“Por ahora, el Departamento de Defensa ha cesado la transferencia de equipos y la capacitación de las FTIs (Fuerzas de Tarea Interinstitucionales)”, aseguró un vocero del Departamento de Defensa estadounidense.

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La fuente señaló además que “el Departamento de Defensa también está evaluando transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala, caso por caso, en el contexto de nuestra larga relación y esfuerzos de capacitación”.

Degenhart dijo el jueves que “no hay ningún retiro” del apoyo de Estados Unidos sino que se trató de “una mala interpretación de la información oficial” de ese país y que, al contrario, “el apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia el Estado de Guatemala no solo continúa, nunca ha sido mejor que en las condiciones actuales”.

El Departamento de Defensa reiteró que el gobierno de Guatemala es un aliado y socio de los esfuerzos de seguridad de Estados Unidos en la región, sin embargo, “el repetido uso incorrecto de los vehículos militares (jeeps J8) proporcionados por Estados Unidos, ha requerido una revisión del apoyo a programas de cooperación en seguridad”.

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Esto además responde a las declaraciones del ministro guatemalteco, quien indicó que Estados Unidos hizo “una interpretación errónea, que no compartimos”, respecto al uso de los jeeps J8.

Estos vehículos circularon frente a la Embajada de EE. UU. el 31 de agosto del 2018, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que Guatemala no solicitaría la renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“A partir del 31 de agosto del 2018, los vehículos donados por el Departamento de Defensa a las FTIs han sido usados repetidamente por el Ministerio de Gobernación de una manera que transgrede los términos y condiciones de las transferencias”, señaló el portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU.

Un vocero de la embajada de ese país en Guatemala además indicó: “Los Estados Unidos y Guatemala han construido una relación de mutuo respeto y cooperación.  Nuestras alianzas con el Ministerio de la Defensa de Guatemala y las fuerzas armadas de Guatemala son ejemplos de nuestros esfuerzos constructivos.”

La respuesta, sin embargo, no menciona la relación con el Ministerio de Gobernación.

Uso cuestionado

Los jeeps J8 fueron donados en diferentes momentos al gobierno de Guatemala, pero el acuerdo de donación establece que su uso es específico para patrullajes en las fronteras y el combate del narcotráfico, según confirmó la Embajada de Estados Unidos en una respuesta anterior.

La misión diplomática afirmó que el gobierno estadounidense nunca recibió notificación de que los vehículos de servicio militar serían utilizados para un tipo de patrullaje distinto a los fines para los que fueron asignados. “Los documentos de donación especifican que los J8 se deben utilizar para operaciones antinarcóticos”, señaló.

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También causó reacciones en EE. UU. las declaraciones que el secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, ofreció el 31 de enero pasado y donde indicó que debido a que los vehículos son una donación, son propiedad de Guatemala y por lo tanto, el país puede hacer el uso que considere de ellos.

“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes -Estados Unidos- nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, indicó, lo que provocó que congresistas y senadores de aquél país soliciten la devolución de los vehículos, aunque esto no se ha concretado.

Implicaciones

La suspensión de la ayuda de EE. UU. a Guatemala tiene repercusiones que afectan a los guatemaltecos y revela las prioridades del actual gobierno, señalan los analistas en seguridad Walter Menchú y Alejandro Rodríguez.

Menchú, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comenta que la suspensión de ayuda afectará en el costo de mantenimiento de los vehículos militares, por lo que se debe destinar parte del presupuesto de la cartera de Gobernación para ello y de no hacerlo, estos terminarán siendo obsoletos.

“Estos están destinados a hacer frente al narcotráfico, y si no funcionan va a haber un repunte en cuanto a estos ilícitos”, estima Menchú, quien además recuerda que no se sabe con certeza el impacto que ha tenido su uso, pues no hay mediciones efectuadas por Gobernación.

Por su parte, Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, estima que la actual administración de gobierno ha dejado de lado “gravemente” sus obligaciones internacionales y del combate al narcotráfico y que se ha enfocado solamente en el debilitamiento de la Cicig.

“La comunidad internacional no está dispuesta a que continúe esta situación y que el gobierno convierta el país en un paraíso para la delincuencia organizada mientras procura mantener su impunidad”, asegura el analista, quien considera que Guatemala se está aislando internacionalmente.

Rodríguez señala que no puede haber seguridad si se tiene un sistema debilitado.

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Pese al anuncio oficial de EE. UU. sobre la suspensión de ayuda a las fuerzas de tarea de Guatemala, el funcionario aseguró que “no hay ningún retiro”, y lo atribuyó a que “se ha especulado mucho con el tema”.

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El funcionario dijo que se trató de una mala interpretación de la información oficial de EE. UU. y que, al contrario, “el apoyo del gobierno de EE. UU. hacia el Estado de Guatemala no solo continúa, nunca ha sido mejor en las condiciones actuales”.

Afirmó que “EE. UU. está muy claro en que su socio principal en esta región, en la lucha antinarcótica, es Guatemala y sería contradictorio sembrar la idea de que EE. UU., que es el más interesado, nos esté cortando la ayuda que sea en beneficio de ellos”.

Lo que ocurre en realidad, según el ministro de Gobernación, es que en los convenios hay plazos y vigencias y dentro de ellos hubo uno que llegó a su momento, “pero en ningún momento se dio una suspensión, de hecho seguimos trabajando activamente”.

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El anuncio de la suspensión de la ayuda, hecho público el 14 de marzo, ocurrió debido al “uso incorrecto” de los J8 según la información de la embajada norteamericana, pero esto se trata de “una interpretación errónea, que no compartimos”, indicó Degenhart.

El funcionario reiteró que la movilización de esos vehículos se trató de una operación en conjunto con la cartera de la Defensa. “Es una operación normal. Se trata de una operación de apresto y se evaluó la velocidad y el manejo logístico que se puede hacen en conjunto, los dos ministerios -Gobernación y Defensa-, para movilizar las unidades cuando se requieran en cualquier parte del país”, explicó.

Según Degenhart, “la operación fue exitosa porque se hizo en el tiempo y plazos y condiciones establecidas”.

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Sobre el hecho de que la movilización de los vehículos se efectuó un día después del anuncio de la Embajada de EE. UU. sobre el retiro de apoyo, Degenhart dijo que esta ya estaba programada, pero además afirmó que se trata de “una especulación” y que fueron llevados a esa área -la Fuerza Aérea- porque era la que permitía poder concentrarlos a todos, además es un área militar y eso debía aprovecharse por seguridad nacional.

Como muestra del trabajo entre Guatemala y EE. UU. el ministro dijo que el miércoles se efectúo la quinta reunión de ministros de seguridad de los países del Tríangulo Norte, en la cual participó Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU..

