La política exterior a seis meses de la administración de Arévalo

La administración de Arévalo tiene que lograr acuerdos de nación con ambos partidos políticos de EE. UU.

José Echeverría

21 de julio de 2024 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La victoria política del actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en las elecciones pasadas del 2023 fue una sorpresa para todos. Significó el voto por una oferta política distinta o que refleje un cambio a la clase política tradicional. A seis meses de la alternabilidad en el poder Ejecutivo se puede identificar que la diplomacia juega un rol primordial, pero ¿cómo puede ser de utilidad para los guatemaltecos?

Si entendemos la diplomacia como una herramienta para alcanzar objetivos e intereses comunes entre distintas naciones y no como un fin en sí mismo, puede presentar una oportunidad importante para el país. La relación de Guatemala con Estados Unidos pasa por uno de sus mejores momentos en las últimas décadas. Aproximadamente 20 años atrás, Guatemala tuvo un hito en la relación con Estados Unidos con la firma del tratado de libre comercio que ha significado un desarrollo de industrias exportadoras de gran impacto económico para el país, convirtiendo a Estados Unidos en su principal socio comercial.

El comercio global, así como la dinámica de poder internacional, ha cambiado desde esos 20 años y ahora es un buen momento para replantear cómo se ve el futuro de la interacción económica de Guatemala con el mundo, y tener una alianza fuerte con la principal potencia comercial del mundo puede ser aprovechado por el país.

La posición geográfica y geopolítica de Guatemala está a su favor para el desarrollo de una política comercial más agresiva con su principal socio comercial. El interés de Estados Unidos en tener cadenas de suministros más cerca de su mercado, así como también el incentivo a trasladar fábricas ubicadas en China a Latinoamérica, es una oportunidad que la administración guatemalteca puede aprovechar. Esto, agregado a un componente de seguridad estratégica, al ser Guatemala uno de los aliados más estables con Taiwán, mientras que las inversiones estratégicas de China con control en infraestructura global aumentan en los países latinoamericanos (como el nuevo puerto en Perú).

Traer inversión extranjera al país también ha sido señalado como una de las prioridades del Gobierno, y para ello, poder capitalizar sobre la posición estratégica del país, puede significar la creación de nuevas plazas de empleos, lo cual respondería a una de las principales exigencias ciudadanas en materia de expectativas a la nueva administración.

La administración de Arévalo tiene que lograr acuerdos de nación con ambos partidos políticos de Estados Unidos para construir una visión compartida a largo plazo. México ha sido un país que ha aprovechado la atracción de inversión extranjera y reubicación de fábricas provenientes de China en su plaza. La proximidad con México y convertir a Guatemala en una plaza de ingreso para el resto de Centroamérica es un potencial reconocido por el gobierno en la política nacional de atracción de inversión.

Las expectativas ciudadanas son altas, el deseo de cambio que motivó a la población a votar por algo distinto a la clase política se traduce en desesperación por ver cambios prontos y concisos. Si el gobierno de Arévalo utiliza las herramientas de la colaboración entre distintos países para materializarlas en cambios sustanciales podría atender esa expectativa. El ingreso de Guatemala a la Asociación Americana para la Prosperidad Económica (The Americas Partnership for Economic Prosperity) puede ampliar las herramientas de colaboración comercial y diplomática. Tener una estrategia es el primer paso, y luego, contar con una táctica robusta para alcanzarla.

Las crisis no llegan siempre

La crisis en los puertos que atraviesa el gobierno tiene el potencial de traducirse en un eje estratégico del país.

José Echeverría

23 de junio de 2024 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La crisis portuaria que atraviesa Guatemala tiene el potencial de convertirse en un eje estratégico para el gobierno si logran materializar una visión y plan que no solo asegure la operatividad, sino también el aumento de capacidades, modernización y seguridad portuaria.

La capacidad y operación de los puertos en el país están al límite y la reciente resolución judicial sobre la terminal de contenedores agrega tensión a la economía del país. Ante esta situación se ha visto una atención prioritaria del gobierno. Esa atención puede ser utilizada para avanzar en cambios sustanciales que mejoren la capacidad portuaria de Guatemala.

Además del gobierno, en cierta parte del Congreso se ha visto un interés y conciencia de la importancia de superar efectivamente las limitaciones que existen los puertos del país. Si esa conciencia se puede traducir a elaborar acuerdos políticos con aprobaciones legislativas, podría significar un avance en una agenda política que mejora la competitividad del país, además de superar el impase político que ha existido en las últimas semanas en el Congreso.

Otro actor que ha mostrado un interés en la crisis portuaria es el sector privado. Los principales actores del comercio en los puertos han expresado su preocupación en relación a las implicaciones económicas que puede conllevar una crisis portuaria para sus operaciones y consecuentemente en el abastecimiento del país. Esto se pudiera materializar en trazar objetivos en común con el sector productivo para impulsar acuerdos sociales y políticos necesarios para impulsar la continuidad y ampliación de puertos en el país.

Durante los primeros meses de gestión del gobierno, uno de las principales enfoques ha sido la diplomacia. Si la diplomacia se hace efectiva como un medio para alcanzar fines y no es únicamente un fin en sí mismo, el gobierno podría acelerar la implementación de soluciones y planes relacionadas al rescate portuario del país.

El diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y Guatemala puede ser una catalizador para el gobierno en los siguientes meses. Estados Unidos atraviesa una recomposición del comercio mundial con un interés por acercar las cadenas de producción a su país y trasladar inversión estadounidense de China a las Américas, lo cual ha sido plasmado en diversas políticas aprobadas por ellos. El auge de la participación de China en infraestructura logística y portuaria en Latinoamérica también acelera el interés de Estados Unidos en recuperar terreno en la región y Guatemala contando con la herramienta del diálogo puede materializar avances en colaboración con Estados Unidos que signifiquen una mejor infraestructura y logística portuaria en el país.

La recuperación de los puertos del país formaría parte de una política económica coherente en un mundo globalizado y competitivo. Mejorar la capacidad portuaria del país es una condición indispensable para atraer la inversión que Estados Unidos está promoviendo que se traslade de China a las Américas.

La crisis en los puertos que atraviesa el gobierno tiene el potencial de traducirse en un eje estratégico del país. El rezago en infraestructura del país y falta de seguridad ha sido consecuencia de la negligencia de gobiernos anteriores, con lo cual el país sufre con deficiencias económicas y falta de competitividad; la responsabilidad de superar esos desafíos recae en las autoridades de hoy. Esta crisis puede ser utilizada para trazar y alcanzar objetivos comunes para hacer efectivo un mejoramiento en los puertos del país.

Algunos animales son más iguales que otros

Tenemos que hacer valer el principio de igualdad ante la ley, para que no haya unos animales más iguales que otros.

José Echeverría

26 de mayo de 2024 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La búsqueda de privilegios a través del abuso del poder público atenta contra la igualdad ante la ley. George Orwell, en su novela Rebelión en la granja, retrata una revolución que deriva en una distopía, en donde los animales dejan en manos de unos cerdos una rebelión, quienes, con promesas de venganza hacia el humano granjero e igualdad total entre los animales, justifican su actuar. Paradójicamente el resultado de esa revolución es que unos animales se vuelven “más iguales que otros”, los supuestos líderes abusan de su posición alcanzando privilegios en nombre de la igualdad. Situación similar a Joviel Acevedo, líder del sindicato de maestros.

