Ausencia de ministro de Finanzas, Jonathan Menkos agudiza fricciones por ley y presupuesto del 2026

A cuesta arriba encontraron los diputados de la Comisión de Finanzas el primer análisis de la iniciativa 6576, denominada Ley de agilización de la inversión pública, que coincidirá con la discusión del presupuesto 2026, en un ambiente de animadversión con el ministro Jonathan Menkos.

Urias Gamarro

14 de agosto de 2025 | 05:00h

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La primera discusión que llevaron a cabo los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República sobre la iniciativa 6576. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

La primera discusión que llevaron a cabo los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República sobre la iniciativa 6576 —impulsada por diputados oficialistas para acelerar la ejecución de los presupuestos asignados a gastos de capital, sobre todo en proyectos de inversión— encontró los primeros tropiezos desde el punto de vista técnico y legal.

Por otro lado, la propuesta crea un efecto “sombra” en los integrantes de la referida sala de trabajo, ya que faltan dos semanas para que el Ministerio de Finanzas (Minfin) presente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio del 2026, el próximo 2 de septiembre.

Es decir, en ese lapso los legisladores discutirán dos iniciativas relacionadas con la política fiscal: una presentada por diputados del Movimiento Semilla y la otra que enviará el Minfin como programa de gasto para el siguiente año. Así lo comentaron varios integrantes de la comisión.

Algunos diputados adelantaron que el dictamen de la iniciativa 6576 podría ser desfavorable, pues señalaron contradicciones, errores técnicos y una violación a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE).

En la sesión celebrada este miércoles 13 de agosto participó el viceministro de Finanzas Walter Figueroa Chávez, encargado del área de administración financiera, quien no supo defender la iniciativa ante los cuestionamientos de los legisladores. Nuevamente se advirtió la inasistencia del ministro Jonathan Menkos a la citación, lo que ha generado fricciones abiertas.

Advierten riesgo en presupuesto del 2026

“La ley se pone cuesta arriba, porque si no pasa van a querer incluirla en el proyecto de presupuesto del 2026, como en el caso de los contratos con organismos internacionales. Aunque no tiene relación, está la inasistencia reiterada del ministro Menkos, que genera animadversión con la comisión, y eso es peligroso”, resaltó Orlando Blanco, diputado de la bancada VOS.

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Justificó que uno de los problemas identificados es que el titular del Tesoro no acude a las sesiones de la comisión, entonces “¿cómo va a defender el presupuesto del 2026?”. Esto, dijo, crea un ambiente de enemistad con el ministro.

Aclaró que en la sala de trabajo hay miembros que están en contra de Menkos, pero otros diputados sí están dispuestos a discutir las iniciativas. Sin embargo, si no acude el responsable técnico que las elabora, propone o negocia con algunos parlamentarios para aprobar la ley, nuevamente se generará animadversión en la propuesta de presupuesto.

Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la comisión, reconoció que el Minfin no se hace responsable de la iniciativa 6576, que no la elaboró y que no la conoce. Criticó que el viceministro Figueroa Chávez “vino en el aire”, lo que se interpreta como que la propuesta no fue explicada en una mesa técnica ni se atendieron las inconsistencias.

“El mensaje está claro: presentamos una iniciativa poco transparente y no tenemos intención de discutirla. Se va a tomar con calma, porque no hay quien la defienda, y veremos qué dice el Minfin por escrito sobre las contradicciones y vacíos que tiene la norma”, recalcó Estrada Domínguez.

Adelantó que en la próxima reunión se elaborará un dictamen, que incluso podría ser favorable con enmiendas, pero si el ministro Menkos no la defiende o la explica a la comisión, eso se reflejará en el documento.

Sobre la próxima discusión del presupuesto del 2026, reconoció que esta iniciativa hace sombra en su análisis “ya que presentan una propuesta que no tiene pies ni cabeza, y sobre todo por la inasistencia repetida del ministro para participar en un debate”, concluyó.

Análisis de la iniciativa

En la sesión se presentó un documento del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) que expone errores técnicos señalados a los miembros de la Comisión de Finanzas:

• El artículo 14 propone reducir de 40 a 20 días el período de preparación de ofertas, lo cual contraviene el artículo 9.5 del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que establece un mínimo de 40 días entre la publicación del aviso y la fecha límite para presentar ofertas.
• El artículo 15 modifica los montos para la modalidad de cotización pública, pero no establece a partir de qué cifra aplica.
• En el artículo 16 se proponen cambios para permitir compras directas con oferta electrónica por montos de entre Q100 mil y Q200 mil. Sin embargo, no se ajustan los parámetros para las compras de baja cuantía —que se mantienen hasta Q25 mil—, dejando sin regulación adquisiciones entre Q25 mil y Q100 mil.
• El artículo 17 plantea reformar el artículo 62 de la LCE, con propuestas que, según el Icefi, atentan contra la transparencia y podrían facilitar irregularidades.

Diputados analizan acciones legales contra el ministro de Finanzas por inasistencia a citaciones

La Comisión de Finanzas del Congreso evalúa denunciar al ministro Jonathan Menkos o retirarle la licencia, debido a sus reiteradas ausencias a citaciones para rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria.

Henry Montenegro y César Pérez Marroquín

23 de julio de 2025 | 21:19h

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Jonathan Menkos, ministro de Finanzas. (Foto Prensa Libre. Érick Ávila)

La ausencia reiterada del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, a citaciones del Congreso ha provocado el rechazo de diputados, que ahora analizan posibles medidas legales.

Las constantes ausencias a las citaciones del Congreso de la República por parte del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, han motivado a los diputados que integran la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda a analizar posibles acciones legales contra el funcionario.

Este miércoles, los integrantes de la sala legislativa citaron a Menkos para cuestionarlo sobre la ejecución presupuestaria y la colocación de deuda; sin embargo, en su lugar asistió el viceministro Walter Figueroa, a quien los parlamentarios escucharon, aunque expresaron su inconformidad por las repetidas ausencias del titular de la cartera del Tesoro.

“Puede que procedamos con una interpelación, si eso es lo que queda; una citación en el Congreso, donde el mismo pleno lo convoque y todo el mundo pueda hacerle preguntas —que es diferente a la interpelación— o, en un caso extremo, presentar una denuncia por la inasistencia”, manifestó el presidente de la comisión, Julio Héctor Estrada, al referirse a las posibilidades que serán evaluadas y presentadas ante la sala legislativa en la próxima reunión.

Algunos legisladores también han planteado la posibilidad de revocar la licencia de la que goza Menkos desde enero del 2024 y que deje el cargo para regresar al Congreso de la República como diputado. Sin embargo, a nivel de la sala legislativa, por ahora se descarta proponer una medida de ese tipo.

“La actitud del ministro es vergonzosa. Yo sigo pensando que deberíamos regresarlo al Congreso y que deje de ser ministro de Finanzas”, expresó el jefe de la bancada Unionista, Álvaro Arzú, durante la reunión. El equipo de Comunicación Social de la cartera del Tesoro se pronunció respecto de la inasistencia del ministro y señaló que, según el artículo 37 de la Ley del Organismo Legislativo, el ministro puede delegar en los viceministros. Para los diputados, sin embargo, esta es una excepción y no una regla para todas las citaciones en el Congreso.

