Luego de la toma de posesión, el 14 de enero del 2020, cuando Alejandro Giammattei asuma la presidencia de la República este firmará el Acuerdo Gubernativo 3-2020 para la creación del Consejo de Estado, según sus previsiones.

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Dicho consejo estará integrado, según la intención de Giammattei, por varios sectores de la sociedad y tendrán dentro de sus funciones, además de acordar soluciones a problemas del país, nombrar a tres guatemaltecos notables que dirijan una nueva comisión contra la corrupción.

Los sectores que serían convocados afirmaron a Prensa Libre que están de acuerdo en participar en un espacio de diálogo y presentar las propuestas que se tienen dentro de una agenda de desarrollo para Guatemala.

Luis Alpirez, dirigente de Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, que pertenece al Frente Nacional de Lucha, dijo que este grupo pertenece al Consejo Económico y Social y por lo tanto serán parte de la instancia propuesta por Giammattei.

“Siempre hemos sido propositivos y de diálogo franco en beneficio de las grandes mayorías. Tenemos una agenda histórica y esa es nuestra base de discusión y análisis, sin ser radicales”, afirmó el sindicalista.

Por su parte, Joviel Acevedo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dijo que ese grupo está dispuesto a apoyar al gobierno de turno, “hasta nuestras posibilidades”; además, afirmó que se pedirá que se cumpla con la hoja de ruta para el fortalecimiento de la educación que el mandatario electo firmó en una actividad pública antes de la segunda vuelta electoral.

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Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, dijo que el sector empresarial está en disposición de participar “en lo que sea mejor para el país” y aseguró que es correcto crear este consejo para discutir los problemas del país.

De parte de la Iglesia Católica, Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal, afirmó que los mecanismos de diálogo siempre son buenos, pero pueden resultar inútiles si no se pone en práctica los consensos a los que se llega.

De Villa afirmó que todavía no hay una invitación formal para participar en este grupo.

Que el ejercicio de esta nueva ciudadanía que se ha venido instaurando en el país, aleje por siempre los nubarrones para que el sol ilumine de nuevo esta tierra hermosa y fértil en la que ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos, puedan gozar de una vida digna. pic.twitter.com/XIMM8wTflZ

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 3, 2019

Geidy de Mata, directora del Instituto de Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, explicó que esta es una buena oportunidad para establecer una instancia de diálogo y que, como universidad, ya se propuso una agenda estratégica 2020-2024.

“El espíritu de la Universidad de San Carlos es aportar en beneficio del país”, aseguró.

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Como representante del sector campesino, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, dijo que como parte de la Asamblea Social y Popular están involucrados en la lucha contra la corrupción e impunidad

“Estamos dispuestos a participar y conocer sobre la creación del consejo, así como de la estrategia para seguimiento a la lucha contra la corrupción en impunidad, para establecer si esto conviene o no al país”, señaló Pascual.

El sector de mujeres también estaría involucrado en la instancia convocada por Giammattei, asegura Patricia Pinto, quien coordina la Agenda Estratégica Mujeres en la Diversidad.

Pinto recuerda que, durante la campaña electoral, los partidos políticos firmaron una agenda 2020-2024 con la que se busca el impulso del sector femenino.

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Perfil idóneo

Una de las atribuciones que tendrá el Consejo de Estado, según Giammattei, será el de designar a tres personas para que dirijan una comisión anticorrupción, que sustituirá a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que este 3 de septiembre terminó su mandato en el país.

Guatemala: @AntonioGuterres elogia la contribución de la @CICIGgt al fortalecemiento del Estado de derecho, la capacidad de investigación y el enjuiciamiento en el país tras 12 años de funcionamiento. https://t.co/SbMnl5PUUq pic.twitter.com/Gg2DoK67WS

— Naciones Unidas (@ONU_es) September 3, 2019

La idoneidad, experiencia, capacidad, sin tachas y que haya hecho un trabajo previo en contra de la corrupción, son algunas de las características que deben tener los designados, coincidieron las fuentes consultadas.

