Mejoras en turismo, seguridad y empleo permiten a Panajachel, Estanzuela y Santa Lucía Cotzumalgupa destacar en el Índice de Competitividad Local

Mejoras en indicadores de turismo e infraestructura, en tasas relativas a seguridad y en mercado laboral, destacan en estos municipios evaluados en el Índice de Competitividad Local.

Rosa María Bolaños

10 de diciembre de 2024 | 16:35h

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Jorge Benavides, analista de Fundesa, expone los diferentes pilares que se evalúan en el Índice de Competitividad Local 2024. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

El Índice de Competitividad Local (ICL) es una medición anual que tiene como objetivo evaluar el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la productividad en un municipio.

En la edición del 2024 se refleja que 179 municipios mejoraron su calificación total de competitividad local, pero 161 empeoraron.

En el índice, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), se analizan 12 pilares compuestos por 43 indicadores de cada municipio. Aunque destacan los 7 municipios que tienen más de 70 puntos y los que lograron el mejor desempeño en cada pilar, también hay otros que llaman la atención por lo que han logrado, explicó el analista de Fundesa, Jorge Benavides.

Sin embargo, hay algunos municipios que llaman la atención por indicadores o pilares específicos en donde logran destacar y les han permitido mejorar.

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Uno de estos es Panajachel, el primer municipio de Sololá que logra entrar en el grupo de 34 municipios que mejor puntearon, con calificaciones más altas y son los que tienen más de 60 puntos, agregó.

Panajachel se ubica en el puesto 28, según la medición de este año.

Ha mostrado un gran impacto en turismo, inversión de nuevos negocios en especial en el tema hotelero.

Además, un aspecto muy interesante que se ha detectado es que, aunque en la comunidad se recibe alta cantidad de remesas familiares, han podido destinarlas a inversión en rubros esenciales como infraestructura y educación, lo cual ha ayudado en esa mejora y que entre en esa categoría, comentó Benavides.

Respecto a las mejoras por pilar, también hay dos municipios que destacan porque es primera ocasión en que aparecen con el mejor desempeño en los respectivos pilares.

Uno de estos es Estanzuela, Zacapa, como mejor municipio en tema institucional en el país.  Y los indicadores que contribuyen a ello es la baja tasa de homicidios, baja tasa de extorsiones, avances significativos en ordenamiento territorial, prácticamente no hay conflictividad y de acuerdo a indicadores de Segeplan tienen una buena gestión municipal medida de acuerdo a ese ranking.

Además, entre otros municipios que destacan en el pilar de mercado laboral son regularmente los que son parte del departamento de Escuintla. Uno de estos es Santa Lucía Cotzumalguapa, otros años han sido Escuintla, Siquinalá, La Gomera, entre otros.

Los municipios del departamento Escuintla destacan por ser los mejores municipios con mejores condiciones laborales en Guatemala, añadió.

Por pilar, los municipios con el mejor desempeño son:

• Instituciones: Estanzuela, Zacapa.
• Infraestructura: San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.
• Adopción de TICs y Sistema Financiero: San Miguel Petapa, Guatemala.
• Entorno Económico: Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez.
• Pilares de Salud, Fuerza Laboral y Talento, Dinamismo de los Negocios y Capacidad de Innovación: municipio de Guatemala.
• Inversión Productiva: San José del Golfo, Guatemala.
• Pilar de Mercado Laboral: Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
• Pilar de Tamaño del Mercado: San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

Lista de Indicadores del #ICL2024 pic.twitter.com/hF2UrjMUyU

— FUNDESA (@FUNDESA) December 10, 2024

En tanto con puntajes mayores a 60 hay 34 municipios. Entre estos, los primeros siete superan los 70 puntos:

Municipio de Guatemala, San Miguel Petapa, Mixco, Santa Catarina Pinula, Antigua Guatemala, Fraijanes, y Villa Nueva.

 “Estos datos son clave, ya que al establecer la cantidad de inversión pública que el Gobierno realiza con relación a la productividad de cada municipio, podemos ver dónde es importante que se promueva mayores estudios de preinversión para proyectos públicos que faciliten la movilidad y el desarrollo sostenible”, expresó Jose Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa.