Según el funcionario, en este encuentro se comenzó a planear operaciones conjuntas para desarticular a estructuras criminales transnacionales. “En conjunto vamos a perseguir penalmente a todos. Eso es una muestra del trabajo en conjunto”, comentó.

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Los vehículos de uso militar estuvieron estacionados en la Fuerza Aérea Guatemalteca durante una semana, situación que el Ministerio de Gobernación atribuyó a una “operación de apresto con muy buenos resultados”.

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Según la cartera “las unidades volvieron al desempeño de sus funciones dentro del ámbito de la seguridad nacional” luego de evaluar su “desempeño y capacidad de respuesta”, algo que fue cuestionado por los exministros de Gobernación, Carlos Menocal, y de Defensa, Cecilio Leiva, consultados por Prensa Libre.

Degenhart afirmó este viernes en Huehuetenango: “Estamos muy claros que los ejercicios que hemos hecho, que probablemente no son los ejercicios normales, son los que tienen la incidencia criminal en los niveles tan bajos que están”.

El jueves, luego de conocerse la información oficial sobre la movilización de los jeeps, Menocal y Leiva coincidieron en que no hay forma de medir alguna reacción de los vehículos, luego de que permanecieran durante casi una semana en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Leiva señaló que “no se logra entender de qué forma se puede medir la reacción de estos vehículos” o de qué estrategia se trata, pues los vehículos fueron trasladados de los lugares que resguardan en las fronteras para estacionarlos en la Fuerza Aérea, en la capital.

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Menocal, por su parte, indicó que, si se trata de una concentración de vehículos para que estén en apresto, como justificaron las autoridades, no hay forma de medir si hubo un buen o mal resultado, porque esta acción no se mide.

“El apresto no es medible, ni puede tener resultados porque es un recurso que está en resguardado y concentrado para que pueda tener una respuesta a cualquier eventualidad”, dijo el exfuncionario.

Según Menocal, con las declaraciones oficiales del ministerio de Gobernación habría una intención de confundir a la población.

Los dos exfuncionarios también opinaron que la concentración de los vehículos donados por EE. UU. coincidieron con el anuncio de que EE. UU. suspendió la transferencia de equipos y capacitación a las fuerzas de tarea.

Esa medida fue adoptada, según un vocero de la embajada de ese país, debido al “uso incorrecto” de los jeeps J8. La congresista estadounidense Noma Torres, de origen guatemalteco y crítica de la gestión de Jimmy Morales, presionó para Guatemala respondiera por qué utilizó los recursos de su país en forma “amenazante” contra la embajada norteamericana y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 31 de agosto de 2018, cuando Morales oficializó que no renovaría el convenio. También presionó para que esto no quedara sin consecuencias desde  Washington.

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Leiva indicó que la impresión que dio la movilización de los vehículos fue que iban a ser devueltos, “pero EE. UU. no lleva vehículos de regreso a su país”, por el gasto que implica dicha movilización.

Menocal también cree que el resguardo fue con la intención de devolver los vehículos y atribuye esa decisión a “los caprichos políticos y poco tino diplomático” del actual gobierno, pues, asegura que la devolución de este equipo debe hacerse de la misma forma que la donación, es decir a través de un convenio.

Al respecto, Degenhart dijo hoy que “cada quién tiene la opinión que le merece (…) son exministros que ya estuvieron en el puesto ya tuvieron la oportunidad de hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy y no lo hicieron”.

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Graduación de agentes

El funcionario asistió a la graduación de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC)en Huehuetenango.

Con la ausencia del presidente Jimmy Morales, y 81 días después de haber culminado el proceso de formación, este viernes se realizó el acto de graduación de 563 agentes policiales, todos hombres, en la academia regional de la PNC de Huehuetenango.

Durante su discurso, Degenhart pidió a los nuevos policías que asuman el compromiso de trabajar por el país de forma correcta. “No acepto que se tuerzan. No acepto que tomen el camino incorrecto”, señaló ante los agentes y sus familiares que llegaron de todo el occidente.

El funcionario dijo que la graduación de la promoción 51 de la PNC es motivo de orgullo para esta cartera y que espera que haya resultados de su incorporación con una notable reducción de hechos criminales en los 22 departamentos.

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, informó que la institución llega ahora a 40 mil 343 elementos. La otra semana y dentro de 15 días se sumarán los agentes de las academias de Santa Rosa y la zona 6 capitalina.

Según Castillo,  la distribución de los agentes se realizará en las próximas 72 horas en todo el país y de acuerdo con la incidencia criminal. “Los últimos trámites administrativos se llevan a cabo, todos los agentes recibieron su arma de fuego y todo su equipo”, explicó.

Sobre la tardanza en la incorporación de los agentes al resto del cuerpo policial, el vocero dijo que se debe a que el Ministerio de Finanzas no efectuó los procesos administrativos para crear las plazas y poder efectuar los pagos de salarios, lo que ya fue completado; además, algunos agentes tuvieron dificultades para completar su expediente, agregó.

Castillo recordó que la formación del curso básico para ser policía incluye áreas de leyes, defensa personal, aspectos legales, aspectos humanistas, protocolos del actuar del policía y mediación para resolver conflictos de forma pacífica.

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La información fue revelada en una citación con diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde participaron además autoridades de la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia Estratégica.

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Después de varias preguntas esquivas, José Olazábal, viceministro de Gobernación, confirmó que la concentración de los jeeps J8, que se realizó la semana pasada, se debe “a una operación de apresto”.

Explicó que fue básicamente concentrar los vehículos para evaluar la capacidad de movilización de estos a cualquier puntos del país.

El diputado Orlando Blanco cuestionó quién dio la orden, pero el viceministro se limitó a responder en varias ocasiones que esto es una coordinación entre instituciones.

Posteriormente, Gustavo Méndez, viceministro de la Defensa, afirmó que la orden de concentrar los vehículos es una operación de apresto normal y la orden surgió del Estado Mayor de la Defensa, que actualmente está a cargo de Julio César Paz Bone.

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Méndez destacó que esta es una operación normal, pero reconoció que no se había hecho antes y que se analiza cuándo se podrá hacer otros ejercicios similares.

El funcionario informó que actualmente se espera un análisis mecánico de los jeeps para saber las condiciones de estos y poder determinar con certeza a qué lugar por el terreno se puede enviar cada uno de estos.

Posibles consecuencias

Blanco también preguntó a los funcionarios si esta acción puede traer alguna consecuencia negativa para el país en lo que concierne a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Guatemala.

Luis Carranza, viceministro de Relaciones Exteriores, respondió que no y que actualmente el Gobierno guatemalteco atraviesa “el mejor momento” en lo que respecta a su relación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

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El congresista criticó esa postura pues a su entender “es evidente que la movilización de los jeeps J8 tuvo además un componente político” pues esta se realizó un día después de que Estados Unidos anunciara que retiraría su apoyo para las fuerzas de tarea.