Tefel afirma que se requiere que estas personas sean intachables y con estricto apego a la Ley, pero, además, que esta comisión debe ser de apoyo al Ministerio Público (MP) y no estar por encima ni paralelo a esta entidad.

Pinto pidió que haya por lo menos una mujer dirigiendo la comisión y que se tome en cuenta la visión de este género para sus planes.

Para Pascual, los designados no deben tener tachas para evitar ser deslegitimados. “Estamos preocupados por la necesidad de seguir la lucha en contra de la corrupción. El sector indígena siempre es el afectado por estos problemas”, indicó.

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El fin de la Cicig

Para hablar de la instalación de la Comisión contra la Corrupción, el presidente electo viajó este 3 de septiembre a Washington, EE. UU, donde tiene programada una serie de reuniones con altos funcionarios de aquel país y con cooperantes, en la búsqueda de apoyo técnico y financiero.

“Estaremos solicitando el apoyo de los gobiernos amigos, ya hay varios países que han venido externado su voluntad de querer colaborar con nosotros en ese programa, con investigadores, con equipo, y vamos a poder hacer un buen trabajo al respecto”, dijo Giammatei.

El mandatario electo afirmó que no está dentro de sus competencias prorrogar el mandato de la Cicig, que finalizó este 3 de septiembre; además, dijo que, si se solicita el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para formar esta nueva comisión, se tardaría mucho tiempo.

“Nosotros tenemos un problema que es combatir la corrupción y lo vamos a hacer desde el primer día, de eso no tenga la menor duda, pero no podemos poner y soñar y hacer soñar a la gente que mañana van a estar de vuelta cuando el problema se lleva años en que sea conocido”, explicó.

Además, a escala de país se fortalecerá al MP y a la Corte Suprema de Justicia, para lo que se solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo que se amplíe el plazo para aprobar un préstamo por US$60 millones que está pendiente en el Congreso y cuya fecha de vencimiento se acerca.

Ante salida de @CICIGgt, la Alta Comisionada @mbachelet reiteró la importancia de garantizar la protección de fiscales, juezas/ces y magistradas/os, y un entorno adecuado para defensoras/es de #DDHH, el @PDHgt, líderes y lideresas indígenas,y periodistas
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— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) September 3, 2019

El presidente electo agradeció el trabajo de la Cicig, aunque afirmó que no toda la experiencia fue buena. “Yo le agradezco los años que estuvo, por lo bueno que haya hecho, por las experiencias que nos dejó, creo que dejaron buenas experiencias, dejaron algunas que no eran tan buenas, pero sí nos dejaron algo y es la necesidad de luchar juntos por la construcción de nuestras instituciones”, expresó Giammattei.

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Por el fin del mandato de la Cicig también se pronunció el secretario general de la ONU, António Guterres, a través de su portavoz. “El Secretario General confía en que continuarán los esfuerzos para la lucha contra la impunidad y señala que la ONU está lista para seguir cooperando con Guatemala en el fortalecimiento del Estado de derecho”, informó Stéphane Dujarric.

“El Secretario General espera que los derechos de las personas involucradas en la lucha contra la impunidad en Guatemala sean protegidos”, agregó.

Además, también se pronunció la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien afirmó que ante la salida de Cicig “quisiera recordar la necesidad de preservar y salvaguardar estos avances; y reiterar la importancia de la obligación de Estado de garantizar la protección de fiscales, juezas y jueces, magistradas y magistrados, para que desarrollen su función de manera independiente e imparcial”.

Bachelet también considera necesario que se garantice un entorno adecuado para la labora de abogados, defensores de los derechos humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como para periodistas y todos los sectores “que contribuyen de manera fundamental a la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

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“Esa calificación se deriva de la ausencia de política de comunicación incluyente, participativa y abierta. Ha sido lo contrario: renuente a la crítica, discurso confrontativo, mensajes autocomplacientes y actitud distante con los medios de comunicación”, asegura el estudio.

