El Gobierno nicaragüense, que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, canceló este miércoles 23 de agosto la personalidad jurídica a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua, más conocidos como los jesuitas, y ordenó expropiar sus bienes, que incluyen una universidad y dos colegios privados.

En una nueva acción contra la Iglesia Católica, una resolución del ministerio de Gobernación (Interior) privó de personalidad jurídica a la orden jesuita, argumentando que estaba en “incumplimiento con sus obligaciones”.

La resolución dice que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que “tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020”.

El gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica y varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales.

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La resolución firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial La Gaceta, señala que con los incumplimientos a la ley, la directiva de la Compañía de Jesús “obstaculiza el control y vigilancia” por parte de las autoridades.

La Dictadura #OrtegaMurillo canceló este miércoles la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua.
Mi solidaridad y cercanía con los @jesuitascam pic.twitter.com/x86ek93TZB

— Cristhian Alvarenga (@CrisAlvaLopez) August 23, 2023

Además, afirma que la orden religiosa no promueve “políticas de transparencia en el control y manejo de la asociación” ni de la revisión de las mismas por las autoridades.

Hace una semana, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.

Al menos dos colegios pagados en Managua, el Loyola y el Centroamérica, eran manejados por la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el papa Francisco.

Además, los jesuitas gestionaban varias escuelas gratuitas o de bajo costo en el país.

Los bienes muebles e inmuebles de la orden pasan a manos del Estado de conformidad con el reglamento de la ley 1115, que regula el funcionamiento de las asociaciones, según la resolución.

El filósofo de la Ilustración Voltaire (1694-1778), normalmente un gran crítico de la religión organizada, estaba tan enamorado de un extraordinario periodo de 159 años de historia de América del Sur que se sintió impulsado a describirlo así:

“El asentamiento en Paraguay, realizado solo por los (jesuitas) españoles, parece, en algunos aspectos, un triunfo de la humanidad. Parece expiar las crueldades de los primeros conquistadores. Los cuáqueros en América del Norte y los jesuitas en América del Sur… le dieron una nueva luz al mundo“.

Ese “triunfo de la humanidad” eran unas misiones fundadas por los jesuitas en la extensa zona del Paraná, en el sureste de América, conocidas como “reducciones“, que en el castellano de los siglos XVI y XVII significaba “comunidades”.

Voltaire no fue el único en resaltar sus méritos.

Otro de los patricios de la Ilustración, el filósofo francés Montesquieu (1689-1755), las definió como “la curación de una de las más terribles heridas infligidas por hombres contra otros hombres“.

Y, más tarde, el yerno de Karl Marx, Paul Lafargue (1842-1911), las declaró el primer Estado socialista de todos los siglos.

Quizás, pero con un origen profundamente arraigado en la religión.

El mejor mal

Para cuando los jesuitas llegaron a las tierras de los guaraníes, que ya pertenecían a la corona española, había pasado un siglo de aquel “encuentro de culturas” con toda su conquista y colonia.

A los aborígenes en esas tierras que hoy son parte de los modernos Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay no les quedaban más que dos opciones:

• trabajar bajo el sistema de las encomiendas para los terratenientes españoles, quienes los explotaban a cambio de “salvarlos” a través del cristianismo, “educarlos” para que hablaran español y “protegerlos” de los enemigos o…
• arriesgarse a ser presa de los bandeirantes, o cazadores de esclavos, también llamados paulistas (pues tenían su base en São Paulo, la frontera en esa época), que con frecuencia organizaban incursiones para atrapar indígenas y venderlos como esclavos.

Los miembros de la Compañía de Jesús, una orden más nueva que el Nuevo Mundo al que habían llegado, traían otras ideas.

La orden jesuita había recibido la bendición formal del papa Pablo III en 1540 y sus sacerdotes y hermanos se fueron a los confines del mundo conocido a predicar el evangelio cristiano.

A América del Sur llegaron en 1549, con la intención de implementar la bula de 1537 de ese mismo Papa, Sublimis Dei, que prohibía expresamente la esclavitud de los pueblos indígenas y buscaba proteger su libertad y derecho a la propiedad.

Con eso en mente, en 1604 se formó una nueva provincia jesuita llamada Paraquaria, para comenzar la labor misionera entre los indios guaraníes, que habitaban en pequeños asentamientos bajo la autoridad de caciques.

2 jesuitas, 10 caciques

La primera incursión de los jesuitas en la región selvática del río Paraná fue emprendida en diciembre de 1609 por dos sacerdotes, Marcelo de Lorenzana (1565-1632), el superior en Asunción y su joven asistente, Francisco de San Martín.

Un cacique local, Arapizandú, que demostró estar bien dispuesto a aprender sobre el evangelio cristiano, invitó a los dos jesuitas a celebrar sus misas navideñas en una rústica choza en su asentamiento.

A los pocos días, nueve caciques más de la zona acudieron al lugar. Se habían enterado de que los jesuitas estaban a punto de fundar una reducción, un paso que parecía ser una opción menos mala que las que tenían.

