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En qué fase se encuentra la ley contra el lavado en el Congreso, ¿se podrá dar dictamen este año?

Los integrantes de la Comisión de Economía esperan emitir el dictamen de la iniciativa de ley 6593, que actualiza la normativa sobre lavado de dinero, en lo que resta del año.

Urias Gamarro

22 de octubre de 2025 | 00:10h

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Los integrantes de la Comisión de Economía esperan emitir el dictamen de la iniciativa de ley 6593, que actualiza la normativa sobre lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Jorge Ayala, vicepresidente de dicha comisión en el Congreso de la República, brindó un panorama sobre los avances en la discusión de la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorrismo, que responde a la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El legislador apuntó que se espera contar con un dictamen este año, de modo que la propuesta pueda ser conocida en el pleno durante los primeros meses del 2026, en cumplimiento de las recomendaciones para la actualización de la ley.

El parlamentario explicó esto a Prensa Libre.

¿Cuál es el avance de la discusión de la ley?

La iniciativa la recibimos para dictaminar en dos comisiones: una, la de Economía, y la otra, la de Finanzas, que es el proyecto que envió el Ejecutivo. Estamos escuchando a los directivos de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), a manera de recibir las observaciones del proyecto de ley, así como el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), en audiencias públicas.

Es una actualización de la normativa de lavado de dinero.

¿Qué aspectos han evaluado?

Hemos tenido acercamiento con la ABG y participamos en una reunión con directivos del Gafilat en Antigua Guatemala, en la cual estuvo el secretario general de esa organización.

Lo más relevante fue conocer la experiencia de Panamá, que vivió todo el proceso cuando fueron incluidos en la lista gris y cómo tuvieron que hacer los cambios para actualizar su normativa y así poder salir de ese listado.

Hay temor e inquietudes del sector bancario nacional de no cumplir con la normativa y su actualización previo a la visita del Gafilat en febrero del 2027.

A su juicio, ¿cuál es la importancia de esta actualización?

En términos generales, como Comisión lo que queremos es que sea una iniciativa que efectivamente brinde el cumplimiento con las recomendaciones y que se busque la incorporación de estas.

Hay que aclarar que Guatemala no es que esté en incumplimiento con las 40 recomendaciones, sino que ha tenido cumplimientos parciales y, en algunos puntos, cumplimientos plenos de las recomendaciones. 

Entonces, lo que sucede es que la última vez que Guatemala actualizó su legislación fue en el año 2001, en la Ley de Lavado de Dinero, y obviamente se requiere una actualización por nuevos delitos, digamos, los activos virtuales, las criptomonedas, algunos otros agentes obligados que las recomendaciones integran para poder dar un mejor seguimiento a transacciones que puedan ser anómalas.

Considero que también el enfoque de riesgo está incluido.

¿Por qué es una actualización?

La iniciativa incluye básicamente los aspectos de esa actualización: un enfoque basado en riesgos, un enfoque estrictamente en cumplimiento de los aspectos que Guatemala está fuera de la normativa, digamos, en sujetos obligados, en integrar dos normativas.
Recordemos que se tiene una ley de lavado de dinero y otra ley sobre el financiamiento al terrorismo.  La propuesta en análisis integra ambas iniciativas en una sola nueva legislación que incluye los dos aspectos.

En los tiempos, ¿es viable que se conozca aún en el pleno?

Vemos una calendarización, y es probable que la Comisión de Economía logre tener avanzado su dictamen al final de este año.

No sé si por el cierre de las sesiones legislativas ordinarias, el 30 de noviembre, nos daría tiempo de llevarlo a discusión al Pleno. Si no, considero que debe ser aprobado, la iniciativa ser presentada, el dictamen, para que pueda ser discutido y aprobado al inicio del año entrante.

Entonces, ¿sí habrá dictamen?

Sí hay un dictamen de parte de la Comisión y esperamos que sea antes del fin de este año.

En diciembre hay dos sesiones extraordinarias todavía programadas en el Pleno. O sea, puede ser el 30 de noviembre o puede ser todavía en las sesiones, digamos, que se den en el mes de diciembre, que hay un par de sesiones todavía de la Comisión que se pueden realizar en el mes de diciembre.

Creemos que es difícil que podamos tener el dictamen para que ya sea agendado para discutir en el Pleno antes del cierre de este año. Pero el esfuerzo y el compromiso de la Comisión de Economía es poder buscar un dictamen de la iniciativa de ley todavía en este año.

En el Legislativo, ¿se comprende la importancia y lo que representa esta actualización de ley?

Creemos que se va a hacer un trabajo realmente importante hacia los diputados y también al ciudadano guatemalteco de a pie. Parte de las historias que escuchábamos, de las experiencias que tuvo, por ejemplo, Panamá, es que cuando uno cae eventualmente en una lista gris, eso puede llegar a tener afectación hasta el ciudadano común y corriente, que pueda tener un incremento del costo de los financiamientos a los que puede acceder.

Entonces, mientras los bancos tengan menos posibilidades de tener corresponsalías con bancos del extranjero, el costo de ese capital va a aumentar, y ese aumento se trasladaría en el costo del financiamiento a los usuarios del crédito.

Ese es el mensaje importante para que todos entendamos la importancia de la actualización de nuestra legislación. Creo que algunos diputados tienen algunas inquietudes en relación, por ejemplo, al tema de la economía informal.

Hay mucha gente que participa en secciones de economía informal, que hace transacciones en efectivo, que deben ser bien atendidas, para que no toda transacción en efectivo necesariamente sea una acción de lavado

Ley contra lavado es clave para el país

Luis Fernando Samayoa Delgado, director de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), aseguró que dan seguimiento a la discusión en el Legislativo sobre la normativa que actualizará las leyes para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), y recalcó la urgencia de su aprobación.

En una entrevista con Prensa Libre, el directivo enfatizó que esperan que la ley pueda ser aprobada de inmediato, ya que se trata de una urgencia nacional. Subrayó que se trata de una normativa que moderniza el combate al financiamiento del terrorismo y al narcotráfico, lo que la hace muy importante.

Samayoa calificó el contenido de la iniciativa como moderno y técnico, especialmente dentro del sector financiero, ya que está dirigida a cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Reiteró que esta ley no solo es clave para el sector financiero, sino para el país en general y para la ciudadanía. Por ello, hizo un llamado a los congresistas para que, si es posible, la aprueben por urgencia nacional.

El reporte de Análisis de Transacciones Financieras al 23 de diciembre indica que hay una disminución de monto de millones de quetzales denunciados por lavado de dinero, con respecto al 2021 que marco una cifra histórica de Q6 mil 134 millones.

Es decir, que bajó en Q2 mil 256 millones, con las estadísticas presentadas en ese reporte.

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Comparativo anual

Al hacer un cotejo con respecto al 2019 (año prepandemia), el monto fue de Q3 mil 119 millones, pero en 2020 disminuyó a Q2 mil 538 millones que representó una caída del 18%; en 2021 aumentó a los Q6 mil 134 millones, y repuntó en 75%, pero con las cifras actualizadas a la última semana, la tendencia marcaría una caída del 36%, ya que aún no se cierra el año fiscal y hacer la comparación interanual.

Para el analista Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación, este comportamiento mostrado en el período de análisis sobre los montos denunciados tiene una explicación que estaría asociado directamente a la pandemia.

Por la crisis sanitaria, explicó, hubo una disminución en los salarios, la pérdida de ingresos y paralelamente un cierre de micro y pequeños negocios, que todo esto obligó a que las personas que tenían las capacidades de blanquear dinero lo hicieran con más facilidad.

A la vez, posterior a 2020, se incrementaron todos los delitos relacionados patrimoniales, entre estos el lavado de dinero. Por otro lado, el monto se disparó en 2021 por que se relajó la persecución y en 2022 se empezó a entender que se “estaba sumamente relajados, se estaban produciendo un montón de delitos y que se tenían que seguir persiguiendo”.

En todo caso, lo que se está observando es que se retomaron los procedimientos operacionales en la IVE que está brindando los resultados, enfatizó.

La punta del iceberg

Las estadísticas oficiales indican que en cuatro años por monto denunciado por lavado de dinero en Guatemala es de Q15 mil 670 millones, pero es en 2021 cuando se alcanza la cifra más alta de Q6 mil 134 millones (que equivale al 39% del total) y en 2020 la más baja con Q2 mil 538 millones (16%).

En promedio significa que cada año el monto denunciado por la autoridad competente es de unos Q3 mil 917 millones.

Rivera Clavería es de la idea que esta cifra es la “punta del iceberg”, no son números determinantes y “todavía hace falta mucho por ver hacia abajo”, que es la otra parte del trabajo que debe hacer la unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público, sobre todo la Fiscalía de Lavado de Dinero.

“Lo que uno ve es lo que se logra detectar, pero debemos imaginar cuánto no se descubre”, precisó.

El analista consideró que el monto de lavado de dinero en Guatemala puede ser mucho mayor al recuento de los últimos cuatro años, y ejemplificó que solo por contrabando el importe puede ser unos Q40 mil millones anuales.

Prevención a futuro

El experto Rivera Clavería remarcó que, a futuro, se debe fortalecer la IVE, la parte de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el sistema bancario, sobre todo por ser un año electoral y es cuando más se mueve el financiamiento ilícito para las organizaciones políticas.

“El propio evento electoral va cubriendo una nebulosa en el territorio nacional y es cuando más controles se deben implementar, porque el lavado de dinero no va disminuyendo”, apuntó.

Recuentos

En cuanto a los reportes de transacciones sospechosas (RTS), en 2022 se han contabilizado cinco mil 485 y en 2021 fueron cinco mil 473; las denuncias y ampliaciones (de las ya existentes) fueron 235 similar al año pasado.