La negociación del pacto colectivo de educación, así como sus peticiones, debe ser público. Esto, por principio y disposición constitucional en Guatemala. Sin embargo, el Ministerio de Educación, de forma ilegal desde la administración anterior, “aceptó” que dicha negociación fuera confidencial. El líder sindical se excusa diciendo que a él le aceptaron esas condiciones y que su petición, por lo tanto, estaría por encima de la Constitución y la Ley de Acceso a la Información pública. Como los cerdos revolucionarios de la rebelión en la granja, a través de promesas de mejorar condiciones laborales de los maestros se han ido generando privilegios ilegales para unos pocos.

La igualdad ante la ley es uno de los principios constitucionales de la República más valiosos, la evolución histórica del constitucionalismo reconoce que los abusos del poder público derivan en que haya unos ciudadanos más importantes que otros. Y que a esos más importantes la ley y su cumplimiento no les aplica. ¿Acaso Joviel Acevedo es más importante que los ciudadanos guatemaltecos que tienen que cumplir con la ley?

El sindicalismo no es negativo en sí mismo, pero sus abusos y violar las disposiciones constitucionales de un país sí es negativo. La búsqueda de mejoramiento de condiciones laborales es importante y de reconocimiento global, el aumento en el conocimiento y productividad lleva consigo una búsqueda de equidad en el pago de las prestaciones laborales. El futuro de la educación de Guatemala depende en gran medida de la dignificación, profesionalización y herramientas disponibles a los maestros guatemaltecos. Acaparar la representación del sindicato de educación pública para procurar privilegios individuales, acumular poder político y realizar prácticas ilegales degrada la naturaleza de las instituciones de nuestro país.

El primer paso para recuperar la educación del país es tener una discusión nacional sobre el futuro educativo del país, un país que tiene un bono demográfico que es tan deseado por países que tienen población mayoritariamente adulta pero que las tasas de migración y desempleo nos dicen claramente que existe una falta de productividad latente en el país.
“Todos los hombres son enemigos. Todos los animales son camaradas”, una de las citas de la novela mencionada, está cargada de emoción para poder justificar la rebelión. Luego los líderes de esa revolución terminaron siendo el peor enemigo de los animales, quienes fueron oprimidos por el supuesto líder. Así, muchas promesas políticas y revolucionarias terminan siendo nomás la justificación de la búsqueda de privilegios utilizando la injusticia y penuria ajenas.

Como sociedad tenemos que hacer valer el principio de igualdad ante la ley, sin excepciones, para que no haya unos animales más iguales que otros.

El pacto colectivo de educación no debe ser confidencial

Los funcionarios del Ministerio están obligados a ejercer su función de forma transparente y conforme a la Constitución.

José Echeverría

28 de abril de 2024 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El pacto colectivo de educación ha sido controversial en la última década. Bajo la excusa de mejoras salariales y cediendo a presiones políticas, los diferentes ministros de Educación han aprobado privilegios ilegales en dichos pactos, atentando así en contra del principio de legalidad que obliga a los funcionarios públicos a realizar únicamente lo que la Constitución y ley les permite.

Los actos de la administración son públicos. Según la Constitución de Guatemala, todo acto que realizan los funcionarios públicos tiene que ser transparente, y la Ley de Acceso a la Información Pública establece mecanismos para poder ejercer dicho derecho. Desde hace unos meses, el Movimiento Cívico Nacional ha realizado una serie de solicitudes de información pública al Ministerio de Educación para analizar el pacto colectivo; sin embargo, al solicitar la información sobre el borrador del pacto y sus peticiones se negó el acceso a la información, bajo el pretexto de confidencialidad, y se confirmó que el Ministerio ya estaba en negociaciones a escondidas de la población.

En el 2021, el gobierno negó el acceso a la información pública sobre el contenido de la negociación alegando la misma confidencialidad. Causa mucha confusión que este nuevo gobierno, el cual ha delimitado políticas de transparencia y en contra de la corrupción, esté negociando a escondidas con un actor que ha utilizado el pacto colectivo como moneda política e inclusive está sancionado por gobiernos extranjeros como actor antidemocrático y corrupto.

Negar el acceso a la información pública, especialmente en algo tan trascendental para el futuro de Guatemala como la negociación del pacto colectivo de educación, está en contra de la Constitución, Política General de Gobierno 2024-2028 y también atenta contra el fortalecimiento de la gobernabilidad del país.

El acceso a la información pública es un derecho humano. Este derecho está basado sobre los principios de transparencia de la actividad gubernamental, obligando así al Estado a cumplir con dicha obligación. A través del ejercicio de este derecho, la ciudadanía puede desarrollar un pleno ejercicio cívico.

La publicidad del proceso de negociación de un pacto colectivo, así como el acceso y conocimiento público de las peticiones que realiza el sindicato al Ministerio, podría fomentar la rendición de cuentas, así como también habilitar espacios de participación ciudadana. Los funcionarios del Ministerio están obligados a ejercer su función de forma transparente y conforme a la Constitución de la República de Guatemala.

Que la ciudadanía y medios de comunicación puedan conocer los términos y condiciones que se están debatiendo en las instituciones públicas, con los fondos públicos y las condiciones laborales de trabajadores del Estado fomenta el debate para mejores decisiones de las instituciones públicas. Es necesario que los ciudadanos formemos parte del debate público a través de la expresión de opiniones y preocupaciones, enriqueciendo así el diálogo público y fortaleciendo la legitimidad de las decisiones tomadas. Garantizar la transparencia en las negociaciones de pactos colectivos promueve un acuerdo más justo y armonioso con las necesidades de la población y capacidades del Estado.

Si es que el pacto colectivo aún no ha sido firmado, las autoridades del Ministerio de Educación aún están a tiempo de rectificar, así como se ha realizado en otras dependencias del Ejecutivo que han escuchado a la ciudadanía para cumplir con sus funciones de acuerdo con las leyes de nuestro país, en concordancia con el principio de legalidad.

La tarea ciudadana de fiscalizar el Congreso

El mandato constitucional de los diputados radica en tres funciones: legislar, fiscalizar y representar.

José Echeverría

31 de marzo de 2024 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

La política de Guatemala atraviesa una crisis de representatividad desde los últimos años. El Congreso de la República ha sido la institución menos confiable y representativa para los guatemaltecos, cuando paradójicamente tiene el mandato constitucional de representar los intereses de los ciudadanos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos hace difícil que los ciudadanos guatemaltecos se puedan sentir representados, debido al sistema de elección para diputados; los guatemaltecos votamos, pero no necesariamente elegimos.

La discusión de reforma a la Ley Electoral es importante, para mejorar la forma de elección y que los guatemaltecos podamos elegir a nuestro representante. Sin embargo, además de la discusión de reforma legal, es importante que los ciudadanos podamos establecer mecanismos claros de cómo medir el trabajo de los diputados para poder exigirles que cumplan con su mandato.

El mandato constitucional de los diputados radica en tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Es importante que los ciudadanos tengamos conocimiento sobre cuáles son las atribuciones de los diputados para poder exigirles que las cumplan de buena manera. Las redes sociales brindan una herramienta de cercanía con los políticos y funcionarios públicos, pero a la vez pueden representar un reto con la desinformación.

La popularidad en las redes sociales representa un peligro de un crecimiento de demagogia digital para generar una mayor interacción, a pesar de que no se refleje en un trabajo legislativo de calidad. La demagogia digital es generar promesas y expectativas falsas, así como abordar problemáticas complejas de una forma simplista e irreal. Esta demagogia digital puede desenfocar la medición del trabajo real de un diputado y puede poner la atención en cuestiones banales y de nulo beneficio para el ciudadano. El mandato de los diputados no es de entretenimiento a la población.