Aunque eso no quiere decir que todos les dieran la bienvenida.

El sacerdote jesuita, misionero y escritor peruano Antonio Ruíz de Montoya, autor de “Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape”, relata por ejemplo que…

“Los chamanes encabezaron la resistencia contra los jesuitas. Los demonios nos han traído a estos hombres -decía uno de estos dirigentes a su gente- pues quieren con nuevas doctrinas sacarnos del antiguo y buen modo de vivir de nuestros antepasados, los cuales tuvieron muchas mujeres, muchas criadas y libertad en escogerlas a su gusto y ahora quieren que nos atemos a una mujer sola“.

No obstante, durante 1610 se desarrolló la primera reducción jesuita de San Ignacio Guasu en territorio guaraní.

El esfuerzo fue tan exitoso que los misioneros jesuitas fundaron muchas más reducciones entre 1610 y 1707.

De éstas, un total de 30 sobrevivieron finalmente a la extensa destrucción causada por repetidas incursiones bandeirantes, que obligaron a algunas reducciones a tener que mudarse de ubicación varias veces.

Mano a mano

Una reducción comprendía normalmente a dos jesuitas y hasta 5.000 hombres, mujeres y niños guaraníes; cuando uno de los existentes crecía demasiado, se formaba un nuevo asentamiento.

Aunque la mayoría de los guaraníes que vivían en las reducciones buscaban el bautismo cristiano, ninguno estaba obligado a hacerlo.

La genialidad de las reducciones radicaba en su desarrollo como empresa genuinamente colaborativa jesuita-guaraní.

Los jesuitas nunca habrían tenido éxito en sus esfuerzos sin el conocimiento de los guaraníes, que podían identificar lugares adecuados para nuevos asentamientos con abundante suministro de agua, abundante piedra para la construcción y tierra fértil para el cultivo; y los guaraníes no podrían haber prosperado materialmente sin la experiencia técnica de los jesuitas, que incluía el trabajo del hierro.

Únicamente los jesuitas más capaces eran seleccionados para este exigente trabajo misionero, y las solicitudes de puestos en Paraquaria excedieron con creces las plazas disponibles.

Los que eran enviados a Sudamérica aprendían rápidamente la lengua guaraní y, liderados por hombres como el padre Ruíz de Montoya, publicaron los primeros diccionarios guaraníes, y les enseñaron a los indígenas a leer y escribir su, anteriormente no escrito, idioma.

Además de alcanzar elevados índices de alfabetización en guaraní, según algunos historiadores, los pobladores de las reducciones tenían buenos conocimientos del latín, español, alemán, aritmética y música.

Alrededor de la plaza

Aunque cada reducción tenía un diseño diferente, todas seguían un patrón común: el asentamiento siempre se basaba en una plaza mayor central, que tenía en un extremo una iglesia muy grande capaz de albergar a toda la comunidad, un cementerio comunal adyacente y un colegio donde se impartía educación y junto al cual vivían los jesuitas.

En los talleres próximos a la iglesia, cada reducción desarrolló sus propias áreas de especialización, que incluían trabajos en hierro y platería, carpintería, dorado, tejido y fabricación de instrumentos musicales.

En tres lados de la plaza había viviendas para familias guaraníes individuales. Cada reducción tenía un koty guasu o albergue separado para viudas, huérfanos y mujeres solteras.

Todo ello estaba construido al estilo barroco guaraní, el único barroco autóctono de América.

El agua corriente y el saneamiento completo estaban disponibles para toda la comunidad, y todas contaban con un hospital.

Prosperidad y envidia

La justicia estaban en manos del cacique, que ocupaba el cargo parokaitara o poro puaitara, o ‘el que da órdenes’ en guaraní.

Notablemente, no había pena de muerte así que es probable que haya sido la primera sociedad occidental en abolirla, si se tiene en cuenta que el primero en hacerlo en Europa fue el ducado de Toscana en 1786.

Bajo el cacique o corregidor, estaban los alcaldes o vírayucu -que significa ‘el primero entre los que llevan vara’-, quienes velaban por las buenas costumbres, castigando a los holgazanes y vagabundos.

Y es que se mantenía un cuidadoso equilibrio entre trabajo y ocio, con jornadas de trabajo comunal de 6 horas, la mitad que en las encomiendas pero mucho más productivas.

Para cumplir, los indígenas tuvieron que marchar al ritmo de un aparato traído de Europa, el reloj mecánico, que dictaba lo que antes sólo sus costumbres y la naturaleza les había indicado, desde cuándo despertar hasta cuándo volver a descansar, y todo entre medias.

Cada reducción operaba una economía de trueque y, con muchas posesiones en común, era una comunidad autónoma y autosuficiente.

Existía la propiedad privada -parcelas que le pertenecían a los indígenas y les proporcionaban su sustento familiar- y la tierra de Dios -comunal, en la que todos trabajaban por turnos y cuyos beneficios se invertían en gastos, mejoras o el fomento de la economía de la reducción-.