Mientras en el número de personas involucradas es de dos mil 195 este año, mayor a los mil 995 del año pasado o sea 10% más; en informes de extinción de dominio fueron reportados 16 y por monto Q88 millones, según las estadísticas oficiales.

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Ganancias por extorsiones

El informe “Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo el dinero” cuantificó que las ganancias que perciben las organizaciones criminales que se dedican a este flagelo en el país que es de US$40 millones como escenario bajo hasta los US$57 millones como alto, que equivale a un rango de Q310 a Q440 millones anuales.

El documento que elaboró la organización Global Financial Integrity (GFI) con sede en Washington, D.C., presentado en septiembre pasado, detalló que la cifra puede incluso ser mayor, debido a la poca disponibilidad de información, y parte de esas ganancias que reciben los grupos criminales, se podría destinar para el pago de salarios, inversiones, ampliaciones de operaciones de las empresas y la creación de nuevos negocios y se calcula que afecta unas 78 mil personas que equivale al 38% de la población.

Para El Salvador, GFI calculó entre US$190 millones y US$245 millones, y para Honduras entre US$30 millones y US$50 millones anuales, que impactan a unas 330 mil personas víctimas de extorsión en la región.

Una de las conclusiones del informe es que la extorsión deriva de delitos financieros como el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y la corrupción.

Los allanamientos se efectuaron en los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, donde se ubicó a los sindicados, aunque se sospecha sobre la participación de otras cinco personas más.

La investigación surgió por una alerta que emitió la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.

La denuncia establecía que hubo diversas transacciones por un valor de más de Q2.7 millones, a través de depósitos en efectivo y cheques.

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Según la fiscalía, estas transacciones se hicieron “de forma estructurada posiblemente para ocultar el verdadero origen de los fondos”.

De acuerdo con la investigación, las personas detenidas habrían prestado su identificación para que se facturaran los vehículos de alta gama a su nombre, pero sin contar con el perfil económico para su adquisición.

Las transacciones se dieron en el periodo comprendido del 8 de enero al 14 de octubre de 2020, según la fiscalía.

El operativo continúa en desarrollo indicaron ambas instituciones. Además de las capturas se incautaron tres armas de fuego con su documentación.

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Capturas

Al momento se reportan 9 personas aprehendidas, las cuales han sido identificadas como:

• Rosibel Aguilar Salguero
• Julio Cesar Pozuelos
• Ada Josabeth España Regalado
• Ondina Beatriz Sosa Garcia
• Cenderito Eugenio Ramírez Cruz
• Luis Eduardo Ortega y Ortega
• Glenda Lisset Rivas Tellez
• Ana Victoria Gonzalez Lima
• Cender Randolfo Ramirez Lima

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) —la unidad de análisis financiero— denunció en el MP Q4 mil 124 millones como blanqueo de dinero, datos hasta el 27 de agosto pasado. Esa cantidad supera todo lo denunciado en el 2020, que fue de Q2 mil 538 millones; es decir, Q1 mil 586 millones más.

Incluso, la cifra es más alta que los reportes del 2018, cuando fue de Q2 mil 356 millones, y los Q3 mil 119 millones del 2019, según las estadísticas oficiales.

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Cifra histórica

El jefe de la IVE, Saulo de León, explicó que la proyección para el cierre del 2021 sería de unos Q6 mil 500 millones, un monto histórico. El registro lo califica como positivo, pues, como unidad de inteligencia financiera, demuestra que se está detectando mejor y denunciando de manera oportuna al MP.

El intendente aclaró que han observado incremento en la utilización de los sistemas electrónicos de transferencias de fondos y que era natural que, durante la pandemia, en Guatemala se usaran los mecanismos electrónicos para el traslado de fondos.

Cifras hasta el 27 de agosto revelan que, en promedio, Q500 millones pudieron haberse lavado cada mes. “Hay que tomar en cuenta que es una muestra de un período determinado, y ya corresponde al MP establecer en cada caso la cantidad total utilizada para lavado de dinero”, insistió.

Los efectos de la pandemia, la reapertura económica, el acomodamiento y la activación del crimen organizado, así como la mezcla de las actividades —lícitas e ilícitas—, explicarían el incremento de la cantidad denunciada por la IVE, aseguró Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

¿Qué lo explica?

A pesar de la pandemia y las restricciones, las tipologías de lavado de dinero no se han detenido y el incremento de la cifra denunciada tiene una explicación.

De León indicó que sobre las tipologías hay varios aspectos, como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y otras actividades ilícitas que no descansan, pero que han identificado estructuras criminales que se dedican al tráfico ilegal de personas, que son actos calificados como delitos subyacentes que producen dinero ilícito.

“Hay un repunte en el tráfico ilegal de migrantes. Hemos identificado que hay estructuras que se han sofisticado, se han corporativizado en generar mecanismos de tráfico ilegal de migrantes”, puntualizó.

Para proveer ese servicio participan varios actores, pues las personas deben tener dónde pernoctar, transportarse y alimentarse, además de contar con insumos durante su trayecto, y toda esa logística de servicios que se prestan orbitan alrededor de una estructura criminal.

Guatemala es el último eslabón en el tránsito para dar el gran salto hacia México, y por eso se ha convertido en un punto de recepción y partida de migrantes de diferentes nacionalidades.

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Líneas de investigación

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, informó que existen líneas de investigación con más de 250 expedientes en la actualidad, y sobre las tipologías de lavado de dinero han tenido acercamientos con la IVE para coordinar y compartir la información de estas redes criminales, así como los reportes de transacción sospechosa (RTS) de quienes se encuentran en posible proceso.

En el trabajo de inteligencia financiera y en el seguimiento de la ruta del dinero se informó que se han detectado operaciones sospechosas. El patrón identificado es que hay personas en Guatemala que reciben remesas de África, Asia y Europa del Este, y que se sigue una ruta “muy identificada”.

El puerto —entrada del dinero— se ubica en departamentos del oriente del país —fronterizos— y luego se sigue una ruta hacia el occidente, lo que supone que operan estructuras nacionales que están en coordinación financiera y operativa con otras internacionales que se dedican al transporte de migrantes, se informó.

Campo confirmó que recibieron recientemente un pliego de denuncias que se relacionan con estructuras criminales que ahora investiga la Fiscalía.

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El intendente De León dijo que han identificado operaciones sospechosas relacionadas con criptomonedas.

“Se ha detectado la compra de estos activos virtuales en ubicaciones geográficas que no hacen sentido. Estamos determinando, estableciendo, qué es lo que puede suceder, ya que las criptomonedas son un tema totalmente novedoso”, dijo.

En este momento no existe un caso como tal, resaltó, solo han rastreado la transaccionalidad de criptomonedas, en la cual no se ha logrado determinar si son producto de una actividad criminal, pero llama la atención que se están utilizando en ubicaciones geográficas en Guatemala, como municipios del suroccidente.

Campo señaló que no se ha podido confirmar en los expedientes que llevan en curso, pero que es un extremo que no se descarta, sabiendo que las estructuras del crimen organizado han venido innovando en diferentes modalidades, pero que tratarán de profundizar.

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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, suscribió con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala un memorando de entendimiento para facilitar el intercambio de información y análisis de inteligencia financiera, para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros relacionados.

Nieto estuvo en el país la semana pasada, y se reunió con Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, y con Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público, con quienes se acordó fortalecer la cooperación para identificar flujos financieros relacionados con el tráfico de migrantes, corrupción y trata de personas, detalla un comunicado conjunto de Relaciones Exteriores y la UIF de México.

La delegación estuvo encabezada por Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, y forma parte del cumplimiento de los acuerdos suscritos el 4 mayo entre los presidentes de ambos países.

Esquema operativo

El fiscal Campo abordó con Nieto la preocupación que existe por parte de ambos países en el tema de la migración irregular, y se definieron mecanismos para intercambiar información financiera, que pueda ser de utilidad para las investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes desde Guatemala.

Citó como ejemplo que con la IVE se traslada información de inteligencia financiera de transacciones sospechosas de personas que están bajo investigación por parte de la Fiscalía.

El fenómeno criminal del tránsito ilícito de migrantes genera millonarios recursos financieros para los integrantes de los grupos delictivos organizados que operan a nivel trasnacional.

Alertas

El fiscal Campo dijo  que recientemente se advirtió que están ingresando flujos dinerarios a través de remesas y que podrían estar siendo dirigidos para el pago a coyotes. Aseguró que para la Fiscalía es importante darle el seguimiento a la ruta del dinero y para ello la colaboración de la UIF es relevante.

“Estos grupos organizados tienen la capacidad de generar millones de quetzales de origen ilícito. Son líneas de investigación y debemos proceder a intercambiar información con los países vecinos si esta modalidad es reiterativa, y así individualizar a personas beneficiadas con estos pagos ilícitos”, recalcó.

Investigaciones profundas

Juan Luis Carbajal Tejada, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, explicó que solo en Tapachula, México, hay 13 mil haitianos y africanos, algunos de ellos ya con un proceso legal y otros de manera irregular; muchos viven de las remesas que envían sus familiares.

Añadió que existe riesgo que personas inocentes que estén apoyando a migrantes puedan ser acusadas como traficantes o tratantes.

“Qué no se vaya a justificar resultados llevándose dentro de las patas a personas inocente, porque en la gente culpable van a encontrar a peces gordos”, puntualizó Carbajal.

Citó como ejemplo, el caso de una migrante con sus niños que fue abandonada por el coyote y está en la Casa del Migrante de Esquipulas por padecimientos y han recibido remesas por familiares en EE. UU., para que persona cuente con medicamentos y recursos.