La función de fiscalizar es importante y puede generar impactos positivos para mejorar la calidad del gasto público, así como evaluar la calidad de trabajo de funcionarios públicos de otras entidades del Estado. Este trabajo de fiscalización también debe ser evaluado por la ciudadanía, preguntándonos si realmente hay una mejora o si es una acción para llamar la atención. La fiscalización bien dirigida y estructurada puede ser una herramienta importante para que el ciudadano gane mayor confianza y recupere el sentimiento de representatividad con los diputados.

La calidad legislativa es importante para lograr la paz social y desarrollo. Regularmente, en las redes sociales se juzga la calidad de una iniciativa de ley por su nombre y no se indaga sobre su contenido. Un ejemplo reciente de esto fue la iniciativa de protección al consumidor, que por su nombre cualquiera diría estar a favor e incluso los diputados argumentaban estar impulsando la ley, pero al analizar el contenido se encontraban distintas incongruencias y errores que detuvieron su discusión en el Congreso. Para ello es importante que antes de que una iniciativa de ley llegue al punto de poder ser aprobada, cumpla con el mecanismo de discusión real en las comisiones de trabajo que componen el Congreso. Esto es importante para que el pleno del Congreso no esté lleno de iniciativas que avanzan en su aprobación estando desactualizadas, con errores técnicos o sin socialización de su contenido.

La representatividad del Congreso se refiere a que cualquier ciudadano, sector de la sociedad o empresarial pueda formar parte de la discusión de las iniciativas de ley que pueden afectarle o se desean impulsar. Para ello es importante que esta legislatura inicie un trabajo transparente e inclusivo en las diferentes comisiones de trabajo. De tal manera que se pueda ir recuperando la representatividad en el Congreso, que se ha perdido. La recuperación de la representatividad en el Congreso requiere de buena voluntad política y también de conocimiento ciudadano de sus derechos para exigir el cumplimiento del mandato de los diputados correctamente.

Arreglar los pactos: una obligación

El primer ministerio que afronta esta obligación es el de Educación.

José Echeverría

3 de marzo de 2024 | 00:03h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El actual gobierno ha expresado y prometido cero tolerancia a la corrupción y afronta la obligación de solucionar los privilegios indebidos presentes en el pacto colectivo de educación, ya que representan un mal uso de los recursos públicos del Estado, cláusulas contrarias a la Constitución y con un efecto negativo en la efectividad de la educación pública del país. La educación en Guatemala ha estado capturada por las últimas décadas. A través de negociaciones espurias e ilegales, el sindicato de trabajadores de educación ha procurado exitosamente privilegios que son contrarios a la ley y a los principios constitucionales, los cuales han logrado materializar exitosamente año tras año en los pactos sindicales. Estas condiciones han ido empeorando con cada negociación. El Gobierno tiene la obligación de solucionar este problema que afecta el futuro de acceder a mejores oportunidades económicas y desarrollo de los guatemaltecos.

El primer ministerio que afronta esta obligación es el de Educación. En unas semanas tendrá la importante tarea de negociación de pacto colectivo y la obligación de solucionarlo. Los recursos del Estado y esfuerzos contra la corrupción tienen una importante obligación que cumplir con la ciudadanía y estado de Derecho en Guatemala.

El principio de legalidad establece que el funcionario público puede realizar únicamente lo que la ley le permite. Esto establece parámetros importantes para solucionar los problemas, así como privilegios indebidos presentes en los pactos colectivos, muchos de los cuales responden a intereses corruptos que fueron avalados en pactos aprobados en administraciones anteriores.

El pacto colectivo de educación es uno de los ejemplos más visibles porque la negociación política que ha tenido su dirigente con distintos gobiernos ha sido altamente visible, pero también existen otros pactos colectivos en las otras entidades del Estado que requieren la misma atención de solución.

El compromiso contra la corrupción atiende indudablemente el cumplimiento del principio de legalidad. Los funcionarios del país están obligados a que la negociación, suscripción y vigencia de los pactos colectivos se atienda exclusivamente a lo regulado en la legislación vigente. Todo acuerdo suscrito que esté fuera de las facultades y competencias que la ley delimita a los funcionarios comprometería la integridad y compromiso en contra de la corrupción. Un ejemplo común de ilegalidad en los pactos colectivos es delegar las facultades de contratación y remoción de personal a terceros.

En el marco jurídico guatemalteco e instrumentos de la Organización Internacional de Trabajo existen leyes, reglamentos, resoluciones judiciales y directrices que recopilan los límites para la negociación y legalidad de los pactos colectivos. Estos límites deben ser cumplidos en toda negociación, suscripción de pactos y ser solventados por la vía judicial si se tiene conocimiento de su existencia. Los diferentes ministerios y dependencias del Estado de Guatemala deben cumplirlas a cabalidad y no ceder ante las presiones que busquen privilegios contrarios a la ley, sin importar si estos ya estaban vigentes o fueron otorgados en administraciones anteriores. El esfuerzo que ha emprendido el Gobierno necesita abordar de forma integral la presencia de corrupción y privilegios indebidos en las dependencias del Estado que ocasionan un mal uso de los fondos públicos, teniendo como consecuencias servicios deficientes e ineficaces.

La ciudadanía guatemalteca votó en las pasadas elecciones por un cambio y reflejó un hartazgo a la clase política que no ha materializado sus promesas y ha sido incapaz de hacer eficiente el gasto público. Solucionar los abusos y privilegios indebidos en los pactos colectivos del Estado no es solo una oportunidad, sino una obligación que los funcionarios deben cumplir para hacer efectivo el principio de legalidad establecido en la Constitución.

Dentro de la estructura del Estado se encuentra un número considerable de situaciones a solucionar para erradicar la corrupción que genera privilegios que dañan los servicios del Estado, como en la educación de Guatemala. El pacto sindical de educación ha sido por años una fuente de privilegios para unos pocos, a costa de una mala oferta educativa en el país.

La educación del país tiene que ser prioridad para los guatemaltecos. A través de la educación se pueden ampliar las oportunidades de trabajo y de desarrollo para la población. Esto debe ocupar una atención importante del liderazgo del país, especialmente al tener Guatemala un bono demográfico.
Para poder recuperar la educación de Guatemala se necesita un cambio radical en el pacto colectivo de educación. Este pacto colectivo ha sido utilizado como herramienta política por líderes sindicales a través de los distintos gobiernos. A través de manifestaciones y huelgas han procurado que los políticos de turno aprueben sus demandas sin una evaluación del impacto de estas en el sistema educativo.

Regularmente conocemos de estos problemas en las actividades políticas del sindicato, a través de las manifestaciones en apoyo a gobiernos o en huelgas exigiendo sus demandas. Sin embargo, estas decisiones de los últimos años y el pacto colectivo vigente tienen efectos diarios en la mala educación del país, impidiendo el mérito y desarrollo de los docentes que se traduzca en mejor educación para los niños del país.

Los impactos reales del pacto colectivo de educación y los privilegios que genera no son del todo conocidos, ya que por muchos años estas negociaciones han sido oscuras. Pero algunos de los principales privilegios que generan incentivos perversos y tienen un efecto negativo en la educación son las plazas permanentes, sin evaluación de desempeño o de mérito, de las cuales se estima que hay 168 mil, aproximadamente.

El sistema educativo del país necesita maestros con conocimientos, habilidades de enseñanza y dispuestos a revisar constantemente su desempeño, traducido en el aprendizaje de alumnos. Ser valorado y compensado de manera justa por el trabajo, así como poder ser dueño del esfuerzo individual, es parte de la dignidad humana. Tener una plaza para recibir una remuneración asegurada a cambio de protección de un dirigente, y además teniendo efectos nocivos para la educación y futuro de un país, no es digno. Necesitamos una educación digna para avanzar como sociedad.

