Declaran en rebeldía a Juan Alberto Fuentes Knight por caso Transurbano

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, indica que se solicitará la captura internacional de Juan Alberto Fuentes Knight.

Miguel Barrientos

29 de octubre de 2024 | 11:57h

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El MP solicitará la captura internacional de Juan Alberto Fuentes Knight, según indicó el fiscal Rafael Curruchiche. (Foto Prensa Libre: C. Hernández)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) informó este 29 de octubre que un juzgado revocó medidas que había obtenido Juan Alberto Fuentes Knight, sindicado en el caso Transurbano.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, detalló que el Juzgado segundo de Instancia Penal revocó las medidas de coerción que se le habían otorgado a Fuentes Knight y se le decretó en rebeldía.

“El sindicado se encuentra ligado a proceso penal en el caso Transurbano por los delitos de fraude y peculado. Ha incumplido con las medidas de coerción impuestas por el órgano jurisdiccional y se encuentra evadiendo la justicia”, indicó Curruchiche.

El fiscal añadió que se gestionará la orden de aprehensión internacional de Fuentes Knight para que “enfrente a la justicia” en Guatemala.

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El 27 de julio de 2023, Fuentes Knight, indicó que saldría del país por persecución que sufrían integrantes del comité pro-formación del partido Movimiento Semilla.

Fuentes Knight fungió como ministro de Finanzas durante el gobierno de Álvaro Colom y enfrenta un proceso desde 2018 por señalamientos en el caso Transurbano.

“Por 5 años he cumplido con los requerimientos legales y me he presentado a cada audiencia con el fin de probar mi inocencia y aquella de los miembros del gabinete que fueron injustamente señalados”, aseguró Knight en 2023.

En marzo de 2018, Knight y otros funcionarios del gobierno de Álvaro Colom fueron ligados a proceso por el caso Transurbano.

#MPfuerteYfirme

A solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Juzgado Segundo de Instancia Penal revocó las medidas y decretó la rebeldía del sindicado Juan Alberto Fuentes Knight, quien se encuentra ligado a proceso penal en el caso Transurbano por los delitos… pic.twitter.com/Rh3mVRN4aR

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 29, 2024

Fuentes Knight responde

En un comunicado prensa publicado el 30 de octubre de 2024, Juan Alberto Fuentes Knight explicó su situación jurídica.

Explicó que, no obstante estar ligado al proceso de Transurbano, y haber cumplido con todas las medidas coercitivas requeridas durante los más de 5 años de duración del proceso, él tuvo que exilarse ante la amenaza de que se le detuviera arbitrariamente entre la primera y segunda vuelta electoral, esto comoresultado de la persecución del Movimiento Semilla, al cual ayudó a crear y organizar.

Asegura que de no haber salido del país, habría corrido la suerte posterior de Ligia Hernández, ahora en prisión.

“Soy victima de un patrón de persecución arbitraria. Para evaluar mi situación en el caso Transurbano, se convocó a una audiencia ayer 29 de octubre, a la que debía acudir mi abogado defensor, para explicar los motivos políticos y de salud que motivaron mi salida. Sin embargo, al presentarse en el tribunal, le informaron que la audiencia se había llevado a cabo el 28 de octubre, sin que se le hubiera notificado, y en esa audiencia previa se decidió declararme en rebeldía”, se lee en el comunicado.

Agrega que no haberle notificado a su abogado del cambio de fecha, y haber adoptado una decisión en su ausencia, constituye una actividad procesal defectuosa, en violación al principio de legalidad y debido proceso, y contrario a su derecho a la defensa, expresado en el artículo 12 de la Constitución.

Afirma que ha presentado un recurso para revocar la decisión de declararle en rebeldía y garantizar su derecho a la defensa.

Fuentes Knight asegura que la persecución contra Semilla se da cuando el partido ha sido elegido democráticamente para participar en la segunda vuelta y que las acusaciones son arbitrarias y van contra la voluntad popular.

El exministro, quien fungió durante el gobierno de Álvaro Colom, indicó que enfrenta un proceso legal desde 2018 por el caso Transurbano, año en el que renunció para no “afectar” al partido (Semilla).

“Por 5 años he cumplido con los requerimientos legales y me he presentado a cada audiencia con el fin de probar mi inocencia y aquella de los miembros del gabinete que fueron injustamente señalados”, asegura.

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También indica que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala “nunca los acusó” a él o a los miembros del gabinete de haber “robado o beneficiado de fondos públicos” y que ha guardado silencio por el desarrollo del caso.

En el documento publicado por Fuentes Knight, indica que debido al contexto político y judicial “es imposible que los argumentos y evidencia tengan el peso que deberían tener en la búsqueda de la justicia”.

Además, asegura que “desde el inicio del proceso” el Ministerio Público “dejó claro que otros acusados, ajenos al gabinete, fueron quienes se beneficiaron por el subsidio para el Transurbano.

Detalla que “luego de aprobar un primer y único desembolso a empresarios transportistas” detectó anomalías en el uso de los fondos e interpuso una denuncia; además, luego de eso asegura que no aprobó más desembolsos.

El anuncio de Fuentes Knight se registran en el contexto de acciones legales que el Ministerio Público ha emprendido contra el partido Movimiento Semilla, por un caso de supuestas irregularidades en el registro de firmas para la formación de la organización política.

El caso lo investiga la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala, la cual ha solicitado la suspensión del partido político, ha efectuado allanamientos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y ha solicitado la aprehensión de varias personas como parte de las pesquisas.

Las acciones del Ministerio Público han causado rechazo de diversos sectores en Guatemala, diplomáticos de países amigos y organizaciones internacionales como la Unión Europea e integrantes de la Organización de los Estados Americanos, entre otros.

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El juez advirtió a Colom que puede salir del país, pero debe estar presente en las audiencias programadas en el caso, de lo contrario decretará rebeldía y quedaría sin efecto la medida sustitutiva de la que goza.

Colom y Knight son procesados en el caso Transurbano, un fraude al Estado guatemalteco mediante el cual exfuncionarios y transportistas se habrían beneficiado con fondos supuestamente destinados para implementar este nuevo sistema de transporte.

El pasado 22 de mayo, Cojulún suspendió la audiencia de apertura a juicio de este caso al aceptar la excusa que presentó Alfredo Pokus, exviceministro de Energía y Minas, uno de los 34 procesados en la misma causa.

La defensa de Quintanilla, quien no acudió a la audiencia, argumentó que su patrocinado padece dolores de espalda, diabetes y apnea del sueño, por lo que piden que le otorgue arresto domiciliario.

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Cojulún dijo que le pareció “acertada” la petición del Ministerio Público (MP) para que le permita a Quintanilla ir a un hospital; sin embargo, explicó que los informes médicos presentados “solo son descriptivos y recomendativos”, a menos que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determine que el exjefe de la SAAS necesita tratamiento y exámenes fuera del Sistema Penitenciario.

El exjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) se encuentra recluido en la cárcel Mariscal Zavala, una de las prisiones donde este viernes las autoridades llevan a cabo requisas.

