Tasa interanual de homicidios en Guatemala sube a 17.65: suman 326 muertes más que en 2024, según informe

La violencia homicida sigue creciendo en Guatemala, según un informe en el que se expone que la tasa interanual subió a 17.65 por cada 100 mil habitantes. El delito de extorsión también muestra un alza.

Sandy Pineda

26 de agosto de 2025 | 14:36h

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Según un informe del CIEN, la tasa interanual subió a 17.65 por cada 100 mil habitantes, con 326 homicidios más que en el mismo periodo de 2024. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

La violencia homicida en Guatemala muestra un aumento durante el 2025. Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la tasa interanual de homicidios subió a 17.65 por cada 100 mil habitantes.

El informe detalla que entre enero y julio del 2025 ocurrieron 326 homicidios más que en el mismo periodo del 2024, lo que representa un aumento del 21%.

Este crecimiento sostenido explica el cambio en la tasa interanual, que pasó de 17.47 en junio a 17.65 en julio.

El analista David Casasola, de CIEN, lo resumió así: “De una forma consistente, en los primeros siete meses del año ha habido una mayor cantidad de personas fallecidas por delitos de homicidio, comparadas entre el 2025 con el 2024. Al día de hoy llevamos 326 homicidios más en comparación con los primeros siete meses del año pasado”.

Comparación mes a mes

El estudio también muestra que el incremento se mantuvo constante.

En julio del 2025, por ejemplo, se registraron 37 homicidios más que en julio del 2024 (272 frente a 235).

“Cada mes tenemos más homicidios que en el mismo del año anterior, y por eso la tasa interanual pasó de 17.47 en junio a 17.65 en julio”, explicó Casasola.

El mayor aumento mensual ocurrió en febrero, con 96 casos adicionales, mientras que el menor se registró en junio, con 19 más que en el mismo mes del 2024.

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Concentración geográfica de la violencia

El informe indica que la violencia no está distribuida de forma homogénea en el territorio, sino que se concentra en zonas específicas, lo que refleja dinámicas locales.

“En el departamento de Guatemala se concentra el 51% de todos los homicidios registrados en los primeros siete meses del año, y principalmente en el municipio de Guatemala, que reúne el 22% del total”, precisó Casasola.

La capital es el epicentro de la violencia homicida, con cinco zonas que acumulan más de la mitad de los casos en el municipio:

• Zona 18: 87 homicidios
• Zona 7: 37 homicidios
• Zona 6: 35 homicidios
• Zona 1: 32 homicidios
• Zona 12: 26 homicidios

Otros departamentos también presentan alzas relevantes. Quetzaltenango, por ejemplo, reportó un incremento del 158%, al pasar de 19 homicidios en de enero a julio de 2024 a 49 en el mismo periodo del 2025.

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Extorsiones en ascenso

Además de los homicidios, las denuncias por extorsión también aumentaron. En julio se reportaron 2 mil 396 casos, frente a los 2 mil 216 de junio. Esto equivale a una tasa interanual de 152 denuncias por cada 100 mil habitantes.

El municipio de Guatemala concentra el 21% de estas denuncias, lo que evidencia —según Casasola— un patrón similar al de los homicidios: delitos localizados en puntos específicos.

“En conclusión, estos dos delitos —homicidios y extorsiones— registraron un alza en julio del 2025, y ambos presentan una concentración territorial muy puntual”, advirtió Casasola.

Necesidad de respuestas focalizadas

Para el analista, los datos muestran la urgencia de diseñar intervenciones de seguridad que respondan a las características de cada zona.

“Lo importante es reflexionar sobre las estrategias puntuales que se van a implementar para contenerla y eventualmente reducirla. Llevamos 326 homicidios más que el año anterior, entonces para cerrar con una tasa inferior no solo implica contener, sino intervenir con una lógica territorial muy puntual, a nivel de municipio y de zonas específicas”, subrayó.

Casasola agregó que las acciones no solo deben planificarse, sino también comunicarse a la población.

“Es importante dar a conocer que sí se están implementando iniciativas diferenciadas, no a nivel general, sino a nivel puntual de municipio, zona, incluso barrio o puntos específicos. Eso puede generar alivio en las comunidades”.

El CIEN elaboró el informe en el marco de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers.

Lea también: PNC reconoce alza de violencia en Guatemala por disputa entre pandillas por control del narcomenudeo

Inseguridad y extorsiones frenan el emprendimiento en Guatemala, según el GEM 2024-2025

Aunque Guatemala ocupa el quinto lugar entre 51 países en potencial de emprendimiento y el sexto en emprendimientos tempranos, las condiciones para esas actividades se han deteriorado, entre otros factores, por la inseguridad ciudadana y el aumento de las extorsiones, según el estudio Monitor Global de Emprendimiento (GEM).

Rosa María Bolaños

8 de agosto de 2025 | 09:00h

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Las extorsiones se generan por diversas modalidades, de forma presencial o por teléfono. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El estudio Monitor Global de Emprendimiento (GEM) evalúa el crecimiento o disminución de los negocios en distintas etapas y las condiciones para crearlos e impulsarlos.

David Casasola, director de Investigación del proyecto GEM en Guatemala, explicó que en el estudio correspondiente al 2024 se registró una caída en la Tasa de Emprendimiento Temprano (TEA), segmento en el cual se clasifican los negocios recién creados, que pasó de 32.4% en el 2023 a 23.7% en el 2024.

Esta disminución de 8.7 puntos porcentuales representa una reducción de alrededor de 800 mil negocios de emprendimiento temprano en un año, indicó.

La TEA se refiere a personas con negocios de reciente creación que no han operado más de 42 meses, añadió.

Inseguridad, extorsiones, estafas y otros factores

Entre los factores que afectan las condiciones para emprender figuran las deficiencias en infraestructura productiva, la baja calidad educativa y la complejidad para registrar negocios formalmente. En este último aspecto, alrededor del 60% de los emprendimientos se mantienen en la informalidad.

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Sin embargo, se advirtió que, en el 2024, las condiciones se deterioraron aún más debido al aumento de la inseguridad, con énfasis en extorsiones y estafas.

También influyeron los bloqueos de diversa índole, que limitaron la movilidad, y el estado deficiente de la infraestructura física.

Casasola señaló que las condiciones para hacer negocios se han agravado por una creciente incertidumbre derivada de diversos factores, entre ellos, los resultados electorales que afectaron la última parte del 2023 y varios meses del 2024.

A eso se suma un repunte en la tasa de denuncias por extorsión, que pasó de 102.8 por cada 100 mil habitantes en el 2023 a 140 en el 2024. Este dato refleja lo reportado por emprendedores que fueron víctimas de delitos, dijo el analista, quien también compartió otros hallazgos:

Los emprendedores están en una posición de mayor vulnerabilidad al dar a conocer sus negocios y tienen 1.4 veces más probabilidades de ser víctimas de un delito que quienes no emprenden.

Además, enfrentar delitos les representa un costo promedio de Q16 mil anuales, cerca de la mitad de la inversión inicial estimada para operar un negocio (Q33 mil 625).

Ese gasto limita la capacidad de generar aproximadamente 400 mil empleos, si los fondos se utilizaran para el crecimiento de los emprendimientos.

Tipos de delito reportados por emprendedores:

• Robo y asalto: 46.5% en el 2023, y 45.7% en el 2024.
• Estafa: 13.7% en el 2023; 16.6% en el 2024.
• Extorsión: 12.7% en el 2023; 14.8% en el 2024.
• Vandalismo: 13.3% en el 2023; 11.9% en el 2024.
• Agresión: 13.1% en el 2023; 10.4% en el 2024.

Emprendimiento en cifras

En el 2024 se reportaron:

• 4.7 millones de emprendimientos potenciales
• 2.4 millones de negocios en etapa temprana (TEA)
• 1.5 millones de emprendimientos establecidos (más de 42 meses)
• 573 mil emprendimientos descontinuados

Esto significa que el 46.4% de la población entre 18 y 64 años está involucrada en algún tipo de actividad emprendedora.

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Metodología

El estudio en Guatemala es realizado por la Universidad Francisco Marroquín (UFM) a través del Centro de Emprendimiento Kirzner (KEC). Participaron 51 países en la evaluación de la actividad emprendedora (APS) y 56 en el análisis del entorno para emprender (NES).

Según el GEM 2024-2025, divulgado el 6 de agosto del 2025, los emprendimientos enfrentan un entorno poco favorable, afectado por múltiples factores, indicó Casasola.

Aunque Guatemala ha mantenido altas tasas de emprendimiento durante la última década, la mayoría de negocios siguen siendo de pequeña escala: más de la mitad no genera empleo y suelen comenzar con una inversión inferior a US$1 mil (alrededor de Q7 mil 700).

Tecnología, IA y redes

En esta edición se analizó también el uso de tecnología, redes sociales e inteligencia artificial (IA). Entre los hallazgos:

• 72% de emprendedores TEA usa redes sociales para promover sus negocios
• 52% utiliza mercadeo por correo electrónico y 48% mantiene una página web
• 45% considera que la IA será muy importante para sus negocios en los próximos tres años; el interés es menor (24%) entre los emprendedores de 55 a 64 años
• El uso de IA es mayor en servicios (61%) que en consumo (42%)
• Guatemala supera el promedio latinoamericano (38.7%) y el de países de ingreso similar (28.9%) en intención de uso de IA

“El entorno es desafiante, pero la tecnología se ha convertido en una herramienta poderosa para crecer, innovar y transformar la realidad”, concluye el comunicado del GEM.

El informe también destaca que el ecosistema de telecomunicaciones es favorable: el 56.1% de la población usa internet y hay más líneas móviles que personas, lo que implica que muchos adultos tienen más de un teléfono activo, explicó Casasola.