En los últimos años, la ciudadanía guatemalteca le hemos puesto más atención a la dinámica política de personajes. Esto es predecible y natural, especialmente al estar en un período de elecciones generales. Ahora que las nuevas autoridades han tomado posesión, es importante ponerle atención y exigir resultados reales en los problemas estructurales que existen en el Estado de Guatemala, especialmente la educación, al ser, de momento, una limitante para el desarrollo en un país en el cual este desarrollo es urgente e importante.

La falta de confianza de la ciudadanía hacia el Congreso radica en la noción que los diputados buscan satisfacer intereses particulares en conflicto o sustitución a los intereses de la nación. Un ejemplo de ello es que por cuatro años el Congreso no buscó alternativas para la elección retrasada del poder judicial; además de la constante aprobación de iniciativas de ley que buscaban ampliar el presupuesto y programas asistencialistas sin promover mecanismos de transparencia y control en el gasto.

En los últimos cuatro años la alianza oficialista en el Congreso ha fungido como una especie de facilitador de recursos, pero ha carecido de establecer mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización para que la ejecución de esos recursos fueran de calidad. La aprobación anual del presupuesto general de la nación ha ido en detrimento con un aumento constante en gastos de funcionamiento y una disminución en la inversión. Además de los múltiples señalamientos de poca efectividad en la ejecución presupuestaria.

La última aprobación de presupuesto fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad temporalmente por violar derechos fundamentales por lo que quedará vigente el presupuesto del año pasado. Estas consideraciones pueden servir como punto de partida para establecer una agenda legislativa que inicie a construir confianza ciudadanía hacia el Congreso. Para ello es fundamental que se aborde la calidad del gasto, que se mejoren los controles de fiscalización así como el aumento de inversión y disminución de gastos innecesarios en el Estado.

Además de retomar el control del gasto público para poder aprobar un presupuesto general de acuerdo a las expectativas ciudadanas hay otras oportunidades para la próxima legislatura. En octubre de este año se elige Corte Suprema de Justicia. El buen funcionamiento del poder judicial estará, en buena medida, en las manos del Congreso ya que tendrán que elegir a los nuevos Magistrados del Organismo Judicial para un periodo de 5 años.

Los diputados que asumirán próximamente tienen la oportunidad de renovar el sistema político. Actualmente la percepción ciudadana con todo el sistema político es negativo y una reforma eficiente a la ley electoral y de partidos políticos que premie la libertad de participación puede dotarle de mayor legitimidad a los representantes e incluso varios de ellos podrían verse beneficiados si realizan un trabajo positivo durante estos años.

Las funciones de los diputados son de representación, legislación y fiscalización. La fiscalización del uso de los recursos públicos no debe ser algo opcional ni deseable sino que debe ser una función esencial en el desempeño de sus funciones. La fiscalización debe trascender de las publicaciones mediáticas y enfocarse en hacer efectiva la fiscalización para que los fondos públicos sean ejecutados eficientemente.

En la próxima alternabilidad de poderes que Guatemala el 14 de enero se vislumbra una ventana de oportunidad para mejorar la dinámica del Congreso y empezar a construir confianza con la ciudadanía. Para ello será necesario que el Congreso deseche las prácticas de facilitación de recursos sin control, que se sostenga discusiones de nivel sobre los problemas trascendentales para aumentar el desarrollo de los guatemaltecos.

Si algo nos ha demostrado la historia es que hay distintas formas de defender nuestras instituciones. Los guatemaltecos gozamos de libertad para organizarnos y exigir el cumplimiento de nuestros derechos. En Movimiento Cívico Nacional hemos elaborado una herramienta para poder visualizar y fiscalizar las acciones públicas en un periodo de gran importancia para los guatemaltecos: de la elección a la transición. Esta herramienta contiene una línea del tiempo con las acciones que han realizado los funcionarios públicos durante el periodo electoral ampliado. Se le ha llamado un periodo electoral ampliado porque incluye no solo el periodo del proceso electoral sino los meses subsiguientes hasta la transición de poder el 14 de enero. Esta herramienta se encuentra disponible en el sitio web del movimiento: www.mcn.org.gt.

Desde la elección general a la transición de poder el próximo 14 de enero han sucedido muchas cosas. Esta herramienta es de gran utilidad para ciudadanos, periodistas y analistas en donde pueden tener acceso en un solo lugar a las acciones y resoluciones de distinta índole para hacer más transparente las acciones de los funcionarios públicos. Además de una breve explicación de las distintas acciones se incluye la resolución pública en la que los funcionarios justificaron su actuar para mejorar la transparencia y rendición de cuentas que los funcionarios deben de brindar a la ciudadanía. Especialmente cuando se trata de algo tan valioso como la soberanía del guatemalteco.

Para posicionar la herramienta: de la elección a la transición, se ha realizado una campaña publicitaria con los días restantes para el 14 de enero con el recordatorio de una de nuestras bases como sociedad: ¡Tiene que haber transición de poder! Esto representa una celebración así como una exigencia que los guatemaltecos somos libres de decidir nuestro futuro y que con esa misma libertad siempre exigiremos que nuestros derechos y libertades sean efectivas.

La materialización de la toma de posesión con las autoridades que fueron electas en unas elecciones democráticas y libres es el cumplimiento de instituciones fundamentales para la República: el poder limitado y transición de poder. Estas instituciones fundamentales representan una protección al ciudadano en contra del abuso del poder público. Evita que los actores políticos puedan traicionar a la población y quedarse en el poder por más tiempo del mandato que les dio la ciudadanía.

“Una república si logran mantenerla” esa fue la respuesta de uno de los principales promotores y referentes de la república moderna Benjamín Franklin cuando le preguntaron que tipo de Estado habían diseñado los padres fundadores en Estados Unidos. El diseño constitucional en Guatemala está basado en un modelo republicano con elecciones democráticas. Es por eso que el cumplimiento de nuestra constitución y sus principios son las bases sobre las cuales debemos construir nuestra sociedad. La destrucción de estas bases sobre las cuales está fundamentada nuestro país no solo son de gran peligro para los derechos los guatemaltecos sino que esa destrucción puede ser de interés para aquellos que buscan satisfacer intereses particulares.

A muchos no les pueden gustar los resultados de las elecciones y eso es válido en una elección democrática. Sin embargo, esas personas deben tener un interés incisivo para que las elecciones libres se respeten a pesar de disgustos, ya que solo si estas son respetadas y garantizadas pueden asegurarse de votar por otras personas en las siguientes elecciones. Vivir en una sociedad en donde podemos tener diferencias de opiniones, ideologías, apreciaciones y visiones es posible solo sí se respetan las bases y fundamentos de una verdadera y efectiva República para garantizar así los derechos de todos los individuos por igual.

El sistema de gobierno constitucional republicano pretende limitar el uso del poder público para que los ciudadanos puedan gozar de libertad y los funcionarios estén sujetos a la ley y puedan hacer solo lo que la Constitución les faculta.

La situación detallada anteriormente responde directamente al principio de legalidad. Este principio es esencial para construir certeza jurídica de las expectativas y actitudes de los gobernantes ante distintas situaciones. Sin embargo, cuando se empieza a disminuir la claridad y obligatoriedad con la que los funcionarios deben cumplir con la Constitución y la ley, estos pueden actuar a su manera y antojo, poniendo a los ciudadanos en una situación de incertidumbre sobre sus derechos, futuro y actividad del funcionario.

Hay tres mecanismos y tácticas que sobresalen contemporáneamente en las consolidaciones de proyectos políticos autoritarios: crear enemigos ficticios abusando del lenguaje, deslegitimar a la oposición y concentrar el poder.