A través de métodos de cultivo eficientes, la variedad y el volumen de productos cultivados en una reducción, incluida la yerba mate, y la cantidad de ganado y caballos criados en ellas a menudo excedían las normas prevalecientes.

En tamaño y escala, las edificaciones de muchas de las 30 reducciones, que en conjunto llegaron a albergar a más de 120.000 guaraníes, igualaban a los grandes monasterios de la Europa medieval.

Tantos logros, que incluyeron la producción de magníficas esculturas, arte y música barroco guaraníes, despertaron los celos de ciertos pobladores que deseaban la expulsión de los jesuitas y la imposición el control colonial.

El principio del fin

Pero por más obedientes y exitosos que fueran, el destino de los guaraníes que vivían en las reducciones nunca estuvo en sus manos. Estaba amarrado al de los jesuitas y a merced de la política internacional.

La corona española se benefició durante varias décadas de la existencia de las misiones que le servían de barrera contra la expansión portuguesa, e incluso contribuyó a armar y entrenar una milicia guaraní para protegerse de las incursiones de los vecinos del norte.

No obstante, cuando llegó la hora de poner las cosas en orden y regularizar las fronteras, España y Portugal firmaron el Tratado de Madrid de 1750.

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Siete reducciones al este del río Uruguay fueron trasladadas a territorio portugués; sus 29.000 habitantes y los jesuitas recibieron la orden de trasladarse a la orilla occidental.

Los jesuitas obedecieron, pero los guaraníes se sublevaron. Y esa milicia que la corona española había patrocinado tuvo que enfrentarse contra los ejércitos de ambos poderes coloniales.

La sangrienta guerra culminó en 1756 con la batalla de Caiboaté en la que murieron más de 1.500 guaraníes, incluido su carismático líder, Sepe Tiaraju.

Las demás

Sobrevivían, sin embargo, las reducciones en territorio español. Pero, nuevamente, su destino se vio truncado por eventos ajenos a su voluntad.

Con el correr de los años, la Compañía de Jesús había sido desde el brazo derecho de los papas en la lucha de la Iglesia contra el protestantismo hasta la fuente de brillantes eruditos y teólogos, así como misioneros que difundieron la fe en Asia y América del Norte y del Sur.

Para mediados del siglo XVIII, los jesuitas eran un formidable ejército espiritual, que contaba con unos 23.000 miembros, tenía 800 residencias, 700 colegios y universidades y supervisaba 300 misiones. Además, eran los confesores de los gobernantes católicos en toda Europa y educaban tanto a los hijos de los nobles y de la creciente clase media, como a los de las masas.

Dado su éxito, tenían muchos y poderosos enemigos, que los acusaban -justa e injustamente- de toda clase de fechorías.

Uno de sus principales enemigos fue Sebastião José de Carvalho e Melo, el marqués de Pombal en Portugal, quien culpó a los jesuitas de la rebelión de los guaraníes del nuevo territorio portugués y empezó una campaña para acabar con ellos.

Los acusó de estar detrás de un complot para asesinar al rey en 1758; los expulsó de Portugal; los acusó de haber establecido un reino independiente en América del Sur donde, según él, habían esclavizado a los indios y se habían enriquecido con su trabajo. Voltaire mismo repitió esas historias en su novela “Cándido”.

Las acusaciones no cayeron en oídos sordos. Otros, incluidos colonizadores de las ciudades aledañas a las reducciones amargados al verlas prosperar más, habían inventado rumores similares.

Varios gobiernos empezaron a tomar medidas activas contra la Compañía de Jesús, entre ellos el rey Carlos III, quien la desterró de España y de sus colonias en el extranjero en 1767.

A partir de entonces, sin el ímpetu de los jesuitas, las reducciones fueron abandonadas gradualmente y algunos guaraníes comenzaron a trasladarse a las zonas urbanas.

Epílogo

El 21 de julio de 1773, el papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús.

Las fabulosas construcciones y obras de arte que los guaraníes habían creado en esas tierras parecían destinadas a no ser más que despojos hasta que en el siglo XX se inició un esfuerzo de recuperación y conservación.

Hoy en día, las impresionantes ruinas de las reducciones de la que fue Paraquaria son un recordatorio perdurable de algo que, a pesar de sus defectos, fue un “triunfo de la humanidad”.

Un triunfo que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dispuso que, por “violaciones graves de los derechos humanos”, se denegará la visa a estos exmilitares, cuyos rangos van de general a soldado, así como a sus familiares directos.

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La medida alcanza a Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez, y José Alberto Sierra Ascencio.

La matanza en la UCA tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).

Ese día, en el marco de una ofensiva de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), efectivos del ahora proscrito Batallón Atlacatl atacaron a los seis sacerdotes y a dos asistentes que se encontraban en un centro pastoral en las instalaciones de la UCA.

Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina, menor de edad.