Carlos Quintanilla Villegas está ligado a proceso por los delitos de peculado, asociación ilícita y lavado de dinero en el caso Seguridad y Transporte, la fase 2 del caso Transurbano.

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El juez consideró que habían “indicios o elementos suficientes” que lo orientaban a tomar la decisión, pues hubo inconsistencias como la ausencia de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, “la cual coadyuva en la ejecución de los proyectos multianuales”.

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“Y ahora, ¿dónde está la totalidad de los 35 millones de dólares?”, se preguntó.

Quedan en prisión preventiva:

• Álvaro Colom Caballeros, expresidente de la República,  peculado y fraude.
• Salvador Gándara Gaitán, exministro de Gobernación,  fraude.
• Óscar Erasmo Velásquez Rivera, exviceministro de Economía, fraude.
• Jerónimo Lancerio Chingo, exministro de Cultura y Deportes, fraude.
• Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario Privado, lavado de dinero y fraude (en prisión preventiva por otros procesos).

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Con arresto domiciliario y fianza:

• Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas. peculado y fraude. Fianza de Q500 mil.
• Ana Francisca del Rosario Ordoñez Meda, exministra de Educación. fraude. Fianza de Q100 mil.
• Abraham Valenzuela González, exministro de la Defensa Nacional. Fraude.  Fianza de Q100 mil.
• Edgar Alfredo Rodríguez, exministro de Trabajo. Fraude. Fianza de Q100 mil.
• Celso David Cerezo Mulet, exministro de Salud. Fraude. Fianza de  Q100 mil.
• Luis Alberto Ferraté Felice, exministro de Ambiente. Fraude. Fianza de Q100 mil.
• Alfredo Américo Pokus Yaquián, viceministro de Energía y Minas. Fraude. Fianza de Q100 mil.
• Mario Roberto Aldana Pérez, exministro de Agricultura. Fraude. Fianza de Q100 mil.

La investigación de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señala que el Gobierno en de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 2008-2012, defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 35 millones de dólares a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para implantar un sistema prepago en un transporte de la zona metropolitana, el Transurbano.

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En otros casos los encausados se limitan a denunciar que sufren un ataque político, pero ofrecen la tonta declaración de que confían en la administración de justicia. Al ser condenados se quejan de haber sido linchados. La desconexión del teléfono, la negativa de entrevistas a los medios de prensa acreditados o hasta evitar expresarse en los medios electrónicos de chismes son una constante.

Cuando el líder del grupo Semilla, Juan Alberto Fuentes Knight, supuesto precandidato presidencial, fue aprehendido, no hubo quién recordara que la Ley contra la Corrupción que modificó el Código Penal no era aplicable, debido al principio de irretroactividad; y por lo tanto, había prescrito el delito por el que se le persigue. Además, su actuación estuvo enmarcada en ley, no cometió ningún acto irregular o ilegal, al ejercer sus funciones como ministro de Finanzas. El delito se produjo después, cuando se distribuyeron comisiones con movimientos financieros curiosamente sin esclarecer. Los autores están plenamente identificados y no han sido arrestados.

Los semillistas, aparte de un comunicado sin contenido, brillan por su ausencia. Ahora no recuerdan participar en las reuniones donde se arrimaban al joven líder que presidía la confederación de más de 20 oenegés que dicen actuar contra la desigualdad. Sus camaradas utilizan el típico: defiéndete con tus abogados y repiten la resobada confianza en la imparcialidad de los perseguidores.

Cuando la imagen de los detenidos engrilletados se difunde extensamente, no se contrarresta la infamia. Al contrario, se alaba a quienes consignaron a funcionarios periféricos, en lugar de los verdaderos autores. En la vida social, todos cometen errores, nadie está por encima de intereses y ninguno es infalible.

La Cicig y el MP no necesitan de turiferarios agitando incensarios, sino de ciudadanos críticos que separen el cascajo de la semilla. Toda persecución es un acto selectivo y político. Se puede estar de acuerdo o no. La confianza debería estar dada en los jueces mientras el caso se resuelve. En la actuación jurisdiccional no debe haber ni selectividad ni política, sino se espera que reine la imparcialidad. Una vez pronunciada la sentencia cabe inconformarse o no, pero sin romper el régimen de legalidad. El debate ilustra el criterio para futuros casos.

Se habla de respeto a la dignidad de los presos, mientras los fuertes militares convertidos en cárceles son antros de corrupción. Todo se alquila y se cobra. Tiene precio, la alimentación, los enseres elementales, sillas, mesas y toldos. Para no mencionar las prebendas de los encarcelados consentidos.

El caos permite pregonar la omnipresencia de la persecución penal como si fuera posible terminar con el delito, con la maldad humana. De la misma manera, en lugar de observar los argumentos judiciales, se pide la aplicación de esos razonamientos a otros casos, se tergiversan distintas situaciones de conocimiento legal por unas pocas coincidencias.

Existe una virtud cívica, la lealtad entre camaradas. El desconcierto considera vergüenza llamarse entre sí, de tal manera.

http://registroakasico.wordpress.com

Pero, eso está por terminar. La sociedad está obligando al poder político a tragar un poco de la sal mezclada de sal y arena que la ola lanza a la playa política todos los días.

En el Perú, cito aquí el primer caso, han estado siendo procesados desde hace siete años 12,000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública, acusados de incurrir en hechos de corrupción, según declaró el contralor general de Perú, Nelson Shack Yalta, a Xinhua, la fenomenal agencia de noticias china.

No es en el Perú una sorpresa. En el periodo 2009-2017, los dos contralores que le antecedieron llevaron ante la justicia penal a más de 16.000 funcionarios; de los cuales solo 61 fueron condenados, añadió el funcionario declarante.

Y en todas partes la corrupción es la misma. Nace en los partidos políticos, se expande en la función pública, y se consuma en fenomenales negocios con empresarios particulares ligados estrechamente a los detentadores del poder. Es el poderoso olor del dinero.

El problema en Guatemala, a diferencia de lo sucedido en el extranjero, es que aquí hasta hace poco tiempo las técnicas de investigación eran rudimentarias y estaban sometidas a la autoridad cómplice, hasta que llegó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y, juntamente con el Ministerio Público, impulsó una revolución investigativa que ha estremecido al poder político hasta sus cimientos.

Lo más impactante ocurrido esta semana es la aprehensión del expresidente Álvaro Colom y varios de los que fueron ministros durante su Gobierno, acusados hoy de tener responsabilidad en un fraude de 35 millones de dólares, equivalentes a unos 262 millones de quetzales aproximadamente, cometido al aprobar operaciones financieras para crear y poner en funcionamiento la empresa de transporte que opera bajo el nombre de Transurbano.

No faltan quienes consideran una pesadilla ver engrilletados al ciudadano que perdió su matrimonio, cuando era presidente, y a Alberto Fuentes Night, bajo una acusación que, de ser probada, pondría fin a su carrera política y a su calidad de ciudadano libre.