El lenguaje y semántica ha sido una herramienta muy poderosa a través de los años, y los políticos que consolidan proyectos autoritarios lo saben. En Nicaragua, Murillo, la esposa de Ortega, quien es fórmula y figura pública del régimen, constantemente está creando “etiquetas” para que las personas no se atrevan a criticar al régimen.

Constantemente está creando desde el discurso público y oficial señalamientos en donde dirige insultos de carácter moral, animal e incluso religioso en contra de la idea de personas que critiquen al régimen.

Lastimosamente, el discurso público y emitido desde los micrófonos oficiales tiene un efecto y en buena parte de la población estos discursos calan en el inconsciente.

La táctica de abuso del lenguaje y atacar verbalmente a la figura de crítica del gobierno es utilizada para justificar ante el público la deslegitimación total de la oposición. Las asociaciones civiles, partidos políticos, periodistas y empresarios representan una forma de ejercer libertades, y como las libertades son enemigas de los proyectos autoritarios están son censuradas. Recientemente vimos en Nicaragua el cierre de una universidad referente para la región latinoamericana. Como antecedente a esa situación también se ha visto el cierre de empresas, medios periodísticos y asociaciones civiles.

La concentración de poder es tanto el medio como el fin de la consolidación de regímenes autoritarios. La eliminación de cualquier mecanismo de frenos y contrapesos que pueda ordenar o limitar de cualquier manera el poder público. Recientemente, en el caso nicaragüense, la pareja autoritaria desde el Ejecutivo tomó por completo el Poder Judicial a través de despedir ilegalmente a un conjunto de jueces y asumir el control de forma ilegítima.

El filósofo francés Montesquieu identificó la tragedia de concentración de poder claramente hace unos siglos: “Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente”.

La situación y solución política en Nicaragua es sumamente compleja. A medida que estas acciones en otros países sean repetidas y pasen desapercibidas, se corre el peligro de transitar hacia la vía autoritaria. Latinoamérica ha tenido una lucha constante para lograr consolidar proyectos políticos que protegen la libertad y permitan el desarrollo de sus habitantes.

El caso de Nicaragua no debe pasar desapercibido para todos los países vecinos, para buscar soluciones y salidas, así también para aprender de las lecciones.

El resultado de las elecciones fue muy claro: la ciudadanía exige un cambio. En los resultados de la primera vuelta, el voto nulo y el voto en blanco representan la gran mayoría del 24% de los votos totales y el siguiente candidato con un 17%. No hay encuesta que demuestre lo contrario, la mayoría de encuestas posicionan la actitud social de frustración y desesperanza con un crecimiento exponencial en los últimos años. Esto bastó para que un candidato “diferente” pudiera colarse al segundo balotaje y posteriormente ganar la segunda vuelta.

Como en cualquier elección de este tipo, hay un ganador y varios perdedores. Un grupo de personas, en rechazo a la ideología que presenta el candidato ganador, empezó a cuestionar el resultado de las elecciones. Hasta aquí, nada extraordinario en las democracias contemporáneas. Sin embargo, la situación se agravó exponencialmente cuando investigaciones penales hacia el partido político ganador de las elecciones y en torno a la adquisición del sistema informático de transmisión de datos causaron alarmas sobre si podían llegar a alterar el proceso electoral a pesar de no tener competencia para ello.

Este descontento genuino hacia la incertidumbre se vio reflejado de varias formas: interposición de acciones legales, manifestaciones y pronunciamientos de diversos sectores. Sin embargo, una narrativa caótica de la situación y acciones poco transparentes en las investigaciones penales fue incrementando cada vez más el descontento, al punto de generar bloqueos que han afectado la libertad de los guatemaltecos por varios días. En este punto es donde nos encontramos hoy en día.

Entender dónde nos encontramos el día de hoy es importante para plantear hacia dónde queremos avanzar. Hay una diversidad de exigencias y solicitudes en el ambiente: renuncias de funcionarios, reformas legales y rechazos a los bloqueos.

Dentro de todo este ruido es importante traer a colación cuál es la causa más importante en este momento de la revisión cronológica, así como la visión del futuro de nuestras instituciones, pareciera que asegurar una transición y alterabilidad de poder con las autoridades electas es una causa común de los guatemaltecos y que asegura nuestra institucionalidad. Diversos sectores han demostrado su preocupación, así como su apoyo a que sí exista una alternabilidad de poderes efectiva y que se respeten los resultados de las elecciones. Esta es una causa central y, además, fundamental para el futuro de nuestra República Democrática.

Los bloqueos a la movilidad afectan la libertad de los ciudadanos. Un derecho que es fundamental y que forma parte de la dignidad. Es difícil convencer a otros quitándoles un derecho. Es importante enfocar las manifestaciones, exigencias y energía de las acciones hacia causas que pueden convencer a otros. Es contraproducente intentar convencer a otros de las ideas a través de la fuerza o coacción, más en un ambiente de descontento social en aumento. Enfocarnos en el principal problema y en acciones que aseguren superar ese problema es indispensable hoy en día.

El diálogo que está moderando la OEA puede tener resultados positivos, pero también se necesita un diálogo ciudadano para encontrar una causa común en medio de la polarización y descontento en el que estamos. Juntos, como ciudadanos, debemos unirnos para defender nuestra República con ánimo cívico y responsabilidad.

Para Guatemala, uno de los principales legados de nuestra independencia es que acordamos como sociedad en vislumbrar ser una república. Una república en donde todos sus habitantes son ciudadanos y cuentan con derechos. En donde la soberanía radica en los individuos de la sociedad.

Para que una república sea funcional necesita que las instituciones cumplan con sus funciones, que los principios fundamentales sean cumplidos y que la ciudadanía goce de libertad. La noción de construir un mejor futuro y que somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos esa posibilidad es importante para que la esperanza nos motive desde distintos aspectos de la vida.

La posibilidad de construir un mejor futuro no es un concepto vacío. Más bien, es un concepto que puede determinar el rumbo y éxito de una nación. Esta posibilidad se asegura con la existencia de condiciones en donde esta especie de soberanía individual se pueda ejercer. Implica que las instituciones del Estado están al servicio del ciudadano, asegurando las condiciones para ejercer la libertad, tales como condiciones de justicia, seguridad, movilidad, entre varias otras.

La celebración de nuestra independencia es un momento adecuado para que celebremos lo que somos y que nos une como nación. Al mismo tiempo, es un tiempo importante para que reflexionemos sobre qué necesitamos mejorar como sociedad para valorar más la República que como nación nos propusimos ser. Algunas personas tienden a caer en el falso dilema: se celebra o no hay nada que celebrar en la Independencia. Si bien puede parecer válido cuestionar el funcionamiento del Estado y dinámicas sociales en estas fechas, eso no implica que tengamos que esconder nuestra historia. Por el contrario, yo creo que al mismo tiempo que celebramos que somos una nación podemos identificar los retos importantes que tenemos como cualquier otra nación.

Especialmente este año tenemos algo muy importante que celebrar como país, y es la posibilidad de contar con elecciones libres. Con particularidades muy importantes, que no están presentes en todos los países, como el hecho de que las elecciones generales son gestionadas y resguardadas por miles de ciudadanos que participan en las juntas electorales, departamentales y receptoras de votos. Este es un claro ejemplo de cómo los guatemaltecos construyen su propio futuro y colaboran en resguardar instituciones que aseguran sus derechos fundamentales.

Para mí, la reflexión más importante de la Independencia radica en la libertad. La motivación de ser libres de decidir y actuar en torno a nuestro presente y futuro. Para ello es indispensable que resguardemos y materialicemos nuestro acuerdo fundamental de ser una república. Una república que se ve materializada con las instituciones y principios constitucionales que aseguran que el guatemalteco sea libre y que sus derechos están garantizados. Para celebrar nuestra independencia generemos un compromiso en proteger estas instituciones. Para que estén al servicio de los ciudadanos, quienes ganaron su independencia y somos quienes construimos la nación en la que vivimos a través del civismo. Para que la República siga viva se requiere de nuestra participación activa como ciudadanos.

