal es aliviar la carga fiscal que enfrentan las familias guatemaltecas al heredar bienes inmuebles.

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De aprobarse, Guatemala podría unirse a la lista de países que han eliminado el impuesto a las herencias, legados y donaciones, un gravamen considerado por diversos sectores como ineficiente en su recaudación y poco justo en su aplicación, debido a que implica una doble tributación sobre el mismo patrimonio.

Guatemala busca sumarse a la tendencia internacional

Con esta propuesta, Guatemala pretende unirse a países como Canadá, México, Noruega y Portugal, que han eliminado este tipo de tributo.

El impuesto a la herencia ha sido calificado por diversos sectores como ineficiente en su recaudación y cuestionable en su justicia, ya que implica una doble tributación sobre el mismo patrimonio.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conocida como el “club de los países ricos”, 15 de los 38 países miembros han suprimido este gravamen. En la lista figuran también Hungría, Suecia, Australia y Serbia, entre otros.

Impacto del impuesto a las herencias en Guatemala

Actualmente, el impuesto está regulado por el Decreto 431, que establece porcentajes según el valor de los bienes heredados.

Sin embargo, según los legisladores que impulsan la iniciativa, esta normativa afecta de manera negativa a las familias, ya que muchos herederos no cuentan con la liquidez suficiente para cumplir con el pago, lo que en ocasiones los obliga a vender parte o la totalidad de la herencia, incluso cuando se trata de bienes con un alto valor sentimental.

El diputado Álvarez señaló que la eliminación del impuesto generaría varios beneficios:

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• Protección del patrimonio familiar.

• Simplificación de trámites legales.

• Evitar la doble tributación.

Según datos oficiales, este tributo representa apenas el 0.4% de la recaudación fiscal nacional, equivalente a aproximadamente Q40 millones anuales.

Esto significa que su derogación tendría un impacto limitado en las finanzas públicas.

En Guatemala, la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas (Minfin) es la entidad encargada de recibir los expedientes y de aplicar el cobro conforme al porcentaje correspondiente.

Contenido de la iniciativa de ley 6376

La propuesta legislativa está compuesta por tres artículos:

1. Derogación total del Decreto 431 de la Ley del Impuesto de Herencias, Legados y Donaciones.

2. Exoneración de los procesos en trámite.

3. Establecer que el nuevo decreto entre en vigencia 60 días después de su publicación en el Diario Oficial.

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Tasas actuales del impuesto en Guatemala

El Decreto 431 establece diferentes porcentajes según el parentesco del heredero y el valor heredado. Estas son las cuotas vigentes:

Ejemplo 1: Herencia, legado o donación de un bien inmueble de Q50,000

El impuesto aplica desde 1% hasta 12%, dependiendo del grado de parentesco. En términos monetarios, el pago de un heredero por Q50,000 va desde Q500 (lo mínimo) hasta Q6,000 (lo más alto).

• Hijos, cónyuge y concubinos (1%)
  Q50,000 × 0.01 = Q500

• Ascendientes y descendientes (2%)
  Q50,000 × 0.02 = Q1,000

• Colaterales de 2º grado (3%)
  Q50,000 × 0.03 = Q1,500

• Colaterales de 3er. grado (5%)
  Q50,000 × 0.05 = Q2,500

• Colaterales de 4º grado (7%)
  Q50,000 × 0.07 = Q3,500

• Parientes por afinidad (9%)
  Q50,000 × 0.09 = Q4,500

• Extraños (12%)
  Q50,000 × 0.12 = Q6,000

Ejemplo 2: Herencia, legado o donación de un bien inmueble de Q500,000

El pago de un heredero por Q500,000 va desde Q25,000 (lo mínimo) hasta Q100,000 (lo más alto).  Aquí los porcentajes van de 5% a 20%, según el parentesco.

• Hijos, cónyuge y concubinos (5%)
  Q500,000 × 0.05 = Q25,000

• Ascendientes y descendientes (6%)
  Q500,000 × 0.06 = Q45,000

• Colaterales de 2º grado (7%) 
  Q500,000 × 0.07 = Q35,000

• Colaterales de 3er. grado (9%) 
  Q500,000 × 0.09 = Q45,000

• Colaterales de 4º grado (12%)
  Q500,000 × 0.12 = Q60,000

• Parientes por afinidad (13%)
  Q500,000 × 0.13 = Q65,000

• Extraños (20%)
  Q500,000 × 0.20 = Q100,000

Ley de Alimentación Saludable: Cámaras advierten de impacto de ley por falta de homogenización regional en etiquetado de alimentos

Diversas entidades empresariales están pidiendo al Congreso que no se apruebe una disposición de etiquetado que no está armonizada con la región por medio de Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA), mientras que organizaciones de salud y nutrición piden a ese organismo del Estado que se apruebe y se ponga en vigencia.

Rosa María Bolaños

25 de agosto de 2025 | 05:55h

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Aunque la iniciativa de 5504, que propone la Ley de Alimentación Saludable tiene varios ejes, el etiquetado frontal de alimentos envasados es uno de los que más polémica ha tenido. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock),

En semanas recientes, en el Congreso se ha incluido en la agenda de las sesiones plenarias la iniciativa 5504, Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que, entre otras medidas, contempla información y educación al usuario, así como el etiquetado frontal de empaques de alimentos.

La iniciativa fue presentada en el 2018 y aprobó su segunda lectura en febrero del 2024; sin embargo, sigue generando posiciones encontradas entre quienes se pronuncian a favor y en contra de su contenido.

Esa propuesta lleva más de un año sin avanzar en el pleno del Congreso, aunque han existido mesas de discusión. Ha sido agendada en varias plenarias, pero las sesiones han finalizado antes de llegar a ese punto.

Cámaras empresariales piden detener aprobación de iniciativa

Organizaciones empresariales se han pronunciado por separado. La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), así como la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) junto con su afiliada Gremial de Alimentos y Bebidas de Guatemala (Gremab), manifestaron su desacuerdo con la iniciativa, pues incluye el etiquetado frontal —con advertencias específicas sobre contenidos de ingredientes— para productos envasados o empacados previamente, sin homologarse con el resto de países del área mediante los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA).

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De esa manera, las entidades coinciden en manifestar su disposición de trabajar de manera conjunta con el Congreso, autoridades y demás actores, para construir una legislación adecuada basadas en regulaciones regionales como la mencionada.

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresó que como entidad siempre estarán a favor de toda propuesta que contribuya a promover la salud de los guatemaltecos. No obstante, explicó que es fundamental que cualquier mecanismo de etiquetado frontal se desarrolle bajo un enfoque regional, en el marco de los RTCA, cuyo proceso inició oficialmente a finales de junio del 2025 durante la Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco).

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El directivo refirió que ese proceso ofrece certeza jurídica y permite la adopción de normas regionales que impulsan la simplificación de procesos, la reducción de costos y una mayor previsibilidad para todos los actores involucrados, desde las autoridades hasta quienes producen y comercializan alimentos en la región. Además, fomenta la armonización y la innovación. Al establecer reglas compartidas, se facilita que las empresas puedan adaptarse de manera ordenada, con capacidad de reformulación e inversión a largo plazo.

Font indicó que la CIG, junto con su Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), reitera su disposición de aportar insumos técnicos y de trabajar de la mano con las autoridades nacionales, los organismos regionales y la sociedad civil, a fin de avanzar hacia normas que informen, eduquen y fortalezcan la salud pública, manteniendo a la vez un equilibrio entre salud y comercio en la región.

En el caso de la CCG, el director ejecutivo, Cristian Mayorga, indicó que dicha organización no apoya la legislación propuesta por ser de aplicación únicamente nacional, con lo cual —afirmó— se rompe la integración centroamericana que se busca fortalecer a través del RTCA.

El problema, refirió, es que al tratarse de países pequeños, lo que se produce o importa se hace con la visión de distribuirlo en el resto del área, lo que generaría más costos por tener que colocar etiquetados diferentes para cada país.

Otro aspecto que, según se dijo, genera más costos es el establecimiento de un impuesto cuyas tasas representarían el costo de autorización de impresión de etiquetas con dichos sellos, con porcentajes que oscilarían entre el 10% y el 35%. Sin embargo, otras fuentes señalaron que esta parte se estaría eliminando mediante una enmienda acordada en las mesas de discusión, la cual deberá presentarse ante el pleno del Congreso.

En cuanto a AmCham Guatemala, su directora ejecutiva, Waleska Sterkel de Ortiz, indicó que una regulación de etiquetado frontal en alimentos debe basarse en la ciencia y promover la innovación y el desarrollo de nuevos productos, siempre que se enmarque en el proceso de integración económica centroamericana, a través de un RTCA sobre etiquetado frontal, coincidiendo así con el resto de organizaciones.

AmCham hace un llamado a que el Congreso y los actores relevantes prioricen la discusión que actualmente se lleva a cabo a nivel centroamericano, bajo el liderazgo del Comieco, en lugar de aprobar una normativa nacional paralela.

Argumentan efectos

Esa Cámara señala que, si la iniciativa se aprueba de forma aislada, podría generar dificultades como la duplicación de obligaciones para las empresas exportadoras hacia Centroamérica. Implicaría el desarrollo de etiquetas distintas para cada mercado, incremento de los costos de cumplimiento —especialmente para pequeñas y medianas empresas—, inseguridad jurídica por posibles contradicciones con compromisos internacionales asumidos en acuerdos como el DR-Cafta y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, así como el aislamiento del sector productor de alimentos y bebidas, que representa cerca del 6% del PIB nacional y el 47% del PIB industrial, limitando su competitividad en los mercados regionales e internacionales.

En tanto, Leonel Tayes, asesor técnico de la CGAB, comentó que han apoyado la creación de normas que promuevan la información al consumidor y la alimentación saludable, pero también coincidió en que, por la naturaleza comercial del mercado, el sector está regido por normas a nivel regional centroamericano. Estas, sostuvo, fomentan el desarrollo económico y social nacional y regional.

“La preocupación del sector de Alimentos y Bebidas sobre la iniciativa 5504 es que sus disposiciones se apliquen únicamente en Guatemala, pues contempla un perfil nutricional que no permite la reformulación de los productos, además de la imposición de tasas que afectarían los precios al consumidor”, agregó.

Tayes coincidió en que la iniciativa 5504 no contempla la armonización regional centroamericana, la cual, mediante un RTCA, podría regular las características del etiquetado, cumpliendo con lo establecido en la Guía Centroamericana de Buenas Prácticas Reglamentarias, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y con las normas y directrices del Codex Alimentarius.

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Por ejemplo, señaló que actualmente existen RTCA obligatorios en materia de etiquetado general y nutricional de productos para todos los Estados miembros, y que ya se ha iniciado la discusión del Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional, que —según dijo— corresponde a la naturaleza de la iniciativa 5504, pero a nivel centroamericano.

La CGAB hacen una invitación al Congreso para que, por medio de sus comisiones de trabajo, le den seguimiento a la creación de dicho reglamento regional.

Voces a favor: abogan porque se apruebe la iniciativa 5504

Ivonne García, directora del proyecto de etiquetado frontal de advertencia nutricional en la organización Coalición Guatemala Saludable, refirió que, según tiene conocimiento, en el 2024 ya existían consensos para que esa ley fuera aprobada en el Congreso, pero el proceso se detuvo.

Se crearon mesas de discusión técnica donde se establecieron algunas enmiendas.

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Por ejemplo, la iniciativa original contemplaba una tasa impositiva de entre 5% y 35%, dependiendo de los ingredientes del producto y cuántos sellos debía llevar; sin embargo, en la mesa técnica se eliminó ese costo, expuso García.

Agregó que, hace seis meses, iniciaron una campaña denominada Que no te lo cuenten, ¡que te lo etiqueten!, con la cual lograron recopilar miles de firmas para pedir al Congreso que agende en tercera lectura el proyecto y que lo apruebe. Como parte de esta iniciativa, se entregó en ese organismo la certificación notarial de seis mil firmas que respaldan dicha solicitud.

Advertencias y publicidad

García explicó que la primera propuesta consistía en adaptar la imagen de una lupa para dar a conocer los ingredientes, como el modelo usado por otros países; sin embargo, posteriormente se optó por la figura octagonal, que advierte sobre ciertos ingredientes, lo cual resulta más comprensible para el consumidor.