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James Robinson es un economista y politólogo británico que actualmente es docente en la Escuela de Política de Harris, en la Universidad de Chicago. También dio clases en la Universidad de Harvard y en universidades de California.

Se ha especializado en estudiar por qué hay ciertos países que logran el desarrollo y crecimiento económico y otros no, esto sobre todo en América Latina y África. Precisamente en el 2012 fue coautor del libro Por qué fracasan los países, en el cual explica que son las instituciones públicas las responsables.

Robinson concedió una entrevista a Prensa Libre, en la que explica qué necesita Guatemala para crecer económicamente y para ser un país desarrollado.

Luego de haber coescrito el libro “Por qué fracasan los países”, ¿cuáles son las principales razones por las que un país no logra el desarrollo?

Hay muchas razones, pero yo creo que la principal es si el país tiene una institución económicamente extractiva, pues la manera en que las reglas están organizadas no crean incentivos ni oportunidades para las personas en la sociedad, entonces las instituciones económicamente extractivas es la primera capa, pero atrás de estas instituciones están las instituciones políticamente extractivas. Esto quiere decir que las instituciones económicas salen de procesos políticos.

¿Cómo se podría definir una institución “económicamente extractiva?

Hay muchas instituciones y cada una tiene su alma, las diferencias de cada una están en la sociedad. Sin embargo, podemos decir que las instituciones económicamente extractivas son diseñadas para crear obstáculos que crean ventajas para ciertas personas, pero desventajas para la sociedad, entonces atentan y restringen oportunidades e incentivos para ciertas personas. Esas son algunas de las funciones que estas instituciones tienen, pero todo se diferencia por los detalles, los detalles de Colombia no son los mismo que en Sudáfrica, por ejemplo.

¿Qué aspectos hacen que un país crezca económicamente?

Lo que hace que un país crezca económicamente es la innovación, es la mejora de tecnología, invertir en emprendimientos que puedan convertirse en grandes negocios. Sabemos que eso es lo que hace que un país crezca, pero lo que pienso es que, si esto pasa o no, esto depende del ambiente de las instituciones, depende de los incentivos y de las oportunidades que las personas tienen y que respondan a ellas, es por eso que es tan importante el ambiente.

Puede mencionar 3 políticas que podrían romper el círculo de la pobreza en un país como Guatemala

Lo que podría terminar con la pobreza es que el Gobierno provea todos los servicios sociales, infraestructura, salud, educación, innovación y apoyar emprendimientos que pueden convertirse en fuente de trabajo. Me centraría en el rol que tiene el Gobierno y el que tiene el sector privado, todo eso podría ayudar a eliminar la pobreza.

¿La falta de una Ley de Competencia podría ser la causa de que la pobreza no se reduzca y la economía no crezca más?

Si, por supuesto. Soy economista y los economistas pensamos que la competencia es importante. La competencia trae innovación, hace mejores negocios. La competencia en un monopolio se asocia a ineficiencia entonces si la competencia es crucial.

¿Qué debe tener la transición hacia un nuevo modelo, basado en instituciones inclusivas?

Lo que menciono en el libro es que debe de ser una transición política, por supuesto que las instituciones económicas son cruciales, pero las instituciones económicas salen de un proceso político entonces reducir la proceso y fomentar el crecimiento económico promueve hacer instituciones políticas más inclusivas, incrementando las capacidades del Estado, proveer servicios, orden y seguridad, entonces diría que es un proceso político.

¿Por qué su interés en Latinoamérica y África?

Estoy interesando en la pobreza y en las diferencias que existen en el mundo. Yo crecí en el Caribe y en África y de niño tuve muchas experiencias en países en desarrollo y siempre estuve fascinado de África, mi padre paso mucho tiempo de su vida trabajando en África. Mi conexión con Latinoamérica es más personal porque tenía un amigo colombiano cuando estudiaba en la universidad y el me invitó a ir a Bogotá a enseñar y luego viaje a México, Perú y me enamore del desarrollo de Latinoamérica.

