Bolsonaro exhibe su tobillera electrónica ante diputados y provoca tumulto en el Congreso brasileño

Jair Bolsonaro mostró públicamente la tobillera electrónica que le impuso la Corte por golpismo, durante una visita al Congreso brasileño que terminó en caos y dejó un diputado herido.

ACAN-EFE

21 de julio de 2025 | 20:33h

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Esta captura de pantalla de un video de AFPTV muestra al expresidente brasileño Jair Bolsonaro con su tobillera electrónica al salir del Congreso Nacional en Brasilia el 21 de julio de 2025. Bolsonaro, a quien la Corte Suprema le ordenó usar una tobillera electrónica, recibió el apoyo de los legisladores del Partido Liberal durante una reunión. (Foto Prensa Libre: AFP)

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) exhibió este lunes, por primera vez, la tobillera electrónica que debe usar por orden judicial en el proceso que enfrenta por intento de golpe de Estado, durante una visita a la Cámara de Diputados en Brasilia que terminó en tumulto y con un diputado herido.

Durante un discurso improvisado ante simpatizantes, el líder de la ultraderecha brasileña insistió en su inocencia y calificó la tobillera como una “humillación máxima”.

—No robé fondos públicos, no desvié dinero, no maté a nadie, no traficaba con nadie. Esto es el símbolo de la máxima humillación en nuestro país —afirmó ante sus seguidores.

Bolsonaro mostró la tobillera a la prensa tras una reunión con diputados y senadores opositores en la Cámara de Diputados.

El acto generó tumulto entre asistentes y periodistas. Una mesa de vidrio terminó quebrada y el diputado Nikolas Ferreira, aliado del exmandatario, sufrió un golpe cerca del ojo, al parecer con un celular. Aunque sangró ligeramente, afirmó que “no fue grave”, según medios locales.

La tobillera es una de las cinco nuevas medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema a Bolsonaro, acusado de encabezar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones del 2022.

También tiene prohibido salir de su residencia entre las 19.00 y las 7.00 horas, así como los fines de semana; usar redes sociales; contactar a embajadores o diplomáticos; y acercarse a embajadas o comunicarse con otros procesados.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, justificó las medidas ante los indicios de coacción, obstrucción a la justicia y atentado contra la soberanía nacional, según un informe de la Policía Federal.

Según la investigación, Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro —residente en Estados Unidos desde marzo—, intentaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump a ejecutar actos hostiles contra Brasil, con el fin de archivar el proceso por golpismo.

Este caso, que podría llevar al exmandatario a una condena de hasta 40 años de prisión, motivó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump a anunciar un arancel del 50% adicional a las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto.

Trump calificó el juicio contra Bolsonaro como una “caza de brujas” y pidió que “termine de inmediato”.

La Corte Suprema de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, informaron medios locales.

El alto tribunal también le prohibió acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como con otros investigados o procesados en el caso por golpismo.

El exmandatario fue objeto de registros por parte de la Policía Federal, que allanó domicilios vinculados al exmandatario, quien afronta un juicio en el Supremo por supuestamente liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Uno de los registros tuvo lugar en su domicilio de Brasilia y el otro en la sede del Partido Liberal (PL), formación que lidera el capitán retirado del Ejército, según la emisora Globonews.

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Estas nuevas diligencias se producen en medio de los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se detenga el juicio contra Bolsonaro, a quien considera víctima de “una caza de brujas”.

#ÚLTIMAHORA | La Policía afirma que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo maniobraron en los últimos meses con autoridades del Gobierno de Estados Unidos para imponer sanciones a "agentes públicos del Estado brasileño". pic.twitter.com/avBhLbAXHI

— EFE Noticias (@EFEnoticias) July 18, 2025

Bolsonaro es acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022, que ganó Lula.

La Fiscalía lo acusa de cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derechos, cuyas penas sumadas pueden llegar a los 40 años de prisión.

URGENTE.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil acaba de imponerle a Jair Bolsonaro la tobillera electrónica y le prohibió usar redes sociales.

Bolsonaro arriesga 40 años de cárcel por el intento de golpe en 2022.

Y acá tenemos a Kast avalando el intento de golpe. pic.twitter.com/4ALXSuewqI

— Tiempos Convulsos (@aquiradiomoscu) July 18, 2025

En paralelo, Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas por motivos principalmente políticos.

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El dirigente republicano mencionó en primer lugar el juicio por golpismo contra Bolsonaro y también criticó supuestas órdenes “secretas” e “ilegales” del Supremo brasileño para el bloqueo de perfiles en redes sociales dedicados a diseminar noticias falsas contra las instituciones democráticas.

Esto ha abierto una grave crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. Lula ha exigido respeto al Poder Judicial de su país y calificado los comentarios de Trump de “chantaje inaceptable”.

En la víspera, Trump envió una carta de apoyo a Bolsonaro en la que confió en un próximo “cambio de rumbo” del Gobierno de Brasil y pidió el fin del supuesto “régimen de censura” que impera en el país.

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El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes emitió la orden en el marco de una amplia operación especial para depurar responsabilidades por un presunto plan de golpe de Estado fallido.

La Policía Federal de Brasil investiga a una organización acusada de “intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho”, indicó en un comunicado.

La trama se habría desarrollado en los períodos previos y posteriores a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, culminando en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en enero del año siguiente.

Su fin último, según la policía, era asegurar por medios no democráticos la “permanencia en el poder del entonces presidente de la República”, Jair Bolsonaro, y evitar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna desde el 1 de enero de 2023.

En una publicación en la red social X (antigua Twitter), Fabio Wajngarten, asesor de Bolsonaro, afirmó que el expresidente cumplirá las órdenes de la PF.

Según Wajngarten, Bolsonaro se encontraba en su casa de Angra dos Reis, Río de Janeiro, acompañado de un exasesor.

En una entrevista con Folha de S. Paulo, Bolsonaro dijo: “Dejé el gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídenme, ya hay alguien más gobernando el país“.

Allanamientos y arrestos

Además de retirarle el pasaporte, las autoridades ordenaron a Bolsonaro no mantener contacto con otras personas investigadas.

Estas son sus aliados cercanos, desde exministros a altos cargos militares, que según la policía habrían formado parte de la organización.

Bajo el nombre Tempus Veritatis, el operativo policial cumplió diligencias en una decena de estados, donde dictó 33 órdenes de allanamiento y 4 mandatos de prisión preventiva, además de imponer a los sospechosos un total de 48 medidas cautelares.

La policía llevó a cabo registros en dependencias de los exministros y generales del ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que formaron parte del gabinete de Bolsonaro entre 2019 y 2022, y del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos.

Integran también el listado Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, y el exministro de Justicia Anderson Torres, que ya permanecía bajo investigación por el ataque a las instituciones que seguidores del expresidente perpetraron el 8 de enero de 2023.

En relación a este suceso también se investiga al propio Jair Bolsonaro por incitar a sus simpatizantes a tomar el poder por la fuerza.

De las cuatro ordenes de prisión expedidas por la Corte Suprema, tres han concluido con las detenciones de aliados del expresidente.

Estos son Filipe Martins, exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro; el coronel del ejército Marcelo Câmara, otro exasesor que estaba siendo investigado por el caso de presunto fraude con la tarjeta de vacunación del expresidente; y Rafael Martins de Oliveira, mayor de las fuerzas especiales del ejército.

También hay una orden de arresto contra el coronel del ejército Bernardo Romão Correa Neto, que se encuentra fuera del país.

El plan de insurrección

Los sospechosos se dividieron “en núcleos de actuación” para propagar sospechas de fraude en las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro en la segunda vuelta con un margen de 1,80 puntos porcentuales, según la investigación de la policía.

Ésta acusa a los investigados de diseminar estas sospechas “incluso antes de la celebración de los comicios” y asegura que su fin último era “legitimar una intervención militar”.

Su modus operandi habría consistido en crear una narrativa basada en informaciones falsas sobre las urnas electrónicas usadas en los comicios, las mismas que en Brasil se llevan utilizando desde el año 1996 sin incidentes.

La idea del falso fraude se propagó mediante la “difusión falaz de vulnerabilidades en el sistema de voto electrónico, discurso reiterado por los investigados desde 2019 y que persistió incluso después de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de 2022”, según las autoridades.

Estas también mencionaron “la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, mediante un golpe de Estado, con el apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.

Los hechos investigados constituyen, en teoría, los delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

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Bukele aspira a ser reelegido presidente en febrero de 2024 a pesar de que la oposición reitera que confluyen elementos de inconstitucionalidad en su decisión. Aunque la Carta Marga prohíbe la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que él puede participar en los comicios por segunda vez.

El fallo de la Corte Suprema salvadoreña es objeto de polémica, pues los partidos de oposición sostienen que es ilegal y han tratado de impedir que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera a Bukele, pero éste ha rechazado todos sus recursos de nulidad.

En este momento sólo Nicaragua y Venezuela disponen de la reelección indefinida de sus presidentes conforme a sus respectivas constituciones.

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En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega fue reelegido abrumadoramente en noviembre de 2021 para un quinto mandato presidencial y cuarto consecutivo. Su legitimidad está cuestionada porque su victoria estuvo marcada por la detención de siete aspirantes y la eliminación de tres partidos políticos antes de los comicios.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido en mayo de 2018 en un proceso criticado por la oposición y señalado de fraudulento por numerosos gobiernos. La alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática, contraria al Ejecutivo, no participó en aquellos comicios por considerarlos ilegales.

El gobierno de Maduro, con vistas a los comicios de 2024, ha promovido la inhabilitación de María Corina Machado, la precandidata que lidera las encuestas en la oposición. Ella se suma a otros dos importantes líderes opositores inhabilitados, Henrique Capriles y Leopoldo López.

Otros casos

A diferencia de lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua, en Colombia, Guatemala, Honduras, México y Paraguay la reelección presidencial está prohibida.

Incluso así, ha habido casos de aspiraciones irregulares a la reelección. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien se enfrenta ahora a un juicio por narcotráfico en EE.UU., logró la reelección en noviembre de 2017 pese a las denuncias de fraude y gracias a una cuestionada decisión del Tribunal Supremo, que en abril de 2015 inhabilitó 3 artículos que prohibían la reelección en la Constitución.

En Guatemala, la restricción a la reelección presidencial no impidió que el expresidente Álvaro Colom intentara que su esposa Sandra Torres fuera electa presidenta. La Justicia lo impidió finalmente.

Por su parte, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Bolivia y Cuba permiten presentarse de nuevo al término del primer mandato presidencial.

El expresidente Evo Morales intentó en Bolivia en 2019 cambiar esa norma a través del Tribunal Constitucional, pero en una consulta ciudadana los bolivianos negaron la posibilidad de que el entonces mandatario se postulara por otro período.

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Ya en 2014 para optar a un tercer mandato, Morales logró que se validara su particular interpretación de que el límite de dos legislaturas empezaba a contar a partir de la aprobación de la nueva Constitución de 2009.

En Brasil, Jair Bolsonaro se enfrentó para su reelección con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. El resultado de los comicios, que fueron muy reñidos, no contentó a algunos de los seguidores de Bolsonaro y en enero, al poco tiempo de la investidura de Lula, miles de radicales asaltaron las sedes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo en Brasilia.

Los lazos familiares también han servido para preservar el Gobierno. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta desde 2007 hasta 2015, recibió la jefatura del Estado de manos de su esposo, el hoy fallecido expresidente Néstor Kirchner.

La imposibilidad de reelección inmediata está contemplada en las constituciones de Chile, Perú, Uruguay, Panamá y Costa Rica.

Pero aunque está expresamente indicado, también hubo la excepcionalidad para mantenerse en el poder. El peruano Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y el 2000, alentó la reforma constitucional para permitir su reelección y finalmente abandonó su cargo a comienzos del tercer mandato por escándalos de corrupción.

Su hija Keiko Fujimori se presentó a las presidenciales de 2021 y perdió contra Pedro Castillo (2021-2022).