Mingob cuestiona ley de aceptación de cargos por liberar a reincidentes: “Los capturamos y vuelven a las calles”

Según las autoridades de Gobernación, la normativa permite que delincuentes reincidentes, incluso capturados con armas ilegales, reciban penas conmutables y medidas sustitutivas, lo que facilita su liberación.

Sandy Pineda y Leslie Sánchez

31 de julio de 2025 | 10:52h

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Las autoridades del Ministerio de Gobernación en conferencia de prensa este jueves 31 de julio, en el Palacio Nacional. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Tras una serie de hechos violentos en distintos puntos del país, el Ministerio de Gobernación señaló este jueves 31 de julio que la Ley de Aceptación de Cargos representa un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado, al facilitar la reducción de penas a delincuentes reincidentes, incluso en casos graves.

La declaración surge en un contexto marcado por aumento de muertes violentas y ataques armados, como el que ocurrió en una funeraria de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, que dejó siete personas muertas, así como el asesinato directo de un médico, ambos registrados recientemente en la capital.

A estos hechos se suma la violencia que persiste en los departamentos, como el ataque en un parque de Colomba, aldea Costa Cuca, municipio de Quetzaltenango, donde tres jóvenes fueron asesinados a balazos, en lo que se presume fue una disputa entre pandillas.

Aunque las autoridades aseguran que durante dos meses se logró contener la cifra de homicidios, advierten que las dinámicas de las estructuras criminales cambian constantemente, lo que dificulta mantener esa tendencia.

Favorece la reincidencia

En ese sentido, expusieron que actualmente hay un sistema legal que —según denuncian— “premia” la aceptación de cargos con penas conmutables, lo que está debilitando la lucha contra la criminalidad en Guatemala.

El viceministro de Seguridad, José Ronaldo Portillo, advirtió que la Ley de Aceptación de Cargos está favoreciendo la reincidencia, al otorgar beneficios conmutables y reducción de penas incluso a capturados por delitos graves, como portación ilegal de armas y vínculos con estructuras pandilleras.

“Hemos recapturado a una misma persona dos, tres, hasta siete veces. Este también es un llamado al sistema de justicia. Si no trabajamos de manera coordinada, los esfuerzos por reducir homicidios y aumentar hechos positivos se ven limitados”, señaló el funcionario.

También informó que recientemente se ejecutó el traslado de diez cabecillas de pandillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha hacia una cárcel de máxima seguridad, el Centro de Renovación 1, con el objetivo de cortar la coordinación de delitos desde los centros penitenciarios.

“Este centro busca tomar gradualmente el control del sistema penitenciario, con medidas modernas y estratégicas. Queremos garantizar seguridad a la población, y eso empieza por neutralizar a los cabecillas”, explicó el viceministro.

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“La ley beneficia más al criminal que a la sociedad”

El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, fue más enfático al señalar que la actual legislación impide el uso de colaboradores eficaces, una herramienta clave para desarticular estructuras criminales.

“La ley de aceptación de cargos ha venido específicamente a apoyar más al criminal que a la sociedad. El 100% de los detenidos por portación ilegal de armas de fuego son beneficiados. Es un ciclo de capturar, soltar y volver a capturar”, denunció.

Como ejemplo, mencionó un caso reciente en Asunción Mita, Jutiapa, en el que un individuo capturado el 1 de julio pasado por herir a dos personas con arma de fuego fue recapturado el martes 29 de julio —casi un mes después— con dos armas ilegales, incluida una mini Uzi. Ya estaba en libertad, pese a los antecedentes.

“Estamos viendo que la mayoría de los capturados por portación ilegal de armas son reincidentes, y esto está directamente relacionado con los vacíos legales que impiden retenerlos y procesarlos adecuadamente”, señalaron funcionarios del Ministerio.

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Boteo subrayó que anteriormente un capturado podía constituirse en colaborador eficaz y contribuir con información valiosa. Sin embargo, con la ley vigente, los detenidos aceptan cargos, reciben penas reducidas y medidas sustitutivas, sin obligación de colaborar.

“No solo regresan a las calles, sino que se impide desarticular a las estructuras. Y todo esto con los escasos recursos que tiene la Policía, y aun así, este año ya hemos capturado a 25 mil personas”, agregó.

Entre los logros de este año también destacó:

• 2 mil 095 armas incautadas, algunas dentro de cárceles
• 934 motocicletas recuperadas con reporte de robo
• 402 vehículos recuperados
• 35 requisas coordinadas en centros penitenciarios

Durante uno de los traslados penitenciarios recientes, indicó que se detectó incluso un artefacto explosivo y armas de fuego ocultas, lo que evidencia el nivel de riesgo que implican estas operaciones.

Lucha territorial

Desde Inteligencia Civil e Investigación Criminal, las autoridades han identificado zonas de operación de estructuras del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, vinculadas con homicidios recientes, como un ataque armado en un velatorio en zona 9.

Las pandillas han logrado expandir su incidencia con hechos criminales relacionados con la venta de narcomenudeo y el tráfico de armas, por lo que las investigaciones se han focalizado en esos delitos.

“Lo que sucedió en el velatorio donde un expandillero del Barrio 18 fue acribillado en la zona 9 es uno de estos casos. Fueron mareros de la Mara Salvatrucha que llegaron a efectuar varios disparos y ocasionaron varias muertes. Estas muertes también están ligadas con estas estructuras criminales”, afirmó Portillo.

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Investigación a policías

Relacionado con la balacera que dejó siete muertos en una funeraria en la avenida Centroamérica, zona 1 capitalina, se recordó que hay una investigación en curso a los agentes de la PNC que estaban resguardando el lugar, ante el conocimiento previo del riesgo del caso, ya que el fallecido era un pandillero del Barrio 18 y estaban asignados para resguardar el sitio.

También se reveló que algunos policías están siendo investigados por no cumplir con los patrullajes y coberturas asignadas. La Comisaría 11 presentó denuncias ante el Ministerio Público, y hay procesos administrativos en curso.

En el área rural

Las autoridades aclararon que no todos los homicidios están ligados a pandillas. En el interior del país persisten conflictos por tierras, herencias y disputas familiares, además de casos fortuitos relacionados con el crimen común y organizado.

“No todos los homicidios están vinculados a pandillas. Hay una realidad en el interior del país que tiene que ver con conflictos entre vecinos, por tierras, por herencias o incluso por disputas familiares”, afirmó Portillo.

Sostuvo que hay una distinción entre los fenómenos urbanos —como las pandillas— y los rurales, que “también generan violencia homicida”, expresó.

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Centro al límite

El Centro de Renovación 1, que alberga a los reos de alta peligrosidad trasladados recientemente, está cerca de su capacidad máxima, por lo que se contempla la creación de un segundo centro de este tipo, con estándares modernos de control y vigilancia.

“Quiero comentarles también que el Centro de Renovación 1 ya está casi al límite de su capacidad. Estamos por generar un nuevo centro de renovación, porque necesitamos tener el control y el cuidado de estos centros penitenciarios”, afirmó.

Coordinación con autoridades locales

Gobernación destacó que el poder local, líderes comunitarios y gobernadores deben participar activamente en la coproducción de seguridad. En el caso de Zacapa, donde un agente de la PNC murió recientemente en un enfrentamiento, se han intensificado reuniones con actores locales.

“Este gobierno privilegia el diálogo, pero si no hay cooperación con el sistema de justicia y las autoridades locales, se seguirán enfrentando tragedias evitables”, advirtió el viceministro.

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Aumentan la violencia y los abusos en frontera entre México y Guatemala por operaciones de cartel de la droga

El grupo criminal autodenominado cartel Chiapas-Guatemala extorsiona a comerciantes y cobra por permitir el paso hacia territorio mexicano, denunció una organización.

José Manuel Patzán

22 de marzo de 2025 | 13:47h

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Elementos del Ejercito de Guatemala resguardan la línea fronteriza con México para evitar que cárteles de la droga ingresen al país.(Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Aunque en Guatemala no se han registrado fallecidos ni el cartel ha traspasado las fronteras, el grupo criminal que se autodenomina cartel Chiapas-Guatemala ha generado temor en la línea fronteriza con México. Los más afectados son los comerciantes y los migrantes, quienes, además de pagar cobros ilegales, son víctimas de robos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció esta semana que la violencia y la ingobernabilidad se han incrementado en la frontera entre México y Guatemala.

Según investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), en el área fronteriza guatemalteca no se han reportado fallecidos por hechos violentos relacionados con estos conflictos, debido a la presencia del Ejército y de fuerzas policiales. Sin embargo, afirman que los comerciantes deben pagar fuertes sumas de dinero para comprar mercadería en México y retornar a Guatemala.

A todos los que trasladan mercadería les cobran un derecho de paso, que va desde los Q1 mil, y les entregan un ticket como constancia para que puedan ingresar a México y regresar a Guatemala, dijo un agente policial.

El problema, según los comerciantes, es que ya no pueden ingresar a comprar mercadería libremente porque, aunque paguen, les roban el vehículo si es de modelo reciente o les quitan la mercadería.

Otro de los problemas que afectan en territorio mexicano, según los agentes, es el conflicto entre carteles de la droga por la disputa de migrantes, lo cual ha ocasionado fallecidos y heridos en ese país.

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Falta de seguridad

Según el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, el problema se presenta principalmente en el área fronteriza cercana a San Marcos y Huehuetenango, aunque obedece a que en territorio mexicano no hay presencia de seguridad, mientras que en la frontera guatemalteca opera la Fuerza de Tarea Fronteriza, recién creada por acuerdos con Estados Unidos.

“Sí sabemos que a los comerciantes les quitan los vehículos, los asaltan, les roban el dinero o les cobran un impuesto por cruzar al otro lado; además, dependiendo de la mercadería que transportan, les exigen más dinero”, confirmó.