El Ipnusac asegura que “las dificultades de comunicar del presidente de la República, la función del vocero ha sido aún más desgastante que, contrario a lo que se espera, profundiza las crisis, superficializa los momentos apremiantes de la gestión gubernamental y se vuelve un obstáculo para las actividades de la prensa independiente que cubre la fuente”.

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Morales contestó de forma retadora a los señalamientos en su contra en la última entrevista que concedió a Prensa Libre por su primer año de Gobierno.

La pregunta al presidente fue “Persiste la sensación de que no hay mucha apertura de su parte para hablar con los medios de comunicación, en conferencias de prensa. ¿A qué se debe?”

Este respondió “Tres cosas: primero, qué bueno que solo haya sensación de que se oculta información, antes había convicción de que se ocultaba información, o sea que hemos mejorado. Segundo, el acceso del presidente a la prensa eso no es ocultar información, sino, simple y sencillamente, cubrir una agenda que cada día se complica más porque los temas son bastante profundos, y que tuvimos la disposición que no es el presidente el que tiene que salir a dar las informaciones sino por el contrario, darle la responsabilidad a quien tenga la institución a cargo.

La respuesta del mandatario da a entender que su mecánica continuará incluso agregó:  “Se nos acusó en algún momento “es que el presidente se tarda mucho en dar declaraciones”, y yo contesté: “el presidente va a salir a dar las soluciones, mientras tanto da instrucciones de qué se hace en cada cartera”.

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El Instituto agrega: “Pese a su fama de comunicador, el mandatario fue el artífice de la instantánea que mejor refleja su desempeño frente a las cámaras: La del escolar que, bajo el fuerte calor, debe escuchar sus fábulas. La cara del niño es un poema a lo trabajoso e insuficiente que ha mostrado el presidente en su función de articular un discurso de país”.

A eso se agrega que el pasado 5 de diciembre periodistas, de distintos medios de comunicación que cubren la fuente del Ejecutivo, entregaron un premio simbólico por su buena o mala  relación con la prensa a funcionarios. Destaca que el día que se entregó el reconocimiento Morales no salió a recibirlo sino que envió al vocero presidencial.

Morales recibió “el Membrillo” que simboliza una cerrada y reacia relación con los periodistas, quienes lo calificaron como un acto de opacidad pues da la impresión que se niega a rendir cuentas al evitar dar declaraciones.

El gobernante también fue cuestionado sobre esta situación en la entrevista realizada por Prensa Libre al consultarle: “¿Qué hizo con el membrillo?”

Morales contestó: “con relación al membrillo, me fascina el membrillo con sal y pepita lo he comido desde niño, y también me gustan las manzanas y he recibido membrillos y manzanas este año, así es que cada quien ve desde el punto de vista que quiere ver la vida y todos tienen el derecho de la libre emisión del pensamiento, y aquí siempre se va a respetar. Nunca he hablado mal de un membrillo y nunca he hablado mal de una manzana, siempre he hablado bien”.

Morales es reconocido por su poca apertura a la prensa

El informe de Ipnusac concluye: “El asesinato de periodistas, y la inactividad del Programa de Protección a Periodistas, denota la crisis de inseguridad que persiste en el país”.

Al hacer referencia a las muertes violentas de comunicadores en la provincia, el primer suceso se registró en Coatepeque, Quetzaltenango el 25 de junio de 2016 cuando Álvaro Alfredo Aceituno López, de 65 años, periodista y director de una radio local murió en el Hospital Nacional de Coatepeque luego de ser víctima de un ataque armado.

El segundo caso se registró el 3 de octubre de 2016 cuando se localizó el cadáver de Elías Ibarra, de 24 años, quien había desaparecido días antes  en Santa Elena, Flores, Petén. Ibarra era estudiante de periodismo y su cuerpo fue localizado este lunes en Santa Ana con signos de haber sido estrangulado.

Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), resaltó que el 90 por ciento de las extorsiones son planificadas desde los centros carcelarios del país y existen personas intermediarias afuera que las controlan y coordinan, y que para ello utilizan a mujeres y menores.

Refirió que muchos se involucran por voluntad, porque familias completas han integrado las pandillas, o que algunos son obligados, y considera necesario denunciar esos ilícitos.

“Al hablar de pandillas y de extorsiones, hablamos de crimen organizado, el cual ha tenido la capacidad de contaminar las instituciones del mismo Estado, entonces se debe hacer una investigación de inteligencia también para determinar si en estas redes criminales hay personas que ejercen una función y que se desarrollan dentro del mismo Estado, para obtener lucro o lavado de dinero”, indicó.

El experto señaló  que muchas veces los menores de edad y mujeres no tienen conocimiento profundo de la organización, solo obedecen órdenes, y al momento de la captura no proporcionan información y los que están involucrados tampoco, por ello considera que deben utilizarse métodos especiales para llegar a los cerebros de las redes. Enfatizó que se debe ejercer el control total de las cárceles y establecer mejores mecanismos para erradicar este flagelo, así como implementar mejoras para los custodios penitenciarios.

Acuña resaltó que hay errores que se deben corregir, por ejemplo el informar que al día siguiente se continuaría con los operativos, porque con esto se alertó a los cabecillas para que escaparan o se ocultaran. “El crimen organizado tiene capacidad reorganizativa a corto plazo. A estas alturas ya están pensado quién va a sustituir a esta persona. Creo que debe ser un trabajo constante”, refirió.

Según Lizardo Acuña, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), “hay una deficiencia notoria” en la iniciativa porque no especifica los delitos a los que se va a aplicar la ley. “En los últimos años se ha visto un incremento de casos para los delitos de cuello blanco, muchos están en proceso aún, y los implicados podrían beneficiarse de esta normativa”, indicó.

“Me parece que es una ley estratégicamente analizada que tendrá efectos presentes y futuros, y no hay que olvidar que la retroactividad aplica cuando se beneficia al reo”, recalcó Acuña.

 En las redes sociales los internautas plantearon su temor de que la Ley pueda beneficiar al expresidente Otto Pérez Molina o a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

La propuesta fue presentada el martes por el diputado del Movimiento Reformador, Oliverio García Rodas, y establece que los procesados que confiesen en la primera declaración podrán reducir su pena hasta un 50 por ciento.

Propuesta de Cicig

Según el congresista, la ley no tendría que especificar delitos porque es de carácter general, así que cualquiera puede beneficiarse, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la misma.

Negó que se trate de beneficiar a algunos procesados específicos, debido a que  todo lo que plantea la ley ya ocurrió en dichos casos.

“No va a beneficiar a nadie, pero en casos de delitos de alto impacto sería lo mismo porque de todos modos una persona pasaría en prisión 15 años”, manifestó el congresista.

Aseguró que el proyecto se elaboró luego de un estudio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público acerca de los procesos judiciales del país.

De acuerdo con Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, el martes que se dispensó la propuesta de dictamen y avanzó en primer debate se explicó que la misma era propuesta de estas dos instituciones.

Al consultarle a la fiscal general, Thelma Aldana, respondió: “No es propuesta del MP y creo que las respuestas debería de darlas el Congreso, desconozco cómo quedó al final”.

García Rodas indicó que hoy llegará el comisionado Iván Velásquez a explicar la propuesta a los jefes de bloques. En el Legislativo confirmaron la llegada del jefe de la Cicig, aunque desconocían el propósito.

Bajaría condenas

La propuesta ya avanzó en el trámite de primer debate y se le dispensó de dictamen.

• Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.
• Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta la resolución  admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
• Después de la apertura del juicio hasta antes de comenzar la recepción de  pruebas  en audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en quinta parte si admite su responsabilidad o cargos.