La propuesta de ley crea seis sellos de advertencia nutricional visibles al frente del empaque, los cuales indican los ingredientes que los alimentos contienen en exceso. Estas advertencias deben escribirse en mayúsculas dentro de una figura octagonal, como: ALTO EN AZÚCARES; ALTO EN GRASAS SATURADAS; CONTIENE GRASAS TRANS; ALTO EN SODIO; ALTO EN GRASAS TOTALES; CONTIENE EDULCORANTES.

Respecto al argumento de los sectores que señalan que la norma no estaría armonizada con el resto de la región y con los reglamentos denominados RTCA, García expone un contraargumento indicando que durante las discusiones de los reglamentos, los países ya abandonaron las propuestas iniciales y están incluyendo la forma octagonal, como lo establece la iniciativa en discusión en Guatemala, lo cual permitiría que sea homogénea.

Sin embargo, García señala que, si bien el reglamento técnico centroamericano incluirá un sello de advertencia nutricional, este no regula la publicidad, como sí lo hace la iniciativa 5504 en Guatemala, para evitar que los niños y la población vulnerable estén expuestos a ella.

La disposición está contenida en el artículo 11 del proyecto, que establece que todo alimento que contenga cuatro o más sellos de advertencia nutricional tendrá prohibida la publicidad y promoción dirigidas a menores de 18 años, o que atraigan su atención, entre otras disposiciones.

“Para el reglamento técnico centroamericano ya lo están adoptando, pero solo regula la etiqueta, no el tema de la publicidad”, añadió, y explicó que un reglamento de esa naturaleza podría tardar varios años en aprobarse. También señaló que la estrategia de la industria es dilatar los procesos.

Según García, en años anteriores el mapeo de actores les indicaba que el Mineco era un opositor, pero ahora la ministra de Economía, Gabriela García, les manifestó que mediará con la industria para que deje de oponerse.

Proyecto no solo es etiquetado, propone varios componentes

Celina Calvimontes, coordinadora de la Cooperación Técnica del Incap y actual presidenta de la coordinación de la Incopas 2025-2027 —una instancia de consulta de participación social— expuso la importancia de la iniciativa pendiente de aprobación, la cual contempla varios componentes, entre estos el de educación y el de etiquetado, aunque considera que este último es el que más ha visibilizado la propuesta.

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Explicó que en Guatemala, además de la desnutrición que afecta al país, también existe la malnutrición, una de las causas del sobrepeso y la obesidad, cuyas cifras en el país son elevadas y afectan a población vulnerable como niños y mujeres, con enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y cáncer, lo cual, además de dañar la salud, genera dificultades en el trabajo, el estudio y en los costos de atención.

Añadió que el etiquetado representa una herramienta de información que ayuda al consumidor a tomar decisiones de compra, ya que hay alimentos ultraprocesados cuyo consumo excesivo puede provocar ciertas condiciones médicas, por sus ingredientes como sodio, azúcar, grasas y otros.

Señaló que mucha de la publicidad se dirige a niños y adolescentes, a quienes se les ofrece una imagen asociada a felicidad y bienestar.

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Actualmente, los productos incluyen en su empaque la tabla nutricional, pero esta es más difícil de comprender, mientras que la advertencia propuesta está orientada al consumidor, además, en Guatemala no existe una cultura de consumo informada ni una base educativa al respecto, por lo que la propuesta también incluye ese componente, indicó al agregar que no se trata de prohibir la compra, sino de brindar una advertencia para que el consumidor esté informado.

Con ello, la industria también debe adaptarse a la demanda del usuario, añadió.

Consideró que la armonización centroamericana representa un reto, pero no un obstáculo para que la ley sea aprobada.

Entre otros beneficios, según las entrevistadas, se incluyen proteger el derecho a la salud —principalmente de menores de edad y de la población en general—, crear un marco jurídico para promover la alimentación saludable y reducir la morbilidad, la mortalidad prematura y evitable, así como la discapacidad causada por enfermedades no transmisibles (que representan el 59% de las muertes en Guatemala de personas entre 30 y 70 años).

Además, según Guatemala saludable, incluye acciones e intervenciones de eficacia comprobada (Best Buys) de la Organización Mundial de la Salud, basadas en evidencia científica. Establece sellos de advertencia nutricional al frente de los productos preenvasados, visibles para el consumidor. Regula la publicidad y promoción dirigidas a menores de edad. y, promueve la alimentación saludable en establecimientos educativos públicos y privados, incluyendo los de educación superior.

Proponen reforma que permitiría obras estatales en tierras comunales sin ceder la propiedad

La propuesta incorpora mecanismos de consulta comunitaria para validar las intervenciones estatales en territorios indígenas y evitar la vulneración de derechos colectivos.

José Manuel Patzán

8 de agosto de 2025 | 00:07h

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El presidente Bernardo Arévalo firma la iniciativa de ley en compañía de otros funcionarios de gobierno.(Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

El Ejecutivo dio a conocer una iniciativa de ley con la que propone reglamentar y facilitar la construcción de infraestructura, como centros de salud o escuelas, en territorios comunales, sin que los pobladores deban ceder la propiedad de los terrenos al Estado, como actualmente se hace.

Para cumplir con ese propósito, se plantea reformar el Decreto 101-97 del Congreso de la República, específicamente en los artículos que regulan las construcciones del Estado en tierras pertenecientes a comunidades indígenas y otras formas de gobernanza comunal o colectiva de propiedad agraria.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la inclusión del artículo 30 quater, que autoriza expresamente al Estado a desarrollar proyectos de infraestructura en tierras comunales e indígenas. Además, la iniciativa contempla la asignación de recursos para estudios de preinversión, con el fin de planificar y ejecutar las obras de forma técnica y eficiente. Establece también un plazo mínimo de 20 años para garantizar la sostenibilidad de estos proyectos y un uso responsable del presupuesto público.

La ley también aclara qué no pretende: no constituye una reforma agraria, no implica expropiaciones ni busca resolver conflictos por la tierra o disputas territoriales entre municipios. Asegura que tampoco afecta la propiedad privada ni el patrimonio de las municipalidades, y se resguardarán los derechos de tenencia de la tierra.

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Según la Presidencia, el proyecto reconoce la problemática del despojo de tierras comunales, que afecta a múltiples pueblos indígenas, y busca un equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y el respeto a sus derechos y formas de vida.

El documento enfatiza que la autorización para construir en estos territorios no dependerá de una decisión personal, sino comunitaria, formalizada mediante un acta de asamblea, con el fin de promover la participación de las comunidades involucradas.

Resistencia histórica

El analista Renso Rosal consideró que la propuesta del Ejecutivo es una medida interesante, pues, aunque no lo menciona de forma explícita, encuentra sustento en la Constitución y en los Acuerdos de Paz, en particular en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Este último reconoce la importancia de utilizar y administrar adecuadamente las tierras comunales y otras formas de propiedad ancestral, garantizando su aprovechamiento para proyectos de beneficio público.

A su criterio, la iniciativa no solo reconoce la existencia de estas formas de propiedad, sino que abre la posibilidad de que se utilicen para construir bienes y servicios públicos, como escuelas o centros de salud, lo que significaría avanzar en compromisos que el Estado de Guatemala mantiene pendientes.

Sin embargo, Rosal advirtió que la propuesta podría enfrentar las mismas resistencias históricas que han obstaculizado acciones relacionadas con la regularización de tierras indígenas. Señaló que ciertos sectores privados podrían percibir que la medida pone en riesgo la propiedad privada o representa un paso previo hacia la ocupación o estatización de tierras, reactivando temores que ya se manifestaron durante la campaña electoral de 2023.

En este contexto, consideró que el escenario de polarización política y social podría dificultar la aprobación de la reforma. Añadió que, aunque el oficialismo tenga una estrategia para impulsarla, en el Congreso persiste un desafío: varios diputados que podrían considerarse representantes indígenas no se autoidentifican como tales ni defienden de manera consistente los intereses de esos pueblos, lo que limita la viabilidad política de la iniciativa.

Según indicaron parlamentarios, representantes de distintos bloques legislativos, junto con miembros de la Junta Directiva del Congreso y el presidente Bernardo Arévalo, sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura para conocer y discutir la propuesta de reforma a la ley.

A la reunión asistieron representantes de los partidos Victoria, Todos, Winaq, Azul, Vamos, Cabal, Viva, Valor y UNE.

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Congreso entrampado

La diputada Victoria Palala, del partido Semilla, declaró a medios de comunicación este 7 de agosto que la iniciativa ya fue presentada a Dirección Legislativa y que esperan lograr consenso en el Congreso para su aprobación.

El Congreso de la República enfrenta un fuerte estancamiento legislativo, caracterizado por la imposibilidad de avanzar en decisiones clave. A este panorama se suman episodios de tensión en el hemiciclo, donde situaciones que exceden el debate han sido protagonistas. Las citaciones con ministros se han convertido en escenas marcadas por agresiones verbales y físicas, como el lanzamiento de una llanta por parte de un diputado durante una sesión, lo que refleja el creciente nivel de hostilidad y la falta de civilidad entre legisladores.

El gobierno hizo una presentación con los siguientes puntos:

• No implica una reforma agraria ni la expropiación de tierras.
• No aborda conflictos de tenencia ni disputas territoriales entre municipios.
• No beneficia a propietarios individuales ni compromete la propiedad de las municipalidades.
  Busca evitar el despojo de tierras comunales, protegidas por la Constitución.
• Pretende saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas, excluidos de la inversión pública.
• Facilita la inversión al destinar recursos a la etapa de preinversión.
• Contenidos finales
  Autoriza la construcción de infraestructura y la asignación de recursos para estudios de preinversión en tierras de comunidades indígenas (artículo 67 de la Constitución).
• Reconoce como título suficiente el acta de asamblea comunitaria.

Diputados promueven iniciativas para ampliar beneficios a exmilitares y expatrulleros

Aunque se presentan como programas de reforestación y desarrollo rural, las iniciativas en el Congreso apuntan a ampliar pagos sin resultados ambientales comprobables.

Fátima Najarro

21 de julio de 2025 | 00:05h

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Diputados del Congreso reciben peticiones de los expatrulleros de autodefensa civil en abril de 2025. (Foto Prensa Libre: Congreso)

Diputados del Congreso promueven iniciativas de ley que buscan beneficiar a personas que prestaron servicio militar durante la guerra interna. Los congresistas aseguran que son medidas objetivas pero los resultados de los programas vigentes generan cuestionamientos.

Una de las iniciativas busca reformar la Ley Temporal de Desarrollo Integral para extender el pago a los beneficiarios por dos años más. Se trata de la iniciativa es la 6416 que pasó en primera la primera lectura a principios de julio. Además de extender el periodo de vigencia del programa, se busca que se puedan inscribir viudas de veteranos, personas en el extranjero y personas detenidas que esperan sentencia.

La otra propuesta, bajo el identificativo 6570 presentada hace unos días, propone pagos mensuales por actividades de reforestación para los expatrulleros de autodefensa civil. El diputado Elmer Palencia, uno de los ponentes, explicó que es una ley espejo de la que ya existe.

“Esta propuesta es para los expatrulleros. No podemos solamente agregarlos porque tienen que llevar un proceso de inscripción y registro. Esa es la diferencia”, detalló Palencia.

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Más de 29 mil exmilitares buscan incorporarse a programa social del Mides

El diputado aseguró que las organizaciones de expatrulleros son las que mostraron interés en incluirse en el programa que ya existe, pero la solución que los congresistas ofrecieron fue crear un nuevo programa mediante la aprobación de otra ley.

Tanto en la 6416 como en la 6570, los ponentes aseguran contar con los votos necesarios y con el apoyo de diferentes bancadas para la aprobación.

En capacitaciones

La ley temporal crea apoyos al personal de tropa que prestó servicio militar durante el conflicto armado. El programa se implementó en enero de 2023 y establece que los inscritos recibirán Q1 mil durante tres años, con posibilidad de que la compensación se transmita por sucesión única y exclusivamente al cónyuge del exmilitar.

En el 2024, la iniciativa fue reformada para abrir nuevas inscripciones lo cual duplicó el número de beneficiarios y lo elevó a poco más de 80 mil. La nueva reforma podría duplicar ese volumen.