“Estados Unidos condena todos los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar en ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por partidos gubernamentales y no gubernamentales”, dijo Pompeo en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que aunque el gobierno de Donald Trump valora la relación actual con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para abordar los abusos de los derechos humanos y alentar la rendición de cuentas, “sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró”.

Al cumplirse 30 años de la masacre, centenares de salvadoreños denunciaron la impunidad que persiste sobre el caso, en el marco de conmemoraciones en la UCA.

En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen. En enero de 2016, un tribunal español pidió a Interpol detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto de 2017 la Corte Suprema salvadoreña dejó sin efecto la demanda.

En abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre.

Los jesuitas acusan de ordenar la matanza a los generales en retiro Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, al difunto René Emilio Ponce y al coronel Inocente Orlando Montano. Este último fue extraditado por Estados Unidos a España, donde permanece encarcelado por esta causa.

La guerra civil en El Salvador concluyó con un acuerdo de paz mediado por la ONU entre el gobierno y el FMLN, tras 12 años de un conflicto que dejó más de 75 mil muertos y siete mil desaparecidos.

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El 16 de noviembre de 1989, cinco días después de que la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzara la ofensiva “Hasta el tope” en la capital, un comando élite del Ejército salvadoreño segó la vida de las ocho personas en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).

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Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, también la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Ellacuría, entonces rector de la UCA, denunció las condiciones de explotación y de miseria de la mayoría campesina del país, compromiso con en el que coincidió el arzobispo de San Salvador, san Óscar Arnulfo Romero, que también fue asesinado mientras celebraba una misa en 1980.

En abril de 2018 una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual, sin que hasta la fecha se hayan dado avances.

La anulación de la ley de amnistía por un fallo de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016 obligó a diferentes tribunales a reabrir las causas pendientes, incluida la de los jesuitas.

El proceso se encuentra actualmente en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado que los defensores de los militares presentaron un recurso de casación luego de que una corte de apelaciones ratificara en marzo pasado la reapertura.

Por este crimen únicamente está encarcelado el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 y a quien la CSJ le ha negado el indulto y conmutación de la pena, dado que la masacre es considerada un crimen de lesa humanidad.

Testimonio clave

El testimonio de Lucía Cerna, clave para vincular al Ejército de El Salvador con la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en noviembre de 1989, fue publicado por primera vez en español por la Universidad Centroamericana (UCA).

Las autoridades de la UCA, junto a la coautora Mary Jo Ignoffo, presentaron la noche del miércoles el libro, distribuido bajo el sello editorial de la universidad jesuita.

“El libro es el relato valiente de una mujer que desmontó la mentira”, dijo durante la presentación el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.

Recordó que los “responsables intelectuales” del crimen, que “todavía están en la impunidad”, ordenaron a los militares que ejecutaron la masacre “no dejar testigos”.

“Los militares se equivocaron, porque hubo una testigo que los vio entrar y salir. Lo maravilloso de esta testigo es que tuvo la valentía de decir la verdad”, acotó.

Cerna era empleada de la UCA y vivía en la central localidad de Soyapango, una zona de intensos combates entre la guerrilla y el Ejército salvadoreño, por lo que buscó refugió en la universidad.

Por su parte, Ignoffo relató que conoció a Cerna hace unos 30 años en Estados Unidos, pero fue hasta 20 años después de conocerse que le relató su experiencia.

“En cuanto Lucía me contó lo que le había pasado sentí la necesidad de contarlo”, sostuvo la coautora del libro, quien recordó que tardó dos años en compilar la historia de la testigo.

Ignoffo, historiadora y maestra en comunicaciones de profesión, aprovechó su visita a El Salvador para entregar una copia a la UCA de los archivos en audio y vídeo de las entrevistas con Cerna.

José María Tojeira, exprovincial de la Compañía de Jesús en Centroamérica y uno de los principales impulsores del proceso penal por la masacre, aseguró que el relato de Cerna fue clave para vincular a los militares con los asesinatos.

Relató que antes del mediodía del 16 de noviembre de 1989 sostuvo una reunión con el entonces presidente del país, Alfredo Cristiani, y que en ese momento tenían la “convicción de que los militares habían asesinado a los jesuitas”, en parte por el relato de Cerna.

También lamentó la “manipulación” a la que se prestaron algunas embajadas en El Salvador, principalmente la de Estados Unidos, que tenía como embajador a William Walker.

Recordó que fue víctima de “ataques” de los fiscales salvadoreños y de miembros del estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI) cuando se refugió en ese país.

“El interrogatorio en Miami fue terriblemente duro”, comentó Tojeira.

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Construida en 1830, la mansión era grande pero estaba muy deteriorada. Era lo que los argentinos llaman “casa chorizo”, ya que las habitaciones están alineadas en fila y dan hacia una serie de patios laterales. Eckstein sabía que se necesitaba importantes reformas: las paredes se derrumbaban y los pisos estaban cubiertos de escombros.