En la misma citación participó Mario Duarte, secretario de Inteligencia Estratégica de la Presidencia, quien fue cuestionado por declaraciones a una radio donde señaló que si los Estados Unidos así lo quería podían concentrar los vehículos.

En su defensa respondió que se refería a que, con o sin los jeeps J8, Guatemala sería un socio efectivo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Agregó que estas declaraciones se las hizo a personal de los Estados Unidos.

Blanco pidió que dijera cuál había sido la reacción de los funcionarios estadounidenses ante esta declaración y Duarte respondió que debido a que es una comunicación diplomática no está autorizado a indicar la respuesta de los funcionarios, que tampoco precisó quiénes eran.

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Ante esta respuesta el legislador afirmó que este tipo de declaraciones eran irresponsables, en principio porque se estaba erogando una representación del Estado que no le correspondía y porque este tipo de acciones podrían poner en una situación delicada las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

Más requerimientos

Al principio de la citación, Blanco requirió a los funcionarios quién había dado la orden para que un convoy de jeeps J8 recorriera la capital y se estacionara frente a la embajada estadounidense y la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 31 de agosto de 2018, justo cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la comisión.

Feremka Godínez, subdirectora de Operaciones Antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, indicó al congresista que era una coordinación conjunta y se negó en varias oportunidades a revelar el nombre de la persona que dio la orden para la movilización.

Lo mismo ocurrió con el secretario Duarte, quien tampoco dijo quién fue el que tomó la decisión y se limitó a decir que los jeeps pasaron por esas sedes diplomáticas porque “están en lugares de mucho tránsito vehicular”.

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Mientras que los viceministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y de la Defensa indicaron que no habían recibido ninguna comunicación negativa por esta situación.

Ante esta negativa de los funcionarios de revelar el nombre, Blanco los emplazó y pidió para las 14 horas de este martes un informe que indique los nombres de las personas que ordenaron la movilización.

Además, también pidió al Ministerio de la Defensa un informe circunstanciado del estado de los jeeps J8. El viceministro Méndez indicó que la evaluación tardaría unos cuantos días más y luego se redistribuirían los vehículos a distintas partes del país.

Al salir de la citación, el viceministro Olazábal dijo en rueda de prensa que se ha hecho un plan para no dejar descuidados los lugares donde estaban asignados los vehículos y señaló que no podía revelar la cantidad de personal movilizado por razones de seguridad.

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La canciller Sandra Jovel y el secretario Mario Duarte se excusaron de participar en una citación en el Congreso donde iban a ser interrogados por diputados, mientras que en el caso del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ha evitado dar declaraciones a los medios de comunicación.

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Jovel y Duarte fueron citados por los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), mas no acudieron.

Duarte mandó una carta de excusa argumentando que tenía programadas varias reuniones de trabajo previas a ser citado, mientras que Jovel delegó a un vicecanciller para llegar al Congreso, razón por la que los diputados cancelaron la citación.

Orlando Blanco, jefe de la bancada UNE, recordó que Duarte y Jovel tienen obligación de rendir explicaciones al Congreso y pueden ser denunciados si no lo hacen.

El congresista afirmó que ven una actitud irresponsable y poco clara en cuanto a que tienen que dar declaraciones.

Blanco consideró que Duarte es una de las personas responsables de que el Departamento de la Defensa de EE.UU. haya tomado la decisión de suspender la ayuda militar al Estado de Guatemala.

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Gobernación

Desde hace cinco días el Ministerio de Gobernación mantiene el hermetismo por la concentración de los jeeps J8 en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en zona 13.

Esa decisión se tomó luego que el gobierno de EE. UU., suspendiera la ayuda militar a Gobernación y advirtió evaluar los aportes al Ministerio de la Defensa.

El Departamento de la Defensa de EE. UU. hace énfasis en que los jeeps J8 tuvieron “uso incorrecto”, pero no solicitaron la devolución de esos vehículos. Sin embargo, Gobernación decidió concentrarlos y no se ha aclarado esa decisión.

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Prensa Libre desde el pasado viernes ha solicitado al vocero de Gobernación, Fernando Lucero, explicación de la decisión del ministro Degenhart, y no se ha dado respuesta.

Los jeeps, que fueron donados en esta administración y son administrados por Gobernación, continúan concentrados en la pista de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Citación

Blanco añadió que para el martes a las 10 horas fueron citados Duarte, Jovel, Degenhart y el ministro de la Defensa Luis Miguel Ralda.

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“Tienen que dar explicación sobre el por qué de esa reconcentración de los jeeps. Que vengan a plantear la reacción del Estado en cuanto a esta decisión muy fuerte de EE.UU. y que se deduzcan las responsabilidades”, afirmó el congresista.

Agregó que han sido muchos años los que han costado construir esta relación con el Gobierno de los EE. UU. en el marco de esa cooperación para el combate al crimen organizado como para que se pierda con esta situación.

“Nos parece que este berrinche injustificado por parte de las autoridades de reconcentrar los jeeps en la fuerza aérea también es una excusa para dejar áreas sin protección de todo el territorio nacional y seguramente esto será aprovechado por el crimen transnacional. Son muchas las explicaciones que tienen que dar los funcionarios”, aseveró Blanco.

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¿Cómo podría interpretarse la decisión de Estados Unidos hacia Guatemala, a partir de la suspensión de la ayuda militar por el mal uso de los Jeep J8?

En el mundo de la diplomacia, cuando las relaciones entre dos Estados se enfrían, se toma este tipo de medidas y se van desarrollando en forma gradual, salvo que haya asuntos demasiado graves como una guerra, o algo similar, pero en casos como estos subyace el interés de mantener una relación.

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¿Por qué este interés?

Porque el narcotráfico es un problema que rebasa las fronteras de Estados Unidos y las de Guatemala, entonces de alguna manera, lo que conviene es no romper relaciones entre los dos estados porque no han llegado a ese nivel de gravedad. Un ejemplo, en este momento es el de Venezuela y como caso intermedio el de Nicaragua.

¿Qué mensaje se podría leer entre líneas?

Lo que percibo es que Estados Unidos tomó esta decisión, primero, como una advertencia y segundo como una medida para demostrar su preocupación porque, anteriormente, durante unos 30 años -a partir de la década de 1970- el Gobierno de Estados Unidos se negó a darle ayuda militar a Guatemala.

Esto ya plantea una preocupación porque luego de esta decisión pueden venir otras medidas, no estoy diciendo que sean inminentes o a corto plazo, para advertirle a Guatemala que su conducta es insatisfactoria y que, además, hay ciertas instituciones del Estado que se están alejando de la tan socorrida propaganda que hace el Gobierno en el sentido de que su relación con Estados Unidos se mantiene muy cordial.