Hablando sobre Guatemala, ¿cómo ve la situación del país actualmente?

Las perspectivas que se tienen es que las cosas están mal en Guatemala, que es un país muy pobre y la cantidad de personas que migran son un indicativo de que hay pobreza y que la gente es capaz de todo es porque hay demasiados retos que la gente tiene viviendo en Guatemala. Han tenido presidentes involucrados en corrupción y muchos problemas entonces creo que Guatemala está enfrentando muchísimos retos.

¿Son las instituciones gubernamentales las principales responsables del crecimiento de un país?

Si, absolutamente. De hecho, en el libro hablamos de Guatemala porque tiene una larga historia con instituciones extractivas y lo que debe de hacer el país es alejarse del pasado. Lo que sí puedo decir es que los países con instituciones inclusivas tuvieron históricamente instituciones extractivas entonces se deben crear más instituciones inclusivas.

¿Qué papel juega el sector privado en el proceso?

El sector privado es crucial para el crecimiento económico. No hay país que este desarrollado por otra cosa que no sea el sector privado. Miren actualmente a Corea del Sur, China, Singapur, cómo se convirtieron en países tan exitosos económicamente, pues es el sector privado el que los llevó ahí, y es un mito que lo haya hecho el Gobierno.

James Robinson será uno de los exponentes del ENADE 2019, el encuentro empresarial que este año abordará temas para fortalecer las oficinas públicas Bajo el lema: “De un Estado líquido a un Estado sólido, fortalecimiento institucional”.

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Las opciones de candidatos a la elección general todavía no están claras y hasta ahora, ningún partido político ha presentado una propuesta económica, política o social que nos permita vislumbrar qué acciones podemos esperar del próximo gobierno.

Es por ello que en esta última columna del año quiero exponer por qué creo que el 2019, lejos de ser una año de muchas inversiones y de grandes expectativas, deberíamos aprovecharlo para sentar las bases de reformas estructurales que le permitan al país generar una ruta de cambio para todos y que esto nos ayude a salir de la parálisis en la que nos encontramos.

Lo primero debería ser una reforma a leyes en las que parece existir bastante consenso entre los diferentes partidos políticos como la reforma a la Ley del Servicio Civil, que apueste por la meritocracia, la estabilidad con base en normas claras de los funcionarios y que fomente la dignificación del trabajador público, tan necesario para no tener esos cambios tan abruptos cada cuatro años en la estructura de los servicios públicos y que nos permita tener servidores bien remunerados y contratados bajo criterios técnicos.

La segunda es la ley general de infraestructura vial, ya que para nadie es un secreto que nuestras carreteras y caminos rurales están hechas pedazos y Guatemala no puede seguir con un sistema que ha fomentado durante años la corrupción y la ejecución de baja calidad en la infraestructura vial de nuestro país. Necesitamos aprobar una ley que genere reglas claras para que la inversión fluya, donde se pague por el servicio de tener una carretera en buenas condiciones y que finalmente los guatemaltecos nos sintamos orgullosos de la red vial que podríamos llegar a tener y no seguir siendo la vergüenza para América Latina en conectividad vial.

Tercero, la reforma a la Ley de Partidos Políticos, en donde se eliminen las listas cerradas y que el ciudadano tenga la capacidad de votar directamente por la persona y se fortalezca la democratización interna de los partidos políticos.

Y por último, leyes que le apuesten a la reducción de cuellos de botella para la generación de más trabajos e inversión en el país y que fácilmente podrían ser aprobadas en el Congreso de la República como la ley de leasing, la ley de insolvencias, la ley de tasa preferencial para la construcción de vivienda y la ley de estabilidad jurídica a la inversión.

Esto, aunado a que se siga fortaleciendo la capacidad del Estado en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y aumento en la inversión pública social que claramente es parte de lo que el país necesita para seguir avanzando.