Con información de G. Sánchez

Con esta diferencia, de Q29.22,  expertos creen que se evidencia que al Estado le importa más el cuidado y custodia de un reo que la educación de millones de niños y jóvenes, aunque hay quienes difieren en el análisis. 
 
El encargado del área de Educación del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Mario Rodríguez, considera que debería ser mayor el gasto   para educar a jóvenes y niños  que lo erogado para la custodia de reos.

Rodríguez señaló que los   costos deberían revertirse y destinar más fondos en educación que en la vigilancia y alimentación de delincuentes, porque ya no es prevención lo que se hace, y por ello es recomendable para el Estado auditar esos desembolsos.

“Los programas de reinserción en los reos no están funcionando; por lo tanto, el índice de reincidencia en hechos delictivos es mayor y ello causa  que el Estado gaste más. Los programas educativos se basan en  la integración social, que los niños no solo convivan en la sociedad, sino que también aprendan a convivir y respetar la ley. El costo-beneficio que tiene la educación es superior a lo que puede producir el mantenimiento de las personas que han delinquido  dentro de las cárceles”, señaló el experto.

Rodríguez explicó que no hay programas de prevención, pero en todo caso valdría más la pena invertir en eso.
“El Estado debería  retener a los estudiantes en las escuelas y también prevenir a los   que están en situación de riesgo, para que no se involucren en organizaciones delictivas”, expuso.

Diferencias

Los reportes de la Dirección General del Sistema Penitenciario detallan que durante diciembre del 2015 se utilizaron  en el pago de nómina Q19 millones 657 mil 716.65; en servicios básicos, que incluyen agua, electricidad extracción de basura, alquileres y mantenimiento de infraestructura se gastan Q2 millones 817 mil 692.11; y para la alimentación,  tanto de reos como de guardias penitenciarios, se erogan Q4 millones 621 mil 331.22. El total se divide entre los reclusos reportados, que eran 19 mil 796.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) señala que en el 2015 costó Q57 diarios el mantenimiento de un reo,  Q13 más que lo reportado por el Sistema Penitenciario, aunque este último manifestó que el costo reportado es de diciembre de 2015. En 2010, el gasto reportado por Prensa Libre era de Q43.35, pero la cantidad de reclusos ha aumentado, pues en ese año  había 11 mil 107, contra los casi 20 mil actuales.

Gasto educativo

Un gasto menor se reporta en el sistema educativo.

El Estado erogó el año pasado Q14.93 diarios  por cada estudiante registrado en preprimaria, primaria, básicos y diversificado.

En este dato se incluye el pago de maestros, que es el rubro más alto, pues el presupuesto asciende a Q10  mil 475 millones; gratuidad, Q71 millones 510 mil 694; útiles y valija didáctica, Q120 millones 85 mil 105, mientras que la refacción escolar llega a los Q564 millones 453 mil 904.

La suma de los rubros se divide entre los estudiantes, que llegan a cuatro millones 128 mil 972 registrados en el 2015, y el resultado se divide entre los 180 días de clases establecidos en ley. El total es de Q14.93.

La Policía Nacional Civil gasta para brindar seguridad a la población Q157.35 por cada uno de los 33 mil 541 agentes que tiene de alta.

Hechos delictivos

A pesar de que se gastan bastantes  recursos financieros por cada reo, sectores sociales afirman que los internos persisten en delinquir desde las prisiones, sin que ninguna autoridad evite, por ejemplo, las extorsiones desde los centros carcelarios.

Guatemala destinará el próximo año el 64.8 por ciento del presupuesto de gastos —Q45 mil 880 millones 804 mil 704— a funcionamiento. Dentro de esos recursos están contenidos los beneficios económicos adquiridos mediante pactos colectivos en las diferentes instituciones del Gobierno.

El peso de los beneficios sindicales es tan grande e insostenible que este año el Estado ya ha comenzado a fallar en el pago de algunos aumentos salariales, como en el Ministerio de Salud.

Analistas de distintos centros de investigación advierten de que es solo el inicio de negociaciones que ya son insostenibles y hasta ilegales.