“Haz que Agentina vuelva a ser grande”, escribió Trump en la red social Truth, utilizando una versión de su eslogan de campaña.

Por su parte, Bolsonaro dijo en X: “La esperanza vuelve a brillar en América del Sur” y concluyó saludando a Trump, que pretende presentarse nuevamente a la Casa Blanca el próximo año: “Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y a Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros”.

Milei, Bolsonaro y Trump son a menudo descritos por algunos analistas como líderes populistas de un nuevo movimiento global de la “derecha antipolítica” (o, para algunos, la “derecha radical” o la “extrema derecha”) construido cuestionando a la derecha tradicional.

Los tres se presentan como “outsiders” y ganaron popularidad con un discurso antisistema y antiélites, y el uso de las redes sociales para conectarse directamente con sus bases.

Pero, a pesar de varias afinidades, también existen diferencias importantes entre los tres, que podrían reflejarse en el gobierno de Milei, que dará comienzo en diciembre.

BBC News Brasil habló con analistas sobre las principales similitudes y diferencias entre Milei, Bolsonaro y Trump.

Cultivo de la imagen de antisistema y de ‘outsider’

Al igual que Trump y Bolsonaro, Milei se presenta como alguien que no forma parte del establishment y que llegó para luchar contra las élites políticas.

“La casta tiene miedo”t, fue uno de sus lemas de su campaña.

Los analistas entienden que la “casta”, a juicio del ahora presidente electo, estaría compuesta principalmente por los políticos kirchneristas, pero también por los empresarios.

Debutante en la política, el meteórico ascenso de Milei se atribuye a su discurso contra “los políticos de siempre” y la decadencia de la Argentina “de los últimos cien años”.

Patricio Navia, profesor de la Universidad de Nueva York, entiende que esa característica de presentarse como fuera del sistema político es el principal punto de similitud entre Milei, Trump y Bolsonaro.

“Los tres se parecen en el sentido de ser antisistema, pero conocen bien el sistema. Y aprovechan ese conocimiento para decir: ‘Conozco el sistema, es corrupto y te discrimina y discrimina a la gente pura y honesta”.

La narrativa “antisistema” incluye el mensaje de que ellos son los “salvadores” que solucionarán los problemas del país, porque están mejor formados, pero también porque rescatarán un pasado supuestamente mejor que el actual, apunta Navia.

“Trump mantuvo el discurso ‘Make America Great Again’ (‘Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande’).

Milei dice que Argentina funcionó cuando se abrió al mundo pero que desde que surgió el peronismo (hace 80 años), el país entró en decadencia. Es decir, ‘Make Argentina Great Again’ (o ‘Hagamos que Argentina vuelva a ser grande’)”.

Navia ve algo similar en Bolsonaro. “Pero el mundo ideal de Bolsonaro era el de la vuelta a un Brasil en el que los militares gobernaban todo el país”.

Esta imagen, en los tres casos, se ve reforzada por un discurso marcado por una ruptura del protocolo político y un estilo belicoso.

“Los tres aprovechan este componente antisistema”, señala Carlos Gustavo Poggio, profesor de Relaciones Internacionales del Berea College, en Kentucky, Estados Unidos.

Poggio enfatiza que esto no es un rasgo objetivo, y es más una cuestión de estilo que de contenido, en busca de conexión con votantes que se consideran fuera de la política tradicional.

Pero, a pesar de las similitudes en la forma en que se presentan, los tres líderes tienen trayectorias diferentes.

Milei, fue economista en uno de los principales grupos empresariales de Argentina, la Corporación América, que tiene negocios que van desde la gestión de aeropuertos hasta la agroindustria y ganó fama con sus explosivas apariciones en programas de televisión.

Sin embargo, no entró en política hasta 2021, cuando fue elegido diputado. En aquel momento, la bancada de su partido, La Libertad Avanza, estaba formada únicamente por él y su actual candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel.

Bolsonaro sí contaba con tres décadas de experiencia como parlamentario cuando fue elegido presidente en 2018.

En el caso de Trump, que construyó su carrera como un exitoso empresario, su entrada a la política se produjo con su sorprendente conquista del Partido Republicano.

“Trump hizo campaña como un outsider, les dijo (a los votantes) que no era de Washington, que iba a Washington para sacudir las cosas y cambiarlas. También que aportaría sus habilidades como hombre de negocios”, le dice a BBC Brasil el politólogo Todd Belt, profesor de la Universidad George Washington.

Inicialmente rechazado por los políticos tradicionales, Trump acabó no sólo ganando las elecciones de 2016, sino transformando el partido a su imagen y semejanza.

Incluso hoy, después de perder las elecciones de 2020 y ser objeto de varias investigaciones, Trump sigue siendo el líder del Partido Republicano y el favorito en las encuestas para convertirse en el candidato republicano a la presidencia de las elecciones del próximo año.

“Ni Bolsonaro ni Milei tienen una estructura de partido como la de Trump“, destaca Poggio.

“Ésta también es una diferencia importante. Significa que tienen que recurrir a una cuestión mucho más personalista, mucho más centrada en la persona, ya que no pueden recurrir al discurso partidista“.

Uso de las redes sociales y base de votantes

Tanto Milei como Trump y Bolsonaro, al principio no fueron tomados en serio por sus oponentes ni por los medios tradicionales.

Los tres líderes son similares en la forma en que utilizaron las redes sociales para conectarse directamente con su base de votantes y luego captar la cobertura de la prensa.

Con declaraciones rimbombantes, evitando la “corrección política”, crearon momentos virales en redes como Facebook, Twitter o TikTok, y acumularon millones de visualizaciones. Esto, a su vez, llevó a los medios tradicionales a darles cada vez más espacio a estos candidatos.

Milei se ganó el fervor de esta base de seguidores con declaraciones estridentes y propuestas consideradas radicales.

Calificó el cambio climático de mentira socialista, prometió “dinamitar” el Banco Central del país y dolarizar la economía, calificó de “excremento” a la moneda local y al Papa Francisco, que es argentino, de “malvado”.

Con una chaqueta de cuero negra y un micrófono en mano, el argentino mantiene una imagen rockera en mítines y apariciones públicas sin temer a las críticas cuando afirma que sus perros, clones genéticos de su difunto perro Conan, son los “mayores estrategas (políticos) del mundo”.

“No hay nadie que haya podido utilizar las redes sociales para impulsar la cobertura de los medios tradicionales como lo ha hecho Trump”, afirma Belt, señalando que el éxito de la campaña estadounidense de 2016 sirvió de modelo para otros líderes mundiales.

Poggio señala que siempre ha habido candidatos con este estilo. Pero, antes de la popularización de las redes sociales, estos políticos eran filtrados por los medios tradicionales y no recibían tanta cobertura.

“En el pasado, los grandes periódicos y las grandes cadenas de televisión no daban cobertura a este tipo de candidatos”, afirma Poggio.

“Hoy en día, con las redes sociales sucede todo lo contrario. Obtienes más participación cuanto peor es tu lenguaje y más absurdo eres“.

Bolsonaro fue elegido presidente en 2018 a pesar de tener inicialmente solo 8 segundos de propaganda electoral en la televisión.

“Esto sólo fue posible gracias a esta fragmentación de la comunicación que existe hoy, habilitada por las redes sociales”, dice Poggio

Las redes sociales también juegan un papel central para Milei.

Su popularidad en las plataformas está impulsada por los jóvenes de la Generación Z, que constituyen una parte importante de su electorado.

Muchos están desilusionados con los políticos tradicionales, después de décadas de constantes crisis económicas en el país.

Milei ganó fuerza especialmente en TikTok, una plataforma donde tiene 1,4 millones de seguidores.

En sus mítines llama la atención la presencia de jóvenes menores de 30 años, especialmente hombres.

Muchos de los votantes que ayudaron a Trump a ganar la presidencia en 2016 también eran hombres, en su mayoría blancos sin título universitario.

Pero, a pesar de contar también con muchos votantes jóvenes, en el caso de Trump y Bolsonaro, la característica más llamativa de sus seguidores no es la edad, sino el sentimiento de alienación política, económica y cultural, en opinión de Poggio.

“Están fuera de la política tradicional, sienten que no tienen lugar, sienten que los políticos no los escuchan, sienten que necesitan a alguien que se presente como un outsider, que esté fuera de este sistema y que prometa destruirlo“, señala Poggio.

La visión del argentino Rosendo Fraga, del Centro de Estudios Nova Maioria, en Buenos Aires, es similar.

Para Fraga, los tres parecen haber entendido la frustración de las sociedades por la desigualdad, que lleva a sectores a identificarse con un “outsider” en busca de un progreso económico, ahora estancado, o de peticiones de “mayor severidad” en la seguridad pública.

Discurso anti China y antiizquierdista

China, al igual que Brasil, son el blanco constante de las críticas de Javier Milei.

Manifestó, en varias ocasiones, que los empresarios “son libres” de negociar con “los países que quieran”, pero que su gobierno no tendrá relación con ninguno de ellos pese a ser los principales socios comerciales de Argentina.

Milei entiende que China, gobernada por el Partido Comunista, y Brasil, actualmente presidida por Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, son países “comunistas y socialistas” y dice querer distanciarse de ellos.

Con estas posturas, Milei se presenta como anticomunista. Igual que Jair Bolsonaro. Ambos, junto con Trump, se posicionan en contra de las ideas y políticas de la izquierda.

El estadounidense, a su vez, también utilizó retórica anticomunista. En su campaña para las elecciones de 2024, ha dicho que quiere impedir la entrada al país de “comunistas y marxistas”.

Aunque los tres también hacen declaraciones contra China, los analistas recuerdan que existen diferencias importantes en este contexto.

Para Belt, en el caso de Trump, el discurso anti China no se basa en una ideología anticomunista, sino que está más vinculado al hecho de que muchos de sus seguidores, que habían perdido sus empleos en las fábricas, culpaban a China, y el candidato vio esto como una oportunidad.

“Lo primero que hizo Trump al llegar a la presidencia fue aumentar los impuestos a ciertas importaciones procedentes de China“, señaló el profesor Patricio Navia, de la Universidad de Nueva York.

Las disputas entre ambos países fueron constantes durante la administración Trump y, en cierto modo, continuaron bajo la administración de Joe Biden, señala Rosendo Fraga, del Centro de Estudios Nova Maioria, de Buenos Aires.

Poggio destaca que, a pesar de la similitud del discurso anti China, la realidad de Brasil y Argentina es muy diferente a la de Estados Unidos, que es la mayor potencia del mundo.

“Bolsonaro, tan pronto como asume la presidencia, se da cuenta de que este discurso anti China no podría aplicarse en la realidad, porque China es el mayor socio comercial de Brasil. Lo mismo sucede en Argentina. El gigante asiático es uno de sus mayores socios comerciales”.

Aborto y matrimonio homosexual

Milei y Bolsonaro también tienen similitudes en otros temas importantes para los sectores más conservadores de la sociedad, como las críticas a lo que catalogan como ideología de género y la oposición a la despenalización del aborto, ocurrida en Argentina en 2020.

Pero, si Bolsonaro se presenta como un defensor de la familia tradicional y conservadora, Milei tiene un discurso diferente, y se presenta no como conservador, sino como ultraliberal.

Aún así, Milei, que en algún punto de su campaña defendió la venta de órganos (posteriormente dejó de mencionar la propuesta), no se alinea con la libertad individual cuando el tema es el derecho al aborto.

Pretende convocar un plebiscito sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Aborto dejando claro que está en contra del aborto y la forma en que fue la ley fue aprobada en 2021 (con una votación en el Congreso).

Se declaró “provida” por convicción “filosófica, biológica y matemática”.

Carlos Gustavo Poggio, del Colegio Berea, recuerda que el aborto es un elemento importante porque involucra el tema de la religión y la base religiosa que apoya a estos candidatos.

“Pero, como en el caso de Milei, esta base no es muy significativa, para él este no es un tema tan importante”, señala Poggio.

“Para Bolsonaro si fue un tema central, precisamente para movilizar más votantes evangélicos y religiosos“, añade.