Ya suman cuatro exgobernantes de la República, sometidos a procesos penales, bajo la acusación de haber cometido delitos, de distinta tipificación, cuando ostentaban el poder ganado en elecciones populares y de amplia participación, o tras levantamientos militares: Alfonso Portillo, Efraín Ríos Montt, Otto Pérez Molina, y ahora el máximo exponente de la socialdemocracia guatemalteca. ¿Es, en realidad esto una pesadilla? No, responden otros, es la música que pone alegres a todos aquellos que en las manifestaciones públicas y en otros actos elevaban sus dedos acusadores contra los gobernantes de Guatemala.

Y en la opinión pública internacional, lo que está ocurriendo aquí es un buen ejemplo a seguir, a tal punto que en el programa de la periodista Carmen Aristegui fue entrevistado un analista político, también mexicano, en torno a la designación de un nuevo procurador general de la República y entre otras cosas que este dijo figura la consideración de Guatemala como ejemplo para el mundo, por lo que hizo y logró el pueblo guatemalteco con las grandes manifestaciones públicas de 2015.

El analista, ese, parece tener toda la razón.

La experiencia de Quetzaltenango se podría replicar en muchos departamentos. Cuenta con una sociedad civil organizada, con muchos años de experiencia y participación: hace años lograron deponer a un gobernador cuyo nombramiento no se hizo de acuerdo con las normas establecidas. Esta sociedad civil tuvo una fuerte participación durante las manifestaciones de 2015, con una demostración de fuerza aún mayor el 20 de septiembre del 2017. Se exigió entonces que los diputados quetzaltecos se presentaran en Quetzaltenango el 29 de septiembre para explicar tanto sus votos a favor del Pacto por la Impunidad como sus votos contrarios a quitarle a Jimmy Morales su derecho a antejuicio.

Los diputados no se presentaron. Fueron sustituidos por grandes fotografías en el parque central, y se descubrió que la gran mayoría de la población quetzalteca ni los conocía. Se instaló entonces la Mesa Ciudadana, que sirvió de base para solicitar firmas para desconocerlos. Se combinaron el rechazo a las acciones de los diputados en el Congreso, su desprecio a la ciudadanía y el ejemplo de Totonicapán de obtener firmas para exigir la renuncia de sus diputados. Resultado: se propagó como fuego la demanda de desconocer a los diputados quetzaltecos como representantes legítimos de su pueblo. La chispa fue un acto de irreverencia y rebeldía de ciudadanos en el parque central de Quetzaltenango el 15 de septiembre, para rechazar la impunidad en vez de aceptar el desfile de ese día, como expresión oficial de una unidad nacional que no existía. Luego se extendió a una movilización popular que incluyó protestas y asambleas comunitarias en varios municipios.

Ya para el 20 de octubre se contaba con 10 mil firmas y, con el propósito de superar ampliamente los 15 mil votos, máximo logrado para elegir a un diputado del departamento, se acordó ampliar la movilización popular. El anuncio de San Juan Ostuncalco de realizar asambleas comunitarias actuó como detonante. Se convino entonces ampliar el plazo para aumentar el número de firmas obtenidas y le siguieron otras asambleas, incluyendo una asamblea municipal en Zunil. No fueron solo firmas, fue una movilización popular, pacífica, legal y, especialmente, legítima. El proceso culminó con la presentación de un memorial al Tribunal Supremo Electoral, el 22 de enero de 2018, con una sólida base jurídica y el apoyo no solo de 20 mil firmas de ciudadanos quezaltecos, sino también con el respaldo de personas jurídicas como Ceipa y Celjus, representantes de los pueblos maya k’iche’, maya mam y de las ONG en el Consejo de Desarrollo Departamental, y con la firma del obispo Álvaro Ramazzini.

Queda en manos de los magistrados del TSE responder a esta demanda ciudadana. En el mejor de los casos se desconocería a los diputados y tendrían que renunciar. Sus suplentes estarían entonces sujetos a una mayor presión ciudadana, dirigida a apoyar una agenda legislativa surgida de una sociedad civil cada vez más organizada y propositiva. En caso de una respuesta negativa del TSE, quedarán de todos modos los diputados individualmente sujetos a una interpelación continua por parte de la ciudadanía, debilitados y sin legitimidad. Sería el inicio de una rendición de cuentas y de una lección para todos. Son los estertores de una renovación democrática que deberá concretarse en 2019 con diputados mucho más sensibles ante las demandas mayoritarias de la ciudadanía.

fuentesknight@yahoo.com

Por una parte, se comprobó una vez más que Guatemala vive la lucha contra la corrupción como una coyuntura crítica -de alcance mundial- que está sacudiendo las bases del poder político y económico en el país. Los que pretenden revertir este proceso quizás puedan retrasarlo y hacerlo más difícil, pero debieran reconocer que es una tendencia mundial que difícilmente será detenida.

La globalización no es un proceso exclusivamente económico. También está asociado con la circulación de las ideas, como se reflejó desde la Revolución Francesa con la difusión mundial de los principios republicanos de fraternidad, libertad e igualdad. La actual lucha contra la corrupción es parte de ese conjunto de ideas que se han divulgado fuertemente a nivel internacional. Los procesos judiciales llevados a cabo en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, El Salvador y Guatemala, entre otros, son muestras de ello. Es una dimensión positiva de una globalización de las ideas en torno a la ética.

En Davos, Suiza, se analizaron las consecuencias de la globalización en el ámbito de la economía. Curiosamente, el presidente Donald Trump, que se esperaba con cierto suspenso, no hizo un discurso agresivo, anti-globalización. Su trayectoria, más que su discurso en Davos, debe tomarse como reveladora de su pensamiento. Esta trayectoria incluye abandonar el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, reducir los recursos para las Naciones Unidas, acosar a México con el muro, anunciar el aumento de aranceles a las importaciones y perseguir y discriminar contra los migrantes que ya viven en los Estados Unidos. El discurso de Trump en Davos probablemente refleje un reconocimiento de los límites de su poder, así como una búsqueda de apoyo de élites internacionales después de un año de un debilitamiento del poder de los Estados Unidos en el mundo.

La frustración de las clases trabajadoras y medias en Europa y los Estados Unidos, donde aumentó fuertemente la concentración del ingreso en manos del 1% más rico, ha sido aprovechada por políticos populistas, como Donald Trump y otros dirigentes de la extrema derecha europea. El aislacionismo y el racismo han sido parte de sus propuestas, reflejadas en acciones proteccionistas y en la persecución y repatriación de migrantes. Lo que ha faltado han sido políticas alternativas, implementadas para enfrentar la globalización con estados fuertes y orientación social, y no con estados débiles orientados por un obtuso pensamiento neoliberal que los ha hecho vulnerables ante la corrupción.

Ha habido ganadores de la globalización, como los estratos de ingresos medios de China, que ahora cuenta con una pujante clase media y que tienen una impresionante capacidad de consumo. En contraste, el raquítico Estado guatemalteco, condicionado por un pensamiento neoliberal que lo hizo vulnerable a la corrupción, también significó que no tuvo la capacidad de aprovechar la globalización para beneficiar a las mayorías. No sorprende que Guatemala sea uno de los países más desiguales del mundo.