Según el análisis realizado por Prensa Libre a pactos colectivos de seis instituciones, en el 2016 se tiene contemplado el incremento salarial del 30 por ciento en salud, 4 por ciento en el Banco de Guatemala, además de aumentos salariales escalonados en otras entidades.

Para ejemplificar el impacto en las finanzas del Estado, el informe La amenaza de los pactos colectivos en el sector público, presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), registra que el Ministerio de Educación desembolsó entre 2013 y 2015, Q700 millones para responder a un aumento salarial.

El próximo año, el Ministerio de Educación destinará Q12 mil 865 millones 886 mil 439 —el 99 por ciento de su presupuesto de egresos— a sostener a sus empleados y solo destinará uno por ciento para el rubro de inversión.

¿Lesivos al Estado?

“Hace 10 años se pronosticó que los pactos, de seguir negociándose de la manera en que se hace, serían inviables y desde hace tres años son insostenibles, sobre todo el de Salud y Educación pues muchos de los salarios son pagados con ayuda de préstamos”, explicó Francisco Quezada, analista del CIEN.

Según Adrián Chávez, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), pactos como el del Ministerio de Salud responden a intereses políticos. “Muchos recursos que deberían ser destinados para atender a la población son orientados para satisfacer las condiciones establecidas en el pacto”, aseguró.

La legislación vigente establece que previo a la aprobación de una acuerdo laboral, el Ministerio de Finanzas Públicas debe emitir un dictamen sobre la capacidad financiera del Estado para hacer frente a un pacto.

“Desde el momento en que se compromete un presupuesto para varios años, como sucedió con el pacto colectivo de Educación y el del Banguat, podría considerarse como ilegal, pues se pacta una cantidad económica que no se ha aprobado en el presupuesto de Estado y que a largo plazo generará una deuda de arrastre, porque por ser un beneficio adquirido se debe pagar”, explicó Chávez.

Fuga de recursos

Sobre el efecto de los pactos celebrados en el ámbito público, Quezada los califica como fuera de lógica, pues “comprometen las finanzas y la dinámica de trabajo de las instituciones”.

Las concesiones no relacionadas con los resultados son algunos de los abusos en los que incurren los pactos.

Los acuerdos analizados contemplan días de descanso que no se encuentran en ley, entre ellos el día de cumpleaños de los trabajadores y los que dependiendo de un asueto se encuentren próximos a los fines de semana, conocidos como “puentes”.

“Guatemala está harta del factor que regenera la pobreza: la corrupción, el robo de las arcas nacionales en beneficio de los intereses de sectores o de personas particulares. Está harta de la impunidad, de que sus demandas no sean tomadas en cuenta, de que no haya acceso al trabajo, ni se solucionen sus problemas cotidianos”, afirma el académico.

¿Cuál es su análisis del momento sociopolítico que vive el país?

A partir de los acontecimientos de abril, nos podemos dar cuenta de que la sociedad está inmersa en una nueva dinámica, probablemente no en una etapa de madurez plena, pero sí es un ciclo en el cual la población ha percibido que se puede manifestar, reclamar y exigir.

Esto le otorga un nivel de confianza a la sociedad, que, incluso, la hace actuar de manera más abierta. Una de las herencias más funestas del conflicto armado fue el miedo que impregno al pueblo, el cual, probablemente, las nuevas generaciones no lo vivan de la misma forma, pero en buena medida limitó a expresarse libremente.

Esta etapa es como abrir una puerta, por supuesto muy en pañales, pero que puede ser un cauce que lleve a los guatemaltecos a ir un poco más lejos en función de sus derechos, sin dejar de lado las obligaciones.

¿Qué provocó que nos acostumbráramos a vivir en un sistema corrupto y tomarlo como algo natural?