Aprovechemos esta oportunidad que nos brinda un año electoral y trabajemos en construir los puentes de diálogo y concertación social, que nos ayude a mejorar nuestras instituciones y que el próximo gobierno entre ya con una agenda clara, que Guatemala se lo merece.

Feliz Año Nuevo.

@jczapata_s

Las instituciones son las reglas formales e informales que gobiernan el comportamiento de las personas y la ejecución o compulsión de estas reglas, a través de la internalización de ciertas normas de conducta, la presión ejercida sobre el individuo por parte del grupo, o el poder de coacción que pueda usar la amenaza de violencia contra quienes violen las reglas (Douglass North 1990, 2005). Las instituciones son las reglas del juego, así como las prácticas, costumbres y tradiciones que les dan sentido. Son las restricciones que enfrentamos en la sociedad y sus propiedades que las hacen cumplir. Las instituciones son de carácter esencial para una sociedad, pues estructuran los incentivos en las relaciones e intercambio humano, ya sean políticos, sociales o económicos.

Las reglas formales consisten en la codificación de reglas, como la constitución, leyes, regulaciones, reglamentos y otros códigos, mientras que las reglas informales son las no escritas o codificadas, como las tradiciones, normas, prácticas y costumbres. Dado que las instituciones dan forma a la estructura de incentivos, las instituciones políticas y económicas son los determinantes subyacentes de los procesos políticos y el desempeño económico. Si las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones y sus empresarios —las personas que emprenden, promueven, guían, impulsan— son los jugadores. Las instituciones determinan el tipo y carácter de las organizaciones que surgen y definen cómo se tiene éxito. Las organizaciones que surjan reflejarán las oportunidades que provee la matriz institucional. Las reglas del juego y cómo estas se hacen cumplir determinan cómo se juega.

Un ejemplo o metáfora sería el fútbol, una institución con reglas formales e informales, que determinan cómo se juega este deporte. La prohibición del uso de las manos, el faul, saque de meta o de banda, las porterías, el gol, son todo parte de las reglas y determinan cómo se juega. Hay un árbitro que hace cumplir las reglas y estas determinan los incentivos, así como qué constituye ganar y perder. Un encuentro de fútbol será fluido y corresponderá a su esencia en la medida que los jugadores observen las reglas.

F. Hayek observa que las instituciones formales son efectivas allí donde codifican los sistemas de creencias que ya forman parte del acervo cultural de una sociedad. Por eso no funciona trasplantar la constitución de Suiza a Afganistán. Cuando hablamos de fortalecer o reformar las instituciones, nos referimos concretamente a las reglas del juego y su cumplimiento, que dan forma a las organizaciones y la manera en que los “jugadores” se desempeñan dentro de estas. Quizás hay que poner atención a las reglas fundamentales e inhibirse de verlas como instrumentos de ingeniería social. Mejores organizaciones devienen de mejores instituciones.

fritzmthomas@gmail.com

Creo que el hecho de que sea indispensable tomar decisiones de coyuntura y, por consiguiente, que sea necesario que el proceso político funcione para resolver situaciones del presente y del corto plazo, conlleva un cierto discurso político. Tanto los órganos deliberativos, —como el Congreso—, como los órganos ejecutivos, —como los ministerios—, formulan iniciativas de ley y políticas públicas, proponen proyectos, desarrollan programas y, a cambio, reciben críticas, enfrentan oposición y cuestionamientos, etcétera.

Pero al mismo tiempo, el hecho de que las instituciones del Estado, en general, enfrenten problemas de fondo, genera otro discurso político en paralelo. La circunstancia de que la estructura institucional del Estado dé muestras de agotamiento, produce una serie de debates públicos que, igualmente, tienen por objeto reformas constitucionales, legislativas, políticas públicas , etcétera.

Encima, hay temas convergentes. Por ejemplo, la criminalidad organizada, la corrupción y la impunidad. Cada uno de esos problemas tiene que abordarse tanto desde la perspectiva coyuntural y de corto plazo, como también desde la perspectiva de una reforma institucional del Estado, para el largo plazo.

