El fenómeno económico-social de invasiones a propiedad privada durante el 2018, sobre todo a fincas productoras agrícolas generó un impacto del 0.6% a la producción nacional, según una estimación de la Cámara del Agro (Camagro).

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Ese porcentaje pudo haber significado unos Q3 mil 920 millones en el PIB y unos Q5 mil 227 millones que no pudieron moverse por las invasiones, que se le conoce como la huella del agro.

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Mientras que, por la pérdida de salarios e ingresos para las personas que trabajan en el campo, pudo haber significado hasta unos Q2 mil 563 millones.

La muestra numérica de Camagro tomó como referencia una metodología que utilizó la firma consultora Central American Business Intelligence (Cabi), que lleva a cabo análisis a ese gremio empresarial y que determinaron las cuentas.

“El 2018 es el mayor período de invasiones que se han registrado en el país de acuerdo con los datos históricos y es la primera vez en que se hace un cálculo económico”, enfatizó Nils Leporowski, presidente de Camagro en conferencia de prensa.

Cómo se sacó la muestra

En 2018 hubo 242 fincas invadidas según la Secretaria de Asuntos Agrarios (SAA), que según el estudio representó aproximadamente 164 mil hectáreas de territorio usurpado.

“El 80% de las invasiones se concentran en Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Petén que son áreas donde los empresarios han dejado de atender su propiedad”, explicó Leporowski.

El informe de la SAA releva que, en Alta Verapaz, se registraron 94 casos; Quiché, 50; Izabal, 42 y Petén, 21. En su conjunto, en estas regiones son 207 casos o sea el 85%.

El documento refiere que, en Zacapa, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Guatemala y El Progreso, solo reportan un caso de invasión.

Leporowski afirmó que los propietarios han dejado de trabajar ciertas aéreas del territorio, jornales de trabajo y un buen porcentaje de ese problema es en el Valle del Polochic, Alta Verapaz y El Estor en Izabal.

Paulo de León, representante de Cabi, explicó que se realizó un calculo de cuanto se dejó de producir por hectárea y que impactó en 0.6% del PIB por la invasión de fincas, entre cultivos tradicionales y no tradicionales agrícolas, así como silvicultura y pecuario.

Aseguró que uno de los cultivos más afectados es la producción de palma africana para la producción de aceite, banano y café.

El consultor afirmó que históricamente la invasión de fincas no fue tan intensa como el año pasado y en la época de los años de 1990 y 2000 la cobertura de invasión no pasaba de 10 mil hectáreas, pero a partir del 2012 se incrementó sustancialmente.

De León explicó que en general el fenómeno este disperso y cubre 16 de los 22 departamentos, pero los más significativos están en Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Petén.

La actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, tiene un peso en la economía del 13%.

Señalan a estructuras criminales

Leporowski recordó que lo ocurrido hace una semana en la aldea Semuy 2 El Estor, donde fallecieron tres marines del Ejército y otro grupo de soldados resultaron heridos “era algo predecible”.

“Es un tema que venía muchos años atrás y desde 2005 venimos denunciando invasiones sistemáticas en el Valle del Polochic. Se fue un ingenio por estas invasiones y lo que está ocurriendo es que se está dejando de invertir en el área, generar empleo, que tiene una alta densidad demográfica y las invasiones que son estructuras criminales llevan personas de otras comunidades” enfatizó el presidente de Camagro.

Las consecuencias son la falta de inversión y la sostenibilidad del área, específicamente en el Valle del Polochic, que colinda entre Alta Verapaz e Izabal.

Al preguntarle sobre esos focos en esa área, Leporowski respondió que el mayor porcentaje de invasiones que está en Alta Verapaz, Quiché e Izabal, y es un área estratégica, como un corredor, de que todo lo que posiblemente, “venga con mercancías”, con las pistas, pasan por toda la Transversal del Norte y puedan llegar a México.

Añadió que muchas de las invasiones están cercanas a pistas de aterrizaje y muchas veces no llenan un perfil de invasión con fines para demandar tierra, si no para otras actividades.

“Esto no es un tema agrario, si no de estructuras criminales que están invadiendo las fincas para lograr el control de áreas geográficas y donde no hay presencia del estado, autoridades desde hace muchos años atrás, hasta ahora que se determinó el estado de Sitio”, puntualizó el representante de Camagro.

En todo caso, dijo, es algo que deberá de investigar el Ministerio Público (MP).

Inventario de denuncias

Carla Caballeros, directora de Camagro, añadió que se han presentado 11 mil denuncias al MP por los posibles delitos de usurpación, usurpación agravada y usurpación de áreas protegidas entre el período 2015-2019.

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Recordó que el año pasado hubo dos mil 397 querellas y en lo que va del año mil 587.

Charles Bland vicepresidente de Camagro, aseguró que, por medidas de seguridad, los propietarios de las áreas invadidas no se acercan para hacer verificaciones y por eso se plantean las denuncias.

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La semana pasada, otra turba entró a la Finca La Flora, en Tiquisate, y amenazaba con entrar a la pista que da servicio a todos los fumigadores del área, amenazando con quemar hangares y aeroplanos. Alguna presencia de policía y ejército logró que los agresores depusieran su actitud, aunque la finca continúa invadida.