Ya es hora de que los antiguos principios republicanos de la Revolución Francesa se combinen con los principios asociados al conjunto de derechos humanos, y con los muy antiguos principios de la ética y del rechazo a la corrupción. Son ideas que pueden orientar a nuevos liderazgos que hagan de Guatemala un mejor país.

fuentesknight@yahoo.com

El índice de Doing Business tampoco debe tomarse como base para orientar las políticas para promover la inversión. Ha habido serios cuestionamientos del índice hechos desde hace tiempo por entidades tan variadas como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la revista The Economist.

La más reciente polémica desatada por el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, al pedirle disculpas al Gobierno de Chile por el inadecuado uso del índice, ha vuelto a poner sobre el tapete sus limitaciones. El Banco Mundial ha ido ajustando la manera de medir el índice y uno de los resultados de estos cambios fue el deterioro de la posición de Chile en el ordenamiento mundial del índice. Ello motivó una severa denuncia por parte del gobierno de este país, que después de la aclaración de diferencias existentes dentro del Banco, finalmente condujo a una seria disculpa por parte de las autoridades del Banco Mundial hecha al ministro de Hacienda de Chile.

En realidad el informe de Doing Business es solamente un análisis comparativo de la forma en que es aplican regulaciones. Mide cómo se realiza la apertura de una empresa, el manejo de permisos de construcción, la obtención de electricidad —no el acceso continuo—, el registro de propiedades, la obtención de crédito, la protección de inversionistas minoritarios, el pago de impuestos, el comercio transfronterizo, el cumplimiento de contratos y la resolución de insolvencia. Pueden condicionar la operación de empresas pero no son necesariamente los determinantes principales de una inversión.

Los determinantes de la inversión privada, nacional y extranjera, incluyen la coherencia de la estrategia de desarrollo, la fortaleza institucional, la seguridad, la independencia del poder judicial, las perspectivas de crecimiento económico del país en cuestión, el acceso a recursos naturales, el tamaño del mercado o el acceso a mercados externos, la disponibilidad de mano de obra calificada y de crédito y la calidad de la infraestructura. Este índice no los mide. Además, como lo han hecho notar numerosos críticos, muchas regulaciones son necesarias y en ocasiones pareciera que el índice se interpreta como la base para sugerir su eliminación. Ha ocurrido con las normas laborales que, ante las polémicas desatadas sobre este tema, ya no fueron evaluadas en el último informe de Doing Business.

El Doing Business puede tener un impacto político negativo, como parece haber ocurrido en Chile que, al documentar un deterioro de la calificación, fue aprovechado por la oposición al Gobierno para criticarlo. Pero en la práctica no mide los determinantes más importantes de la inversión; es solo una comparación de cómo se aplican regulaciones. En Guatemala el estado de las carreteras, la seguridad, el acceso a un sistema de justicia independiente y la disponibilidad de trabajadores calificados son determinantes más importantes de la inversión que la forma en que se aplican ciertas regulaciones. Si se pretende impulsar la inversión privada, nacional y extranjera, el informe de Doing Business no debería servir como referencia principal para hacerlo.

fuentesknight@yahoo.com

Pero la vulnerabilidad de esta economía a acontecimientos políticos está aumentando. El Balance Preliminar de la economía latinoamericana que presentó la CEPAL en diciembre señaló que las economías desarrolladas y las emergentes crecieron más en 2017 que en 2016. En Guatemala, en cambio, hubo una desaceleración. Cuando se estima el crecimiento del PIB por habitante, Guatemala creció alrededor de 1.5% en 2017, inferior al 2% de El Salvador. Convierte a Guatemala en el país centroamericano cuyo ingreso por habitante menos creció en 2017.

La desaceleración de la economía guatemalteca tiene que ver con la nueva política exterior de aislamiento internacional inaugurada en agosto, cuando Jimmy Morales declaró non-grato al comisionado de la CICIG. La reacción mundial fue inmediata y muy negativa, con una amplia difusión de lo ocurrido en los grandes medios de comunicación internacional. Poco después fue reducida la calificación de riesgo de Guatemala. Hubo una caída brutal del índice de confianza económica ese mes, como en 2015, y se consolidó la desaceleración del crédito para el sector privado observado desde principios de año. Las expectativas de inversión, reforzadas por la parálisis de la inversión pública, se deterioraron, y se acentuó la desaceleración de la actividad económica en general.

Aceptar a Jerusalén como capital de Israel apunta en la misma dirección. El impacto económico más visible es la posibilidad de que se niegue el acceso de las exportaciones de cardamomo a los mercados árabes, su destino principal. Pero el impacto será mayor: como en agosto del 2017, esta iniciativa aísla a Guatemala. El anuncio de un posible boicot económico y político por parte de países árabes es premonitorio.

La reversión de una trayectoria de política exterior de cierto balance ante el conflicto palestino-israelí, y la denuncia que se haga de Guatemala la está marginando a la periferia de la comunidad internacional. Impedirá que Guatemala sea electa a altos cargos políticos en el ámbito internacional, a diferencia de lo ocurrido cuando fue parte del Consejo de Seguridad, y entorpecerá que sea sede de eventos importantes.

Este año la elección de la autoridad responsable del Ministerio Público podría tener un impacto económico negativo similar. Además de ser vigilada por una ciudadanía nacional muy despierta, Guatemala será monitoreada con mucha atención por parte de la comunidad internacional, en los ámbitos públicos y privados. No es un tema ideológico. Se estará evaluando la debilidad o fortaleza del Estado guatemalteco, en este caso medida por la posibilidad de contar con una autoridad fiscal independiente y capaz. Será un dato fundamental para las calificadoras de riesgo, empresas extranjeras y entidades financieras, que querrán saber si Guatemala avanza con un sistema de justicia independiente o no. Es uno de los condicionantes básicos de la inversión. El destino económico y no sólo político de Guatemala estará en juego.

fuentesknight@yahoo.com

Los resultados de los juegos deportivos llevados a cabo en Nicaragua, ganados por Guatemala, ilustran lo que podemos lograr. A pesar de políticas deportivas deficientes, especialmente evidentes en el caso del futbol, hemos visto que jóvenes guatemaltecos fueron capaces de darle un honroso primer lugar a la selección guatemalteca en estos juegos.

Enaltecer la “camisola nacional” no es tan fácil. Los deportistas que ganaron en Nicaragua tuvieron que realizar grandes esfuerzos, probablemente con mucho apoyo familiar, para salir adelante y aprovechar la oportunidad de participar en las competencias centroamericanas. Para aprovechar esa oportunidad tuvieron que desarrollar las capacidades adecuadas para competir y ganar. Algo así quisiéramos que ocurriera para nuestra sociedad en su conjunto: que todos tuvieran las capacidades, especialmente en salud y educación, para aprovechar de manera equitativa las oportunidades que puedan presentarse.