En el caso de Trump, uno de los hitos de su presidencia fue el nombramiento de tres jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos, que acabaron desempeñando un papel crucial en la sentencia, el año pasado, que anuló el derecho constitucional al aborto, garantizado desde 1973.

Pero, según Todd Belt, el ex presidente estadounidense no tenía una perspectiva conservadora sólida sobre el aborto y abrazó el tema más porque era políticamente ventajoso que por convicción personal.

“Trump nunca estuvo en contra del aborto hasta que se convirtió en candidato”, dice Belt.

Tras la decisión de la Corte Suprema, varios estados aprobaron leyes restrictivas en materia de aborto, y la cuestión ha beneficiado a los demócratas en las elecciones legislativas y estatales.

“Trump se ha dado cuenta de que este es un tema problemático para los republicanos. Lo ideal para Trump sería no volver a tocar el tema. Pero será muy difícil, porque los demócratas lo obligarán a discutir en el próxima campaña de las elecciones presidenciales”, afirma Poggio.

Cuando se trata del matrimonio homosexual, tema al que claramente se opone el bolsonarismo en Brasil, Milei defiende sus credenciales libertarias y dijo que no está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo porque “hay que respetar la individualidad”.

E incluso fue más allá al decir que está en contra de que el Estado formalice cualquier tipo de matrimonio. “Para mí, la elección sexual (de una persona) no importa en absoluto. Si una persona quiere estar con un elefante y tiene el consentimiento del elefante, es un problema entre la persona y el elefante. (..) Lo que puedes hacer es imponer cosas desde el Estado”, dijo durante una entrevista con un periodista peruano.

La frase de Milei provocó polémica por mencionar a los elefantes al hablar de homosexualidad.

La narrativa del fraude electoral

Trump rechazó su derrota en las urnas en 2020 y, pese a la falta de pruebas de irregularidades en los comicios, difundió entre sus seguidores la idea de que había habido fraude.

Esto culminó con la invasión del Capitolio, sede del Congreso estadounidense, el 6 de enero de 2021.

Un episodio similar ocurrió en Brasil tras la derrota de Bolsonaro el año pasado.

Alegando fraude en el sistema de votación electrónica, partidarios del presidente derrotado invadieron edificios del gobierno federal en Brasilia el 8 de enero de este año.

Según Poggio, Bolsonaro copió la estrategia de Trump.

“Es también un discurso importante para mantener movilizada a la base, un discurso que refuerza la identidad antisistema”, afirma Poggio.

“‘El pueblo me quiere, pero el sistema está en mi contra, no quiere que sea elegido'”, ejemplifica.

“Desafortunadamente, a pesar de violar las normas democráticas, es una estrategia exitosa”, destaca Belt.

“En Estados Unidos, todos los republicanos que se pronunciaron contra lo que hizo Trump y la violencia del 6 de enero terminaron (más tarde) apoyándolo. La prueba es que consiguió seguir dominando el partido”.

Milei, a pesar de ganar las primarias en agosto alegó fraude, y afirmó, sin presentar pruebas, que sus opositores le habían robado votos. Un periódico argentino comparó la estrategia con la de Trump y Bolsonaro.

Autoridades del sistema electoral criticaron la actitud y afirmaron que el procedimiento de votación argentino es “confiable”.

Libre mercado y apoyo de los principales sectores económicos

Milei ha declarado que el Estado “simplemente es un obstáculo” y defiende la libertad de mercado. Dice que cree que los empresarios serán más prósperos y habrá menos corrupción si las negociaciones comerciales, incluso con otros países, no incluyen la presencia estatal.

La casi ausencia del Estado defendida por Milei lo diferencia del “proteccionismo de Trump” y de la postura de Jair Bolsonaro cuando estaba al frente de Brasil.

“Bolsonaro quería un Estado poderoso que promoviera reformas conservadoras. Era neoliberal en algunas cosas, pero también muy conservador y proteccionista en otras”, afirma Navia, de la Universidad de Nueva York.

“Trump quería un Estado proteccionista. Se diferencian en una serie de dimensiones que son muy importantes en las políticas públicas”.

El argentino no cuenta con el apoyo explícito de los sectores empresariales del país, que temen tanto la implementación de sus propuestas, como la dolarización de la economía y lo que suceda con las relaciones con Brasil y China, países que critica.

En un discurso ante empresarios, Milei afirmó que pondría fin a las obras públicas y fue aplaudido tímidamente.

Según el analista argentino Rosendo Fraga, el empresariado prefería a Sergio Massa porque ya lo conocía. Durante la campaña, Milei se negó a reunirse con la Unión Industrial Argentina.

El experto valora, sin embargo, que la “resistencia” del empresariado y del mercado financiero se verá suavizada.

El argentino recibió el apoyo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), bien considerado por grandes sectores económicos.

“El mercado se resiste a Milei porque no lo controla ni él se deja controlar por ellos”, dice Fraga.

Milei cuenta, sin embargo, con el apoyo de sectores como las empresas tecnológicas e incluso del sector petrolero, que están descontentos con la política económica de Massa.

La gran expectativa es que Milei anuncie un Ministro de Economía confiable, para disminuir la desconfianza.

Ésta fue la estrategia utilizada por Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo pilar de su primera campaña fue el liberal Paulo Guedes, anunciado como su zar económico.

El ex ministro de Economía brasileño ya gozaba de buena reputación en el mercado y obtuvo un apoyo mayoritario en el sistema financiero y en importantes sectores empresariales.

Militares y dictadura

Milei y Bolsonaro también tienen puntos de contacto en su relación con los regímenes militares pasados de ambos países, una realidad sin paralelo con los Estados Unidos de Trump.

Capitán retirado del Ejército, Bolsonaro hizo del reclamo de la dictadura brasileña (1964-1985) una pancarta de campaña, defendiendo sus supuestos avances económicos y rechazando acusaciones de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período.

Milei llevó el tema a la campaña argentina de una manera sin precedentes desde la vuelta a la democracia en 1983.

En dos debates, el argentino cuestionó el número total de víctimas de la dictadura del país, alegando que no fueron las 30.000 reportadas por organismos de derechos humanos.

Los analistas entrevistados entienden que Milei sigue la agenda de su candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel, que ha dicho que tiene intención de revisar las indemnizaciones pagadas por el Estado a las víctimas de la dictadura militar (1976-1983).

El dúo también propone establecer indemnizaciones para las víctimas de los ataques de la guerrilla de izquierda en los años 70.

Esta semana, Villarruel volvió a afirmar que el antiguo centro de tortura de la Armada Argentina, ESMA, ahora llamado Espacio de Memoria y Derechos Humanos, debería ser desmantelado y transformado en escuelas.

El lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en septiembre.

En Argentina, a diferencia de Brasil, los líderes del régimen dictatorial fueron juzgados en los años 80.

Desde 1983, los militares no han tenido una influencia determinante en la política del país.

La justicia electoral brasileña inhabilitó este viernes a Bolsonaro para participar en las elecciones durante 8 años, hasta 2030, cuando tendrá 75 años.

La condena por abuso de poder político, que contó con el voto favorable de cinco de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), deja al exmandatario al margen de las próximas presidenciales de 2026, así como de otros comicios para diferentes cargos.

El juicio se enfocó en cuestionamientos infundados que Bolsonaro realizó en una reunión con diplomáticos extranjeros sobre la fiabilidad del sistema electoral brasileño antes de los comicios de 2022, cuando perdió la reelección ante su archirrival, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese encuentro, transmitido por la TV pública y redes sociales, el entonces mandatario mostró voluntad de “incitar a la inseguridad, la desconfianza y la conspiración, combustible de un creciente sentimiento colectivo anti-institucional”, sostuvo el juez instructor del caso, Benedito Gonçalves.

Bolsonaro ha rechazado la condena como “una puñalada por la espalda” y su defensa anticipó que la recurrirá ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña.

Incluso para un político como él, que durante décadas reunió votos sin tener una estructura partidaria fija, el desafío de mantener la unidad y fidelidad de su movimiento ahora se complica.

“Lo que probablemente va a ocurrir es una fragmentación del bolsonarismo”, dice Isabela Kalil, coordinadora del Observatorio de la Extrema Derecha brasileña, a BBC Mundo.

Sin embargo, tanto ella como otros analistas descartan que esto por sí solo acabe con la carrera política del expresidente.

“Electores muy diversos”

El que se dirimió este viernes en el TSE es apenas uno de los problemas legales que enfrenta Bolsonaro, quien perdió el fuero privilegiado desde que dejó la presidencia el 1º de enero.

Otras investigaciones abarcan desde su respuesta a la pandemia de covid, siendo acusado de divulgar falsedades sobre la vacuna contra un virus que mató a más de 700 .000 brasileños, hasta su responsabilidad en el asalto de sus seguidores a los edificios de gobierno de Brasilia el pasado 8 de enero.

Bolsonaro siempre ha seducido a los votantes desafiando los límites de lo posible en Brasil.

Fue elegido por primera vez concejal de Río de Janeiro tras ser juzgado por un tribunal militar en 1988, cuando era capitán del Ejército, por su presunta participación en un plan para exigir el aumento de los salarios castrenses que incluía el uso de bombas en cuarteles.

Si bien en aquella ocasión resultó absuelto, ese mismo año pasó a la reserva y se dedicó a la política con el apoyo clave que había ganado entre los sectores militares.

Más tarde, Bolsonaro llegó al Congreso brasileño, donde pasó 27 años como diputado federal, generando nuevas polémicas y denuncias en su contra: se declaró “a favor de la dictadura” y fue condenado a indemnizar por daños morales a una diputada tras decirle que “no merece” ser violada.

Al mismo tiempo, aumentó su caudal electoral hasta ser electo presidente en 2018, en medio de una colosal crisis económica en el país, escándalos de corrupción y un amplio desencanto con la clase política.

Sus votantes son en gran medida conservadores y evangélicos, pero también tiene apoyo de grupos militaristas, nacionalistas, ultras y defensores de las armas.

“Bolsonaro consiguió juntar públicos y segmentos de electores muy diversos entre sí. Hoy no hay una figura en Brasil que pueda hacer lo mismo; no hay un sustituto de Bolsonaro”, señala Kalil.

Disputas internas

Docente de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo, Kalil cree que podrían surgir disputas internas en el bolsonarismo.

“Por ejemplo, determinados segmentos de electores van a apoyar candidatos conservadores no religiosos, otros pasarán a apoyar a conservadores religiosos, otros (a postulantes) más vinculados a la agenda de las armas, otros más radicalizados, otros a líderes antigénero y transfóbicos”, señala Kalil.

Marco Antonio Teixeira, un politólogo de la Fundación Getúlio Vargas, una universidad brasileña de élite, coincide en que “en el vacío que se abre en el bolsonarismo pueden surgir nuevos liderazgos de derecha a lo largo del tiempo”.

Señala como un posible sustituto al gobernador de São Paulo, Tarcíso de Freitas, un exingeniero del Ejército y exministro de Infraestructura del gobierno de Bolsonaro.

Los tres hijos mayores del expresidente se han dedicado a la política y alguna vez fueron vistos como sus eventuales herederos electorales, pero analistas como Teixeira consideran eso improbable por el desgaste que han tenido.

Bolsonaro dijo hace unos días que su actual esposa, Michelle Bolsonaro, podría competir en las urnas, pero añadió que carece de “experiencia” para ser presidenta.

De hecho, el expresidente ha evitado nombrar de inmediato un sucesor, aunque dice tener una “bala de plata” para las elecciones de 2026.

“No estoy muerto”

La historia reciente brasileña muestra que puede ser apresurado tomar la inhabilitación de un expresidente como el fin de su vida pública.

Fernando Collor de Mello renunció a la presidencia de Brasil cuando era sometido a un juicio político por corrupción en 1992 y fue declarado inelegible por ocho años.

Pero Collor fue electo senador en 2006 y se mantuvo en el cargo por más de una década. En mayo de este año, el Supremo brasileño lo condenó a 8 años y 10 meses de prisión por otro caso de corrupción.