De enero a junio, se ha efectuado el pago promedio de 77 mil personas por mes. Esto concuerda con los datos que maneja el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) de las capacitaciones que realizan con los beneficiarios.

De acuerdo con los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), para este año al Mides se le destinaron Q961 millones para cumplir con los pagos mensuales. Hasta el 29 de junio, se utilizó el 48% para los referidos pagos.

Pagos a cambio de reforestación

La ley sujeta el pago mensual a actividades relacionadas con la reforestación a cargo de los veteranos. En lo que va de este año y en las 2024 los veteranos han participado en capacitaciones.

El Marn explicó que durante este año han abordado temas relacionados con la prevención de incendios forestales, clasificación y manejo de residuos y desechos sólidos y reciclaje.

En una citación reciente, también las autoridades comentaron que cerca del 8% de los inscritos no participan en las capacitaciones impartidas por el Marn, por lo que no reciben pago mensual.

Durante el primer semestre de 2024, según el Maga, sí se realizaron actividades presenciales. Se sembraron 100 hectáreas de plantas frutales como café, naranja, aguacate, melocotón y limón. Las plantaciones se distribuidas en Alta Verapaz, Huehuetenango y Sololá.

“Aunque no tiene el mismo impacto positivo que sembrar un árbol, si tiene un beneficio en criterio de biodiversidad pero no entraría como estrictamente reforestación”, explicó el Marn.

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Defiende propuesta

El diputado Palencia asevera que estos programas no tienen interés político porque los beneficiarios no se eligen de manera discrecional, sino se toma como base la información del Ministerio de la Defensa (Mindef). También resaltó que son proyectos temporales, pero no puntualizó una medida para evitar más posibles reformas que sigan ampliando el tiempo.

“Es un tema que se va a discutir dentro del pleno. La iniciativa -6416- incluía 36 meses -más-, el dictamen de la comisión incluyó solo 24, será hasta el momento en el que ya sea decreto cómo va a quedar porque se pueden presentar enmiendas”, respondió.

El programa se aprobó como un beneficio por tres años, es decir Q36 mil para cada exmilitar en total, pero si se aprueba la reforma que extiende el tiempo significaría Q24 mil extras por cada beneficiario.

De acuerdo con las declaraciones de Palencia, el Mindef tiene un registro de las personas que fueron patrulleros por lo que la metodología de inscripciones y funcionamiento sería la misma del programa actual a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Palencia añadió que el número de patrulleros se acerca a los 205 mil en los registros del Mindef.

Las iniciativas pueden ser excluyentes

Este no es el primer intento de resarcimiento vinculado con la reforestación impulsado por el gobierno. Hasta el 2012 funcionó el programa Bosques y Agua para la Concordia, que también beneficiaba a expatrulleros. En ese momento se afirmó que se plantaron 40 millones de árboles, pero no se pudo comprobar mediante herramientas de fiscalización.

El programa fue duramente criticado por su carácter discriminatorio, ya que premiaba la reforestación realizada por expatrulleros, pero no ofrecía remuneración a personas campesinas o comunidades que promovían la reforestación en sus actividades cotidianas, recordó el exprocurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.

“Era un programa que no abarcaba a todos los sectores de la población, sino que se dirigía solo a determinados sectores nacionales, y la justificación era que estas personas habían participado en el Conflicto Armado y que el Estado tenía una deuda con ellos. Se discriminaba a un gran sector de la población. Lo que sucede también hoy en día”, expresó Morales.

Si bien resaltó que la recuperación de la cobertura boscosa es urgente, consideró que los fondos destinados a este tipo de programas aportan más a la burocracia que al desarrollo. Además, señaló que el foco debería ser esa recuperación, beneficiando a todas las comunidades y campesinos.

“Una burocracia que muchas veces no representa un mayor avance en la recuperación de masa boscosa ni en la mejora del medioambiente. El 90% de la inversión debería destinarse directamente a las comunidades, a los campesinos, de forma generalizada y no discriminatoria, porque tanto valor tiene un árbol sembrado por un campesino como el que puede sembrar una persona que participó en el conflicto”, concluyó.

Plan piloto

Debido a que la iniciativa 6416 que permitiría nuevos inscritos bajo el programa que ya funciona, uno de los diputados ponentes Byron Tejeda, anunció en dicha citación que en Baja Verapaz se llevará a cabo un plan piloto del 21 al 25 de julio junto al Registro Nacional de las Personas (Renap) para que los exmilitares o viudas puedan tener la papelería vigente.

Se habló de cerca de diez mil personas más que podrían ser incluidas por tal reforma, si logra ser aprobada.

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¿Volverán las escuelas normales? El análisis de la propuesta de ley para formación de maestros

La iniciativa 5770, Ley de Escuelas Superiores Normales, propone la formación de maestros en tres años de diversificado y uno de especialización universitaria.

Ana Lucía Ola

28 de marzo de 2025 | 00:05h

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La iniciativa de iniciativa 5770, Ley de Escuelas Superiores Normales apuesta por formar nuevamente a maestros a nivel de diversificado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Antes de 2013, los jóvenes tenían la opción de convertirse en maestros de primaria al salir de la secundaria. Era una carrera de tres años que se cursaba en establecimientos públicos a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc) y en colegios privados. Esta posibilidad se eliminó y se sustituyó por un modelo de cinco años que incluye estudios universitarios.

La iniciativa 5770, Ley de Escuelas Superiores Normales, que ya pasó por el tercer debate en el Congreso de la República, podría revivir la formación de maestros de primaria a nivel diversificado en las Escuelas Normales, lo que, a criterio de analistas y especialistas en educación, no garantiza una mejora en la calidad de los docentes.

La carrera magisterial, según la iniciativa 5770, sería de tres años de estudios en la escuela normal, los cuales se completarían con un año de especialización universitaria, en áreas como computación, matemáticas, lectura y escritura, entre otras. La propuesta reconoce a las escuelas, institutos normales, tanto públicos, privados, por cooperativas y municipales, bajo la rectoría del Mineduc.

De acuerdo con la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la urgencia de aprobar la iniciativa radica en atender la escasez de maestros de primaria que hay para cubrir los sectores público, privado, municipal y por cooperativa.

Palomo indica que el cambio al Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación —de dos años—, para completar la formación con un profesorado de tres años a nivel universitario, desalentó a los jóvenes que quieren estudiar la carrera de magisterio, lo que mermó el recurso humano para llenar las plazas que hoy están vacantes.

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“Con esta iniciativa tendremos otra vez maestros, pero no será de inmediato porque se contemplan cuatro años de estudio”, menciona la diputada. En el artículo 20 de la propuesta se establece que la formación inicial en todas las modalidades será de tres años de estudio en una Escuela Normal Superior, y uno más para obtener la especialización de profesor en cualquier universidad del país.

Para laborar como maestros, la legisladora agrega que no basta con que los jóvenes cursen los tres años del diversificado; deberán tener una especialización a nivel superior.

¿Desaparecerá el FID?

La propuesta, entonces, eliminaría el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación que se implementó en 2013, y se volvería a una carrera de tres años a nivel diversificado.

Además, se suprimirían los tres años del programa de Formación Inicial Docente (FID) a nivel universitario, para cursar únicamente un año en cualquier especialización, como computación, matemáticas, lectura y escritura, entre otras.

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El FID comenzó en 2015 para elevar el nivel académico y el desempeño de los docentes, e impactar en el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, la demanda va en declive, como lo evidencia la matrícula en tres profesorados que imparte la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Para 2019 había 11 mil 716 inscritos en los profesorados de Productividad y Desarrollo, Educación Primaria Intercultural y Bilingüe Intercultural, cifra que descendió a 5 mil 176 en 2023.

Además de la formación, la iniciativa 5770 también propone que las Escuelas Normales cuenten con la infraestructura apropiada que responda a las necesidades psicopedagógicas para preparar a los futuros maestros. De esa cuenta, contarán con recursos propios establecidos en el presupuesto del Ministerio de Educación.

Marroquín de Palomo menciona que, para mejorar la preparación de los futuros maestros, los cursos serán impartidos por profesores de segunda enseñanza con especialidad en el curso o bien por licenciados en ciencias de la educación o pedagogía con experiencia.

Escasez de maestros

La escasez de maestros de primaria es un punto cuestionable, pues en la convocatoria 2024 que el Mineduc realizó para la contratación de personal en el renglón 021 se recibieron 54 mil expedientes, de los cuales se logró contratar a cerca de 4 mil, y este año a otros 3 mil. Por lo tanto, en el banco de datos quedan cerca de 47 mil que esperan por una plaza, según datos del ministerio.

Sin embargo, la mayoría de estos docentes se graduaron antes de 2012, cuando aún existía la carrera de Magisterio de Educación Primaria a nivel diversificado, impartida en las Escuelas Normales.

La falta de maestros no se percibe en el sector oficial —hay 95 mil 423 solo en primaria, según el Anuario Estadístico de la Educación en Guatemala—. El déficit es focalizado en algunos municipios, y son los establecimientos privados los que más lo resienten. Este extremo lo comparte Marroquín de Palomo, al decir que los colegios tienen cuesta arriba la contratación de docentes para primaria —hay 25 mil 756 en el sector—.

El problema, según analistas, es que en este momento no hay maestros formados para satisfacer las necesidades educativas del siglo XXI. Por lo tanto, de ser aprobada la iniciativa de ley 5770 tal como se presenta, no resolverá de fondo el problema de la baja calidad educativa, evidenciada en los resultados de las pruebas de graduandos que cada año realiza el Mineduc.

Un comunicado emitido por organizaciones de sociedad civil relacionadas con temas educativos, y publicado el pasado 3 de marzo, menciona que es urgente hacer cambios en la formación inicial docente para mejorar los aprendizajes de la niñez y la juventud. En ese punto, son importantes las iniciativas que buscan esa transformación.

#COMUNICADO: Aunque reconocemos la importancia de la iniciativa de ley de escuelas normales superiores, SOLICITAMOS al Congreso dar un compás de espera para su aprobación y escuchar las recomendaciones de colectivos y actores con amplia experiencia y compromiso con la educación. pic.twitter.com/wI6WkOVHCG

— Gran Campaña Nacional por la Educación (@GCNPEGuate) March 4, 2025

Sin embargo, se muestran preocupadas por la redacción y el trasfondo de algunos artículos de la Ley de Escuelas Normales Superiores, por lo que piden al Congreso de la República dar un compás de espera para escuchar las recomendaciones de distintos sectores y evitar retrocesos en el proceso de formación de los maestros.

El Mineduc considera que la iniciativa de ley puede abrir oportunidades al desarrollo de una nueva carrera de formación docente. Sin embargo, hay temas que deben discutirse, como la continuidad de la formación universitaria, para no replicar el modelo que se suprimió en 2012.

La cartera trabaja en un nuevo diseño de formación inicial docente que vincule los aprendizajes logrados en el diversificado con la profesionalización a nivel universitario.

Cabe recordar que esta iniciativa ya pasó el tercer debate y está a la espera de un espacio en la agenda legislativa para su discusión, aprobación por artículos y redacción final.

Apostar por calidad educativa

Lucía Verdugo, oficial nacional de Educación de Unesco Guatemala, menciona que cualquier acción, política o iniciativa de ley que aborde la formación inicial docente debe centrarse en la calidad educativa, pues el maestro es una pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Un informe de Unesco refiere que el fenómeno de escasez de docentes ocurre en el resto del globo y se debe a la falta de vocación por la enseñanza, la valoración social que se da a la profesión, la baja remuneración y las pocas posibilidades de desarrollar una carrera docente.

Sobre Guatemala, Verdugo indica que se habla de que los maestros comienzan su práctica a una edad muy joven, por lo que es necesario revisar los años de escolaridad y que deben profesionalizarse a nivel superior. Es importante que tengan mayor experiencia de vida, conocimientos didácticos, prácticos y culturales para lograr transformar el sistema educativo guatemalteco.

El Informe Regional de Monitoreo ODS4-Educación 2030, de Unesco, indica que Guatemala y Nicaragua son los dos países de Latinoamérica con una alta proporción de maestros formados a nivel de secundaria. A criterio de Verdugo, esto coloca al país en situación de desventaja en cuanto a las cualificaciones que deben tener los docentes para impartir clases a los niños y jóvenes, quienes en unos años serán la fuerza productiva del país.