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Finanzas muestra video de operativos del MP que califica de “ilegales”

Finanzas señala que acciones del Ministerio Público en esa cartera son “ilegales” y el ente investigador le responde.

Óscar García

5 de julio de 2024 | 12:51h

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Investigadores del MP durante una diligencia en el Ministerio de Finanzas. (Foto Prensa Libre: captura de video de Finanzas) 

El Ministerio de Finanzas Públicas en redes sociales publicó un video con la siguiente descripción: “el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, presentó un amparo contra la fiscal general por acciones intimidatorias e ilegales”.

La publicación está acompañada de un video, que según Finanzas, evidencia las supuestas acciones ilegales del Ministerio Público (MP) en esa cartera.  

La acción de amparo fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia en contra la fiscal general Consuelo Porras por supuestas acciones ilegales en Finanzas.

De acuerdo con la grabación, el MP ha efectuado “una serie de acciones intimidatorias e ilegales y desde el 29 de mayo de 2024 se tiene conocimiento que fiscales del MP han desarrollado diligencias de investigación sobre acciones y actividades del ministro Menkos, en ejercicio de su cargo, pese a que el funcionario goza del derecho de antejuicio”.

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Según Finanzas, agentes de la Fiscalía contra la Corrupción “han pretendido realizar al ministro Menkos un careo, obligándolo a declarar por medio de un oficio sin número”.

Señala que el “MP ha llevado a cabo una serie de hechos que constituyen un agravio continuado contra el ministro Menkos, entre estos diligencias de oficio y carpetas de investigación sin agotar el procedimiento en materia de antejuicio”.

Afirma que “fiscales del MP han utilizado vehículos oficiales para intentar ingresar de manera anómala al Ministerio de Finanzas sin orden judicial”.

Señala que agentes de la Fiscalía contra la Corrupción “han pretendido obligar a declarar al ministro Menkos por medio de oficio que, desde la forma que ha sido redactado, pretende incriminar tanto a él -ministro- como a otros funcionarios que gozan de antejuicio”.

Añade que el 11 de junio último, el MP “intentó acceder al lugar de trabajo del ministro en busca de información sobre reuniones de trabajo”.

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De acuerdo con Finanzas, con esta acciones se ha “vulnerado el derecho de defensa, derecho de antejuicio, el debido proceso y la presunción de inocencia”.

Resalta que con el amparo se pretende que “cese toda persecución penal en el ejercicio del cargo del ministro”.

Para leer más: Presidente Arévalo se va quedando sin alternativas para destituir a la Fiscal General

Se consultó al MP para pedir su postura respecto de lo señalado y por el amparo interpuesto por  el ministro de Finanzas y respondió: “el derecho de petición está garantizado en la Constitución Política de la República, no obstante, es notorio el desconocimiento jurídico y la falta de sustento en su petición, ya que las diligencias realizadas por la fiscalía se desarrollaron en seguimiento a una investigación relacionada al posible ofrecimiento de dinero a diputados, a cambio de votar en favor de una propuesta de ampliación presupuestaria”.

“Las acciones realizadas por la fiscalía no han sido dirigidas al ministro Jonathan Menkos, a quién le asiste el derecho de antejuicio, por lo que llama la atención la defensa oficiosa que ha generado desde el día que se desarrollaron las diligencias. Si en virtud de la investigación que se realiza, se determina la necesidad de efectuar otras peticiones, estas se estarán realizando tal y como lo establece la ley”, agregó.

#MinfinSaleAdelante | El Ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig @jmenkos, presentó un amparo contra la Fiscal General por acciones intimidatorias e ilegales.@GuatemalaGob @SCSPGT @AGN_noticias @BArevalodeLeon pic.twitter.com/iWTI87jaCF

— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) July 5, 2024

Ministro de Finanzas presenta amparo contra Consuelo Porras por “acciones intimidatorias”

Finanzas señala que fiscales del MP cometen ilegalidades al investigar actividades del ministro Jonathan Menkos Zeissig, quien goza del derecho de antejuicio.

César Pérez Marroquín

4 de julio de 2024 | 17:09h

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Jonathan Menkos Zeissig, ministro de Finanzas. (Foto Prensa Libre: Daniel Ramírez)

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, al considerar que trabajadores del Ministerio Público (MP) han cometido “acciones intimidatorias e ilegales”, al investigarlo pese a que goza del derecho de antejuicio, informó este jueves 4 de julio dicha cartera.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Finanzas (Minfin), desde el 29 de mayo pasado, tienen conocimiento de que fiscales del MP han desarrollado diligencias de investigación sobre acciones y actividades de Menkos en el ejercicio de su cargo, “pese a que el funcionario goza del derecho de antejuicio”.

Por lo anterior, Menkos acudió a la vía constitucional “para buscar la restitución de los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República y demás leyes le reconocen y garantizan”, solicitando se otorgue amparo provisional y, como consecuencia, se ordene a Porras que “cese toda persecución penal en el ejercicio del cargo del ministro, por parte de cualquier fiscalía del MP, sin haber agotado el procedimiento en materia de antejuicio”.

“El derecho de antejuicio constituye una protección legal para los funcionarios, contra quienes no puede realizarse ninguna investigación de orden penal, a menos que sea avalada por los órganos competentes”, detalla el comunicado de Finanzas.

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Agrega que agentes de la Fiscalía contra la Corrupción “han pretendido realizar al ministro Menkos un ´careo´, obligándolo a declarar, por medio de un oficio sin número. El MP ha llevado a cabo una serie de hechos que constituyen un agravio continuado contra el ministro Menkos”.

La cartera de Finanzas señala que, entre las acciones del MP que consideran ilegales están “Diligenciar de oficio carpetas de investigación, sin agotar el procedimiento en materia de antejuicio”.

Además, refiere que “fiscales del MP han utilizado vehículos oficiales para intentar ingresar de manera anómala al Minfin, sin orden judicial”.

El comunicado agrega que “agentes de la Fiscalía contra la Corrupción han pretendido obligar a declarar al ministro Menkos por medio de oficio que, desde la forma en que ha sido redactado, pretende incriminar tanto a él como a otros funcionarios que gozan de antejuicio”.

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La cartera de Finanzas describe en su comunicado como acto intimidatorio que “el 11 de junio último, el MP intentó acceder al lugar de trabajo del ministro en busca de información sobre reuniones de trabajo, diligencia que fue publicada en las redes sociales de esa institución, y que conllevó su difusión en medios de comunicación a nivel nacional, haciendo creer a la población que se han cometido hechos anómalos en el Minfin”.

De acuerdo con el Minfin, con esas acciones, funcionarios del MP han vulnerado el derecho de defensa, derecho de antejuicio, el debido proceso y la presunción de inocencia, “sin perjuicio de las responsabilidades penales que el tribunal de amparo pueda determinar”.

Fiscalía se pronuncia

Por su parte, el MP señaló que las acciones emprendidas tratan de establecer el supuesto ofrecimiento de dinero a diputados a cambio de votar a favor de una ampliación presupuestaria, pero asegura que no se investiga a Menkos.