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“Imagine usted que una persona de nuestra Casa, que está haciendo ayuda humanitaria y que recibió una remesa por que la migrante no cuenta con DPI, termine acusada de tráfico ilícito. Ojalá sean investigaciones serias y la mayor preocupación es que se puedan llevar a personas inocentes para justificar”, insistió Carbajal Tejada.

El directivo dijo que las investigaciones sobre el tráfico de personas que se lleven a cabo deben ser profundadas porque se pueden llevar sorpresas de las personas involucradas en esos negocios.

Sobre esta medida de intercambio de información, Carbajal Tejada, aseguró que se trata de presiones de Estados Unidos para contener los flujos migratorios irregulares.

Desarticulación

El fiscal Campo afirmó que el abordaje para los delitos de tráfico ilegal de personas será estratégico al fenómeno criminal y parte de este nuevo enfoque es brindarle un realce muy importante al lavado de dinero u otros activos, así como a detectar los bienes de procedencia ilícita, y realizar las coordinaciones con la Fiscalía de Extinción de Dominio, y que esos bienes puedan pasar al Estado.

Las líneas de acción es atacar el dinero ilícito, la recuperación de activos y primordialmente, la desarticulación de los grupos delictivos organizados a este fenómeno criminal, reiteró el fiscal, y manifestó que las causa de la migración en Guatemala son estructurales, por pobreza, pobreza extrema, falta de oportunidades de empleo, corrupción, sin embargo, como Fiscalía, están obligados a identificar a la mayor parte de estos grupos que operan el país a escala transnacional y trabajar con otros países para realizar operaciones conjuntas y hacer las desarticulación.

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Las alarmas se encienden ahora con la utilización de canales virtuales que pueden favorecer la actividad delictiva a partir del anonimato u otros servicios en los cuales se puede apoyar el crimen organizado, con el fin de encontrar las formas de ocultar digitalmente el origen ilícito de las ganancias derivadas de la actividad criminal, advirtió el guatemalteco Ricardo Vélez, uno de los expositores en el Cladit.

Alertas máximas

Heiromy Castro, director general de cumplimiento y Gobierno Corporativo de Banco de Reservas de República Dominicana, explicó en el foro que la pandemia modificó la forma tradicional de hacer negocios y se aceleró más la digitalización con el surgimiento del virus, que si bien puede generar beneficios desde el punto de vista tecnológico, también conlleva riesgos, y que requerirá respuestas regulatorias supervisoras.

El nuevo enfoque financiero será muy dinámico que obligará a los supervisores a reenfocar normativas, remarcó el directivo, al recordar que el uso de los dispositivos móviles y todo ese ecosistema tendrá una importancia.

Castro expuso que, para cada nuevo producto y sus variantes, el crimen organizado buscará las formas de fraude, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, financiación o desarrollo de armas de destrucción masiva, y esquemas de corrupción relacionados con las compras y adquisiciones por la pandemia, como vacunas falsas que se están comercializando en muchos países.

Esquemas de riesgos

El experto dominicano declaró que la “covidianidad” arrojó un esquema de alertas y perfiles para los países de la región y abogó por “una calibración mejor” de las alertas y que los “sistemas los bordeen los llamados” ante las situaciones que se puedan presentar.

Expuso que hay por lo menos 12 retos dentro de los cuales destaca el control de las criptomonedas, la inteligencia artificial, la evasión fiscal, la integración de datos biométricos, las migraciones, ciberdelitos y la supervisión basada en riesgos.

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“Hay grandes empresas criminales que están lucrando con las migraciones ilegales y sabemos que en Medio Oriente muchas células terroristas lucran con este tipo de crimen”, puntualizó.

Con respecto a los ciberdelitos, afirmó que estos viajan en la nube, y pueden ser secuestrados datos y hace poco una empresa pagó con criptoactivos, que son de muy difícil su rastreo, citó como ejemplo.

Castro enfatizó que dentro de la “covidianidad”, se pueden presentar riesgos de fraude por venta de vacunas falsas o irreales, robo de identidad ante el incremento de operaciones remotas, corrupción por abuso de los estados de emergencia, así como riesgos de compra y concentración de productos para la salud para especular con los precios.

También, falsificación de medicamentos, productos para la salud y alimentos, falta de control de comercialización de materias primas para el uso de fabricación de armas de destrucción masiva, riesgo de uso de vacunas o medicamentos contaminados por terroristas y hackers en teletrabajo.

“Lavado se intensificó”

Vélez, quien expuso sobre el tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo utilizando criptomonedas, comentó que el fenómeno del lavado de dinero vino a incrementarse y hay pronunciamientos en la región que no se debilitó por el covid-19, sino que se intensificó.

Anticipó que el hecho de que volvamos a la normalidad no significa que mañana se acabará el problema que las criptomonedas no muestran que todo se está volviendo virtual, sino que es un fenómeno que venía creciendo y lo que hizo la pandemia fue impulsarlo.

El experto enfatizó que las organizaciones internacionales que observan el tema han realizado una recopilación de experiencias a nivel latinoamericano de nuevos casos que se estaban observando, pero no se habla de nuevas tipologías y “las maneras como se lavan siguen siendo las mismas técnicas”, pero si hay un crecimiento de un tipo de delitos sobre todo de corrupción, falsificación de medicamentos, sobreprecios, debilitación de procedimientos públicos, aunque los controles siguen siendo los mismos.

Por otro lado, los organismos han señalado que existe una merma en la capacidad de los supervisores, por el mismo problema del distanciamiento y la no presencia del personal, así como los atrasos de evaluaciones a los países, así como una disminución de los reportes de operaciones sospechosas (RTS) como ocurrió en Guatemala en 2020, y en otros países.

Reiteró que, en el tema de las criptomonedas, hace falta una normativa y que es un problema a nivel mundial.

“Habrá casos”

Para Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), aseguró que cualquier estado de emergencia o de calamidad se puede prestar para actos de corrupción, y un caso de esto lleva emparejados actos de lavado de dinero.

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Es por algo por lo que, resaltó, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tenía tantos millones en efectivo escondidos en una casa en Antigua Guatemala, porque no pudo introducirlos al sistema, y lógicamente cualquier de emergencia y corrupción representa un riesgo latente de lavado.

Ahí las autoridades responsables de fiscalización deben verificar que el dinero ilegal no ingrese al circuito financiero.

“Grandes cantidades de dinero no se pueden introducir al sistema que provengan de actos casos de corrupción por los estados de emergencia, y por ahí se tiene que mejorar los procedimientos de control para evitar que dinero producto de la corrupción llegue al sistema”, subrayó Flores.

Reportes

Al 14 de mayo último la Intendencia de Verificación Especial (IVE) -que es la unidad de inteligencia financiera- reportó el análisis de transacciones y hay mil 865 RTS, 58 denuncias y ampliaciones, y un monto denunciado por Q797 millones.

Además, 499 personas involucradas -denuncias y ampliaciones-, mientras que por extinción de dominio dos, y Q19 millones en monto por informes extinción de dominio.

Las bandas organizadas que hacen operaciones de blanqueo de dinero de dudosa procedencia han migrado a canales remotos, lo que implicó intensificar los controles hacia las extorsiones, transferencias y transacciones en efectivo y el movimiento inusual de dinerario en las diferentes plataformas.

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Las autoridades han identificado ese flujo de dinero ilícito en por lo menos cuatro tipologías –estudio del patrón de comportamiento del delincuente–: movimientos de dinero en puntos fronterizos, trata de personas, migración irregular y extorsiones.

Migración

“La pandemia implicó quedarse en casa, y la industria financiera de pagos ha tenido que moverse de alguna manera a mecanismos electrónicos o transaccionales por vías remotas y se ha implementado e incentivado el monitoreo” de estas tipologías, explicó Saulo de León jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El intendente confirmó que en los análisis que han efectuado se detectó que “hay un incremento del uso de los canales electrónicos”, a través de denuncias que se han trasladado a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) para su investigación. En comparación con otros años, este patrón no se había experimentado.

“Estas modalidades ya identificadas se han incrementado, y derivado de las circunstancias de salud en las que estamos, los pagos y mecanismos electrónicos han tenido un aumento considerable”, aseveró a Prensa Libre.

Precisó que las personas obligadas cuentan con software especializados que monitorean la totalidad de las transacciones a partir de ciertas parametrizaciones que pueden considerarse como inusuales y que deban ser examinadas y reportadas a la IVE.

Cinco de cada 10 denuncias

El intendente dijo que entre 40 a 50% de las denuncias que se han presentado al MP en este año van enfocadas a delitos que se cometieron a través de estos mecanismos. Eso equivale a que cinco de cada 10 denuncias presentan este patrón detectado por la IVE.

Al 4 de diciembre, las denuncias y ampliaciones de denuncias por lavado de dinero son de 270, mostrando un incremento de 27% con respecto al mismo período del año pasado, cuando fueron 213 expedientes.

De la misma forma, el número de personas involucradas en las denuncias y ampliaciones registra un incremento de 20%, con dos mil 330 con respecto a mil 935 del 2019.

El monto denunciado por lavado de dinero es de Q1 mil 748 millones, menor a los Q3 mil 299 de hace un año. Mientras que los reportes de transacciones sospechosas (RTS) superan los tres mil 932.

Mover el dinero a toda costa

Ricardo Vélez, exjefe de la IVE, quien participó en el XV Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera que llevó a cabo la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG), declaró que el uso de los agentes no bancarios para la distribución de servicios financieros es cada vez un modelo más popular no solo en Guatemala sino a escala mundial, y existen los riesgos de la mezcla de esquemas de posibles casos de lavado de dinero utilizando las herramientas tecnológicas o digitales.