“Si el vehículo que llevan les gusta, los obligan a dejarlo y de inmediato hacen que el propietario firme los documentos. Los más afectados son quienes residen en México, pero si no tuviéramos presencia militar en las fronteras de Guatemala, estaríamos en la misma situación”, agregó.

Ante el panorama que se vive en la frontera con México, a raíz de las operaciones de los carteles, los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos temen cruzar y permanecen en territorio guatemalteco.

“El problema es que las áreas fronterizas de San Marcos y Huehuetenango se llenarán de personas procedentes de Sudamérica y de otros países, porque allí se van a ir quedando”, indicó Boteo.

Refugio

Cuilco, Huehuetenango, se ha convertido en el municipio receptor de cientos de mexicanos que huyeron de sus comunidades por los conflictos entre carteles del narcotráfico. Familias enteras han dejado todo para sobrevivir y sueñan con poder regresar a su hogar.

Según relataron en su momento los afectados, los carteles de la droga llegaron a las comunidades para reclutar a los hombres, mientras que las mujeres eran obligadas a preparar alimentos para los miembros de la organización armada.

Custodio Boteo señaló que, a raíz de la presencia del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), no se ha reportado que más familias de esa comunidad hayan huido hacia territorio guatemalteco.

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En febrero pasado, las familias mexicanas se refugiaron en las comunidades La Unión Frontera, Monterrico La Frontera y Ampliación Nueva Reforma, en Cuilco, Huehuetenango, fronterizo con México, retornaron a su país.

La zona fronteriza de Chiapas ha registrado un recrudecimiento de la violencia provocada por enfrentamientos entre los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, las dos mayores bandas criminales de México.

En cuanto al nombre de la estructura criminal que se autodenomina Cártel Chiapas-Guatemala, el jefe policial indicó que entre sus integrantes hay exkaibiles y que constantemente buscan reclutar a más elementos con entrenamiento militar, por lo que lo comparó con el grupo conocido como Los Zetas.

Los Zetas fue una organización criminal que intentó ingresar a territorio guatemalteco durante el gobierno del presidente Álvaro Colom.

“Colinas contra los extorsionistas”: hombres con armas de grueso calibre vigilan en Mixco

Un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto hace vigilancia y efectúa inspecciones a motoristas en Colinas de Minerva, zona 11 de Mixco, según se observa en videos de redes sociales.

Hedy Quino y Lourdes Arana

12 de marzo de 2025 | 20:00h

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En redes sociales circula un video en el que se observa que hombres armados realizan patrullajes en Colina de Minerva, zona 11 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo)

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que individuos con armas de fuego detienen y revisan a motoristas que ingresan a la colonia Colinas de Minerva, zona 11 de Mixco.

Según se escucha en el video, los hombres que vigilan buscan detectar a extorsionistas. Uno de ellos grita: “Colinas contra los extorsionistas”.

Vecinos del lugar temen que la situación se salga de control. Un comerciante comentó que en el sector no hay seguridad.

Se presume que este grupo de personas está integrado por ciudadanos que buscan proteger la colonia, luego de registrarse varios ataques armados en el área.

Ante esta situación, las autoridades municipales de Mixco anunciaron la implementación de un plan de seguridad a partir de este miércoles 12 de marzo.

*Impacto Directo es un programa informativo que se emite por Guatevisión, de lunes a viernes a las 18 horas.

Autoridades de Mixco se pronuncian por supuestos patrullajes civiles en Minervas

Tras videos de supuestos patrullajes civiles en áreas como Minervas, autoridades de Mixco se pronunciaron ante las acciones a llevar a cabo.

Pavel Arellano

12 de marzo de 2025 | 12:47h

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Las autoridades municipales de Mixco se pronunciaron por supuestos patrullajes civiles. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Tras la circulación de varios videos en redes sociales sobre supuestos patrullajes civiles en áreas como Colinas de Minerva, las autoridades municipales de Mixco se pronunciaron este 12 de marzo.

Desde el pasado 11 de marzo varios videos en redes mostrarían a varios ciudadanos patrullando en diferentes áreas del municipio, presuntamente como una medida en contra de la inseguridad.

De acuerdo a las palabras de Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, tras la divulgación de los videos, se ha iniciado con patrullajes a cargo de la Policía Municipal de Mixco en los supuestos sectores afectados.

Además, Espinoza criticó al ministro de Gobernación y lo señaló de la falta de seguridad en el municipio.

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Pandillas buscan ganar terreno en Bárcenas y por eso eliminan a quienes prestan seguridad, según vecinos

Comerciantes y pobladores viven atemorizados en Bárcenas, Villa Nueva, por los hechos de violencia contra patrulleros.

Óscar García

10 de junio de 2024 | 18:58h

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Vendedores del mercado El Gallito, en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva, están con temor ante los constantes hechos de violencia. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez) 

Eliminar a las personas que se dedican a prestar seguridad para ganar terreno es la nueva estrategia de las pandillas en Bárcenas, Villa Nueva, donde vendedores del mercado El Gallito, ubicado en la zona 3, se sienten amenazados por extorsionistas que buscan adueñarse del sector.

La seguridad que los mismos habitantes costean para desarrollar sus actividades económicas e incluso tener paz en su hogar se ha convertido en el epicentro de una crisis de inseguridad provocada por extorsionistas que atentan contra las personas que los mismos vendedores pagan.

Esto quedó evidenciado en un ataque armado el pasado viernes 7 de junio, cuando tres personas fueron atacadas por un grupo de sicarios, dos murieron, uno era un hombre de 32 años que formaba parte del grupo de patrulleros, la otra víctima, Glenda Karina Peña Díaz, una agente de la Policía Municipal de Villa Nueva.

Esto ha generado preocupación entre los comerciantes, tanto aquellos que tienen un local, como los que han instalado sus puestos en la calle o aceras. Los vendedores mes a mes pagan a patrulleros para evitar ser el blanco de las extorsiones y con temor y desde el anonimato algunos narran que el auge de la violencia por las pandillas ha convertido las calles en campos de batalla, y los patrulleros, los objetivos mortales.

*Impacto Directo es un programa informativo que se emite por Guatevisión, de lunes a viernes a las 18 horas.

Grupos élites antiextorsiones implementados en Guatemala han fallado en otros países

Fuerzas de tarea y unidades policiales para combatir principales amenazas como las extorsiones, son disueltas con cada cambio de gobierno.

José Manuel Patzán

28 de marzo de 2024 | 05:00h

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Fuerzas de tarea y grupos policiales fueron creadas y luego disueltas con el cambio de mandatarios.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) de la Policía Nacional Civil (PNC), es la nueva apuesta del Ministerio de Gobernación para combatir este tipo de delito, una unidad táctica que fue utilizada en países latinoamericanos que afrontan el mismo problema, pero que fue disuelta por ser un disuasivo y no erradicar el problema de raíz.

Entre los años 2014 y 2015 un equipo táctico al que llamaron “cuerpo élite”, conformado con personal capacitado por policías internacionales y al que se le otorgó armas de grueso calibre, utilizó motocicletas para desplazarse entre las estrechas calles del norte de Sao Paulo, Brasil, con la intención de tomar el control del área donde las estructuras del crimen organizado dirigían las extorsiones.

Federico Reyes, investigador independiente en temas de seguridad, recalca que durante ese tiempo en Sao Paulo las extorsiones tanto para comerciantes y familias disminuyeron, el problema según el investigador fue que “no hubo continuidad ni inversión en los planes policiales” y con el cambio de mandatario se introdujeron nuevas estrategias que acabaron con lo poco que se había logrado y el problema “regresó al principio”.

“En algunas favelas funcionó, pero no en las más peligrosas, solo en las que tenían incidencia mediana. Es importante mencionar que este grupo táctico solo fue un disuasivo, no es que se haya erradicado el problema”, explica.

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“Los grupos tácticos para erradicar las extorsiones operadas por las pequeñas y medianas estructuras han sido objeto de experimento en países latinoamericanos, que tienen el mismo problema de extorsiones que Guatemala”, agrega Reyes.

Control

Contrario a lo que sucedido en Brasil; durante varios años en Bogotá, Colombia, le apostaron a un mismo plan policial y se lograron resultados positivos, “aunque eso también se perdió con los gobiernos reciente”, dice el experto.

“En Bogotá se recuperaron los barrancos porque eran el refugio de los grupos delictivos. En Cali donde proliferaban las extorsiones, se recuperaron las áreas de trabajo, tuvieron sus años de tranquilidad”, afirmó.

En marzo de 2015, miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), de Colombia arribaron a Guatemala para capacitar a 200 funcionarios nacionales, entre policías nacionales y fiscales.

El objetivo era que el personal capacitado tuviera los conocimientos para desarticular estructuras al “más alto nivel” y confiscar los bienes obtenidos, para evitar el financiamiento de otras actividades ilícitas.

Reyes enfatiza que grupos policiales similares a los destacados en Brasil, Colombia y Guatemala fueron implementados en la Ciudad de México hace 15 años, principalmente en los barrios. No obstante, la llegada de carteles de la droga impidió que continuara ese acercamiento con la ciudadanía que había alcanzado una cultura de denuncia.

El investigador sostiene que el problema en países que son asediados por las extorsiones es que cada gobierno entrante propone distintas estrategias en seguridad.

“El secreto es que se mantengan esos grupos. En Guatemala han creado fuerzas de tarea que son prometedoras en resultados, pero se pierden en cada cambio de gobierno”, señala.

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Mario Mérida, exviceministro de Gobernación, sostiene que el GECE no es una estrategia, sino una táctica que únicamente disuade el problema, Sin embargo, las constantes requisas en las cárceles y promover campañas para anunciar números telefónicos o plataformas donde se pueda denunciar, sí figuran como estrategias en seguridad.