A poco de comenzar las obras, Eckstein notó algo inusual en los cimientos de la casa y no pasó mucho tiempo para que los patios comenzaran a hundirse. Resultó que Eckstein había tropezado con lo que se convertiría en uno de los sitios arqueológicos más importantes de la ciudad: un portal hacia un laberinto subterráneo.

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La idea de un misterioso mundo bajo tierra siempre despertó interés y dio rienda suelta a la imaginación en Buenos Aires.

“Los viejos mitos acerca de la existencia de un gran enjambre de túneles debajo de la ciudad resurgen una y otra vez”, dice Ricardo Orsini, coordinador del Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la ciudad.

Descubrimiento casual

Después de que Eckstein descubrió que el patio se hundía, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Buenos Aires investigó los cimientos de la casa para conocer su historia.

La mansión de 20 habitaciones había sido abandonada hacia fines del año 1800, cuando sus ocupantes huyeron de la mortal epidemia de fiebre amarilla que asolaba la ciudad. A comienzos del siglo XX funcionó como casa de inquilinatos, pero hacia 1980 fue abandonada una vez más.

Debajo de la casa, el equipo de arqueólogos descubrió una inusual construcción abovedada, que resultó ser la parte superior de un túnel. ¿A dónde iba? ¿Cuál era su propósito? Esas fueron preguntas que se formularon los investigadores mientras descubrían casi 2 kilómetros de pasajes subterráneos.

Al parecer, esos túneles fueron construidos alrededor de 1870 para reencauzar un arroyo que se desbordaba cuando llovía, arrastrando a las calles de la ciudad agua sucia con desechos de animales de las granjas ubicadas en las afueras de Buenos Aires.

Puerta de entrada

Actualmente la casa, convertida en el museo El Zanjón de Granados, es la puerta de entrada a los túneles restaurados y el lugar donde se exhiben objetos encontrados durante la excavación.

Nadie dentro de esos túneles diría que esos pasadizos eran utilizados para propósitos meramente prácticos. Son inquietantemente románticos. Revestidos con ladrillos a la vista, fueron restaurados e iluminados.

Aunque el descubrimiento de los túneles fue una sorpresa para Eckstein, no lo fue para algunos de los residentes más viejos de San Telmo. Algunos vecinos recordaron que estaban abiertos, pero parece que nadie sabe cuándo ni por qué los cerraron.

“Estuve interesado en ese mundo subterráneo desde que era estudiante, pero todo lo que escuchaba no tenía sentido. Todo era mito y fantasía. Nadie estaba haciendo un trabajo serio. Luego cuando estaba trabajando en el campo de la arqueología urbana, me involucré seriamente en el tema y encontré construcciones subterráneas de todo tipo. Es fascinante”, asegura Schávelzon.

Legado jesuita

Fundado en 1536, San Telmo es la parte más antigua de la traza original de Buenos Aires y es en esa zona donde se concentra la mayoría de los túneles. Pero no todos fueron construidos para drenajes.

Más de 100 años antes de que los vecinos reencauzaran un arroyo, párrocos jesuitas trabajaban en otro conjunto de túneles.

Hacia fines del siglo XVI, los jesuitas fueron enviados desde España a Buenos Aires para propagar la cristiandad en el Nuevo Mundo. Establecieron una misión compuesta por una iglesia, un museo, una biblioteca e incluso una farmacia. Ese complejo se lo conoce hoy como la Manzana de las Luces.

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Pero los jesuitas no eran precisamente bienvenidos en ese territorio. La población indígena resistió tenazmente los intentos de ser convertidos al cristianismo.

A medida que el conflicto se gestaba, los jesuitas tomaron medidas para garantizar su seguridad.

“Era un proyecto defensivo”, explica Schávelzon, “similar al que vimos en Lima (Perú) y en otras ciudades donde no hay fortificaciones, ni muros ni acantilados. En caso de ataque, la única vía de escape era subterránea”.

Proyecto secreto

Los expertos no conocen la extensión de la red de los jesuitas. Tras fracasar en su intento de convertir a la población indígena, abandonaron Buenos Aires y se dirigieron a establecer misiones en la frontera con Paraguay.

Los colonos españoles le dieron su propio uso a los edificios que pertenecían a la misión, estableciendo el Colegio Real de San Carlos y la primera biblioteca argentina (ambos ya no están en ese lugar). Y los jesuitas no dejaron planos. “Hay muy pocos documentos escritos”, dice Schávelzon. “Fueron concebidos como secretos”, precisa.

Los túneles jesuíticos permanecieron ocultos por casi 150 años hasta 1912, cuando en medio de obras de renovación de una escuela que funcionaba en el complejo de la Manzana de las Luces, el piso comenzó a colapsar bajo los pies de los obreros.

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Una pequeña parte de los túneles es accesible al público mediante visitas guiadas. En comparación con los de El Zanjón de Granados, el estrecho túnel jesuítico de piedra parece rudimentario.

Los visitantes caminan en una sola fila a través del pasadizo débilmente iluminado, deteniéndose para no golpearse la cabeza.