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¿Cómo cuáles?

Gradualmente pueden registrarse otras restricciones y entre las más sensibles e importantes para Guatemala, están las relaciones económicas que pueden ir desde cuotas de importación, aspectos cambiarios y una serie de medidas que pueden ser demasiado fuertes para la economía nacional, pero como repito, no podemos soslayar el hecho de que esto es una advertencia que nos obliga a poner particular y especial cuidado a estos amagos.

¿Qué errores ha cometido el país en su relación con EE. UU?

Guatemala ha manejado sus relaciones de manera poco afín al sistema bipartidista de los Estados Unidos, pues ha confiado su política en un número reducido de dirigentes del Partido Republicano y ha sobredimensionado su capacidad de influencia y decisión sin tomar en cuenta que en este momento la situación del presidente Donald Trump ha cambiado y que, adicionalmente, tampoco todos los políticos del Partido Republicano están en favor de una política de apoyo hacia Guatemala.

Lo anterior demuestra que hay una falsa percepción del Gobierno de Guatemala y pareciera ser, esta es una conjetura totalmente discutible, de que el Gobierno de Jimmy Morales no tiene la más mínima noción de la importancia que tiene la relación de los Estados Unidos para Guatemala en su conjunto o, sencillamente, ya está viendo su salida (término de su Gobierno) y está usando el principio de: “el que venga atrás que arree”.

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¿Sucedieron acontecimientos similares en el pasado?

Sí, pero no puedo precisar en qué años. Creo que fue en el gobierno de Romero Lucas García, pero durante la época del conflicto armado, Estados Unidos le retiró toda la ayuda militar a Guatemala, durante unos 30 años.

¿Ha hecho lo mismo con Nicaragua y Venezuela?

Hasta donde estoy informado Estados Unidos no le proporciona ayuda militar a Nicaragua, igual que a Venezuela, de manera que por ahí sí existen esos antecedentes.

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¿Cuál es su opinión de que Estados Unidos le haya retirado el apoyo militar a Guatemala, por el mal uso de los jeeps J8?

Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Guatemala durante el conflicto armado interno, porque advirtió que se estaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la argumentación actual, aunque es distinta, es difícil no relacionarla con aquel antecedente, porque lo que ha dicho la embajada de ese país en sus comunicados oficiales es que suspende la ayuda militar por el mal uso que las autoridades guatemaltecas han hecho de los vehículos J8.

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¿Estas acciones de EE. UU. denotan algún enfriamiento de las relaciones entre ambos gobiernos?

Lo primero que se puede entender es que las autoridades estadounidenses han mostrado con suficientes señales públicas su preocupación sobre lo que está pasando en el sureste de México y los países de Centroamérica, como corredor de ilegalidad.

Segundo, existe una preocupación muy específica sobre la situación política guatemalteca por los indicios de inestabilidad política en cuanto al proceso electoral que se está desarrollando.

¿Se puede decir, entonces, que Guatemala es parte de una preocupación regional?

Si uno mira el panorama hemisférico en su conjunto se da cuenta de las señales visibles de preocupación del gobierno estadounidenses sobre los casos de Venezuela y de Nicaragua. Entonces, tenemos la inquietud de que pronto parte de la legislatura norteamericana de senadores y congresistas, así como de la administración del presidente Donald Trump, es decir las autoridades directamente vinculadas a la Casa Blanca, estuvieran viendo en Guatemala indicios peligrosos de inestabilidad política que afectarían a toda la región, no solo al gobierno Guatemala.

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Menciono este marco general porque es difícil no relacionar la decisión de suspender la ayuda militar al país con las preocupaciones políticas y de seguridad que Estados Unidos mantiene sobre nuestra región.

Dentro de este paquete, Estados Unidos también ha expresado su preocupación por las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que actualmente se discute en el Congreso de la República.

Precisamente, por eso mencionaba que el problema de los Jeep J8 es parte de un contexto muy amplio, dentro de un marco de preocupaciones de inestabilidad sobre temas en donde parte de la cooperación internacional de Estados Unidos se ha enfocado para su fortalecimiento, no solo en Guatemala, sino también en los países circundantes.

¿Cuáles serían esos preocupaciones?

Fortalecer la solidez de nuestras instituciones, la independencia de poderes y el esfuerzo de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

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¿Qué opina de los pronunciamientos del Parlamento Europeo y la Unión Europea en cuando a su preocupación por el cierre de la Cicig y las modificaciones a la Ley de Reconciliación Nacional?

El asunto se deriva en que internacionalmente las decisiones internas que ha tomado la administración del presidente Jimmy Morales, las han leído como un retroceso o un debilitamiento de la lucha contra la corrupción en la institucionalidad pública.

¿Situaciones similares vivieron inicialmente Nicaragua y Venezuela?

Son condiciones distintas, no creo que sea sano hacer comparaciones simplistas entre las tres situaciones. Yo hacía énfasis sobre elementos de inestabilidad política, pero cada caso, tanto el de Nicaragua como Venezuela son diferentes, y sus causales distintas. En el caso nuestro lo que preocupa es la inestabilidad política no solo al Gobierno de Estados Unidos sino también a toda la vecindad.

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“Desde el 31 de agosto de 2018, el Ministerio de Gobernación ha repetidamente usado de manera incorrecta los vehículos donados por el Departamento de Defensa a las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales”, cita la fuente.

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“Por ahora, el Departamento de Defensa ha cesado la transferencia de equipos y la capacitación a las Fuerzas de Tarea. El Departamento de Defensa también está evaluando las transferencias al Ministerio de la Defensa de Guatemala caso por caso, en el contexto de nuestra larga relación y nuestros esfuerzos de fortalecimiento institucional”, precisó el portavoz.

“El gobierno de Guatemala es un aliado y un socio en los esfuerzos de seguridad de los Estados Unidos en la región, pero el repetido uso incorrecto de los vehículos militares proporcionados por los Estados Unidos ha requerido una revisión del apoyo a los programas de cooperación en seguridad”, agregó.

Una medida de este tipo ya fue impuesta por Washington a Guatemala. La administración de Jimmy Carter la aplicó el 3 de noviembre de 1977 por violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno ordenó el 31 de agosto del año pasado que los vehículos artillados donados por EE. UU. hicieran un recorrido por las calles de la capital, que entre otros sectores incluyó la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la zona 14, y la Embajada de aquel país, en al Avenida Reforma.

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Ese día el presidente Jimmy Morales anunció, rodeado de militares, que no renovaría el mandato de la Cicig que vence el 3 de septiembre próximo, posteriormente dio por finalizado el acuerdo de manera unilateral e impidió el ingreso de los investigadores.

El anuncio de la Embajada se produce un día después de que el Departamento de Estado de EE. UU. destacara dentro de su Reporte Anual sobre Derechos Humanos el uso de esos vehículos que fueron donados para ser utilizados en operaciones antinarcóticas.