Las mediciones de percepción local arrojan que pocos guatemaltecos confían en que el proceso electoral fue limpio. A pesar de que pueden existir diferentes razones y causas de origen para este pensamiento, es importante recalcar que hoy estamos teniendo elecciones, en gran medida, gracias a la participación de miles de guatemaltecos en las diferentes dinámicas de las Juntas Electorales. A ellos les debemos dar gracias por mantener viva nuestra democracia y protegerla.

De forma inédita, hace unas semanas las Juntas Electorales fueron sujeto de escrutinio y señalamientos infundados. A través de una resolución legal de la Corte de Constitucionalidad se ordenó a repetir una fase del proceso que llevan a cabo las Juntas Electorales. Este proceso se llevó a cabo de forma ordenada y aclarando las dudas que se habían generado. El acompañamiento de la ciudadanía en este proceso y a las Juntas Electorales es indispensable, reconociendo que son ciudadanos que realizan este gran aporte cívico. Este domingo de elecciones reconozca el labor que están realizando estos guatemaltecos en gestionar y cuidar nuestra democracia.

Es importante hacer una invitación a los guatemaltecos a que nos informemos sobre el mecanismo a través del cual se gestionan las elecciones. Mucha de la desconfianza hacia el proceso electoral radica en el desconocimiento de cómo funciona, así también como desinformación que puede circular en el ambiente. Si bien es cierto que existieron irregularidades en el proceso por parte de la judicialización de candidaturas, entre otros aspectos. En términos generales el proceso electoral en Guatemala se ha llevado de buena manera y eso debe ser motivo de gran orgullo para una nación.

El ánimo cívico no es exclusivo ni debe terminar con las elecciones. El sistema de una República descansa en la partición ciudadana a través de diferentes mecanismos, como las asociaciones civiles, así como en la fiscalización del uso del poder público. Es por ello que nuestra participación debe continuar más allá de las elecciones y mucho podemos aprender del ánimo cívico que han demostrado varios de los integrantes de las Juntas Electorales.

En las elecciones generales es inevitable que existan ganadores y perdedores. Es importante que tanto uno como el otro tenga una actitud democrática y cívica. Eso pasa por reconocer la potencial derrota, no buscar revanchismos políticos o personales, y que las instituciones de la República prevalezcan.

¡Acudamos a votar con ánimo cívico! Emitiendo un voto responsable, consciente y libre. Tomando en consideración el futuro que deseamos como nación para nosotros y nuestra familia. Elegir a los gobernantes es una de las formas de participación. Invito a los lectores a que nos podamos seguir involucrando y participando más allá de emitir un voto. La falta de legitimidad de los funcionarios públicos pasa por una severa crisis. Ese descontento e inconformidad deberá ser atendido por los próximos gobernantes, pero también es nuestra responsabilidad como ciudadanía darle una respuesta y solicitudes concretas.

Unamos esfuerzos y opiniones para generar un verdadero diálogo nacional sobre qué sistema político queremos, así como qué cambios a la ley electoral pueden garantizar un sistema político representativo. Proteger y fortalecer las instituciones de la República es sinónimo de mayor libertad, que puede traducirse en un mejor futuro para todos.

Toda sociedad busca formas de organizarse para poder progresar en libertad y paz. La humanidad ha encontrado en las instituciones jurídicas y no formales un orden para regular las normas sociales. El orden constitucional es la máxima expresión de seguir el orden acordado por una sociedad porque existe un convencimiento en que la convivencia en paz y libertad es una situación que no debe afectarse por nadie. El orden constitucional de un país está compuesto por las normas e instituciones que lo rigen, tales como las elecciones constitucionales, los mandatos de los poderes del Estado, los límites al poder y la protección de las libertades individuales. En ocasiones, las sociedades le dan la espalda a sus acuerdos sociales materializados en sus Constituciones e Instituciones. Deciden “aceptar” las afectaciones a este orden constitucional. Es allí donde tenemos que prestar mucha atención al reflejo de los vecinos y cuestionarnos ¿qué sociedades suelen progresar más? ¿Aquellas que respetan sus Constituciones, Instituciones y libertades? O ¿acaso generan mayor progreso y desarrollo las sociedades que deciden aceptar la arbitrariedad y romper con los acuerdos sociales constitucionales? La evidencia y experiencia nos demuestra que son aquellas sociedades en donde el respeto por la Constitución y sus Instituciones alcanzan mayor desarrollo. Y lamentablemente las sociedades que optan por el desorden constitucional fracasan en alcanzar desarrollo y son unos cuantos los que salen beneficiados de tal situación.

Los guatemaltecos acudimos a votar en las elecciones generales el 25 de junio. Una expresión de voluntad que arrojó distintos resultados. Una de las grandes manifestaciones de voluntad del pasado 25 de junio fue el rechazo, ya que el voto nulo obtuvo el primer lugar. La manifestación de rechazo que puede significar un hartazgo hacia la clase política y no sentirse identificado con las opciones políticas se dio dentro de un marco institucional y esto es sumamente importante a resaltar. ¿Qué significa que el rechazo hacia el mismo sistema político sea manifestado dentro del sistema institucional? Para mí, eso significa que el guatemalteco desea un cambio en el sistema político dentro de los parámetros de orden y paz que brinda el orden constitucional vigente en el país. El hartazgo hacia la clase política y la frustración del actuar de los funcionarios públicos podría canalizarse en cambiar la norma electoral para que mejores opciones puedan postularse y sanear los partidos políticos. Es sumamente peligroso y en gran medida contrario a los intereses de desarrollo personal de los guatemaltecos pretender desechar el orden constitucional que nos rige a todos actualmente.

El orden constitucional de Guatemala se asegura y consolida realizando la segunda vuelta electoral el 20 de agosto con los resultados oficializados por el TSEl. Esto debe ser protegido y resguardado por los guatemaltecos que creen en un sistema de orden y paz para poder desarrollarse libremente. Las diferencias políticas se deben dirimir en la contienda electoral. Veamos el reflejo y experiencia de los países vecinos: cuando se mantiene el orden constitucional, los frenos y contrapesos, así como las libertades ciudadanas, existen condiciones para el desarrollo. Cuando se desecha el orden constitucional y los ciudadanos dejan de ser soberanos sobre su futuro se crean condiciones de miseria y poco desarrollo. Algo que puede parecer sencillo tiene repercusiones trascendentales en nuestras vidas.

Esto significa que antes de votar por el Congreso nos informemos de cuál es la función de los diputados, para así encontrar quién puede realizar un mejor trabajo. En el sitio web www.yovotomejor.com hay una pestaña que se llama: ¿De verdad sabes?, en donde se encuentra información sobre las funciones de los organismos a los cuales elegiremos representantes.

El voto es una forma eficiente de canalizar el descontento ciudadano, porque es una manifestación con efectos reales. Con el ejercicio de nuestro derecho de votar y elegir a los próximos representantes estamos materializando nuestra opinión. Hágase dueño de su derecho de voto y ejérzalo libremente. Si está dudando de su participación, es mejor que vote. No se va arrepentir de ejercer su derecho, pero sí puede arrepentirse de no haberlo ejercido.