“El derecho de petición está garantizado en la Constitución Política de la República, no obstante, es notorio el desconocimiento jurídico y la falta de sustento en su petición ya que las diligencias realizadas por la fiscalía se desarrollaron en seguimiento a una investigación relacionada al posible ofrecimiento de dinero a diputados, a cambio de votar en favor de una propuesta de ampliación presupuestaria”, refiere el MP.

Agrega que las acciones efectuadas por la Fiscalía “no han sido dirigidas al ministro Jonathan Menkos, a quién le asiste el derecho de antejuicio por lo que llama la atención la defensa oficiosa que ha generado desde el día que se desarrollaron las diligencias”.

“Si en virtud de la investigación que se realiza, se determina la necesidad de efectuar otras peticiones, estas se estarán realizando tal y como lo establece la ley”, concluye el MP.

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Aunque no especificó el monto de las ampliaciones, el ministro Jonathan Menkos Zeissig, confirmó ayer que estas “permitirán reconocer recursos adicionales logrados en términos de recaudación y acercar el presupuesto a las metas y objetivos que el gobierno se planteó en su primer año”.

Durante la presentación del informe “Rendición de Cuentas”, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Marco Livio Díaz Reyes, confirmó que la recaudación durante el ejercicio fiscal 2023 fue de Q95 mil 27.2 millones, para una ejecución del 110 por ciento equivalente a Q9 mil 262 millones sobre la meta de Q85 mil 765 millones, con lo que se alcanzó una carga tributaria del 12% del producto interno bruto (PIB).

A decir del ministro, esto significa recursos adicionales para educación, salud, gobernación y mantenimiento de carreteras y caminos.  “No me gustaría precisar el monto en este momento porque todavía lo están afinando los equipos y lo más seguro es que se presente en las próximas dos semanas”, indicó.

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Por ley, las ampliaciones y modificaciones al presupuesto general deben ser aprobadas por el Congreso, y en este caso, la apertura del presupuesto el pasado 3 de enero, fue por un monto de Q116 mil 130.6 millones, -que corresponde al decreto 54-2022, más las ampliaciones aprobadas en 2023-, ya que la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la ley del presupuesto 2024 que había sancionado y publicado el expresidente Alejandro Giammattei.

El funcionario añadió que todos los ministerios y otras dependencias, están en el proceso de revisión de sus presupuestos, que corresponden al 2023, para tener claro lo que se puede hacer en este año, así como de cuidar que se mantengan los niveles de inversión.

Evaluación

El Directorio de la SAT, integrado como presidente por el ministro Menkos Zeissig, y los directores Adriana Estévez Clavería y Alejandro González Portocarrero, llevarán a cabo la evaluación para la continuidad o no del superintendente Díaz Reyes, lo que por ley debe hacerse el 31 de enero, como fecha máxima.

“Como todos los años vamos a evaluar el logro de las metas de recaudación, el cumplimiento de los objetivos del superintendente que conllevan ciertos elementos que se van configurando durante el año y el nivel de recaudación es uno de los elementos más importantes de la evaluación; por ese lado, los resultados han sido muy buenos y superan la meta”, apuntó.

En tanto, ayer trascendió la dimisión del Intendente de Recaudación, José Fernando Suriano Buezo, quien ocupa el cargo desde 2018 y pasaría a dirigir otra institución pública. La semana pasada, también se confirmó la salida del exintendente de Aduanas, Werner Ovalle, quien hoy es viceministro de Gobernación.

Riesgo país

Durante la actividad, Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, informó que delegados de la agencia de calificación de riesgo-país Fitch Ratings, realizan una visita al país este miércoles, mientras que en mayo se espera a Moody´s.

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Explicó que la visita de Fitch tiene como propósito conocer de primera mano cómo cerró la economía en 2023 y cuáles son las expectativas para 2024, para efectos de su seguimiento.

“Las principales variables que se analizan son el crecimiento económico, el comercio exterior, la inversión, remesas familiares, gasto público e ingresos fiscales, la cuenta corriente de la balanza de pagos, entre otros. También analizan el desempeño de las políticas monetarias y fiscales en 2023 y su evolución prevista para el presente año. Vale subrayar que esta no es una visita de evaluación de la calificación, sino de seguimiento”, concluyó.

Escribir en este espacio ha sido un verdadero privilegio y una gran responsabilidad; de ahí que en estas más de cien columnas publicadas (103, para ser exactos) procuré fomentar el diálogo sobre la promoción, protección y garantía de derechos humanos, sobre lo poco que invertimos en las niñas, niños y adolescentes y lo mucho que nos falta darle más liderazgo a los jóvenes; sobre la desnutrición crónica que padecen más de novecientos mil niños menores de cinco años y la pobreza que esclaviza al sesenta por ciento de los guatemaltecos, fenómenos que laceran cualquier intento de construir identidad nacional y certidumbre. También expresé mi pasión por los libros, que son uno de los tesoros más grandes de la civilización. Analicé en este espacio los presupuestos públicos y las iniciativas de ley y medidas que impiden al Estado aumentar sus recursos financieros y cumplir con su obligación. También critiqué, tras evaluaciones concienzudas, la mala gestión de los gobiernos —su corrupción y su desinterés por promover crecimiento y bienestar— y de aquellos que, aprovechando su poder económico, han convertido a la administración púbica en su mayordomo particular. Invité en muchas ocasiones a salir a la calle y manifestar pacíficamente en favor de la democracia y en contra de la corrupción y de aquellos que la defienden.

Yo escribo columnas de opinión confiando en que se puede contribuir a debatir y tomar postura con base en información veraz. En este tiempo, muchas personas me escribieron a mi correo para continuar la conversación: algunas a favor de mi postura y otras muy contrarias a mi pensar. A todas las personas les respondí con agradecimiento y mucho respeto porque el gusto de este oficio, el de opinar, estriba en la posibilidad de disentir y a la vez de ponerse en los zapatos de la otra persona. Me alegró muchísimo el cajero del supermercado que tras estrechar mi mano me dijo que leía la columna y le gustaba, principalmente una que trató sobre la solidaridad (Salvar a un zanate); y me impresionó mucho una mujer que se me acercó furiosa, un sábado mientras caminaba con mi familia, para decirme que no estaba de acuerdo con nada de lo que yo escribía. Pensé que me confundía con mis vecinos de columna, pero no: dijo que, en particular, le enojaba que yo quisiera que se pagaran más impuestos cuando todo se lo roban. La tranquilicé al platicarle sobre lo que sí se hace con nuestros impuestos y sobre la obligación del Estado de castigar al evasor, al contrabandista y al corrupto.

Agradezco profundamente a Prensa Libre por haberme invitado a este espacio de reflexión y por garantizar siempre el derecho a la libre expresión. Han sido muy atentos conmigo. A usted, le invito a que sigamos la conversación en https://jonathanmenkos.org/. Ahora me he decidido a caminar para intentar construir la casa, esa con la que soñamos todos.