Remarcó que dada la situación del covid-19, puede ser utilizada por las redes criminales para mover flujos de dinero y transacciones.

Al respecto, de León enfatizó en que, desde hace varios años, se han implementado mecanismos en administración de riesgos que son: factor riesgo del cliente; factor de riesgo geográfico, factor de riesgo de producto y el factor de canal de distribución.

En este último se entiende como la forma en que las personas obligadas, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras o emisoras de tarjeta de crédito, prestan los servicio a sus clientes.

Tipologías

Con los análisis del origen de los fondos por medio de los factores de riesgo geográfico y la determinación de las tipologías de lavado de dinero, la IVE determinó que el movimiento de dinero en efectivo en los puntos fronterizos responde a la defraudación aduanera y contrabando.

En las transacciones que se mueven en las rutas internacionales hay indicios de trata de personas o migración irregular. También las redes están utilizando los mecanismos electrónicos para el cobro de extorciones, que incluso se pagan a nivel internacional.

Manteamiento de controles

En el factor de riesgo de canal de distribución, el intendente explicó que en este caso es el internet, la aplicación móvil y los mecanismos de comunicación remota que en este momento son importantes.

Confirmó que se han establecido discusiones para que las personas obligadas tengan la capacidad de capturar la información del cliente mediante los mecanismos que les permitan verificar fehacientemente la identidad y la naturaleza del origen de los fondos.

Recordó que, en febrero, antes del inicio de la pandemia, la IVE distribuyó el formulario electrónico de información del cliente, que es un mecanismo que le permite a la persona obligada capturar la información, y “a su vez les impone la obligación de verificar fehacientemente mediante mecanismos novedosos, la información y la identidad de los clientes”.

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Aunque la tipología criminal se identificó hace un año, en el primer semestre a consecuencia de los efectos del covid-19 desde marzo, se incrementaron las alertas por el retiro de dinero de las transacciones en el vecino país.

Transaccionalidad

El intendente de la IVE, Saulo de León, explicó a Prensa Libre que no se puede asegurar el delito precedente de esta transaccionalidad, pero que existe una fuerte sospecha que es derivada del contrabando que existe entre México y Guatemala.

Destacó que las operaciones implícitamente deben hacer un cambio de moneda, es decir, se depositan quetzales en Guatemala y se retiran pesos en México.

“Identificamos que estas personas que depositan tienen residencia en varios departamentos de Guatemala; se identificó la transaccionalidad, y se entiende que está relacionado con el contrabando aduanero”, expuso el intendente.

Muestra millonaria

De León afirmó que el monto detectado por la IVE entre el año pasado y este es de Q30 millones y Q50 millones.

Aunque aclaró que es una muestra, y no se identifica la totalidad de la transacción, sino la tipología -estudio del patrón de comportamiento del delincuente-, que se transmite al Ministerio Público (MP), y será la fiscalía que realice la investigación para determinar la ampliación y profundizar sobre esas cantidades.

Lo que sí manifestó el jefe de la IVE es que las redes de contrabando tienen un interés de preservar su dinero, activo que anteriormente lo transportaban en efectivo, hacían el cambio de moneda y eso les representa altos riesgos físicos, o que fueran víctimas de robo, entonces, ahora prefieren utilizar otros instrumentos y utilizarlos.

Ubicación

La trazabilidad de la IVE también logró determinar los lugares de donde se hacen las operaciones con mayor precisión, y destacan los poblados fronterizos.

“Se consiguió determinar, los mecanismos de georreferenciación que se cuentan en la IVE, para determinar la transaccionalidad por zona geográfica, por departamento, por municipio, por sucursal, por cajero y tener una visión capilar de toda la operación que se hace”, puntualizó el intendente.

Declaró que se logró identificar una mayor intensidad de estas transacciones en las zonas fronterizas.

Estructuras se modernización

Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio Contra el Contrabando (OCC), expresó que las organizaciones criminales se están modernizando para llevar a cabo sus operaciones, y sus contactos o distribuidores del lado mexicano ya son “clientes frecuentes”, por lo tanto, hacen sus envíos de dinero por la vía electrónica para la compra de un furgón de mercadería, un camión de granos básicos o abarrotes que es la medida ellos utilizan.

Incluso los pedidos ya se hacen por medio de mensaje de WhatsApp, porque ya con conocidos y procede un depósito bancario a través del sistema bancario, y que permite operaciones continuas que son cobrados en el territorio mexicano a cambio de la mercadería, y esa es la forma en que el dinero se está moviendo.

“El dinero ya no se mueve en efectivo, ni en vehículos, en bolsas o en una maleta como era antes, sino que el modelo nuevo para poder pagar los productos son las transferencias”, indicó.

El coordinador del OCC citó como ejemplo que una estructura en Xela coordina con su contacto en México, define qué mercadería quiere, ya tiene la coordinación del transporte en balsa por el río, triciclos, cargadores al camión en Guatemala, para despacharse en la bodega que se indique en Quetzaltenango.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), señaló que el crimen organizado cada vez se envalentona por la falta de acción por parte de las autoridades en el tema de contrabando, y ahora hasta bancarizan sus operaciones con esquemas de lavado de dinero, y exhortamos a las autoridades a que sigan la ruta de ese dinero para procesar a los responsables.

Productos se ofrecen en redes

Mazariegos aseveró que existe una clasificación de los contrabandistas por los volúmenes de transacciones que manejan, y que, a raíz del confinamiento, hay una migración hacia las redes sociales donde se ofertan los productos mexicanos por pequeños comerciantes.

“Las ventas que se hacen en Guatemala son electrónicas, y son personas que cuentan con una pequeña bodeguita en casa, ofertan sus productos en las redes, reciben el pago electrónico y despachan de los bienes, como huevos, leche, abarrotes, ropa y otros artículos que se ofertaban en los mercados”, mencionó.

Estos pequeños comerciantes, según los análisis de la OCC, manejan transacciones entre US$3 mil a US$9 mil, que en su equivalente es de 23 mil a Q70 mil-.

Pero también están los grandes o fuertes comerciantes, que llenan sus bodegas, que cuentan con flotillas de transporte, hacen transacciones que superan los US$10 mil en promedio, y que también hacen su promoción en redes, añadió Mazariegos.

“Observamos lo que se publica en redes, las personas que los contactan entre el comprador y vendedor y el movimiento del contrabando se han incrementado y por ende las transacciones. Hay personas que compran diez cajas de huevo y la pagan por transferencia”, puntualizó, y el cambio se debió al cierre de los mercados, o que las personas no salen a realizar sus compras.

Mazariegos reiteró que no hay control en frontera, a pesar de la instalación del puesto de control interinstitucional para el combate al contrabando en Pajapita, San Marcos.

CIG: “Ha aumentado el movimiento en las redes sociales”

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala  (CIG), comentó como este flaguelo esta evolucionando.

¿Cómo han evolucionado las redes del contrabando desde el punto de vista financiero?

Han evolucionado en la forma en que operan estas estructuras. Anteriormente actuaban en mercados cantonales y ahora hemos visto más movimiento desde redes sociales. Este es un golpe duro para el sector industrial, ya que estas estructuras criminales ofrecen servicios a costos mínimos, no pagan locales, sueldos y ninguna de las responsabilidades con las que cumplí la empresa formal.

¿Qué información maneja la CIG sobre los movimientos financieros y económicos que hacen estos grupos?

Como institución tenemos información en sí de los puntos de venta de productos de contrabando, esta información se la damos a conocer a las instituciones del sector público que tienen por ley la persecución de este y otros ilícitos.

Nuestra solicitud en representación de los sectores afectados siempre es que, tanto el MP, como Gobernación y la SAT den el seguimiento oportuno a todos los posibles casos identificados de contrabandistas.

¿Qué piensa de que las redes de contrabando ya migraron a plataformas de bancarización para hacer sus pedidos a sus contactos en México, según sospecha la IVE?

Esto es tal cual la teoría del delito: evoluciona de acuerdo con las necesidades. En esta dinámica, las transacciones bancarias las utilizan para disfrazar las fachadas de empresas, para evitar en todo momento ser objeto de investigación. Consideramos oportuno el trabajo en conjunto de las instituciones que tienen relación para dar el seguimiento oportuno a casos de redes de contrabando e investigar los posibles nexos con otros ilícitos.

¿Por qué es importante golpear financieramente a estas estructuras?

En primera instancia, se les limita el flujo de efectivo para seguir generando la dinámica de compra y venta de los productos. Por otro lado, se les expondría para que declaren las fuentes de ingresos, con lo cual al no cumplir con esto se desencadenaría todo el origen de la estructura.

¿Qué propuesta hacen para vigilar y supervisar las transacciones vinculadas al contrabando?

Al final, para todos los productos en el mejor escenario deben de ser verificados en aduanas, en el caso muy puntual con Guatemala y México en donde la función principal de fiscalización de SAT es muy importante. Con relación a movimientos bancarios proponemos motivar e incentivar la denuncia y por otro lado instar a las instituciones bancarias a notificar al IVE de manera oportuna sobre las transacciones sospechosas.

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La IVE, que es la unidad de inteligencia financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB), confirmó que hay un incremento de reportes de transacción sospechosa (RTS), así como de personas supuestamente vinculadas con casos de extorsión.

Alerta funciona desde mayo

Las alertas que recibe el sistema se reciben desde mediados de mayo, cuando inició tanto la entrega de los fondos como la creación de las cuentas virtuales con código al beneficiario, que se puede canjear de una sucursal, retiro en cajero automático o consumo en algún establecimiento con POS.