Lula también fue condenado por corrupción en 2017, en el marco del megaescándalo del Lava Jato, y el TSE lo declaró inelegible en las elecciones del año siguiente que ganaría Bolsonaro.

Pero luego de pasar 19 meses preso, el líder de la izquierda brasileña recuperó la libertad, el Supremo anuló sus condenas por errores en los procesos, y el año pasado volvió a ser electo presidente por menos de dos puntos de ventaja sobre Bolsonaro.

Cautela

Bolsonaro, por su lado, aún tiene pendiente un recurso ante el Supremo que, según especialistas, difícilmente cambiará su inhabilitación.

Sin embargo, él mismo dijo tras el fallo de este viernes que pretende seguir participando en política.

“No estoy muerto. Pretendemos hacer muchos alcaldes en las elecciones del año que viene. No es el fin de la derecha en Brasil. Antes de mí existía pero no tenía forma; pasó a ganar materialidad”, declaró.

Teixeira advierte que “ocho año pasan rápido y (Bolsonaro) tiene edad todavía para intentar volver”.

“Es muy temprano para hablar del fin, pero el bolsonarismo sí se va a debilitar”, dice el analista a BBC Mundo.

Como la legislación brasileña establece que los ocho años de inhabilitación del expresidente comenzaron a contar desde la primera vuelta electoral de 2022, concluirían el 2 de octubre de 2030.

Eso es apenas cuatro días antes de las presidenciales de 2030, en las que Bolsonaro podría llegar a ser candidato.

“Aún quedando inelegible por ocho años o más, él puede actuar políticamente: va a continuar con una fuerza política apoyando candidatos”, dice Kalil. “Yo sería muy cautelosa en decretar la muerte política de Jair Bolsonaro”.

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Una mayoría de al menos cuatro de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño se concretó este viernes para dejar al exmandatario fuera de los comicios por abuso de poder cuando ejerció la presidencia entre 2019 y 2022.

Sólo un juez votó en contra de la inhabilitación de Bolsonaro. Quedan otros dos magistrados por pronunciarse.

El caso responde a la denuncia de un partido político por cuestionamientos infundados que Bolsonaro hizo sobre la seguridad del sistema electoral brasileño durante una reunión con embajadores extranjeros previa a los comicios del año pasado, en los que fue derrotado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El juez instructor del caso, Benedito Gonçalves, sostuvo que ese encuentro de Bolsonaro con diplomáticos, transmitido por la TV oficial y redes sociales, sirvió para “incitar un estado de paranoia colectiva ante el cúmulo de informaciones falsas o distorsionadas” sobre el sistema electoral.

La defensa del expresidente rechazó las acusaciones y sostuvo que aquella reunión fue un acto natural de gobierno, sin fines electorales, y anticipó que recurrirá la condena ante el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país.

“Es una injusticia conmigo”, dijo Bolsonaro el jueves sobre el juicio en su contra. “No cometí ningún delito al reunirme con embajadores”, insistió en declaraciones a la prensa.

La inhabilitación para disputar las elecciones de 2026 plantea a la derecha brasileña el difícil reto de encontrar un líder que pueda mantener unido su electorado variopinto.

“La ausencia de él (en las elecciones) deja un vacío y ese vacío va a tener que ser ocupado por alguien”, dice Marco Antonio Teixeira, un politólogo de la Fundación Getúlio Vargas, una universidad brasileña de élite, a BBC Mundo.

Más información en minutos.

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Al invadir las sedes de los tres poderes del Estado brasileño el domingo, miles de bolsonaristas radicales demostraron su capacidad de acción emulando a grupos extremistas de Estados Unidos, señala Kalil en una entrevista con BBC Mundo.

Está convencida de que las similitudes entre lo que ocurrió en Brasilia y el ataque al Capitolio en Washington por seguidores del entonces presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021 están lejos de ser una mera coincidencia.

Y señala un riesgo de que se intenten replicar actos semejantes en otros países de la región.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Kalil, quien también es docente e investigadora de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo.

¿Qué significado tiene la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado de Brasil por parte de miles de bolsonaristas el domingo?

Hay dos dimensiones: la gravedad de este acto a nivel nacional y transnacional. O sea, cómo este acto coloca a la extrema derecha brasileña en sintonía con la extrema derecha, principalmente en EE.UU.

Diría que el acto es representativo no sólo por Brasil, sino por la relación entre diferentes grupos extremistas de Brasil y EE.UU., por el hecho de que casi replicaron la invasión del Capitolio.

¿Qué objetivo tienen los extremistas con este tipo de ataques?

Fue un ataque a los tres poderes pero mucho más virulento contra la Suprema Corte.

Estos grupos venían esperando hace algunos meses y reclamaron que Bolsonaro hiciera algún un tipo de intervención, como ellos lo llaman.

Como eso no sucedió, fueron frente a los cuarteles esperando que las fuerzas armadas brasileñas respondieran, tomaran lo que ellos llamarían una posición, e hicieran una intervención.

Eso tampoco sucedió. Y ahí esos grupos, no de manera institucionalizada pero con participación de militares retirados y personas de las fuerzas de seguridad pública que estaban ahí actuando como civiles, terminaron llevando a cabo estos actos.

Entonces, a fin de cuentas, creo que hay un recado: demostrar que ellos consiguen movilizarse independientemente de tener instituciones o un liderazgo político dirigiendo esos actos más claramente.

Cerca de 1.200 bolsonaristas fueron detenidos en las últimas horas en la capital. Los campamentos que tenían en el Distrito Federal y en diferentes estados de Brasil estaban siendo desmontados el lunes. ¿Esto puede marcar el fin de estas movilizaciones extremistas?

Es importante remarcar que las instituciones brasileñas toleraron mucho.

Después que fuera anunciada la victoria de Lula y la derrota de Bolsonaro, comenzaron esas movilizaciones. Y desde entonces no se desmovilizaron. Siguieron en las puertas de los cuarteles luego de movilizarse en las carreteras.

Creo que ahora de hecho hay una desmovilización. Eso no excluye que podamos tener actos aislados de extremismo y terrorismo, no con el mismo nivel de personas ni de movilización.

¿Tienen los estos grupos una estrategia predeterminada?

En el caso de Brasil, estaban hace mucho tiempo movilizados en torno a un acto parecido a este.

Entonces, desde el punto de vista de los líderes, no había cómo desmovilizarlos, incluso si fuera para un acto que ellos considerarían más simbólico.

Porque el acto fue muy grave, pero no había actores políticos dentro de los edificios públicos. No atacaron a una persona específica. Podrían haber hecho un ataque en el momento de alguna sesión del Congreso o de una actividad de la Suprema Corte con los jueces reunidos. No lo hicieron.

Creo que esto fue una tentativa de marcar esa movilización que necesita tal vez de años para un acto como este. De acuerdo a lo que seguimos de estos grupos, desde fines de 2019 y principios de 2020 están haciendo convocatorias para un acto como este.

¿Tienen líderes?

Los actos tienen diferentes liderazgos. Pero es difícil nombrarlos, porque hay una movilización digital muy fuerte que también utiliza robots y aplicaciones de mensajes instantáneos.

Bolsonaro pasó años movilizando a sus seguidores para esto. Aún si ahora no ha dado una orden directa, yo creo que él es responsable por haber organizado a ese ejército de personas.

¿Qué nivel de organización poseen?

El primer estudio que nos ayudó a entender a estos grupos mostró una fuerte segmentación.

Hay grupos de mujeres movilizadas en torno a cuestiones de género, grupos de hombres más jóvenes, grupos que están más movilizados en torno a una agenda militar. Puede haber una relación más vinculada al contexto conservador religioso.

Lo que vuelve a estos grupos tan difíciles de ser desmovilizados es que no tienen una agenda única. Son diferentes grupos movilizados en torno a diferentes agendas.

Entonces ¿esto va más allá de Bolsonaro, aunque el expresidente sea su líder?

Exacto. En un determinado momento esos grupos tenían una mayor dependencia de la figura de Bolsonaro para conseguir movilizarse.

Bolsonaro sigue siendo el líder principal, un líder importante y debe ser responsabilizado incluso por esos actos, aunque haya actuado indirectamente.

Pero de cierta forma los actos de ayer (por el domingo) muestran que ellos ganaron autonomía.

¿Por qué nadie pudo evitar lo que ocurrió el domingo en Brasilia?

Hay una combinación de cosas. Está el hecho de tener una cierta lenidad de determinados agentes de seguridad pública que tienen mucha simpatía por Bolsonaro.

Eso significa que aún cuando el comando de determinadas policías pueda dar la orden de reprimir esos actos, muchas veces los agentes en sí apoyan los actos. Entonces hay una penetración fuerte del bolsonarismo en las fuerzas de seguridad.

Hay cuestiones institucionales relacionadas incluso con la actuación de las autoridades del Distrito Federal.

Pero hay otra cuestión. El hecho de que Bolsonaro haya hecho ese retiro estratégico y viajara a EE.UU. fue como si hubiese sacado a la extrema derecha de la escena. Y eso no es verdad. Hubo un error de cálculo.

Como dije, es una relación compleja. Aún cuando Bolsonaro pueda dar o no una orden más explícita, ellos pueden actuar.

¿Cree que la extrema derecha está infiltrada incluso en las fuerzas de seguridad de Brasil?

No, hay agentes de seguridad que tienen simpatía hacia esos grupos. Apoyan al bolsonarismo y a Bolsonaro.

¿Pero entonces el gobierno de Lula y todo el Estado brasileño no sólo tendrán que enfrentar a esos grupos en las calles sino también esa simpatía en las fuerzas armadas?

Exacto, en las fuerzas armadas y en las fuerzas de seguridad como las policías militares, la policía de carreteras…

Ese es el desafío: actuar desde el punto de vista de la sociedad civil pero también institucional, de los agentes de Estado.

Muchos observan las similitudes entre lo que ocurrió en Brasilia el domingo y el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. ¿Son casualidades?

No creo que sea casualidad.

Existe un hashtag, #BrazilianSpring, que comenzó a ser compartido a partir de Steve Bannon (el exestratega de Trump).

De hecho, hubo un tipo de actuación para colocar en compás a la extrema derecha de Brasil con la de EE.UU. y de cierta manera emular la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021 aquí.

¿Esto significa que la extrema derecha está compartiendo fuerzas, ideas y estrategias en el continente?

Por lo menos es una tentativa. No podemos decir que eso va a suceder en otros países. Pero existe una estrategia de la extrema derecha transnacional que es intentar hacer esto en América Latina.

Si van a conseguirlo o no va a depender mucho de la movilización de las fuerzas democráticas de los países, de las instituciones y de la capacidad de contener a estos grupos.

Existe un objetivo de hacer transnacionales estas estrategias y compartir diferentes repertorios y tácticas.

En el caso de Brasil, esto no es exactamente nuevo. Con mi equipo de investigación ya publicamos un artículo que comparaba la movilización de la extrema derecha en Brasil y EE.UU. a partir de la pandemia de covid-19.

Pero con los actos de ayer (el domingo) se consolida la transnacionalización de la extrema derecha en Brasil.

¿Hay una conexión orgánica entre los movimientos de extrema derecha en EE.UU., Brasil y otras partes del mundo?

Lo que ocurre es que hay diferentes líderes brasileños que consumen determinados líderes y portavoces de la extrema derecha en EE.UU. y de cierta forma hacen una traducción para Brasil.

Tanto es así que hay líderes bolsonaristas que cuando tienen alguna cuestión con la justicia o salen de Brasil, van a EE.UU.

Un actor importante de la extrema derecha brasileña fue Olavo de Carvalho, ya fallecido, un brasileño que vivía en Virginia y de cierta forma hacía esa especie de traducción para Brasil de lo que ocurría en EE.UU. con la movilización de la extrema derecha y otros elementos más radicales.

El creó un puente y hay alumnos de Olavo de Carvalho que pasaron a consumir esas influencias y materiales de extrema derecha en EE.UU.