Lo anterior solo se podrá lograr si el aparato productivo guatemalteco se moderniza y se integra mejor con el bienestar social, lo que requiere cambiar cuatro fenómenos que son evidentes en el modelo económico actual. Primero, una estructura de exportaciones sustentada principalmente en productos de bajo valor agregado: banano, azúcar, café, cardamomo, petróleo, entre otros. Segundo, un mercado doméstico deprimido por los altos niveles de pobreza general, cerca del 60% de la población, relacionados con desempleo y un salario promedio nacional que no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica vital de los hogares, lo que además genera una desigualdad creciente, ingobernabilidad democrática y limita la demanda interna de productos nacionales. Tercero, una política económica incompleta, eclipsada por intereses económicos particulares que giran en torno a los principales productos de exportación y a los mercados oligopólicos nacionales, desatendiendo actividades de producción que pueden generar más y mejor empleo y ser más competitivas en el ámbito internacional. Cuarto, una sobreutilización de los recursos naturales y la poca atención a la mitigación de los efectos negativos del calentamiento global.

Los fenómenos mencionados constituyen las principales trabas para el desarrollo de Guatemala. Romper estas barreras requiere una política económica que ponga en el centro de su función la innovación y la transformación productiva para el aumento del bienestar social. Solo así se logrará permear el sistema económico en el que conviven más de 800 mil pequeños y medianos productores, más de dos millones de cooperativistas, cerca de 1,700 grandes empresas y 10 millones de personas en edad de trabajar. La tarea no es sencilla y es por eso urgente la puesta en marcha un sistema de innovación y transformación productiva, comprendido como una red articulada de organismos públicos y privados cuyo objetivo es estudiar, diseñar y ejecutar actividades y acciones que permitan difundir nuevas tecnologías que aumenten la productividad y hagan más homogénea la estructura productiva, al tiempo en que se crean empleos de calidad que minimizan la informalidad (legal y productiva) y se promueven sectores innovadores que logran disminuir el despilfarro de recursos y la protección del ambiente natural.

Para que este sistema sea exitoso se requiere, en primer término, liderazgo y legitimidad del gobierno, pues a este le toca proponer mediante una buena planificación, la coordinación entre políticas y actores económicos y sociales, incluyendo como parte de los resultados, la puesta en marcha de una política de industrialización y modernización del sector agrícola dentro de una agenda de desarrollo sostenible de largo plazo; el compromiso con el pleno empleo y la eliminación de la pobreza, metas de crecimiento económico, montos y destinos planificados de inversión pública, mejoras en la educación, la salud y la seguridad y el acceso a fondos de investigación y crédito con tasas de interés menos asfixiantes para los productores y emprendedores, así como la facilitación de la producción y el comercio nacional e internacional, y una política fiscal acorde con el logro de todo lo anterior. Ningún país podrá cumplir la Agenda del Desarrollo 2030 sin un sistema de innovación y transformación productiva.

Todo parece indicar que en 2019 la SAT obtendrá los peores resultados de sus veintiún años de historia, sobrepasando el triste récord conseguido en 2018, cuando cerró con una carga tributaria equivalente apenas al 10.0% del PIB, muy lejos del 12.1% conseguido en 2007, del 13.2% establecido en los acuerdos de paz, y cada vez más lejos de su frontera tributaria, que es 23.7% del PIB, estimación técnica sobre el máximo nivel alcanzable de ingresos con el sistema tributario actual.

La baja recaudación en Guatemala es resultado de una menor productividad de los impuestos existentes, debido a la carencia de un plan que cierre los espacios a los diferentes delitos tributarios, incluidos la evasión de impuestos y el contrabando. Este mal manejo de la administración tributaria tiene, entre muchas, dos graves consecuencias. Primero, se reducen los recursos que pueden destinarse al aumento de la cobertura y calidad de los bienes y servicios públicos: hay menos para invertir en educación, salud, seguridad, lucha contra la desnutrición, por lo que el presupuesto apenas llega a cubrir el gasto público más rígido —salarios, pago de deuda, compromisos legales y constitucionales de gasto, por ejemplo—. Por otro lado, el débil trabajo para atrapar a los evasores y contrabandistas disminuye la moral tributaria entre los contribuyentes, en especial, el sector empresarial honesto (el que paga impuestos y no forma parte del Pacto de Corruptos) que debe competir con empresarios cuyos costos son menores al evitar el pago de impuestos, aun percibiendo que no habrá castigo por esa falta.

La SAT es una entidad vital para el cumplimiento de los planes de gobierno, mucho más en contextos políticos poco democráticos, como el actual, en el que es imposible lograr los votos necesarios para utilizar el endeudamiento público como herramienta de financiamiento. De ahí que el Estado, con el concurso de las fuerzas sociales democráticas —políticos, movimientos sociales, empresariales y cooperativistas, así como ciudadanos en general—, debe impulsar para los próximos diez años una hoja de ruta dividida en dos fases. Entre 2020 y 2023 se debe aumentar la carga tributaria hasta el 11.5% del PIB, por medio del combate con mayor eficacia de la evasión fiscal, reduciéndola principalmente en el impuestos al valor agregado y en el impuesto sobre la renta. La evasión de ambos impuestos supera hoy los Q36,000.0 millones anuales.

También se requiere caminar hacia la universalización de la factura electrónica y estudiar objetivamente los resultados, económicos y sociales, de las exenciones de impuestos. En el mediano plazo (2024-2030) se debe modernizar la regulación legal relacionada con la reducción de flujos ilícitos de capital y discutir cambios en la tributación que doten de más progresividad al sistema tributario. Todo esto en función del cumplimiento de metas de desarrollo y democracia.

Por eso es mejor hablar de desarrollo: del proceso, económico, social y político que amplía las libertades individuales y colectivas, y que debe ser definido y estimulado por los miembros de la sociedad, respetando las particulares visiones del mundo. El desarrollo basado en la ampliación de libertades tiene en el centro el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos individuales y colectivos. En el contexto actual debemos revisar los desafíos estructurales que es preciso enfrentar para fijar las bases de un buen desarrollo, principalmente ahora que estamos en pleno proceso electoral, quedamos obligados a interpelar a los políticos y sus partidos qué tipo de sociedad van a ayudar a construir en los próximos cuatro años.

Hay cinco indicadores que nos revelan el enorme esfuerzo y por dónde comenzar para que Guatemala no continúe por la senda actual que lleva a la barbarie. Primero, uno de cada cuatro guatemaltecos sobrevive en la extrema pobreza y aproximadamente la mitad de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica. Segundo, cuatro millones de niñas, niños y adolescentes continúan sin acceso a la educación, mientras el sistema de salud tiene la capacidad para atender a uno de cada cuatro habitantes. Tercero, el gasto público es mínimo y se reparte de tal forma que fomenta la discriminación racial, territorial y de género.

Cuarto, no hay política económica, sino una agenda de prostitución de lo público para que el gobernante quede bien —por medio de perdón de impuestos, privilegios fiscales, corrupción y protección de monopolios privados, entre otras fechorías—, con sus aliados, poco ha importado la infraestructura económica, el acceso a créditos blandos para pequeños y medianos empresarios, la generación masiva de empleos y el apoyo público a la innovación y transformación productiva. Quinto, una política fiscal pensada para la riqueza de unos cuantos y la sobrevivencia de la mayoría, por lo que hay escaso gasto público y poquísimo interés en recaudar, en medio de descarados actos de corrupción. El deterioro de la administración pública provoca la mercantilización de la vida diaria: solo el que tiene dinero sobrevive a la enfermedad, a la ignorancia y a la violencia.