Realmente estamos sorprendidos, no solo de la falta de respuesta de las autoridades, sino también del apoyo que tiene de organismos internacionales encabezados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que descaradamente apoya a los miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que por cierto no ha desarrollado absolutamente nada, pasando por alto todos los hechos delictivos de sus miembros, que envalentonados por ese apoyo quisieron esta semana hacer un paro a nivel nacional, extremo que no se llevó a cabo pues su capacidad de convocatoria fue raquítica. Por supuesto, los dirigentes de estos movimientos dañinos y desestabilizadores no son ligados a proceso. Veamos quiénes son estos angelitos protegidos de la ONU. Tiene Codeca 458 denuncias interpuestas en la Fiscalía Especial contra el Hurto de Fluidos del MP por robo de Energía Eléctrica, estas denuncias, interpuestas por Energuate. Aquí volvemos a ver la inacción, parsimonia o contubernio de las autoridades, que ya deberían tener a buen recaudo a los dirigentes de esta organización. En el Organismo Judicial hay 45 procesos legales y la sentencia condenatoria que dieron lugar a la captura de tres de sus defensores, ahora son motivo de condena de parte de la ONU.

Los daños y perjuicios causados por el CUC, Codeca, Uvoc y toda la sopa de letras de organizaciones de cartón a las que ayer en este matutino hizo referencia Mario Antonio Sandoval, se mueven con toda libertad, y al ver que el sector productivo no es protegido por los considerados adalides de la justicia, se dan el lujo de robarle, invadirlo y falsamente acusarlo.

Vamos a ver cuál es la reacción del MP ante las acciones en que hirieron a los policías. ¿Será que, como siempre, quedarán impunes?

El mes pasado tuve la oportunidad de conocer a un scout (explorador) de una empresa agroindustrial europea, quien después de ver la falta de apoyo al sector privado desde el paso de las aduanas, las trabas en los ministerios y otros obstáculos, prefirió recomendar invertir en uno de esos regímenes de izquierda art-deco, que no permiten ni siquiera una protesta sindical, mucho menos que se destruyan unidades productivas, la infraestructura y mucho menos se atente contra la vida de una autoridad, por estos grupos “pacíficos”

induagro@yahoo.com

La situación en el área Río Dulce–Polochic es verdaderamente grave: 33 fincas invadidas. Solo en el 2016 fueron invadidas 25 propiedades a productores de la región, impactando 12 mil empleos directos e indirectos, con pérdidas de unos Q56 millones al mes, lo que prácticamente destruye los ingresos familiares de los pobladores y, lógicamente, causa una reducción brutal de ingresos al fisco, sumado a la retirada de los mineros, andará por Q2,500 millones menos de ingresos al Estado.

Estas invasiones no son para nada pacíficas, los usurpadores toman a la fuerza la propiedad, armados de machetes, palos y armas de fuego, intimidando a los empleados, robándoles lo que sea transportable y lo que no, se los destruyen. Los que quedan desempleados son objeto de amenazas si no apoyan sus movimientos delictivos.

Lo más preocupante es la falta de autoridad en el área y el temor que desde la PNC hasta el Ministerio Público tienen de presentarse a imponer autoridad, a recabar pruebas para que se aplique la justicia, la ausencia total de Gobierno en el área hace que los generadores de empleo en una región de las más pobres del país que al fin veía una luz al final del túnel, cuando inversionistas empezaron a sembrar caña, hule, palma aceitera, banano, plátano, y se montaron dos industrias, una azucarera y otra empacadora, ahora toda esperanza se derrumba para esa pobre gente que se hacía con un trabajo digno y permanente.

Los usurpadores usaron hasta tractores de las empresas para trasladar lo robado, químicos y fertilizantes de bodega, víveres y utensilios de los comedores propiedad de la Asociación Solidarista de los trabajadores. Desnudaron a los agentes de seguridad y retuvieron por varias horas al personal, agrediendo severamente a varios de ellos. Hasta un perro fue muerto a machetazos.

Todo trabajador de las fincas fue obligado a salir sin sus pertenencias y después saquearon sus viviendas.

Árboles de maderas preciosas como rosul, caoba y otras fueron talados para venderlos a contrabandistas que pasan la frontera mexicana. En el Pataxte entraron con motosierras a destruir la palma.

Las denuncias han sido presentadas al Ministerio Público y este, por medio de inspecciones oculares, ha demostrado el delito flagrante de usurpación agravada, artículo 257 del Código Penal, y el de robo agravado, sancionado en el artículo 252 del mismo código. Los tribunales han emitido las órdenes de desalojo y las autoridades, en franco desacato, han ignorado la orden del Tribunal. El desacato es un delito penal, castigado con prisión para el funcionario que no lo acate.

Nos encontramos discutiendo la reforma constitucional y, lamentablemente, entre los participantes hay algunos de estos grupos que apoyan la violación de los derechos constitucionales, propiedad privada, libre locomoción y derecho al trabajo y a la vida misma.

Toda una región de 160 mil habitantes aplastada por un grupo impune al margen de la ley.

induagro@yahoo.com

La municipalidad afirma que se ha atendido a representantes del grupo de familias invasoras quienes piden se les otorguen terrenos de 10 por 25 metros en los lugares que han ocupado.

Aunque se han otorgado terrenos en varias áreas municipales, en este caso la petición es “totalmente imposible” por constituir una reserva ecológica y área protegida.

“Se hace un llamado a la reflexión y a la conciencia de las familias que arbitrariamente pretenden apoderarse de un bien que constituye un patrimonio de todos los habitantes del municipio de San Miguel Petapa, y les suplicamos que de manera voluntaria vuelvan a sus lugares de origen, en donde anteriormente habitaban”, comunica la comuna de ese municipio.

Con ello se busca evitar, agrega el comunicado, que las familias tengan que enfrentar acciones de desalojo con la intervención de las fuerzas públicas del Estado.