El informe cita informes de oenegés locales, según las cuales el enviar a esos vehículos a hacer patrullajes constituyó una demostración de fuerza, intimidación y un intento de reprimir a la sociedad civil.

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Respuesta oficial

El Gobierno de Guatemala respondió a EE. UU. con un comunicado en el que asegura que se mantendrá a disposición de fortalecer los lazos de cooperación en materia de seguridad con los países aliados.

Sin embargo obvia referirse acerca de si devolverá los vehículos artillados o qué hará con ellos.

En el comunicado, el Gobierno destaca que ha sido recíproco con el gobierno estadounidense en la relación bilateral y apoyo en términos de relación de la seguridad y amenazas transnacionales.

Agrega que las instituciones guatemaltecas a cargo de la seguridad ciudadana “harán uso de toda su infraestructura y recursos para enfrentar todas y a cualquiera estructura criminal que opere en el país.

Se los dejamos “ahí enfrente”

El pasado 31 de enero el uso de los jeeps se tornó más polémico cuando el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Duarte, dijo durante una entrevista radial que si la Embajada de EE. UU. lo hubiera requerido la devolución de los vehículos se los habrían ido a dejar “enfrente”.

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“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes —Estados Unidos— nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, indicó en esa oportunidad.

“Se los vamos a devolver, se los hubiéramos ido a devolver si lo piden de regreso, por supuesto, pero el trabajo lo seguimos haciendo”, agregó.

Según Duarte por tratarse de una donación el Gobierno de Guatemala puede utilizar los vehículos de la forma como considere necesaria.

El funcionario es uno de los miembros del Gobierno más cercanos al presidente Jimmy Morales y durante el 2018 fue el que más veces se reunión con el mandatario, de acuerdo con una investigación que hizo Prensa Libre.

Advertencia

Ya el 15 de octubre del 2018, la Embajada había advertido del “mal uso” de esos vehículos porque fueron donados específicamente para el patrullaje de fronteras y el combate al narcotráfico.

Según explicación de la Embajada el gobierno estadounidense nunca recibió notificación de que los vehículos de servicio militar serían utilizados para un tipo de patrullaje distinto a los fines para los que fueron asignados.

Los acuerdos de donación de los vehículos especifican el tipo de misión y los lugares en los que se espera sean utilizados, expuso la sede diplomática de EE. UU.

Tema llega al Congreso

Congresistas estadounidenses no han sido ajenos a este “mal uso” que se le dio a estos vehículos el día que circularon en la Ciudad de Guatemala y pidieron al gobierno de EE. UU. que suspendiera la entrega de ayuda militar a Guatemala.

Los congresistas Eliot Engel, del comité de Asuntos Exteriores y Seth Moulton, del comité de Servicios Armados, enviaron una misiva al secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, el 8 de octubre del 2018, en la cual le sugieren “que ponga en espera la transferencia adicional de cualquier equipo militar a Guatemala, incluidos los cuatro helicópteros INL que se encuentran actualmente en los Estados Unidos para su mantenimiento, hasta que el Congreso reciba un informe completo de lo que ocurrió el 31 de agosto”.

Ese día, se conoció, según documentos oficiales filtrados a la prensa, que el Ministerio de Gobernación ordenó usar Jeeps J8 para patrullar las embajadas de México, EE. UU. así como a la sede de la Cicig, esto aunque previamente el Gobierno había asegurado que el despliegue de los automóviles obedecía a patrullajes de rutina.

For months, we've demanded a response to the Guatemalan authorities' flagrant misuse of US-donated Jeeps. @DeptofDefense has taken the first step by suspending assistance & training. My Guatemala Rule of Law Accountability Act must be passed to make sure this never happens again. https://t.co/OQGz8YzUx5

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) March 14, 2019

Después, el 7 de diciembre pasado, un grupo de congresistas encabezados por los demócratas Norma Torres y Engel enviaron otra carta a Pompeo, en donde solicitaba una explicación por el uso de los vehículos militares.

“La acción amenazadora del gobierno de Guatemala el 31 de agosto requiere una respuesta sólida por parte de los Estados Unidos. Antes de que ocurra una resolución aceptable de este problema, le pedimos que haga una consulta con el Comité sobre todas las transferencias de defensa a Guatemala antes de que ocurran”, se leía en la carta.

El 1 de febrero útlimo, otra vez Torres y otro congresista demócrata, James McGovern, pidieron mediante otra carta al embajador de Guatemala en EE. UU. Manuel Espina, que se coordinara la devolución de los vehículos.

En la carta, los congresistas recuerdan que los Jeeps J8 que fueron donados por EE. UU. para la lucha contra el narcotráfico y que “fueron mal utilizados por el gobierno de Guatemala el 31 de agosto del 2018”.

Torre y McGovern calificaron esa acción como un “intento flagrante” de intimidar a los Estados Unidos y a la comunidad internacional”, y daban por hecho la devolución de los vehículos, puesto que pedían que se les informara de la “transferencia futura”.

Sin embargo, el vicepresidente Jafeth Cabrera había afirmado meses antes, el 10 de octubre del 2018, el gobierno no pretendió amedrentar a nadie. “Lo que hacemos es brindar seguridad a la población guatemalteca, si se quiere entender que es para otra situación es cuestión suya”, precisó.

Cabrera precisó en aquella oportunidad que el país es autónomo y puede decidir en qué lugar circulan los vehículos que fueron donados por Estados Unidos y que son de uso militar; además, que el envío de los vehículos respondió a la delincuencia común.

Línea del tiempo

Estos hechos han acaecido en torno al uso de los jeeps J8

• 31/08/2018
  Los vehículos rondan las sedes de al Cicig y de las embajadas de EE. UU. y de México
• 03/09/2018
  El Ministerio Público requiere informes a ministerios por uso de los jeeps para verificar si se incurrió en abuso de autoridad.
• 06/09/2018
  El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, asegura que el despliegue fue “normal” y no por decisiones del gobierno en torno a la Cicig.
• 15/10/2018
  La embajada de EE. UU. señala por primeva vez que se hizo un mal uso de los vehículos ya que deberían ser utilizados en labores antinarcóticas.
• 09/10/2018
  Se conoce por documentos filtrados a la prensa de que el Ministerio de Gobernación ordenó el despliegue y no obedeció a operativos normales, como lo había dicho el titular de la cartera. Ese mismo día congresista estadounidenses piden suspender la entrega de equipo militar a Guatemala.
• 10/10/2018
  El vicepresidente Jafeth Cabrera sostiene que los operativos son normales y que el movimiento de los vehículos artillados no era una amenaza o intimidación.
• 08/11/2018
  Los congresistas, Eliot Engel y Norma Torres, insiste en obtener explicaciones sobre el uso de los jeeps mediante una carta enviada al Departamento de Estado de EE. UU.
• 31/01/2019
  El secretario de Inteligencia estratégica ofrece devolver los vehículos a EE. UU. y dejarlos enfrente de la embajada. Ese mismo día dos congresistas de ese país dicen que el gobierno debería aceptar la devolución.
• 01/02/2019
  De nuevo, congresistas piden a la Embajada de EE. UU. en Guatemala que acepte los vehículos de regreso.
• 13/03/2019
  El uso de los jeeps J8 es incluido dentro del Reporte Anual de Derechos Humanos de EE. UU.