Eliminar estas trabas requiere un cambio sistémico que no se conseguirá en cuatro años, pero que no puede continuar postergándose. Los candidatos deben buscar el voto proponiendo soluciones técnicas y razonables. Bien harían en tomar en cuenta el horizonte de 11 años que faltan para el alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y mucho mejor sería si en lugar de sus anuncios besando niños y ancianos, nos proponen cómo construiremos un piso de protección social para garantizar su bienestar, cómo generaremos los empleos que reclaman los desempleados, cómo aumentamos el crecimiento económico, sin destruir el ambiente ni matar a defensores del territorio, y cómo conseguiremos una reforma estructural, a la política fiscal y a la administración pública, para hacerlas efectivas, transparentes e independientes.

Al mejor estilo de Goebbels —ministro de Propaganda de Hitler—, a quien se atribuye la idea de que una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad, Morales afirma públicamente su compromiso con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuatro hechos, entre muchos, nos dicen todo lo contrario. Primero, los forcejeos desquiciados de la ministra de Relaciones Exteriores contra el secretario general de las Naciones Unidas, con el fin de expulsar abruptamente o reducir el trabajo por el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en conjunto con el Ministerio Público, ha logrado determinar cómo la corrupción es la madre del sistema político guatemalteco y el alimento para mantener lo público capturado por intereses privados. Segundo, el desmantelamiento por parte del ministro de Gobernación de la Policía Nacional Civil y de las entidades destinadas a la inteligencia civil. Tercero, el sabotaje y descrédito de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden del Estado: la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Cuarto, la captura de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público y de magistrados y jueces con el fin de “normalizar” los desmanes que el gobierno y sus socios cometen contra la democracia.

Morales es un cínico, permitido solo en una sociedad que camina a tropezones debido a su ceguera moral, término acuñado por Zygmut Bauman para referirse a sociedades que parecen haber perdido la sensibilidad moral y quitan importancia a hechos que lastiman a toda la colectividad. En este contexto, afirma Bauman, la mayoría de actores carecen de compromiso moral. Morales no está solo: el diputado Arzú, presidente del Legislativo, puede gestionar libremente el pacto de corruptos y el retorno al autoritarismo, utilizando el presupuesto público; voceros del rancio sector empresarial y Joviel Acevedo pueden aparecer frente a la sociedad apoyando las decisiones del pacto de corruptos sin remordimiento.

¿Cómo una sociedad, la guatemalteca, ha permitido desde privatizaciones que hicieron ricos a los funcionarios que las organizaron hasta líderes que atentan cotidianamente contra los derechos de la población? La ceguera moral es resultado del miedo y la indiferencia social: el temor al despido; la bomba que mata al chofer; el discurso de odio y racismo; la compra de medios; el individualismo; el fundamentalismo religioso y la mercantilización de la vida, todos ingredientes para lograr un pueblo sin contenido ni atributos democráticos.

Bauman sabiamente explica que “el mal reside en la normalidad”: no normalicemos al político ratero, al empresario hipócrita o al sindicalista transa, y contrapongamos a la estrategia de miedo y silencio nuestra valentía y reflexión colectiva.

El modelo económico neoliberal impuesto principalmente durante los gobiernos derechistas de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en sus veinte años de ejercer el poder (de 1989 a 2009), ha provocado la dolarización y la ralentización económica, la privatización de la seguridad social, la apertura comercial sin políticas de innovación del sector productivo, la corrupción, el aumento de la desigualdad social como fruto de la reducción de impuestos progresivos y la baja cobertura y calidad de los servicios públicos. Asimismo, ha provocado una migración significativa: cerca de 3.1 millones de salvadoreños viven en el exterior, enviando recursos (en 2018, USD5.5 millardos) que ayudan a las familias y dan respiro al exhausto modelo económico a costa de la desintegración familiar.

Este continuado desequilibrio social y económico ha inducido a una mayor inseguridad y violencia: en 2018 se registraron 3,340 homicidios (51 muertes por cada cien mil habitantes), la mayoría atribuidos a las pandillas, que suman más de 70,000 miembros. El Estudio La nueva cara de las pandillas callejeras: El fenómeno de las pandillas en El Salvador, permite construir el perfil del marero promedio: jóvenes que abandonaron la escuela antes de los 16 años. El 70% proviene de hogares disfuncionales, con un ingreso mensual de menos de USD250 mensuales, y casi la mitad reconoció haber huido de su hogar antes de los 15 años, debido a la violencia doméstica y los problemas familiares.

Los mareros —también los de Guatemala y Honduras— resumen el resultado de un Estado en el que se ha prostituido lo público en favor de los negocios de algunos, desatendiendo los problemas que aquejan a la mayoría. En una evaluación realizada a la gestión del actual presidente, Salvador Sánchez (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN), se documentan caídas en la cobertura de vacunación y en las tasas de matriculación neta en la educación primaria y segundaria, como resultado de reducciones presupuestarias. El gobierno saliente, que no cambió las bases neoliberales, deja un presupuesto público social más bajo, en términos del PIB, de lo que se asignaba en 2013, al tiempo que la deuda pública ronda el 70% del PIB.

Encuestas anticipan que Nayib Bukele (Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana) será el próximo presidente de El Salvador. Con más del 50% de aceptación, Bukele romperá un bipartidismo (Arena—FMLN) oxidado por el ejercicio del poder y los intereses personales de sus caudillos pero que mantendrá hasta el 2021 la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Operar en este contexto obligará a Bukele a fomentar una ciudadanía que ejerza presión sobre la oposición, lo que logrará en la medida en que su plan de gobierno atienda las exigencias de la mayoría —empleo, seguridad, probidad, garantía de derechos sociales, en particular de las mujeres—, respete la institucionalidad democrática, tolere la crítica y logre un acuerdo fiscal de gran calado que fortalezca la administración pública, con más recursos y mejores capacidades.

En síntesis, los próximos cinco años pueden ser de avances si Bukele honra la confianza ciudadana y si el FMLN y Arena descartan sus viejas prácticas y ejercen una oposición madura y democrática.

Esta creciente y desbocada desigualdad es causa y efecto de un modelo económico que no genera suficientes empleos, impulsa bajos salarios para la mayoría de la población mientras se mercantilizan los derechos humanos. El modelo imperante de desigualdad, otorga poder político en función de la riqueza que lo que abre las puertas a la impunidad y la corrupción. La desigualdad en el mundo es una amenaza grave a la economía, al ambiente natural y a la vida en democracia, y su prevalencia o mitigación, es resultado de decisiones políticas y económicas.

Cambiar el modelo económico requiere de profundas reformas en el mercado laboral y en la política fiscal, materia en la que el informe de Oxfam ahonda, revelando que con un incremento efectivo del 0.5% del impuesto a las riquezas del 1% más rico de la población mundial, los Estados tendrían capacidad, por medio de la producción servicios públicos, de escolarizar a los 262 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela, así como proveer los servicios sanitarios que salvarían la vida de 3.3 millones de personas que mueren anualmente por causas prevenibles. Asimismo, llama a los Estados a trabajar por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, relacionado con la reducción de las desigualdades.