“Cuando pensamos en términos de la masificación de formación inicial docente, debemos tener cuidado con la calidad con que se impartirá esa formación”, agrega.

La iniciativa de Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LEYDEM) surgió a partir de las realidades y necesidades de las mujeres guatemaltecas, con el fin de responder a sus demandas y vulnerabilidades ante la falta de políticas públicas que atiendan las necesidades de las mujeres por parte del Estado de Guatemala.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2014), un total de 17.2% de hogares cuentan con una mujer que asume la jefatura monoparental y, por otra parte, 72.8% están en el sector informal.

Guatemala continúa mostrando desafíos significativos en garantizar los derechos de las mujeres, especialmente en términos de desigualdad de género, por lo que la iniciativa LEYDEM es un instrumento jurídico para promover el desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres para contribuir a la reactivación económica en el país.

La LEYDEM beneficiará a las mujeres, principalmente a las que viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, exclusión, marginación, pobreza y extrema pobreza, impulsando acciones que fomenten su autonomía económica y su empoderamiento.

Programas que contempla la LEYDEM

1. Programa de capacitación y formación de mujeres: capacitaciones vocacionales, técnicas-productivas, cursos, talleres, seminarios, diplomados y/o carreras técnicas.
2. Programa de asistencia y dotación de recursos técnicos y tecnologías para mujeres: se prestará asistencia y asesoría técnica, tecnológica, administrativa, operativa, comercial, productiva, de acceso a mercados, organizativa, contable, administrativa, legal y otros, así como dotar de medios de producción.
3. Programa de asistencia y dotación de recursos financieros para mujeres: convocar, promover, gestionar, implementar iniciativas y proyectos presentados por las organizaciones de mujeres. Puede ser como capital de trabajo, crédito social o en subvenciones.
4. Programa para el acceso a tierra y compra de bienes productivos de mujeres: se propone facilitar el acceso a la compra, usufructo, posesión de la tierra y bienes para el desarrollo de los proyectos productivos de las mujeres.
5. Programa innovadores para mujeres: se promoverá el programa mi primer trabajo y una nueva oportunidad con el fin de promover el desarrollo económico laboral.

Para implementar esta ley, la iniciativa propone que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Economía creen internamente direcciones para atender las necesidades y demandas que favorezcan el desarrollo económico de las mujeres.

Contexto legal e histórico

La LEYDEM es una iniciativa de ley constitucional, que está armonizada con tratados internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), implementados por el gobierno de Guatemala mediante el Plan K’atun Nuestra Guatemala 2032. Además, la iniciativa recoge las deudas con el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.

El proceso de negociación y cabildeo se está impulsando desde la Plataforma LEYDEM, conformada por más de 100 colectivos y organizaciones sociales, quienes desde 2018 impulsan activamente la iniciativa para su aprobación.

Los inicios y avances de la iniciativa LEYDEM pueden resumirse con la siguiente cronología:

Para más información acerca de la iniciativa 5452, Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LEYDEM) haz clic aquí o visita: https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/iniciativas/5488#gsc.tab=0

Anam presiona por nueva ley de contrataciones

La iniciativa fue presentada al pleno hace menos de diez días y recibió dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Municipales.

Fátima Najarro

25 de septiembre de 2024 | 05:00h

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La iniciativa de ley reduce plazos y aumenta montos en las modalidades de compra para las municipalidades. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con el apoyo de 115 diputados fue presentada la iniciativa  para la aprobación de una nueva ley de contrataciones, específica para las municipalidades.  La propuesta contempla, entre otros aspectos, aumentar el monto para que los alcaldes puedan utilizar recursos sin que pasen por el Concejo  y   permita que los fondos sean multianuales.

Hace tres años, el pleno del Congreso aprobó el decreto 4-2021, reformas a la Ley de Contrataciones del Estado —capítulo municipal—,   con el aval de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y que contenía reformas similares. Dicho decreto fue vetado por el entonces presidente, Alejandro Giammattei, por carecer de medidas de transparencia.

La nueva iniciativa fue presentada a la Dirección Legislativa el 17 de septiembre último y  enviada a la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el diputado Esduin Javier Javier, quien en siete días dio dictamen favorable.

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, aseguró que esta ley   beneficiará la transparencia y cuenta con el apoyo de casi todas las bancadas. “Con la Junta Directiva, el Consejo Consultivo y con varios alcaldes que hemos estado hablando —se cabildeó— y de ahí nos fuimos a socializarla al Congreso, le fuimos a pedir cita literalmente a todas las bancadas”, refirió.

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Según Siero, el bloque Winaq-Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca fue el único que no apoyó. De los diputados electos por Movimiento Semilla aparecen como firmantes José Toledo Cruz e Ivanna Luján, quienes integran la mencionada sala de trabajo.

Siero afirmó que cuentan con el apoyo de la mayoría de diputados y con el visto bueno de la Contraloría General de Cuentas, la Comisión Nacional contra la Corrupción y el Ministerio Público.

¿Qué busca?

La iniciativa   aumentaría el monto que los alcaldes o gerentes municipales pueden adjudicar sin que sea necesaria la aprobación del Concejo, el cual  llegaría a los Q2 millones. Con la legislación actual el techo es de Q900 mil.

Para hacer compras por cotización aumentaría el monto entre Q200 mil y Q2 millones, y si excede de ese techo se deberá utilizar  el sistema de licitación.  Además reduce los plazos a la mitad para adjudicar, y al efectuar compras directas, que son de entre Q25 mil y Q90 mil, podrán hacerse hasta por Q200 mil. 

De manera recurrente  los alcaldes se quejan de que los procesos de compra que pasan por el Concejo demoran mucho tiempo y a veces son urgentes, como cuando se debe reparar un pozo.

Por otra parte, dicha iniciativa aprueba, en el artículo 38 Bis,  que los fondos de las municipalidades  programados para un servicio u obra que no han sido concluidos al final de año puedan acumularse para el siguiente, siempre y cuando se destinen al mismo fin y se establezcan  como límite los cuatro años de cada administración.

Agregó que para poder acumular el presupuesto se debe  incluir la información de lo invertido en años anteriores y los planes de lo que se destinará en la formulación financiera anual.

Por otro lado, la ley reduciría el plazo de las convocatorias a licitación a 15 días entre la publicación en Guatecompras y la fecha de recepción de ofertas. Actualmente  fija un plazo de 40 días. Además, disminuye a tres los días hábiles para presentar inconformidades y determina que la Anam debe  implementar los procesos y establecer lineamientos para estandarizar la prestación de servicios a la población.

“Estamos utilizando la misma ley que los ministerios; entonces, por ejemplo, no es lo mismo un proceso de una carretera del Ministerio de Comunicaciones que cueste Q800 millones que reparar el pozo de una aldea, para una municipalidad, que puede costar Q100 mil”, dijo el alcalde Siero al defender la propuesta.

Javier, por su parte, aseguró que la iniciativa de ley es para beneficiar al vecino y   agilizar la ejecución de las alcaldías. Señaló que se espera el  jueves 3 de octubre pase al pleno.

Asignación de recursos

Diecisiete alcaldes acudieron ayer a una reunión con la Comisión de Finanzas del Congreso para solicitar acompañamiento de los diputados y que se les asignen los fondos que por ley les corresponden. Este grupo es el  que está en desacuerdo con la gestión de Sebastián Siero al frente de la Anam.

De acuerdo con el jefe edil de Moyuta, Jutiapa, Roberto Marroquín, en el último gobierno el situado constitucional que les transfirieron no correspondía al 10% que establece la ley, y solo fue un 4%.

El grupo de alcaldes busca  el apoyo de los diputados para resolver esa situación y que los fondos que   las municipalidades no logran ejecutar sean multianuales, para que no se vayan al fondo común.

“Se va a ir un montón de plata al fondo común, tanto ordinario como extraordinario de este año, la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición”, aseguró el alcalde.

Este grupo surgió hace unas semanas, por  inconformidad con el alcalde Siero, aunque Marroquín ahora sostiene que están organizados y que no están confrontando ni al Ejecutivo ni a la Anam.

Hace poco más de una semana, el mismo grupo, pero con menos representantes, se reunió con dicha comisión legislativa para hablar del situado constitucional aprobado en la ampliación presupuestaria, pues esperaba que los fondos  se trasladaran este mes y no fue así.

Marn afirma que ampliarán un año la entrada en vigor la obligatoriedad de la tenencia de licencia ambiental

El 27 de septiembre próximo vence el plazo para que proyectos, obras, industrias o activades cuenten con la licencia aplicable, la medida también alcanza a iglesias.

Enrique García

27 de agosto de 2024 | 13:45h

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El viceministro de ambiente dijo este jueves que el actual gobierno busca anular la licencia ambiental de la mina Cerro Blanco, debido a "presuntas anomalías" en su aprobación. (Foto Prensa Libre: AFP)

La titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, anunció este 27 de agosto, luego de una reunión con diputados de la bancada Cabal, que se dará una prórroga de un año mas para que los proyectos, obras, industrias o actividades ya existentes cuenten con su Licencia Ambiental.

El 2 de diciembre del 2022, el entonces presidente de la república, Alejandro Giammattei y el exministro de Ambiente, Gerson Elías Barrios, aprobaron un acuerdo gubernativo en el que reformaron el artículo 119 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y dieron como fecha límite el próximo 27 de septiembre de este año para que todos cuenten con dicha licencia.

“Platicamos con la bancada que ahorita tenemos una solución a la puerta y es la modificación del acuerdo gubernativo que rige el Reglamento de Licencias Ambientales (…) este viernes -30 de agosto- tendría que estar el acuerdo”, dijo Orantes quien agregó que hay preocupación en la sociedad por la emisión de este documento que sería obligatorio.

La medida según el acuerdo 298-2022 alcanza también a las iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso con o sin actividades complementarias y conexas.

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“Se simplificarán los trámites y daremos un año de prórroga para que toda obra o proyecto esté regularizado en el Ministerio de Ambiente”, reiteró la funcionaria, quien agregó que “hay una falla estructural en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente ya que hay muchas obras que no tienen impacto y otras en que es mínimo, agregó Orantes.

La actual normativa detalla que quien no cuente con el estudio de evaluación del impacto ambiental será sancionado con una multa de Q 5mil a Q100 mil, y que, en el caso de no cumplir con este requisito, el negocio será clausurado en tanto no cumpla.

Según manifestaron -Orantes y Luis Aguirre – la otra semana se trabajará una iniciativa de ley para regularizar quienes deben contar con licencia de ambiental y no se descarta que se apruebe de urgencia nacional.

iniciativa5431

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En el Congreso analizan un nuevo esquema de contratación pública para  la red vial

Diputados acuerdan un dictamen, que por el momento se encuentra en borrador, para la iniciativa 5431 que ahora se denominaría “ley de infraestructura vial prioritaria”.

Urias Gamarro

26 de julio de 2024 | 05:00h

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La iniciativa de ley 5431 que ahora será conocida como “Ley de infraestructura vial prioritaria”, ya tiene dictamen favorable de los miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La iniciativa de ley 5431 que ahora será conocida como “Ley de infraestructura vial prioritaria”, ya tiene dictamen favorable de los miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República, con un articulado diferente al que incluía anteriormente la “Ley General de Infraestructura Vial” que se presentó en 2018 y fue dictaminada favorablemente con modificaciones en noviembre de ese año, sin lograr más avances.

El pasado miércoles, diputados que integran esa comisión de trabajo, junto con el presidente del Congreso, Nery Ramos, dieron a conocer que “ley de infraestructura vial prioritaria”, tuvo un dictamen favorable, para que en los siguientes días pueda entrar a discusión en el Pleno.

La nueva normativa plantea cambiar el modelo actual de contratación, licitación y adjudicación de tramos carreteros que realiza el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los mismos y de primera mano asigna un saldo de caja de Q6 mil millones destinados a cubrir las primeras coberturas de pago.

Se reiteró que bajo esta nueva modalidad, no habrá ningún peaje o caseta de cobro para los usuarios.

El anuncio legislativo coincide con una visita que realizó a Guatemala esta semana Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, para tratar los avances de la iniciativa “Centroamérica Adelante” que busca promover la inversión en sectores como infraestructura vial, puertos y aeropuertos.

¿En qué consiste?