¿Los países de la región deben estar atentos a esa vocación transnacional de la extrema derecha?

Es preciso evitar la tentativa de replicar la invasión de edificios públicos. Brasil copió eso de EE.UU. Existe sí el riesgo de que haya tentativas invadir edificios públicos en otros países de la región.

Brasil es estratégico en el continente porque la victoria de Lula da señales de que tendremos la consolidación de una segunda ola rosa de partidos de izquierda y centro-izquierda, y cómo esta se va a colocar hoy más ligada a cuestiones socioambientales y de diversidad, como el combate al racismo, temas de género, etcétera.

Brasil es estratégico porque, de cierta manera, tiene una influencia importante en la región políticamente.

Entonces, debe prestarse atención para que no haya en otros países de la región tentativas de actos como el que ocurrió en EE.UU. y ahora en Brasil.

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Bolsonaro salió del país rumbo a EE.UU. el 30 de diciembre, dos días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y se instaló en Orlando, Florida.

“Casi 2 años después del día en que los fascistas atacaron el Capitolio de EE.UU., vemos movimientos fascistas en el exterior tratando de hacer lo mismo en Brasil”, escribió la representante Alexandria Ocasio-Cortez en Twitter, en referencia a la invasión del Congreso de EE.UU. el 6 de enero 2021 por partidarios del expresidente estadounidense Donald Trump.

“Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”, agregó.

Biden, a su vez, condenó en Twitter el vandalismo de los bolsonaristas, pero no se pronunció sobre la situación de Bolsonaro en EE.UU.

“Condeno el ataque a la democracia y la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con @LulaOficial”, escribió en domingo.

Ante la presión de los parlamentarios demócratas, ¿cuál sería la posibilidad real de que Bolsonaro se vea obligado a salir de Estados Unidos, ya sea mediante un proceso de extradición o deportación?

Expertos de Brasil y Estados Unidos consideran que, al menos hasta el momento, no existen elementos legales que permitan un proceso de extradición.

Por otro lado, el gobierno estadounidense podría, en teoría, revocar el visado del expresidente, forzando su deportación. Esto dependería de una evaluación política del gobierno de Biden, lo que dificulta predecir cuál será su decisión.

Además, aunque se anule su visado, Bolsonaro podría intentar extender su estadía en Estados Unidos presentando una solicitud de asilo político, bajo el argumento de que sufriría persecución en Brasil.

Dicho proceso podría tardar meses o años en completarse y la persona que solicita asilo, independientemente de si es un expresidente, podría permanecer en los EE. UU. hasta que se completara esta revisión.

“Una deportación ocurre cuando la persona ya no tiene documentos válidos. Si el visado ha vencido, por ejemplo, la persona se convierte en un inmigrante irregular y automáticamente es deportado al ser identificado, devuelto al país de origen”, explica el abogado especialista en cooperación internacional Yuri Sahione.

“El propio gobierno de Estados Unidos podría simplemente cancelar el visado. También porque otorgar un visado es una prerrogativa de cada país, un acto soberano”, agregó.

¿Y cómo es la visa de Bolsonaro?

No hay información clara sobre el estado actual de Bolsonaro en EE.UU. Como aún era presidente de Brasil cuando salió del país, es posible que ingresara en suelo estadounidense con una visa A1, otorgada a las autoridades.

Otra opción es que esté usando un visado de turista, que le da un período máximo de seis meses en el país.

La embajada estadounidense en Brasilia aseguró que no podía aclarar la situación de Bolsonaro porque la visa de cualquier persona se considera información privada y confidencial.

Sin embargo, independientemente del visado que tenga Bolsonaro, cualquier modalidad podría ser cancelada por el gobierno de EE.UU. en cualquier momento.

Sin mencionar el caso específico de Bolsonaro, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, dijo a los periodistas que las personas que ingresaron al país con una visa A1 y ya no están en una misión oficial en su país, están obligadas a salir de EE.UU. en un plazo de 30 días o solicitar un nuevo tipo de visa.

“Si un individuo no tiene motivos para estar en Estados Unidos, está sujeto a ser expulsado por el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Price, citado por Reuters.

¿Cómo funciona el proceso de extradición?

Un proceso de extradición ya es algo más complejo que la deportación.

El abogado estadounidense Jacques Semmelman, especialista en extradición en Estados Unidos, le explicó a BBC News Brasil que dicho proceso debe pasar por el sistema judicial estadounidense. Es decir, no sería una decisión exclusiva del gobierno de Biden.

Según él, para que este proceso se iniciara, sería necesario cumplir con algunos requisitos, entre ellos la existencia de un proceso de causa penal contra Bolsonaro en Brasil, que hasta el momento no existe.

Y, sobre la base de un caso penal, el gobierno brasileño tendría que pedir la extradición al gobierno de Estados Unidos.

“El cargo o cargos penales deben basarse en una causa probable, lo que básicamente significa tener pruebas suficientes para respaldar la creencia razonable de que el acusado cometió el delito o delitos por los que fue procesado”, dijo Semmelman.

A partir de entonces, el sistema judicial estadounidense analizaría el caso, con espacio para que Bolsonaro presentara su defensa contra la demanda de extradición. Este tipo de proceso suele llevar meses o años.

El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, aseguró a los periodistas este lunes que la Casa Blanca no ha recibido ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño con respecto a Bolsonaro.

“Si todavía está en Estados Unidos, que yo sepa, no estamos en contacto directo con Bolsonaro. Por lo tanto, no puedo hablar con certeza sobre su paradero”, dijo Sullivan.

“No hemos recibido, hasta el momento, ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro. Por supuesto, si recibiéramos tal solicitud, la tratamos como siempre las tratamos: con seriedad”, agregó el asesor de Seguridad Nacional.

Un senador brasileño pide una investigación del Supremo

El senador Renan Calheiros (del partido centrista Movimiento Democrático Brasileño), presentó a su vez este lunes una solicitud al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que incluya a Bolsonaro en la pesquisa que investiga los actos antidemocráticos, y fije un plazo máximo de 72 horas para que el expresidente regrese a Brasil para prestar declaración.

Calheiros también pidió que, en caso de que Bolsonaro no cumpla con este plazo para regresar a Brasil, se decrete su prisión preventiva con base en el artículo 312 del Código Procesal Penal.

Este artículo establece que “la prisión preventiva podrá decretarse como garantía del orden público, para la conveniencia de la investigación criminal, o para asegurar la aplicación de la ley penal cuando exista prueba de la existencia del delito y pruebas suficientes de su autoría”.

En opinión de Yuri Sahione, la solicitud de Calheiros tiene más un carácter político que una base legal, y parece poco probable que sea concedido.

Señala que es la Fiscalía quien tiene la potestad de solicitar una investigación penal, aunque Moraes ya ha tomado decisiones sin oír al organismo, por ejemplo a partir de solicitudes de la Policía Federal o del Tribunal Superior Electoral.

El abogado también recuerda que la ley brasileña no obliga a un investigado a prestar declaración, como pide Calheiros, ya que el acusado tiene derecho a guardar silencio.

“No hay materialidad para que se le obligue a regresar a Brasil. Sobre todo porque, aunque esté incluido como investigado, puede seguir siendo investigado mientras está en Estados Unidos. Puede participar virtualmente” explicó Sahione.

“Y no hay indicios de que él, si está en Estados Unidos, evadirá cualquier tipo de acto procesal o investigación”, agregó.

Los tres edificios albergan una rica colección de arte, y algunas de las piezas sufrieron daños irreparables.

El gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva lamentó la pérdida de partes clave de la colección artística, que representa un capítulo importante en su historia nacional.

“El valor de lo destruido es incalculable por la historia que contiene. La colección es un reflejo de todos los presidentes que representaron al pueblo brasileño durante este largo período que comienza con JK (Juscelino Kubitschek). Ese es su valor histórico”, dijo el director de Curaduría de los Palacios Presidenciales, Rogério Carvalho.

Las obras de arte dañadas por los manifestantes incluyen:

As mulatas, de Emiliano Di Cavalcanti

As mulatas, una pintura de Emiliano Di Cavalcanti, fue perforada siete veces.

El gobierno dijo que valía al menos US$1,5 millones.

Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo

Bandeira do Brasil, una pintura de la bandera de Brasil, se exhibe en la planta baja del palacio presidencial.

La obra se encontró empapada en agua después de que los manifestantes inundaran el suelo con hidrantes contra incendios.

O Flautista, de Bruno Giorgi

La escultura de bronce, valorada en casi US$48.000, fue destruida y los pedazos quedaron esparcidos por el salón del tercer piso del palacio presidencial.

Esculturas de madera de Frans Krajcberg

Los manifestantes rompieron las ramas de madera de esta pieza y las tiraron.

El valor de la pieza se calcula en más de US$47.000.

Mesa de trabajo de Kubitscheck

Era el mueble utilizado por el presidente Juscelino Kubitscheck (1955-1960), el líder brasileño que ordenó la construcción de Brasilia.

El gobierno dijo que la mesa fue utilizada como barricada por los manifestantes. Aún no se ha realizado una evaluación de su estado general.

Mesa vitrina de Sérgio Rodrigues

La ventana de vidrio de la pantalla, que contenía información sobre el presidente en funciones, se rompió.

Reloj de Balthazar Martinot

El reloj del siglo XVII de Balthazar Martinot (1636-1714), el relojero de Luis XIV, fue un regalo de Francia al rey Joao IV, que gobernó Brasil y Portugal.

La BBC no es responsable del contenido de los sitios externos.

10) pic.twitter.com/bra8Yy9d9q

— Carlos Alberto Jr. (@cajr1569) January 8, 2023

Solo hay dos relojes de Martinot como este en el mundo, según el gobierno brasileño.

“El otro está en exhibición en el Palacio de Versalles, pero tiene la mitad del tamaño de la pieza que fue completamente destruida por los invasores”, dijo el gobierno en un comunicado.

Un especialista en arte consultado por la BBC aseguró que el daño es irreparable.

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Apenas una semana después de ser investido en el cargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó la intervención federal para asumir la seguridad en el Distrito Federal y sostuvo que habrá un “castigo ejemplar” a los responsables.

Lula se encontraba en São Paulo cuando ocurrió la invasión y regresó a Brasilia en la misma noche del domingo. La policía informó que unas 300 personas fueron detenidas.

Gobiernos del continente y otras regiones del mundo condenaron el ataque a la democracia brasileña por parte de extremistas que sostienen, sin prueba alguna, que la elección de Lula fue fraudulenta.

Repasamos las claves para entender lo que ocurrió y las interrogantes que han quedado planteadas:

¿Cómo se produjeron y organizaron los ataques?

Los atacantes partieron desde las inmediaciones del Cuartel General del Ejército, donde se concentraban bolsonaristas que piden una intervención militar tras el triunfo de Lula, y avanzaron unos ocho kilómetros hasta la plaza de los Tres Poderes en Brasilia para invadir los principales edificios de la República.

Vestidos con los colores de la bandera nacional, los miles de simpatizantes de Bolsonaro superaron las barreras de la policía e irrumpieron en las sedes del Legislativo, el Poder Judicial y la Presidencia, en unas escenas similares a la invasión del Capitolio de EE.UU. hace dos años.

Todo indica que esta estuvo lejos de ser una acción espontánea y una de las preguntas que han surgido es cómo se organizó el asalto.

Decenas de autobuses con participantes en el ataque habían llegado en las horas previas desde otros puntos de Brasil a la capital para engrosar el campamento bolsonarista.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, sostuvo que han sido identificados 40 de esos autobuses y quiénes los financiaron.

Aseguró que a partir de este lunes el objetivo será seguir el rastro del dinero para identificar a los coautores.

Esto es algo que reclaman desde políticos hasta organizaciones de derechos humanos.

“La policía y el ministerio público precisan investigar inmediatamente no sólo aquellos que cometieron actos de violencia el 8 de enero, sino también aquellos que los iniciaron y financiaron”, sostuvo Maria Laura Canineu, directora de Brasil de la organización internacional Human Rights Watch.