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Duarte se refirió este jueves al uso de los Jeep J8, vehículos militares donados por EE. UU. y que circularon frente a la embajada de ese país y frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el 31 de agosto de 2018, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no se renovaría el mandato de esa comisión.

Embajada de Estados Unidos señala mal uso de Jeep J8

Durante en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, aseguró que esos vehículos son una donación y que ahora son propiedad de Guatemala, por lo que se puede hacer el uso que se considere. El funcionario es uno de los miembros del Gobierno más cercanos al presidente Jimmy Morales y miembro del Consejo Nacional de Seguridad, la cual recomendó la expulsión de la Cicig.

“Si tanto es el problema sobre cómo utilizamos algo que ustedes -Estados Unidos- nos donaron, se los vamos a dejar ahí enfrente, no se preocupen, de alguna forma conseguimos nosotros los recursos para seguir dando los buenos logros que estamos dando”, indicó.

Duarte agregó que se le informó a la Embajada de EE. UU. en Guatemala que los vehículos pueden ser devueltos a su requerimiento. “Se los vamos a devolver, se los hubiéramos ido a devolver si lo piden de regreso, por supuesto, pero el trabajo lo seguimos haciendo”, reiteró.

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El funcionario explicó que estos vehículos son utilizados por el Ejército para la lucha antinarcótica y también para seguridad en las fronteras. Además, agregó, la Policía Nacional Civil utiliza estos Jeep para patrullajes regulares en la capital.

“Nadie se ha tomado el tiempo de ver cómo esos J8 estuvieron utilizados a lo largo de los meses pasados también en la capital”, afirmó el secretario, quien agregó: “efectivamente hubo periodistas parqueados mucho tiempo enfrente de Cicig, para ver qué iba a pasar o qué no iba a pasar enfrente de Cicig, y los estaban, de alguna forma, cuidando”.

Sobre el tema, el secretario agregó que se sigue “dando y dando vueltas porque al final, mediatizar ese tema de los Jeep J8 les conviene a ciertos sectores con cierta posición”. Aseguró que se refería “a los que más les interesa poner en un mal lente al gobierno de Guatemala”.

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La Embajada de EE. UU., sin embargo, afirmó en una respuesta proporcionada a Prensa Libre en octubre del año pasado que hay un convenio de donación de los vehículos que establece que estos solo pueden utilizarse en fronteras y lucha contra el narcotráfico.

La comunicación oficial señalaba que “se espera que los -Jeep- J8 se usen de una manera que priorice la seguridad fronteriza y las áreas de alta criminalidad”, de parte del gobierno estadounidense.

La declaración de Duarte causó reacciones en EE. UU., donde Eliot Engel, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EE. UU., pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que tome le tome la palabra y Guatemala devuelva esos vehículos.

Chairman @RepEliotEngel: #Guatemala Intel Chief says that if we have a problem with misuse of US donated jeeps to intimidate US embassy, he will return them. Time for @SecPompeo and Pres Trump to take him up on his offer. #ReturnTheJeeps https://t.co/8zJC2WeRtK

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 31, 2019

La congresistas de origen guatemalteco, Norma Torres, también reaccionó al respecto e indicó: “si el gobierno de Guatemala está ofreciendo devolver el equipo que se utilizó incorrectamente el 31 de agosto de 2018, los Estados Unidos debería aceptar esa oferta. El gobierno de Guatemala ya no es un socio confiable en la lucha contra el narcotráfico”.

If @GuatemalaGob is offering to return the equipment that was misused on August 31, 2018, the United States should accept that offer. The government of Guatemala is no longer a reliable partner on counter-narcotics. #ReturnTheJeeps https://t.co/wV0Xr3c5kX

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 31, 2019

Postura desafiante

Las declaraciones del secretario podrían provocar el retiro de la asistencia a Guatemala de parte del gobierno estadounidense, señala el exministro de Relaciones Exteriores, Edgar Gutiérrez.

El exfuncionario dice que la postura de Duarte son desafiantes. “Él está muy seguro de sus contactos con la administración de -Donald- Trump, pero se está enfrentando a los demócratas, que ya están haciendo la diferencia con el control de la Cámara Baja”, afirmó.

Gutiérrez recuerda que Guatemala no está certificada con el Plan de la Alianza para la Prosperidad “y los demócratas han hecho muchas preguntas sobre el uso de esos vehículos. Lo más probable es que el Congreso fuerce a la administración a retirar la asistencia a Guatemala”, dijo.

A esa medida, consideró el exministro, se agregarían las sanciones impuestas a funcionarios señalados de corrupción y empresarios.

“Duarte les ha servido a demócratas y republicanos moderados en bandeja de plata la suspensión de la asistencia y mayores sanciones. Duarte y el gobierno de Morales juegan al chantaje, creen que amenazando con lanzarse a los brazos de China pueden lograrlo todo, pero no están leyendo bien los cambios del clima en Washington”, analizó Gutiérrez.

Cifras que no coinciden

Durante la entrevista, el funcionario también fue cuestionado sobre los datos publicados en una investigación de Prensa Libre sobre las cifras de incautación de droga que fueron reportadas por EE. UU. y que difieren de los números oficiales.

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Entre el 21 y 23 de enero pasados, Prensa Libre publicó un reportaje en el que divulga que el trasiego de cocaína se incrementó en un 400% entre 2009 y 2017. Cifras de la Oficina para el Control Internacional de Narcóticos de los EE.UU. (INL, por sus siglas en inglés) indican que el trasiego de cocaína por Guatemala se estimaba en 300 toneladas al año en 2009. Mientras tanto, el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de los EE.UU., publicado en marzo de 2018, indica que la estimación del trasiego anual por Guatemala aumentó a 1 mil 400 toneladas en 2017.

Sin embargo, el secretario de Inteligencia, Mario Duarte, declaró este 31 de enero en el mismo programa: “El flujo de cocaína que se dio en Guatemala está alrededor de las 400 toneladas métricas, no las 1 mil 400 que Prensa Libre afirmó”. Luego agregó: “Ellos lo contaron como alarmas y alertas de trazas que vienen”.  El dato que Prensa Libre publicó no fue producto de ningún conteo, sino se cita el dato de las 1 mil 400 toneladas que consta en la página 170 del citado informe.