Saulo de León, intendente de la IVE, declaró a Prensa Libre que las acciones del Gobierno para dispersar dinero han establecido mecanismos y alertas tempranas para detectar transacciones sospechosas, que pueden provenir de este subsidio estatal.

El objetivo es evitar que estos recursos lleguen a las estructuras de extorsión y a aquellas relacionadas a personas expuestas políticamente.

Hasta el viernes 31 de julio, el Bono Familia llevaba una ejecución del 43%, que equivale Q2 mil 47.6 millones y un saldo disponible de Q3 mil 952 millones, según Ministerio de Finanzas.

El fondo es de Q6 mil millones, y están inscritas 6.5 millones de familias.

Tipologías y base de datos

Estas redes pueden emplear diferentes tipologías –estudio del patrón de comportamiento del delincuente–, y diferentes mecanismos en que se pueden utilizar.

De León explicó que, aunque se han identificado varias tipologías, las más comunes son el robo de contadores de energía, documentos -facturas- y el uso de testaferros para ponerse como beneficiarios del apoyo económico.

“Principalmente la IVE generó una base de datos de personas que han estado involucradas en casos de extorsión, y las entidades bancarias asimismo cuentan con una base de personas que han sido capturadas, denunciadas o reportadas de pertenecer a estructuras de extorsiones”, precisó.

Cuando una remesa o transferencia de Bono Familia llega a una persona y aparece en la lista, se genera una alerta, se comunica a la IVE, se hace el análisis y se traslada al Ministerio Público (MP) que deberá hacer una investigación para determinar si se cometió algún acto delictivo.

Explicó que cada una de las entidades bancarias y cooperativas de ahorro y crédito manejan a lo interno un control de las personas que han sido utilizadas para cometer el delito de extorsión. De la misma forma, la IVE lleva un registro de los casos que se han presentado al MP para determinar cualquier coincidencia futura.

“Las redes identifican a aquellos perfiles que son beneficiarios o que pueden ser beneficiados, utilizan testaferros para canalizar el dinero, chantajean a la persona que recibió el subsidio y exigen que les sea entregado directamente”, puntualizó.

También existe el mecanismo de usar cajeros automáticos o cuentas de ahorro infantil, una práctica común de estas estructuras, para la canalización de fondos provenientes de la extorsión.

Reiteró que, si se detectara un caso en el traslado de fondos, los bancos y la IVE tienen la capacidad de identificar casi inmediatamente que el dinero tiene un origen dudoso, y que se acredite a una persona que fue reportada como perteneciente a estas estructuras.

En el momento en que sucede, se genera una alerta y el banco tiene la obligación de presentar un RTS.

Luis Lara Grojec, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), mencionó que se trabaja en coordinación con las autoridades de la IVE para tratar que el programa de ayuda funcione de acuerdo con los principios con los que fue creado. “Se hacen los análisis adecuados para que el programa funcione a sus lineamientos”, aseguró Lara Grojec.

Denuncias aumentan

El intendente dijo que algunos beneficiarios de los programas pueden ser susceptibles a recibir dinero dudoso de otros individuos, y que esto implicaría serios problemas. Por estas razones, la SIB mantiene la campaña de no prestar su cuenta bancaria.

Confirmó que uno de los flagelos que creció en medio de los efectos de la pandemia es la utilización y activación de las estructuras de extorsión y el 75% de las denuncias presentadas al MP están vinculadas con estas redes.

Hasta el 29 de julio las estadísticas de la IVE eran:

• Denuncias y ampliaciones de denuncias: 187
• Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) denunciados: 255
• Monto denunciado: Q1 mil 51.6 millones
• Personas involucradas -denuncias y ampliaciones-: 1 mil 830

El intendente resaltó que llama la atención el número de personas involucradas, que estaría alcanzando el total del 2019 que fue de 1 mil 935, es decir, el 95% de lo registrado el año pasado ya se alcanzó en julio de este año.

Personas expuestas

Al igual que en las extorsiones, los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito están generando RTS en personas políticamente expuestas, y las operaciones que se realicen tengan una lógica económica o legal.

“Se está buscando que el beneficio llegue a las personas realmente necesitadas y que no exista una reorientación”, agregó.

Recordó que las Peps no solo incluyen a funcionarios públicos, sino también a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Mides: “La IVE giró oficio a las instituciones bancarias”

El Ministerio de Desarrollo (Mides), brindó su postura con respecto al trabajo que realiza la IVE en el programa social.

A continuación, las respuestas que atendió la unidad de comunicación del referido ministerio.

¿Qué pasa si una persona beneficiada es parte de la lista y vinculada a estructuras de redes de extorsión y personas políticamente expuestas?

El Mides no cuenta con la información de personas vinculadas a redes de extorsión y personas políticamente expuestas, más sin embargo, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, giró un oficio a las instituciones bancarias que participan en el Fondo, en donde les solicita adecuar los programas, normas, procedimientos y controles internos, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, respecto de las transacciones relacionadas con la entrega del beneficio, correspondiente al Fondo Bono Familia, al que se hace referencia en el artículo 2 del Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, a los beneficiarios que indica la mencionada disposición legal; así como lo instruido mediante Oficio No. 3467-2020 del Superintendente de Bancos.

¿Cuántos casos han sido detectados y no haberles realizado los desembolsos?

El Mides no cuenta con la cantidad de casos detectados, ya que dicha información la posee únicamente las instituciones bancarias que participan en el Fondo, que de conformidad con los procesos operativos destinados para la creación y acreditación de fondos a cuentas monetarias Bono Familia, las instituciones bancarias pueden notificar al Mides que, por políticas internas de cada institución, no se crean/acreditan o bloquean fondos a las cuentas Bono Familia.

¿La IVE señala que mantiene alerta para que personas beneficiadas puedan ser utilizadas como testaferros?

El Mides no cuenta con información al respecto, pero es probable que la IVE si mantenga comunicación con las instituciones bancarias que participan en el Fondo al respecto de la consulta.

¿Qué filtros están utilizando para la selección de las personas beneficiadas del Bono Familia?

Según el Decreto 13-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, y las reformas establecidas a este, mediante Decreto 22-2020 del Congreso de la República de Guatemala, los criterios de exclusión son los siguientes:

• Personas o familias que habiten en una vivienda cuyo consumo eléctrico haya superado los 200 kWh durante el mes de febrero.
• Servidores Públicos.
• Personas que reciban beneficios derivados de cualquier sistema de pensiones, incluyendo las clases pasivas del Estado cuyo beneficio sea de dos mil quetzales (Q2,000.00) mensuales o más.
• Personas que reciban pensiones por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuyo beneficio sea de dos mil quetzales (Q2,000.00) mensuales o más.
• Personas que cuenten con contratos administrativos de prestación de servicios vigentes en el Sector Público.

También se establece como condición general que la persona beneficiada no reciba otros beneficios o aportes de programas destinados a la emergencia de COVID-19 o Transferencias Monetarias que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales se detallan a continuación:

• Programa Social Bono Social.
• Programa Social Beca Social.
• Programa para la Atención a las Niñas y Adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos casos hayan sido Judicializados.
• Intervención de Asistencia Económica Temporal para Personas y Familias afectadas por COVID-19 del Fondo de Desarrollo Social – FODES-.

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La IVE en Guatemala es la unidad de análisis financiero (UAF) que luego traslada las denuncias a la Fiscalía de Lavado de Dinero, tarea que procesa la investigación penal.

Saulo de León, jefe de la IVE, resaltó que lo más importante es la coordinación que se está realizando entre las Personas Obligadas, el Ministerio Público y la IVE.

“Estamos estableciendo mecanismos de calificación y asignación de Reportes de Transacción Sospechosa para comunicar oportunamente al MP de casos que podría catalogarse con indicios delictivos”, puntualizó.

Agregó que el aumento de las denuncias al MP se debe a la eficiencia en los procesos internos que estamos implementando, incluyendo mecanismos automatizados “machine learning” de análisis de datos.

Monto estimado

Dentro de las estadísticas sobresale que se incrementó en un 40% el monto denunciado por lavado de dinero en el 2019 detectado por la IVE.

La cantidad reportada fue de Q3 mil 298.9 millones, es decir Q942 millones más que en el 2018, cuando fue de Q2 mil 356.9 millones. En 2017, la cantidad fue de Q5 mil millones.

Además, hubo un aumento del 4.7% en los reportes de transacciones sospechosas (RTS).

El total de RTS fue de cuatro mil 462, mientras que, en el 2018, fueron cuatro mil 258, es decir, se incrementaron 204 expedientes.

Los RTS son alertas que luego de un proceso de análisis, se puede confirmar que corresponden a una operación sospechosa o bien, se puede aclarar que fue una transacción normal, pero que el sistema lo detectó con alerta y se requiere que las personas presenten los documentos que respalden la operación.

En promedio mensualmente se detectaron 371 reportes en 2019. Las cifras detallan que del 2017 al 2019 el número acumulado de RTS es de 11 mil 613.

Denuncias

Además del monto también hay aumento en las denuncias que la IVE traslado a la Fiscalía.

Las denuncias y ampliaciones se incrementaron 165% y se presentaron 210; mientras que, en 2018, fueron 79.

En estos casos hay denuncias nuevas, mientras que las ampliaciones corresponden a otros hallazgos de uno o varios casos que ya eran sujetos a investigación por la IVE.

Por otro lado, el número de personas involucradas en casos de lavado de dinero se incrementó en 57% y fueron denunciadas mil 932.

En 2018, fueron mil 230 personas involucradas y en el 2017, dos mil 674, respectivamente.