También se han conocido convocatorias de grupos bolsonaristas por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram para la “toma” de Brasilia el fin de semana.

“Es un nivel de organización fuerte”, dice Cristiano Noronha, analista de la consultora política Arko Advice con sede en Brasilia, a BBC Mundo.

¿Por qué falló la seguridad?

La facilidad con que los atacantes avanzaron hasta las sedes del poder en Brasilia e ingresaron en ellas levantó de inmediato interrogantes sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Después de todo, existían desde antes advertencias de que la aspiración de muchos bolsonaristas radicales era repetir un ataque como el que realizaron seguidores del entonces presidente estadounidense Donald Trump en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Medios brasileños han divulgado videos que muestran pasividad de policías militares de la capital frente a los atacantes, incluso conversando distendidamente con ellos.

Quien estaba a cargo de la seguridad del Distrito Federal era Anderson Torres, un exministro de Justicia de Bolsonaro que fue destituido por el gobernador y cuya detención fue reclamada por la abogacía del gobierno.

Pero también han surgido cuestionamientos a la actuación o pasividad de otras entidades como la Policía Federal de Carreteras, el Ejército o el Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia.

Un desafío clave que expertos asignaban a Lula desde antes de iniciar su mandato es revertir la politización que hubo en las fuerzas de seguridad brasileñas bajo el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército.

“Ese es el problema”, afirma Vera Chaia, profesora de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

“Lo que se está hablando es que debe ocurrir un proceso de acabar con la interferencia de Bolsonaro en las fuerzas militares“, dice Chaia a BBC Mundo.

¿Cómo respondió Lula?

Lula responsabilizó a su predecesor del ataque y dijo que hubo “incompetencia, mala voluntad o mala fe” de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, que dependían del gobernador local Ibaneis Rocha, separado del cargo por la Justicia el mismo domingo.

El presidente citó imágenes en que los policías “están guiando a las personas en la caminata hasta la plaza de los Tres Poderes”.

El mandatario prometió castigar con dureza a las personas que protagonizaron el asalto y les calificó de “nazis y fascistas” que representan “todo lo que es abominable” en política.

Lula viajó hasta la capital desde el Estado de Sao Paulo, en el que se encontraba de visita de trabajo, y revisó los daños ocasionados por los simpatizantes de Bolsonaro a las sedes de los tres poderes.

“Democracia siempre, buenas noches”, señaló en un tuit publicado a última hora de la noche del domingo junto a una foto de un encuentro con otras autoridades.

Estive agora à noite no Palácio do Planalto e no STF. Os golpistas que promoveram a destruição do patrimônio público em Brasília estão sendo identificados e serão punidos. Amanhã retomamos os trabalhos no Palácio do Planalto. Democracia sempre. Boa noite.

: @ricardostuckert pic.twitter.com/qkyVZHQQdz

— Lula (@LulaOficial) January 9, 2023

¿Qué dijo Bolsonaro y cómo le afectará lo ocurrido?

Tras el asalto en Brasilia, el expresidente Bolsonaro se manifestó mediante tuits y sostuvo que las depredaciones e invasiones de edificios públicos “escapan a la regla” de la democracia.

También aseguró que durante su gobierno cumplió con la Constitución. Y repudió las acusaciones de Lula de que estimuló los ataques de sus seguidores, afirmando que carecían de “pruebas”.

Bolsonaro está en Florida, EE.UU., desde antes del cambio de mando en Brasil y ha evitado reconocer de forma explícita el triunfo de Lula luego de sembrar durante meses dudas sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país.

El expresidente ya enfrenta varias denuncias en Brasil que podrían pasar a la justicia ordinaria ahora que perdió los fueros privilegiados y una pregunta es cómo lo impactarán los actos vandálicos de sus seguidores.

“Esa invasión y destrucción de edificios públicos obviamente que no tiene respaldo institucional y debilita a Bolsonaro hasta como líder de la oposición”, dice Noronha.

De hecho, algunos aliados de Bolsonaro y representantes de diversos partidos políticos criticaron el asalto del domingo con más elocuencia que el propio expresidente.

¿Qué pasará ahora con los bolsonaristas radicales?

Muchos de los participantes del asalto en Brasilia regresaron al campamento frente al Cuartel General del Ejército en la misma noche del domingo.

Y otros bolsonaristas radicales bloquearon carreteras en cuatro estados de Brasil.

Pero también hay dudas sobre lo que ocurrirá con estos grupos movilizados.

El ministro del Supremo Tribunal brasileño Alexandre de Moraes ordenó que la policía militar desocupe los campamentos próximos a cuarteles y detenga a sus participantes.

Los arrestos podrían imprimir un nuevo giro a la crisis.

“A medida que las personas van siendo presas, eso puede eventualmente aumentar el nivel de tensión”, señala Noronha.

¿Cómo afecta esto al gobierno de Lula?

Los hechos del domingo marcaron la primera crisis significativa para el flamante gobierno de Lula. Y la forma como la resuelva lo podría afectar de forma negativa o positiva.

El presidente izquierdista admitió el domingo que quizás se cometieron errores dentro de su propia administración.

“Si hubo omisión de alguien del gobierno federal que facilitó eso, también será castigado“, aseguró Lula.

Por tratarse de invasiones a edificios federales y del propio lugar de trabajo del presidente, dice Noronha, el gobierno debería haber recibido información de inteligencia.

Si el gobierno actuó con tibieza frente a sus opositores radicales, podría pagar un costo político.

Pero otros creen que para Lula también pudo haberse abierto la oportunidad de actuar con eficacia con otros partidos y poderes del Estado contra el desafío extremista.

“Esto fortalece la visión de un frente amplio y un apoyo mayor que el gobierno tiene que tener para combatir a ese grupo más radical”, sostiene Chaia.

Miles de “bolsonaristas” irrumpieron en las sedes de estas instituciones de la capital, vacías al ser domingo, vandalizaron las instalaciones y protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que acabaron arrestando a almenos 170 personas, según las autoridades del país.

Estas son algunas de las imágenes que ilustran uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Brasil.

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Afirmó que “no hay precedentes en la historia de nuestro país” de los sucesos del domingo en Brasilia.

“Y por eso habrá que castigar a esta gente“, declaró Lula, momentos antes de anunciar el decreto.

“Nazis y fascistas”

“Vamos incluso averiguar quiénes son los que financian a estos vándalos que fueron a Brasilia y todos pagarán con la fuerza de la ley por este acto irresponsable, este acto antidemocrático y este acto de vándalos y fascistas”, afirmó.

Lula llamó a los invasores “nazis y fascistas” que representan “todo lo que es abominable” en la política, y prometió encontrar a todos los involucrados para llevarlos ante la justicia.

“La democracia garantiza el derecho a la libertad, a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que se crearon para fortalecer la democracia”, apuntó.

Lula también criticó a la policía, a la que acusó de no haber actuado con contundencia cuando los bolsonaristas invadieron las instituciones.

“La policía no hizo nada en absoluto. Simplemente dejaron entrar a los manifestantes”, dijo.

“Hubo mala fe, mala voluntad. Los policías que participaron en esto no pueden quedar impunes”.

El decreto de intervención federal en el Distrito Federal se limita al ámbito de la seguridad pública y estará en vigor hasta el 31 de enero de 2023.

El presidente designó como interventor al secretario general del Ministerio de Justicia, Ricardo García Capelli, que asumirá el control de toda el área de Seguridad en la capital hasta el día 31.

Los hechos

El grupo de bolsonaristas, concentrados frente al Cuartel General del Ejército, se trasladó a la Esplanada dos Ministérios en la tarde del domingo.

Las imágenes difundidas por cadenas de televisión brasileñas muestran a cientos de personas en las rampas que dan acceso al Congreso y al Palacio del Planalto y en los alrededores del edificio del Supremo Tribunal.

Muchos de ellos subieron a la azotea del edificio del Congreso, mientras otra parte del grupo ingresó al Salón Verde y al Senado.

En las imágenes se observan ventanas rotas y personas con banderas brasileñas y otras insignias en el interior del edificio.

También muestran a miembros del grupo dentro de la oficina de la Presidencia de la República, en el Palacio del Planalto y en el pleno del Tribunal Supremo.

Sobre las 17:00 hora local (20:00 GMT) los guardias de seguridad lograron retomar el edificio del Tribunal Supremo y expulsar a los invasores, según imágenes de helicóptero transmitidas por GloboNews.

En las afueras del Congreso, agentes de la policía intentaban detener el avance del grupo con gases lacrimógenos, lo que ocasionó enfrentamientos entre las autoridades y los seguidores de Bolsonaro.

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Se esperan unas 300.000 personas en las calles de la capital para acompañar de cerca la investidura y un megaconcierto con más de 60 músicos en la emblemática Explanada de los Ministerios.

Al grito de “¡Lula, guerrero del pueblo brasileño!” y “¡Aha, uhu, la Explanada es nuestra!”, miles de seguidores empezaron a concentrarse desde primeras horas de la mañana, constató la AFP.

Dos bandas carnavalescas de la ciudad de Olinda, en el estado natal de Lula, Pernambuco, cantaban y danzaban sobre la avenida donde se encuentran los principales edificios del ejecutivo. La mayoría iba vestida de rojo, los colores del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

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Algunos se pasaron primero por el hotel donde se hospeda el presidente electo, como Valter Gildo, quien desplegó una banderola que rezaba “Bienvenido de vuelta a la capital, presidente Lula”.

“Es un día histórico, el regreso de un trabajador a la Explanada que defiende las causas sociales, las minorías, las cuestiones raciales”, dijo este operador de maquinaria, de 46 años.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, será proclamado por tercera vez presidente tras haber gobernado entre 2003 y 2010, junto a su vice, Geraldo Alckmin, en una ceremonia en el Congreso prevista a las 15H00 locales (18H00 GMT).

Poco después, llegará el momento álgido: se espera que descienda del tradicional Rolls Royce negro descapotable frente al palacio presidencial de Planalto, camine por la rampa del edificio y reciba la faja, una cinta de seda verde y amarilla, los colores de la bandera nacional, bordada en oro y diamantes.

Al izquierdista lo arroparán además una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil.

Entre estos, figuran los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI.

Washington envió a la secretaria de Interior, Deb Haaland, la primera indígena en integrar un gabinete en Estados Unidos y dura crítica de Bolsonaro, mientras que por parte de China asistirá el vicepresidente Wang Qishan.

Pese a que el viernes Bolsonaro levantó la prohibición que regía sobre el ingreso de Nicolás Maduro a territorio brasileño, Venezuela estará representada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, según confirmó a la AFP la asesoría de prensa de Itamaraty.

Lula prevé restablecer las relaciones diplomáticas con Caracas, rotas en 2019 cuando Brasilia reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado.

Desafíos inmediatos

El presidente izquierdista tendrá desafíos inmediatos mayores a los que enfrentó en sus otras dos presidencias, que dejó con una inusual popularidad del 87%.

Unos 30 millones de los 215 millones de brasileños pasan hambre y la economía a duras penas logra recuperarse tras el golpe de la pandemia.

“En los primeros 100 días deberá demostrar qué rumbo tomará el gobierno. La victoria electoral fue apretada y enfrentará un país dividido con una oposición aguerrida. Necesita liderar un gobierno de pacificación y unión nacional”, explicó Leandro Consentino, politólogo del instituto Insper de Sao Paulo.

Lula se impuso a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% de los votos frente a 49,1%, un resultado que dio cuenta de una sociedad profundamente polarizada.

El exsindicalista deberá conquistar “credibilidad” sobre el manejo de las cuentas públicas ante una situación fiscal delicada, pese a que sus promesas de campaña requieren un aumento del gasto para financiar programas sociales, según Consentino.

Según una encuesta del instituto Datafolha del sábado, solo 51% de los brasileños considera que Lula gobernará mejor que Bolsonaro, informó el diario Folha de Sao Paulo.