“Esto se puede hacer por medio de vallas publicitarias, eso sí es parte de una estrategia, pero fuerzas antiextorsiones como el GECE solo son un disuasivo temporal”, dice Mérida.

Unidades creadas

Aparte del GECE, este año el ministerio de Gobernación creó el Equipo Multidisciplinario de Control de Acceso Penitenciario (ECAP), con el fin de prevenir las extorsiones dentro de las cárceles del país. Este grupo tiene como fin velar porque no ingresen objetos ilícitos a las cárceles, principalmente durante las visitas de familiares a los reos.

El 20 de marzo de 2023, el ministerio de Gobernación disolvió los acuerdos que dieron vida a la Fuerza de Tarea Tecún Umán, Fuerza de Tarea Chortí y Fuerza de Tarea Xinca, que implementaron junto al Ministerio de la Defensa para el combate al crimen organizado en las distintas regiones y que fueron creadas entre 2013 y 2016. Las unidades conjuntas fueron disueltas con el argumento de que la PNC podía operar de forma independiente sin apoyo del ejército.

Durante el gobierno del Partido Patriota surgió el Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL). Este comando de élite, cuyos integrantes usaban gorros pasamontañas y ostentosas armas, se desplazaban en motocicletas por las principales arterias de ciudades como Guatemala y Quetzaltenango.

El objetivo era contrarrestar hechos delincuenciales, como asaltos y capturar en forma rápida a los delincuentes. Los extorsionistas comenzaban a ser uno de los objetivos. No obstante, a pesar de que el grupo élite persiste perdió notoriedad dentro de las filas de la PNC y en las calles.

En su momento también se prometió que, por medio de la investigación y la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, se frenaría el crecimiento de las extorsiones.

Durante el Gobierno de Álvaro Colom se crearon las fuerzas de Tareas para combatir distintas amenazas, entre estas las extorsiones. Sin embargo, como otras unidades, fue disuelta años después.

Colombia y Guatemala fortalecen la cooperación en los temas de seguridad y defensa

Ambas naciones buscan fortalecer seguridad y combatir delitos como el narcotráfico.

EFE

14 de marzo de 2024 | 21:49h

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Gobiernos de Guatemala y Colombia unirán esfuerzos en tema de seguridad. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Ejército de Colombia)

Los gobiernos de Colombia y Guatemala fortalecieron la cooperación en seguridad y defensa, específicamente en temas relacionados con la lucha contra las drogas, el crimen organizado y la delincuencia, entre otros asuntos, informaron este jueves 14 de marzo fuentes oficiales.

El ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, se reunió con su homólogo guatemalteco, el general Henry Sáenz, a quien le destacó la importancia del restablecimiento de las relaciones entre ambos países y puso a disposición las capacidades de la fuerza pública en intercambio de información, capacitación, entrenamiento y tecnología militar.

“Lo que pretendemos es que, con el fortalecimiento de nuestras relaciones, contribuyamos en la defensa de la democracia, de poder constituir en América Latina, gobiernos democráticos que promuevan el desarrollo regional”, afirmó Velásquez.

En ese sentido, habrá cooperación tema de interdicción marítima y aérea para combatir tráfico de drogas.

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Por su parte, Sáenz destacó que la visita “busca fortalecer los lazos de amistad y cooperación en materia de seguridad, tecnología y capacitación entre ambas Fuerzas Armadas”.

“Agradezco su liderazgo e iniciativa demostrados en esta invitación para restablecer la comunicación de alto nivel que manteníamos. Nos unen muchas tradiciones y un profundo amor por nuestra tierra”, expresó el general Sáenz. EFE

Cada gobierno la PNC adjudica millones en arrendamiento de edificios. Sin embargo, muchas sedes policiales son desalojadas porque se termina el contrato de arrendamiento o porque incumplen con los pagos, lo que perjudica de alguna manera la cobertura policial, afirman las autoridades de esa institución.

Una de las adjudicaciones más recientes, según el portal Guatecompras, es del 22 de enero último por Q600 mil para el arrendamiento por un año de un bien inmueble que será utilizado como predio para los vehículos de la División de Protección a Personas y Seguridad en Villa Nueva. El personal de esta unidad está destinado a la protección de funcionarios de gobierno y diplomáticos.

El 12 de enero también se adjudicaron Q834 mil para el arrendamiento de instalaciones que servirán para el uso del Grupo de Reacción Inmediata lobos (Gril) de la División de Fuerzas Especiales de Policía (Difep), en el departamento de Guatemala para el período de un año. Estos agentes efectúan patrullajes en motocicleta como parte de los  operativos contra la delincuencia común.

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Los concursos por arrendamiento de distintas sedes policiales a nivel nacional suman Q56 millones, según el portal electrónico.

Para el director general de la PNC, David Custodio Boteo,  pagar por el arrendamiento de viviendas para instalar las sedes policiales es un “gasto innecesario”, y afirmó que aceptarán las 23 viviendas que les ofrecieron alcaldes municipales y comunitarios en distintos departamentos. Aunque con el cambio de mando también consultarán si las ofertas siguen en pie.

Los ofrecimientos los han hecho los alcaldes de la costa Sur y Occidente, al argumentar que hay altos índices delincuenciales. En algunos casos les ofrecen el terreno para que construyan,  y en otros, las casas y tanto los alcades como los comunitarios se comprometen a  pagar el alquiler y los servicios básicos como agua y luz.

“Por motivos que desconocemos las autoridades anteriores no aceptaron esas instalaciones”, acotó.

Boteo refirió que parte de su trabajo se enfocará en la dignificación de los agentes, puesto que hay sedes donde no cuentan con camas para quienes culminan su turno o esperan que comience el mismo.

“Hay instalaciones donde hay plagas y deben hacerse fumigaciones. Hay que dar mantenimiento a instalaciones porque el agua se filtra durante la época de lluvia”, señaló.

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Deudas

Aunque en años anteriores algunas sedes han sido desalojadas por falta de pago, Boteo asegura que en este momento se encuentran solventes y no han tenido estos inconvenientes.

En noviembre del 2021 los agentes que ocupaban una subestación en Livingston, Izabal, fueron desalojados debido a que no se había pagado el alquiler durante 4 años. Sin embargo, autoridades de Gobernación Departamental de esa región explicaron que “se tergiversó la información” y no se trató de un desalojo, sino que el contrato de arrendamiento concluyó.

Una situación similar ocurrió el 4 de marzo del 2019, cuando fue desalojada una sede policial en la zona 11 de la cabecera departamental de Huehuetenango, después de no poder cancelar 17 meses de renta.

Negocio

Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, parte del Foro de Organizaciones Sociales especializadas en Seguridad, resalta que una de las principales debilidades del Estado es no contar con estrategias para fortalecerlo, y pagar millones en alquiler es un “negocio” solo para unos pocos y es necesario que el agente de la PNC deje de prestar servicio en condiciones deplorables.

“El Estado tiene áreas donde se podría tener a la PNC en condiciones dignas, pero a lo largo de la historia solo se ha privilegiado a particulares”, afirma.

Asturias recomienda que la suma millonaria que se gasta en rentas se invierta en vehículos, colchones, uniformes, armamento y comida adecuada para el personal policial.

“Dignificar al policía para que pueda tener apropiación y formación es fundamental para que se convierta en la institución que vele por la seguridad ciudadana”, puntualizó.

En el entorno económico es el pilar en donde hay más retroceso ya que, mencionó, que a inflación impactó a toda Guatemala, y en este estudio se detectó que los 340 municipios disminuyen su competitividad debido al incremento de los costos, sobre todo de los alimentos.

Por ejemplo, en febrero del 2023, el nivel general de precios en Guatemala continuó su tendencia alcista y se ubicó en 9.92%, mientras que en abril, en el país la inflación  fue de 8.32% en abril, pero en algunas regiones del país superó el 12%. A noviembre del presente año, el ritmo inflacionario se ubica en 4.30%, según datos del INE.

En tanto en el aspecto positivo , refiere que las inversiones de nuevas empresas en el país están generando núcleos de crecimiento y competitividad que se están contagiando alrededor, un caso de éxito es el área de San Marcos, donde está ubicada la fábrica de partes de autos Yazaki, en la cual todos los municipios de esa región mejoraron la competitividad, refirió el analista.

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El pilar del entorno económico analiza la tasa de inflación, de pobreza general y el coeficiente de desigualdad, se agregó.

El segundo pilar con mayores retrocesos fue el de instituciones, ya que 254 municipios tuvieron retroceso y solo 86 reportaron avances. Este eje analiza tema de extorsiones, homicidios, faltas judiciales, casos atendidos por conflictividad, ranking de gestión municipal, y plan de ordenamiento territorial.

“Entre los principales retos están la infraestructura, la seguridad ciudadana entre esta el tema de extorsiones, la certeza jurídica y debilidad de las instituciones que tiene el país, además de temas del tamaño del mercado, fuerza laboral y talento”, detalló Zapata.

En tanto presentaron avances la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en 304 municipios; dinamismo en los negocios en 261; inversión productiva en 217; y algunos avances en salud en 211 municipios.