Lamentablemente tenemos una sociedad muy desigual. No todos tienen la posibilidad de desarrollar capacidades adecuadas en materia de salud o educación. La desnutrición coloca en una gran desventaja inicial a casi la mitad de los niños guatemaltecos, y la falta de acceso a una educación adecuada castiga a una proporción parecida de niños y jóvenes. Muchas familias hacen tremendos sacrificios por asegurar esa salud y educación para sus hijos, como el que realizan algunas para enviar a sus hijos a colegios privados ante las deficiencias de las escuelas públicas, o las que acuden a médicos y servicios de salud privados ante la ausencia de un adecuado sistema de salud pública.

Las generaciones de jóvenes que actualmente comienzan a participar en política surgen de ese contexto desigual, y cabría esperar que a pesar de ello puedan superarse y enaltecer a Guatemala, como lo hicieron los jóvenes que participaron en las competencias deportivas centroamericanas. Las manifestaciones del 2015 en contra de la corrupción, y la masiva manifestación del 20 de septiembre de este año, más amplia y representativa que las anteriores, han sido una base para politizar, en el buen sentido, a los jóvenes que ahora ingresan a la política. Dependiendo de sus capacidades, se destacarán en el ámbito de la política durante las próximas tres o cuatro décadas.

Cabría esperar que una base ética sana, originada en el rechazo a la corrupción, pueda ser el común denominador de la mayoría de jóvenes políticos que sobresalgan en el futuro, independientemente de su orientación ideológica. Cabría esperar que también contribuyan a crear una sociedad más equitativa, con oportunidades y capacidades equivalentes para todos. Con esa base común, la política podría rescatarse. Podría constituir una competencia donde ganen aquellos con más capacidades y con mayor reconocimiento de la comunidad, y no aquellos con más recursos y menos principios. Es un panorama alentador sobre el que conviene reflexionar en estos momentos de recogimiento y celebración de las fiestas de fin de año.

jafk2014@gmail.com

Vemos en el Congreso el reflejo de un régimen democrático agónico, fuente de gran incertidumbre, nacional e internacionalmente. Ahora no se acude abiertamente al fraude, y la represión es más selectiva que durante la época de las dictaduras militares prevalecientes entre 1970 y 1985, pero las opciones democráticas se mantienen restringidas. Con la ventaja de la retrospectiva vemos que en las elecciones de 2015 no existían opciones reales. La alternativa “ni corrupto ni ladrón” resultó ser un frustrante espejismo.

Ni el poder ejecutivo ni los partidos dominantes en el Congreso representaban un cambio: no tuvieron la capacidad de abrir el espacio a una transición democrática. No nos permitieron dar un brinco y colocarnos en otra trayectoria, superior a la actual, que ventilara con una nueva ética y con nuevas caras, voces y planteamientos al espacio político guatemalteco.

La falta de opciones es reforzada por una Ley Electoral y de Partidos Políticos que mantiene cerrado el club de partidos políticos que se benefician del clientelismo y de financiamiento ilícito. Con suficientes recursos financieros se entra al club y se superan fácilmente barreras como el requisito de 23 mil adhesiones, o firmas. No es un requisito democrático, sino financiero. Lo que tradicionalmente han hecho los actuales partidos ha sido contratar personas para obtenerlas o simplemente comprar las firmas. Refuerza el poder del dinero. ¿Es eso democracia?

Pero nuestra tragedia no se detiene allí. El panorama del empleo es pavoroso. Las remesas e ingresos ilícitos de capital, acompañados por una política económica pasiva, favorecen el consumo y el comercio, pero poco más. Las ganancias obtenidas por los grandes conglomerados que dominan nuestra economía no se reinvierten, sino que se consumen, acumulan o sacan al exterior. La incertidumbre las afecta, como afecta a posibles inversionistas del exterior. En contraparte la pequeña y mediana empresa, las asociaciones de productores en el área rural o las cooperativas, que deberían recibir el máximo apoyo para consolidarse e invertir, tiene grandes dificultades para acceder a crédito, garantías, mercados y tecnologías.

El Congreso y el poder ejecutivo están demasiado preocupados con sobrevivir. Las propuestas para aumentar la inversión no pasan de ser engaños para reducir el pago de impuestos por parte de las grandes empresas, y el escaso apoyo a los trabajadores por cuenta propia o a los microempresarios viene principalmente de la cooperación internacional. Nuestra agónica institucionalidad democrática no reacciona y la economía se deteriora.

Tiene que revertirse ese proceso. Requiere reconvertir la política y la economía. Requiere reconducir al país por otra senda de desarrollo. Para ello hay que comenzar por una amplia lucha democrática por renovar el sistema político guatemalteco y no detenerse en revisiones cosméticas de una ley electoral y de partidos políticos que es una farsa.

fuentesknight@yahoo.com

Parte de la importancia que ha ido adquiriendo la prioridad de reducir la desigualdad se está reflejando en que ya no se está midiendo la desigualdad solamente, sino también el grado de compromiso asumido por los gobiernos para reducirla. En el informe “El índice de compromiso con la reducción de la desigualdad”, de Development Finance International y Oxfam, se desarrolla un índice para medir el grado de compromiso de los gobiernos con el objetivo de reducir la desigualdad. Lamentablemente Guatemala no tiene un buen desempeño cuando se mide su compromiso para reducir la desigualdad. De un total de 150 países evaluados, Guatemala aparece en el lugar número 109.

¿Qué explica este desempeño tan deplorable, que coloca a Guatemala detrás de El Salvador y Honduras y de la mayor parte de países de América Latina? Lo explica el rezago nacional en relación al monto e impacto limitado del gasto en educación, salud y seguridad social, una política tributaria que no tiene un efecto redistributivo y, especialmente, políticas que no favorecen condiciones adecuadas de trabajo para todos aquellos que dependen de salarios.

Las tres áreas ameritan atención. El gasto público de Guatemala en educación primaria y secundaria, y en salud, podría tener un impacto favorable e importante sobre la distribución del ingreso, puesto que favorece a los más pobres. Puede mejorarse la calidad de los servicios prestados, pero lo que más incide en el impacto limitado del gasto social en Guatemala es su monto bajo, que implica coberturas de educación y salud limitadas. Significa que muchas familias tienen que recurrir a servicios privados de educación y salud, que deben cubrir con sus limitados ingresos. De manera que el escaso gasto público en educación y salud, además de su baja calidad, daña a los más pobres.

Lo mismo ocurre con los impuestos. El impuesto que más afecta a los hogares pobres es el IVA, el más importante de Guatemala. El impuesto sobre la renta, que en muchos países tiene un efecto redistributivo significativo, al cobrarle proporcionalmente más a aquellas personas que ganan más, tiene una capacidad redistributiva baja en nuestro país. Así que este instrumento de política económica tampoco tiene un efecto importante en reducir la desigualdad en Guatemala.