Sobre los alcances y limitaciones de la nueva iniciativa, el diputado Jorge Ayala, presidente de la referida comisión, explicó que el Pleno dispuso que se trasladara de nuevo a la comisión la anterior iniciativa -ley general de infraestructura vial- por lo que se trabajó en una nueva propuesta de dictamen.

Sobre las diferencias principales con el anterior proyecto legislativo, enumeró las siguientes:

• Por el lado de aplicación, en la iniciativa original era todo el sistema vial del país, pero  ahora se concentra en las carreteras centroamericanas (CA).
• Incluye los anillos tanto Metropolitano y Regional.
• Las CA que conectan a puertos y fronteras con fronteras.
• El ramal que comunica desde la aldea El Rancho, El Progreso, hacia las Verapaces.       

El parlamentario aclaró que se mantiene la institucionalidad del Micivi, mientras que el Fondo Social de Solidaridad, la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC) conservan sus funciones, pero más limitadas en cuanto al ámbito de su aplicación.

Además, se crea la Dirección de Proyectos Prioritarios para atender todo el proceso de contratación de obras en los tramos carreteros mencionados, mientras que el Micivi continuaría atendiendo las carreteras nacionales secundarias y tercerías.

Esa Dirección tendría una figura desconcentrada, pero bajo el mando del Micivi con un Directorio:

• Dos ministros de Estado o sus viceministros.
• El presidente del Colegio de Ingenieros.
• Un representante de los usuarios de transporte internacional.
• Un representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Ayala dijo que también habría dos representantes del sector privado, la academia y la parte pública.

Responsables de la operación y mantenimiento

En la iniciativa se estructura un fondo y se asignarán recursos anuales. Se crea la figura del pago por disponibilidad, que son los contratos de construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento, que permitirán que un contratista que participe en una licitación pública internacional construya el tramo carretero asignado y luego recibirá su pago diferido, por plazos que van de 20 a 25 años, pero la misma constructora es la responsable de operar y mantener el trayecto asignado.

Según el diputado, se garantiza la construcción de carreteras de óptima calidad y con estándares internacionales, por lo que para poder ser elegible para el pago de su anualidad deben alcanzarse ciertos indicadores y así se evita el problema de que el contratista se desliga  al momento de la entrega del proyecto.

Ahora la empresa ganadora, deberá ser la responsable de su mantenimiento y contar con los parámetros que se establecerán en el contrato. “Ninguna carretera CA será privatizada ni se cobrará peaje”, puntualizó.

Fuentes de financiamiento

Ayala apuntó que el fondo que se crea se financiará con el impuesto a la distribución de petróleo (IDP) y sus derivados, ya que en el imaginario de las personas y usuarios, hay una creencia que se destina para el mantenimiento vial, así como el impuesto sobre la distribución de vehículos (ISCV).

Se explicó que del IDP, de los Q4.70 que se paga ahora por cada galón de gasolina súper, Q1 va para Covial, Q0.30 para las municipalidades y la diferencia que es Q3.40 van al fondo común -que administra el Ministerio de Finanzas-.

Pero con la nueva propuesta, esos recursos irán íntegramente al fondo para liquidar los pagos anuales para las empresas. De esa forma, cada año el fondo se estará alimentando -vía los impuestos- el IDP y ISCV, así como el 30% del saldo de caja de los fondos no ejecutados en cada ejercicio fiscal.

Los recursos se estarían destinando exclusivamente a la infraestructura vial y se aclaró que no se revisarán ni crearán nuevos impuestos para ese fin. El nuevo Directorio sería el responsable del manejo de los recursos que se recauden, por medio de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.

Intervención

Las rutas CA en las cuales se intervendrá representan el 10% del total de la infraestructura vial del país, que es de los 17 mil 500 kilómetros, por lo que en este modelo, se estaría trabajando en 1 mil 500 a 2 mil kilómetros, por donde transita el 70% del tránsito comercial y el 60% del desplazamiento de la población del total de país.

“El enfoque está muy claro”

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) declaró que en esta iniciativa se encuentra un enfoque muy claro de las necesidades más urgentes del país.

Recalcó que los cambios al dictamen le dan una viabilidad política más acelerada, pues se atiende la ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento, así como el uso, aprovechamiento y conservación de las rutas centroamericanas, así como de las rutas perimetrales que forman parte de un estudio de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), con el que ha venido apoyando a la Municipalidad de Guatemala, que incluye el Anillo Metropolitano, el Anillo Regional y algunas circunvalaciones que se necesitan en el departamento de Guatemala.

“Se mantendría una institucionalidad al crear la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios dentro del Micivi, en lugar de una Superintendencia Vial, lo que sería un órgano desconcentrado”.

En cuanto a la capitalización de Q6 mil millones del saldo de caja, se reconoce que no se intervendrá en la actual institucionalidad del Micivi, al mantenerse Covial y la DGC “por lo que está bastante bien el dictamen y lo que viene es la parte política, con el logro de los consensos necesarios para su aprobación”.

Mejorar en indicador

Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), reiteró que la infraestructura es un activo importante de país y es un pilar para medir la competitividad, aparte de que cuenta con su índice respectivo, por lo que es ahí donde Guatemala es mal calificada.

Con la situación actual, el índice no mejorará y a su vez incide en la baja inversión extranjera directa y en la imagen nacional. “Por más que se cuente con una mejor calificación de riesgo país y estabilidad macroeconómica, los inversionistas internacionales le prestan atención a la infraestructura”.

Sobre la participación de compañías internacionales, indica que sería positivo para este tipo de mercado que “está cooptado por algunas empresas locales, pues las obras están direccionadas hacia intereses políticos y económicos a conveniencia”.

Recordó que, en los últimos 20 años, no se ha construido una nueva carretera de trascendencia y en promedio se habilitan unos 200 kilómetros por año en caminos rurales, “por lo que es una buena alternativa y ojalá que los diputados puedan hacer su trabajo en beneficio del país, porque se necesita una ley que expedite la construcción y rehabilitación de la infraestructura vial”.  

Bancada electa por Semilla propone que se aumente los viáticos a diputados distritales

Los congresistas independientes solicitaron al pleno que el proyecto fuera enviado de forma inmediata a la Comisión de Apoyo Técnico.

Enrique García

11 de julio de 2024 | 12:12h

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Diptuados independientes pidieron en la sesión del pleno que se enviara a la Comisión la iniciativa para su estudio. Foto Prensa libre.Erick Avila: 18/01/2024

Los diputados independientes electos por el Movimiento Semilla discuten en el pleno del Congreso este jueves 11 de julio que se envié a la Comisión de Apoyo Técnico la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -6389-. La propuesta que es respaldada por los diputados oficialistas contempla que los representantes distritales tengan derecho a más viáticos.

El pasado 30 de abril, el diputado Raúl Barrera, electo por la metropolitana incluyó en uno de los artículos del proyecto que se modifique el inciso b, del artículo 55 y que se incluya entre los “derechos de los diputados” que los congresistas distritales tengan derecho a “percibir los viáticos correspondientes para la movilización a sus respectivos distritos por razón de la distancia”.

La solicitud de los diputados independientes generó descontento entre las bancadas aliadas y de oposición, quienes pidieron que, en lugar de discutir esta propuesta, se dieran lectura a otras iniciativas de mayor importancia. La solicitud de los legisladores independiente no fue enviada y quedó fuera del debate para que en otra sesión plenaria se lea y se envíe a la sala de trabajo.

Actualmente los diputados tienen un salario mensual de Q29 mil 150 con Bono 14 y aguinaldo, que en el año se convierte en Q408 mil 100 percibido.

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Presupuesto

Para este año 2024, el Congreso de la República cuenta con presupuesto de Q1 mil 194 millones 150 mil, buena parte de este monto se usa para el pago de salario de los 160 legisladores, de quienes menos gana, alcanza los Q29 mil, mientras que la presidencia supera los Q40 mil.

Así se distribuye el salario de los diputados:

• Q9 mil 550 salario base
• Q5 mil gastos de representación
• Q9,600 dietas plenarias
• Q5,000 dietas por comisiones de trabajo
• Q10 mil a Q20 mil si se es integrante de la Junta Directiva
• Q6 mil por dietas de Junta Directiva
• Q1 mil dietas por junta de jefes de bloque

Forman una Mesa Técnica de Competencia, mientras discusión de enmiendas continúa en el Congreso

En dos grandes temas de interés se concentran los consensos para el avance de la ley de Competencia en la Comisión de Economía del Legislativo.

Urias Gamarro

25 de junio de 2024 | 05:00h

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Los avances de la iniciativa 5074 fueron presentados durante la mesa técnica para la competencia. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La sincronización del tiempo político en el Congreso de la República, más las enmiendas a la iniciativa 5074 ley de competencia, sobre todo de los temas de mayor interés de los bloques legislativos, marca la discusión de los integrantes de la comisión de Economía esta semana.

Jorge Ayala, presidente de la referida sala de trabajo, dio a conocer el estatus de la discusión de las enmiendas, así como los planes para lograr consensos entre los diputados en julio, para así presentar las enmiendas finales en agosto, cuando inicia el segundo periodo de sesiones del Organismo Legislativo y continuar con su aprobación.

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El parlamentario indicó con las discusiones se busca garantizar el apoyo de las diferentes bancadas en el Pleno y lograr los 107 votos que se necesitan.

Bajo análisis

Durante la presentación de la mesa técnica sobre competencia, integrada ayer por el Instituto de Derecho de la Competencia (IDC), el Consejo Nacional Empresarial (CNE), la Universidad Rafael Landívar (URL) y el Ministerio de Economía (Mineco), Ayala reconoció que se tratan dos temas centrales en la referida comisión: el titulo 1 que trata sore las prácticas monopólicas absolutas y relativas, así como la carga de la prueba; y la creación de la entidad rectora.

Mencionó que una de las ventajas es que al momento de votar por las enmiendas, la mayoría de integrantes de la comisión serían parte del dictamen de manera automática.  Citó como ejemplo que conseguir los 11 votos en la comisión no es difícil, sino que reiteren su apoyo como bloques legislativos a la hora de la aprobación en tercera lectura, por artículos y redacción final, por lo que se buscan “equilibrios” entre los diferentes bloques.

En la comisión se ha discutido qué es una práctica absoluta, el daño que puede ocasionar y cómo la autoridad es la responsable de determinar esa práctica, ejemplificó.  

El otro asunto que está generando debate es la creación de la Superintendencia de Competencia como un órgano autónomo e independiente. Según el cronograma, se pretende avanzar en julio con las discusiones para así presentar las enmiendas en agosto.

Expectativas

Antonio Romero, viceministro de Economía, dijo que sobre los puntos sensibles que señaló el legislador, la creación de una Superintendencia de Competencia tendría que ser aprobada por 107 votos, lo que implica un consenso bastante amplio.

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Discusiones sobre enmiendas a la iniciativa de ley de competencia siguen en el Congreso

“Sin duda, la creación de una Superintendencia ha sido uno de los temas más discutidos porque ahí entran elementos de quienes van a formar la autoridad, sus funciones y atribuciones y eso es uno de los puntos de debate, así como el alcance de las disposiciones sobre prácticas absolutas y relativas”, precisó. También alertó que hay discusiones de posibles excepciones sectoriales, pero el Mineco no está de acuerdo con ello.

Finalmente, Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), afirmó que continúa el análisis de las propuestas y los puntos de vista de cada bloque, lo cual es un desafío “porque cada uno busca llevar agua a su molino y privilegiar sus intereses”.

En todo caso, coincidió con Ayala en el sentido de que asegurar los 107 votos será el gran desafío, más allá de que el contenido de la iniciativa de ley pueda satisfacer a todos, ya que en política económica, siempre hay ganadores y perdedores.

Discusiones sobre enmiendas a la iniciativa de ley de competencia siguen en el Congreso

La iniciativa de ley 5074 aún está pendiente de nuevo dictamen, tras haberse recibido más de 90 propuestas de enmiendas antes de llevarse a tercera lectura y redacción final. 

Urias Gamarro

6 de junio de 2024 | 05:00h

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La iniciativa de ley de competencia sigue en discusión de las enmiendas por los diputados. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los diputados que integran la Comisión de Economía continúan con la discusión de las enmiendas a la iniciativa 5074 Ley de Competencia, en la búsqueda de potenciales consensos.