En algunos casos, las diferencias de opinión se suscitan porque las partes encontradas tienen en mente la otra perspectiva. Cuando se enfoca el problema de la corrupción, por ejemplo, las medidas que sean razonables y adecuadas para la coyuntura bien pueden ser inconvenientes para el largo plazo o, simplemente, irrelevantes.

Del mismo modo, cuando se analiza un tema como el de los partidos políticos, de cara al siguiente proceso electoral, puede que baste con regular mejor, por ejemplo, la llamada “democracia interna”; sin embargo, para el largo plazo es necesario concebir un marco normativo que dé nacimiento a otro tipo de intermediarios del poder entre los ciudadanos y los poderes públicos.

Pues bien, creo que es muy importante que a las autoridades instituidas se les reconozca la legitimidad y se les conceda el beneficio de la duda en todo lo que concierne a la coyuntura, porque la situación de “agotamiento institucional” del Estado guatemalteco no es su responsabilidad específica. En mi opinión comparten con los demás sectores de la vida política del Estado la responsabilidad de concurrir al análisis y discusión del proceso de reforma institucional que, creo yo, es impostergable. Uno de los síntomas que con mayor dramatismo y gravedad demuestran lo que afirmo es el éxodo de guatemaltecos que emigran ilegalmente hacia Estados Unidos. Huyen de la violencia criminal, de la impunidad, de la corrupción y asumen riesgos descomunales para conseguir cualquier oportunidad que fuera de ganarse la vida en paz y con seguridad personal. Los poderes públicos y todos los sectores de poder real del Estado deben reaccionar.

El señalamiento no obedece al empeño por encontrar defectos en la administración pública y sus funcionarios; sencillamente esos y otros más de los 280 artículos, regularmente son incumplidos tanto por las autoridades, como por los ciudadanos, haciéndonos vivir con la ley del monte, en vez de esforzarnos por forjar un país civilizado. Entre las grandes deficiencias, está la pobre y escasa educación que se imparte, falta de medicinas, déficit de vivienda, pésimo estado de la red vial del país y la corrupción por detrás de esos malos servicios.

Sin ningún escrúpulo, los políticos convirtieron al Estado en un botín y en la más grande agencia de empleo del país para acoger correligionarios, familiares y amigos; y, de acuerdo a las noticias de la semana que ahora termina, repartir salarios a discreción a excandidatos que no alcanzaron los puestos deseados durante la última campaña electoral. También se conoció de los problemas en uno de los puertos en el Caribe guatemalteco, cuya inoperante conducción lo llevó a dejar de ser operativo, obligando a los usuarios a recurrir a los puertos de los países vecinos. No se necesita ser el sabio Salomón para deducir que ante el conflicto se integrará una mesa técnica, que sugiera la conveniencia de trasladar esa empresa estatal al sector privado para que, como por arte de magia, funcione y sea rentable.

Tenemos así, el manual de cómo hacer fracasar la administración pública para convencer a una población, usualmente poco informada, de la inoperancia permanente del Estado, que permita justificar la necesidad de estimular la privatización de la función pública.

Pero no son solo educación, salud, vivienda, carreteras, puertos, aeropuertos y aduanas por donde se filtran hasta los malos pensamientos. Hay otras tareas que por simples y cotidianas solo incomodan, pero que esconden negocios que solo la corrupción generalizada, permite su existencia. Se trata de asuntos legales, de identidad ciudadana, cuya información está en manos de empresas contratadas bajo criterios y condiciones que nos hace vulnerables: Registro Nacional de las Personas y el Documento Personal de Identificación, Migración y la emisión de pasaportes, por mencionar dos de ellas.

La ligereza con que se manejan, más allá de la discrecionalidad de la información que puede estar o caer en manos equivocadas, son fáciles de visualizar en casos que han estado en los medios de comunicación pública durante años.

DPI con datos equivocados, pese al trámite de revisión con que se supone opera. Pasaportes cuyo trámite debería de tomar unos 20 minutos, como el de la licencia para conducir vehículos. Pero más allá de eso, la inseguridad legal que la simple carencia de cartillas causa a los connacionales que viven en el extranjero, que por la ineficiencia de la administración o lo corrompido del sistema, el trámite de 20 minutos, toma meses.