Centroamérica es un buen reflejo de lo que acontece a nivel global, así es que el informe llega en buen momento, cuando miles de personas migran forzadamente, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, y mientras grupos económicos, criminales y políticos confabulan para debilitar la democracia y gozar de mayores privilegios económicos y fiscales. Estas son señales inequívocas de que el istmo —principalmente Guatemala, Honduras y Nicaragua—, camina rápidamente hacia un retroceso tal que pronto estará en los años setenta, sumido en conflictos políticos para los que la debilitada institucionalidad democrática no tendrá solución. Este deterioro ya está teniendo consecuencias económicas y sociales que se acentuarán y afectarán cada vez más incluso a Costa Rica y Panamá.

Ante este panorama, es precisa una respuesta desde los organismos de integración regional, los partidos políticos, la academia y los movimientos sociales: se debe cambiar radicalmente el rumbo actual de Centroamérica por medio de una agenda de igualdad que contemple acciones para dinamizar el crecimiento económico y el empleo, universalizar la protección social y ambiental, blindar la administración pública frente a intereses privados, elementos básicos para fortalecer la democracia y evitar el autoritarismo. Una agenda así obliga a plantear cambios torales en la política fiscal centroamericana, hasta ahora pensada para la sobrevivencia de muchos y la riqueza de pocos, hacia una diseñada para el bienestar colectivo, basada en la equidad, la transparencia y la suficiencia. Esta es una tarea tan compleja como urgente.

Morales contaba con una frase pegajosa para el momento político, “ni corrupto, ni ladrón”, con apoyo financiero ilícito —de malos empresarios y otros criminales organizados— y con un plan de gobierno de cinco exiguas páginas que contenía vagas propuestas en materia de empleo, educación, salud, transparencia y combate a la corrupción, sin metas, costos ni fuentes para su financiamiento.

Su primer año de gobierno puede resumirse en una palabra: improvisación, resultado de conformar un Gabinete que más que responder a experiencias profesionales, servía para afianzar los intereses de sus financistas. Los últimos dos años de gobierno pueden sintetizarse en una frase: destrucción de la democracia. Resultado de acciones arbitrarias: el desacato a la Corte de Constitucionalidad y maniobras espurias para impedir la continuación de procesos de investigación en su contra. A pesar de estas ilegalidades, Morales ha sobrevivido gracias a que la alianza criminal de la que es parte se ha servido de sus afiliados en los diferentes partidos políticos que conforman el Congreso de la República —Todos, Movimiento Reformador, Creo, UCN, PAN, Viva y Unionista—, además del oficialista FCN-Nación.

Ahora que estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, esta alianza criminal está operando la puesta en escena de partidos políticos que continuarán lo que Morales deje a medias. Basta escuchar los discursos antidemocráticos y charlatanes desde el partido Unionista —cuyos dirigentes parecen un remedo de Torquemada—, pasando por los partidos Valor, Vamos, Todos y el Partido Liberal de Guatemala, por citar algunas maquinarias electorales organizadas para que Guatemala no cambie. Con la mayoría de partidos bajo el financiamiento y el discurso de esta alianza criminal, el objetivo será llevar al Congreso tantos diputados como sea posible para que, en las votaciones relevantes —elección de magistrados, más privilegios fiscales y cambios legales para arraigar el sistema de corrupción, impunidad y autoritarismo— operen en conjunto, como una aplanadora.

Es por ello que los pocos partidos políticos prodemocráticos, de diversa ideología —Encuentro por Guatemala, Winaq, URNG, Libre y Semilla, entre otros—, deben concentrar sus fuerzas y limitados recursos financieros en disputar a la alianza criminal las curules en el Congreso. Esta estrategia tiene varios dividendos. Primero, disminuir estructuralmente el poder de la alianza criminal en el Legislativo, empujando una agenda democrática en temas como justicia, igualdad, probidad y elección de altos funcionarios. Segundo, ejercer control del Ejecutivo e iniciar la construcción de una institucionalidad pública desparasitada de las prácticas corruptas actuales. Tercero, constituirse en una voz legítima para los ciudadanos y movimientos sociales, en especial de aquellos que están oponiéndose al intento de implantar una tiranía. Cuarto, iniciar el largo pero necesario proceso de legitimación de la política: toca cimentar partidos democráticos con la agenda y el financiamiento ciudadano.

Esa es la única forma de salvar la democracia.

Siendo la corrupción un fenómeno que supone el ocultamiento deliberado de actividades ilícitas, las percepciones sobre la corrupción, en buena medida, son el resultado del conocimiento que los ciudadanos obtienen a partir de escándalos, investigaciones —académicas o propias de los órganos de investigación judicial—, y procesos judiciales. De acuerdo con este IPC, Guatemala —con un punteo de 28 sobre 100— es el cuarto país con mayor percepción de corrupción en América Latina y el Caribe, solo superado por Nicaragua, Haití y Venezuela. A nivel global, Guatemala está entre los 40 países con mayor percepción de la corrupción.

En contraste, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur y Suecia ocupan las primeras posiciones en el ranquin global. Estas naciones han logrado obtener a lo largo del tiempo, punteos en el IPC que oscilan entre 84 y 92 puntos sobre 100. Lo primero que tienen en común es que en estas naciones hay un sistema económico y social que eleva el bienestar de toda la población, que genera igualdad. Esto dota a los ciudadanos de una sólida identidad social, les proporciona confianza sobre su entorno y, en especial, sobre la justicia, lo que favorece su participación en la comunidad.

Estos países también comparten cuatro elementos en su lucha anticorrupción. Primero, la transparencia en la gestión de la administración pública, aunada a una constante veeduría ciudadana sobre la relación entre actores públicos y privados. Segundo, la institucionalización de la ética por medio del sistema educativo y, puntualmente, en la construcción de una cultura de servicio civil basada en el respeto de la ley. Asimismo, son Estados que cuentan con marcos legales y de conducta que indican a las personas y empresas cómo actuar para evitar actos de corrupción (conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude, entre otros).

Tercero, una administración pública con controles precisos para lograr el buen funcionamiento de la administración pública y una fiscalización efectiva sobre la utilización de recursos públicos, realizada por contralorías de cuentas, procuradurías de derechos humanos u oficinas anticorrupción. En ese sentido, la institucionalidad pública anticorrupción es el cuarto elemento. Esta puede tomar la forma de agencias independientes o unidades específicas dentro de las fiscalías generales, teniendo como fin investigar y llevar ante la justicia cualquier hecho de corrupción.

En Guatemala, la lucha contra la corrupción aún está en una primera fase, la de conocer los casos y enfrentarlos ante la justicia. Sin embargo, consolidar una cultura que desprecie y castigue la corrupción requiere avanzar en reformas profundas: un piso de protección social que aleje a todas las personas de la incertidumbre y les garantice una ciudadanía social; reparar y mejorar el sistema de justicia y el servicio civil; políticas que mejoren la gestión y transparencia de los asuntos públicos; institucionalizar el rol de la ciudadanía, fortalecer el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos y modernizar la Contraloría General de Cuentas. La tarea no es sencilla, requiere una reforma fiscal, y por consensos ciudadanos y políticos. Por ello es vital comenzar ahora.