En los últimos meses se ha visto una campaña intensa incentivando el voto que genera bastantes dudas. El voto nulo no tiene validez real, de no alcanzar la mayoría absoluta, lo cual es casi imposible, según las mediciones y encuestas recientes. Pero hay un riesgo y es que el voto nulo, al no cobrar relevancia, se convierte un voto desperdiciado, el cual puede favorecer a intereses particulares. No se deje engañar: el voto nulo no es una manifestación práctica “en contra del sistema”. Con el voto nulo no está eligiendo y puede desperdiciar el valioso derecho del voto.

Nuestro proceso electoral está resguardado por las juntas electorales, que están conformadas por ciudadanos guatemaltecos sin afiliación política y con un gran espíritu cívico. Como ciudadanos, es importante que manifestemos nuestro apoyo a los integrantes de las Juntas Electorales para que el proceso pueda ser llevado con la mayor eficiencia posible. Ante un descontento generalizado con la política es importante que los ciudadanos participen en estas actividades que son indispensables para mantener viva nuestra democracia.

Llegamos al día de las elecciones con el modelo de votación guatemalteco intacto. Esto es un gran logro de un trabajo importante realizado por diferentes entidades de la sociedad civil el año pasado, en una tarea de fiscalización ciudadana a las acciones del Tribunal Supremo Electoral. La participación ciudadana en este proceso fue valiosa, ya que se crearon espacios de fiscalización, formación y participación ciudadana.

Los espacios de fiscalización ciudadana siguen vigentes con los diferentes programas de observación que se están llevando a cabo. Debemos ser responsables y muy diligentes para proteger nuestro sistema electoral, haciendo una revisión de su funcionamiento adecuado.

La participación ciudadana no finaliza con el voto, hay muchas cosas por solucionar. Hemos visto cómo nuestro sistema político no responde a las demandas de sus ciudadanos y por ellos tenemos que seguir nuestra participación, para exigir un sistema político eficiente con una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos posterior a las elecciones. Hoy asistamos a votar todos con ánimo cívico, para proteger nuestro derecho de elegir libremente.

La Corte de Constitucionalidad tiene la función de resguardar el orden constitucional pero hemos visto que a través de decisiones con poco fundamento se han violado preceptos y plazos constitucionales. Esta es una lección muy importante que tenemos que tomar en consideración, todo funcionario público tiene que estar sujeto a la ley y no puede ser nunca superior a ella.

En el 2019 se argumentó a través de una acción de amparo que por la falta de una evaluación derivada de unas reformas legales tuvo el efecto de suspender el proceso de elección violando así el plazo constitucional. Situación que fue aprovechada por personajes altamente cuestionados para incidir de forma ilegal en el proceso, según una denuncia penal de su momento. A pocos días de diferencia de que todo esto sucedía también se llevaban a cabo las elecciones generales del 2019.

Los problemas institucionales y democráticos deben ser resueltos a través de mecanismos democráticos, apegados a la ley y previstos en la institucionalidad. La experiencia de la falta de elección de cortes al día de hoy nos demuestra que buscar mecanismos no previstos en la Constitución genera desorden y eliminan toda certeza jurídica.

En los momentos de crisis política hay actores que intentan usar esas crisis para beneficios personales. En río revuelto ganancia de pescadores. En las próximas semanas tenemos que tener especial cuidado y estar muy conscientes de que tenemos que proteger la institucionalidad que tenemos. Las elecciones generales de un país son un mínimo institucional democrático de alternabilidad de poder que es requisito para una república funcional.

La falta de certeza sobre las candidaturas, la gran cantidad de partidos políticos, la falta de debates serios y propuestas ponen un reto importante a las elecciones. Un reto que tiene que ser abordado por la ciudadanía de forma responsable. Como ciudadanía debemos defender nuestro voto y una buena forma de hacer defensa de ese derecho es poniéndolo en práctica con especial cuidado. Informándonos de por quién votar y cuáles son las funciones de las instituciones de los puestos que vamos a elegir a los representantes.

La herramienta de www.yovotomejor.com es un esfuerzo colectivo de ciudadanos que buscan identificar quiénes son los candidatos y cuáles son las funciones de las instituciones de nuestro Estado.

Estemos atentos a las propuestas populistas, sepamos identificarlas y rechazarlas. El populismo hace uso de la polarización, la debilidad institucional y el descontento para instalarse con apoyo popular para eliminar todo ente de fiscalización y revisión del poder público.

Uno de los temas más importantes para Guatemala como nación es la falta de elección de Cortes desde el 2019. Todos los partidos políticos que postulan candidatos para diputados han omitido presentar una propuesta seria y comunicarla correctamente a la ciudadanía sobre cómo solventar dicha situación.
La división de poderes es uno de los principios que fundamentan el control del poder público en una República. Todo partido político que tenga una visión de Estado y de Nación, donde el uso del poder público es un medio necesario que debe ser controlado correctamente, debería tener presente y trabajar por una solución, incluso en su labor del día a día, más allá de la época electoral.

Otro reflejo de la falta de política es que parece que el Congreso de la República está en suspenso, sin interés por los temas importantes y solo con algún interés particular en iniciativas de leyes populistas. Muchos diputados que buscan la reelección han usado la presentación de iniciativas de ley como acto de campaña; sin embargo no han trabajado efectivamente como acto de campaña. Esto, a pesar de que el trabajo efectivo como diputados pudiera ser el mejor acto de campaña. Un empleo de ello es el vencimiento de la concesión de la autopista Palín-Escuintla.

Muchos partidos sacaron “publicaciones” en redes sociales presentando una postura, pero no dieron a conocer un trabajo político serio para solventar dicha situación o presentar alguna alternativa.
La regulación electoral vigente parece que obliga a los partidos políticos a intentar “llamar la atención” del votante en poco tiempo para cautivarlo por su voto, y uno de los efectos que está teniendo es la falta de profundidad en la propuesta y el labor constante de hacer política que deberían realizar los partidos políticos. Esto coloca a la ciudadanía en una situación particular y complicada, porque a pesar de estar expuestos a propaganda política superficial, tenemos que informarnos sobre quiénes son los candidatos, así como de sus propuestas.

Hay diferentes actores que tienen que poner de su parte para mejorar y evolucionar el sistema político de Guatemala. Se necesita una reforma electoral que se debe discutir con urgencia posterior al proceso electoral en donde las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos pueden tener un papel propositivo para realizar los cambios necesarios. Pero al día de hoy la ciudadanía debe saber navegar en las aguas turbulentas de la propaganda y a la vez de la falta de información.

El número de partidos políticos y candidatos eleva mucho los costos de información del ciudadano para conocer, siquiera, cuál es la oferta política en relación con candidatos, no se diga en relación con sus propuestas —si es que existen—. La herramienta de yovotomejor.com del Movimiento Cívico Nacional tiene un filtro de búsqueda para conocer los candidatos a diferentes puestos y una recopilación de los planes de gobierno. Un inicio y plataforma para todo aquel ciudadano que quiere llegar a las urnas a sabiendas de quiénes son los candidatos y habiendo reflexionado sobre la decisión de su voto, así como el futuro que quiere para su país.

Esta herramienta de análisis es sumamente útil para encontrar puntos ideales en que las normativas jurídicas que emanan del Estado no sean perjudiciales para los individuos que tienen que acatarlas, sino que sean de beneficio para ellos. Sin embargo, en la región la calidad legislativa y de creación de políticas públicas es sumamente precaria. No es común identificar un análisis económico derivado de las decisiones que toman los políticos e incluso en algunas ocasiones estas decisiones públicas van acompañadas de una carga emocional de afectación a determinado grupo de la población. Y menos aún se ve una responsabilidad política o legal de las decisiones arbitrarias que afectan a los ciudadanos.

En Guatemala, en los siguientes meses, estaremos escuchando muchas promesas en el contexto de la campaña electoral, y debemos evaluar cuáles serían las externalidades y consecuencias reales de esas promesas; ¿si estas ocasionarían un beneficio a la población o serían perjudiciales para la población?