Preocupación por la seguridad

Brasilia movilizará para la asunción de Lula el 100% de su policía y podría desplegar hasta 8.000 agentes.

Mil agentes realizarán tareas de “inteligencia y seguridad”, el mayor contingente para una investidura.

Y el porte de armas para varias categorías de civiles estará prohibido.

Los preparativos para la toma de posesión se vieron sacudidos luego de la detención de un bolsonarista que colocó un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia para “causar caos”, provocar la declaración de un estado de sitio y evitar así la asunción, según su propia confesión.

Desde el balotaje, miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron en varias ciudades para rechazar el resultado en las urnas y pedir una intervención militar.

Entre tanto, el ultraderechista, que desde que perdió la elección se ha mantenido prácticamente en silencio, se instaló en Florida para un viaje previsto hasta el 30 de enero.

Según Folha de Sao Paulo, Bolsonaro se aloja en la casa del exluchador de artes marciales brasileño José Aldo, en la ciudad de Kissimmee.

“No me voy a entregar porque me parece absurdo. Basta, ya me cansé de ser víctima de la arbitrariedad”, aseguró el exdiputado en un video grabado por él mismo durante la operación policial.

Tras resistirse al arresto por horas, Roberto Jefferson, quien es aliado del presidente Jair Bolsonaro, terminó por entregarse.

Karina Oliveira, una agente de la policía, y el diputado Marcelo Vilella resultaron heridos después de que Jefferson lanzara granadas para evitar a la captura.

El presidente Jair Bolsonaro le ordenó al ministro de Justicia, Anderson Torres, viajar a Río de Janeiro para ponerle fin a la crisis y aseguró que aquellos que dispararon contra la policía deberían ser arrestados.

En el ataque, Jefferson, exlíder del partido político Partido Brasileño del Trabajo (PTB), también disparó varios veces con un rifle y destrozó el parabrisas de un vehículo de la policía.

“Carmen Lucifer”

Jefferson había sido puesto bajo arresto domiciliario por insultar y amenazar a la presidenta del Tribunal Supremo brasileño, Cármen Lucía.

Pero el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó su captura después de que el político violara las condiciones del arresto domiciliario, que establecía que Jefferson no publicara nada en internet.

Sin embargo, el sábado grabó un video refiriéndose a la ministra como “Carmen Lucifer” y comparándola con “prostitutas“.

El candidato a la reelección Jair Bolsonaro “repudió” las declaraciones de Jefferson contra la ministra Carmen Lúcia y criticó su respuesta armada contra los agentes de la policía.

Luego publicó un video en las redes sociales en el que trató de “criminal” a su aliado político.

“Nunca vimos tal aberración”

“Roberto Jefferson acaba de ser detenido. El trato que se le da a cualquiera que le dispare a un policía es el de un delincuente. Ofrezco mi solidaridad a los policías heridos en el episodio”, afirmó.

Por su parte, el candidato de la oposición, Luiz Inácio Lula da Silva declaró que la reacción de Jefferson “no es un comportamiento adecuado, no es un comportamiento normal”.

“Eso nunca sucedió en la política brasileña. Competimos tantas elecciones, nunca vimos tal aberración, tal ofensa, tal estupidez que este ciudadano, que es mi oponente, ha establecido en el país”, señaló Lula da Silva.

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo, entre Bolsonaro y el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, las tensiones políticas en Brasil siguen aumentando.

Lula todavía es considerado como el favorito para ganar la contienda, pero el campo de Bolsonaro afirma que puede lograr la reelección.

De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras haber sido escrutado el 97,45 %, ningún candidato conseguirá matemáticamente alcanzar más de la mitad de los votos, listón que se necesita para garantizar la elección sin necesidad de segunda vuelta, y Bolsonaro ya no podrá superar a Lula.

El dirigente progresista y el líder ultraderechista, como los dos más votados en la primera vuelta, definirán la Presidencia en el balotaje previsto para el 30 de octubre.

Las principales encuestadoras habían vaticinado una amplia ventaja para Lula desde hacía meses e incluso habían previsto la posibilidad de que el expresidente ganara ya este domingo sin necesidad de balotaje el 30 de octubre.

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Sin embargo, Bolsonaro resistió y logró un resultado en el que solo sus partidarios se empeñaban en creer.

Bolsonaro, que aspira a la reelección, consiguió en las urnas una diferencia menor frente al dirigente progresista, de menos de cuatro puntos porcentuales, que la que señalaban todas las encuestas, que preveían una victoria de Lula con entre el 50 % y 51 % de los votos y una ventaja de 14 puntos sobre el gobernante (entre 36 % y 37 %).

El expresidente (2003-2010) era señalado por todos los sondeos como el favorito para imponerse con una amplia ventaja pero no consiguió más de la mitad de los votos que esperaba para garantizar la elección este domingo y sufrió duros reveses en algunos estados, como el estratégico Sao Paulo.

El gobernante venció en el mayor colegio electoral de Brasil, con el 47,7 % de los votos válidos, frente al 40,8 % del exmandatario.

En el emblemático estado de Río de Janeiro, tercer colegio electoral, la ventaja de Bolsonaro fue aún mayor, con el 50,9 % frente al 40,7 % de su rival.

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Bolsonaro es el primer presidente brasileño en intentar ser reelegido que queda en segundo lugar en la primera vuelta.

Desde que Brasil recuperó la democracia en 1985 tan solo un presidente consiguió ser elegido en la primera vuelta: Fernando Henrique Cardoso garantizó su elección en 1994 y su reelección en 1998 con más de la mitad de los votos.

Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), perdió tres elecciones (1989, 1994 y 1998) antes de ser elegido por primera vez, pero tuvo que ir a la segunda vuelta en 2002 y cuando se reeligió en 2006, así como le ocurrió a su ahijada política y sucesora Dilma Rousseff en 2010 y 2014.

Votación de los principales candidatos:

• Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 55.266.032 47,93 %
• Jair Bolsonaro (PL) 50.313.087 43,63%
• Simone Tebet (MDB) 4.852.894 4,21 %
• Ciro Gomes (PDT) 3.521.601 3,05 %
• Soraya Thronicke (Unión Brasil) 586.638 0,51 %
• Felipe D’Avila (Novo) 554.146 0,48 %
• Votos blancos 1.928.275 1,59 %
• Votos nulos 3.396.067 2,82 %
• Abstención 31.852.072 20,89 %

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Total escrutado 120.636.760 97,45 %. 

Explica que tener un arma era un “sueño” de defensa personal de su padre, un camionero autónomo ya fallecido, y ella que trabaja en la sección de ventas de una empresa lo concretó por las facilidades que le dio el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Desde que asumió el cargo en enero de 2019, el ultraderechista Bolsonaro lanzó decenas de decretos para permitir el acceso de la población a las armas, que han proliferado en el país.

El número de brasileños que al igual que Gomes se han registrado como cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de armas (CACs por sus siglas en portugués) creció casi cinco veces (474%) en cuatro años, hasta llegar a 673.818 en junio, según datos del Ejército obtenidos por ONGs.

Y el arsenal que esos CACs poseen se ha triplicado hasta superar 1 millón de armas, desde pequeñas pistolas a fusiles con alto poder de fuego.

Los expertos señalan que, debido a la falta de datos centralizados, es difícil establecer con exactitud la cantidad de armas que hay en manos de civiles en Brasil, pero algunos calculan que superan los 4 millones si se incluyen las irregulares.

Esto inquieta a muchos, no sólo por los efectos que puede tener en la seguridad pública de un país con altos índices de violencia.

El fenómeno también ha encendido alarmas por la proximidad de las elecciones de octubre, con una fuerte polarización entre Bolsonaro y el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, a tal punto que la justicia limitó en esta campaña la compra de armas por el “riesgo de violencia política”.

“Ejército de civiles armados”

Bolsonaro, un excapitán del Ejército que suele gesticular con sus manos como si fueran pistolas, había prometido antes de ser presidente que facilitaría el acceso de los brasileños a distintos calibres.

“Un pueblo armado jamás será esclavizado”, asegura con frecuencia Bolsonaro.

A lo largo de su gobierno ha emitido unos 40 decretos y normas con ese objetivo, sin pasar por el Congreso.

Los civiles en Brasil han comprado en promedio más de 1.300 armas nuevas por día, de acuerdo al Instituto Sou da Paz, una ONG especializada en temas de seguridad con sede en São Paulo.

Unos 994 millones de municiones se han vendido en el país durante el mandato de Bolsonaro.

“Hoy tenemos un verdadero ejército de civiles armados y esa situación es muy preocupante”, dice Carolina Ricardo, directora ejecutiva de Sou da Paz, a BBC Mundo.

Aunque en Brasil el porte de armas está permitido sólo a grupos específicos como militares, policías o agentes de seguridad, las nuevas normas habilitaron a cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas a cargar las suyas sin limitaciones desde sus domicilios a los lugares de uso.

Según expertos, eso catapultó de hecho la circulación de armas en las calles y rutas del país.

Hoy un tirador deportivo en Brasil puede tener hasta 60 armas (casi cuatro veces más que antes del gobierno de Bolsonaro), la mitad de ellas de uso restringido como fusiles.

En algunas regiones de Brasil el aumento de armas registradas por particulares ha sido particularmente llamativo.

En la Amazonía crecieron 219% entre fines de 2018 y 2021, de acuerdo al Instituto Igarapé, otra ONG especializada en temas de seguridad pública.

Si bien Brasil es un importante productor y exportador de armas livianas y ligeras, con las nuevas reglas del gobierno las importaciones de armas del país aumentaron 33% en 2021 respecto al año previo y batieron un récord de US$51,9 millones.

En paralelo, el Ejército brasileño desistió de fiscalizar las armas importadas hasta el fin del gobierno de Bolsonaro el 1º de enero próximo.

Y la gran pregunta sobre las consecuencias de todo esto ha comenzado a cobrar fuerza.

“Riesgo de violencia política”

Durante el primer debate de candidatos presidenciales para estas elecciones en Brasil, el postulante de centroizquierda Ciro Gomes recordó que a Bolsonaro le robaron su arma durante un asalto en Río de Janeiro en 1995.

“Con esa arma, (el asaltante) debe haber asaltado muchas más personas”, dijo Gomes. “Esa laxitud que pone fin a la regulación del Ejército sobre la detección de armas y municiones solo sirve para reforzar las milicias”.

El presidente, en cambio, sostuvo en el mismo debate que durante su gobierno disminuyó la cantidad de muertes violentas en Brasil, incluidas las que se cometen con armas de fuego.

Si bien esto es cierto, los expertos señalan que esa caída comenzó antes de que Bolsonaro llegara al poder y responde a varias causas, desde nuevas políticas de seguridad en algunos estados del país hasta una menor conflictividad entre bandas criminales.

Carolina Ricardo señala que la proporción de homicidios cometidos con armas de fuego en Brasil (76%) es muy superior al promedio mundial, que están aumentando los femicidios y muertes con armas por motivos banales como peleas de tránsito, y parte del arsenal legal tiende a ir al mercado negro o al crimen organizado.

“Hay una consecuencia más, muy peculiar de este momento que estamos viviendo, que es un riesgo democrático”, dice. “¿Es posible que tengamos un Capitolio en Brasil, con grupos armados apoyando al presidente?”.

La pregunta alude a la posibilidad de que ocurra un ataque violento como el que lanzaron seguidores de Donald Trump contra el Congreso de Estados Unidos en enero de 2021 para intentar evitar la certificación del triunfo electoral del presidente Joe Biden.

Al igual que Trump, Bolsonaro ha buscado sembrar sospechas sobre la fiabilidad del sistema electoral de su país, sin mostrar pruebas, y ha repetido que aceptará el resultado de las elecciones “siempre que sean limpias”.

Esto ha generado dudas sobre si el presidente brasileño aceptaría una eventual victoria de Lula, quien lo aventaja por hasta 17 puntos en encuestas de intención de voto para la primera vuelta del domingo.