De esa debacle no debe culparse al actual gobierno, pues tal estado de cosas viene de tiempo y gobiernos atrás. La actual administración solo ha favorecido su deterioro.

Como es bien sabido, más recientemente se ha procesado penalmente a altos funcionarios, incluyendo a algunos diputados al Congreso de la República, por casos como el llamado de las Plazas Fantasma. Esto alude a la extensión de nombramientos a favor de personas que, a sabiendas de ambas partes, no habrían de prestar servicio alguno. Como si eso fuera poco, se trata, por lo general, de cargos o de servicios profesionales o técnicos de los mejor remunerados.

Ahora bien, el hecho de que este fenómeno se haya convertido en una forma tan extendida de “recuperar la inversión en política”, como algunos lo han entendido, refleja una mentalidad. Refleja una cierta forma de ver los llamados “empleos públicos” que, por así decirlo, encaja con una realidad muy lamentable, a saber: la bajísima productividad de las administraciones públicas —con la excepción de dos o tres “burocracias doradas”—.

La idea de que quepa hacer “favores” repartiendo plazas públicas refleja el poco valor que se le atribuye a las funciones públicas. Se piensa en las funciones públicas como mero papeleo, como exigir papeles que extiende la oficina X para añadirlos a un expediente en la oficina Y. Y todo sin ningún beneficio para nadie. Se mira a las funciones públicas como “series de obstáculos”, algo parecido a los videojuegos en que del fuego se pasa a un precipicio y de ahí a una avalancha. ¿Y para qué? Pues para sacar mordidas.

Creo que el hecho de que las cosas sean así se relaciona con la falta de comprensión de que, toda función pública, sin excepción, es más compleja que su equivalente —cuando existe alguno— en el mundo privado. Esto es así debido a lo que los juristas llamamos “principio de legalidad”, que en términos llanos significa que todo, sin excepción, lo que haga un funcionario público debe estar mandado por la Ley y debe ejecutarse de acuerdo con sus preceptos.

Por consiguiente, el Servicio Civil es un régimen que debiera integrarse por personas verdaderamente competentes, honorables y con vocación de servicio público, y debe contemplar y articular los incentivos para atraer y conservar al mejor talento posible. El especialista en seguridad del sector público debe, además, saber actuar dentro del marco de las leyes y sus reglamentos; el especialista en infraestructuras viales, lo mismo; el especialista en servicios médicos, por consiguiente, etcétera.

Pero, además, en el Servicio Civil no hay lugar para sindicatos ni para huelgas. Bien entendido, el régimen del Servicio Civil debe prescribir que los encargados de su gestión —la Oficina Nacional del Servicio Civil—, realicen los estudios y análisis necesarios para proponer a los órganos de Gobierno y al poder Legislativo unas remuneraciones competitivas a cada nivel o rango en el escalafón de los cargos públicos. Competitivas para contar con el talento necesario, a cada nivel.

En el informe se refiere que los niños y adolescentes son víctimas de distintas formas de violencia y vulneraciones a sus derechos, incluso en sus mismos hogares, en las escuelas y en las comunidades, por parte de adultos, de sus pares y de las fuerzas de seguridad del Estado.

Se indica que las políticas de control y de represión hacia los grupos criminales han llevado en la práctica a frecuentes abusos y arbitrariedades ejercidas por las fuerzas de seguridad del Estado contra los adolescentes.

La CIDH agrega que para los adolescentes que cometen delitos los Estados priorizan la respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y de la privación de la libertad, en detrimento de los programas de rehabilitación y reinserción social, y los encierra en condiciones muy precarias y expone a situaciones de abuso y violencia en las prisiones. Ello, sin ofrecer los apoyos necesarios para su efectiva reinserción social.