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Primero, la candidatura para la reelección del actual presidente, Juan Orlando Hernández, después de que la Sala de lo Constitucional cometiera el ultraje de declarar inconstitucional el artículo pétreo (irreformable) número 239 de la Carta Magna, en donde se prohíbe la reelección. Los constituyentes, previendo la clase de políticos que están surgiendo, incluyeron en dicho artículo que “el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública”.

Bueno, pues no ha pasado nada. Por el contrario, todo hace suponer que Hernández y sus adeptos están detrás de una campaña anónima de panfletos, repartidos de casa en casa, que invitan a “tener fe en todo lo bueno que vendrá” y exhortan a respetar la autoridad pública porque “no hay autoridad que Dios no haya dispuesto”. En un país basado en la creación de empleos precarios, en donde tres de cada cinco personas padecen pobreza, el mismo panfleto alaba el poder que tendrán a futuro las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Este experimento libertario empujado por el gobierno actual y un grupo de estadounidenses y europeos —incluido un hijo de Ronald Reagan y una economista hayekiana y ultraderechista, Barbara Kolm—, permite la concesión de territorios, incluyendo a sus habitantes. Los empresarios son los gobernantes e imponen sus propias leyes, pueden expropiar tierras y crear policías y juzgados, y no tienen que pagar impuestos. Parece una distopía, pero no, es lo que están viviendo nuestros vecinos, y es el tipo de país que intentan construir en Guatemala algunos miembros de la más rancia y corrupta élite económica.

Segundo, el hartazgo por la violencia. En lo que va del año, ha sido asesinada una mujer cada 18 horas. Las maras y las organizaciones criminales —en el país operan el cartel de Sinaloa, el del Golfo y los Zetas— viven al amparo de las fuerzas de seguridad hondureñas. Pero no solo ellos están cerca del poder público, también lo están aquellos que desean silenciar las voces defensoras de los derechos humanos, como Berta Cáceres. Un informe independiente refiere que su asesinato no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia promovida por la empresa Desarrollos Energéticos, S. A., apoyada por funcionarios y aparatos de seguridad del Estado, con el fin de violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo lenca. La estrategia incluía campañas de desprestigio, amenazas y sicariato.

La corrupción, otro motivo para manifestar, es el cemento que funde a funcionarios y políticos con empresarios, narcotraficantes y otros delincuentes. Investigaciones profundas revelan un sofisticado entramado mediante el cual se ha capturado lo público para privilegiar el interés de camarillas políticas y económicas particulares con graves impactos en el ambiente, la igualdad y la gobernabilidad.

Imagine que la casa de su vecino se está quemando. Le toca ayudar a sofocar el fuego, por solidaridad y porque su propia casa está en peligro. Estemos pendientes del pueblo hondureño y esperemos que esta manifestación sea un paso firme para evitar la muerte por asfixia de la democracia.

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La historia nos lleva hasta la masacre de Las Dos Erres. En el informe, Guatemala: Memoria del Silencio, se documenta esta masacre como el caso ilustrativo número 31: más de 200 personas murieron o desaparecieron la madrugada del 7 de diciembre de 1982 en las manos inhumanas de una fuerza de kaibiles. Los niños fueron ejecutados a golpes en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra muros y árboles. El teniente a cargo abrió la posibilidad de violar a las mujeres. La ejecución terminó como a las cinco de la tarde, cuenta un kaibil, en dicho informe, y después de cerrar el pozo “quedamos listos para ir a cenar”.

Sin embargo, la cinta se centra en contar lo que sucedió con un niño superviviente, Óscar, quien fue secuestrado y criado por la familia de uno de los soldados que participó en la masacre. El motivo para salvarlo: sus ojos verdes. Casi 30 años después, Óscar, convertido en un inmigrante ilegal más en Estados Unidos, se entera de su origen y de que su madre, cinco hermanas y dos hermanos fueron asesinados por el ejército. Llegar hasta ese momento costó muchos años de trabajo de expertos forenses, abogados y asociaciones de víctimas y de la fiscal del Ministerio Público, Sara Romero, cuyo trabajo ha sido ejemplar, pues encontrarlo a él permitió presentar una prueba contundente sobre la participación del gobierno en esta masacre. El 2 de agosto de 2011, la justicia guatemalteca condenó a más de seis mil años de prisión a los cuatro acusados.

El ser humano tiene tanta capacidad de hacer el mal como de hacer el bien, y eso queda demostrado en este documental: La barbarie del ejército de Guatemala, apoyado por Estados Unidos durante la administración del republicano Ronald Reagan, frente a la decisión y valentía por encontrar la verdad y luchar contra la impunidad: magistrados, jueces y fiscales, personas particulares, abogados y grupos como la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entre otros.

La guerra y la enajenación en este país han dejado 45 mil desaparecidos, personas amadas y extrañadas por familias que hoy continúan buscándolos. Es por ello que, Encontrando a Óscar, nos recuerda la obligación y el derecho que tenemos como sociedad de conocer la verdad y hacer justicia.

El 18 de enero de 2007, el Pleno del Congreso conoció la iniciativa de ley 3590, “Ley de la comisión nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición”, la que crea un ente público, autónomo, con una vida inicial de 15 años. Entre sus funciones está la administración de un registro nacional de víctimas de desaparición forzada, la coordinación con el Ministerio Público y la producción de informes sobre el tema.

A esta iniciativa le falta la tercera lectura: ¡Diputados, quítense la corbata otra vez y aprueben urgentemente y por unanimidad esta iniciativa de ley!

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El primer mito dice que “somos muy pocos los que pagamos impuestos”. De acuerdo con información oficial, en 2013 había 689,852 contribuyentes efectivos, es decir que pagaban algún impuesto. Lo malo de esta estadística es que esconde a cerca de 2.5 millones de contribuyentes también efectivos. Hay 500 mil empleados en relación de dependencia y pequeños negocios que pagan su impuesto sobre la renta por medio de retención, pero la estadística oficial solo toma en cuenta al agente retenedor. De igual forma, en los impuestos indirectos —al valor agregado, a los combustibles o a la distribución de bebidas— solo aparecen como contribuyentes los agentes que cobran el impuesto y emiten la factura, y no los dos millones de personas que en realidad lo pagan de su bolsillo.

El segundo refiere que “el aumento de base —número de contribuyentes— es la mejor medida para incrementar los impuestos”. En Guatemala, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 (Encovi 2014), hay un 5% de población que se queda con el 20% del ingreso total que se genera en el país. Sería más eficiente y ético comenzar por cobrar bien a este selecto y privilegiado grupo de ciudadanos y a las empresas. Para ampliar la base, primero hay que distribuir más equitativamente la riqueza, pues el ingreso promedio mensual de los trabajadores está entre Q341 y Q5,082.

El tercer mito dice que “las empresas en Guatemala pagan más impuesto sobre la renta (ISR) que en el resto de América Latina”. En Guatemala, de cada quetzal de ganancias que conseguía una empresa, destinaba 7 centavos en promedio a pagar el ISR (7.2%). De acuerdo con el estudio Estimación de la carga tributaria efectiva sobre la inversión en América Latina, elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en la región solo Venezuela y República Dominicana reportaban un indicador menor. El promedio regional era de 10.8%.