Si existió una red más amplia, la mayor parte se perdió. En décadas recientes, obreros que trabajaban en otros proyectos como la extensión del sistema de transporte subterráneo han demolido estructuras que podrían haber sido parte de esa red.

“Desgraciadamente -dice Orsini- la arqueología no siempre llega a tiempo para estudiar todas esas estructuras existentes en el subsuelo”.

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“Esta es una metrópolis en permanente desarrollo y por mucho tiempo no tuvimos un marco legal para proteger y preservar el legado arqueológico“, afirma.

Una ley aprobada en 2003 ayudó pero “las pérdidas que sufrimos son irreversibles”, se lamenta.

La arqueología es el estudio de la historia humana, pero los recuerdos también son parte del archivo. Cuando los túneles debajo de El Zanjón de Granados fueron descubiertos, un anciano residente en la zona, conocido como Anastasio, expresó deleite pero no sorpresa. Dijo que siempre supo de su existencia y que de niño jugaba allí.

“Por fin los encontraron”, exclamó.

POR SI SE LO PERDIÓ

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“España es un importante aliado de EE.UU. en terrorismo y otros casos de importancia nacional y el cumplimiento oportuno de sus solicitudes de extradición mejora la política exterior de Estados Unidos y sus intereses en la aplicación de la ley”, subrayó Francisco en su escrito.
Montano ha esperado durante más de dos años la decisión final sobre su extradición en una prisión de Carolina del Norte, cárcel en la que ya cumplió una pena de 21 meses de prisión por haber mentido sobre su situación migratoria en EE.UU., supuestamente para no regresar a El Salvador y responder por la matanza.
La Justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco consideró que fue un fraude de ley porque los hechos no fueron, a su juicio, correctamente investigados y, por eso, reclamó en el 2011 la extradición de los acusados.
El Salvador no ha respondido a las órdenes de extradición de España, por lo que Montano será el primer exmilitar salvadoreño que responderá ante la Justicia española por la matanza de los jesuitas. 

Los templos jesuitas, que son los mejor preservados de toda Suramérica, son “Patrimonio Cultural de la Humanidad”  declarado por la Unesco en 1990, que fueron construidas en los siglos XVII y XVIII para evangelizar a los indígenas chiquitanos, informaron los medios.

Las antiguas iglesias forman parte de la cultura viva de los indígenas del lugar y constituyen uno de los principales destinos turísticos de Bolivia.

Los organizadores de la visita del actor estadounidense no han comunicado oficialmente la razón de su visita, pero varios medios bolivianos aseguran hoy que es para filmar la tercera temporada de “La Historia de Dios”, un documental que retrata la relación de diferentes culturas del mundo con la religión.

Al término de su encuentro con Freeman, Morales agradeció en su cuenta de Twitter haber sido entrevistado sobre “su vida, la lucha y la presidencia”  que ejerce en Bolivia desde 2006.

Los ministerios de la Presidencia y de Comunicación publicaron en sus cuentas de Twitter fotografías del encuentro de Freeman y Morales en los jardines de la petrolera estatal YPFB.

El gobernante boliviano le regaló a Freeman el Libro del Mar, que recoge los argumentos de Bolivia contra Chile para reclamar la restitución de un acceso soberano al Pacífico, y un licor fabricado con hojas de coca.

Reciente visita a Guatemala

Según se dio a conocer, el actor estuvo de visita en Guatemala el lues 24. na fuente reveló a Prensa Libre que vino con el objetivo de coordinar la grabación de un episodio de la tercera serie La historia de Dios que será transmitida por Nat Geo.

En agosto de 2015, Morgan Freeman estuvo en el país para filmar el episodio que se tituló El fin de los días y una de las ciudades del mundo que aparecieron fue Tikal, en la cual se habló de la visión que los mayas acerca del fin del mundo.

El primer episodio de la serie fue transmitido el 3 de abril del 2016, fue visto en 171 países y traducida en aproximadamente 45 idiomas.

Kolvenbach lideró a los jesuitas durante casi un cuarto de siglo hasta que en el 2008, durante la Congregación General, renunció a sus funciones después de haber obtenido el consentimiento del papa Benedicto.

Entonces, adujo como motivo su avanzada edad -se encontraba cerca de los 80 años- y la larga duración de su gobierno.

Tras la desilusión por la política y las ideologías que le provocó el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, en 1948 ingresó en la Compañía de Jesús, en el noviciado de Marindaal, en Grave.

Estudió Filosofía y Lingüística y en 1958 fue enviado al Líbano, donde cursó Teología y posteriormente ejerció como profesor en la Universidad de San José de Beirut. Allí aprendió armenio y se ordenó sacerdote por el rito cristiano armenio.

La estancia en El Líbano marcó a Kolvenbach, nombrado en 1974 Provincial de la viceprovincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, Líbano y Turquía.

Riesgo

En esos años tuvo que convivir con la guerra civil en el Líbano, donde la misma Universidad de Beirut fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesinados o secuestrados.