Las denuncias ya son procesos que tienen elementos de un delito.

Extinción de dinero

Con respecto a los informes de extinción de dominio, se presentaron 38 casos, mientras que en el 2018 fueron 63.

Con relación al monto de los informes de extinción, fueron Q261.7 millones, menor a los Q3 mil 845 millones del 2018 y Q3 mil 101 millones del 2017.

Estrategia regional

A mediados de diciembre las UAF de El Salvador, Honduras y Guatemala, suscribieron acuerdos para intercambiar información relacionada a la trata de personas y la extorsión.

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Estas acciones forman parte de una coordinación interinstitucional con los Ministerios Públicos y de Gobernación de los países para combatir a las organizaciones criminales desde el punto de vista financiero.

Las primeras acciones en campo se estarían ejecutando en un período de seis a ocho meses, se informó.

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Cobar Bustamente fue detenido por supuestamente haber lavado dinero de actividades provenientes del narcotráfico, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y se trata del primer caso que involucra a un directivo activo de una institución financiera envuelto en un caso de esta naturaleza.

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El detenido era director titular del consejo de administración de Bancredit, es decir, tiene voz y voto en las decisiones que adopte la institución.

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La fiscalía en cuestión tiene razones para creer que el guatemalteco se habría aprovechado de su cargo para efectuar las actividades ilegales, ya que hubo una operación encubierta para reunir la información como evidencias.

El método que utilizó es complejo, y al parecer utilizó simulaciones para efectuar las transacciones a manera de no ser detectado, que correspondían a las ganancias provenientes del narcotráfico.

No se sabe con precisión si Cobar Bustamante llevó a cabo las transacciones, ni el monto específico que pudo haber blanqueado, utilizando la entidad a la cual pertenecía.

“Es un caso aislado”

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) y Christian Nolck Rodríguez, vicepresidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), opinaron que este proceso hay que verlo como aislado, focalizado e individualizado.

“Los controles bancarios y financieros que tienen los Estados Unidos son de alcance global y lo que muestra este proceso es que las regulaciones de ese país tienen una gran incidencia sobre el sistema financiero guatemalteco. Prácticamente todas las operaciones internacionales que se hacen desde Guatemala pasan por el sistema de los Estados Unidos”, indicó Carrasco.

Reiteró la importancia de regulaciones contra el lavado de dinero y anticorrupción, que tienen un alcance mucho mayor de las fronteras.

Dijo que en este particular que se desveló debe haber mayor coordinación entre las autoridades financieras locales y las de Estados Unidos.

Nolck Rodríguez afirmó que, aunque no hay detalles más exactos, el caso es una situación aislada, y que el sistema nacional financiero ha mostrado constantemente su funcionamiento adecuado.

“El sistema financiero es sólido y está posicionado como uno de los más estables y eficientes de Latinoamérica”, manifestó el vicepresidente de CFG.

En todo caso, consideró que no pone en riesgo el sistema.

Las cifras de la Superintendencia de Bancos (SIB) al 30 de septiembre último, detallan que el total de activos de las entidades bancarias es de Q342 mil 622 millones, de cuales Q183 mil 168 millones, corresponden a la cartera de créditos, e inversiones por Q102 mil 356 millones.

Mientras que Bancredit reporta un balance de Q780 mil 894 en activos netos, con una cartera de créditos por Q415 mil 57. En los últimos tres ejercicios, la entidad no reportó utilidades.

Mensaje de prudencia

Edwin Matul, analista de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) y exgerente del Banguat, dijo que las cifras que revela la SIB demuestran que el sistema financiero está solvente, sólida y solvente.

La misma posición reflejó Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, quien aseveró que el sistema está sólido, de acuerdo con las cifras presentadas por la SIB.

“El sistema financiero está operando con mucha solvencia”, reiteró el funcionario.

La noche del miércoles se esperaba que la Junta Monetaria conociera la situación de este directivo.

Iniciativa de ley

Para el diputado Luis Fernando Montenegro, miembro de la Comisión de Economía del Congreso, la situación actual no representa alguna amenaza para el sistema, pero recordó que en el Congreso hay un proyecto de reformas a Ley de Bancos y Grupos Financieros, que se quedó en su tercera lectura.

La iniciativa 5157 propone la facultad para que el Banco de Guatemala, entre al rescate de bancos privados que registren insolvencia y preserve la estabilidad financiera en protección a los usuarios.

“La SIB hace un trabajo muy minucioso para supervisar a los bancos y a sus autoridades y de cualquier manera el sistema financiero guatemalteco es muy sólido y no va a pasar para más”, al referirse a este caso.

Escenario

Carrasco dijo que esta situación fue una operación aislada en la cual es la responsabilidad de una persona (Cobar Bustamante) y no fue una actividad institucional, según lo que se conoce hasta ahora.

“Toda vez que las autoridades de Estados Unidos individualizaron esta acción relacionada a una persona no están relacionando a la entidad”, comentó el presidente de AmCham.

Recordó el caso de Honduras, en octubre del 2015, cuando se ordenó el cierre de una entidad bancaria, cuando se señaló a una institución bancaria por tráfico de drogas y lavado de dinero.

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“Son casos diferentes porque en Honduras eran actividades institucionales que afectaron a una entidad a nivel nacional y este caso es individualizado, de manera aislada, lo cual no afectaría al sistema y a la institución”, dijo el directivo.

Denuncias

Las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) al 8 de noviembre último, detallan que se han detectado tres mil 768 reportes de transacciones sospechosas (RTS) en el sistema bancario nacional.

Las denuncias y ampliaciones presentadas a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos son 153, que involucra a unas mil 43 personas, con un monto estimad de lavado de Q1 mil 870 millones.

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Saulo De León, intendente de la IVE, resaltó este martes que se han realizado los análisis de inteligencia y se han detectado Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) en el sistema financiero que determina la trata de personas.

Al 26 de agosto último, la unidad de inteligencia financiera determinó dos mil 857 RTS, y las 77 denuncias, así como ampliaciones en la cual el monto de lavado asciende a unos Q1 mil 600 millones.

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“El delito de tráfico de personas es una tipología nueva que se está identificando últimamente y se está colaborando con las fiscalías de Lavado de Dinero y de Trata de Personas para poder identificar los patrones de financiamiento de estas estructuras”, resaltó De León durante el XXII jornadas de conferencia sobre Supervisión Financiera que organizó la Superintendencia de Bancos (SIB).

Además, de estos delitos, la extorción y la corrupción son otras denuncias que la IVE presentó en lo que va de del año.

Por reserva, De León no brindó detalles sobre estos casos.

El pasado 28 de julio el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, declaró que se están trabajando operativos en busca de coyotes con fines de extradición hacia los Estados Unidos.

Además, que en el país está un equipo de unos cien agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Inteligencia criminal y Policía Fronteriza para desarticular a estas estructuras

Estructuras internacionales

Juan Luis Carbajal, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, indicó que el tráfico de personas es un negocio que deja grandes ganancias, por lo que se debe de brindar un golpe, sobre todo financiero.

Estas redes, explicó, trabajan en varios países del mundo y tienden a mover grandes cantidades de dinero entre los continentes.

“Es un negocio donde se maneja mucho dinero y puede ser que hasta autoridades estén involucradas, lo cual sería una sorpresa al revelarse las investigaciones”, puntualizó.

Otro flagelo, dijo, es la trata de personas con fines de comercio sexual.

Carbajal dijo que muchas veces se captura y se acusa a personas que transportan indocumentados, por esos delitos (trata) cuando en realidad son migrantes que viajan de manera voluntaria y pueda ser que respondan a presiones internacionales.

“Ojalá que se brinden golpes severos y que caigan las personas que tienen que caer en estos negocios ilegales”, subrayó.

Preparan política

El jefe de la SIB, Érick Vargas Sierra, explicó que prepara la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, en la cual participará el Banco de Guatemala (Banguat) y el Ministerio de Economía, para incluir a más personas al sistema financiero.

El lanzamiento a nivel nacional será en septiembre se presentará la estrategia.

Una buena parte de la estrategia se apoyará con instrumentos tecnológicos e innovación, así como la iniciativa de ley sobre el dinero electrónico.

Con esa iniciativa, explicó, se busca que se incremente el número de usuarios, para el acceso de los servicios bancarios, seguros y otros productos.

Byron Méndez, intendente de Estudios y Normativas, expuso que las Tecnologías Financieras (Fintech), es un camino que está recorriendo la SIB con un hop de innovación tecnológica en los modelos de negocios que utilicen tecnologías innovadoras.

Recordó que unas 19 empresas se han acercado a la SIB con los modelos innovadores de negocios, y se están realizando los diagnósticos, si se necesita hacer nueva normativa o bien hacer a la normativa vigente en cuanto al uso de estos instrumentos, para facilitar la innovación.

De acuerdo con los análisis, hay mercado para la cobertura de servicios financieros en el país.

Indicador

Méndez dijo que por el momento es muy prematuro conocer una reacción en el sector financiero luego de haber finalizado el proceso electoral, que se conoce por medio del crédito bancario.

“Creemos que esto se medirá a final de año y los indicadores de la cartera crediticia se están desempeñando de manera normal”, puntualizó.

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Sergio Recinos, presidente del Banguat, comentó que se está observando un mayor crecimiento en cartera crediticia de empresarial mayor, hipotecario y de consumo, como efecto de la campaña política que sugiere una reactivación.

El indicador se ubicó en 6.9% la última semana, según las estadísticas.

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El superintendente Érick Armando Vargas Sierra explicó este lunes que estas medidas forman parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) de la cual Guatemala es parte.