Un ejemplo muy cercano es el de Honduras, en donde la decisión de un nuevo gobernante de eliminar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) generó consecuencias negativas. Sin entrar a valorar la legalidad, discrecionalidad y arbitrariedad con la que esa decisión se llevó a cabo, desde la perspectiva del análisis económico del derecho se puede evaluar cuáles fueron sus consecuencias. Las consecuencias que resaltan bajo esta perspectiva es que se envía un mensaje de que dicho país no es estable para las inversiones de gran magnitud y que la certeza judicial no está garantizada. Para los inversionistas es un mensaje de fraude desde la perspectiva de que el Estado no está manteniendo las condiciones aseguradas a través de una disposición constitucional, y una consecuencia muy importante a evaluar es que hay ciudadanos que pueden quedarse sin una fuente de ingreso laboral para mantener sus hogares y familias.

Este análisis se puede realizar evaluando paralelamente si existe o no una causa justificada para tomar dicha medida y si las consecuencias —o externalidades generadas— son solventadas. Sin embargo, vemos que las decisiones políticas, tal y como señalábamos anteriormente, muchas veces quedan impunes en relación con la responsabilidad legal y política de las afectaciones que generan a la población.

Como votantes en los siguientes meses en Guatemala, tenemos que prestar atención especial a los candidatos al Congreso, porque es allí donde los cambios legales positivos o negativos para la población pueden suceder. En la herramienta cívica de Yo voto mejor, promovida por el Movimiento Cívico Nacional, se puede conocer quiénes están detrás de los listados a los diferentes distritos que buscan una curul en el Congreso, en qué partidos políticos han participado y cuáles son sus conocimientos, para evaluar quién puede presentar una mejor alternativa. El Congreso, cuando está integrado correctamente, tiene un rol importante de contrapeso que puede detener decisiones que afecten a la población o, en el peor de los casos, también las puede legislar.

En estas elecciones debemos recordar que la población es quien paga el precio de las decisiones públicas.

En las elecciones del año 2023 tendremos aproximadamente 38,000 candidatos. El ciudadano que desee emitir un voto responsable e informado deberá navegar entre una gran cantidad de información para conocer cuál es el candidato que más le represente y atienda de mejor manera sus necesidades. Esto representa un gran costo de tiempo para el ciudadano, además de la dificultad de encontrar toda la información, ya que habrá muchos candidatos.

El sistema político del país enfrenta dificultades debido a las regulaciones restrictivas que tienden a favorecer a los candidatos más conocidos o que han ocupados puestos oficiales en el Estado en relación con los actores nuevos. Recientemente, desde el proceso electoral anterior, la sociedad ha discutido la necesidad de una reforma electoral e incluso se plantearon acciones de inconstitucionalidad en contra de artículos que podrían reñir en contra de la libertad de expresión y participación. Sin embargo, tanto el Congreso como la Corte de Constitucionalidad decidieron dejar de un lado esta importante discusión y, ahora, a la ciudadanía le toca asumir el proceso electoral de una forma restrictiva, con poca información disponible y limitaciones a la libertad de expresión.

La sobresaturación de información puede ocasionar efectos negativos para el proceso democrático. Esta puede aumentar la apatía y el hartazgo hacia el proceso electoral en sí debido a que los ciudadanos se sienten abrumados por el alto costo que implica investigar a cada candidato que existe. Esto también conlleva otro efecto negativo, ya que a medida que el ciudadano es apático para informarse sobre los candidatos acepta, cada vez más, que sean los mismos candidatos quienes informen sobre quienes son ellos.

El hecho de que sean los candidatos una de las principales fuentes de información del debate público y político causa una división, que aumenta cada vez más, entre lo que el ciudadano desea conocer y lo que el candidato ofrece en su campaña política. Quedando así en segundo plano las necesidades y aspiraciones del ciudadano y se coloca como discurso preponderante las aspiraciones y sueños del candidato —en vez de las del ciudadano—.

En una encuesta regional reciente se resalta que Guatemala es uno de los países en donde hay una menor convicción con la “democracia” en comparación con otros países, se señala que aproximadamente 4 de cada 10 considera que la democracia es preferible. Si bien existen teorías políticas sobre la importancia de la democracia para la alternabilidad de poder en una República, no es sorpresivo dicha apreciación en Guatemala, debido a la rigidez de la participación y libertad de expresión que se limitan con las normas del sistema electoral y político.

Cada proceso electoral debiera de suponer un avance para alcanzar el fin último de una República democrática y representativa en donde los derechos individuales, respeto a la ley y el poder limitado este garantizado. Teniendo las reglas que tenemos hoy en día vigentes en la ley electoral y de partidos políticos la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil debemos de enfocarnos en presentar herramientas, soluciones y avances dentro del sistema actual. Reducir los costos de información para conocer quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus ofrecimientos es un punto básico que como sociedad debiésemos trabajar para alcanzarlo en este proceso electoral.

Es un hecho que afrontamos este proceso electoral con condiciones adversas, la ley electoral y de partidos políticos reformada en el año 2016 representa ventajas a los políticos que tienen más tiempo en el poder. Sumado a eso, la falta de resoluciones por parte de la Corte de Constitucionalidad a las diferentes acciones de inconstitucionalidad a esa ley y la falta de reformas correctivas son factores que han colocado una presión mayor. A lo anterior hay que agregar el componente de descontento con la clase política así como años de alta tensión social por la pandemia e inflación.

Sin embargo, cuando las condiciones son adversas es cuando es más necesario afrontar de mejor manera el proceso electoral y generar unión ciudadana para proteger el sagrado derecho de elegir y ser electo. Hoy por hoy mantenemos vigentes importantes elementos del sistema de elección, como lo son las juntas electorales de votos que representa una participación ciudadana importante en el conteo de los votos el día de la elección.

No podemos permitir que los derechos fundamentales de libertad de expresión y participación política sean menoscabados en este proceso electoral. Y la mejor manera de lograr esto es poniéndolos en práctica. El rol que tendrán las organizaciones cívicas, los medios de comunicación, juntas electorales, observadores electorales y demás entidades que participan con un ánimo cívico en las elecciones será valioso para afrontar de la mejor manera el proceso electoral.

La censura a la libertad de expresión de los partidos políticos y candidatos es peligrosa. Con la regulación actual los candidatos no pueden realizar una campaña política efectiva ni darse a conocer libremente en los espacios que consideren pertinente. Además, dicha regulación tiene un carácter de expropiación para los medios de comunicación que ha generado una falta de incentivo para que estos quieran inscribirse para ser sujetos de publicar pauta electoral. Todo esto ocasiona que existan votantes poco informados o desinformados sobre la oferta electoral, con una tendencia a favorecer a quienes están en el poder público porque son ampliamente conocidos generando poca competencia.

Es por esto que el ciudadano tiene que asumir el proceso electoral con peculiar responsabilidad. Más responsabilidad de lo que asumiría un proceso electoral en condiciones “normales”. Debe estar atento a conocer realmente cuál es la oferta política, informarse sobre los antecedentes y propuestas que presenten los candidatos. Rechazar los discursos populistas que después le pasan la factura al mismo ciudadano y participar en los diferentes espacios que son necesarios para resguardar el sagrado voto de los guatemaltecos. Además de practicar la libertad de expresión con un sano debate.

La realidad es que no afrontamos el proceso electoral con las mejores condiciones y es por eso que nuestro involucramiento ciudadano debe ser con mayor intensidad para resguardar unos de los pilares sagrados de toda república democrática: la alternabilidad de poder ordenada y en paz.