Pero lo más novedoso de este informe es el análisis de las políticas que afectan al mercado de trabajo. Es un análisis que apenas comienza y que tendrá que afinarse más, pero en el caso de Guatemala su conclusión es contundente: lo que más pesa en su limitado compromiso a favor de la equidad es la debilidad de las políticas referidas al mercado de trabajo. Las políticas de salario mínimo, la discriminación en contra de la mujer y el limitado respeto a los derechos laborales no son favorables: colocan a Guatemala en el lugar 124. Está entre los países con peores condiciones de trabajo en el mundo.

Es hora de retomar el tema de las condiciones de trabajo, que afectan a la gran mayoría de la población que depende de salarios, y que representan dos de cada tres guatemaltecos ocupados. Debemos incluir en la agenda de desarrollo nacional la reducción de la desigualdad, y como parte fundamental de ello corresponde generar empleo y mejorar las condiciones de trabajo de la gran mayoría de guatemaltecos.

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Fue aprobado por la Ministra de Trabajo y por representantes del CACIF y de las dos principales confederaciones sindicales de Guatemala en Ginebra. Contó con la presencia de magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, de la Secretaria Privada del Ministerio Público, del subdirector de la Policía, de diputados y de otras autoridades. A su vez, esta comisión contó luego con el aval del Consejo de Administración de la OIT. Además, los presidentes de las asociaciones internacionales de empleadores y de sindicatos firmaron el acuerdo como testigos de honor. Corresponderá reportar anualmente al Consejo de Administración de la OIT y de forma pública acerca de lo realizado por la Comisión.

La creación de esta comisión es el resultado de una larga trayectoria de negociaciones y conflictos entre el Estado, organizaciones sindicales y empresarios en Guatemala. Hay casos dramáticos que incluyen el asesinato de líderes sindicales y la violación de libertades sindicales y de otros derechos laborales. Se buscó superar esta historia mediante compromisos asumidos por el gobierno para avanzar con base en una hoja de ruta convenida en 2013. Su cumplimiento ha sido limitado. Sin embargo, un resultado concreto fue la reforma del Código de Trabajo, aprobada por el Congreso este año, para fortalecer la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y contribuir a que las normas laborales no se quedaran en el papel. Evidencia puntual sugiere algunas mejoras en esta área, importante si se toma en cuenta que casi las dos terceras partes de las personas ocupadas en Guatemala son asalariados.

Existen posibilidades de que mejore la seguridad laboral, pero quizás lo más importante es la visión estratégica que se busca que tenga la comisión. En uno de los considerandos del acuerdo que crea a la Comisión se indica “Que es necesario enfocar los esfuerzos tripartitos en una dinámica nacional, con una ruta estratégica a mediano y largo plazo, que trascienda el corto plazo con el que se ha venido discutiendo en los órganos de control de OIT y permita obtener resultados sostenibles.” Y de manera pragmática se señala que para lograr acuerdos “no se parte de la homogeneidad de pensamiento sino de la capacidad tripartita de construir desde la diversidad”.

Y el mandato de la nueva Comisión no es solo asegurar el cumplimiento de la hoja de ruta aprobada hace algunos años, centrada en garantizar la libertad sindical, o buscar de forma tripartita propuestas legislativas para avanzar en el ámbito de la legislación laboral. Busca también conocer temas adicionales de interés para los sectores empleador y trabajador, como propuestas de reformas de la Ley de Servicio Civil y políticas de empleo y reactivación económica, fundamental en un contexto de desaceleración. Otros temas podrían incluir las consultas a la luz del convenio 169 de la OIT.

Existen dos formas de aprovechar y fortalecer esta comisión. Una sería constituir un grupo de apoyo amplio que incluya a líderes sociales, políticos, comunicadores, académicos y a la comunidad internacional. Otra sería que el Congreso aprobara una ley que fortaleciera su sustento legal, que hasta ahora se fundamenta en un acuerdo del poder ejecutivo. Espacios como éste no deben desaprovecharse.

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Actualmente tenemos un régimen político que es una vergüenza, un Estado que se deteriora día a día, y un conjunto de políticas que en su mayor parte ni siquiera se ponen en práctica. Lo vemos en una inversión pública que sigue por los suelos, en una reforma de salud que quedó a medio camino, en la falta de una decisión final acerca del mecanismo institucional para formar a maestros y en un proyecto de presupuesto pequeño pero desfinanciado. Son síntomas de un Estado en coma.

Pero reformar al Estado requiere un régimen político que funcione, que contribuya a un ejercicio eficaz del poder, con el respaldo de la mayoría de la población. El problema es que el actual régimen político no cumple con estas condiciones. Lo refleja el Congreso y la mayor parte de partidos allí representados, como lo sabe la gran mayoría de ciudadanos.

La posibilidad de que se diera una primera gran reforma, la del régimen político, se fortaleció en el 2015 con el amplio rechazo a la clase política tradicional. Quedó reflejado en las manifestaciones que se dieron entonces y en la masiva y representativa manifestación del 20 de septiembre de este año.

Esta primera reforma política debe comenzar por modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para ampliar el espacio democrático y permitir que se expresen diferentes fuerzas, con distintas ideologías y enfoques. Debe permitir que la democracia se renueve y realmente funcione. Lamentablemente la actual Ley Electoral lo impide. Es una amenaza a la democracia y ello se refleja en varias restricciones.

Primero, la exigencia actual de contar con cerca de 23 mil adherentes no contribuye a la participación democrática. Es un requisito que establece incentivos perversos a favor de la compra de voluntades, que es la base de muchos adherentes de partidos ya establecidos. Favorece la movilización de recursos financieros y no la de los ciudadanos. Segundo, la prohibición de que los comités pro formación de partido político puedan hacer proselitismo, con la excusa de que da lugar a una campaña anticipada, evita que se puedan conocer los planteamientos de nuevas organizaciones. Beneficia a las organizaciones políticas ya establecidas o a las organizaciones que dependen de un caudillo reconocido. Cierra las puertas a la renovación democrática por la vía del debate y del conocimiento de posturas alternativas: favorece la desinformación y la descalificación ante la dificultad de conocer lo que plantean las nuevas organizaciones.

Estas barreras a la participación deben eliminarse para evitar que nuestro régimen democrático se derrumbe. Repetir las elecciones de 2019 en condiciones similares a las del 2015, con una clase política tan desgastada, desprestigiará a la democracia y la pondrá en peligro.

Queda por determinar cómo se podrá reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La mayor parte de partidos en el Congreso no quieren abrir el espacio a la competencia con nuevas fuerzas políticas. Les tienen miedo. Tendrán que sufrir miedos mayores, surgidos de la justicia y de la ciudadanía, para que finalmente aprueben, aunque sea contra su voluntad, la reforma que debiera abrir espacios para salvar a la democracia.

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Por una parte, es cada vez más clara la existencia de una institucionalidad maltrecha, en parte reflejada en un poder político sin capacidad ni voluntad de representar a las grandes mayorías de guatemaltecos. Tanto el Congreso como el poder ejecutivo lo ponen de manifiesto. Pero esa institucionalidad no es solo política. También se refleja en instituciones como las fiscales, monetarias, ambientales, agropecuarias, de educación y salud, de seguridad y de relaciones laborales, incapaces de converger y traducir sus acciones y orientaciones en un amplio bienestar social y en una creciente inversión en la gente y en puestos de trabajo.