De momento, se realiza el análisis por artículos, a efecto de lograr acuerdos y poder enviar el dictamen al Pleno para continuar con su aprobación en tercera lectura y redacción final, informaron algunos legisladores.

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Para José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), el ejercicio es positivo, ya que la idea es garantizar que la discusión en el Pleno se lleve a cabo sin mayores contratiempos.

“Se continúan leyendo los artículos y ya en está por concluir la lectura de todas las enmiendas que se presentaron y a partir de ahí, se decidirá cuáles enmiendas se quedan y cuáles no”, apuntó Ardón.

Afirmó que una de las mayores preocupaciones es que se logren los 107 votos para la aprobación en tercera lectura “porque si no pasa, la iniciativa se engaveta”, por lo que hay que trabajar en los consensos previos, para que esto no ocurra.

Como ICE, recomiendan que no se presente un pliego de enmiendas, sino pocas (entre 10 y 15) que ya se han identificado como las más importantes; en segundo lugar, que estas no retrocedan en la esencia de la ley y lo tercero, que la coyuntura política sea ideal para presentarla al Pleno.

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“Esto podría ocurrir en la primera o segunda semana tras el receso parlamentario, si se cumplen los lineamientos antes citados”, puntualizó el directivo.

En todo caso, había un escenario que la iniciativa podría ser conocida durante una sesión extraordinaria en el receso parlamentario, “pero lo más probable y prudente es hacerlo en agosto próximo”.

También sugirió que se evite que la discusión de la iniciativa 5074 de forma simultánea con la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, o del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2025.

Preparación y formación

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Ley de competencia: sugieren aprobar el inicio de su vigencia hasta en dos o cuatro años

La formación del capital humano que se encargará de velar por el cumplimiento correcto de la ley, cuando se apruebe, requerirá hasta 48 meses, afirma entidad académica.

Urias Gamarro

16 de mayo de 2024 | 05:00h

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Para la aplicación de la ley de competencia se requiere profesionales especializado en esa materia. (Foto Prensa Libre:Freepik)

La iniciativa 5074, ley de competencia, fue analizada ayer durante una mesa de diálogo organizada por Astra, Instituto de Liderazgo y Gobernanza, donde una de las conclusiones fue que la especialización y formación para aplicar una ley de competencia en Guatemala involucra a jueces, economistas, abogados y todo el recurso humano que laborará en la superintendencia respectiva. 

En el evento participaron algunos diputados del Congreso de la República, analistas y representantes de otros centros de investigación, quienes conocieron algunas observaciones a la iniciativa indicada, que se encuentra en segundo debate en el Legislativo, mientras la Comisión de Economía analiza más de 90 enmiendas planteadas.  

Posición

Nicholas Virzy, decano de Astra, expuso que una ley de competencia y las autoridades que la hagan valer, deberían ser “eminentemente técnicas, pues hay mucha discusión pública sobre que la ley va a traer ciertos beneficios (como mayor crecimiento económico), que va a reducir los precios o la inflación, y ese no es el propósito”.

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La postura de Astra es que Guatemala necesita de una buena ley de competencia, pero no existe experiencia al respecto “y si la ley pasara mañana, no existe el recurso humano o el capital intelectual para poblar a esa institución y se tendría que capacitar a jueces, abogados, economistas, por lo que algo que se debería considerar es que se postergue su puesta en vigencia por unos años, mientras se forma a los especialistas y hasta a los mismos empresarios”.

A su entender, la vigencia de la ley sería para un periodo cuatro años, una vez que el Legislativo apruebe la normativa, para diseñar e impartir programas de diplomados o maestrías en competencia. Citó como ejemplo, que las empresas necesitarán a expertos en competencia para saber si están cumpliendo la ley o no.

“Como Astra no nos oponemos, sino que esperamos que sea una ley técnica, que las autoridades encargadas de velar por ella sean técnicas y que no haya incentivos perversos que busquen una persecución para las grandes empresas”, enfatizó Virzi.

Escenarios

José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), brindó una perspectiva respecto a que el Congreso concluyó el primer periodo de sesiones del año, sin que ese marco legal se aprobara.

“Lo que hemos visto es que más que hacerle muchos cambios a la iniciativa 5074, la idea era reforzarla, en la línea de los dos dictámenes previos, pero se presentaron muchas enmiendas de diferentes bancadas y algunas contribuyen a fortalecerla, pero otras pueden significar algún retroceso”.

A su juicio, la prolongación de esa discusión ha prolongado el proceso, por lo que no se sabe si la aprobación se logrará en el segundo semestre, considerando la dificultad de lograr consensos. “Se caemos a agosto se complica más la situación, por las diferentes cuestiones políticas que debe atender el Congreso; pero que si en estos dos meses (junio y julio) se logra avanzar, se podrían aprovechar las dos primeras semanas del período ordinario para aprobar la iniciativa”, apuntó.

Juega el tiempo político

El analista Rodolfo Mendoza Yaquián, de la firma Diestra, afirmó en la mesa de diálogo que sobre la iniciativa de ley 5074 se ha llegado a un sentimiento generalizado de que ya existe el contenido necesario para lograr consensos y ser aprobada.

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“El siguiente paso debería ser consensuar las enmiendas en la comisión de Economía del Congreso, para programar su tercera lectura y aprobación por artículos.

“Estas últimas semanas, el Legislativo ha estado estancado y ni siquiera ha habido quórum para un Pleno y la iniciativa de la ley de competencia ha sufrido las consecuencias de esto, lo que puede ser resultado de un enfrentamiento entre la Presidencia y algunos diputados”, concluyó.

Se alejan las posibilidades de aprobación de la ley de competencia, afirman analistas

Aunque se reiteró que la aprobación de la iniciativa 5074 era prioritaria en la agenda legislativa, está ya casi quedó postergada hasta el reinicio de sesiones en agosto próximo.

Urias Gamarro

11 de mayo de 2024 | 05:00h

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Las posibilidades que antes del 15 de mayo el Congreso apruebe en tercera lectura la ley de competencia parece que se han dispersado. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Las posibilidades que antes del 15 de mayo el Congreso apruebe en tercera lectura y por artículos la iniciativa 5074, ley de competencia, parece que se han dispersado.

La meta de que Guatemala contara con un marco regulatorio sobre el libre mercado durante el primer semestre se aleja y hay varios escenarios que se está manejando para continuar su avance cuando se inicie el segundo ciclo de sesiones legislativas en agosto próximo.

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Mientras tanto, en la Comisión de Economía del Congreso continúa el proceso de discusión de más de 90 enmiendas a la referida iniciativa, por lo que aún no se cuenta con un borrador final, mucho menos con un dictamen.

Escenario actual

El diputado Jorge Ayala, presidente de la comisión indicada, al dar un estatus de la iniciativa informó que en instancias de jefes de bloque se agendó en dos ocasiones la tercera lectura,  para la cual se requiere la presencia y voto de 107 diputados, pero en ninguna de estas ocasiones se ha contado con el quorum requerido, por lo que ve complicado que pueda agendarse antes del receso parlamentario, que inicia el 16 de mayo.

Esto, a pesar de la voluntad manifestada por la mayoría de los bloques parlamentarios que han apoyado la aprobación de la normativa. No obstante, José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), consideró que fue correcta la decisión de leer y analizar detenidamente las modificaciones propuestas, de manera que la ley cuente con fortaleza técnica. 

Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, mencionó que la iniciativa de ley de competencia se está revisando a profundidad, lo que es conveniente, para que, al aprobarse, la ley sea viable para una economía como la de Guatemala.

En tanto, Carlos Yax y Luis San José, del Consejo Nacional Empresarial (CNE) dijeron saber que en la Comisión de Economía ya se discutieron varios capítulos a la luz de las enmiendas y se están tratando de nuevo las definiciones relacionadas a la normativa, por lo que el proceso está avanzando.

¿Qué es lo que viene?

A los consultados se les solicitó un escenario para el segundo semestre y Ayala enfatizó que de lograrse los consensos a las enmiendas “podríamos solicitar que se agende en alguna de las sesiones que se convoquen durante el receso parlamentario”. 

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Para Ardón es lo más probable que se quede para el segundo semestre porque aún falta la aprobación en tercera lectura y “en las últimas sesiones ordinarias no se logró alcanzar el quórum de 107 diputados”.  

Más allá va el director de CGBA, al asegurar que dado el avance de la revisión de propuestas, los plazos legislativos y la agenda del Congreso, la iniciativa tal vez se conocerá en los próximos meses, si mantiene el estatus de prioridad en ese organismo.

En tanto que el CNE es de la idea que el proceso de aprobación se ha interrumpido por otras iniciativas de alta prioridad en la discusión pública nacional, así que se espera que pueda continuar con la mayor prontitud posible.

Debate de enmiendas

Ayala actualizó el proceso de discusión de las enmiendas, y manifestó que en la Comisión de Economía ya conoció las enmiendas presentadas a 14 artículos del título dos y está programada una reunión para conocer las del título tres, para el próximo miércoles 15 de mayo.

Agregó que, de forma simultánea, se constituyó una instancia técnica con los asesores de los diputados integrantes de la sala de trabajo y de quienes presentaron propuestas de enmiendas con la dinámica que ellos conocen y las debaten. Este equipo se reunirá la próxima semana y trasladará sus observaciones a los diputados.

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Por su parte, Ardón apuntó que “se espera que las bancadas puedan llegar a consensos estables que permitan que las enmiendas propositivas sean aprobadas en el pleno durante la discusión de redacción por artículos. En ese sentido, es importante que los diputados también sean receptivos a los análisis técnicos que se han compartido en diversos momentos y espacios, para que la iniciativa contenga elementos técnicos”.

Finalmente, Lacs Palomo manifestó que es importante que “esta ley no socave la seguridad jurídica y que contribuya a la competencia del mercado con agentes económicos que se adapten a las condiciones regulatorias que se aplicarán”.

El Mineco advierte que, de aprobarse, algunas enmiendas debilitarían la Ley de Competencia

El viceministro Antonio Romero indica que el sector empresarial no debe formar parte de la Superintendencia y que ninguna actividad productiva debe excluirse de su supervisión.

Urias Gamarro

3 de mayo de 2024 | 05:00h

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Las enmiendas que se discutan y se aprueben no deben excluir sectores y no tienen que debilitar la institucionalidad, ya que pueden coexistir muy bien las normas entre las entidades de competencia y los reguladores sectoriales. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Luego de que la Comisión de Economía del Congreso de la República recibiera más de 90 propuestas de enmiendas a la iniciativa 5074, Ley de Competencia, las autoridades realizaron un examen preliminar y detectaron algunas inconsistencias que, de aprobarse, podría poner en riesgo la naturaleza de la ley.

Antonio Romero, viceministro de Economía, detalló a Prensa Libre que se realizó una revisión preliminar de las modificaciones propuestas en conjunto con la Dirección de Competencia de esa cartera y una primera posición oficial, es que recomendarán que no se hagan enmiendas que vayan en la línea de excluir sectores económicos, pues por prácticas internacionales, deben incluirse las actividades que cuenten con regulación sectorial especifica, ya que el tema de la libre competencia tiene sus propias complejidades y especialización.

El funcionario, recalcó que las enmiendas que se discutan y se aprueben no tienen que debilitar la institucionalidad, ya que pueden coexistir muy bien las normas entre las entidades de competencia y los reguladores sectoriales. Es decir, que se debe dejar la especialización de los mercados a la Superintendencia o Agencia de Competencia, respetando los límites institucionales entre ellos.

Una segunda sugerencia es evitar los conflictos de interés en lo que respecta al nombramiento del Directorio y del Superintendente, y no involucrar al sector privado organizado en las decisiones de este tipo porque “no es posible permitir un claro conflicto de interés frente a una autoridad que regula justamente la participación de las empresas privadas en el mercado”.

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Uno de los criterios en esta fase de discusión, es el poder de la autoridad de competencia a institucionalizar, en cuanto al tipo de prácticas que se sancionará, por ser más las que afectan la competencia y de acuerdo con recomendaciones de diversos organismos, sobre todo debe prohibirse la colusión de precios entre empresas competidoras.

Según el viceministro, ese tipo de prácticas podría tratar de defenderse por parte de los sectores involucrados bajo el argumento de eficiencia, lo cual contradice toda práctica internacional, porque no hay ninguna posibilidad de que bajo el argumento de la eficiencia se puedan defender los precios acordados entre competidores.