En 1981, fue nombrado Rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, que se ocupa de las Iglesias Orientales, y está muy comprometido en el diálogo ecuménico. Dos años más tarde fue elegido como superior general de los Jesuitas.

Kolvenbach participó en numerosos sínodos, dirigió los Ejercicios Espirituales del Papa Juan Pablo II y sus colaboradores, y presidió la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús.

Renunció el 7 de enero de 2008 en la primera sesión formal de la Congregación General 35, cuando fue sucedido por Adolfo Nicolás.

Entonces regresó al Líbano, donde ha vivido sus últimos años.

El viernes pasado, en horas de la noche, la policía salvadoreña inició un operativo para cumplir con la orden de arresto dada por el juez español Eloy Velasco a la Policía Internacional (Interpol). Entre el viernes y sábado se logró capturar a cuatro de los 17 reclamados, 16 de los cuales están en El Salvador.

En tanto, familiares de  los militares perseguidos y prófugos de la justicia aseveraron que “no se entregarán” a las autoridades, exigieron la libertad inmediata de quienes fueron apresados y negaron la legitimidad de una posible extradición a España.

El 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil, una unidad élite de la Fuerza Armada penetró en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a sangre fría a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas domésticas. Entre los asesinados estaban Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró, rector y vicerrector de la UCA, respectivamente. Ambos, así como otros tres sacerdotes muertos, eran españoles.

Por su parte, los líderes de la derecha local defienden a los ex militares, y aseguraron que la captura es ilegal y contraria a los acuerdos de paz firmados entre la guerrilla y el gobierno en 1992, que pusieron fin a la guerra civil.

Jorge Velado, presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Manuel Rodríguez, líder del Partido de Concertación Nacional (PCN) y Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), rechazaron públicamente las capturas y negaron la posibilidad de las extradiciones a España.

Los políticos derechistas aseguran que el caso de los jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989 ya ha sido juzgado y que la justicia salvadoreña ya falló en contra de las capturas y las extradiciones de los ex militares.

Los líderes de la derecha salvadoreña aseguran que “no se deben abrir heridas del pasado”. Además, aseveraron que ellos también fueron víctimas de crímenes, como asesinatos y secuestros, por parte de la guerrilla.

Los ex militares Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas fueron capturados entre el viernes y sábado pasado y están siendo resguardados en la Subdirección de Tránsito Terrestre mientras son procesados por un tribunal que decidirá su extradición.

Entre los ex militares prófugos de la justicia están los ex generales Humberto Larios, Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Bustillo, todos del Alto Mando que dirigió la guerra en El Salvador y presuntamente planearon el asesinato de los jesuitas.

Todos los perseguidos son señalados por la Comisión de la Verdad (1993), de Naciones Unidas (ONU), como criminales de lesa humanidad.

La guerra iniciada en 1980 y concluida en 1992 a través de una negociación de Naciones Unidas (ONU) tuvo un costo de 70 mil muertos, ocho mil desaparecidos y un millón de refugiados. Luego de terminado el conflicto se impuso una amnistía que está vigente y que ampara a militares y guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad.

En una orden a la que accedió EFE, la magistrada del Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte Kimberly A. Swank, dictaminó que los tratados entre EE.UU. y España favorecen la extradición de Montano, reclamado desde EL 2011 por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

“Existe causa probable para creer que el acusado cometió los delitos de asesinato terrorista” , de los que se le acusa en España, dictaminó la magistrada en su escrito.

Montano, de 73 años, está acusado de haber ayudado a orquestar la masacre que tuvo lugar la madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al español Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana  (UCA) e ideólogo de la Teología de la Liberación, y a otras siete personas.

Entonces, un “escuadrón de la muerte”  irrumpió en el Centro Pastoral de la Universidad de los jesuitas, les ordenó salir al jardín y tumbarse boca abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo.

Los otros cinco sacerdotes asesinados son los también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López.

También murieron la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años, ambas salvadoreñas.

Durante el proceso judicial, el Gobierno de EE.UU. sostuvo que, un día antes de la matanza, el acusado, que en ese momento era viceministro de Defensa Nacional, participó en una reunión donde uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides perpetrar los asesinatos.

Además, según la Fiscalía estadounidense, como viceministro de Defensa Nacional, Montano tenía a su cargo una radio estatal desde la que, días antes del crimen, “se emitieron amenazas sobre el asesinato del padre Ellacuría y sus compañeros sacerdotes” .

En su escrito de hoy, la jueza no entra en estas acusaciones pero sí admite que la extradición debe proceder porque las evidencias muestran que Montano “se encargaba de tomar decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que ordenaron colectivamente los homicidios ilegítimos de sacerdotes jesuitas en El Salvador” .

Para la jueza, las evidencias recopiladas por la Justicia de España son “suficientes para creer que el acusado cometió los delitos de los que se le acusa”  y asegura que, los tratados entre Madrid y Washington, permiten extraditar a Montano, acusado en España de asesinato terrorista y crímenes de lesa humanidad.