La iniciativa de ley estaría lista en las siguientes semanas para presentarla al Congreso y que cobre vigencia el próximo año.

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“Buscamos crear más controles y que ellos (como actividad profesional) reporten a la hora de estar revisando las cuentas de las personas o empresas pudieran brindar una alerta, al igual que los bufetes de abogados”, recalcó Vargas Sierra.

Las reformas van dirigidas a los profesionales como personas individuales, precisó el funcionario, luego de participar en el Ciclo de Jornadas Económicas que realizó el Banco de Guatemala.

El jefe de la @sib_guatemala Érick Armando Vargas Sierra, dice que @TSEGuatemala está dando seguimiento a cuentas de los partidos políticos y los límites. La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/PxaYjq90FI

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) June 10, 2019

Posibles efectos

El contador público y auditor Óscar Chile Monroy afirmó que, aunque no conocen la iniciativa, puede tener dos aristas.

La primera, dijo, sería que si está dirigía a los despachos de contaduría pública, solo revisan los balances contables, pero no determinan el origen del dinero, que es una competencia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la SIB.

“Los contadores públicos solo auditamos los balances financieros, pero no tenemos la facultad de determinar el origen del dinero”, puntualizó Chile Monroy.

Dijo que lo que se podría hacer es enviar un reporte mensual de las atenciones a las empresas, pero no determinar si es lícito o ilícito la liquidez de la empresa.

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Se conoció que el objetivo de la nueva ley es incluir a estas personas obligadas a reportar las transacciones de las personas en primera línea, es decir. sobre cómo actúan con el sistema financiero.

Chile Monroy dijo que se si llegara a incluir a los bufetes de contadores, también debería ampliarse a empresas constructoras, firmas de arquitectura, médicos especialistas en cirugías y empresas de ingeniería que también administran y manejan operaciones voluminosas y que deben conocer a su cliente.

“No puede haber un sesgo solo al sector de contadores públicos, si no ampliarse a otras actividades profesionales”, dijo el consultor.

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En total unos mil 111 reportes de transacciones sospechosas (RTS) en el sistema financiero ha detectado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) adscrita a la Superintendencia de Bancos (SIB).

De esos reportes se han confirmado 20 denuncias a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP), luego de determinar los análisis de riesgos, que incluyen a unas 174 personas involucradas.

El intendente Saulo de León explicó que en estas operaciones se han lavado alrededor de Q165 millones.

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Las transacciones están relacionadas con casos de extorsión, movimiento de transferencias y traslado de efectivo, sin contar con los sustentos —perfiles—, así como algunas personas expuestas políticamente (Peps), que es el patrón de los casos detectados.

El técnico no dio mayores detalles porque afirmó que los casos están en reserva.

De León indicó que los bancos del sistema han detectado los casos luego de que “se rompió” el perfil de la persona que hicieron las transacciones y se emiten las alertas para emprender las averiguaciones sobre el origen de los fondos.

Sara Sandoval, jefa de la fiscalía de lavado de dinero, dijo que no se puede relevar los casos que están en investigación.

Saulo De León, intendente de Verificación Especial (IVE), dijo que en lo que va del año se han detectado mil 111 Reportes de Transacción Sospechosa en el sistema financiero. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/dEL7gJDWCi

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) March 27, 2019

Plataforma

Durante la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, desarrollada ayer en el Palacio Nacional de la Cultura, se informó que se instaló una plataforma para detectar posibles casos durante la campaña política.

Las acciones se llevan a cabo en coordinación con la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la IVE.

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“El TSE tiene el control y fiscalización de las agrupaciones políticas, y la IVE su campo de acción es sobre las personas obligadas”, precisó De León.

El intendente aseguró que se han redoblado los esfuerzos para controlar a las Pesps y todos los casos se analizarán y se presentarán las respectivas denuncias en el MP.

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Este es un riesgo que asumen las compañías y que está generando cierta preocupación, por lo que se aconsejan adoptar medidas de contingencias.

La aplicación y los alcances de la Ley Magnitsky, así como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac, en inglés), cobra relevancia sobre todo por el anuncio de la posibilidad de publicar un listado de personas involucradas en casos de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), explicó que muchas empresas y personas individuales en el país desconocen cómo funcionan estos procedimientos, y sin estar involucradas en casos pueden resultar vinculadas, por haber sido proveedores o tener alguna relación de negocios.

“Hay mucha controversia sobre la aplicación de la ley, debido al alcance y las implicaciones que tiene a los agentes económicos, no solo a los estadounidenses, sino a empresas locales”, afirmó el directivo.

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Precisó que una vez una persona o empresa aparece en esos listados, prácticamente tiene una “muerte financiera”, debido a que no pueden tener ningún tipo de relación económica con el sistema financiero local e internacional y negociaciones con otras compañías.

Carrasco dijo que los empresarios deben conocer los riesgos de caer en una ley que no es nacional, pero cuyo alcance es directo a empresas o personas guatemaltecas.

La lista de la Ofac —la más actualizada—   incluye a   51 personas y empresas guatemaltecas y a una persona.

También a una persona a quien se le aplicó la Ley Magnitsky.

Prevención

El directivo, que participó en una conferencia sobre Lavado de Dinero y la Ley Magnitsky, señaló que las empresas deben de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento sobre trata de personas, terrorismo, derechos humanos.

Carrasco señaló que las empresas y personas deben de revisar constantemente a sus clientes, proveedores y las entidades con las cuales hacen negociaciones, puedan estar incluidas en estos listados y se corre el riesgo que puedan ser penalizados por la Ofac, que sin conocimiento están realizando intercambios con empresas que podrían ser señaladas.

El abogado Juan Sebastián Soto, quien fue uno de los expositores en la conferencia, recomendó a los empresarios a revisar las políticas de anticorrupción y antilavado, así como de conocer con quien hacen negocios.

“Recibir dinero, una dadiva o algún favor derivado de alguien más que lo hace las empresas o personas pueden estar sujetos a una sanción por el hilo conductor que hay, aunque no de manera directa”, aseveró.

El togado citó como ejemplo las sanciones, sería una especie de un efecto como la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, donde pudo haber fondos lícitos, pero al contaminarse con un fondo de una actividad.

Tipologías

El abogado colombiano Javier Coronado Díaz, destacó que a las empresas que llevan a cabo negociaciones internacionales, le debe de interesar conocer el cumplimiento.

Indicó que, en nuestro medio, cuando alguien incumple y que son designaciones, puede haber consecuencias penales y civiles.

"Guatemala ha sido parte de Convenios internacionales anti corrupción, derivado de eso Guatemala promueve la ley que busca erradicar la corrupción." Juan Sebastián Soto de A.D. Sosa&Soto #MagnitskyAmChamGT https://t.co/ASe8O1pGHJ pic.twitter.com/WBgKO8lnvi

— Amcham Guatemala (@AmchamGT) March 7, 2019

En las vías penales, las consecuencias para las empresas son para los directivos, oficiales, que pueden implicar delitos de lavado de dinero.

En las acciones civiles, están las multas millonarias a las compañías y el Departamento del Tesoro tiene esa potestad de poner esas sanciones en el mundo, ya que el sistema financiero suele pasar por los Estados Unidos.

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Agregó que la Ley Magnitsky castiga al que comete violaciones a los derechos humanos, pero también a aquellos que colaboran en el suministro de bienes y servicios.

El experto dijo que las principales tipologías que se han detectado son corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.

El único registro

El exdiputado Julio Juárez Ramírez, es el único que guatemalteco que ingreso en diciembre del 2017 a Ley Magnitsky y a la lista Ofac.

Desde que se incluyó en esa lista las entidades financieras y empresas dejaron de tener relaciones comerciales y de negocios a nombre del exparlamentario, por las sanciones de la Ofac.

Juárez Ramírez, fue señalado de ordenar el asesinato de dos periodistas en Suchitepéquez.

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El sector privado organizado ha mostrado su preocupación, una vez más, porque en las próximas semanas el presidente Jimmy Morales deberá hacer el nombramiento de quienes dirijan dos de las más importantes entidades que tienen que ver con la conducta macroeconómica del país y la otra con el monitoreo constante de los flujos de dinero en el sistema bancario, para detectar el uso de recursos ilícitos o la acumulación de bienes injustificados por parte de personajes públicos.

Estas instituciones, claves en importantes procesos económicos nacionales, son el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, y dentro de esta última se dio un paso trascendental con la creación de la Intendencia de Verificación Especial, que tiene a su cargo la estricta vigilancia del lavado de dinero, y su funcionamiento independiente ha sido clave en la lucha contra la corrupción.

En ambos casos, la principal recomendación que los empresarios han hecho es que en una coyuntura tan compleja como la que atraviesa Guatemala, paralizada por la inacción gubernamental, la falta de inversiones y una lucha decidida para combatir la corrupción, el Gobierno designe para esos altos cargos a personas idóneas, alejadas de cualquier sometimiento a grupos políticos.

El llamado es importante, pues denota la ansiedad empresarial de que no se eche a perder un proceso que ha llevado años consolidar, pero también porque el Gobierno ha dado señales preocupantes en la designación de otros cargos, en los que claramente se ha privilegiado a personajes cercanos a los círculos de poder político, marginando requisitos ineludibles para el fortalecimiento de la institucionalidad.

Ahora, incluso se ha recomendado confirmar en sus cargos a quienes han desempeñado de manera satisfactoria sus funciones, porque se le daría continuidad a un proceso de años, pero también para no correr el riesgo de politizar o de trastornar el funcionamiento de entes fundamentales para la estabilidad económica y darle seguimiento a una férrea vigilancia sobre el sistema bancario nacional y que no sea utilizado por intereses criminales.