Aclaró, que es distinto el otro tipo de prácticas (las relativas) entre no competidores, que la iniciativa 5074 establece, como las relaciones entre proveedores y distribuidores, y hay un espacio en la práctica internacional que abre esa posibilidad.

Cero exclusiones

Sobre la exclusión de sectores, Romero afirmó que no es nuevo, y hay algunas posturas que buscan dejar fuera a algunos sectores aduciendo que ya existe regulación sectorial. Para el Mineco, no es un argumento válido porque una cosa no excluye a la otra.

A su entender, la autoridad, promoción y protección de la competencia, tiene su especialidad y la práctica internacional indica que ese poderío abarca incluso a sectores regulados, con las coordinaciones del caso y, por supuesto, respetando su ámbito de autoridad.

“Qué mejor que una autoridad especializada para encargarse de la observación hacia lo que hace la competencia en el mercado. Todas las atribuciones que puedan ser de carácter técnico o autorizaciones de otro tipo, quedan en las entidades sectoriales que van a seguir su rol importante y algunas de ellas cuentan con algún tipo de competencia. Pero en la realidad no es operativo, queda inactiva esa función y no es aplicada”, apuntó.

A su juicio, dejar excluido a algún sector, es dejarlos sin regulación, aparte de que “se han visto indicios de prácticas como el acuerdo de precios”.

Citó como ejemplo, que los sectores hidrocarburos y telecomunicaciones, cuentan con su propia regulación sectorial y de quedar excluidos, “debilitaría mucho a la ley y a la institucionalidad, porque además son sectores con un peso muy importante en la economía y con un impacto muy fuerte en los consumidores que necesitan esa mirada de competencia para que los mercados no tengan barreras y quienes ahora están participando, lo hagan sin impedir que nuevos competidores participen en el mercado, que finalmente es lo que se busca”. 

El funcionario añadió que “hay mercados muy concentrados, se escucha de barreras anticompetitivas y de permanecer ese statu quo vamos a quedar como estamos y se perderá la oportunidad de crear una institución que abarque a todos los sectores de la economía”.

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Concluyó con que al tener mercados competitivos donde hay una libre participación de entrada y salida de las empresas, donde compitan en base a eficiencia, calidad, atención, en lugar de poner barreras a competidores, se tendrá una economía más sana, un potencial de mejores precios y calidad de productos y más empleo. “No se puede crear una entidad débil y que no dé los resultados que se buscan”, finalizó Romero. 

La otra cara

El viceministro, afirmó que se ve con buenos ojos, en la iniciativa original, la propuesta de creación de una Superintendencia de Competencia, que es la mejor estructura, dado el entorno institucional, así como el nivel de independencia que se necesita para la promoción y protección del libre mercado.

Sobre todo lo anterior, se solicitó una postura al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), pero al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta.

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“En Guatemala hace falta una cultura de libre competencia empresarial”

En estos tiempos de globalización económica, ¿cómo se debe interpretar una ley de competencia en Guatemala? Esa es una de las preguntas que responde el sociólogo y economista Guillermo Díaz.

Urias Gamarro

30 de abril de 2024 | 05:00h

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Los empresarios deben tomar decisiones sobre el rumbo de su modelo de negocio, expuso el académico Guillermo Díaz. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)

La ley de competencia tiene como propósito fijar las reglas del juego para que estas sean observables y que todos los participantes en el mercado lo hagan bajo las mismas condiciones. El problema es que cuando no existe una ley, se tiende a incurrir en actividades contrarias a la competencia porque no están prohibidas, y es a lo que se llama “prácticas desleales”.

Así lo afirma Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), quien, en entrevista con Prensa Libre, agregó que a veces eso limita el acceso a los mercados o perjudica al consumidor porque no hay suficiente oferta de ciertos productos o tiene que pagar más por ellos.  

A su juicio, ¿Qué es la cultura de competencia?

Hay que recordar que históricamente venimos de mercados protegidos, a la luz del modelo de sustitución de importaciones y había que tener aranceles altos para hacer florecer la industria nacional.

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Posteriormente, entramos a la globalización económica y hoy, los aranceles en promedio son del 5% al 7%, y hay una buena parte de las mercancías que se importan de Estados Unidos que ya no pagan ese impuesto, pero pagan el IVA (impuesto al valor agregado) de importación. Entonces, hemos pasado de un mundo de protección empresarial con mercados cautivos a otro más globalizados en que no existe ese proteccionismo.

Ahora, se trata de que exista igualdad de condiciones de competencia y en las reglas del juego para remover barreras de entrada que puedan existir o prácticas contrarias a la competencia y es lo que se estaría tratando de hacer con esta iniciativa.

En una situación real, ¿qué puede cambiar?

Recuerdo una conversación con un empresario hace más de 20 años de la industria de calzado, y él ya tenía claro que su competencia era con China y que debía encontrar insumos en Brasil o en otro país. Mientras, una empresa distribuidora de bienes de consumo tenía claro que su competencia venía de Norteamérica y que se instalaría en Guatemala.

Entonces, en su estrategia empresarial, la primera buscó competir buscando la eficiencia e innovando, por lo que continúa vigente, y la otra decidió aliarse con su competidor extranjero y eventualmente, casi desapareció.  

Entonces, los empresarios deben tomar decisiones sobre el rumbo de su modelo de negocio: si van a buscar la eficiencia para competir o se van a unir o salir del mercado. No quiero decir que con la ley de competencia van a desaparecer empresas, sino que las va a forzar a mejorar  y el mejor ejemplo de ello es la industria del azúcar.

En el juego de palabras y desde su punto vista, ¿Para quién es buena la competencia y para quién no?

Para la sociedad en su conjunto, la competencia es buena. No es el mejor ejemplo, pero la industria armamentista en Rusia es conocida por su famosa AK-47, y precisamente es la competencia de EE. UU., donde se tuvo que desarrollar ese tipo de armas. La competencia es el motor de la innovación, del crecimiento, de la mejora continua.

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Obviamente en lo particular, a algunos les beneficia y a otros no, lo que debe dilucidar cada Estado, de acuerdo con su política económica, porque hay sectores que estratégicamente se deben proteger, como la seguridad alimentaria.  Tampoco se trata de un libre mercado como tal, como a algunos les gustaría.

¿Por qué hay una creencia de que podrían bajar los precios?

Puede generar una baja, ya sea temporal o focalizada porque mercadológicamente, cuando una empresa va a entrar al mercado tiene dos formas: con un precio bajo o con uno alto. Generalmente las empresas tendrán que competir con las ya existentes y para lograr un espacio en el mercado, debe darle un incentivo al consumidor.   

Con la ley de competencia no habrá una baja generalizada o inmediata, sino que eso puede darse en la medida en que vayan entrando nuevos competidores y que estos utilicen un precio bajo como estrategia para ganar consumidores de inmediato.

¿Por qué se dice que la economía guatemalteca se basa en precio?

No lo digo yo, sino las agencias de investigación de mercado, quienes exponen que la economía guatemalteca se basa en bajos precios y está muy acostumbrada a los descuentos.

En la economía real, ¿qué sectores ya aplican una libre competencia?

Uno puede observar a los bancos, con diversidad de tasas de interés, promociones, servicios, puntos de atención entre otros; la industria de la cerveza, de la que ya tenemos diversidad de marcas y precios; las bebidas gaseosas y agua envasada, etc.  

Es decir, hay muchos sectores en los que ya se está dando la competencia y se beneficia al consumidor.

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El sector privado pide que se apruebe una ley que no menoscabe la economía, ¿qué temores podría estar provocando la iniciativa 5074?

Creo que los temores se han venido corrigiendo y cuando se empezó a hablar de esto hace muchos años, existía el temor de que fuera una ley reguladora de precios, pero ya se aclaró que una ley de competencia no es para eso.

Tal vez uno de los temores y es lo que han expresado algunos agentes económicos, es que tal vez una Superintendencia de Competencia pueda utilizarse con fines políticos contra alguna empresa en particular, lo que no creo que sea fácil de hacer. De nuevo podemos verlo ahí con entes autónomos como la Superintendencias de Bancos o Administración Tributaria. 

Son temores que surgen, pero si se aprueba una buena, no existirá espacio para ese tipo de prácticas.

¿Cómo deben preparase los agentes económicos?

Se tienen que ir preparando para el cumplimiento, capacitándose y contratando al personal necesario para no incurrir en prácticas prohibidas cuando la ley cobre vigencia. 

¿Cuáles son sus escenarios?

El escenario bueno es que se aprueba la ley, que se crea la Superintendencia de Competencia, se capacita al personal y se realizan los estudios para poner en evidencia empírica qué tanta competencia existe en el mercado.

El escenario positivo es que todo funcione y que los resultados sean beneficiosos para la población como en su momento fue la liberación del mercado de las gasolinas, el cambiario y la telefonía, entre otras.  

El escenario negativo es que no se apruebe la ley; que sigamos discutiendo el tema por mucho tiempo más. Y el peor escenario es que se tenga que aprobar por alguna sanción o presión internacional. 

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Buscan consensos sobre las propuestas de enmiendas a la iniciativa 5074, ley de competencia

La discusión de las modificaciones a la iniciativa de ley que pretende evitar los monopolios entra a la etapa de búsqueda de acuerdos en la Comisión de Economía del Congreso.

Urias Gamarro

29 de abril de 2024 | 05:00h

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Los miembros de la Comisión de Economía presentarán en breve las enmiendas a la iniciativa 5074 ley de competencia al Pleno del Congreso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Comisión de Economía del Congreso, que discutirá las enmiendas a la iniciativa 5074, ley de competencia, ya cuenta con un documento consolidado con los planteamientos de los bloques legislativos UNE, Valor, Elefante, Cabal, Viva y Vamos, así como por el diputado independente Samuel Pérez Alvarez.

La referida comisión programó sesiones de trabajo para debatir las propuestas a cada uno de los artículos que generaron algún tipo de duda o interpretación de los diputados, así como aquellos que se sugiere suprimir.

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Tal como se planteó la iniciativa 5074, que ya contaba con dictámenes anteriores, sería sujeta a una revisión profunda con la inclusión de nuevas enmiendas, antes de entrar a la tercera lectura y redacción final en el Pleno, como parte del proceso de aprobación.  

¿Qué se expone?

El amplio documento expone el articulado inicial y a un costado, las propuestas de cambios por parte de la agrupación política que las respaldan, por lo que son múltiples y aumentan desde el artículo 1 hasta el 141.

Por ejemplo, para el artículo 5 que se refiere a las prácticas absolutas, el articulo 6 sobre la prohibición de prácticas absolutas y el 7, que contiene la definición de las prácticas relativas, las sugerencias son mínimas, aportadas por uno dos partidos.

Hay coincidencias sobre las prácticas permitidas en el artículo 9, como por cooperación en investigaciones y desarrollo sobre nuevas tecnologías, la cooperación lógica nacional y el intercambio de información científica. Y llama la atención el artículo 10 que es sobre defensa por eficiencia, que ya entra en materia de “libre competencia” porque se deberá demostrar que las ganancias se generan sean por prácticas eficientes, ya se manifiestan tres y cuatro bloques legislativos.

Por el artículo 25, que trata sobre las funciones de Promoción de la Competencia, y sobre todo por las emisiones de opiniones consultivas sobre nuevas regulaciones del Estado que pueden afectar la libre competencia, o hacer los estudios, investigaciones relacionadas con la defensa y promoción, se manifiestan dos bloques legislativos y otros dos para el artículo 30, sobre la integración del directorio de la Superintendencia de Competencia.

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Sobre este punto hay visiones diferentes, ya que, por un lado, se propone la integración de tres miembros y otra enmienda propone que sean cinco. Un titular y suplente del Organismos Ejecutivo, del Legislativo y Corte Suprema de Justicia, y en el otro planteamiento, los mismos integrantes, pero que se agregue a un designado del sector privado organizado y otro por las facultades de derecho y economía de las universidades.

Para el artículo 50 también se plantearon enmiendas referidas al proceso del comité de evaluación de los directores, y las instituciones que serán convocadas a integrar, así como la selección y sus calificaciones, siendo uno de los que tienen más propuestas de los partidos políticos.