Creo que el régimen, que todavía está llenó de cosas podridas, agotaba la posibilidad de las personas de denunciar, porque la impunidad se desarrollaba a tal nivel que los guatemaltecos estaban conscientes de que se hiciera lo que se hiciera de todos modos no iba a pasar nada. Sin embargo, ahora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), han investigado y denunciado casos paradigmáticos, y han logrado capturar a funcionarios sindicados de robo, saqueo y de crecimiento de capitales a costa de la riqueza de la población, que era lo que la gente esperaba.

Esta respuesta permitió que las nuevas y viejas generaciones se involucraran, porque todos sabíamos qué estaba pasando, qué estaban haciendo, pero nadie se atrevía, y si alguien lo hacía, de todos modos el sistema de justicia se encargaba de negarlo.

Las capturas que se han hecho no son de cualquier trabajador del Palacio Nacional de la Cultura, sino de quienes dirigían la nación, en quienes se depositó la confianza de administrar la cosa pública hace casi cuatro años. Es la evidencia de que las cosas se pueden hacer dentro de los parámetros jurídicos y de que sí existe la posibilidad de encontrar respuestas y encontrar culpables.

¿Podría ser esto un parteaguas de la historia política?

Creo que sí, porque las cosas ya no van a ser las mismas. A veces preocupa el silencio de los políticos de este sistema, del cual no quieren salir. Uno se pregunta ¿y estos qué están pensando y planificando?, porque no es fácil que acepten que les hayan quitado y evidenciado el manejo de todo, ¿no será que están tejiendo otra telaraña y esperando el momento de un resbalón? Esa duda hay que mantenerla.

Sin embargo, soy optimista en pensar que lo que está pasando sea un parteaguas para cambiar hacia algo mejor. Un dato que da esa esperanza es el resultado de las elecciones presidenciales recientes, cuyo mensaje fue estamos en contra del sistema, aunque por supuesto no nos garantiza nada.

Y en la sociedad rural, ¿qué está pasando?

A mí no me gusta comentar, no por quien lo dijo (Otto Pérez), sino porque es muy simplista hablar de la “Guatemala profunda”, con lo cual se identifica lo rural. Yo les decía a unos colegas que si ellos son de la “profunda” nosotros somos de la “superficial” y eso es mucho más trascendente, porque la antítesis de profundo es superficial.

Creo que hay una diferencia en función de la propia estructura de la sociedad rural, donde la miseria es algo que salta a la vista, donde las necesidades son cada vez más grandes y el Estado no logra solventarlas. Esas penurias, por múltiples razones: porque no les interesan, por racismo, por discriminación y otras patologías, permiten que se siga viendo a los ciudadanos del área rural como de segunda categoría.

Además, esa ruralidad es cada vez menos rural, se vuelve más urbana, ¿cuántos municipios se autorizaron en un año?

Usted mencionó que la sociedad está harta. ¿De qué lo está?

Del factor que regenera la pobreza: la corrupción, el robo, de las arcas nacionales vacías en beneficio de los intereses de sectores o de personas en particular. Está harta de la impunidad, de que sus demandas no sean tomadas en cuenta, de que no haya acceso al trabajo, ni se solucionen sus problemas cotidianos.

Aquí hay una curiosa contradicción, porque la gente está harta de que le roben, pero no de que le maten a sus conciudadanos. Una compañera me decía: “La gente sale a manifestar, porque se siente robada, pero no porque se sienta acribillada y violentada”.

Es dramático, porque nos hemos acostumbrado a la cantidad de muertos, y lo peor es convertir aspectos negativos en parte de la rutina de la vida, porque ya lo vemos como normales. Entonces, las personas se preocupan por sobrevivir y si a la demás gente le pasa algo, pues, “así es la vida”, y esto es peligroso porque la sociedad se va descomponiendo y pierde la sensibilidad. Cada vez más nos convertimos en una sociedad carnicera.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la sociedad urbana y rural?

Se podría hacer esa división, pero hay que partir de que el principal problema es la pobreza y pobreza extrema. Esto nos configura como un país de una condición negativa, con desnutrición crónica, desempleo, informalidad y acciones colectivas patológicas como las maras, el crimen organizado y el narcotráfico.