Duarte continuó diciendo: “Lo más justo es apegarse de verdad a la letra y a los datos”. El funcionario señaló que se debe “ver los logros, lo que sí se está haciendo, capturas, decomisos, avances en carreteras y educación, invisibilizados por tanto tema”.

El reportaje señala, en efecto, el contraste entre los decomisos en las administraciones anteriores y la actual. Sin embargo, también indica que las incautaciones no superan el 2% del estimado de la cocaína que se trasiega por el país. En 2017, las incautaciones son el 0.97% de cuanto EE.UU. estima que se traficó. Con la estimación de Duarte, de 400 toneladas (no 1 mil 400 como señala EE.UU.), el porcentaje de incautación en 2017 sube a 3.3 de lo traficado.

Descargue aquí  el reporte del Departamento de Estado.

Causa estructural

Sobre las cifras reportadas, David Martínez-Amador, investigador y profesor universitario que integra la red internacional de investigadores sociales Imsumisos, aseguró que las cifras sobre incautaciones de droga no cuadran, pero que esto ha sido un problema “desde siempre”.

El investigador reveló que, en 2015, los informes del Departamento de Estado norteamericano indicaron que se incautaron en Guatemala 7.25 toneladas de droga en nueve meses, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 6.17 toneladas en todo el año.

Además, en el 2016, las agencias estadounidenses reportaron 18.5 toneladas incautadas en todo el año, pero la PNC registró 12.8 en el mismo periodo y, para el 2017, EE. UU. reportó, en 10 meses, 16 toneladas  incautadas y la PNC registró 13.6 toneladas en todo el  año.

“Hay una constante en la cual pareciera que las cifras se inflan o hay un faltante de droga porque se pierde. Ambas cuestiones son graves y no veo razón para suponer que uno de los dos problemas se mantiene como condición estructural en este momento”, señaló Martínez- Amador.

Según el experto, el contraste entre las cifras que se presenten de parte de EE. UU. es lo que determinará si los números son correctos y recordó que “al final no se trata sólo de incautar, sino de destruir toda la droga y esto es un problema no resuelto, no solo en Guatemala sino prácticamente en la región”.

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Los Jeep J8 que fueron donados al Gobierno de Guatemala son específicamente para patrullajes en las fronteras y el combate del narcotráfico, confirmó la Embajada de Estados Unidos.

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La información indica que los acuerdos de donación de los vehículos “especifican el tipo de misión y los lugares en los que se espera sean utilizados” y que “los Jeep J8 son para uso exclusivo de las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales Conjuntas (IATF,  en inglés)”.

Su uso

Los Jeep J8 fueron donados al país en diferentes años y, según la Embajada, los documentos de donación especifican que “los IATF se enfocan en eliminar la actividad criminal, en particular el narcotráfico en las fronteras de Guatemala”.

Por ello, explica la comunicación, “se espera que los J8 se usen de una manera que priorice la seguridad fronteriza y las áreas de alta criminalidad”.

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Además, la misión estadounidense reitera que “los documentos de donación especifican que los J8 se deben utilizar para operaciones antinarcóticos”.

Las donaciones más recientes se dieron en febrero de este año, cuando se entregaron cinco de estos vehículos a la  Brigada de Operaciones de Selva, en El Subín, Las Cruces, Petén, y en julio del 2016, fecha en la que fueron donados  a la Fuerza de Tarea Chortí. En esta ocasión la entrega estuvo a cargo del entonces embajador de EE. UU. en Guatemla, Todd Robinson.

Ese año el país recibió 50 vehículos y  fueron designados a Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Petén y Alta Verapaz.

Autonomía

“Los Estados Unidos no han recibido ninguna notificación de un cambio en la misión de estos vehículos o en las IATF, tampoco hemos recibido ninguna notificación de una nueva unidad a la que hayan sido reasignados”, indicó la embajada norteamericana ante la consulta sobre los patrullajes que los J8 hicieron el 31 de agosto último.

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Ese día, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los vehículos circularon frente a la sede de esta entidad y de la Embajada de EE. UU.

Aunque al consultar sobre el uso de los vehículos el Gobierno afirmó que se trató de patrullajes normales, documentos oficiales que se hicieron públicos el 9 de octubre comprueban que los J8 fueron trasladados desde Zacapa y Jutiapa, y varios tenían la orden de circular frente a esas entidades extranjeras, además de la Embajada de México.

Ante esa evidencia, el vicepresidente Jafeth Cabrera aseguró que el país tiene autonomía y es soberano, por lo que puede decidir el lugar a donde serán movilizados los vehículos.

El vicemandatario también aseguró que el país donante no puede decidir cómo manejar la seguridad interna y que el objetivo de esos patrullajes no fue intimidar.

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“No estamos amedrentando a nadie (…) lo que hacemos es brindar seguridad a la población guatemalteca. Si se quiere entender que es para otra situación es cuestión suya”, afirmó, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación.

El Ministerio de Gobernación también reaccionó a la publicación de los documentos e indicó, en un comunicado, que el Quinto Viceministerio —antinarcóticos— es el encargado de administrar los Jeep.

“Este coordina con la Policía Nacional Civil los apoyos en contra de la incidencia criminal, organizaciones delictivas y delitos de seguridad ciudadana, combate al narcotráfico y patrullajes a nivel nacional”, señala el pronunciamiento.

Para justificar el traslado de los J8 esa cartera  resume  que “este caso no es la excepción, ya que se han realizado acciones policiales en varias zonas de la ciudad capital, así como en otras áreas del territorio nacional”.

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A lo que no se refieren, ni el vicepresidente ni Gobernación, es a la orden específica, la cual figura en un oficio de la PNC, de patrullar frente a las mencionadas embajadas y  la Cicig.

Freno a donaciones

Por este caso, los congresistas estadounidenses Eliot Engel, miembro del Comité de Asuntos Exteriores, y Seth Moulton, del  de Servicios Armados, pidieron al secretario de Estado de su país, Mike Pompeo, suspender la entrega de equipo militar a Guatemala hasta  tener un informe público y detallado del propósito para el que los jeeps fueron utilizados el 31 de agosto.

“No se puede tolerar el uso de vehículos comprados por el contribuyente estadounidense para intimidar a nuestro personal. Instamos a la Administración de Trump a que no le dé vueltas a este grave abuso”, señala el documento.

La carta, además, revela que el acuerdo entre los dos gobiernos establece que Estados Unidos. “sea notificado con anticipación de cualquier intento de usar estos vehículos para un propósito diferente”, lo cual se confirma con la información de la Embajada en Guatemala.