El ranking de municipios

De los evaluados, 33 municipios superan los 60 puntos, el primer lugar lo ocupa el de Guatemala. El ranking del 2023 es:

1. Guatemala
2. San Miguel Petapa
3. Mixco
4. Santa Catarina Pinula
5. Antigua Guatemala
6. Villa Nueva
7. Fraijanes
8. San Lucas Sacatepéquez
9. Jocotenango
10. Villa Canales
11. Santa Lucia Milpas Altas
12. Chinautla
13. San Bartolomé Milpas Altas
14. Amatitlán
15. Ciudad Vieja
16. San Pedro Sacatepéquez
17. Sumpango
18. San José Pinula
19. San José del Golfo
20. Pastores
21. Santiago Sacatepéquez
22. Zacapa
23. Santa Catarina Barahona
24. Palencia
25. Estanzuela
26. Quetzaltenango
27. San Antonio Aguas Calientes
28. Guastatoya
29. Magdalena Milpas Altas
30. Escuintla
31. San Miguel Dueñas
32. San Martín Zapotitlán
33. San Juan Sacatepéquez

Los municipios que mayor retroceso tuvieron en el ICL son:

• Petatán, Huehuetenango, con -7.98
• San Rafael la Independencia, Huehuetenango con – 5.92 puntos
• Coatepeque, Quetzaltenango, -5.22 y
• San Marcos la Laguna, Sololá, – 4.64
• Pasaco, Jutiapa, -4.46
• San Pedro la Laguna, Sololá, – 4.41

Los municipios que más avanzaron en el 2023:

• San  José Ojetenam, San Marcos, con 3.25
• Santo Domingo Xenacoj, 2.83
• Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, con 2.57
• Sibinal, San Marcos, 2.52
• Antigua Guatemala, Sacatepéquez, con 2.41
• San Lorenzo, Suchitepéquez, 2.40

Benavides agregó que, según los diferentes análisis efectuados, el principal motor de mejora para el país sigue siendo las Ciudades Intermedias, y en esta ocasión se destaca el desempeño que mostró la Ciudad Portuaria de Escuintla y la Ciudad Turística de Antigua Guatemala.

El ICL es una herramienta que permite evaluar de forma comparativa la competitividad del país a nivel local desarrollada desde hace 8 años, para replicar a nivel municipal el Índice de Competitividad que ha publicado el Foro Económico Mundial desde 1979, indicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.

El objetivo es evaluar el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad en un municipio.

Usa de referencia 43 indicadores cuya fuente son más de 20 instituciones públicas y más de 100 datos estadísticos oficiales, en este caso con datos disponibles a octubre 2023, que incluyen cifras actualizadas al 2022 y algunas del primer semestre del 2023, explicó el director ejecutivo.

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Cada variable se expresa en una escala de 0 a 100 puntos y cada pilar cuenta con el mismo peso estadístico (promedio). Este estudio no refleja el impacto que pueda tener la coyuntura política y electoral del país ni las manifestaciones y bloqueos se experimentó en el país en octubre recién pasado.

“La presentación de hoy es parte del esfuerzo de la Fundación de contar con herramientas técnicas para la implementación de políticas públicas a nivel de los diferentes municipios y departamentos y ciudades, que ayuden a elevar la inversión, la productividad, el desarrollo social y las oportunidades de empleo en el país. Este trabajo se hace de la mano con los alcaldes, quienes deben ser los primeros promotores de la inversión y la mejora de la competitividad en sus municipios”, expresó, José Miguel Torrebiarte, vicepresidente de Fundesa.

Respeto a la democracia y a los resultados electorales

Tanto Torrebiarte durante su discurso, y posteriormente Zapata en declaraciones, expresaron que Fundesa mantiene su postura acerca del respeto a la democracia y resultados electorales, y que asuman el cargo las nuevas autoridades electas, como el binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.

“A los alcaldes recientemente electos esta herramienta les servirá no solo para medir, sino para hacer planes que hagan un impacto y que cambien la realidad de sus municipios”, dijo el Torrebiarte.

“Sin embargo hoy no podemos hablar de competitividad sin hablar de la democracia en este país, de la certeza jurídica de un país, nosotros podemos tener los índices, podemos medirlos, pero si realmente no contamos con la democracia que es la certeza jurídica, que es de los pilares más importantes de la competitividad, realmente no vamos a lograr el desarrollo que nos hemos planteado”, agregó Torrebiarte.

“Es por eso que en repetidas oportunidades y comunicados hemos reiterado la importancia que se respeten los resultados de las elecciones y que se respete la voluntad del pueblo, y que el 14 a las 14 tomen posesión todas las autoridades electas, incluyendo alcaldes, diputados, y el binomio presidencial de Karin Herrera y Bernardo Arévalo, es muy importante para lograr la competitividad de un país que se respeten esos procesos”.

“Gracias al vicepresidente de Fundesa, José Miguel Torrebiarte, por el mensaje tan claro sobre la relación entre la competencia, la capacidad que el país se desarrolle y la democracia”, expresó Jonathan Menkos, diputado electo por el Movimiento Semilla, quien participó en la actividad del ICL.

Menkos trasladó a los asistentes un mensaje del presidente electo, Bernardo Arévalo: el país puede avanzar y tiene enormes capacidades de desarrollarse, pero lo tenemos que hacer juntos y trabajando de la mejor manera posible.

Los asaltos se han producido a pesar de los patrullajes que hace la Policía Nacional Civil (PNC) y de la presencia de efectivos del Ejército.

El pasado 2 de noviembre, a eso de las 15 horas, un estudiante de sexto año de Medicina de la Universidad de San Carlos (Usac) concluía uno de sus turnos de práctica y caminaba por la 10a calle, entre 2ª y 3ª avenidas de la zona 1, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron y el copiloto lo amenazó con un arma de fuego para robarle sus pertenencias.

En los últimos tres meses se sabe de al menos seis asaltos a igual número de estudiantes que llegan a cumplir su práctica a dicho hospital, informó uno de ellos, que prefirió no dar su nombre.

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“Se ha vuelto muy peligroso aquí, somos un blanco importante para ellos porque como somos estudiantes, saben que cargamos computadoras y teléfonos en nuestras mochilas”, apuntó.

Aunque han avisado a las autoridades del centro asistencial, estas les han dicho que no pueden tomar alguna acción porque los hechos han ocurrido fuera del edificio. Por tal razón, piden a las autoridades que aumenten los patrullajes.

Asaltantes en moto

Vendedores instalados en las afueras del hospital comentaron, bajo condición de anonimato, que han sido testigos de los asaltos que son cometidos por sujetos que viajan en moto.

Uno de los hechos quedó grabado el pasado 18 de octubre, cuando un médico fue asaltado mientras estaba en una tienda de conveniencia a escasos metros del centro asistencial. Los médicos también pidieron más apoyo por parte de la PNC.

“Supuestamente se han hecho llamados a través de las asociaciones de Medicina y de la Usac, se ha pedido el aumento de seguridad, pero la Policía siempre viene uno o dos días, dan unas vueltas y nada más”, indicó el estudiante.

En este sentido, el director de Comunicación del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar Chinchilla, dijo que se incrementarán los patrullajes.

Por otro lado, Marta García vive en una colonia cerrada de la Zona 21 en la ciudad de Guatemala y paga Q125 mensuales, de los que Q60 se destinan al pago del servicio de seguridad; el resto, al igual que en el primer caso, se dirige a otros rubros como limpieza en áreas comunes, servicios de jardinería, agua y extracción de basura.

En el caso de las empresas pequeñas y medianas que operan en Guatemala, confirman que este servicio ya es necesario, en la mayoría de los casos, por lo que destinan entre 10% y 30% de su presupuesto mensual para la contratación de empresas de seguridad privada, debido a la inseguridad generalizada que se vive en el país.

La Gremial de Compañías de Seguridad Privada coincidió con ese crecimiento y señaló a Prensa Libre que la demanda de este tipo de servicios se debe, principalmente, al resurgimiento en la economía, después del Covid-19, revitalizando la necesidad de proteger los activos y operaciones de las empresas. “Por lo tanto, es razonable afirmar que la demanda está en aumento nuevamente”.

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Según la gremial, los sectores que más demandan protección especializada son: Empresas medianas y grandes 30%; residenciales 35%; empresas pequeñas 28%; e individuales 7%.

Inseguridad y demanda de protección

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Empresarial presentada en agosto pasado, por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), entre los principales obstáculos para la actividad empresarial en Guatemala se encuentran: la corrupción (46%), la conflictividad social (12%), así como el crimen y la violencia (4%).

De igual forma, el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) a junio de 2023, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), evidenció un aumento de 1.6% respecto a mayo. Lo anterior, significa que, en conjunto, las tasas interanuales de los delitos denunciados aumentaron. Por su parte, el Subíndice de Delitos contra las Personas disminuyó 1.8%, pero el Subíndice de Delitos contra la Propiedad aumentó en 5.1%.

Solo la Policía Nacional Civil reportó que hubo 229 homicidios en los 30 días de junio; esto significa un promedio de 7.6 homicidios diarios, cifra levemente inferior a la registrada en mayo 2023 (8.2 diarios). La tasa interanual de homicidios en junio de 2023 es de 16.3 por cada 100 mil habitantes, y se ha mantenido en esa cifra desde marzo del presente año, refirió el IDD.

Esa situación se ha visto reflejada en el aumento de la demanda de seguridad privada en Guatemala, que viene desde hace unos tres años: según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) hay 254 entidades de seguridad privada registradas y en lo que va del 2023 hay 62 que están en renovación de licencias. En el 2022 se autorizaron 115, en el 2021 fueron 90 en el 2020, se registraron 30.

La dirección que forma parte del Ministerio de Gobernación confirmó a Prensa Libre que observan un evidente crecimiento, tanto en las solicitudes como en la emisión de credenciales para guardias de seguridad privada: en el 2021 emitieron 6 mil 257 y el año pasado entregaron 9 mil 248, una diferencia de 2 mil 991 credenciales, equivalente a un aumento de 32.34%.