Hacer lo correcto y atender el llamado empresarial debería ser la decisión más prudente que tome el mandatario, porque de lo contrario podría crear demasiado ruido en relevantes procesos económicos que transitan por una ruta de demasiada turbulencia y donde también hay diversos recursos de origen criminal buscando tomar vías de legalidad.

La fortaleza del Banguat, de la SIB y de la IVE no se debe poner en riesgo, a menos que el mandatario quiera enviar un mensaje distinto al sector privado, a los operadores económicos y a quienes todavía siguen esperando claros signos de cambio del viejo sistema.

La investigación de lavado comenzó por una denuncia presentada por  la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que reveló que del 19 de mayo de 2011, al 26 de agosto del mismo año, se giraron cheques de una cuenta única pagadora de la comuna de Palencia a la entidad Construdiseño, S.A.

Según el MP, la entidad Construdiseño, S.A recibió de la municipalidad Q1 millón 162 mil, de los cuales Q513 mil 959, fueron trasladados a las cuentas personales de funcionarios y empleados de municipales, aparentando un préstamo recibido que habría sido justificado con un documento privado falso.

Los señalados y ligados a proceso:

• Óscar Adolfo Ramírez Gramajo, fungió como director de la Unidad Administrativa Financiera. Es señalado de lavado de dinero u otros activos, falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.

• Julio César López Montenegro, fungió como asistente de administración; sindicado por  lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.

• José Estuardo Armiro Xujur, fungió como auxiliar de la alcaldía municipal de Palencia; señalado de lavado de dinero u otros activos, uso de documentos falsificados y obstaculización a la acción penal.

• Boris Omar Salazar Herrera, abogado y notario. Señalada de falsificación de documentos privados.

• Víctor Armando Gomez Ramirez, fungió como auxiliar de contabilidad, lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.

• Juan Alberto Morales Foronda, fungió como Tesorero, lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.

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• Fabio Pineda, fungió como oficial II, lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.

• Gloria Marisela Gómez Montenegro, fungió como receptora en la municipalidad, lavado de dinero u otros activos y falsificación de documentos privados y obstaculización a la acción penal.

• Tobias de Jesús Gomez Alvizures, fungió como concejal I, lavado de dinero u otros activos y obstaculización a la acción penal.

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Política

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Aunque por ley no puede revelar detalles de las investigaciones que cursa la IVE, el superintendente explicó que, de acuerdo —con la normativa—, la IVE hace la función de inteligencia financiera.

Entramado

 Edie Cux García, consultor  de Acción Ciudadana (AC), afirmó que no es de sorprender  que la IVE haya cumplido con su función de detectar el lavado de dinero que involucra a  políticos y a otras siete personas en el caso Odebrecht.

Señaló  que las transacciones en las que el dinero producto de los sobornos se filtró para hacer el entramado financiero hacia sus destinatarios,  probablemente salió a  luz luego de un intercambio de información en el sistema financiero en los bancos locales,  en Brasil, Suiza y otras entidades fuera de plaza —off shore—.

“La IVE es clave para resolver muchos procesos donde el crimen organizado participa, sobre todo en casos de corrupción, ya que son los que tienen la alerta temprana sobre los reportes de transacciones sospechosas (RTS), la facultad de conocer las cuentas bancarias, y aquellas transacciones que exceden de lo normal”, precisó Cux.

En alerta

En este contexto, Arévalo explicó que por   acercarse la época electoral  se suscribió un convenio con el Tribunal Supremo Electoral, para trabajar en conjunto con la IVE.

“Se hace el análisis estratégico en aquellas áreas donde puede haber mayor riesgo y, obviamente,  la temporada preelectoral es una de ellas”, aseguró.

El superintendente recordó que, con las reformas a la Ley Electoral, si una persona está financiando de manera ilícita una actividad, una agrupación o un candidato político, incurre en delito.

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El consultor de AC afirmó que las investigaciones que han presentado la  Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y al MP han sido contundentes, y que la IVE, con las reformas a la Ley Electoral, desarrollará un papel importante en las cuentas que manejarán los candidatos, personas allegadas a las agrupaciones y los propios partidos, los cuales tendrán que reportar que todo el financiamiento esté en orden y auditado.

Mario López, director ejecutivo de la Asociación de Gerentes de Guatemala, dijo que en este proceso debe  haber más auditoría social y ciudadana, para evitar el financiamiento ilícito a favor de las agrupaciones que participarán en la próxima contienda.

Respecto de Baldizón Méndez,  quien se encuentra en custodia en  Estados Unidos,  tiene una orden de captura  por  lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y cohecho pasivo,  en el caso Odebrecht.

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Al igual que el excandidato presidencial,  se involucra en el caso al exministro de Comunicaciones   Alejandro Sinibaldi Aparicio,   prófugo de la justicia.  

Sinibaldi  recibió supuestamente US$19.7 millones —Q146 millones—   de sobornos, que equivalen al 7%, por la aprobación de un préstamo para la construcción y ampliación de la ruta CA-2 Occidente.

El MP tiene pendiente  dar detalles  de cómo   pudo haberse fraguado la supuesta red que facilitó el pago de sobornos y las transferencias ilícitas.

casos en aumento

El año pasado, los  casos que detectó la IVE aumentaron   88% frente al 2016:

• • Hubo  dos mil 893  reportes  de transacciones sospechosas (RTS)  y aumentaron en  mil 360  respecto del 2016.  
• • Se  trasladaron 102 denuncias por lavado de dinero que involucran a   dos mil 283 personas.
• • El monto  estimado de lavado de dinero el año pasado es de Q5 mil millones.
• • En lo  que va del año se han reportado 301 RTS, dos denuncias y cinco personas involucradas con Q500 mil asociados a lavado de dinero.

La estafa

Así se fraguó la estafa a 12 mil cuentahabientes del Banco de Comercio

Con la detención del director de supervisión de la IVE, suman siete los detenidos por la acusación que señaló el Ministerio Público el pasado sábado de que personal de la SIB “se había aprovechado de sus cargos para modificar, ocultar y desviar información de las operaciones del Banco de Comercio”.

Masaya ocupaba uno de los puestos más importantes en el organigrama de la IVE.

La IVE es un tipo de unidad que internacionalmente se le conoce como Unidad de Análisis Financiero (UAF), de carácter administrativo, se rige según las disposiciones legales vigentes contra el delito de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el delito de financiamiento del terrorismo.

Conocerá proceso

Sergio Recinos, presidente en funciones de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala, explicó este martes que se solicitó a la SIB un informe sobre la situación del Banco de Comercio, así como de los funcionarios detenidos el pasado sábado.

“El proceso del banco de Comercio quedó liquidado en el 2007 con la creación de un fideicomiso de 25 años para la recuperación de activos”, afirmó Recinos luego de acudir a una citación al Congreso.

La Junta Monetaria conocerá ese informe en la sesión programada para este miércoles.

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Capturas

El pasado 19 de agosto, las autoridades capturaron  a seis funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la IVE, señalados de colaborar con directivos del Banco del Comercio para estafar a más de 12 mil personas.

El sábado pasado fueron capturados funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, dos entidades cuya principal función es velar porque no hayan flujos sospechosos de dinero y que quienes se dedican a hacer negocios con el movimiento de capitales no se aprovechen de quienes depositan su dinero, pero especialmente su confianza, en ellos.

Lejos de eso, y sin que todavía se sepa cuál fue el precio de corromper a esos funcionarios, varios de los hoy capturados se dedicaron a encubrir situaciones anómalas que desembocaron en un monumental fraude en contra de miles de ahorrantes, quienes perdieron sus recursos y algunos hasta la vida, gracias al contubernio de empresarios inmorales y funcionarios corruptos.

La estafa cometida por supuestos banqueros propietarios e inversionistas del Banco de Comercio se puso en marcha tan pronto como empezó el funcionamiento de esa entidad y desde el momento en que las leyes del país empezaron a actualizarse para combatir el lavado de dinero ellos también dieron inicio a la instauración de mecanismos que facilitaran la estafa, supuestamente sin que los funcionarios encargados de evitarlo, lo indicaran a las autoridades.

Ese es uno de los peores delitos que se puede cometer en un cargo público. Ser nombrado para cumplir con una función que no solo no se cumple sino que, lejos de ello, se abusa de los cargos para encubrir operaciones fraudulentas y alterar informes oficiales para robar los ahorros de miles de personas.

Una de las mezclas más letales que conspiran contra la vida y el desarrollo social es cuando empresarios y funcionarios se coluden para delinquir, a sabiendas de que están violando la ley, que no cumplen con sus obligaciones y todo ello con el vil propósito de apropiarse de recursos que, además de no pertenecerles, en la mayoría de los casos son el producto del esfuerzo de una vida.

Ante tal tipo de situaciones, resulta reiterativa la pregunta de hasta dónde llegarán las pesquisas del Ministerio Público en esa cruzada por la dignidad nacional. Una batalla que desafortunadamente se libra en medio de una gran soledad, sin el concurso decidido de las figuras más relevantes de los poderes del Estado y, peor aún, en muchos casos con la clara intención de boicotear y desprestigiar esos esfuerzos.

Quienes hoy se ubican del lado incorrecto de la historia cometen un gran error al creer que pueden salir victoriosos con sus acciones intolerables. Cuando Guatemala no pueda salir airosa ante el concierto de naciones vendrán otras presiones, como ya lo está viviendo México con la negociación de un nuevo Tratado de Libre Comercio, en el cual el combate a la corrupción puede ser determinante para disfrutar de algunos privilegios.