Para el artículo 101, que se refiere al desarrollo de las audiencias y las multas, también se plantea una serie de cambios muy divergentes entre sí, como también para el artículo 118, relacionado con las multas para quien incurra en prácticas anticompetitivas.

Cronograma

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, detalló el proceso para definir las enmiendas, los criterios a utilizar y las fechas tentativas de la presentación del documento final, para que sea conocido en el Pleno.

Inició explicando que luego de haber recibido las propuestas de enmiendas a 56 artículos se acordó dividir las mismas de acuerdo con los títulos del dictamen y así evitar la discusión de  tema por tema, así que se propuso una distribución equitativa de enmiendas a conocer en las próximas tres sesiones, iniciando mañana 30 de abril.

Entre los criterios a considerar para incluir o excluir las enmiendas está que si el artículo solo tiene una enmienda presentada, se discute si se incorpora o no y se busca consenso. En aquellas que presentan más de una, se analiza si son complementarias, similares o antagónicas y se discutirá cuál incluir.

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Luego se agendaría el tercer debate de acuerdo con el avance de los consensos para la sesión plenaria del martes 7 mayo y avanzar en las del 9 y 14 para redacción final y por artículos.

Al preguntarle, que existe algún riesgo de entrampar la iniciativa con las enmiendas, respondió: “considero como un aspecto positivo la recepción de las enmiendas porque manifiestan el deseo de enriquecer la propuesta y no un rechazo a la iniciativa; en caso contrario, los bloques se abstienen de presentar cambios y no se obtienen los apoyos”.

Y finalmente sobre el futuro del proyecto, Ayala reiteró que por la amplia discusión de la iniciativa y la manifestación de apoyo de los bloques legislativos mayoritarios y de varios de los líderes del Legislativo, existe una alta posibilidad de alcanzar el acuerdo político para su aprobación esperando un proceso de amplia discusión técnica y la madurez de todos los actores de no buscar protagonismos desmedidos antes de la votación del Pleno.

En busca de consensos

José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), afirmó que se ve con buenos ojos que los diputados han cumplido con los compromisos públicos de avanzar con la discusión de potenciales enmiendas, a través de la Comisión de Economía.  “El objetivo de dicha discusión debería ser la búsqueda de consensos conforme al propósito constitucional de la ley de promover la eficiencia económica en el mercado guatemalteco”.

De las enmiendas presentadas por las bancadas, aseveró que han identificado varias que permitirían fortalecer la parte sustantiva de la ley, permitiendo que cumpla con las normativas guatemaltecas y los estándares internacionales.

De estas, destaca el establecimiento de criterios claros para el ámbito de aplicación de la ley,  que evita una doble regulación; las prácticas permitidas que fomentan la competitividad del país; la defensa por eficiencia porque beneficia al consumidor y se enfoca en castigar sólo aquellas conductas en detrimento de la economía nacional; y que la carga de la prueba recaiga en la autoridad.

Sin embargo, resaltó que ven con preocupación la existencia de algunas propuestas de enmiendas que retoman temas ya superados durante la trayectoria de discusión que ha tenido por años esta iniciativa y que ha permitido mejoras basadas en consensos.

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“Motivamos a los diputados a privilegiar y respetar los acuerdos ya alcanzados, para permitir que la ley se convierta en un proyecto de nación”, concluyó.

Días cruciales

Al viceministro de Economía, Antonio Romero, se le preguntó sobre un escenario de estancamiento en el proceso de aprobación, sobre lo cual dijo confiar en que este no será el caso. 

“Hemos visto una transformación de la opinión pública sobre la ley de competencia, y hemos visto en prensa, comentarios del sector agroindustrial manifestando su aceptación y su anuencia a la importancia de contar con una ley de competencia, porque este país es de los muy pocos que no cuentan con ese instrumento de política económica”, afirmó.

A su entender, los sectores que tenían un tipo de reparo con anterioridad se han convencido de la importancia de esa ley, lo que calificó de señales muy positivas, y “ojalá veamos antes de mitad del año que esta normativa pase”, anticipó.

El funcionario resaltó que inició el diálogo con los miembros de la Comisión de Economía, para continuar esta semana, porque son días cruciales, “y entiendo que, en el Congreso, la decisión consensuada es aprobarla antes del 15 de mayo, lo que es pronto, y definitivamente vamos a tener un acercamiento con los parlamentarios”.

Sobre algunos sectores que mantienen dudas, aclaró que ha habido foros públicos y conversaciones con empresarios en particular, que han expresado sus perspectivas, “pero lo más importante es que esta iniciativa, ha pasado por un amplio proceso de debate, incluso de metas técnicas de distintos sectores, y centros de pensamiento, así que se cuenta con un nivel de consenso importante”.

Diputados reciben 50 propuestas de enmiendas a la iniciativa de ley de competencia

El Mineco espera que avance el proceso de aprobación antes del receso parlamentario de mayo y que los cambios a incluir en el dictamen sean menores y no de fondo.

Urias Gamarro

23 de abril de 2024 | 05:00h

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Jorge Miguel Castillo, director de Promoción a la Competencia del Mineco, expone la situación de Guatemala respecto de la normativa. (Foto Prensa Libre: ´Érick Avila)

Un pliego de al menos 50 enmiendas a la iniciativa 5074, Ley de Competencia, que se encuentra en su última fase de discusión, conoció la Comisión de Economía del Congreso de la República, previo a que entre a tercer debate y redacción final en el Pleno.

Aunque en esta semana se espera abordar con mayor detenimiento el contenido de estas posibles reformas y su discusión en la sala de trabajo, el diputado Jorge Ayala, presidente de la comisión indicada, solo adelantó que se está preparando el informe consolidado, pero que hay alrededor de 50 propuestas recibidas y que algunos artículos tienen más de una propuesta.

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“Son diversas, pero muchas coinciden en cuanto a la integración del directorio, del comité de evaluación, de la carga de la prueba de la autoridad (para los casos de posibles denuncias), en el destino de las multas y de la supletoriedad”, dijo.

Ahora, los miembros de dicha comisión analizarán cada una de las propuestas, bajo una dinámica de acuerdos y consensos de los partidos que la integran y la expectativa es que pueda quedar aprobada en mayo, cuando el Legislativo entra a su fase de receso.

El viernes 19 de abril concluyó el período para que los diputados manifestaran propuestas a la iniciativa, para que estas puedan ser acordadas en la comisión parlamentaria, presentarlas al Pleno y facilitar su aprobación.

Expectativas

El viceministro de Economía, Antonio Romero, reiteró que, dentro del Congreso de la República, la iniciativa 5074 goza de un importante nivel de consenso, puesto que no es nueva y se ha venido discutiendo por varios años, por lo que el nivel de acuerdos es “bastante alentador”.

Sobre la fase de discusión de enmiendas por parte de los diputados, aseveró que se esperarían cambios menores y no en elementos fundamentales del contenido de la iniciativa, para buscar que sea más afinada, robusta y adecuada a la realidad, pero sobre todo, que permita contar con una política de competencia de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

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Entre los aspectos más sobresalientes que incluye la propuesta de ley, es que se crearía la Superintendencia de Competencia, entidad encargada de hacer cumplir la normativa con independencia, así como sus funciones; deja en claro cuáles son las prácticas prohibidas; no se excluye a ningún sector, pero si habrá espacio para aspectos extraordinarios; y siguiendo los distintos procedimientos, podrán autorizarse excepciones temporales, por razones de Estado o por emergencia nacional, con tiempos y criterios claros.

Análisis en conjunto

Hasta ayer, el Mineco aún no tenía el conocimiento de las enmiendas a la iniciativa 5074, por lo que el viceministro Antonio Romero reiteró que se pondrá a disposición de los diputados a un grupo de expertos en la materia para apoyar en la discusión de enmiendas, con una perspectiva técnica y legal.

Añadió que uno de los objetivos es que la ley de competencia técnicamente “sea bien hecha”, que se ajuste a los parámetros internacionales y que no deje elementos de discrecionalidad indebidos o de exenciones a sectores.

“No es aceptable que se exceptúe a sectores, pero sí dejar excepciones concretas, temporalmente acotadas por emergencia o por una situación particular. Todo eso es parte de las recomendaciones que se quieren hacer”, puntualizó.

En la sesión de jefes de bloque en el Congreso de la República, no se programó la inclusión de la iniciativa 5074 para esta semana. 

Comisión de Economía recibirá propuestas de enmiendas a la ley de competencia

Un espacio para discutir potenciales enmiendas a la iniciativa 5074, Ley de Competencia, que ya avanzó a segunda lectura, abrió la comisión respectiva en el Congreso.

Urias Gamarro y Douglas Cuevas

12 de abril de 2024 | 05:00h

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El Pleno del Congreso conoció en segunda lectura la iniciativa 5074, Ley de Competencia. (Foto Prensa Libre: Exbín García)

La Comisión de Economía del Congreso decidió conocer posibles enmiendas al texto de la iniciativa 5074, Ley de Competencia, antes de ser conocida en tercer debate y redacción final, tras ser aprobada ayer en segunda lectura.

La idea es discutir posibles cambios en esa comisión y no durante el pleno, aunque las propuestas de cambios solo serán presentadas y conocidas por los bloques legislativos y el cierre de la discusión será para el próximo 19 de abril.

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El diputado Jorge Ayala, presidente de la referida comisión, explicó los lineamientos a seguir y recordó que esa iniciativa ha sido discutida y dictaminada en dos ocasiones por la referida sala de trabajo, en los años 2018 y 2022.

“En este momento nos encontramos en una fase en que los bloques parlamentarios estarán enviando sus propuestas, de existir enmiendas que todavía ellos consideran que pueden ser incorporadas al documento final”, reiteró Ayala en conferencia de prensa. 

Buscar consensos

El presidente de la Comisión de Economía afirmó que por el momento se tiene la representación de más de 10 bloques parlamentarios, por lo que bajo esta instancia se pueden lograr consensos políticos y llegar a acuerdos sobre las enmiendas y conseguir los 107 votos necesarios para que la iniciativa se apruebe antes del receso parlamentario del 15 de mayo.

Por lo pronto, esa comisión está en sesión permanente y programó cuatro sesiones exclusivamente para la discusión las propuestas y el trabajo es coordinado con la presidencia del Congreso, pero también habrá un seguimiento del partido oficial (bancada independiente), “por lo que creemos que podemos llegar a un feliz término”.

En términos generales dio a conocer que la iniciativa 5074 busca tres áreas generales: la creación de una instancia autónoma, independiente, fuerte y robusta, tipo Superintendencia, que tenga la responsabilidad de sancionar prácticas anticompetitivas; emitir opinión en cuanto a la aprobación de concentraciones económicas; y promover la competencia.

Ayala dejó claro que la ley no resolverá todos los problemas económicos del país ni será una normativa que cambiará la inflación -alza generalizada de precios en la economía- de un día para otro, pero tampoco es una ley que pretende regular ni cerrar empresas.

“Vamos a aprobar una ley, que busca generar una instancia que brinde ese seguimiento, acompañamiento y supervisión para aquellas conductas que vayan en contra de la ley de competencia y favorecer el libre mercado”, apuntó.

El diputado Elmer Palencia, agregó que el consenso hasta el momento con los 21 miembros y 10 bloques legislativos es lograr acuerdos suficientes, ya que esta ley necesita ser aprobada con 107 votos.

Posibles enmiendas

El congresista Jorge Ayala reconoció que ha habido comunicación con el diputado Samuel Pérez y se han identificado algunas posibles enmiendas, con aportes del Ministerio de Economía.

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Una de ellas puede ser el destino de las multas que se contemplarían en la ley, pues se quiere evitar la creación de un incentivo perverso en el sentido de que la recaudación de multas pase a formar parte del patrimonio de la misma institución, “porque eso llevaría a una necesidad de multar, sin un proceso técnico de investigación suficiente”.

Lo otro, remarcó, es que hay poca claridad en cuanto al número de integrantes que deben ser presentados para integrar las diferentes ternas que llevarán al Directorio, ya que algunos hablan de tres a seis y otro hablan de tres.

Finalmente consideró que la parte de la institucionalidad de una Superintendencia y la creación de un Directorio está muy bien consensuada, aunque puede haber alguna sugerencia en cuanto a exclusiones y excepciones.