Por otra parte, es evidente la dificultad de avanzar por una trayectoria de transformación productiva. Esta necesaria transformación requiere el traslado de personas y de recursos desde sectores de menor productividad, como la agricultura que produce para el mercado interno, a otros sectores de mayor productividad, como un sector industrial dinámico o un sector de servicios innovador. Pero no estamos viendo eso. Predomina una expansión masiva de jornaleros obligados a abandonar sus tierras y que ahora tienen sólo dos opciones: trabajar temporalmente y en condiciones sumamente precarias en cultivos de exportación como la palma y la caña de azúcar, o emigrar a ciudades intermedias para ocuparse en el comercio o en servicios sin cambios en su productividad. Y la dependencia de remesas aumenta. Al mismo tiempo se amplía una población urbana en las ciudades intermedias y en el área metropolitana sin oportunidades de trabajo ni de estudio. Hay una transformación social pero no productiva.

Los desafíos son grandes: renovar nuestras instituciones e impulsar una verdadera transformación productiva. Eso no ocurre espontáneamente, como lo está demostrando nuestra historia. Depende de una voluntad colectiva, quizás impulsada por la indignación, para renovar o crear nuevas normas y organismos como base para reformar ámbitos que van desde la educación, la salud y la seguridad hasta la política laboral, ambiental, fiscal y monetaria. Estas instituciones nuevas o renovadas debieran funcionar eficazmente y no ser excluyentes. Requieren una reingeniería. En parte requieren imaginación para adaptarlas a nuestra cambiante y plural situación social y política. Pero hay ejemplos de países exitosos que pueden servir de inspiración para dar los primeros pasos y luego avanzar de manera exploratoria para profundizar los cambios y corregir los errores.

También debemos avanzar con la transformación productiva que se necesita para aumentar nuestra productividad. Requiere inversión productiva y en la gente, con una atención especial a los servicios, donde se están refugiando tantos guatemaltecos frustrados ante la dificultad de superarse, y a la agricultura, que demanda condiciones de trabajo decentes para miles de trabajadores sin tierra y sin esperanza. Requiere una apuesta estratégica por el turismo, la agroindustria y la agricultura de precisión, con énfasis en la pequeña escala pero de calidad, acompañado de un inmenso esfuerzo para reconstruir la infraestructura e integrar humana y comercialmente a nuestro país. Pero todo esto no ocurre espontáneamente; exige instituciones incluyentes que sustenten esta transformación y que la orienten, basados en una visión estratégica compartida. Requerimos una seria transformación institucional y productiva para avanzar.

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La prioridad del esfuerzo interno es aplicable a Guatemala, pues las perspectivas más favorables de la economía mundial se combinan con perspectivas menos favorables para la economía norteamericana. La pregunta clave es: ¿qué esfuerzos internos y políticas impulsará Guatemala? El problema es que vamos en la dirección contraria. Los graves errores políticos de Jimmy Morales aumentaron los riesgos económicos externos que enfrenta Guatemala. Ello se reflejó en las reacciones de miembros del Congreso y del Senado de los Estados Unidos, con propuestas directas para restringir el acceso de Guatemala a financiamiento externo. También generó una percepción de inestabilidad política que posterga o ahuyenta la inversión nacional y extrajera y el turismo.

Sumémosle la inercia de la política macroeconómica de Guatemala, con una política monetaria centrada exclusivamente en mantener bajo control la inflación sin preocuparse por estimular la actividad económica y el empleo, y una política fiscal encadenada a bajísimos ingresos y a inversión pública que no despega. Ante perspectivas de decreciente dinamismo económico y de alto crecimiento demográfico conviene evaluar otras propuestas.

El Banco Mundial, en su informe sobre América Latina, llama la atención a la experiencia de Chile, donde se redujeron las tasas de interés como medida monetaria para estimular el crecimiento, o el caso del Perú, donde se puede acudir a políticas de modificación de los encajes bancarios para lograr el mismo propósito. Pueden existir riesgos de depreciación y de inflación, pero estos no parecieran grandes en el caso de Guatemala actualmente, donde la tendencia a lo largo del año ha sido a que el quetzal se aprecie en vez de depreciarse. Cabría favorecer la depreciación del quetzal, muy leve en las últimas semanas, en vez de declarar que se trata de un efecto transitorio, como han declarado las autoridades monetarias.

También existen propuestas para aumentar la ejecución de la inversión pública mediante el establecimiento de una secuencia clara de etapas a seguir con base en prioridades precisas, con evaluaciones serias de proyectos y con adecuado apoyo técnico y legal para acelerar el proceso de toma de decisiones en materia de inversión pública. La crisis actual de la infraestructura no debería aprovecharse, de manera irresponsable, para hacer propuestas de alto contenido ideológico basado en la experiencia de desregulación del sector eléctrico. Se olvida que generó conflictos y favoreció la realización de cuantiosas inversiones de parte de los dueños de grandes capitales, en vez de promover inversiones pequeñas que generaran beneficios para las comunidades donde se establecían. Existen propuestas alternativas para reactivar y reorientar la economía por un camino diferente, en beneficio de las mayorías. Deberían recibir mayor atención.

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Coloquemos esto en perspectiva. Los principales políticos guatemaltecos han creado instituciones políticas profundamente excluyentes. El Congreso está bajo el control de diputados acusados de corrupción que buscan colocarse por encima de la ley. Ahora proponen reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sin credibilidad. Y la solicitud de quitarle el antejuicio a Arzú sugiere que se utilizaron prácticas ilícitas para que se eternizara en el poder. Refuerza la percepción de la política “sucia”: disminuye aún más el atractivo que para la mayor parte de la población tiene la participación política. La exclusión política impera.

A ello se agregan instituciones económicas excluyentes. Lo reflejan las agudas disputas sobre la propiedad del agua y la gestión de los recursos naturales, grandes barreras que impiden que empresas nuevas ingresen a mercados internos o externos prometedores, la ausencia de una ley de competencia, contratos laborales inexistentes o que no se respetan, y un acceso limitado a la educación.

La existencia de instituciones políticas y económicas excluyentes no es nueva en Guatemala. Resulta significativo el análisis de dos momentos de nuestra historia recogidos en un libro sobre el poder y la economía, Por qué fracasan las naciones, ampliamente divulgado a nivel internacional. Sus autores, D. Acemoglu y J. Robinson, argumentan que los mayas —sin dejar de reconocer sus logros— establecieron instituciones políticas y económicas excluyentes que permitieron cierto crecimiento económico entre los años 300 y 700 después de Cristo. Pero la ausencia de innovaciones, de inclusión socioeconómica y de apertura política, impidió que se mantuviera el crecimiento económico al iniciarse el siglo octavo. Ello generó conflictos, en parte entre élites, y esa gran civilización colapsó. La exclusión impidió el desarrollo sostenido.