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El despacho de Gobernación está a cargo del viceministro de Prevención del Delito, Axel Romero, ya que el jefe de la cartera, Enrique Degenhart, y los viceministros Kamilo Rivera y José Olazabal, de Seguridad y Antinarcóticos respectivamente, viajaron a comisiones fuera del país.

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Desde que se conoció, a través de documentos oficiales, que la movilización de los vehículos fue ordenada por Olazabal, solo se ha emitido un comunicado de la cartera indicando que se trató de patrullajes normales. Ese día, el presidente Jimmy Morales anunció que no se renovaría el mandato de la Cicig.

Además de no ampliar la información sobre el uso de los vehículos donados por EE. UU., los funcionarios dejaron la cartera en manos de Romero, quien no tiene bajo sus atribuciones movilizar fuerzas de seguridad de darse una crisis, según los exministros de Gobernación, Carlos Menocal y Francisco Rivas.

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Las reuniones

Según información de la cartera, Rivera viajó a Belice para participar en la Comisión de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde se abordan temas de seguridad regional.

En esta actividad, “se trabaja en la elaboración del Plan Regional Intersectorial de Combate al Crimen Organizado”, señala la explicación.

Se indica que este año la presidencia pro témpore del SICA le corresponde a Belice y que en el 2019 la sede estará en Guatemala, donde se dará continuidad a la Estrategia de Seguridad Centroamérica.

Por su parte, Degenhart y Olazabal viajaron a Washington, junto al mandatario, para participar en la segunda Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, donde se abordan temas de seguridad y prosperidad.

En esa cita las reuniones son con el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad, Kirstjen Nielsen, además de los presidentes de Honduras y El Salvador y los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación de México.

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Capacidad reducida

Según los exministros de Gobernación, dejar la cartera a cargo del viceministro de Prevención de la Violencia es un riesgo debido a que sus funciones son distintas y no tendría capacidad operativa para reaccionar ante una eventual crisis.

Rivas señala que la responsabilidad operativa del ministerio tiene que atenderse desde el despacho y que en ausencia del ministro se designa al viceministro de Seguridad -en este caso Rivera-, pero ante la ausencia de este le corresponde al quinto viceministro -Olazabal-.

“Los viceministros de Prevención o Administrativo no tienen bajo su catálogo de atribuciones todas las actividades operativas y reactivas”, indica el exfuncionario.

Menocal reitera esta crítica, pues afirma que el viceministro de Prevención del Delito tiene funciones específicas, pero no la experiencia para cubrir una emergencia.

“Si ocurre una emergencia, un incidente, una acción de alto impacto en tema de seguridad ¿quién atenderá la crisis?”, indica el exministro quien señala que el mando policial se queda solo, sin una autoridad superior que le delegue funciones.

“Por cuestiones técnicas y de seguridad nacional, si el ministro sale, el viceministro de Seguridad no debería hacerlo”, afirma el exfuncionario.

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Cabrera respondió así a las interrogantes sobre el recorrido que efectuaron los Jeeps J8 el 31 de agosto, cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no se renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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Ese día, los vehículos para uso militar transitaron frente a la Cicig y la embajada de Estados Unidos y según documentos oficiales fueron trasladados desde Zacapa específicamente para hacer este recorrido.

“Es una cuestión mediática que se maneja, nosotros no estamos haciendo nada indebido, lo que hacemos es procurar la seguridad del pueblo de Guatemala”, afirmó Cabrera este miércoles.

El funcionario insistió en que “no estamos amedrentando a nadie (…) lo que hacemos es brindar seguridad a la población guatemalteca, si se quiere entender que es para otra situación es cuestión suya”, en referencia a los periodistas que lo cuestionaron.

El vicepresidente afirmó que “como pueblo soberano, podemos tomar las decisiones sobre la vigilancia interna”.

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Cabrera insistió en que, gracias a la autonomía del país, “podemos decidir a dónde mandamos a vigilar y la situación del país (…) hay conflictividad y delincuencia común y eso fue lo que se hizo”.

Orden de Gobernación

Documentos oficiales revelaron que autoridades de Gobernación ordenaron trasladar los vehículos para vigilar las embajadas de México, EE. UU. y la sede de la Cicig.

Según los escritos, fueron las fuerzas de Tarea Chortí y Xinca las que se movilizaron a la capital el 31 de agosto y se pusieron a disposición de la Policía Nacional Civil.

Los documentos, fechados el 5 de septiembre, indican que fue a través de un mensaje en WhatsApp que se recibió la orden para el traslado desde Zacapa y Jutiapa y que esta fue girada por el quinto viceministro de Gobernación, José Alfredo Olazabal Mendizábal, a través de Héctor Mejía Secaida, asesor de la Unidad Especial Antinarcóticos.

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Petición

Ayer, los congresistas Eliot Engel, miembro del comité de Asuntos Exteriores y Seth Moulton, miembro del comité de Servicios Armados, enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que piden que se suspendan donaciones de equipo militar a Guatemala hasta que se aclare por qué los vehículos circularon frente a estas dos entidades.

“Estos vehículos donados por los Estados Unidos están destinados a fines antinarcóticos y normalmente están estacionados a 90 millas de la Ciudad de Guatemala”, indica la carta.

Además, los congresistas indicaron que “nuestro acuerdo con el gobierno guatemalteco solicita que los Estados Unidos sea notificado con anticipación de cualquier intento de usar estos vehículos para un propósito diferente al que fueron donados.

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El viernes pasado una caravana de jepp J8 con soldados estuvo frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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El viernes acudió a la sede de la Cicig en la zona 14 la fiscal Sonia Montes, quien solicitó copias de los videos de vigilancia para documentar las veces en que los soldados circularon por el sector y el tiempo de permanencia cuando estuvieron estacionados.
 
La imagen de los jepp J8 que donó el gobierno de Estados Unidos para tareas contra el narcotráfico y los patrullajes fronterizos fue compartida inmediatamente en las redes sociales.

Verificación

La Embajada de Estados Unidos compartió un comunicado en donde se refiere a que verifica el uso de los vehículos militares.
 
“Desde 2013, el Gobierno de los Estados Unidos ha donado 148 vehículos Jeep J8 al Gobierno de Guatemala. Estos vehículos fueron donados para que las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales Tecún Umán, Chortí, y Xinca combatan la actividad criminal y el narcotráfico en las fronteras de Guatemala. Varios de estos vehículos fueron observados recientemente en la Ciudad de Guatemala, incluso cerca de la sede de la CICIG y de la Embajada de los Estados Unidos. Estados Unidos está vigilando de cerca que todo el equipo donado para la aplicación de la ley en Guatemala sea usado de manera apropiada y según los acuerdos bajo los cuales fueron donados”.

#EstadosUnidos está vigilando el uso del equipo donado para la aplicación de la ley: https://t.co/2MO2khjczr

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 31, 2018

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