En los últimos meses hubo episodios de violencia relacionada con las elecciones, incluidos dos asesinatos de simpatizantes de Lula a manos de partidarios de Bolsonaro, uno de ellos a balazos.

El ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño Edson Fachin suspendió este mes los decretos de Bolsonaro que flexibilizan el acceso a armas y advirtió que “el riesgo de violencia política vuelve de extrema y excepcional urgencia” esa medida.

Una mayoría de ocho ministros más de la máxima corte de justicia de Brasil confirmaron la decisión de Fachin la semana pasada.

Bolsonaro aludió a esto en un acto de campaña el sábado y dijo a sus seguidores: “Después de las elecciones, resolveré la cuestión del decreto de las armas para ustedes”.

También repitió su frase de que “el pueblo armado jamás será esclavizado” y agregó: “nadie robará nuestra libertad”.

Lula, por su lado, ha descartado que se pueda “dejar a la sociedad armada del modo en que está” y el miércoles dijo que el discurso de Bolsonaro sobre el pueblo armado es “el mismo” que hacía el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“El pueblo no precisa arma, el pueblo precisa trabajo”, sostuvo Lula, aunque aceptó que los hacendados puedan tenerlas.

Los votantes de Bolsonaro, en cambio, ven con recelo los intentos de frenar la expansión del arsenal en manos privadas.

“Esas personas corruptas están cada vez con más miedo de que la población realmente se subleve y vaya encima de ellos por un fraude electoral”, dice Ricardo Rebelato, un empresario bolsonarista propietario de un club de tiro en el interior de São Paulo que duplicó sus socios desde 2019.

Si bien varios expertos afirman que el sistema de votación brasileño es seguro, las Fuerzas Armadas han planteado cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio.

Rebelato cree que si el Ejército señalase irregularidades en la votación, debería “intervenir” y la población tendría que apoyarlo.

“Sí, una intervención militar, que es el sueño de los brasileños”, le dice a BBC Mundo. “De los brasileños de Bolsonaro, que es mayoría para nosotros aquí”.

Bolsonaro viajará a Nueva York desde Londres, tras asistir el lunes 19 a los funerales de la reina Isabel II, y al día siguiente pronunciará el discurso inaugural de la Asamblea General, que por tradición le corresponde al Presidente de Brasil.

El secretario de Asuntos Multilaterales de la cancillería brasileña, Paulino Carvalho, dijo en rueda de prensa que los encuentros con Lasso y Giammattei serán tras ese discurso y que ese mismo día Bolsonaro tiene previstas otras dos bilaterales, con los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y Serbia, Aleksandar Vucic.

Bolsonaro, quien aspira a la reelección en los comicios del 2 de octubre próximo, anticipó que su intervención ante la Asamblea General le servirá como tribuna electoral para “enviar noticias” hacia Brasil.

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Sin embargo, Carvalho dijo que el mandatario también abordará en su discurso diversos asuntos de la agenda global.

Entre ellos, citó la situación de la economía mundial tras la pandemia de covid-19, la guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania, la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria y fortalecer el desarrollo sustentado, entre otros.

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Aún así, admitió que la agenda interna puede estar presente en su pronunciamiento. “No deja de ser un candidato a la reelección”, dijo el diplomático.

La delegación que acompañará a Bolsonaro a las Naciones Unidas incluirá, entre otras autoridades del Gobierno, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos França, quien permanecerá en Nueva York durante toda la semana próxima.

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El ministro tendrá una nutrida agenda de reuniones bilaterales y participará en algunos encuentros multilaterales, organizados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el foro BRICS, que Brasil integra junto con Rusia, India, China y Suráfrica.

Bolsonaro, que desde que asumió el mandato ha defendido medidas para permitir la explotación económica y minera de la Amazonía y restringir las reservas indígenas, afirmó que DiCaprio realiza críticas sin fundamento y desconoce la importancia de que Brasil utilice sus tierras para producir alimentos para todo el mundo.

“DiCaprio tiene que saber que la propia directora de la OMC (Organización Mundial del Comercio) asegura que, sin la producción brasileña de alimentos, el mundo pasaría hambre. Entonces es mejor que se quede con la boca cerrada en lugar de estar diciendo bobadas por ahí”, afirmó el jefe de Estado de Brasil en una conversación con un grupo de seguidores en Brasilia.

“De nada sirve publicar videos mentirosos diciendo que la Amazonía se está incendiando y que eso va a cambiar el clima en el mundo, que no funciona. Especialmente si DiCaprio publica una fotografía de hace 20 años”, agregó el mandatario al reiterar que una imagen de un incendio forestal usado por el actor estadounidense en sus mensajes en redes sociales es de 2003, antes de su gobierno.

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En la conversación con sus simpatizantes frente al Palacio de la Alvorada, residencia de la Presidencia brasileña, el líder ultraderechista afirmó que Brasil no es sólo ejemplo mundial en la producción de alimentos, sino también en la preservación ambiental.

DiCaprio es un antiguo crítico de las políticas ambientales de Bolsonaro y aborda el asunto con frecuencia en las redes sociales, especialmente cuando publica mensajes sobre la gravedad de los cambios climáticos.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.
What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2022

Esta es la segunda vez en una semana que el presidente de Brasil responde las críticas de DiCaprio.

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La semana pasada reaccionó de forma irónica a un mensaje en que el actor estadounidense le pidió a los jóvenes brasileños votar en pro de la Amazonía en las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil, en las que Bolsonaro intentará la reelección.

“Brasil alberga la Amazonía y otros ecosistemas críticos para el cambio climático. Lo que sucede allí nos importa a todos y el voto de los jóvenes es clave para impulsar el cambio por un planeta saludable”, afirmó DiCaprio en su mensaje.

– By the way, the picture you posted to talk about the wildfires in the Amazon in 2019 is from 2003. There are people who want to arrest Brazilian citizens who make this kind of mistake here in our country. But I'm against this tyrannical idea. So I forgive you. Hugs from Brazil! pic.twitter.com/pSJBOjVSB7

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022

“¡Gracias por tu apoyo, Leo! Es muy importante que todos los brasileños voten en las próximas elecciones. Nuestro pueblo decidirá si quiere mantener nuestra soberanía sobre la Amazonía o ser gobernado por ladrones que sirven a intereses extranjeros”, respondió el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter.

En 2019, cuando el mayor bosque tropical del planeta sufrió los peores incendios de los últimos años, el jefe de Estado acusó, sin pruebas, a DiCaprio de financiar a organizaciones no gubernamentales y activistas ambientales, que, a su juicio, estaban detrás de los fuegos en el ecosistema.

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Desde que Bolsonaro asumió el poder, en 2019, los índices de deforestación se han disparado en la mayor selva tropical del mundo. En el primer trimestre de este año, las alertas de deforestación en la Amazonía brasileña alcanzaron un nuevo récord, con 941 kilómetros cuadrados de selva destruidos, según estimaciones oficiales.

Esto ocurre en un contexto delicado en Brasil, con más de 600.000 muertos por la pandemia (el segundo peor saldo por país en el mundo, después de Estados Unidos) y crecientes dificultades económicas.

Si bien la comisión recomendó la imputación de otras 77 personas, desde asesores a ministros de gobierno y tres hijos del presidente, Bolsonaro es señalado como el “responsable principal por los errores cometidos por el gobierno federal durante la pandemia”

El presidente ha negado tener “culpa” alguna por la propagación del coronavirus en Brasil y criticó el trabajo del panel de senadores.

“Me tachan de genocida, falsificador de documentos, exterminador de indios: es absurdo lo que hicieron estos tipos”, declaró Bolsonaro el lunes a una radio local.

Sin embargo, expertos advierten que el informe de 1.289 páginas puede tener distintas consecuencias para el mandatario de extrema derecha.

“Muchos imaginaban que la democracia brasileña estaba en riesgo, (pero) el informe de esta comisión señala que la democracia está efervescente y es capaz de imponer pérdidas políticas y tal vez judiciales al Ejecutivo”, dice Carlos Pereira, politólogo y profesor titular de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de elite, a BBC Mundo.

Los crímenes atribuidos

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro negó la gravedad de la misma, mostrándose contrario a medidas de aislamiento y distanciamento social, y promoviendo actos multitudinarios o medicamentos sin eficacia probada contra la covid-19 en vez del uso de máscaras o la vacunación.

Tras una investigación de seis meses que atrajo la atención pública, la comisión del Senado atribuyó un total de nueve crímenes al presidente.

La lista incluye un crimen de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al crimen, falsificación de documento particular, uso irregular de recursos públicos y prevaricación, así como crímenes de responsabilidad y contra la humanidad.

Los primeros siete se consideran crímenes “comunes”: están tipificados por el código penal brasileño y pueden ser castigados por la justicia hasta con cárcel.

Como el reporte también acusa a Bolsonaro de crímenes de responsabilidad, podría habilitar un juicio político en el Congreso para destituirlo.

Además, la atribución de crímenes “contra la humanidad” contemplados en el Estatuto de Roma, podría eventualmente motivar un proceso contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional (CPI).

Miembros de la comisión del Senado anticiparon que enviarán sus acusaciones a la Procuraduría General brasileña, la Cámara de Diputados y la CPI para que las analicen qué pasos siguen.

Aliados de Bolsonaro negaron que haya elementos jurídicos que sustenten la criminalización del presidente y argumentaron que, como Brasil tiene un sistema federal, el manejo de la salud también es responsabilidad de los estados.

Otro líder que buscó relativizar la amenaza del covid-19, el expresidente de EE.UU. Donald Trump expresó en un comunicado este mismo martes su apoyo a Bolsonaro, de quien dijo que son “grandes amigos”.

El informe de la comisión del Senado marca un momento especial en un Brasil donde es difícil que los gobernantes sean acusados tan directamente por investigaciones del Congreso.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que el informe aprobado derive en cargos formales contra Bolsonaro.

Posibles escenarios

La comisión del Senado carece de potestades para denunciar directamente al presidente brasileño o a los demás acusados en su informe.

Para que Bolsonaro sea acusado formalmente ante la justicia se requeriría el aval del fiscal general brasileño, Augusto Aras, considerado un aliado del mandatario que ya ha archivado otros pedidos de investigación en su contra.

Por otro lado, la apertura de un juicio político o impeachment a Bolsonaro como los realizados contra sus antecesores Dilma Rousseff y Fernando Collor de Mello debería pasar por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, otro aliado del mandatario.

Tampoco es seguro que Bolsonaro vaya a ser juzgado por la CPI de La Haya, aunque el Estatuto de Roma esté incorporado al derecho brasileño.

Para que ello ocurra, la CPI debería decidir que la denuncia del Senado es de su competencia antes de iniciar un largo proceso de investigación.

“Creo que el impacto mayor será político antes que judicial: una mayor fragilidad del gobierno ante los ojos de la sociedad y la pérdida de competitividad electoral del gobierno”, evalúa Pereira.

Agrega que, en lugar de impulsar la caída de Bolsonaro, el opositor Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva parece más interesado en antagonizar con un mandatario debilitado.

Las encuestas sugieren que en una eventual segunda vuelta electoral, Lula derrotaría por varios puntos a Bolsonaro, cuyo índice de aprobación bajó a 22%, según sondeos de la firma Datafolha.

Frente a distintos problemas económicos como una creciente inflación y un desempleo elevado (14%), Bolsonaro busca revivir programas de ayuda financiera a los sectores más necesitados.

Fue con esos mismos programas que el mandatario mejoró su popularidad el año pasado.

Pero algunos economistas anticipan que ahora ese gasto podría incrementar el desajuste de las cuentas públicas y acarrear nuevas dificultades para el gobierno.

Cuando Bolsonaro comenzó a relativizar la amenaza de la covid-19, llamándola de “gripezinha” y criticando el cierre de actividades, algunos sospecharon que su apuesta era tomar distancia del costo político de la pandemia.

Si ese fue el caso, el informe de la comisión del Senado sugiere que aquel tiro podría salirle por la culata al presidente brasileño y pesarle en las urnas tanto como a su “amigo” Trump.

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