El segundo episodio que ilustra una experiencia similar es el establecimiento de la dictadura liberal en Guatemala a partir de 1871. Acemoglu y Robinson señalan que se combinaron una institucionalidad política cerrada, la expropiación de tierras comunales y la imposición de sistemas de empleo forzoso para producir café. No obstante auges transitorios, instituciones políticas y económicas excluyentes explicarían la ausencia de un proceso equitativo y sostenido de crecimiento económico. Y encarrilaron a la sociedad guatemalteca por una larga senda de dictaduras.

Actualmente el desgaste político y económico que estamos viviendo es el resultado de instituciones políticas y económicas excluyentes, como en el pasado. La crisis política está contaminando la economía. Pero podríamos estar iniciando una nueva etapa, de salida de la crisis. La lucha nacional contra la corrupción y por la justicia, fuertemente apoyada desde el exterior, podría ser parte de una coyuntura crítica que está alterando el balance del poder político y económico existente. Por ello es fundamental mantener viva la protesta ciudadana, buscar aliados que favorezcan el cambio y evitar que se cierren los espacios de participación política, como quisiera el Congreso. Sólo con instituciones políticas y económicas más abiertas podremos iniciar una nueva trayectoria de desarrollo político y socioeconómico, incluyente, plural y sostenible.

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En el ámbito internacional pareciera que Jimmy Morales ignora las realidades del poder, especialmente lo que significa el categórico apoyo bipartidista de los Estados Unidos a la Cicig, junto con el del resto de la comunidad internacional. Este no es un caso de un aislado funcionario de la ONU expulsado por unas declaraciones imprudentes; es un símbolo de una apuesta de la comunidad internacional y de muchos guatemaltecos contra la corrupción. Guatemala surgió en 2015 ante el mundo como un país que era un ejemplo para muchos más. El presidente lo olvidó, pero la comunidad internacional y la mayor parte de guatemaltecos no.

En el frente interno el número de diputados que hace pocos días se expresó a favor de que le levantaran el derecho a antejuicio a Jimmy Morales es claramente superior al número que votó una semana antes. Apunta a una posible tendencia: no sería raro que en una tercera o cuarta ocasión los diputados finalmente decidan negarle este derecho y que luego se le encuentre culpable por acudir al financiamiento ilícito. Y los tres ministros que renunciaron justificaron su salida destacando la reducción de su ya estrecho margen para implementar políticas o impulsar programas. Las perspectivas del presidente son extremadamente precarias: podría ya no ser presidente en enero del 2018.

La vulnerabilidad de la mayor parte de diputados del Congreso quizás no sea tan extrema por ahora, aunque sus perspectivas tampoco son halagadoras. Aparte de las amenazas que surgen de las investigaciones actualmente en curso, y de eventuales juicios que los obliguen a renunciar, enfrentan una indignada oposición no solo en la capital, sino también en numerosas cabeceras departamentales. Irónicamente los diputados son cada vez menos anónimos: el rechazo que ahora se ha extendido con fuerza a las cabeceras departamentales ha conducido a identificarlos como indignos representantes de sus comunidades. Quizás sea el principio del fin de los caciques. Bien harían los alcaldes en tomar nota.

Este escenario de presidencia agónica y de congreso zombi no es estable. A menos que se mantenga la presión social que se manifestó el 20 de septiembre, los dos poderes buscarán debilitar a la Cicig y al Ministerio Público, lo cual favorecería la corrupción, la inestabilidad y hasta posibilidades de un golpe de Estado. También podríamos experimentar un fuerte deterioro económico y social ante el ingreso de menores recursos externos y la paralización de la inversión.

Por ello corresponde buscar otro escenario que modifique el régimen político de Guatemala para asegurar una inclusión pacífica y democrática de las fuerzas que se manifestaron en la plaza el 20 de septiembre. Todavía no está totalmente claro cómo podemos llegar a ello, aunque no faltan ideas. Es por ello que el diálogo que se ha propuesto debiera llevarse a cabo entre las fuerzas sociales y ciudadanas que favorecen este nuevo escenario. Corresponde definir posiciones y acumular fuerzas para imponerles —y no suplicarles— a los actuales representantes del poder Ejecutivo y Legislativo los cambios que se requieren.

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Los efectos negativos de la falta de apertura democrática en 2015 se reflejaron en la ausencia de una renovación democrática y en lo ocurrido durante las últimas tres semanas. Comenzaron con la iniciativa del presidente de sacar al Comisionado de la CICIG de Guatemala, lo cual fue apoyado por otros personajes –empresarios, políticos y funcionarios- no visibles que también deberían rendir cuentas por la crisis que desencadenaron. Siguieron con la decisión del Congreso de evitar una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral del FCN-Nación cuando Jimmy Morales era su secretario general. Fueron reforzados por la noticia de que el presidente se había beneficiado con un bono especial sacado del presupuesto del Ejército. Culminaron con la aberración legislativa de pretender reducir sanciones penales para una gran gama de delitos, incluyendo los de corrupción y el de financiamiento ilícito en particular.

Jimmy Morales, los diputados y los actores invisibles que los acompañaron subestimaron el grado de oposición que generarían. Quisieron plantear una situación de polarización para dividir a la población en su lucha contra la corrupción. Pero lo expresado en las redes sociales, en los medios de comunicación independientes y en las calles demuestra que no pudieron engañar a la población. También subestimaron la reacción en el resto del mundo: el aislamiento internacional del gobierno es contundente. Y lo irónico es que la actitud del presidente, al tratar de infundir miedo mediante la denuncia de la violencia de los manifestantes y la colocación de fuerzas militares –algunas de civil- en la plaza, delata tendencias represivas mayores que las exhibidas en 2015 por las autoridades que entonces tuvieron que renunciar.

Los partidos representados en el Congreso, con la excepción de un par de partidos muy pequeños, han quedado totalmente desprestigiados. Y la consigna “ni corrupto ni ladrón” genera risas sarcásticas que esconden rabia y desesperanza en relación al poder ejecutivo. Solamente se mantiene con cierta fuerza el poder judicial, con el apoyo del MP, de la CICIG y, ahora, de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, es poco probable que los otros dos poderes -junto con los actores invisibles que los han acompañado- toleren la independencia del poder judicial. Lo demuestra la insistencia de Jimmy Morales en pedir la salida del Comisionado de la CICIG, así como las acciones del conjunto de políticos tradicionales que quisieron evitar estar sujetos a la justicia, lo cual se reflejó en la aberración legislativa que aprobaron.

Revertir lo hecho por el presidente y el Congreso, impulsar una apertura democrática para favorecer el desplazamiento de los políticos tradicionales, y asegurar el imperio de la justicia, será difícil. Debe involucrar a todos los actores que se opusieron a la aberración legislativa de la semana pasada y evitar que el rescate de la democracia y de la justicia se presente como una polarización entre los guatemaltecos que aman a su país y los demás. Eso es lo que pretende un presidente sin la capacidad de contemplar e impulsar un proyecto de país. Pero la gran mayoría de guatemaltecos está a favor de la justicia y la democracia. Eso es lo que actualmente está en juego.

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