Algunas operan de forma clandestina

En relación con recomendaciones para quienes desean contratar este tipo de servicios, la DIGESSP indica que lo más importante es verificar que las entidades que prestan servicios de seguridad privada cumplan con lo establecido en la ley respectiva, decreto Número 52-2010, “pues hay varias empresas que operan de manera irregular”, afirmó la Gremial de Compañías de Seguridad Privada.

Por ejemplo, en el caso de la gremial está conformada por el 40% de las empresas registradas y autorizadas por la DIGESSP. Sin embargo, hay un 10% que forman parte de otras asociaciones y el 50% no está afiliada a ninguna organización, refiere la entidad.

“En la realidad empresarial, como en cualquier sector, es posible que surjan casos de empresas no registradas o falsas, a veces conocidas como empresas fantasmas. Además, puede ocurrir que negocios de otros sectores contraten personal para realizar tareas de seguridad, lo que va en contra de la regulación establecida”, aseguraron los directivos de la gremial indicada.

El decreto 52-2010, establece en su artículo 66 que la prestación de servicios de seguridad sin la debida autorización o licencia de operación es considerada ilegal, infracción sujeta a sanciones que incluyen penas de prisión de seis a doce años, así como multas de Q100 mil. Las personas o empresas que contraten compañías no autorizadas, también están sujetas a esas sanciones.

“La regulación y el registro en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada son esenciales para garantizar la legalidad y la calidad de los servicios de seguridad prestados en Guatemala”, enfatizó la gremial.

También considera que, al contar el respaldo de la dirección, las empresas pueden asumir las responsabilidades cuando existen problemas dentro del área de vigilancia y poder así solventarlos de manera legal, es decir, “que ante la falta de registro en la dirección expone a todas las partes involucradas a una mayor incertidumbre y riesgo legal”.

Mejorar condiciones, aumentar controles y capacitaciones

Entre los desafíos actuales está garantizar condiciones justas para los guardias de seguridad, su capacitación y certificación, así como la regularización de servicios no autorizados.

En el tema de garantizar las condiciones justas de los guardias de seguridad, las empresas de seguridad privada se encuentran entre las más denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de prestaciones y solo en agosto del año pasado, se detectaron que 90 incumplieron con el 80% de las prestaciones laborales como es el salario mínimo y Bono 14.

En ese sentido, las empresas de seguridad privada legalmente constituidas tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de sus agentes en varios aspectos, como salarios, capacitación, seguros y otros beneficios, reconoció la gremial.

Pedro Morales, trabaja como guardia de seguridad privado desde hace más de cinco años e informó que de su “propio bolsillo” debió pagar por varios trámites que son “responsabilidad de la empresa”. Al consultar a la gremial, afirmaron que desde que está vigente el decreto 52-2010 buscan reformarlo, con el objetivo de evitar que el guardia pague por los permisos para desempeñar su labor. “Esta iniciativa busca asegurar que los guardias no enfrenten gastos innecesarios y puedan realizar su trabajo en condiciones más favorables”.

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Para la gremial la solución sería que el Estado proporcione las condiciones adecuadas para que las agencias gubernamentales, que utilizan servicios de seguridad, paguen conforme a las regulaciones vigentes. “Esto, a su vez, permitiría a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales y proporcionar un salario digno a los guardias que prestan sus servicios”, afirmaron.

Con relación a la acreditación de los agentes, el proceso se realiza de manera individual. De acuerdo con el Acuerdo Gubernativo 220-2012, se exige un pago equivalente al 15% de un salario mínimo para la acreditación de cada agente y sumado a ello, estas acreditaciones deben renovarse cada tres años para mantener su validez.

En el tema de los servicios no autorizados, la gremial consideró que esta situación representa un reto significativo para las empresas de seguridad privada. “Para hacer frente a esta problemática, es necesario que el Ministerio de Gobernación lleve a cabo investigaciones y tome medidas que permitan identificar y detener a aquellos que operan sin cumplir con la regulación establecida”.

Por último, el ente organizado reconoce la importancia de contar con guardias de seguridad capacitados y certificados, por lo tanto, la gremial recomendó que se utilice el presupuesto asignado a través de la DIGESSP para proporcionar capacitación y certificación de manera gratuita. “Esto permitiría a los guardias acceder a oportunidades de desarrollo profesional sin incurrir en gastos adicionales”, puntualizaron.

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Modernizar el sector

Otro de los desafíos es el tema de la modernización y en ese sentido, los directivos de la gremial consideran que, a medida que la tecnología continúa avanzando, es posible que se desarrollen opciones complementarias que refuercen aún más la seguridad y la respuesta a incidentes.

En el caso de la evolución del servicio de videovigilancia, destacaron que su relevancia se ha mantenido constante en el tiempo, pero consideraron que no reemplazan la presencia de guardias uniformados, porque desempeñan una función esencial en el control y la observación de áreas de interés.

Por otro lado, reconocieron que la tecnología de videovigilancia sigue siendo una opción popular, debido a su capacidad para proporcionar un monitoreo visual continuo e incluso, por medio de dispositivos como teléfonos inteligentes. “Sin embargo, es crucial tener en cuenta que, a pesar de su utilidad en el control, las cámaras por sí solas no son adecuadas para responder a eventos vandálicos u otras situaciones de emergencia”, resaltaron.

Expertos en explosivos tardaron 2 horas y 30 minutos en desactivar los artefactos y resguardaron varios metros el área mientras efectuaban las labores.

Los socorristas llegaron en calidad de prevención y atendieron a un agente de la Policía Nacional Civil que sufrió lesiones en un oído luego de que se detonará el segundo explosivo mientras realizaba maniobras para desactivarlo

En videos compartidos se observa el trabajo que efectuaron autoridades para controlar la situación y se escucha el momento en que uno de los explosivos fue detonado.

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Previo a la detonación, los agentes alertaron a los vecinos de lo que iba a suceder para prevenir algún inconveniente.

Vea también: En imágenes: Así fue la explosión controlada de una granada en la zona 2 la cual fue lanzada por delincuentes durante persecución

Videos

En el minuto y 18 segundos se escucha la detonación de uno de los artefactos explosivos.  Autoridades alertan a vecinos.

La inseguridad, subrayan, está íntimamente ligada a la impunidad ya que esta motiva que se produzcan diversas formas de violencia cuando no hay castigo.

Por esa razón consideran que el primer paso que deben adoptar las próximas autoridades es reducir los niveles de impunidad, lo cual se da con una adecuada investigación criminal y una buena coordinación entre los entes que tienen a su cargo la seguridad y justicia del país.

Para Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, parte del Foro de Organizaciones Sociales especializadas en Seguridad, también hace falta implementar políticas de prevención de la violencia y del delito y terminar con la “política que promueve las capturas” y con ella los “ingresos inútiles” a las prisiones. Asimismo, echar a andar planes de despistolización ya que vivimos en una “sociedad violenta y armada” en donde “no hay ningún control”.

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El coronel retirado Mario Mérida, analista en temas de seguridad y defensa, coincidió en que las extorsiones, el sicariato, los asaltos y los robos en viviendas están generado incertidumbre en la población, y en ese sentido considera que la apuesta de las autoridades debe ir encaminada a generar más presencia policial disuasiva en las calles.

Sin embargo, este incremento de oficiales policiales —algunos de los cuales, incluso, que podrían trabajar encubiertos—, no debe darse sin antes efectuar un trabajo de inteligencia que determine los puntos estratégicos en dónde se producen los crímenes, muchos de los cuales son recurrentes en lugar, día y hora.

A juicio de Mérida, las instancias agrupadas en el Sistema Nacional de Inteligencia deben proveer herramientas, datos e información para advertir amenazas, vulnerabilidades y riesgos en materia de seguridad.

Cárceles

Los analistas también identifican al sistema carcelario como otro de los lastres del país en materia de seguridad, y la falta de aplicación de la Ley del Régimen Penitenciario y el que no existen procesos de rehabilitación, que bien implementados reducirían el hacinamiento en las prisiones.

“De nada servirá llenar las cárceles si no van a tener un sistema real de rehabilitación”, expuso Asturias.

Mérida agregó que es necesario clasificar a los reos, por ejemplo, para evitar que quienes están en prisión preventiva estén en cárceles de cumplimiento de condenas.

El sistema carcelario, agrega el coronel en situación de retiro, debe ser abordado no solo desde la óptica del Ministerio de Gobernación, sino del sistema de justicia, camino que lleva al Congreso de la República que tendría que generar una ley integral para manejar el sistema carcelario.

Pero los candidatos han enfocado sus baterías en ofrecer acciones que van desde terminar con las maras, construir cárceles de máxima seguridad y sacar al Ejército a las calles, hasta emular las prácticas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

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Algunos también proponen crear una policía preventiva, comunitaria y con mayor énfasis en el resguardo del turismo, así como métodos cibernéticos como cámaras inteligentes que puedan captar las placas de los vehículos y el rostro de alguien que cometa un delito o establecer si tienen orden de captura.

Esta información sería analizada por un “megacentro de comando” para enviar patrullas y personal policial de inmediato.

Para Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa y analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), sacar al Ejército a patrullajes podría ser una opción, aunque reconocer que lo ideal es que también tuviera la facultad legal de hacer capturas. En este punto, reconoce que una propuesta de ese tipo necesitaría reformas, incluso constitucionales.

En 2018, luego de 18 años en apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC), después de la firma de los Acuerdos de Paz, el presidente Jimmy Morales, ordenó retirar a las tropas del Ejército de 30 municipios que eran considerados como los más violentos, entre ellos la capital, con el argumento de que la Policía ya había adquirido nuevas capacidades y su número de efectivos ese año alcanzó los 40 mil.

Carlos Menocal, exministro de Gobernación, afirma que se deben fortalecer las fuerzas policiales mediante una reforma policial y mejorar la investigación criminal porque es la única forma de reducir la incidencia criminal y desmantelar las estructuras criminales.