El cuarto dice así: “Todo el dinero se lo roban”. En un estudio realizado por Oxfam e Icefi se advertía que en 2015 bien pudieron perderse Q4 millardos de quetzales como fruto de la corrupción. Sin embargo y afortunadamente no todo se lo roban, pues déjeme contarle que el 79% de las personas que estudian en este país, desde la preprimaria hasta su doctorado, es decir unos 4.5 millones de guatemaltecos, lo hacen en escuelas, institutos y en la universidad pública. De acuerdo también con la Encovi 2014, más de la mitad de los partos son atendidos por el sector público. ¿Ha disfrutado usted o algún familiar o amigo de estos bienes públicos? Están más cerca de nosotros de lo que pensamos.

El mito más famoso: “no es buen momento para hacer una reforma fiscal”. La política fiscal, como la sociedad, es algo que siempre estará en construcción y debe ir ajustándose a los intereses colectivos de bienestar y desarrollo. Hoy el presupuesto público (ingresos y gastos) de Guatemala está entre los tres más pequeños del mundo. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? Una de injusticias, sacrificios e ingobernabilidad.

¿Qué otro mito se le viene a la mente?

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En 2016, el 80% de los salarios de Guatemala oscilaban entre los Q414 y Q2,709 mensuales. Las diferencias en la calidad del trabajo y en el salario son los factores que más determinan la desigualdad en Guatemala. Sin embargo, hay otros componentes. Cuando hablamos sobre la desigualdad social nos referimos a cómo grupos de población reciben un trato diferente, por cualidades particulares —ingreso, raza, idioma, lugar de nacimiento, género— al momento de distribuir los recursos económicos, los bienes y servicios públicos e incluso los espacios de poder en una sociedad. La desigualdad es resultado de prejuicios que configuran una cultura dominante que los aprueba y reafirma tanto en lo público —educación, salud, empleo, participación política, por ejemplo— como en lo privado —relaciones jerárquicas, privilegios fiscales, entre otros—.

La desigualdad puede observarse en lo concreto. En el caso de la educación, la pobreza fue la causa que obligó al 67% de las niñas, niños y adolescentes a no inscribirse en el sistema educativo en 2014. Asimismo, en las pruebas de lectura realizadas anualmente en castellano, los niños indígenas tienen entre cinco y 10 puntos menos de entrada que sus pares no indígenas. La desnutrición crónica y la mortalidad materna e infantil también se ensañan más con la población indígena.

La política fiscal puede ayudar a disminuir las desigualdades por medio de la ejecución de políticas públicas. Sin embargo, estudios revelan que el Estado guatemalteco invierte muy poco en las personas y lo hace de manera desigual. Por ejemplo, por cada quetzal ejecutado en hombres, el Estado destina consistentemente solo 87 centavos en mujeres. El limitado tamaño de la administración púbica —menos del 15% del producto interno bruto— y una visión acotada para atender a población urbana, no indígena, es decir una práctica discriminatoria indirecta, ha hecho que esta focalice sus inversiones en cuestiones básicas e insuficientes para combatir la desigualdad: educación primaria, paquete básico de salud para mujeres embarazadas, atención a los primeros mil días de los recién nacidos. La política fiscal guatemalteca es tan débil que su impacto en la disminución de la desigualdad es mínimo.

En síntesis, la persona que tiene menos educación, menos salud y está más desnutrida; la que se insertó al mercado laboral de manera temprana y sin contrato de trabajo; la que es mujer, indígena y vive en el área rural, está destinada a ocupar los peores trabajos y los salarios más míseros, a no tener voz ni voto en la sociedad y a transmitir su pobreza y desigualdad a las siguientes generaciones. Y el círculo nocivo continúa.

Guatemala es un paraíso desigual. La desigualdad es un lastre para la democracia y la economía. Toca mitigarla. Esto requerirá importantes cambios. Distribuir mejor la riqueza —mejorar salarios—; universalizar y mejorar los bienes públicos; cobrar impuestos de manera más progresiva —quien tiene más, paga más—; y eliminar el juego sucio de los privilegios. Los guatemaltecos deben exigir un cambio en el modelo económico y fiscal actual hacia uno que promueva más igualdad.

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Ayer platiqué con una mujer de ojos apagados, que murió hace diez años cuando la mara del vecindario en el que vivía mató a su único hijo. El domingo leí en Prensa Libre el reportaje sobre el atleta Ken Israel Franzua, quien compite con los zapatos que le presta su colega Ronald Ramírez, pues ni la Federación de Atletismo ni el Comité Olímpico Guatemalteco hacen algo para apoyarle. Se suman los cuatro millones de niñas, niños y adolescentes que no pueden acceder a las escuelas, o de las niñas asesinadas en el Hogar Virgen de la Asunción. Y los patojos urbanos que han sido la carne de cañón de la inseguridad, la violencia y la discriminación, o los jóvenes rurales que son el insumo más barato y desechable de las fincas. ¡Estamos acostumbrados a sufrir tanto!

Mientras en muchos muppis se anuncian las irresistibles ofertas de vehículos desde USD50,000, las estadísticas sobre el empleo y los salarios son alarmantes. La más reciente encuesta nacional publicada sobre empleo (septiembre de 2016), advertía que el 68.4% de los asalariados no tiene contrato de trabajo; aproximadamente dos de cada tres no recibieron Bono 14 y Aguinaldo. El 80% de los guatemaltecos asalariados tienen un ingreso promedio menor de Q2,710 mensuales, lejísimos de los Q7,551 mensuales que costaba en abril la canasta básica vital de una familia promedio. Con razón la pobreza ronda al 59.3% de los guatemaltecos. ¡Es el destino. Nos ha tocado ser pobres!

Muchos congresistas ahora mismo discuten leyes que aumentan los privilegios a sectores económicos que seguramente les financian sus opacas campañas electorales. También están aprovechando el silencio de la ciudadanía para detener las reformas que independicen el sistema de justicia de los poderes obscuros que hoy lo dominan; mientras una camarilla de alcaldes empuja en el Congreso una iniciativa de ley para abrir nuevos caminos a la corrupción. Por su parte, el gobierno actual ha otorgado una nueva amnistía fiscal para quedar bien con contribuyentes morosos.

Mientras todo esto pasa, la mayoría de guatemaltecos no dice nada. Quizá en su desconsuelo los ciudadanos piensan que no se ha logrado mucho después de sacar a un gobierno corrupto. Quizá nos inflamos en la protesta y nos desinflamos en la propuesta y el seguimiento. Pero, lo que más me gusta del poema de Otto René, es que, finalmente, un trabajador alza su voz y recuerda que el hombre no tiene destino, tan solo tiene manos y lo que haga con ellas será su biografía. Eso es precisamente lo más importante de todo. Hoy la democracia y el desarrollo siguen lejanos y solo podrán lograrse con un nuevo pacto social y fiscal, que sea el sustrato material —nuevas obligaciones repartidas justamente para materializar nuevas garantías— a nuestras ideas de protección social, educación, salud, trabajo, seguridad, justicia e identidad. No un pacto de élites, ni de mafias, sino de personas.