Al hacer la diferencia entre lo urbano y lo rural no necesariamente se va a encontrar la misma imagen en ambos espacios, porque la pobreza y pobreza extrema urbana, no se puede comparar con los porcentajes del área rural que son demasiado altos. Otro elemento que hace diferencia es la situación en la que se mantiene la población indígena.

¿Por dónde se debe romper el círculo de la pobreza?

Una opción podrían ser las transferencias condicionadas, que no se inventaron en Guatemala, cuya idea es darle a las personas un capital semilla, en términos más simples un préstamo, para que siembren, cosechen y vendan, para satisfacer sus necesidades básicas. La lógica es otorgarles esa plataforma básica, orientarlos y llevarlos a una condición que vaya más allá de la sobrevivencia.

El ahora excolaborador del equipo del Frente de Convergencia Nacional, fue uno de los asesores principales durante toda la campaña de Morales.

Además coordinó varias mesas de trabajo que se dedicaban a temas de economía y finanzas del partido y para elaborar el plan de Gobierno del presidente electo.

El lugar de Lam Ortiz será ocupado por José Ramírez Crespín, según se confirmó en la reunión de esa comisión este viernes.

La polémica por la presencia de Lam Ortiz en el equipo de trabajo de Morales comenzó el sábado pasado, cuando el Instituto de Problemas Nacionales de la  Universidad de San Carlos (Ipnusac), lo señaló de plagiar cuatro ensayos durante 2014, cuando trabajaba como analista de esa entidad.

Pese a las críticas, Morales mantuvo durante una semana al colaborador como su representante en el Congreso y lo defendió indicando que no se dejaría llevar por “rumores” pues no había ningún proceso legal en su contra.

El Ipnusac presentó varias pruebas del plagio cometido por Lam Ortiz y explicó que que tramitó una denuncia por plagio en contra de Lam Ortiz, la cual fue presentada por los agraviados y cuya veracidad fue comprobada por el instituto.

Cuestionado sustituto

Ramírez Crespín fue parte de la comisión de postulación para elegir al Contralor General de Cuentas en el 2014 por el Colegio de Contradores Públicos y Auditores, fue electo el 13 de agosto de ese año y se ligó al grupo Excelencia Profesional, que impulsaba la inclusión de Sergio Oswaldo Pérez López en la nómina de candidatos.

Pérez López era subcontralor de Calidad y Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas y, según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el caso de la Línea, visitó varias veces el centro operativo de esa estructura, ubicado según los investigadores, en el interior de la boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizábal, uno de los prófugos por este caso.

Las reuniones están documentadas con fotografías de Pérez López y del vehículo que usaba -propiedad de la Contraloría- y forman parte del expediente judicial del caso, según se publicó en el sitio web Plaza Pública en una investigación periodística.

Prensa Libre publicó el 26 de agosto de 2015 el expediente de antejuicio contra el entonces presidente Otto Pérez Molina, presentado por el MP y la CICIG al Congreso, que entre sus conclusiones detalla que las energías de la red ilegal estaban enfocadas  en cooptar a la  Contraloría para tener “un socio estratégico”.

Así, la estructura, a través de Javier Ortíz, alias el teniente Jerez, habría tenido acercamientos con Pérez López, que se nominaba a dirigir la Contraloría General de Cuentas.

El 20 de enero de 2015 el Congreso eligió a Carlos Mencos como nuevo Contralor General, tras obtener 112 votos; Pérez López solo tuvo 14.

Ramírez Crespín aseguró a Prensa Libre que no conoce a Pérez López y negó cualquier vínculo con él. Afirmó que conoce su nombre porque era parte de la lista de 47 postulantes a Contralor General.

“Él era uno de los candidatos pero yo era representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores, solo tuve algunos expedientes”, dijo el ahora representante de Morales, quien agregó que desconoce el porqué de la vinculación con Pérez López.