“En los delitos en contra del patrimonio es donde se ven más afectados los guatemaltecos, constantemente está amenazado cuando anda en la calle porque le roban su teléfono, su billetera y con más investigadores se va a reducir esa incidencia”, sostiene.

Para reducir las extorsiones, Menocal propone capacitar a más personal y que se trabaje con fiscalías especializadas.

Faltan propuestas

Los analistas lamentan que, de los candidatos, no se escuchan propuestas integrales para luchar contra los problemas de inseguridad que golpean al país y más se centran en propuestas que “populistas y demagógicas”.

“Todo lo ofrecen resolver sacando al Ejército a las calles, incrementando las penas, convirtiendo las maras en terroristas y encarcelando a los menores de edad”, lamenta Asturias.
Mérida añade a esas propuestas “populistas” hablar de la pena de muerte, que “no resuelve nada en particular”, así como ofrecer las políticas que implementa Bukele en El Salvador, ya que entre ambos países “hay enormes diferencias”.

En el contexto de la campaña electoral y de cara a las elecciones generales del 25 de junio próximo, los candidatos a la Presidencia, Sandra Torres, Edmond Mulet, Zury Ríos y Manuel Conde quienes, según la Encuesta Libre, lideran las intenciones de voto, expusieron las acciones que impulsarán para combatir la inseguridad, de ganar la contienda electoral.

Torres: uso de tecnología

“No se necesitan ni siquiera 100 días (para impulsar acciones). Es pura voluntad política, y si algo me sobra a mí es voluntad política para poner seguridad en Guatemala”, expuso Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

“Trabajaríamos con fuerzas combinadas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército. Es importante más tecnología, cámaras de seguridad que, a través de un programa de arrendamiento (leasing), aprobado por el Congreso, se puede implementar con voluntad política”, agregó Torres.

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Mulet: recuperación de cárceles

“El Sistema Penitenciario tiene 23 cárceles y llevamos cuatro años y no han nombrado a un solo director de ninguna, y los que dirigen las cárceles son los reos y guardias de seguridad. El Estado recuperará las cárceles y lo primero que haré es nombrar a los directores de esos centros penitenciarios. En los primeros 12 meses vamos a construir la primera parte de una mega cárcel y vamos a identificar a los cinco mil criminales más peligrosos del país y ahí los vamos a meter”, indicó Mulet.

Mulet también señaló que impulsará una estrategia de ocupación de territorios que hoy controlan las bandas criminales. Ya que han identificado 200 puntos rojos en 25 municipios. “Voy a sacar al Ejército a la calle en apoyo a las patrullas de la Policía Nacional Civil; esa presencia disuasiva en las calles es muy importante”, reiteró Mulet, quien busca la Presidencia con el partido Cabal.

Ríos: control territorial

“Vamos a trabajar para que en los primeros 100 días se empiece el control territorial, marítimo, aéreo y migratorio. Trabajaremos con la cooperación internacional y vamos a empezar las fuerzas de tarea en conjunto, tanto el Ejército de Guatemala como la Policía Nacional Civil (PNC)”, ofreció Ríos.

“Tenemos problemas de extorsión, de asaltos, de robos, de secuestros. La seguridad tiene que llegar a toda la ciudadanía, no solo de la vida sino de la propiedad. Comercios, tiendas, mercados, son objeto de extorsión y de violencia, así que vamos a trabajar con todo el peso de la ley. Protegeremos a los jóvenes, para que no sean víctimas del reclutamiento del crimen organizado”, aseguró Ríos, quien aspira la Presidencia con la coalición Valor-Unionista.

Conde: estrategia interinstitucional

“Se instalará el Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana, órgano interinstitucional, presidido por el presidente de la República y coordinado por un secretario específico. Dicho consejo pondrá de inmediato a funcionar la estrategia para el combate, neutralización, captura, investigación y judicialización de personas o grupos de delincuentes que hagan extorsiones”, dijo Conde del partido Vamos.

El candidato oficialista también refirió la utilización de tecnología de punta para escuchas y monitoreo de llamadas, a manera de seguimiento a extorsionistas y protección a víctimas. “Se contará con un sistema de protección para denunciantes y manejo seguro de la información. Y se contará con Fuerza de Operaciones Especiales”, enfatizó.

Con información de Fátima Herrera y Heny Montenegro.

Cuatro problemas son los que más preocupan a los guatemaltecos en general. Los resultados de la Encuesta Libre 2023, elaborada por ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión, y cuyos datos fueron recolectados del 14 al 23 de abril del 2023 señalan que a la tercera parte de la población le agobia el deterioro de la situación económica en el país, que golpea el bolsillo de las personas en todas las regiones, aunque en distinta proporción.

Un 23.3% percibe la falta de seguridad como otro de los problemas que se enfrentan en el día a día, y entre esta menciona los asaltos, la delincuencia común y extorsiones. Si bien la corrupción era un tema álgido en las elecciones del 2015, en la actualidad ocupa un tercer lugar, con un 16.8%, mientras que el desempleo -11.3%-, aparece en menor escala.

Los otros problemas que afectan a los entrevistados son pobreza extrema, falta de hospitales, falta de escuelas y programas de educación, y falta de agua potable.

Dos realidades

Los resultados de la encuesta muestran realidades muy distintas de Guatemala. Mientras para los habitantes del área rural la principal preocupación en su cotidianidad es que el dinero no les alcanza, a quienes viven en el área metropolitana lo que más les agobia es la inseguridad.

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Eso es reflejo de una sociedad fracturada, señala el antropólogo y politólogo Ricardo Saénz de Tejada, mientras que la socióloga Ana Silvia Monzón lo ve como una ruptura que se hizo más profunda con la pandemia del covid-19.

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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2018, un 46% de la población en el país es rural, pues se ha dado un desplazamiento de personas del campo a la ciudad, por la falta de oportunidades y por las precariedades que persisten en esa área.

Dicha realidad explica por qué cuatro de cada 10 personas de las áreas rurales coinciden en que el alto costo de la vida es el mayor de sus problemas. La percepción está asociada, según Saénz de Tejada, a los recursos económicos, porque en lo rural la mayoría se ocupa en empleo informal y los ingresos se perciben por debajo del salario mínimo.

“Hablamos de jornaleros que ganan entre Q40 a Q60 al día cuando tienen la posibilidad de conseguir trabajo, pero a las personas mayores, incluso de 50 años, les es difícil generar ingresos. No es de extrañar, entonces, que en las zonas rurales sea la situación económica su mayor preocupación”, dice el antropólogo y politólogo.

Esa falta de recursos se enfatiza más conforme desciende el nivel socioeconómico de la población. Un 38% de los encuestados del nivel D1/D2 -bajo- refirió que su condición es limitada para suplir las necesidades básicas.

Son las mujeres quienes perciben en mayor porcentaje que el dinero no alcanza en el hogar -37.6%-. Tanto jóvenes como adultos tienen la misma sensación, que los bienes y servicios están más caros, como menciona el estudio de ProDatos.

Saénz es de la opinión de que, si bien a mayor capacidad económica el alto costo de la vida no está entre las principales preocupaciones de la población, tarde o temprano el deterioro de la situación puede golpear a las clases altas y medias.

Falta de seguridad

En el área metropolitana las dificultades económicas pasan al tercer lugar de las preocupaciones. En esta región afecta en mayor medida la inseguridad. Uno de cada tres encuestados respondió que el principal problema son los asaltos, la delincuencia y las extorsiones.

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Carlos Mendoza, consultor de la organización Diálogos, indica que la mayoría de los fenómenos criminales ocurren en el ámbito urbano, aunque eso no signifique que en el rural no se registren.

El crecimiento caótico de la ciudad de Guatemala -asentamientos humanos, tráfico, comercio- no concuerdan con un diseño urbanístico que propicie la seguridad ciudadana y la convivencia, agrega, por lo que es lógico que la mayoría de los delitos ocurran en las zonas urbanas. La difusión de estos hechos a través de las redes sociales y de la prensa llevan a que la población tenga una mayor percepción de inseguridad.

Los casos de extorsiones también suman a esa sensación de riesgo de ser víctima de la delincuencia, como indica Saénz de Tejada. Agrega que es un tema que se ha salido de control y que afecta a personas particulares y comercios, y menciona lo ocurrido hace unas semanas en Villa Nueva, donde una pizzería tuvo que cerrar por ese acoso.

En cuanto a seguridad, Mendoza añade que Guatemala ha tenido un serio retroceso y señala que el país venía con una baja en las cifras de la violencia homicida, pues en el 2020 se reportaron 15.1 homicidios por cien mil habitantes y para el 2022 la cifra llegó a 17 -estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) recopiladas por Diálogos-.

“Hay cierta lógica en que la gente esté percibiendo que hay un incremento en la violencia”, dice Mendoza.

Corrupción

La corrupción también preocupa a los pobladores, pero tiene mayor peso entre los de la metrópoli, donde un 24% lo considera un problema serio. El agobio es menor en el interior urbano, de 18.4%, y baja más en el área rural, con un 12.2%.

A criterio de Saénz de Tejada, esa sensación es más fuerte en la capital porque existe más información sobre funcionarios señalados de actos corruptos y del saqueo del Estado.

Esta situación también podría explicar, según el entrevistado, el comportamiento de la intención de voto que refleja la Encuesta Libre 2023, pues expresa el rechazo a las élites políticas tradicionales que “encarnan justamente la corrupción”, ya que el favoritismo se volcó hacia el presidenciable Carlos Pineda, quien participa por primera vez en las elecciones generales y logró un 23.1%, mientras que se observa un fuerte antivoto hacia candidatos como Sandra Torres, 34.8%, y Sammy Morales, 16.1%.