Montano ha esperado durante meses la decisión sobre su extradición en una prisión de Carolina del Norte, cárcel en la que ya cumplió una pena de 21 meses de prisión por haber mentido sobre su situación migratoria en EE.UU., supuestamente para no regresar a El Salvador y responder por la matanza.

Ahora, el acusado debe de pasar a manos del cuerpo de aguaciles de EE.UU., que se encargará de custodiarlo hasta la aprobación final del Departamento de Estado, según dictaminó la jueza.

La defensa del salvadoreño, no obstante, tiene derecho a interponer un recurso contra la extradición y, de esta forma, el proceso podría frenarse o retrasarse, indicó a Efe el fiscal del caso, John A.Capin.

“El hecho de que el coronel Montano pueda enfrentar juicio en España no va a curarnos el dolor, pero es una victoria para todas las personas que buscan Justicia” , destacó hoy Carlos Martín-Baró, hermano de “Nacho” , como llama a su hermano, el sacerdote Ignacio Martín-Baró.

“Mi hermano tenía un amplio deseo de ayudar a la gente. Cuando se encontró con la pobreza y la desigualdad de El Salvador, se dio cuenta de que el problema era más profundo y dedicó toda su vida a ayudar al pueblo de ese país” , recordó el viernes Carlos, según recoge el Centro de Justicia y Responsabilidad  (CJA en inglés) .

Esta institución para la defensa de los derechos humanos, basada en San Francisco  (EE.UU.) , impulsó la apertura del proceso, cuando interpuso ante la Audiencia Nacional una querella conjunta con la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

La justicia de El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez español Velasco consideró que fue un fraude de ley, porque los hechos no fueron a su juicio correctamente investigados, y reclamó en el 2011 la extradición de los militares.

Los diferentes crímenes de guerra cometidos en El Salvador durante la guerra civil no han sido juzgados por la promulgación de una ley de amnistía en 1993.

Si la extradición sigue adelante, Montano sería el primer acusado en responder por los asesinatos, aunque lo haría en suelo español.

    El lunes, Velasco recordó a Interpol de España y El Salvador, así como a la dirección de la Policía Nacional Civil salvadoreña, que “aún se encuentran pendientes de cumplimiento las órdenes internacionales de detención emitidas durante el 2011 en contra de los militares” .

    En el  2011, los militares evadieron la detención al refugiarse en un cuartel militar de San Salvador, mientras obtenían una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia amparada en una amnistía que perdonó las atrocidades cometidas en la guerra civil 1980-1992.

    En esta ocasión, Morales insta a la Corte Suprema de Justicia a que “proceda de manera inmediata a garantizar la captura de los imputados” .

    Velasco ha vuelto a emitir las 17 órdenes para las detenciones de los exmilitares, entre los que figuran el exministro de Defensa Rafael Humberto Larios, y los generales Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda.

    Para Morales consideró que la detención procede “debido a que la actuación del juez de la Audiencia Nacional ha sido apegada a derecho” .

    Asimismo, recomendó a la Fuerza Armada de El Salvador “abstenerse”  de afectar los procedimientos de captura de sus exmiembros, en tanto instó a las autoridades de Estados Unidos a autorizar la extradición a España del coronel Inocente Orlando Montano, quien cumple con una condena de 21 meses de cárcel por fraude migratorio en ese país.

    La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana  (UCA) al sacerdote español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios y prominente defensor de la Teología de la Liberación.

    También fueron asesinados los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró  (vicerrector) , Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.

    El miércoles, el vicerrector de la UCA, Omar Serrano, respaldó la petición del juez español: “creemos que es una oportunidad nueva para que el sistema de justicia se limpie la cara por lo que no se ha hecho en este país” .

Piden agilizar extradición militares

Defensores de los derechos humanos y la comunidad jesuita de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) instaron el jueves a la Corte Suprema de El Salvador a colaborar con la justicia española que ha solicitado la extradición de un grupo de militares salvadoreños vinculados con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.     

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, confirmó que recibió la notificación del juez de instrucción de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, que ha girado las órdenes internacionales de captura para 17 militares salvadoreños involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras y dijo que “la orden debe ser cumplida de manera inmediata”.     

“La difusión roja ya está reactivada, esperamos que funcione la institucionalidad como ha funcionado en otros casos y la Corte Suprema de Justicia cumpla con su mandato de autorizar la extradición”, dijo a la AP la directora del Instituto Universitario de Investigación Pública de la UCA, Jeannette Aguilar.     

Velasco volvió a emitir peticiones de captura contra los militares salvadoreños implicados en la masacre, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador cambió el panorama jurídico al afirmar que la difusión roja no solo sirve para localizar, sino también para que las capturas se hagan efectivas.     

“Al ser una orden internacional, una difusión roja, automáticamente debería de hacerse efectiva, no veríamos ninguna razón por la cual deberían de abstenerse de capturarlos y extraditarlos”, agregó la investigadora de la universidad.