Abusos continuados

En países como Guatemala, los niños son utilizados con frecuencia para actividades relacionadas con el tráfico y venta de drogas y acciones delictivas, mientras que las niñas son víctimas de violencia sexual, muchas obligadas a mantener relaciones forzadas con integrantes de los grupos criminales.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la Niñez de la CIDH, expresó que el título del informe preocupa porque identifica que los menores enfrentan grandes problemas para su desarrollo al vivir entre la violencia y el crimen.

“El informe, particularmente en Guatemala, hace un planteamiento de la necesidad, de la importancia de atender la situación de niños que entran en conflicto con la ley penal”, dijo.

La relatora aseveró que no se puede atender la justicia mediante la represión. “Los chicos no son los problemas de la inseguridad ciudadana… Tenemos que promover acciones en que la respuesta de los países vayan dirigidas a atender los factores de violencia”, subrayó.

Puntualizó que las erres de resocialización, reintegración y reinserción fracasaron y hay que apostarle a la socialización, integración e inserción de los menores en la escuela, la comunidad y el deporte.

Ya que se está cobrando cierta cuota de responsabilidad al financista del proyecto de modernización en el puerto (IFC), una institución multilateral, considero equilibrado contextualizar el papel de las instituciones de financiamiento de desarrollo en tres aspectos.

Criterios más exigentes. Para los que hemos participado en procesos de compras, contrataciones o licitaciones donde se utilizan fondos de estas instituciones multilaterales, es sabido que los criterios de competencia, transparencia y de integridad son mucho más exigentes que los de compras y contrataciones del Estado, y no me refiero exclusivamente a Guatemala.

Casi me atrevería a afirmar que el común denominador de los funcionarios responsables de aprobar compras y contrataciones en estas instituciones multilaterales es el mismo, asegurarse que se cumplen con las leyes nacionales de compras y los criterios que vienen de su sede en Washington.

Aspectos sociales y medioambientales. Las misiones técnicas de esas entidades que visitan a un país que solicita un préstamo incluyen normalmente a expertos en temas sociales o medioambientales, que orientan sobre los criterios y evaluaciones en estas materias. Incluso a veces se requieren criterios más exigentes que las leyes locales.

Oficinas de integridad y transparencia. Normalmente, estas instituciones poseen agencias encargadas de la investigación de casos reñidos con las normas internas de sus operaciones. Para el Banco Mundial, estas investigaciones se hacen a través del Compliance Advisor Ombudsman (CAO). En el link www.cao-ombudsman.org/cases/ pueden verse todos los casos en investigación o cerrados, incluyendo el del TCQ.

Es lógico suponer que los 184 miembros del IFC del Banco Mundial y la propia administración tomen todas las acciones requeridas para fortalecer el prestigio institucional a través del CAO.

Sin poder opinar con prudencia sobre un proceso judicial que apenas se está iniciando, considero realista concluir en lo siguiente:

1. Todas las instituciones están dirigidas por seres humanos, que por muy buena intención y mecanismos de control efectivos pueden y seguramente se equivocan. El anuario del CAO 2015 brinda ejemplo de casos donde el IFC se ha equivocado en ciertos criterios.

2. Guatemala requiere y seguirá requiriendo de la opción de préstamos de la banca de desarrollo; (BID, Banco Mundial, IFC), sus condiciones crediticias, tanto en el plazo como tasa de interés, no se encuentran en la banca privada. Solo estas instituciones financieras tienen como objetivo financiar proyectos de desarrollo, que seguramente no serían bancables en el sector privado.

3. Estas instituciones generalmente exigen el cumplimiento de criterios de transparencia, ética y competencia mucho mayores que las estipuladas por las leyes nacionales.

4. Poseen mecanismos internos de investigación porque existen casos para investigar. Si todo fuera perfecto, no los tendrían.

5. A lo largo de muchos años, han apoyado de manera efectiva y eficiente a través de asistencias técnicas y financiamiento a muchos países del mundo en sus esfuerzos de integridad y transparencia.

Guatemala y sus instituciones necesitan este apoyo y me refiero específicamente a la modernización de la SAT; seguramente, este caso servirá para plantear una Agenda Nacional de Probidad, Ética y Transparencia y nuevas reglas con la banca de desarrollo.