“La corrupción se convirtió en un tema central en el 2015 y fue lo que posibilitó la victoria del entonces candidato liberal que se presentaba como ni corrupto ni ladrón -Jimmy Morales-”, indica Sáenz de Tejada.

Los niveles de mayor poder económico enfatizan más en la corrupción. En el BC1 -alto y medio/alto-, cuatro de cada 10 personas la colocan como el principal problema. La proporción desciende a dos entre el nivel C2/C3 -medio y medio/bajo-, y el D1/D2 -bajo-, con uno de cada 10.

A los hombres -21%-, más que a las mujeres -12.5%-, les preocupa esa situación, la cual agobia más a los jóvenes.

El desempleo también está entre los principales problemas para la población. Se encuentra al final de la lista al medir la percepción por región, nivel socioeconómico, sexo y edad, ya que está por debajo del 14%.

Las carreteras son un dolor de cabeza

Ante la pregunta ¿Cuál es el principal problema que percibe en su comunidad? Cuatro de cada 10 entrevistados en el área rural exponen como el mayor de sus males el deterioro de las carreteras. La proporción se reduce a dos cuando señalan la falta de agua potable como el segundo aspecto de mayor preocupación.

Estos problemas están ligados a la falta de infraestructura. Monzón menciona que no es más que un reflejo de la ausencia del Estado y que es más marcado en el área rural, pues la mayoría de los servicios están centralizados en el departamento de Guatemala, principalmente en la capital.

De esa cuenta, no es de extrañar que un 9% de los encuestados mencionara que en el área rural existen pocas escuelas y también se quejara del mal estado en de los edificios educativos.

Ese mismo porcentaje señaló falta de centros de salud. Al respecto, datos de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) indican que existen mil 833 puestos de salud, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que debe haber uno por cada cinco mil habitantes. Se necesitarían, entonces, unos 2 mil 800 si se toma como referencia el total de guatemaltecos que reporta el Censo de Población y Vivienda 2018.

En el área rural también hay expectativa por que se creen fuentes de trabajo, pero los encuestados también mencionan la falta de otros servicios esenciales como la energía eléctrica y drenajes, o bien el colapso de estos en las calles de las comunidades.

Con estos datos, Monzón ve una marcada desigualdad y exclusión del área rural, característica que se ha mantenido casi de manera histórica en el país. “Hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad”, agrega.

Dicho enunciado se refuerza al conocer los principales problemas para las personas en la metrópoli, donde a seis de cada 10 encuestados les preocupan la inseguridad y las extorsiones.

Demanda de seguridad

A criterio de la socióloga es lógico que haya una mayor percepción de inseguridad en las ciudades grandes, y que esa sensación se eleve cuando hay períodos electorales, por lo que los políticos aprovechan para, en campaña, ofrecer solucionar el problema si llegan a la Presidencia.

La falta de agua es otra de las quejas que los encuestados enumeran, independientemente del área donde residan -metrópoli, interior urbano o rural-, así como también el mal estado de las carreteras, situación que ocasiona pérdidas económicas y de tiempo, además de dificultar la movilidad. Esa situación acarrea serias repercusiones en los precios de los productos de la canasta básica y de otros servicios. De ahí que la demanda sea mejorar la red vial.

Los entrevistados del área metropolitana recalcan -4%- en la falta de transporte público, pues luego de la pandemia se carece de un servicio eficiente y suficiente para que la población se pueda trasladar.

Los problemas que se observan en el interior urbano tienen mayor relación con los que se reportan en el área rural, y según Monzón se debe a que la brecha entre la ciudad de Guatemala y centros urbanizados, como las cabeceras de Quetzaltenango o Escuintla, es bastante amplia, por lo que sus necesidades son más parecidas a las de poblaciones rurales.

El llamado de los analistas a los candidatos presidenciales es que tomen en cuenta las demandas de la población y los problemas que la aquejan para plantear soluciones serias que den alivio a los guatemaltecos.

El proyecto presentado como “corredor seguro” ha sido implementado por otras municipalidades y ahora se instaló en una de las áreas más concurrida del Centro Histórico, de la ciudad de Guatemala.

Los botones de pánico tiene como fin que los transeúntes puedan alertar a un centro de control coordinado con la Policía Municipal y accionen ante alguna amenaza.

El sistema cuenta con cámaras de vigilancia, altoparlantes y guía táctil para las personas no videntes, además del centro de monitoreo que atenderá los avisos de los botones colocados en las cuatro calles.

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El llamado para los ciudadanos es que los botones “deben ser utilizados exclusivamente en casos de emergencia”.

Botones de pánico: ¿Cómo utilizarlos?

1. Si un vecino se siente amenazado por alguna situación de peligro, debe inmediatamente apretar el botón
2. Una alarma sonará a través del altoparlante mientras las cámaras captarán las imágenes que serán transmitidas en el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Guatemala
3. La Unidad de la Policía Municipal más cercana llegará al punto para brindar auxilio

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Experiencia de los botones

Los botones de emergencia se utilizan por las municipalidades como estrategia para el control de la seguridad urbana. En Santa Catarina Pinula, por ejemplo, hay 200 botones de pánico instalados y 700 cámaras de seguridad con reconocimiento facial.

La experiencia sobre su activación es notoria en la Antigua Guatemala, donde incluso han llevado a la captura de presuntos delincuentes.

La comuna de la Antigua Guatemala ha publicado videos que muestran casos en que los visitantes lo han presionado para pedir auxilio y ha llevado a alertar a la Policía Nacional Civil (PNC).

El centro de monitoreo de la Antigua informó en noviembre de 2022, sobre el caso de un joven que presionó el botón de emergencia y denunció que dos mujeres lo estafaron y le robaron sus pertenencias.

“Me acaban de robar mi teléfono y mis joyas”, describió el joven al denunciar el hecho a la Policía Municipal de esa localidad, a través del sistema de alerta y monitoreo.

Luego, en febrero de 2023, también se hizo público un video que registró el sistema de monitoreo y se utilizó como evidencia por el asesinato de un piloto de transporte colectivo.

La cámara de videovigilancia captó cómo dos presuntos pandilleros, a bordo de un motocicleta, ejecutaron el ataque y le dispararon al conductor en el sector conocido como la Recolección.

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Indicó que el domingo 9 de abril fue lanzada una bomba de gas lacrimógeno al establecimiento educativo y los estudiantes regresaron este martes a clases. Noticias del Atlántico compartió el video del momento en que el artefacto fue lanzado a la escuela.

Los menores estaban en actividades cuando se percataron de que aún había restos del gas en las aulas, por lo que alertaron a socorristas.

Agregó que varios estudiantes fueron atendidos y ninguno ameritó ser trasladado hacia algún hospital.

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Soto añadió que hablaron con las autoridades de la escuela para que analizaran si suspendían las clases a causa del incidente.

Usuarios en redes sociales han reaccionado por lo sucedido y algunos han indicado que falta seguridad.

También pidieron que se investigue para capturar a los responsables del incidente.

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#ÚltimaHora | Preliminarmente informan que desconocidos lanzan bomba lacrimógena en la escuela San Agustín ubicada en el km. 10.8 #CarreteraAlAtlántico.

Algunos niños son atendidos por Bomberos Municipales.

Noticias Región Norte GT https://t.co/glCpFEQEu6 pic.twitter.com/aaWPMpnpkJ

— Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) April 11, 2023

El hecho se produjo en la diagonal 17 y 13 calle de la zona 11 capitalina, a pocas cuadras de la calzada Aguilar Batres, informaron los bomberos Voluntarios en su cuenta de Twitter.

Los socorristas indicaron que las víctimas mortales son dos hombres, aunque no precisaron su identidad ni su posible edad. En cuanto al herido, tampoco se conoce su identidad. Fue trasladado a un centro asistencial por los bomberos Municipales.

En el lugar quedó el vehículo con múltiples balazos empotrado en el arriate central, mientras que en el suelo una gran cantidad de casquillos de arma de fuego. Fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil examinan el área. De momento no hay ningún sospechoso detenido.

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Más hechos sangrientos

Por aparte, minutos más tarde, otro hecho armado ocurrió en la avenida Petapa y 10ª calle, de la zona 21. En el lugar, desconocidos le quitaron la vida a un repartidor de aproximadamente 25 años que hasta el momento no ha sido identificado.

El socorrista Omar Valle indicó que los automovilistas avisaron del incidente y que la víctima murió por un balazo en el pecho. Las autoridades también investigan este incidente.

Los homicidios van en aumento. En 2022, por segundo año consecutivo, las estadísticas aumentaron con relación al año anterior.

El 2022 cerró con una tasa aproximada de 17 homicidios por cien mil habitantes, que supera a la del 2021, cuando fue de 16.5, y a la del 2020, cuando se reportaron 15.1 por cien mil habitantes, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) recopiladas por Diálogos, una organización que monitorea la violencia homicida.

Durante la primera década del siglo, Guatemala había reportado aumentos consecutivos de violencia hasta alcanzar su pico más alto en 2009, con 46 homicidios por cada cien mil habitantes. Sin embargo, a partir de 2010 hasta el 2020 las muertes violentas habían descendido consecutivamente.

Técnicos en urgencias médicas ( TUM), evalúan signos vitales de dos hombres con resultado negativo, ambos presentan heridas de bala, hecho ocurrido en la 13 calle, diagonal 17 zona 11, Ciudad Capital. pic.twitter.com/2X5xkD6kFI

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 12, 2023

#CBMinforma#IncidenteArmado#Ampliación

Avenida Petapa frente al 10-25 Zona 21

El Of. Omar Valle de @bomberosmuni brinda más información sobre el ataque armado en contra de un repartidor de comida rápida. pic.twitter.com/ZMyXKkkXtr

— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) February 12, 2023